Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-01443-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-01443-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-01443-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
20 de junio de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Veinte (20) de junio de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01443-01
Demandante: JOSÉ ROBERTO JUNCO VARGAS
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y
OTROS
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR
FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.
Síntesis del caso: el demandante indicó que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales con ocasión de la providencia judicial proferida en el marco de un
proceso disciplinario por haber incurrido en los defectos fáctico y sustantivo. Sin embargo,
se confirmará la providencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de
tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
La Sala decide la impugnación interpuesta por el demandante en contra de la
sentencia de 30 de abril de 2025 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, mediante la cual se dispuso:
“Primero. - Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el
señor José Roberto Junco Vargas, quien actúa a través de apoderada
judicial, contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Tolima.”. (archivo disponible en medio
magnético a través del aplicativo SAMAI- negrillas del original Índice 20
SAMAI de la primera instancia).
I. ANTECEDENTES
La demanda
1) El 12 de marzo de 20251, el actor presentó acción de tutela en contra de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial del Tolima, con el fin de que se protegieran sus derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso, acceso a la administración de justicia y los
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Índice 2 SAMAI de la primera instancia
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01443-01
Demandante: José Roberto Junco Vargas
Acción de tutela
principios de legalidad y presunción de inocencia, y, por tanto, se accediera a las
siguientes súplicas:
“Sírvanse, Honorables Magistrados, amparar los Derechos
Fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y a las GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y
RESPETO DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DEL CÓDIGO
DISCIPLINARIO DEL ABOGADO y en consecuencia dejar sin efectos las
sentencias emitidas por la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL DEL TOLIMA Y COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL de fechas 29 de marzo de 2023 y 7 de noviembre de 2024,
respectivamente, proferidas dentro del expediente 73001-25-02-001-
2022-00284-00, para que ordene especialmente a la accionada de
segunda instancia que rectifique su decisión acogiendo los parámetros
legales y ajustarlo a lo prescrito en los artículo 13 y 46 de la Ley 1123 de
2007 y a los postulados fijados por la Corte Constitucional en el fallo C-
290 de 2008 y T-316 de 2019”. (archivo disponible en medio magnético a
través del aplicativo SAMAI- negrilla del original – índice 2 SAMAI de la
primera instancia).
Hechos y fundamentos de la vulneración
1) En el año 2017 se presentaron una serie de disputas y de inconvenientes entre
las personas jurídicas Club Hotel La Herradura SA y la copropiedad Condominio
Fuente Real.
2) El señor José Roberto Junco Vargas, en su condición de abogado, actuó como
apoderado de Condominio Fuente Real y lo representó en el proceso declarativo
que se tramitó en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Melgar con el número de
radicación 2016-00074, en el que se pretendió la recuperación de unas áreas
comunes que le correspondían al condominio.
3) En el mismo sentido, el Condominio Fuente Real también le confirió poder para
que lo representara en una querella policiva promovida en su contra por la sociedad
Club Hotel La Herradura SA, que correspondió a la Inspección 2ª de Policía de
Melgar.
4) Precisó que, en el proceso judicial anteriormente indicado, defendió los
derechos del Condominio Fuente Real con toda idoneidad, al punto que salió avante
en todas sus pretensiones y logó recuperar todos los derechos que le correspondían
al interior del Club Hotel La Herradura.
5) No obstante, la señora Amanda Lucía Hoicatá interpuso queja disciplinaria por
la falta tipificada en el numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y la
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01443-01
Demandante: José Roberto Junco Vargas
Acción de tutela
conducta del numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, pues, en el proceso
policivo, el actor dejó de asistir a una audiencia programada para el 23 de
septiembre de 2021, sin justificar los motivos de su inasistencia.
6) En sentencia de 29 de marzo de 2023, la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial del Tolima lo sancionó con suspensión por 4 meses en el ejercicio de la
profesión de abogado pues, lo encontró disciplinariamente responsable por la falla
atribuida a la diligencia profesional2.
7) Presentó recurso de apelación en el que argumentó que la sanción resultaba
desproporcionada, puesto que la sentencia omitió analizar los principios de
antijuridicidad y favorabilidad establecidos en la ley 1123 de 2007 y, además,
tampoco se tuvieron en cuenta las razones que motivaron su inasistencia a la citada
audiencia.
8) Mediante sentencia de 7 de noviembre de 2024, la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial confirmó en su integridad la sentencia de primera instancia, tras
evidenciar que el abogado José Roberto Junco Vargas incumplió el deber
profesional que le asistía.
Fundamentos de la vulneración
La parte demandante afirmó que las sentencias de 29 de marzo de 2023 y 7 de
noviembre de 2024 incurrieron en los defectos fáctico, sustantivo y violación directa
de la Constitución.
