Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01425-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-01425-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01425-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-01425-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
15 de mayo de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01425-00
Demandante: Agropecuaria Grupo 20 S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01425-00
Demandante: AGROPECUARIA GRUPO 20 S.A.
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de reparación directa.
Defecto sustantivo, fáctico y precedente jurisprudencial. Deniega
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Agropecuaria Grupo 20 S.A. contra la
Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 11 de marzo de 20251, en ejercicio de la acción de tutela, la sociedad Agropecuaria
Grupo 2.0 S.A., solicitó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia y a la igualdad.
A juicio del accionante, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 30 de
agosto de 2024, dictada por la Sección Tercera Subsección A del Consejo de Estado,
que modificó la sentencia de primera instancia y revocó el reconocimiento de los
perjuicios materiales de esa sociedad dentro del proceso de reparación directa 05001-
23-33-000-2015-02413-01.
2. Pretensiones
La parte actora formuló, textualmente, las siguientes pretensiones:
4.1. Se amparen los derechos fundamentales de Agropecuaria Grupo 20 S.A. al debido proceso, acceso
a la administración de justicia, tutela judicial efectiva, reparación integral e igualdad de trato, vulnerados
por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado con ocasión de la sentencia proferida
el 30 de agosto de 2024, dentro del proceso con radicado 05001-23-33-000-2015-02413-00.
4.2. Como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos el numeral 4 de la sentencia del 30 de agosto
de 2024 en cuanto que negó el reconocimiento del daño emergente solicitado con las pretensiones de
la demanda y se ordene a por (sic) la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado proferir
una nueva sentencia que se ajuste a los parámetros legales y constitucionales.
3. Hechos
Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El 30 de septiembre de 2010, la Fiscalía Octava Especializada de Medellín, abrió
investigación previa y decretó pruebas contra los señores Guillermo Gaviria Echeverri y
1 Índice 2 Samai.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01425-00
Demandante: Agropecuaria Grupo 20 S.A.
Juan Esteban Álvarez Bermúdez, por el delito de concierto para delinquir, como
consecuencia de colaborar con la constitución y financiamiento de las Convivir en el
Urabá. Entre las empresas aportantes a las Convivir, a través de la comercializadora
Unibán, estaba Grupo 20 S.A., de propiedad de Guillermo Gaviria Echeverri y gerenciada
por Juan Esteban Álvarez Bermúdez.
El 11 de abril de 2012, la Fiscalía 51 Especializada de Medellín ordenó la detención
preventiva domiciliaria de los señores Guillermo Gaviria Echeverri y Juan Esteban
Álvarez Bermúdez. Decisión que fue apelada.
El 9 de mayo de 2012, la Unidad de Fiscales Delegados ante el Tribunal Superior de
Medellín declaró la nulidad de la resolución que dictó la medida de aseguramiento, por
cuanto no “abordó el análisis de los fines legales y constitucionales de la medida”.
El 28 de noviembre de 2012, la Fiscalía 51 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito
Especializados de Medellín resolvió la situación jurídica de los investigados y les impuso,
nuevamente, medida de aseguramiento domiciliaria.
El 21 de enero de 2013, la Fiscalía Quinta Delegada ante el Tribunal Superior de Medellín
revocó la referida medida preventiva y ordenó la libertad inmediata de los señores
Guillermo Gaviria Echeverri y Juan Esteban Álvarez Bermúdez, pues no se acreditó la
necesidad de su imposición.
Finalmente, el 26 de septiembre siguiente, el ente acusador precluyó la investigación en
favor de los sindicados, ya que no se logró desvirtuar la buena fe con la que actuaron,
pues no se demostró que los aportes realizados a las Convivir -asociaciones de seguridad
privada de creación legal- no constituyeron un delito.
Adela Correa de Gaviria, Irene Gaviria Correa, Jorge Julián Gaviria Correa, León Toné
Gaviria Correa, Pedro Sergio Gaviria Correa; Juan Esteban Álvarez Bermúdez, Mary Luz
Lopera Palacio, Mariana Álvarez Lopera, Pablo Álvarez Lopera y la sociedad
Agropecuaria Grupo 20 S.A., interpusieron demanda de reparación directa en contra de
Fiscalía General, para que fuera declarada responsable por el daño antijurídico
provocado a los señores Guillermo Gaviria Echeverri y Juan Esteban Álvarez Bermúdez,
derivado de las medidas preventivas que implicaron la privación de la libertad.
