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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01425-01

Fecha
1 de agosto de 2025
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01425-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del del 15 de mayo de 2025 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que negó el amparo y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela de Agropecuaria Grupo 20 S.A. en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A por no superar el requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-01425-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

1 de agosto de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01425-01
Accionante: Agropecuaria Grupo 20 S.A.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., primero (1°) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01425-01
Accionante: Agropecuaria Grupo 20 S.A.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Referencia: Acción de tutela

Tutela contra providencia judicial. Requisito de procedencia. Relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación que presentó la parte actora en contra de la sentencia
del 15 de mayo de 2025 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que
negó el amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Agropecuaria Grupo 20 S.A., a través de apoderado judicial, presentó escrito de tutela
en el que solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia y a la igualdad, que consideró vulnerados con
ocasión de la sentencia del 30 de agosto de 2024 dictada por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A dentro del proceso de reparación directa 05001- 23-
33-000-2015-02413-01, que modificó el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de
Antioquia que reconoció el daño emergente a favor de la sociedad, para en su lugar,
declarar su falta de legitimación en la causa por activa y revocar el reconocimiento de
los perjuicios materiales a la sociedad.

2. Hechos

La causa petendi del escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica1:

2.1. La Fiscalía General de la Nación abrió investigación previa en contra de Guillermo
Gaviria Echeverri y Juan Esteban Álvarez Bermúdez por el delito de concierto para
delinquir, por presunta colaboración en la constitución y financiamiento de la “convivir”

1 Ibídem. / actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=05001233300020150241301110010
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Accionante: Agropecuaria Grupo 20 S.A.

en el Urabá. Se precisó que dentro de las empresas aportantes se encontraba
Agropecuaria Grupo 20 S.A, de propiedad de Gaviria Echeverri y gerenciada por
Álvarez Bermúdez.

2.2. El 11 de abril de 2012 el ente acusador impuso medida de aseguramiento a los
involucrados consistente en detención domiciliaria, decisión que fue apelada. No
obstante, mediante auto del 9 de mayo del mismo año se declaró la nulidad de la
decisión pues no “abordó el análisis de los fines legales y constitucionales de la
medida”.

2.3. En decisión del 28 de noviembre de 2012, la Fiscalía 51 Delegada ante los Jueces
Penales del Circuito Especializado de Medellín impuso nuevamente medida de
aseguramiento. Esta determinación fue revocada por el Tribunal Superior de Medellín
en proveído del 21 de enero de 2013 y se ordenó su libertad. Esto, dado que la
Corporación consideró que no se demostró la necesidad de la imposición.

2.4. Finalmente, mediante providencia del 26 de septiembre de 2023 el ente
investigador precluyó la investigación. La decisión se sustentó en que los aportes
realizados a las “convivir” no constituían delito, ya que se trataba de una organización
privada de creación legal.

2.5. Como consecuencia de lo anterior, Agropecuaria Grupo 20 S.A y otros afectados 2
interpusieron demandada en ejercicio del medio de control de reparación directa 3, en
orden a que se indemnizaran los perjuicios derivados de la privación de libertad de
Guillermo Gaviria Echeverri y Juan Esteban Álvarez Bermúdez.

La referida sociedad elevó una única pretensión consistente en la reparación del daño
emergente que tasó en $690.000.000, por concepto de los gastos de honorarios
profesionales en que incurrió para la defensa de los investigados por la privación injusta
de la libertad.

2.6. El Tribunal Administrativo de Antioquia dictó sentencia de primera instancia el 10
de agosto de 2023 que accedió a las pretensiones de la demanda, entre ellas a la
propuesta por la sociedad tutelante. Inconformes con la decisión las partes presentaron
recurso de apelación.

2.7. En providencia del 30 de agosto de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A modificó la decisión de primer grado en el sentido de declarar la falta de
legitimación en la causa por activa de la sociedad Agropecuaria Grupo 20 S.A y
confirmó las demás determinaciones.

Como sustento de la decisión, indicó que el pago de los honorarios por representación
judicial correspondía únicamente a Guillermo Gaviria Echeverri y a Juan Esteban

2 Adela Correa de Gaviria, Irene Gaviria Correa, Jorge Julián Gaviria Correa, León Toné Gaviria Correa, Pedro

Sergio Gaviria Correa; Juan Esteban Álvarez Bermúdez, Mary Luz Lopera Palacio, Mariana Álvarez Lopera, Pablo
Álvarez Lopera.
3 Que se identificó con el radicado número 05001- 23-33-000-2015-02413-01.