La sentencia ordinaria incurrió en un defecto fáctico por la valoración caprichosa de
las pruebas allegadas, en especial, lo referente a la Inspección Segunda de la
Policía de Melgar, pues, dicha autoridad debía enviar las notificaciones
correspondientes para la audiencia, no obstante, nunca convocó al Condominio
Fuente Real y, por lo tanto, nunca se enteró con certeza de la realización de la
audiencia o mucho menos de si la misma se realizaría de manera presencial o
virtual.
Asimismo, alegó que su conducta no fue dolosa y que como no recibió ningún link
para el desarrollo de la audiencia entendió, de buena fe, que la misma no se iba a
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Proceso con radicación no. 73001-25-02-0001-2022-00284-00
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Demandante: José Roberto Junco Vargas
Acción de tutela
llevar a cabo, pues, a su juicio, se debía aplicar el Decreto 806 de 2020 y realizarse
de manera virtual.
En el mismo sentido, precisó que del material probatorio no se puede establecer
que su inasistencia le generó un daño a su cliente, en tanto que se trataba de una
audiencia de mero trámite, ya que el inspector de policía únicamente debía decidir
los recursos solicitados por el alcalde y no existió ninguna prueba que demostrara
que la copropiedad de su cliente hubiese sufrido algún daño económico, en razón a
que las partes conciliaron, de modo que su actuación no fue dolosa.
Frente al defecto sustantivo indicó que se desconocieron los artículos 13, 40, 43, 45
y 46 de la Ley 1123 de 2007 pues, las sentencias no explicaron con suficiencia las
razones para imponer la sanción de suspensión de cuatro meses ni realizaron la
labor de calificar la conducta del abogado.
Finalmente, consideró que, en la decisión de segunda instancia, la Comisión
Nacional se limitó a confirmar la sentencia apelada sin aplicar el principio de
congruencia entre lo que se estructuró en el fallo de primera instancia y los reparos
del recurso de apelación.
Actuaciones de primer grado
Mediante auto del 18 de marzo de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y ordenó la notificación al accionante y a las autoridades
judiciales accionadas, así como la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, para que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron
el ejercicio de la acción.
Sentencia de primera instancia
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia de 30 de abril de 2025,
declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional pues los argumentos de la parte actora demuestran una
inconformidad sobre la valoración e interpretación de las pruebas y su interés en
utilizar la acción de tutela como una instancia adicional al proceso ordinario, pero
cada uno de los argumentos de la acción de tutela fueron debidamente analizados
y valorados en el proceso ordinario.
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Demandante: José Roberto Junco Vargas
Acción de tutela
Impugnación
La parte demandante presentó impugnación contra el fallo de primera instancia,
concedida en auto de 19 de mayo de 20253.
El fallo de primera instancia genera una desfiguración de los argumentos que
motivaron la presentación de la acción de tutela, pues, de manera detallada, se
explicaron los aludidos defectos fáctico y sustantivo que constituyen los motivos de
procedencia de la acción de tutela.
No pretende generar una instancia adicional al proceso ordinario, sino poner en
evidencia la desproporcionalidad de la sanción impuesta, pues, en ningún momento
se justificaron con claridad los motivos que llevaron a la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial a imponer una sanción de suspensión de 4 meses.
En virtud de lo anterior, debe revocarse el fallo de primera instancia para, en su
lugar, determinar que sí se cumplen los presupuestos de la acción de tutela y
amparar sus derechos fundamentales.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
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Índice 23 SAMAI de la Primera instancia
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Demandante: José Roberto Junco Vargas
Acción de tutela
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.
El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del
Tolima con el fin de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales
antes mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de las sentencias de 7
de noviembre de 2024 y 29 de marzo de 2023 proferidas por dichas autoridades
judiciales.
En primera instancia, a través de sentencia del 30 de abril de 2025, la Sección
Cuarta del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela tras
encontrar insatisfecho el requisito de relevancia constitucional.
En la impugnación, la parte demandante sostuvo que sí se cumple con el requisito
de relevancia constitucional pues se alegaron los defectos fáctico y sustantivo, y no
se pretende utilizar la tutela como una tercera instancia, si no poner de presente la
indebida justificación brindada para la desproporcionada sanción de suspensión.
2.1 Delimitación del asunto
La Sala aclara que, si bien la acción de tutela se dirigió contra las providencias
proferidas en las dos instancias del proceso disciplinario, lo cierto es que los
argumentos de reproche de la parte actora se dirigieron a controvertir el contenido
de la sentencia de segunda instancia, siendo aquella la que definió el marco de
decisión de la presente providencia.
