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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01473-00

Fecha
5 de mayo de 2025
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01473-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Ministerio de Educación Nacional y la Fiduciaria S.A. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01473-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

5 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., cinco (05) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01473-00
Accionante: Nelvira del Rosario Escobar Caro
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA / improcedente – RELEVANCIA CONSTITUCIONAL
– carga argumentativa.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del recurso de amparo
constitucional.

I. A N T E C E D E N T E S

A. La demanda y sus fundamentos

1. El 13 de marzo de 2025, la señora Nelvira del Rosario Escobar Caro, a través de
apoderado judicial, presentó demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Cesar, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia. Considera que estos fueron
vulnerados por la autoridad accionada al proferir la sentencia del 12 de septiembre
de 20242, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 3 que
promovió en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), cuyo propósito era que
se declarara la nulidad de la resolución por medio de la cual se le reconoció la
pensión de invalidez y aquella que la revisó, sin incluir como factor salarial la prima
de antigüedad.

2.
En la referida providencia el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la decisión
de primera instancia4 de negar las pretensiones. Consideró que la actora no probó
que sobre el factor salarial denominado prima de antigüedad se hubieran efectuado
cotizaciones con destino al FOMAG. Sumado al hecho que dicha prima no se
encuentra enlistada en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, aplicable al asunto.

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Notificada el 16 de septiembre de 2024.
3 Con radicado número 20001-33-33-005-2023-00042-01.
4 El Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar, en sentencia del 29 de septiembre de 2023.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01473-00
Accionante: Nelvira del Rosario Escobar Caro
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

3.La parte accionante afirmó que la decisión acusada incurrió en los siguientes
defectos:

4. Desconocimiento del precedente judicial5, para lo cual la accionante citó de
forma extensa los siguientes fallos: (i) tutela del 9 de mayo de 2019, expediente
2018-03933-01; (ii) fallo de 30 de abril de 2020, radicado 44001-23-33-000-2015-
00090-01; (iii) fallo del 25 de marzo de 2021, radicado 20001-23-39-000-2017-
00389-01; (iv) tutela del 21 de abril de 2022, radicado 11001-03-15-000-2021-06512-
01; (v) sentencia de 11 de febrero de 2021, radicado 81001-23-33-000-2013-00005-
01; (vi) sentencia de 18 de febrero de 2021, radicado 81001-23-33-000-2013-00012-
02; (vii) fallo de 3 de junio de 2021, radicado 50001-23-33-000-2018-00357-01; (viii)
SU- 068 de 2022; (ix) T-702 de 2008; (x) T-631 de 2009; (xi) T-526 de 2014; (xii) T-
526 de 2014; (xiii) T- 230 de 2018; (xiv) T-505 de 2019 y; (xv) T-491 de 2020.

5. Decisiones judiciales que considera la parte actora determinan dos cosas: (i) la
viabilidad de incluir la prima de antigüedad como factor salarial para liquidar la
pensión de los docentes, en razón a que se encuentra en la Ley 62 de 1985, que
contiene los factores salariales sobre los cuales se deben hacer aportes pensionales
y; (ii) que aun no habiéndose realizado dichos aportes, la solución dada por el
Consejo de Estado frente al tema de la ausencia de pruebas, no es negar el derecho,
sino reconocerlo y ordenar el descuento que por ese concepto que se debió hacer.

6. Con base en lo anterior, sostuvo que la postura adoptada por el Tribunal
accionado referente a no demostrarse los aportes efectuados de la prima de
antigüedad, resulta contradictoria a la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la
Corte Constitucional, debido a que no existe tal carga probatoria en cabeza de la
parte demandante, pues resulta intrascendente si aquello se prueba o no, ya que es
una obligación del empleador y no del trabajador realizar los aportes para pensión,
por lo que cualquier omisión no se le puede cargar a este último, máxime cuando el
derecho a la reliquidación pensional no depende de la realización de esos aportes,
sino de que es un factor enlistado en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985.

