Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01429-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01429-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01429-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
8 de mayo de 2025
Demandante: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01429-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01429-00
Demandante: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR —
ICBF
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Tutela contra providencia judicial – subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —en adelante ICBF—,
actuando mediante apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca. Con la solicitud de amparo pretende
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y
a la seguridad jurídica.
2. Las anteriores garantías las estimó vulneradas con ocasión de la sentencia
del 16 de diciembre de 2024 proferida por el tribunal accionado. Mediante esta
decisión revocó el fallo del 16 de diciembre de 2021 dictado por el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura que negó las
pretensiones de la demanda y, en su lugar, declaró la nulidad parcial del acto
administrativo demandado2.
1.2. Pretensión constitucional
3. La parte actora solicitó lo siguiente:
1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
2 Ello, dentro del trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
76109-33-33-001-2019-00124-00/01.
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Demandante: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01429-00
1 - Solicito comedidamente al HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, SE
TUTELE EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, IGUALDAD Y SEGURIDAD
JURÍDICA del ICBF vulnerado por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE
M.P KATIA ALEXANDRA DOMINGUEZ, y en tal virtud se deje sin efectos la
SENTENCIA NO. 422 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2024, POR MEDIO DE LA
CUAL REVOCÓ LA SENTENCIA 140 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021,
DECLARÓ NULO EL ACTO ADMINISTRATIVO 10556 DEL 17 DE AGOSTO DE
2018, Y CONDENÓ AL ICBF A PAGAR SALARIOS Y PRESTACIONES A LA
ACTORA.
2 – Como consecuencia de lo anterior, se le ORDENE al Despacho Accionado,
PROFERIR una sentencia nueva, donde analice en conjunto y con apego a la
sana crítica de la prueba todas las pruebas decretadas y practicadas en las
oportunidades procesales que contempla el Código de Procedimiento
Administrativo, pues se reitera que para la época de emisión del acto
administrativo declarado NULO la señora Mosquera, no demostró ostentar la
calidad de prepensionable.3
1.3. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
siguiente manera:
5. El 11 de junio de 2019, la señora Marleny Elena Mosquera radicó demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, la Comisión
Nacional del Servicio Civil —en lo sucesivo CNSC— y del Departamento
Administrativo de la Función Pública4. Pretendió que se declarara la nulidad de
la Resolución 10556 del 17 de agosto de 2018, proferida por el ICBF, que dio por
terminado su nombramiento provisional en la entidad. En concreto, alegó que, el
acto administrativo referido, desconoció la estabilidad laboral reforzada que le
asistía por estar próxima a pensionarse.
6. Mediante la sentencia del 16 de diciembre de 2021, el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura negó las pretensiones.
Consideró que la señora Mosquera no gozaba de estabilidad laboral reforzada,
pues no contaba con las semanas cotizadas requeridas para tal fin. Además,
declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva,
propuesta por la CNSC y el Departamento Administrativo de la Función Pública.
7. Inconforme con lo dispuesto, la señora Marleny Elena Mosquera manifestó
que, en la audiencia inicial, le negaron la solicitud de aportar al proceso la historia
laboral corregida que daba cuenta de la verdadera cantidad de semanas
cotizadas. En ese orden, pidió que se tuviera en cuenta la prueba aludida, ya que
de esa manera cumplía con los requisitos para gozar de la estabilidad laboral
reforzada.
3 Transcrito literal del escrito de tutela, con posibles errores ortográficos.
4 Al medio de control se le asignó el número de radicado 76109-33-33-001-2019-00124-00/01 y
le correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Buenaventura.
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8. El 20 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
decretó y ordenó, de oficio, la incorporación al expediente del documento que
soportaba las semanas cotizadas en pensión por parte de la señora Mosquera 5.
Además, se corrió traslado a las partes procesales para que se pronunciaran al
respecto6.
9. Posteriormente, el tribunal, por medio de la providencia del 16 de
diciembre de 2024, revocó la sentencia de primera instancia para declarar la
nulidad parcial del acto administrativo controvertido y, le ordenó al ICBF lo
siguiente: (i) pagar los salarios dejados de percibir por la demandante; y, (ii)
reliquidar las prestaciones sociales correspondientes al periodo comprendido
entre el 3 de diciembre de 2018 y a la fecha del fallo.