Lo anterior, aunado a que esa providencia fue la que finalizó el proceso y ante la
eventualidad de que deba accederse al amparo pretendido la autoridad judicial
encargada de cumplir la orden y dictar una sentencia de reemplazo sería la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01443-01
Demandante: José Roberto Junco Vargas
Acción de tutela
En suma, el análisis de la Sala se circunscribirá a lo decidido en segunda instancia.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala confirmará el fallo
de primera instancia que declaró improcedente, por el incumplimiento del requisito
de relevancia constitucional, por las razones que procederán a exponerse:
1) En su escrito de tutela, el actor alegó que la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial incurrió en un defecto fáctico por no valorar que era responsabilidad de la
Inspección Segunda de la Policía de Melgar enviar las comunicaciones de la citada
audiencia.
2) Por otro lado, alegó un defecto sustantivo, pues, a su juicio, se desconocieron los
artículos 13, 40, 43, 45 y 46 de la Ley 1123 de 2007 que establecen la obligación
de calificar la conducta del abogado y explicar con suficiencia las razones que
llevaron a imponer la sanción.
3) No obstante, de entrada, para la Sala es claro que los fundamentos que soportan
la interposición de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir
argumentos que fueron debidamente debatidos, analizados y resueltos con ocasión
de la presentación del recurso de apelación en contra de la sentencia de primera
instancia, oportunidad en la cual la parte demandante indicó, en similares términos
a los que ahora plantea, que la Inspección Segunda de la Policía de Melgar no
cumplió con su deber de enviar el enlace de la audiencia o precisarle si se realizaría
de manera presencial y que, con base en la Ley 1123 de 2007, debían explicársele
con claridad las razones para imponer la sanción.
4) Para resolver esos planteamientos, en la sentencia del 7 de noviembre de 2024,
la autoridad judicial demandada se pronunció, de manera expresa, así:
“Se debe precisar que, la inasistencia a la diligencia del 23 de
septiembre de 2021, el recurrente pretende justificarla, en razón a
que la citación efectuada por parte de la Inspección de Policía no fue
clara en especificar si esta se desarrollaría de manera presencial o
virtual, en la medida que aún se estaba atravesando el tema de la
pandemia y siendo restringida la presencialidad, luego era aplicable el
decreto 806 de 2020.
Lo que lo llevó a postular en la impugnación, el motivo de inconformidad
dirigido a demostrar la manera injusta en que el magistrado de primera
instancia no tuvo en cuenta lo expuesto por el disciplinado en la audiencia
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Demandante: José Roberto Junco Vargas
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de pruebas y calificación provisional del 1 de septiembre de 2022, ni en el
memorial radicado el 31 de agosto de 2022.
Una vez analizado el material probatorio allegado al expediente, se
evidenció que, el 6 de abril de 2021 mediante oficio ISMP-574 de la
Inspección Segunda de Policía de Melgar, informó al señor Carlos
Hernando Abondano Guzmán quien para la fecha actuaba como
representante legal del condominio “Fuente Real”, sobre la continuación
de la audiencia pública de argumentos, conciliación, pruebas y decisión
de fondo establecido en el artículo 223 de la ley 1801 de 2016 a
desarrollarse el 23 de septiembre de 2021 a partir de las 9:00 a.m., en el
recinto de la Inspección segunda de Policía.
De igual manera, mediante oficio ISMP-573 de fecha 6 de abril de 2021
de la Inspección Segunda de Policía de Melgar, informó al abogado JOSÉ
ROBERTO JUNCO VARGAS quien para la fecha actuaba como
apoderado del representante legal del condominio “Fuente Real”, sobre la
continuación de la audiencia pública de argumentos, conciliación, pruebas
y decisión de fondo establecido en el artículo 223 de la Iey 1801 de 2016,
en donde se consignó:
(…).
La citación en mención fue remitida a través de correo electrónico el 6 de
abril de 2021 a la dirección juncovarqasjr@gmail.com, la cual había sido
dispuesta por el profesional del derecho desde el momento en que fue
reconocido como apoderado del condominio el 18 de julio de 2017.
De lo transcrito, se puede establecer con total seguridad que la
Inspección Segunda de Policía de Melgar sí informó tanto al abogado
JUNCO VARGAS como al representante legal del condominio sobre
la continuación de la audiencia pública que había iniciado desde el
18 de julio de 2017, es decir, entre diferentes situaciones presentadas se
llevaba cerca de 4 años intentando culminar la diligencia de que trata el
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016.
(…).