7. Defecto fáctico, en la medida en que el Tribunal accionado no utilizó sus
facultades para solicitar pruebas de oficio si estimaba que había incertidumbre
probatoria relacionada con el hecho de si se hicieron o no los aportes a la prima de
antigüedad.

8. Concluyó que: (i) para efectos pensionales es intrascendente si el empleador
realizó aportes a seguridad social, puesto que de no haberlos hecho, no se le puede
negar el derecho al trabajador, sino que el juez debe ordenar que el primero asuma
los valores correspondientes, luego de haber reconocido el derecho; (ii) no es
importante si se realizaron los aportes sobre ciertos factores salariales, siempre que
se trate de los enlistados en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 y; (iii) la prueba de

5 Si bien el actor no lo indicó de forma explícita, de los argumentos esgrimidos a lo largo del escrito de tutela se

logra vislumbrar dicho defecto.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01473-00
Accionante: Nelvira del Rosario Escobar Caro
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

haberse realizado las cotizaciones o no es intrascendente, al ser una obligación legal
en cabeza del empleador que se presume aquel cumplió.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

9. Mediante auto de 19 de marzo de 20256 se admitió la presente acción, se ordenó
notificar de su presentación a la autoridad judicial accionada y, se vinculó al
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (Fomag) y a la Fiduprevisora S.A., en calidad de terceros con interés.
Igualmente se ordenó comunicar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.

(i) Nación – Ministerio de Educación Nacional7.

10.
Consideró que este caso se presenta como una controversia de naturaleza
estrictamente económica y un litigio que involucra intereses privados, situación que
excede la competencia del juez de tutela por carecer de relevancia constitucional.
Además, solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva,
por cuanto la vulneración de derechos se atribuye a la autoridad judicial.

(ii) Fiduprevisora S.A.8
11.
Manifestó que la argumentación de la accionante es exigua en relación con la
configuración de las causales genéricas y específicas de procedibilidad, por lo que
el mecanismo tutelar se está utilizando con el ánimo de invalidar actuaciones
realizadas por el juez natural. También solicitó su desvinculación pues el proceder
que se censura es el del Tribunal.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Cuestión previa

12. La Sala no accederá a las solicitudes de desvinculación del Ministerio de
Educación Nacional y Fiduprevisora S.A., en la medida en que la primera fue
demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho donde se profirió
el fallo acusado y, la segunda, es la vocera y administradora del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, la cual fue otra de las demandadas directas,
por ende, es claro que cualquier decisión a favor de la actora podría afectar sus
intereses, por lo que su intervención es indispensable.

D. Análisis del caso concreto

13. La Subsección declarará improcedente la solicitud de amparo, en tanto no se

acredita la relevancia constitucional del asunto.

6 Notificado el 25 de marzo de 2025.
7 Contestación enviada al correo electrónico, consta de 15 folios.
8 Contestación enviada al correo electrónico, consta de 7 folios.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01473-00
Accionante: Nelvira del Rosario Escobar Caro
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

14. De la lectura del escrito de tutela, esta Sala encuentra que la parte actora son

totalmente exiguos, pues a pesar de que invoca un desconocimiento del precedente
judicial y un defecto fáctico, omite explicar de manera clara y puntual el motivo de su
configuración, pues únicamente alude a las inconformidades generales que tiene con
la decisión que censura.

15.Respecto del desconocimiento del precedente, se tiene que citó 15 sentencias,
para luego indicar que todas daban a entender la viabilidad de incluir la prima de
antigüedad como factor salarial para liquidar la pensión de los docentes, en razón a
que se encuentra en la Ley 62 de 1985 y, que aun no habiéndose realizado dichos
aportes, la solución dada por el Consejo de Estado frente al tema de la ausencia de
pruebas, no es negar el derecho, sino reconocerlo y ordenar el descuento que por
ese concepto que se debió hacer.

16.
Sin embargo, es claro que no explica de forma concreta si cada una de las
decisiones traídas a colación constituyen precedente judicial aplicable al asunto, por
guardar similitud fáctica y de problemas jurídicos con el suyo, ni tampoco cuál fue la
ratio decidendi desconocida.