10. Concluyó que, a partir de la prueba documental allegada con el recurso de
apelación, a la señora Marleny Elena Mosquera le hacían falta únicamente 34
semanas, para alcanzar el tiempo mínimo establecido por el artículo 33 de la Ley
100 de 19937, para la obtención de la pensión de vejez. Así las cosas, estimó que
el estatus de prepensionada de la actora era evidente, pero que el ICBF no
adoptó las medidas pertinentes para proteger la estabilidad laborar reforzada de
la misma.
1.4. Sustento de la vulneración
11. El ICBF aseguró que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió
en los defectos procedimental absoluto, fáctico, por decisión sin motivación
y por desconocimiento del precedente judicial, al proferir la providencia
controvertida en sede de tutela. En concreto, sostuvo lo siguiente:
• Defecto procedimental: manifestó que la autoridad judicial accionada no
tuvo en cuenta que la Resolución 10556 del 17 de agosto de 2018, se
expidió de conformidad con las pruebas documentales existentes. En ese
sentido, estableció que el error fue de Colpensiones por no expedir
correctamente la historia laboral de la señora Mosquera.
• Defecto fáctico: expuso que el tribunal desconoció que el reporte
corregido en el que constaba las semanas cotizadas de la señora Marleny
Elena Mosquera, debió ser presentado con antelación a la presentación
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
5 Documento emitido por Colpensiones el 22 de febrero de 2022.
6 El ICBF guardó silencio.
7 ARTÍCULO 33. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE VEJEZ. Para tener el
derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:
[…]
2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.
A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del
1o.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año
2015. (énfasis de la Sala)
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• Defecto por decisión sin motivación: adujo que en la sentencia de
segunda instancia se afirmó que el ICBF no adoptó las medidas
necesarias para proteger el estatus de prepensionada de la demandante,
pese a que la prueba que demostró dicha condición, se incorporó
tardíamente al proceso.
• Defecto por desconocimiento del precedente judicial: sostuvo que se
inaplicó la sentencia T-055 de 2020 de la Corte Constitucional, debido a
que a la fecha que se expidió el acto administrativo demandado, la señora
Marleny Elena Mosquera, no contaba con los requisitos establecidos para
gozar de estabilidad laboral reforzada. Igualmente, puso de presente que
se desconoció la regla establecida por el Consejo de Estado8, referente a
al trato preferencial que las entidades nominadoras deben dar a los
elegibles de un concurso de méritos, sobre los servideros públicos
nombrados en provisionalidad.
12. Se destaca que el accionante, en cada uno de los defectos, reiteró que la
prueba decretada por la autoridad judicial accionada, mediante el auto del 20 de
noviembre de 2024, se incorporó al proceso inoportunamente.
1.5. Trámite de la acción de tutela
13. Por auto del 27 de marzo de 2025, se admitió la acción constitucional de
la referencia. En consecuencia, se ordenó notificar en calidad de accionado al
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Además, se vinculó como terceros
con interés al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Buenaventura, a la CNSC, al Departamento Administrativo de la Función Pública,
a las señoras Marleny Elena Mosquera y Darling Palacios López, así como a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta última en los términos del
artículo 610 del Código General del Proceso.
1.6. Intervenciones
14. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Afirmó que el actor
demuestra una simple inconformidad con las consideraciones de la Sala en el
fallo del 16 de diciembre de 2024, por ende, la acción de tutela no está llamada
a prosperar.
15. Departamento Administrativo de la Función Pública. Solicitó su
desvinculación del presente trámite constitucional, debido a que fue desvinculada
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho por encontrarse
probada la excepción de «indebida integración del contradictorio por pasiva y de
falta de legitimación en la causa por pasiva».
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 31 de marzo de 2022, rad:
85001-23-33-000-2017-00068-01 (1455-2018).