Resulta oportuno indicar que, si bien el letrado alega que su inasistencia
a la diligencia fue por un error, dado que asumió la revocatoria del poder
dentro del asunto policivo, lo cierto es que no demostró prueba alguna
que lograra desvirtuar la responsabilidad que tenía con el condominio, es
decir, no solo se requiere que, de evidenciar la existencia del error, sino
que resulta obligatorio demostrar que fue invencible, así lo ha señalado
esta Corporación en reiteradas ocasiones
Es decir, en el desarrollo del proceso disciplinario, el abogado JUNCO
VARGAS fundó su argumento defensivo sosteniendo que, estuvo
convencido de no tener poder vigente para asistir a la diligencia
convocada, pero lo cierto es que, nunca existió la revocatoria de su
mandato, ni procuró verificar con la Inspección de Policía la vigencia de
su mandato, con lo cual hubiese solventado la duda al respecto, así las
cosas, el argumento defensivo no está llamado a prosperar.
(…).
Como se observa, si bien el abogado JUNCO VARGAS presentó una
defensa con 3 argumentos diferentes a saber, no tuvieron vocación
de prosperar, pues fueron resueltos a lo largo del proceso policivo
de manera desfavorable para sus clientes y si bien no se produjo un
daño a los intereses del condominio ello fue porque el 23 de junio de
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Demandante: José Roberto Junco Vargas
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2022 se llegó a un acuerdo entre las partes y se ordenó la terminación
de la querella.
Ahora bien, la conducta reprochada al abogado JUNCO VARGAS se
calificó a título de culpa mas no dolosa como pretende hacer ver el
disciplinado, pues se notó que su ausencia a la audiencia pública del 23
de septiembre de 2021 obedeció a un descuido profesional.
Frente a la celosa diligencia que deben tener los profesionales del
derecho con la labor encomendada, se ha
insistido que independientemente de los resultados del proceso
(pues está claro que el ejercicio de la abogacía es de medio y no de
resultado), el abogado está en la obligación de atender el asunto de
manera responsable, cuidadosa, activa y eficiente, pues está en sus
manos la responsabilidad jurídica asignada, en donde el único objetivo
a perseguir es el de proteger los intereses de su cliente, actuación que en
este asunto no se evidenció, pues de manera ligera el apoderado del
condominio dejó la litis a merced de su contra parte, simplemente por
creer que se le había revocado un mandato, el cual nunca le fue
notificado.
(…).
Manifestó que, no era por desdén respecto del proceso policivo, pero se
justificó una sanción desproporcionada cuando el abogado no asiste a una
audiencia trascendente en un proceso judicial, donde se discuten
derechos económicos o personales de elevada importancia y ni, aun así,
el Consejo Superior de Judicatura había impuesto una sanción de tal
talante.
Agregó que, se trataba de un proceso policivo que estaba ad- portas de
fallarse, que la audiencia a la que no asistió no era de tal trascendencia
como para que la querellada perdiera el proceso, pues ya estaba
estructurada la defensa en su primera sesión.
Contrario a lo expuesto por el recurrente, esta Comisión considera
que cada etapa y audiencia conllevan importancia, pues más allá del
tema a tratar en estas, aquí el reproche se realiza por la ausencia de
compromiso, negligencia y desidia con la que el profesional del
derecho asume los encargos profesionales, pues es contratado por
un tercero con una expectativa de solucionar su conflicto jurídico y
estar siempre representado judicialmente.
El A quo tuvo en cuenta los principios de necesidad,
proporcionalidad y razonabilidad que la norma brinda, realizando un
juicio detallado de cada uno, los cuales comparte esta Comisión”.
(negrillas de la Sala Índice 14 SAMAI de la primera instancia)
5) De acuerdo con lo expuesto, es claro que para sustentar la vulneración de los
derechos invocados en el mecanismo constitucional los demandantes expusieron
similares argumentos a los planteados en el recurso de apelación con base en los
cuales cuestionaron la valoración probatoria realizada por el juez de primera
instancia y una indebida justificación de la sanción.
6) No obstante, frente a tales argumentos la autoridad judicial accionada se
pronunció expresamente en el fallo objeto de reproche para sostener que la
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Demandante: José Roberto Junco Vargas
Acción de tutela
Inspección Segunda de Policía de Melgar sí le informó, en debida forma, sobre la
continuación de la audiencia de pruebas y se le precisó que su sanción fue obra de
una conducta culposa por la ausencia de compromiso, negligencia y desidia en sus
obligaciones como apoderado.
7) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de “error” a dicha
situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la acción
de tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en el
recurso de apelación y que fueron resueltos de manera suficiente y exhaustiva en
la providencia de segunda instancia que puso fin al proceso.
8) Por consiguiente, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la
referencia no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es
reabrir un debate meramente legal que era propio del trámite del proceso ordinario
y al juez constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan
su competencia.
9) En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que
declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, por las razones hasta aquí expuestas.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA:
1°) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la
acción de tutela, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01443-01
Demandante: José Roberto Junco Vargas
Acción de tutela
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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