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Accionante: Agropecuaria Grupo 20 S.A.

Álvarez Bermúdez, como víctimas directas del daño, además, que no se demostró la
existencia de un contrato o negocio jurídico entre los afectados y la sociedad, que
tuviese por objeto la prestación de servicios jurídicos. Agregó que, en todo caso, no se
probó el pago material de los honorarios dado que si bien se expidieron unos cheques
no se allegó la orden de pago ni copia de los libros contables de la empresa en los que
se evidenciara el registro del gasto.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional: i) amparar los derechos
fundamentales solicitados. Como consecuencia de ello, pidió ii) dejar sin efectos el
numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia del 30 de agosto de 2024 y, en su
lugar, que se ordene a la autoridad judicial accionada a proferir una nueva decisión
respecto del reconocimiento del daño emergente.

3.2. Como fundamento de la acción de tutela, la accionante sostuvo que la sentencia
cuestionada incurrió en los siguientes defectos:

Defecto fáctico. Sostuvo que la autoridad enjuiciada no tuvo en cuenta las facturas de
venta (447 y 940) y los cheques (512235622, 512235723, 086925624 y 0869257254)
que se aportaron para demostrar el pago de los honorarios por concepto de servicios
jurídicos para asumir la defensa de los investigados.

Resaltó que la información contenida en las referidas facturas fue ratificada con la
contadora adscrita a Agropecuaria Grupo 20 S.A, en el sentido de reiterar que los
recursos fueron pagados por la sociedad para sufragar la defensa en el proceso penal.
Del mismo modo, el revisor fiscal de la empresa en diligencia de recepción del
testimonio manifestó que fue la empresa tutelante quien asumió el pago de los servicios
profesionales de abogado.

Puntualizó que la providencia cuestionada estableció que la única forma de demostrar
el pago de los honorarios era la copia de los libros contables o la certificación bancaria,
pese a que la Corte Constitucional ha indicado que para tal efecto no existe una tarifa
legal. Por consiguiente, con fundamento en el principio de libertad probatoria la
sociedad aportó al proceso ordinario la copia de las facturas expedidas por la
prestación de los servicios jurídicos, así como los cheques expedidos para cancelar las
sumas respectivas. Indicó que estos documentos no fueron tachados por falsos, por lo
que el juez ordinario de segunda instancia “tenía la obligación de valorarlos”.

En punto a lo anterior, señaló que “el pago se entendió realizado desde el momento en
que el cheque le fue entregado al abogado […], independientemente de que éste lo
haya cobrado por conducto de un banco, o lo haya puesto a circular como título valor
que es”.

Respecto de falta de prueba de la celebración de un contrato para la prestación de
servicios profesionales, precisó que en los folios del proceso penal se encuentra

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Accionante: Agropecuaria Grupo 20 S.A.

demostrada la representación judicial que recibieron los investigados a través del
profesional del derecho a quien la empresa tutelante hizo entrega de los cheques antes
mencionados por concepto de pago. Informó que, además, esto fue manifestado por la
subgerente financiera y el subgerente contable de la sociedad en diligencia de
testimonio.

En tal sentido, consideró que la providencia censurada erró al sustentar la falta de
legitimación por activa de Agropecuaria Grupo 20 S.A. en la falta de un contrato de
prestación de servicios jurídico, máxime cuando “tenía prácticamente la obligación de
pagar la defensa penal, pues además de que su nombre como compañía se encontraba
comprometido”.

Defecto sustantivo. Afirmó que la decisión cuestionada se apartó del concepto de
reparación integral y desconoció que la empresa sufrió perjuicios como consecuencia
de la privación de libertad de Guillermo Gaviria Echeverri y Juan Esteban Álvarez
Bermúdez, por ello, era titular del derecho a la indemnización conforme a lo dispuesto
en el artículo 90 de la Constitución Política, el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y el
artículo 283 del Código General del Proceso.