En consecuencia, solicitaron que se condenara a la entidad al pago de los perjuicios
ocasionados. Entre los demandantes, la sociedad Agropecuaria Grupo 20 S.A., solicitó
como única pretensión indemnizatoria la suma de $696.000.000, a título de daño
emergente, monto que correspondía al pago de honorarios profesionales por la defensa
de los afectados por la privación injusta de la libertad.
El asunto se adelantó bajo el radicado 05001-23-33-000-2015-02413-01 y correspondió
por reparto al Tribunal Administrativo de Antioquia, que, por sentencia de 10 de agosto
de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda y condenó a la parte vencida a pagar
los prejuicios causados a los demandantes.
Consideró que, en el proceso penal, no se logró desvirtuar la buena fe con la que actuaron
los señores Guillermo Gaviria Echeverri y Juan Esteban Álvarez Bermúdez, ya que se
demostró que los aportes realizados a las Convivir no constituyeron un delito. Asimismo,
señaló que dichos aportes no implicaron una participación directa en los ataques a la
población civil, por lo que no representaban un peligro para la sociedad ni existían motivos
suficientes para considerar que, sin la medida de aseguramiento, pudieran haber
obstruido a la justicia.
Inconformes, las partes apelaron la decisión.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01425-00
Demandante: Agropecuaria Grupo 20 S.A.
El 30 de agosto de 2024, la Sección Tercera Subsección A de esta Corporación dictó
sentencia, que modificó la decisión de primera instancia, en el sentido de declarar la falta
de legitimación en la causa por activa de la sociedad Agropecuaria Grupo 20 S.A. y
confirmó en lo demás la decisión de primera instancia.
Explicó que la representación jurídica en la actuación penal benefició únicamente a los
señores Guillermo Gaviria Echeverri y Juan Esteban Álvarez Bermúdez, por lo que la
obligación de asumir el pago de los honorarios u otros conceptos derivados de los
servicios jurídicos correspondían exclusivamente a las víctimas directas del daño.
Máxime cuando en el expediente no se aportó prueba de la existencia del contrato o
negocio jurídico suscrito entre la sociedad y el apoderado, que tuviera como objeto la
prestación de servicios jurídicos a favor de un tercero.
Que el pago de los honorarios no se materializó, pues no hay prueba que acredite que el
cobro de los cheques haya sido efectivo, toda vez que no están acompañados del
extracto o certificación emitida por el banco al que se le dio la orden de pago, ni de los
libros contables que evidencien la cancelación de las cuentas por pagar y el
correspondiente registro del gasto.
4. Fundamentos de la acción
De manera preliminar, el demandante expuso las razones por las que la acción de tutela
cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la providencia objeto de
tutela incurrió en:
Defecto sustantivo pues, a su juicio, la autoridad judicial demandada omitió aplicar el
artículo 90 de la Constitución, artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y 283 del CGP, que
versan acerca de la obligación del juez de reparar el daño antijurídico y valorar los
perjuicios conforme a los principios de reparación integral y equidad.
Defecto fáctico en su opinión, se presentó una indebida valoración del material
probatorio, pues la providencia dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, concluyó que no se acreditó la existencia del contrato de prestación de
servicios celebrado entre la sociedad y el apoderado que ejerció la defensa. Sin embargo,
afirmó que se trató de un contrato verbal, respaldado por el testimonio del señor Horacio
Guardia Machado, en calidad de revisor fiscal de la sociedad, rendido en audiencia de
testimonios practicada en el proceso de reparación directa.
Que se le impuso una tarifa legal consistente en demostrar el pago de los honorarios
mediante certificación bancaria que acreditara el cobro de los cheques, así como su
registro en los libros de contabilidad.
Desconocimiento del precedente contenido en la sentencia de unificación 44572 del
18 de julio de 2019, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado relacionado
con el reconocimiento a título de daño emergente de los honorarios del abogado defensor
en el proceso penal.
5. Trámite procesal
Por auto de 14 de marzo de 2025, el Despacho sustanciador inadmitió la demanda
presentada por Agropecuaria Grupo 20 S.A., por no aportar el poder debidamente
otorgado para interponer la presente acción de tutela de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.
