RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-01473-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01473-01

Fecha
19 de junio de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01473-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 5 de mayo de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01473-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

19 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-01473-01
Accionante: NELVIRA DEL ROSARIO ESCOBAR CARO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se confirma el fallo
impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no
cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia de
5 de mayo de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Nelvira del Rosario Escobar Caro solicitó, a través de apoderado
judicial, la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 12
de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número
20001-33-33-005-2023-00042-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relató que laboró como educadora oficial en el Municipio de Valledupar desde
el 18 de febrero de 1994 y que mediante la Resolución núm. 0450 de 31 de octubre
de 2011, la Secretaría de Educación Municipal le reconoció una pensión de
invalidez, la cual fue reliquidada mediante Resolución núm. 0113 de 25 de marzo
de 2011.

2.2. Refirió que en la liquidación pensional se omitió la inclusión de la prima de
antigüedad, percibida durante el último año de servicios.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01473-01
Accionante: Nelvira del Rosario Escobar Caro

2.3. Indicó que, con base en lo anterior, presentó el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado núm. 20001-33-33-005-2023-00042-
00/01 contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, para que se declarara la nulidad los actos
administrativos a través de los cuales se le reconoció y reliquidó la pensión de
invalidez.

2.4. Señalóque el conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Valledupar, autoridad judicial que mediante sentencia
de 29 de septiembre de 2023 negó las pretensiones de la demanda.

2.5. Precisó que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y que el
Tribunal Administrativo del Cesar a través de sentencia de 12 de septiembre de
2024 confirmó la decisión proferida en primera instancia.

2.6. Manifestó
que la sentencia de segunda instancia vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia por
haber incurrido en un defecto fáctico y un defecto sustantivo “[…] por
desconocimiento del precedente […]”.

2.7. Adujo que el Tribunal incurrió en un defecto fáctico “[…] en su dimensión
negativa […]”, toda vez que la autoridad judicial “[…] creyendo necesaria la prueba
de la realización de aportes o no sobre la prima de antigüedad, “no utilizó su facultad
para decretar pruebas de oficio, establecida en el artículo 349 del Código General
del Proceso” con lo cual habría saldado la incertidumbre probatoria que creía
necesaria resolver […]”.

2.8. Comentó que la decisión de segunda instancia “[…] cometió un error al señalar
que la actora no cumplió con el pago de la seguridad social, cuando en el
expediente está probado, con el certificado de pagos de la empresa Asopagos S.A.,
que se realizaron los aportes correspondientes. Además, de acuerdo con el
régimen aplicable, el pago a seguridad social no constituye un incumplimiento por
parte del contratista. También, para este tipo de contrato no se exige el pago a la
ARL, ya que el nivel de riesgo es 1, y la norma no lo requiere en estos casos […]”.

2.9. Agregóque la providencia acusada “[…] desconoce todo el precedente del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional referente al tratamiento que en
materia pensional se le debe dar a los casos en que no se efectuaron aportes por
parte del empleador en materia de seguridad social […]” toda vez que solicitar “[…]
la prueba de la realización de estos, cuando es una obligación legal establecida en
cabeza de los empleadores y su omisión no puede acarrear consecuencias
negativas al trabajador […]”.

2.10. Frente al defecto sustantivo por “[…] desconocimiento del precedente […]”,
refirió que la sentencias a través de las cuales se definió “[…] la procedencia de la
inclusión de la prima de antigüedad como factor salarial en la pensión de los
docentes, la cual se encuentra enlistada en el artículo 2° de la Ley 62 de 1985 y

3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01473-01
Accionante: Nelvira del Rosario Escobar Caro

que […] aún, no habiendo realizado dichos aportes, no se pueden negar los
derechos pensionales pues se establece como solución el descuento de los mismos
sobre los derechos pensiones reconocidos […]”.