Agregó que la mencionada empresa sí tenía legitimación en la causa por activa al
interior del proceso de reparación directa, comoquiera que i) la investigación penal se
adelantó en contra de uno de sus accionistas y su gerente; ii) le asistía interés en
defender su buen nombre; iii) el haber asumido el pago de los honorarios para la
defensa, la convierte en víctima legitimada. Además, dicha actuación se justifica debido
a la naturaleza y la complejidad del proceso.

Desconocimiento del precedente. Señaló que la decisión atacada se apartó de lo
resuelto por la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de unificación
del 18 de julio de 2019, expediente 44572, al desconocer al derecho que tiene quien
asume el pago de los gastos que acarrea la defensa judicial al interior del proceso
penal. Igualmente, denunció que se estableció un requisito adicional no previsto en el
fallo de unificación, en relación con la indemnización a los terceros que asumen el pago
de los honorarios.

Indicó que la empresa tutelante cumplió con todos los requisitos establecidos por la
Sección Tercera para obtener la reparación del daño emergente, puesto que i) en
calidad de demandante elevó dicha pretensión; ii) demostró que el abogado que ejerció
la defensa recibió el pago.

4. Trámite de tutela e intervenciones

4.1. Mediante auto del 31 de marzo de 20254 la Sección Cuarta del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela, vinculó como terceros con interés al Tribunal Administrativo
de Antioquia, a la Fiscalía General de la Nación, y a los demás demandantes del
proceso de reparación directa.

4 Índice 00013 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.

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Accionante: Agropecuaria Grupo 20 S.A.

4.2. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A5 al oponerse al amparo,
solicitó que se desestimen las pretensiones de la parte actora, en la medida que i) no
se demostró el defecto fáctico, dado que se analizaron todas las pruebas obrantes en
el expediente ordinario a partir de lo cual se estableció que todas las acciones y/o
estrategias legales empleadas por ese profesional del derecho tenían como única
finalidad proteger los derechos e intereses de Guillermo Gaviria Echeverri y Juan
Esteban Álvarez dentro de la actuación penal. Además, que Agropecuaria Grupo 20
S.A., pese a figurar en las facturas de venta como comprador, no tenía la calidad de
beneficiaria de los servicios jurídicos.

En tal sentido, se precisó que la sociedad no contaba con interés directo para demandar
y, que, en todo caso, quienes eventualmente podían reclamar el pago eran las víctimas
directas del daño; ii) no se configuró el defecto sustantivo, debido a que la legitimación
en la causa es un presupuesto para la sentencia, el cual puede ser declarado de oficio
al margen que no fuera objeto de los recursos de apelación. Por consiguiente, indicó,
que dicha circunstancia impedía a la Sala confirmar la suma reconocida por el juez de
la primera instancia a título de daño emergente; iii) no se desconoció el precedente,
puesto que la legitimación material por activa para reclamar del Estado el pago del
daño emergente radicaba en los beneficiados por la prestación de los servicios jurídicos
o su masa hereditaria.

4.3. El Tribunal Administrativo de Antioquia6 remitió el expediente digital del proceso
ordinario. Sin embargo, no se pronunció sobre los fundamentos de la solicitud de
amparo.

4.4. La Fiscalía General de la Nación7 pidió ser desvinculada de este trámite en el
entendido que no cuenta con legitimación en la causa por pasiva, al no haber dictado
la providencia que la parte actora considera lesiva para sus garantías.

4.4. Los demás vinculados guardaron silencio.

5. La sentencia de primera instancia

La Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió sentencia el 15 de mayo de 20258
que negó el amparo. Consideró que la controversia revestía relevancia constitucional,
dado que no se propone la misma discusión del proceso ordinario. Esto, por cuando la
sentencia de primera instancia reconoció los perjuicios que luego fueron negados en la
sentencia cuestionada. Agregó que no se trata de un asunto meramente económico y
que la posible configuración de los defectos alegados podría afectar el derecho a la
reparación integral de la sociedad demandante.

Ahora, respecto al caso concreto, el a quo precisó que todos los argumentos se
orientan a demostrar que la sentencia del 30 de agosto de 2024 se apartó de los

5 Índice 00017 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.
6 Índice 00019 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.
7 Índice 00020 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.
8 Índice 00030 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.

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Accionante: Agropecuaria Grupo 20 S.A.

criterios establecidos en la sentencia de unificación del 19 de julio de 2019 respecto del
daño emergente derivado del pago de honorarios profesionales.