El 31 de marzo de 2025, se admitió la demanda presentada por Jhon Jairo Morales Berrio
en calidad de representante legal de Agropecuaria Grupo 20 S.A. y, entre otras cosas,
ordenó notificar en calidad de demandados a los magistrados del Consejo de Estado,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01425-00
Demandante: Agropecuaria Grupo 20 S.A.
Sección Tercera, Subsección A y ordenó vincular como tercero con interés a los
magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia, al Fiscal General de la Nación y a
los señores Adela Correa de Gaviria, Irene Gaviria Correa, Jorge Julián Gaviria Correa,
Juan Esteban Álvarez Bermúdez, León Toné Gaviria Correa, Mary Luz Lopera Palacio,
Pedro Sergio Gaviria Correa, Mariana Álvarez Lopera y Pablo Álvarez Lopera.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 1 de abril de
20252.
6. Intervenciones
El magistrado del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, ponente de la
decisión cuestionada, pidió que se denegaran las pretensiones de amparo porque no se
configuró defecto factico, ya que analizó adecuadamente las pruebas aportadas en el
proceso de reparación directa, lo que permitió determinar que la defensa fue a beneficio
exclusivo de Guillermo Gaviria y Juan Esteban Álvarez y que la sociedad Agropecuaria
Grupo 20 S.A. no era beneficiaria directa de los servicios jurídicos ni tenía legitimación
para demandar por daño emergente.
La Fiscalía General de la Nación, solicitó que se declarara su falta de legitimación en la
causa por pasiva, pues la acción de tutela cuestiona una providencia judicial y esas
funciones no son propias de esa autoridad. Que no participó en los hechos cuestionados
ni tiene competencia para pronunciarse o intervenir en la presunta afectación al debido
proceso y acceso a la justicia, atribuida a decisiones judiciales. Por tanto, no existe
relación de causalidad entre sus actuaciones y la supuesta vulneración alegada.
Los demás demandantes en el proceso de reparación directa no se pronunciaron,
pese a que, como se vio, fueron debidamente notificados.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por
Agropecuaria Grupo 20 S.A., para dejar sin efecto la sentencia de 30 de agosto de 2024,
dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección A, que declaró la falta de
legitimación por la causa por activa de la persona jurídica dentro del proceso 05001-23-
33-000-2015-02413-01.
La Sala denegará las pretensiones de la acción de tutela porque la autoridad judicial
demandada no incurrió en los defectos alegados.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) verificación del cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
finalmente, (iii) analizará el caso concreto.
2. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales3 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
2 índice 16 Samai
3 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01425-00
Demandante: Agropecuaria Grupo 20 S.A.
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos4 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales
La Sala comenzará por verificar si la acción de tutela promovida por la sociedad
Agropecuaria Grupo 20 S.A., cumple los requisitos generales de procedencia contra
providencia judicial.
La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que el
representante legal de la persona jurídica no propone la misma discusión jurídica que
presentó en el recurso de apelación contra la sentencia de 30 de agosto de 2024, dictada
por la Sección Tercera Subsección A del Consejo de Estado, pues, en la sentencia de
primera instancia le habían sido reconocidos los perjuicios materiales que luego fueron
revocados con la providencia cuestionada.
Tampoco se trata de una discusión de contenido meramente legal o económico, dado
que la eventual configuración de los defectos alegados podría afectar el derecho a la
reparación integral de la sociedad accionante.
Por otro lado, la demanda de tutela cumple el requisito de inmediatez, porque de acuerdo
con la verificación del expediente de reparación directa 05001-23-33-000-2015-02413-
01, se constata que la sentencia atacada se notificó el 13 de septiembre de 20245 y la
tutela se presentó el 12 de marzo de 2025 (5 meses y 28 días después), es decir, cuando
no habían transcurrido los 6 meses jurisprudencialmente reconocidos como el lapso
adecuado para formular la acción de tutela contra determinaciones judiciales.
Asimismo, el demandante agotó los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios,
dado que promovió el medio de control de reparación directa, en la que en segunda
instancia se revocó el reconocimiento de los perjuicios materiales pretendidos por el
actor, por ende, contra este no procedía recurso ordinario alguno. Además, los cargos
alegados no tienen la virtualidad de configurar alguna de las causales de procedencia
del recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 2506 del CPACA.
También advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generan la amenaza o vulneración de las garantías superiores, esto es,
expuso de manera clara que la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados proviene de la providencia censurada, la cual, a su juicio, adolece de
desconocimiento del precedente, defecto sustantivo y violación directa de la Constitución
Política.
Tampoco se cuestiona un fallo de tutela pues, como se dijo, el actor ataca una
sentencia de segunda instancia dictada dentro de un proceso de reparación directa.
4 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
5 Es de anotar que el correo electrónico de notificación de la sentencia cuestionada fue enviado el 11 de marzo de
2024, por lo que se entiende notificada el 13 del mismo mes y año, conforme al numeral 2 del artículo 205 del
CPACA.
6 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales
de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera
podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito
o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su
expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01425-00
Demandante: Agropecuaria Grupo 20 S.A.
4. Análisis del caso concreto
La Sala destaca que el demandante alega que la providencia del 30 de agosto de 2024,
dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A incurrió en los defectos
sustantivos, fáctico y desconocimiento del precedente jurisprudencial.
Una vez estudiados los argumentos expuestos por la actora, se observa que todos tienen
como finalidad demostrar que la sentencia discutida no aplicó en debida forma la
sentencia de unificación 44572 del 18 de julio de 2019, dictada por la Sección Tercera
Subsección A del Consejo de Estado. En consecuencia, los cargos se estudiarán de
manera conjunta.
Para resolver, la Sala empezará por realizar un recuento de la sentencia cuestionada.
En la sentencia del 30 de agosto de 2024, la autoridad judicial demandada empezó por
estudiar el presupuesto procesal de legitimación en la causa por activa de la sociedad
Agropecuario Grupo 20 S.A.
Explicó que la única pretensión de la sociedad era el reconocimiento y pago de la suma
de $696.000.000, a título de daño emergente, correspondientes al pago de los honorarios
profesionales pagados por la representación judicial de los señores Guillermo Gaviria y
Juan Esteban Álvarez, dentro del proceso penal que dio origen a la reparación directa.
Dijo que la sociedad sustentó su legitimación en que “[e]n consideración a que los hechos
materia de investigación están relacionados con la actividad que Juan Esteban Álvarez ejerció
como gerente de Grupo 20, fue esta empresa la que asumió los costos de la defensa, para lo cual
le pagó al abogado el valor de $696'000.000, IVA incluido”; en el hecho 1.12. se consignó: “Juan
Esteban Álvarez fue designado gerente y representante legal de Grupo 20 S.A., una de las
empresas del grupo familiar, el día 19 de abril de 1994. Al mismo tiempo se desempeñó como
gerente de las empresas Bananera Fuego Verde, Agropecuaria La Llave y Agroservicios San
Felipe, todas del doctor Guillermo Gaviria”.
Luego, para verificar si, en efecto, ese presupuesto procesal se encontraba acreditado
se refirió a las pruebas aportadas en ese trámite.
Que, dentro de la etapa probatoria de la primera instancia fue recibida la declaración de
Luz Mercedes Carmona Monsalve, quien aseguró que era subgerente financiera de la
sociedad, que pagó $700.000.000 al abogado Luis Alfonso Bravo, por la defensa
profesional que ejerció en el proceso penal adelantado contra de Guillermo Gaviria
Echeverri y Juan Esteban Álvarez, quien aportó con su declaración: i) la factura de venta
número 0477 del 10 de mayo de 2012, junto con los cheques Nro. 512235622 y
512235723 del 16 de mayo de 2012 y ii) la factura de venta No. 0940 del 28 de septiembre
de 2015, junto con los cheques números 086925624 y 086925725.
Dijo en esas facturas se observaba como “comprador” la sociedad y describía que los
servicios prestados por el abogado Luis Alfonso Bravo fueron los siguientes: i) “asesoría
jurídica en proceso penal” y ii) “segundo y último pago de honorario por elaboración de tutela del
Dr. Guillermo Gaviria Echeverri en contra de la Fiscalía 51 Especializada de Medellín, actuar
como apoderado en el proceso penal seguido contra el Dr Juan Álvarez Bermúdez, representante
legal de Grupo 20 S.A., durante el periodo de julio de 2010 a octubre de 2013, relacionado con
descuentos en la producción y exportación de banano en fincas de Urabá”.