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16. Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Buenaventura. Realizó un recuento de las actuaciones surtidas dentro del
proceso identificado con el número de radicado 76109-33-33-001-2019-00124-
00/01, y, pidió su desvinculación de esta acción de tutela, pues, no ha vulnerado
derecho fundamental alguno de la parte actora.
17. Marleny Elena Mosquera. Solicitó que se negara la solicitud de amparo.
Consideró que la sentencia del 16 de diciembre de 2024 se profirió de
conformidad con la normatividad y la jurisprudencia aplicable al caso.
18. La CNSC y la señora Darling Palacios López, a pesar de haber sido
notificadas en debida forma, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
19. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto
2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015 modificado por el
Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de
Estado.
2.2. Cuestión previa
20. Tanto el Departamento Administrativo de la Función Pública como el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura, solicitaron
su desvinculación de la presente acción constitucional.
21. En virtud de que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el fallo
del 16 de diciembre de 2024, desvinculó al Departamento Administrativo de la
Función Pública por encontrar probada la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva, se accederá a su petición.
22. De otro lado, teniendo en cuenta que el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito Judicial de Buenaventura fue la autoridad que conoció en primera
instancia el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado 76109-33-33-001-2019-00124-00/01, se negará su solicitud, pues, tiene
eventual interés en las resultas de este trámite.
2.3. Legitimación en la causa
23. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
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de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
24. La Sala advierte que el ICBF está legitimado en la causa por activa,
porque conformó la parte demandada del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el número de radicado 76109-33-33-001-2019-
00124-00/01, en el que se dictó la providencia que se cuestiona en la presente
acción constitucional.
25. Por otro lado, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, se encuentra legitimado en la causa por pasiva al ser la autoridad que
profirió la decisión reprochada en esta oportunidad.
2.4. Problema jurídico
26. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; la Sala deberá
resolver el siguiente problema jurídico:
• ¿Se encuentran superados los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales?
27. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, se examinará lo
siguiente:
• ¿El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte actora, por proferir la sentencia del
16 de diciembre de 2024?
28. Para resolver lo planteado se estudiarán los siguientes temas, a saber: (i)
el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales; (ii) los requisitos de procedibilidad; y, (iii) el caso
concreto.
2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
29. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20129. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema10. En la referida sentencia se estableció que la tutela
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
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contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales11.
30. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201412. En esta sentencia
se establecieron seis requisitos generales de procedencia y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial13.
31. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configuran
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes
requisitos generales de procedencia:
i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
32. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial.
2.6. Naturaleza subsidiaria de la acción de tutela
33. El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
11 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
13 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de
su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.
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determina que «sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial». Dicho precepto fue reglamentado por el numeral 1 del artículo
6 del Decreto 2591 de 1991.
34. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros
mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la
protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se
debe recurrir a estos, y no a la tutela.
35. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que, cuando
una persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean
protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales
contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela
adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado
asunto radicado bajo su competencia.
36. Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se
colige que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es
un asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela. Todos los mecanismos
judiciales deben, en principio, buscar la defensa de aquellos.
37. En ese orden, la tutela es un mecanismo subsidiario que, solo procede
cuando se acredita que los mecanismos judiciales previstos por el ordenamiento
jurídico no son idóneos y eficaces para la protección de las garantías
fundamentales, o cuando demuestra que se encuentre en presencia de un
perjuicio irremediable. Esto último significa, que exista una grave e inminente
afectación o detrimento de sus derechos que amerita ser conjurada con medidas
urgentes.
2.7. Caso concreto
38. Como se ha mencionado, la parte actora adjudica la vulneración de sus
garantías fundamentales al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por
proferir la sentencia del 16 de diciembre de 2024. Mediante esta decisión se
revocó el fallo del 16 de diciembre de 2021 dictado por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura que negó las pretensiones
de la demanda y, en su lugar, declaró la nulidad parcial del acto administrativo
controvertido.