A partir de esto, se remitió a las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada
para concluir que el fallo de unificación se aplicó al caso concreto conforme a lo que
quedó demostrado en el proceso de reparación directa. En tal sentido, indicó que
“resulta razonable que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
concluyera que el demandante no acreditó la existencia del contrato de prestación de
servicios profesionales con el abogado que ejerció la defensa jurídica de los señores
Guillermo Gaviria y Juan Esteban Álvarez Bermúdez dentro del proceso penal. En
consecuencia, no puede reprocharse una indebida valoración de las pruebas o
desconocimiento de normas.”.

Señaló que dicha posición cobra mayor relevancia si se considera que Agropecuaria
Grupo 20 S.A, no aportó la prueba del contrato de prestación de servicios de asesoría
jurídica en la que se subroga el pago de los honorarios en favor de terceros, ni el cobro
de los cheques expedidos.

6. Impugnación

La parte actora presentó escrito de impugnación9 en el que solicitó revocar el fallo de
primer grado y, en su lugar, conceder la protección deprecada. Para sustentar su
petición reiteró los argumentos de solicitud de amparo de la siguiente manera:

Defecto fáctico. Alegó que la providencia cuestionada i) no tuvo en cuenta las facturas
expedidas por concepto de prestación de servicios jurídicos así como los cheques
girados al profesional del derecho encargado de la defensa de los investigados; ii)
estableció una tarifa legal inexistente para desconocer la prueba del pago iii) descartó
que la información contenida en tales documentos fue confirmada por la contadora, el
subgerente contable y tributario y la subgerente financiera de la sociedad tutelante; iv)
se apartó del principio de libertad probatoria; v) no evaluó que los folios del proceso
penal daban cuenta de la representación judicial y las actuaciones que desplegó el
abogado contratado.

Defecto sustantivo. Agropecuaria Grupo 20 S.A. estaba legitimada para solicitar la
reparación integral del daño, debido a que i) la investigación penal se adelantó en
contra de uno de sus accionistas y su gerente; ii) le asistía interés en defender su buen
nombre; iii) el haber asumido el pago de los honorarios para la defensa, la convierte
en víctima legitimada. Además, dicha actuación se justificada debido a la naturaleza y
la complejidad del proceso.

Desconocimiento del precedente. La Sección Tercera, Subsección A del Consejo de
Estado inaplicó los criterios establecidos en la sentencia de unificación del 18 de julio
de 2019 proferida al interior del proceso identificado con el número interno 44572.

9 Índices 00036 y 00037 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.

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Accionante: Agropecuaria Grupo 20 S.A.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con
lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de
Agropecuaria Grupo 20 S.A. al ser el titular de los derechos que afirma fueron
vulnerados, dado que actuó como demandante en el trámite del medio de control de
reparación directa identificado con el número de radicado 05001- 23-33-000-2015-
02413-01.

2.2. Por otro lado, está probada la legitimación en la causa por pasiva del Consejo
de Estado, Sección Tercera Subsección A, por cuanto fungió como juez de segunda
instancia dentro del proceso mencionado y es su decisión a la que la parte accionante
le atribuyó la vulneración de su garantía constitucional.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si los argumentos expuestos en el escrito de la
impugnación tienen el alcance para confirmar, modificar o revocar el fallo de primera
instancia que negó el amparo solicitado.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200510 indicó que estas proceden si
se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general,

10 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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que habilitan la interposición de la tutela11 y otros de carácter específico, que tocan con
la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto12.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no
es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona
pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por
parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”13.

4.1. Relevancia constitucional

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el
asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una
clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez
constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que
garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción
de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”14.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate

11 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento

de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de
acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse
la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima
violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la
vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo
censurado no sea de tutela
12 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los

defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo
en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el
que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en
contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error
inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión
que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces
desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta
Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
12 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
13 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
14 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.

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en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que
la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez constitucional se
establezca, exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en
la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya
que el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto
más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de
la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha
hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa
ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos
definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto15.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que la presente acción constitucional no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, por consiguiente, modificará el fallo de primera instancia para
en su lugar, declarar improcedente la acción de tutela.

Lo anterior, por las razones que se exponen a continuación:

15 Cfr. sentencia C-590 de 2005.

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Accionante: Agropecuaria Grupo 20 S.A.