2.11. Enlistólas sentencias proferidas por el Consejo de Estado y la Corte
Constitucional aplicables a su caso: i) 9 de mayo de 20191, ii) 30 de abril de 20202,
iii) 25 de marzo de 20213, iv) 21 de abril de 20224, v) 11 de febrero de 20215, vi) 18
de febrero de 20216, vii) 3 de junio de 20217, radicado 50001-23-33-000-2018-
00357-01, viii) SU-068 de 24 de febrero de 2022, ix) T-702 de 10 de julio 2008, x)
T-631 de 15 de septiembre de 2009, xi) T-526 de 18 de julio de 2014, xii) T-526 de
18 de julio de 2014, xiii) T- 230 de 14 de junio de 2018, xiv) T-505 de 28 de octubre
de 2019 y, xv) T-491 de 20 de noviembre de 2020.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Sírvase tutelar los derechos fundamentales al debido proceso,
seguridad jurídica y al acceso material a la justicia y, en consecuencia:

1.1. Ordene la anulación de la sentencia de segunda instancia proferida por
el Tribunal Administrativo del Cesar, el día 12/09/2024.

1.2. Ordénele al Tribunal Administrativo del Cesar proferir una nueva decisión
en la que no se le vulneren los derechos fundamentales que le han sido
conculcados a mi representado con la sentencia cuya anulación se ordena
[…]”.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 19 de marzo de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
admitió la presente acción de tutela. Asimismo, ordenó vincular en calidad de
terceros con interés directo en el resultado del proceso al Ministerio de Educación
Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y a la
Fiduprevisora S.A.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegaron los siguientes informes:

1 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, expediente “[…] 20180393301 […]”.
2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, expediente “[…] 44001233300020150009001 […]”.
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, expediente “[…] 200012339000201700389 […]”.
4 Consejo de Estado, expediente “[…] 11001031500020210651201 […]”.
5 Consejo de Estado, expediente “[…] 81001-23-33-000-2013-00005-01 […]”.
6 Consejo de Estado, expediente “[…] 81001-23-33-000-2013-00012-02 […]”.
7 Consejo de Estado, expediente “[…] 50001-23-33-000-2018-00357-01 […]”.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01473-01
Accionante: Nelvira del Rosario Escobar Caro

5.1. El Ministerio de Educación Nacional indicó que el presente carece de
relevancia porque es una controversia de naturaleza estrictamente económica y un
litigio entre intereses privados. Asimismo, solicitó su desvinculación del proceso por
falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que la presunta vulneración de
derechos se atribuye a una autoridad judicial.

5.2. La
sociedad Fiduprevisora S.A. solicitó su desvinculación del trámite de la
presente acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva, en razón
a que el mecanismo de amparo va dirigido contra el Tribunal Administrativo del
Cesar.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 5 de mayo de 2025, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por no
cumplir con el requisito general de relevancia constitucional, en razón a que la
accionante no cumplió con la carga argumentativa mínima “[…] en la que se
exprese con suficiencia las razones y motivos que desde la perspectiva
constitucional […]”.

7. Indicó que “[…] De la lectura del escrito de tutela, esta Sala encuentra que la parte
actora son totalmente exiguos, pues a pesar de que invoca un desconocimiento del
precedente judicial y un defecto fáctico, omite explicar de manera clara y puntual el
motivo de su configuración, pues únicamente alude a las inconformidades
generales que tiene con la decisión que censura […]”

8. Adicionalmente señaló que “[…] esta Sala de Subsección vislumbra que los
demás argumentos utilizados por la actora son simples apreciaciones subjetivas,
en las que se ve reflejado su inconformismo por haber obtenido una decisión
adversa a sus intereses, sin que alguno de ellos releve una verdadera vulneración
de los derechos fundamentales invocados, ni se enmarque en alguna de las
causales específicas establecidas jurisprudencialmente para que proceda la acción
de tutela contra una providencia judicial […]”.

8.1. Por último, negó las solicitudes de desvinculación presentadas.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

9. La accionante impugnó la sentencia proferida en primera instancia, reiterando lo
expuesto en el escrito de tutela y adicionalmente argumentó:

“[…] No es cierto, como se plantea en el numeral 17 del fallo impugnado, que
en las mencionadas sentencias "se indicó de forma textual que había prueba
de los aportes de la prima de antigüedad".

Se trata de una afirmación falaz, que no se encuentra sustentada. Es así, que
en el fallo impugnado no se transcriben los apartes de las sentencias en los

5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01473-01
Accionante: Nelvira del Rosario Escobar Caro

que supuestamente se hace referencia a la prueba de los aportes afectados
sobre la prima de antigüedad. En estas decisiones, si bien se refieren a
pensiones de jubilación, para el Consejo de Estado basta con que la prima de
antigüedad se encuentre certificada como devengada durante el último año de
servicios por parte del docente y que se encuentre enlistada como factor
salarial en la ley 62 de 1985 para que se ordene la reliquidación de la pensión
con la inclusión de esta […]”.