39. A juicio del ICBF, en la providencia cuestionada se incurrió en los defectos
procedimental absoluto, fáctico, por decisión sin motivación y por
desconocimiento del precedente judicial. En particular, sus reproches se
centran en que la autoridad judicial accionada tuvo en consideración el
documento que acreditaba uno de los requisitos establecidos para que se le
reconociese la calidad de prepensionada a la señora Marleny Elena Mosquera,
pese a que fue allegado tardíamente al proceso judicial. Asimismo, adujo que, a
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la fecha de expedición del acto administrativo demandado14, no se contaba con
los elementos necesarios para determinar que la servidora pública gozara de
estabilidad laboral reforzada.
40. La Sala encuentra que la solicitud de amparo es improcedente por no
satisfacer el requisito de subsidiariedad. Lo anterior, debido a que los reproches
a la providencia judicial sub examine pudieron ser presentados en las
oportunidades procesales previstas al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, por la siguiente razón.
41. De la revisión del expediente ordinario, se tiene que el ICBF no contestó
la demanda, no se pronunció respecto del recurso de apelación interpuesto por
la señora Mosquera y, tampoco, reprochó o cuestionó el auto del 20 de noviembre
de 2024 que decretó pruebas de oficio. Esto, a pesar de que, en las
oportunidades referidas, las autoridades judiciales hayan corrido traslado a las
partes para que se pronunciaran si lo consideraban pertinente.
42. Estas situaciones conllevaron que el Juzgado Administrativo del Circuito
Judicial de Buenaventura y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no
pudieran conocer, en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, los reproches que la entidad accionante trae a colación en la presente
acción constitucional.
43. Así las cosas, a pesar de que el ICBF pudo pronunciarse respecto del
recurso de apelación y del auto que decretó pruebas15, no se advierte razón
alguna que justifique tal omisión. De hecho, el actor, en su escrito de tutela
argumentó que no reprochó lo expuesto, debido a que no procedía recurso
alguno contra dichas decisiones.
44. Se pone de presente que la finalidad de correr traslado de las decisiones
adoptadas por las autoridades judiciales o de los recursos presentados por las
partes, es brindarles la oportunidad a los sujetos procesales de exponer su
postura al respecto, en virtud, del ejercicio de su derecho fundamental al debido
proceso.
45. Por ende, lo controvertido en la presente acción constitucional trasciende
la órbita del juez de tutela, pues se pretende que se profirieran pronunciamientos
propios del juez natural de la causa, aunado a que no se aprovecharon las
oportunidades procesales con las que contaba la parte actora. A su vez, se
enfatiza en que la acción de tutela no está prevista para solventar errores o fallas
en la defensa técnica ejercida en los trámites adelantados ante las distintas
jurisdicciones ordinarias.
14 Resolución 10556 del 17 de agosto de 2018, proferida por el ICBF.
15 El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dio la oportunidad de pronunciarse respecto del
recurso de apelación y, corrió traslado, del auto del 20 de noviembre de 2024 con la misma
finalidad. Ver: índices 6 y 23 del expediente ordinario en la plataforma Samai.
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46. En esta medida, se resalta el deber de cuidado y de diligencia que recae
sobre las partes de aprovechar los momentos procesales en los que puedan
hacer ejercicio de su derecho de defensa. Sumado a que el ICBF acudió al medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicado
76109-33-33-001-2019-00124-00/01, representado por intermedio de apoderado
judicial, por lo que, con más razón el profesional del derecho debió ser diligente
en los momentos que el juez le corrió traslado para que se pronunciara al
respecto del recurso de apelación y del auto que decretó pruebas.
47. Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo
por no superar el requisito de subsidiariedad. Ello, puesto que los reproches
formulados por el tutelante debieron ser expuestos en las oportunidades referidas
del proceso ordinario, las cuales, resultaban idóneas y eficaces para la resolución
de la controversia propuesta y la salvaguarda de los derechos invocados.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DESVINCULAR de la presente acción constitucional al
Departamento Administrativo de la Función Pública y NEGAR la solicitud de
desvinculación presentada por el Juzgado Administrativo del Circuito Judicial de
Buenaventura.
SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la presente acción constitucional
por las razones expuestas en esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
Con aclaración de voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Con aclaración de voto
10
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Demandante: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01429-00
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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