En ese sentido, advirtió que las documentales aportadas al proceso no acreditaron que
el pago de los supuestos honorarios profesionales cumpliera con las exigencias la
Sentencia de Unificación 44572 del 18 de julio de 2019. Así, la Sección Tercera,
Subsección A, consideró que los beneficiarios de los servicios jurídicos eran las víctimas
directas del daño, ya que todas las acciones legales tenían como única finalidad proteger
los derechos de los señores Guillermo Gaviria y Juan Esteban Álvarez Bermúdez en la
actuación penal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01425-00
Demandante: Agropecuaria Grupo 20 S.A.
Evidenció que, en la investigación penal, que inició el 30 de marzo de 2011 con la
apertura de instrucción, se impuso la primera medida preventiva de privación de la
libertad el 11 de abril de 2012, es decir, nueve días después de que Juan Esteban Álvarez
Bermúdez presentara su renuncia a la referida vinculación. De ese modo, constató que
al momento de hacerse efectiva la restricción de la libertad, el señor Juan Esteban
Álvarez Bermúdez ya no se encontraba vinculado a la sociedad.
Advirtió que no se aportaron pruebas del contrato o negocio jurídico celebrado entre la
sociedad y el abogado, que tuviera como objeto la prestación de servicios profesionales
a favor de terceros.
Asimismo, observó que no se allegaron al expediente copias de los libros contables de la
sociedad emisora de los cheques en los que evidenciaran la cancelación de las cuentas
por pagar, ni la certificación o extracto emitido por el banco que acreditara que los
cheques fueron efectivamente pagados por el banco que dio la orden de giro.
Por lo tanto, dijo que el reembolso de esa suma de dinero por parte de la sociedad
demandante, al estar basado en una relación de naturaleza civil o comercial con los
beneficiarios directos de los servicios jurídicos presentados, debía tramitarse mediante
las acciones jurídicas correspondientes a ese tipo de vínculo – ya fuera civil o comercial-
que la sociedad pudiera ejercer frente a los beneficiarios o, en su defecto, frente a sus
herederos. Lo anterior, aseguró que resulta relevante respecto
la factura de venta número 0940, por valor de $655.074.157, la cual fue emitida el 28 de
septiembre de 2015, cuando Guillermo Gaviria Echeverri ya había fallecido.
A partir de lo expuesto, concluyó que la legitimación material para reclamar al Estado la
suma de $696.000.000 por concepto de daño emergente, correspondía directamente a
los beneficiados de los servicios jurídicos -o, en su caso, a su masa hereditaria-. Explicó,
que dicha reclamación solo procedería si se hubiera demostrado que el pago de los
honorarios se hizo efectivo, hecho que no se demostró dentro del proceso debido a la
ausencia de pruebas que acreditaran que los cheques fueron efectivamente cobrados.
Además, señaló que quienes eventualmente podían reclamar esas erogaciones serían
las víctimas directas del daño -beneficiarias de esos servicios profesionales-, siempre
que acrediten que tuvieron que reembolsar dichos pagos a quien efectivamente los hizo.
A partir de dicho análisis, se determinó la falta de legitimación en la causa por pasiva de
la persona jurídica y, en consecuencia, revocó el reconocimiento del daño emergente
solicitado, que consistió en el pago de los honorarios del abogado defensor de los
señores Guillermo Gaviria y Juan Esteban Álvarez Bermúdez en el proceso penal en el
que se ordenó su detención preventiva.
En este punto, se observa que la discusión está relacionada con la aplicación de las
reglas de unificación de la SU 44572 del 18 de julio de 2019, respecto del reconocimiento
del daño emergente derivado del pago de honorarios profesionales del abogado que
intervino en defensa de quien fue privado injustamente de la libertad en el proceso penal.
Por consiguiente, la Sala estima necesario analizar la sentencia que la parte demandante
alega como desconocida.
Conforme lo anterior, la Sentencia de Unificación determinó como reglas para el
reconocimiento de la indemnización del daño emergente, que quien haya realizado el
pago deberá aportar:
i) Prueba real de la prestación de los servicios profesionales del abogado,
ii) La respectiva factura o documento equivalente en los términos del artículo 617 del ET, en el que se registre
el valor de los honorarios correspondientes a su gestión y la prueba de su respectivo pago.