[…]

“[…] Si bien, es diferente el caso de los docentes contratados por prestación de
servicios que no efectuaron aportes pensionales, al caso de mi mandante, en
que se cuestiona que no se probó que se hicieron aportes sobre la prima de
antigüedad, a pesar de que es obligación del empleador hacer esos aportes; lo
cierto es, que, lo decidido es aplicable a este asunto: si a los contratistas de
prestación de servicios se les valida el tiempos de servicio laborado bajo esa
modalidad, aun estando probado que no se realizaron aportes pensionales, con
mucha más razón se debe tener en cuenta la prima de antigüedad como factor
salarial para liquidar la pensión de mi mandante, aunque no haya prueba de
que el empleador haya realizado aportes sobre ese fator (sic) salarial […]”.

[…]

“[…] Al parecer, estamos volviendo a los tiempos en que esta corporación se
negaba a la procedencia de las acciones de tutela en contra de sentencias, aun
en eventos en que sea su propio precedente el que resulte desconocido. ¿Será
que, para esta corporación la independencia y autonomía judicial que subyace
a la postura de resistencia a este tipo de acciones constituciones (sic) resulta
más valiosos que el respeto a los precedentes jurisprudenciales y
constituciones (sic) que aseguren seguridad jurídica y respeto de los derechos
sustanciales de los usuarios de la administración de justicia? […]”.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

10. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19918, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20159, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 202110, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
201911, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 202412.

8
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
9
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
10
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
11
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
12 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan

los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01473-01
Accionante: Nelvira del Rosario Escobar Caro

VIII.2. Cuestión previa

11. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de
desvinculación procesal presentada por el Ministerio de Educación Nacional y
Fiduprevisora S.A.

12. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 200613, señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en
la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,
el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].

13. Teniendo en cuenta que el Ministerio de Educación Nacional y Fiduprevisora S.A
fueron parte demandada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho cuestionado por el accionante, la Sala considera que a estas entidades
sí le asiste el interés jurídico para ser vinculados a esta acción constitucional.

14. Por lo anterior, se confirmará en este aspecto la decisión impugnada que denegó
la solicitud de desvinculación elevada.

VIII.3. Problemas jurídicos

15. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado14, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:

b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

13
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
14
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01473-01
Accionante: Nelvira del Rosario Escobar Caro

16. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

17. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201215, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

18. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

19. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

20. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial16, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución17.

15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
16
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
17
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01473-01
Accionante: Nelvira del Rosario Escobar Caro

21. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”18 que encaje en dichos
parámetros.

22. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

23. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

24. La señora Nelvira del Rosario Escobar Caro solicitó, a través de apoderado
judicial, la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 12
de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número
20001-33-33-005-2023-00042-00/01.

25. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito de relevancia constitucional.

VIII.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

26. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental19 y no cuando guarda

Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
18
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
19
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01473-01
Accionante: Nelvira del Rosario Escobar Caro

relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones20.

27. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales21, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces22.

28. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación23, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].

29. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202224 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]

20
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
21
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
22
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
23
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
24
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01473-01
Accionante: Nelvira del Rosario Escobar Caro

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto]

30. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202325.

31. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el accionante se pueda
concluir que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la
discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto

25
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01473-01
Accionante: Nelvira del Rosario Escobar Caro

de la mera legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación
judicial que no involucre derechos fundamentales26.

32. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte accionante invoque el
texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho atentado
debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.

33. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia por incurrir en un defecto fáctico y un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente.

34. Adujo que el Tribunal incurrió en un defecto fáctico “[…] en su dimensión negativa
[…]”, toda vez que la autoridad judicial “[…] creyendo necesaria la prueba de la
realización de aportes o no sobre la prima de antigüedad, “no utilizó su facultad
para decretar pruebas de oficio, establecida en el artículo 349 del Código General
del Proceso” con lo cual habría saldado la incertidumbre probatoria que creía
necesaria resolver […]”.

35. Comentó que la decisión de segunda instancia “[…] cometió un error al señalar
que la actora no cumplió con el pago de la seguridad social, cuando en el
expediente está probado, con el certificado de pagos de la empresa Asopagos S.A.,
que se realizaron los aportes correspondientes. Además, de acuerdo con el
régimen aplicable, el pago a seguridad social no constituye un incumplimiento por
parte del contratista. También, para este tipo de contrato no se exige el pago a la
ARL, ya que el nivel de riesgo es 1, y la norma no lo requiere en estos casos […]”.