5.1. Al analizar el escrito de impugnación se advierte que la parte actora reiteró los
argumentos con los que fundamentó sus pretensiones en el escrito de tutela. No
obstante, del análisis de estos, se advierte que, en esencia, la parte actora considera
que la sentencia del 30 de agosto de 2024 i) desconoció las facturas de venta
expedidas por concepto de los servicios jurídicos que requerían Guillermo Gaviria
Echeverri y Juan Esteban Álvarez Bermúdez, en calidad de accionante y gerente de
Agropecuaria Grupo 20 S.A.; ii) no dio valor probatorio a los cheques que la empresa
giró para asumir el pago de tales servicios; iii) creó una tarifa legal probatoria a partir
de la cual exigió la existencia de un contrato de prestación de servicios, copia de los
libros contables y/o una certificación bancaria, para probar la materialización de dicho
pago; iv) restó la capacidad y el interés que la asistía a la sociedad para reclamar la
indemnización del daño emergente, dado que la investigación penal podía afectar su
buen nombre; v) inaplicó los criterios establecidos en la sentencia de unificación del 18
de julio de 2019.

5.2. Ahora, del análisis de los aspectos abordados en la sentencia cuestionada dictada
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A que puso fin a la actuación,
así como de las pruebas incorporadas al proceso, se advierte que el ad quem arribó a
las siguientes conclusiones:

“[…] Cuestión previa

25. Es menester señalar que la Sala evidencia que uno de los demandantes no
cumple con el presupuesto procesal de legitimación en la causa, aspecto que
debe ser declarado en esta instancia, al margen de que no fuera objeto de los
recursos de apelación, por ser una figura que debe declararse de oficio, sin que
ello implique una vulneración al principio de congruencia de la sentencia.

26. Se observa que, en el presente proceso, además de Adela Correa Uribe y
otras personas naturales, concurrió como demandante la sociedad
“Agropecuaria Grupo Veinte S.A”. En el escrito inicial, esta persona jurídica
solicitó como única pretensión indemnizatoria la suma de $696’000.000, a título
de daño emergente, monto que corresponde, según se afirmó, al pago de unos
honorarios. profesionales. Para fundamentar esa petición, en el hecho 1.112.
de la demanda, se indicó lo siguiente: “[e]n consideración a que los hechos
materia de investigación están relacionados con la actividad que Juan Esteban
Álvarez ejerció como gerente de Grupo 20, fue esta empresa la que asumió los
costos de la defensa, para lo cual le pagó al abogado el valor de $696'000.000,
IVA incluido”; en el hecho 1.12. se consignó: “Juan Esteban Álvarez fue
designado gerente y representante legal de Grupo 20 S.A., una de las
empresas del grupo familiar, el día 19 de abril de 1994. Al mismo tiempo se
desempeñó como gerente de las empresas Bananera Fuego Verde,
Agropecuaria La Llave y Agroservicios San Felipe, todas del doctor Guillermo
Gaviria”.

27. Con miras a la acreditación del daño emergente solicitado, dentro de etapa
probatoria de la primera instancia, se recibió la declaración de Luz Mercedes
Carmona Monsalve, quien aseguró que era subgerente financiera de
“Agropecuaria Grupo 20 S.A.” y que esa sociedad “tuvo” que generar un
desembolso por valor de $700’000.000 al abogado Luis Alfonso Bravo, por la
defensa profesional que ejerció en el proceso penal adelantado contra de
Guillermo Gaviria Echeverri y Juan Esteban Álvarez. Con su declaración, la
testigo aportó los siguientes documentos: i) la factura de venta número 0477

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del 10 de mayo de 2012, junto con los cheques números 5122356 y 5122357
del 16 de mayo de 2012 y ii) la factura de venta número 0940 del 28 de
septiembre de 2015, junto con los cheques números 086925624 y 0869257.

28. En esas facturas se observa que figura como “comprador” la persona
jurídica en cuestión con su respectivo NIT y se describe que los servicios
prestados por el abogado Luis Alfonso Bravo fueron los siguientes: i) “asesoría
jurídica en proceso penal” y ii) “segundo y último pago de honorario por
elaboración de tutela del Dr. Guillermo Gaviria Echeverri en contra de la Fiscalía
51 Especializada de Medellín, actuar como apoderado en el proceso penal
seguido contra el Dr Juan Álvarez Bermúdez, representante legal de Grupo 20
S.A., durante el periodo de julio de 2010 a octubre de 2013, relacionado con
descuentos en la producción y exportación de banano en fincas de Urabá”.