17.
La anterior acotación resulta relevante, en la medida en que, al revisar las
providencias presuntamente desconocidas, se observa que ninguna tiene relación
con el caso bajo estudio. Esto, debido a las sentencias de los numerales i,
iv,ix,x,xi,xii,xiii,xiv y xv son sentencias de tutela, las cuales solo tienen efectos inter-
partes. Por otro lado la ii y iii además de que se refieren a la pensión de vejez, en
las mismas se aplicó la Ley 62 de 1985 y en se indicó de forma textual que había
prueba de los aportes de la prima de antigüedad. En el caso bajo estudio la discusión
gira en torno a la pensión de invalidez, se expresó que no había allegado prueba de
cotización frente a la prima requerida y, se utilizó el Decreto 1045 de 1978 para
indicar que la prima de antigüedad no estaba enlistada para ser tenida en cuenta
como factor para liquidar la pensión (aplicación normativa que la accionante no
cuestionó).
18.
Del mismo modo, las sentencias v, vi y vii son providencias concernientes a
docentes que se desempeñaron a través de contratos de prestación de servicios y,
que como contratistas no efectuaron los aportes correspondientes, situación que a
todas luces es diferente al caso estudiado, ya que el presente es respecto de una
educadora oficial. Finalmente, el fallo viii es relativo al reconocimiento de la pensión
de vejez, la cual fue negada por no cumplir con las semanas de cotización; caso
totalmente disímil al de la señora Nelvira del Rosario Escobar.

19.
Ahora, frente al defecto fáctico, la accionante únicamente expresó que el juez
debió utilizar sus facultades oficiosas si tenía duda de los aportes sobre la prima de
antigüedad. Sin embargo, no esbozó ningún tipo de argumento adicional con el fin
de explicar mejor su afirmación, como, por ejemplo, exponer por qué el juez debía
asumir dicha carga, cuando como parte demandante tenía el deber de demostrar
que cotizó al sistema de seguridad social en pensiones sobre factores distintos a los
tenidos en cuenta por la parte demandada para integrar la base de liquidación

4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01473-00
Accionante: Nelvira del Rosario Escobar Caro
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

pensional, y así demostrar la nulidad de los actos acusados. Pues es claro que quien
activa el aparato judicial es el responsable de probar sus hechos y acusaciones a
través de los distintos medios de prueba, sin pretender que sea el juez natural quien
asuma esa carga bajo la justificación de las facultades oficiosas que ostenta.

20. Aunado a lo anterior, esta Sala de Subsección vislumbra que los demás
argumentos utilizados por la actora son simples apreciaciones subjetivas, en las que
se ve reflejado su inconformismo por haber obtenido una decisión adversa a sus
intereses, sin que alguno de ellos releve una verdadera vulneración de los derechos
fundamentales invocados, ni se enmarque en alguna de las causales específicas
establecidas jurisprudencialmente para que proceda la acción de tutela contra una
providencia judicial.

21. En ese contexto, no basta con que la parte accionante enuncie los derechos

presuntamente vulnerados y los defectos en que a su sentir incurrió la autoridad
accionada, sino que tal vulneración debe estar justificada, es decir, tener una carga
argumentativa mínima, en la que se exprese con suficiencia las razones y motivos
que desde la perspectiva constitucional, revelan un juicio de desvalor de los derechos
fundamentales de quien la promueve de cara a la acción y definición que ha
adoptado el juez encargado por mandato constitucional de definir el derecho y, se
debe argumentar los motivos de la presunta vulneración.

22.
En los términos precedentes, la Sala estima que el debate propuesto en la
demanda de tutela no se proyecta de manera directa como una afectación a algún
derecho fundamental; razón por la cual la Sala declarará improcedente la presente
solicitud de amparo.

23. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Ministerio de Educación
Nacional y la Fiduciaria S.A.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01473-00
Accionante: Nelvira del Rosario Escobar Caro
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE9
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados
tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

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