Asimismo, la sentencia precisa que, si solo se aporta factura o solo se allega la prueba
del pago de esta y no ambas cosas, no habrá lugar a reconocer la suma pretendida por
concepto del perjuicio.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01425-00
Demandante: Agropecuaria Grupo 20 S.A.
Identificadas las reglas jurisprudenciales que la sociedad accionante alega como
desconocidas, la Sala verificará si, conforme a las pruebas aportadas en el proceso de
reparación directa, se encontraban los elementos a los que alude el precedente. En lo
que interesa, esas pruebas son las siguientes:
En la etapa probatoria del proceso de reparación directa, se recibió el testimonio de la
señora Luz Mercedes Carmona Monsalve, en calidad de subgerente financiera de la
sociedad, que aseguró que desembolsó $ $700’000.000 al abogado Luis Alfonso Bravo,
por la defensa profesional que ejerció en el proceso penal adelantado contra de Guillermo
Gaviria Echeverri y Juan Esteban Álvarez. Con su declaración aportó los siguientes
documentos:
• Factura de venta 0477 del 10 de mayo de 2012, junto con los cheques 5122356 por
valor de $31’421.216 y 5122357 del 16 de mayo de 2012 por la suma de $1’390.020.
-Factura de venta 0940 del 28 de septiembre de 2015, con los cheques 0869256 por valor
de $278’256.820 y 0869257 por la suma de $301’144.978.
En dichas facturas figura como compradora la sociedad y cuenta con la descripción de
los servicios que fueron prestados por el abogado Luis Alfonso Bravo por concepto de
«asesoría jurídica en proceso penal» y «segundo y último pago de honorario por elaboración de
tutela de Guillermo Gaviria Echeverri en contra de la Fiscalía 51 Especializada de Medellín, para
actuar como apoderado en el proceso penal seguido contra Juan Esteban Álvarez Bermúdez,
representante legal de Grupo 20 S.A., durante el periodo de julio de 2010 a octubre de 2013,
relacionado con descuentos en la producción y exportación de banano en fincas de Urabá»
Siendo así, la Sala encuentra que la autoridad judicial demandada no desconoció las
reglas fijadas en la sentencia SU 44572 del 18 de julio de 2019, sino que las aplicó
conforme a lo acreditado en el proceso de reparación directa. Resulta razonable que el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A concluyera que el demandante no
acreditó la existencia del contrato de prestación de servicios profesionales con el
abogado que ejerció la defensa jurídica de los señores Guillermo Gaviria y Juan Esteban
Álvarez Bermúdez dentro del proceso penal. En consecuencia, no puede reprocharse
una indebida valoración de las pruebas o desconocimiento de normas.
Lo anterior cobra mayor relevancia si se considera que la sociedad demandante no aportó
prueba del contrato de prestación de servicios de asesoría jurídica en la que se subroga
el pago de los honorarios en favor de terceros. Tampoco acreditó el cobró de los cheques,
pues no obra en el expediente prueba de las copias de los libros contables de la sociedad
emisora de los cheques en los que evidenciaran la cancelación de las cuentas por pagar,
ni la certificación o extracto emitido por el banco que acreditara que los cheques fueron
efectivamente pagados por el banco que dio la orden de giro.
Con mayor razón, si se tiene en cuenta que quien dictó la providencia cuestionada de
segunda instancia fue el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, evento en el que los requisitos de procedibilidad son más estrictos. Así lo
explicó la propia Corte Constitucional, en la sentencia T-398 de 2017:
Cuando se trata de una acción de tutela contra una providencia de la Corte Suprema de Justicia o del
Consejo de Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en manifestar que los requisitos
de procedibilidad son más estrictos, pues se trata de decisiones judiciales de los órganos de cierre de
la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa, quienes se encargan de unificar jurisprudencia.
Por ello, “la tutela contra providencias judiciales de las Altas Corporaciones es más restrictiva, en la
medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es
definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el
alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa
intervención del juez constitucional. En los demás eventos los principios de autonomía e independencia
judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones,
exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener
una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01425-00
Demandante: Agropecuaria Grupo 20 S.A.
Las anteriores razones son suficientes para denegar el amparo pretendido por la
sociedad demandante, porque la decisión adoptada por la autoridad judicial no incurrió
en los defectos alegados.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
1. Denegar en amparo pretendido, por las razones expuestas.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.