29. Al margen de si con esas facturas y cheques está debidamente acreditado
el pago de los supuestos honorarios profesionales, en las condiciones
establecidas por la jurisprudencia de esta Corporación [26]16 , para esta Sala
no hay duda que los beneficiarios de los servicios jurídicos proporcionados por
Luis Alfonso Bravo, anteriormente descritos, fueron Guillermo Gaviria Echeverri
y Juan Esteban Álvarez, en tanto que todas las acciones y/o estrategias legales
empleadas por este profesional del derecho tenían como única finalidad
proteger sus derechos e intereses dentro de la actuación penal; lo dicho cobra
mayor relevancia si se tiene en cuenta que Luz Mercedes Carmona Monsalve,
en la declaración que rindió en la etapa probatoria de primera instancia,
mencionó que aunque Luis Alfonso Bravo era el abogado de la sociedad en
cuestión, las facturas aportadas correspondían exclusivamente a lo relacionado
con la defensa técnica del proceso penal adelantado contra los señores Gaviria
Echeverri y Álvarez”.

A partir de estas precisiones, se precisó que la sociedad tutelante no tenía la calidad
de beneficiaria de la prestación de los servicios jurídicos pues la obligación de pago
recaía en las víctimas directas:

“30. Al respecto debe tenerse en cuenta que, si bien “Agropecuaria Grupo 20
S.A.” figura en las facturas de venta en cuestión como “comprador”, y si con
ocasión de estas debió efectuar un pago por la suma de $696’000.000 -que no
se probó, como se explicará más adelante-, lo cierto es que no tenía la
condición de beneficiaria del servicio en cuestión, por lo que la obligación de
pagar ese monto -o cualquier otro estaba radicada en otras personas -las
víctimas directas del daño-, máxime cuando al plenario no se aportó prueba del
contrato o negocio jurídico suscrito entre la mencionada sociedad y el referido
abogado, que tuviera como objeto la prestación de servicios jurídicos a favor
de terceros.

31. A lo anterior se agrega que, a pesar de que Juan Esteban Álvarez
Bermúdez estuvo vinculado laboralmente a las sociedades “Grupo 20 S.A.”,
“Bananera Fuego Verde”, “Agropecuaria la Llave S.A.” y “Agroservicios San
Felipe S.A.” como gerente general, entre abril de 1989 y marzo de 2012, existe

16 En este punto, la providencia consignó “En la decisión de unificación en materia de indemnización del perjuicio

material solicitado por quien fue privado injustamente de la libertad, respecto del daño emergente derivado del pago
de honorarios profesionales, se indicó que i) se reconocería únicamente en favor del demandante que lo solicitara
como pretensión indemnizatoria en la demanda, ii) solo en caso de que se probara que el abogado que recibió ese
pago fungió en el asunto penal como apoderado del afectado directo con la medida de aseguramiento; dijo, además,
que iii) la prueba idónea del pago era la factura –o documento equivalente (artículos 615 y 617 del Estatuto
Tributario)- acompañada de la prueba de su pago, expedidos ambos por el abogado que asumió la defensa penal
del afectado directo. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena,
sentencia del 18 de julio de 2019, exp. 44.572, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera”.

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Accionante: Agropecuaria Grupo 20 S.A.

prueba de que renunció a todas ellas el 2 de abril de 2012, días antes de que
se impusiera la primera medida de aseguramiento en su contra. En este punto,
la Sala hace especial énfasis en que cuando el señor Álvarez Bermúdez sufrió
la restricción de su libertad, ya no tenía ningún tipo de vinculación con la
sociedad “Agropecuaria Grupo 20 S.A.” y, pese a ello, esta persona jurídica
aseguró que asumió el pago de su defensa penal.

32. Sobre esa base fáctica, y en ausencia de prueba que acredite que entre la
sociedad y el abogado Luis Alfonso Bravo se celebró un contrato cuya
remuneración corría por cuenta de “Agropecuaria Grupo 20 S.A.”, pero cuyos
beneficiarios eran terceros, a juicio de la Sala, entre Guillermo Gaviria Echeverri
y/o Juan Esteban Álvarez y la empresa debió mediar algún tipo de acuerdo civil
o comercial para el pago de esos servicios jurídicos, en virtud del cual la
persona jurídica asumiría el pago de unos cuantiosos honorarios profesionales
por $696’000.000. Así tuvo que quedar reflejado en los libros contables de la
sociedad “Agropecuaria Grupo 20 S.A.”, si se tiene en cuenta que esta se
encontraba obligada a llevar los libros de contabilidad, en los que debía
consignar las operaciones que influyeran en su patrimonio, conforme con lo
previsto en los artículos 19, 48 y 53 del Código de Comercio y 26430 del Código
General del Proceso.

33. Entonces, el recobro de esa suma de dinero por parte de la sociedad
demandante, al tener por causa un vínculo de naturaleza civil o comercial con
los beneficiados directos de los servicios jurídicos en cuestión, se podía
conseguir con las acciones propias del acto jurídico -civil o comercial- que dicha
sociedad tiene frente a los beneficiarios, o sus herederos. Esto último, en el
caso de la factura de venta número 0940, por la suma de $655’074.157, que
fue expedida hasta el 28 de septiembre de 2015, cuando Guillermo Gaviria
Echeverri ya había fallecido.

34. En otras palabras, si la sociedad “Agropecuaria Grupo 20 S.A.” realizó la
erogación de $696’000.000 tuvo que hacerlo en virtud de un vínculo o acuerdo
civil o comercial con las personas que estuvieron vinculadas a la investigación
penal, lo cual no se acreditó en el plenario. Las acciones y/o omisiones de la
entidad demandada, en este caso, no tenían la entidad de mutar los alcances
del acto jurídico -civil o comercial- que se erige como la causa del pago que
supuestamente realizó la sociedad y con ocasión del cual ahora pretende que
le sea reembolsado por el Estado, a título de daño emergente”.

Este análisis recabó en la falta de legitimación de Agropecuaria Grupo 20 S.A, para lo
cual se indicó:

“36. Esta Corporación ha dicho que la imputación razonable de un daño y la
solicitud del resarcimiento correspondiente supone la legitimación en la causa
de hecho, sin que tal planteamiento implique, en manera alguna, la atribución
de responsabilidad, toda vez que ello solamente se define al momento de
proferir una decisión de fondo. En línea con lo anterior y tal como lo ha
precisado de manera reiterada esta Corporación, existe una diferencia entre la
legitimación de hecho y material; la primera surge de la formulación de hechos
y pretensiones en contra de la parte pasiva, en tanto la segunda es condición
necesaria para la prosperidad de aquellas.

37. De lo hasta aquí expuesto, la Sala puede concluir que la legitimación
material para exigirle al Estado la suma de $696’000.000 por daño emergente,
en este caso, radicaba directamente en los beneficiados con los servicios
jurídicos en cuestión -o su masa hereditaria-, en el caso de que se hubiera
demostrado no solo que el pago de los honorarios se materializó, aspecto que

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Accionante: Agropecuaria Grupo 20 S.A.

no quedó acreditado de manera fehaciente -ante la falta de prueba de que los
cheques aportados surtieron efectos y que esos pagos efectivamente se
materializaron; las razones puntuales se consignan a pie de página, sino que,
además, las víctimas directas del daño efectivamente reembolsaron esa suma
de dinero a la sociedad “Agropecuaria Grupo 20 S.A.”.

38. La Sala debe advertir que, con lo anterior, no impone una regla aplicable
de manera generalizada a todos los eventos, según la cual el único legitimado
para solicitar sumas por este concepto sea exclusivamente el afectado directo
con la medida restrictiva de la libertad -porque podría suceder que el pago en
cuestión lo asuma, por ejemplo, un familiar de la víctima, que sería un supuesto
completamente diferente al que aquí se analiza. El postulado aquí planteado
deberá analizarse en cada caso, atendiendo a sus particularidades y a las
circunstancias acreditadas en el proceso

39. Bajo este contexto, se encuentra que la sociedad “Agropecuaria Grupo 20
S.A.” no tiene un interés directo para demandar en el presente juicio de
reparación, en tanto que, en primer lugar, el daño por cuya indemnización se
demanda lo constituye la privación de la libertad de la que fueron víctimas los
señores Guillermo Gaviria Echeverri y Juan Esteban Álvarez y no existe prueba
alguna que permita considerar a la sociedad demandante como afectada por
este hecho y, en segundo término, quienes eventualmente podían reclamar
esas erogaciones serían las víctimas directas del daño -beneficiarias de esos
servicios profesionales-, siempre que acrediten que tuvieron que reembolsar
dichos pagos a quien efectivamente los hizo. Lo hasta aquí dicho impone
declarar la falta de legitimación en la causa por activa de la persona jurídica
tantas veces mencionada, con la consecuencia lógica de la revocatoria de la
suma que reconoció el Tribunal de primera instancia en su favor por concepto
de daño emergente”.

5.3. En conclusión, para la autoridad accionada i) si bien la sociedad tutelante fue
identificada como “comprador” en las facturas de venta aportadas como soporte de la
pretensión de reconocimiento del daño emergente, no fue la beneficiaria de los servicios
jurídicos de defensa judicial, como si lo fueron Guillermo Gaviria Echeverri y Juan
Esteban Álvarez, en calidad de víctimas directas; ii) dicha circunstancia cobró mayor
relevancia con el testimonio de la contadora de la empresa, quien indicó que, aunque
el profesional derecho prestaba servicios directamente a la compañía, las facturas
fueron expedida exclusivamente para el pago de la defensa técnica. Igualmente, la falta
de prueba de un contrato de prestación de servicios profesional suscrito directamente
por la empresa que diera soporte al pago de los $696.0000.000; iii) la legitimación por
activa para solicitar la indemnización del daño emergente se encontraba en cabeza de
quienes se beneficiaron con la representación judicial al interior del proceso penal; iv)
el pago alegado no quedó debidamente demostrado, pues no se remitió la prueba sobre
el cambio de los cheques.

5.4. En virtud de lo anterior, la Sala advierte que el debate planteado en este caso fue
adecuadamente examinado por el juez competente. Asimismo, no se aprecia que la
decisión haya sido dictada de forma arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y
fundamentos normativos, ni que se hayan trasgredido los derechos fundamentales de
la parte actora durante el desarrollo del proceso ordinario.

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Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través
del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de manera clara
que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender como acreditado el
requisito general de procedencia de relevancia constitucional, se requiere demostrar:
i) su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien
acude a la tutela debe aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional
advertir tal vulneración17.

5.5. Por consiguiente, para la Sala es claro que la parte accionante pretende imponer
su interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada, así
como reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el debate
surtido en el trámite del proceso ordinario sin que haya demostrado la violación del
derecho fundamental para el que pidió su protección.

Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada está
encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite del proceso ordinario toda
vez que reitera argumentos de índole legal y probatorio desarrollados, sin esbozar las
razones concretas por las cuales el derecho fundamental invocado fue vulnerado con
la providencia atacada, lo que escapa de la órbita del juez constitucional, toda vez que
la decisión censurada se sustenta en el principio de autonomía judicial.

5.6. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria,
por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que
ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si
fuera una instancia adicional a lo ya surtido.

En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada18, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario19.

5.5. Finalmente, aunque la parte actora afirmó el desconocimiento de la sentencia de
unificación del 18 de julio de 2019, lo cierto es que se limitó a hacer alusión a su
contenido sin identificar la regla que, en su criterio, debía ser atendida para resolver la
pretensión de reconocimiento del daño emergente. Tampoco realizó un ejercicio
metodológico orientado a demostrar que los fundamentos fácticos y jurídicos de dicha

17 Sentencia SU215 de 2022.
18 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
19 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.

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decisión eran similares o análogos la situación estudiada en la providencia
cuestionada.

En consecuencia, existe una falta argumentativa de este cargo que impide a la Sala
abordar un estudio de fondo.

5.6. Como consecuencia de lo anterior, modificará el fallo de primera instancia para
declarar la improcedencia de la acción de tutela por no superar el requisito de
relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del del 15 de mayo de 2025 proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado que negó el amparo y, en su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la solicitud de tutela de Agropecuaria Grupo 20 S.A. en contra del
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A por no superar el requisito de
relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de
esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y Cúmplase,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
SFGS

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