36. Agregó que la providencia acusada “[…] desconoce todo el precedente del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional referente al tratamiento que en
materia pensional se le debe dar a los casos en que no se efectuaron aportes por
parte del empleador en materia de seguridad social […]” toda vez que solicitar “[…]
la prueba de la realización de estos, cuando es una obligación legal establecida en
cabeza de los empleadores y su omisión no puede acarrear consecuencias
negativas al trabajador […]”.

37. Frente al defecto sustantivo por “[…] desconocimiento del precedente […]”, refirió
que la sentencias a través de las cuales se definió “[…] la procedencia de la
inclusión de la prima de antigüedad como factor salarial en la pensión de los
docentes, la cual se encuentra enlistada en el artículo 2° de la Ley 62 de 1985 y
26
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01473-01
Accionante: Nelvira del Rosario Escobar Caro

que […] aún, no habiendo realizado dichos aportes, no se pueden negar los
derechos pensionales pues se establece como solución el descuento de los mismos
sobre los derechos pensiones reconocidos […]”.

38. Enlistó las sentencias proferidas por el Consejo de Estado y la Corte
Constitucional aplicables a su caso: i) 9 de mayo de 201927, ii) 30 de abril de 202028,
iii) 25 de marzo de 202129, iv) 21 de abril de 202230, v) 11 de febrero de 202131, vi)
18 de febrero de 202132, vii) 3 de junio de 202133, radicado 50001-23-33-000-2018-
00357-01, viii) SU-068 de 24 de febrero de 2022, ix) T-702 de 10 de julio 2008, x)
T-631 de 15 de septiembre de 2009, xi) T-526 de 18 de julio de 2014, xii) T-526 de
18 de julio de 2014, xiii) T- 230 de 14 de junio de 2018, xiv) T-505 de 28 de octubre
de 2019 y, xv) T-491 de 20 de noviembre de 2020.

39. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional y ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia, con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez
natural del asunto y, iii) la pretensión guarda relación con un asunto de contenido
económico.

40. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por
las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.

41. Se considera que la parte accionante no está poniendo de presente que en la
providencia censurada se haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el
motivo que fundamenta su inconformidad se sustenta en que la decisión adoptada
por el juez de segunda instancia en el proceso contencioso confirmó el fallo de
primera instancia.

42. Eneste punto, la Sala estima pertinente traer a colación lo decidido en la
sentencia de 12 de septiembre de 2024 proferida dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho por el Tribunal Administrativo del Cesar,
para evidenciar que lo pretendido es convertir esta acción en una tercera instancia:

“[…] 5.3.- Problema Jurídico

Corresponde a la Sala establecer, de acuerdo con las pruebas que obran en el

27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, expediente “[…] 20180393301 […]”.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, expediente “[…] 44001233300020150009001 […]”.
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, expediente “[…] 200012339000201700389 […]”.
30 Consejo de Estado, expediente “[…] 11001031500020210651201 […]”.
31 Consejo de Estado, expediente “[…] 81001-23-33-000-2013-00005-01 […]”.
32 Consejo de Estado, expediente “[…] 81001-23-33-000-2013-00012-02 […]”.
33 Consejo de Estado, expediente “[…] 50001-23-33-000-2018-00357-01 […]”.

13

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01473-01
Accionante: Nelvira del Rosario Escobar Caro

proceso, si en el presente asunto el demandante tiene derecho a que se le
reliquide su pensión de invalidez, teniendo en cuenta la Prima de Antigüedad
devengada durante el año anterior a la fecha en que adquirió el status de
pensionado, siempre que sobre dicho factor salarial se hayan efectuados los
respectivos aportes a pensión.

[…] Tesis de la Sala:

La parte actora no probó que sobre el factor salarial denominado Prima de
Antigüedad se hayan efectuado cotizaciones con destino al FOMAG. En
consecuencia, se confirmará la sentencia apelada […]”.

[…]

“[…] No es objeto de discusión que, en cuanto al régimen pensional de los
docentes, el Consejo de Estado fijó unas reglas recogidas en la sentencia de
unificación SUJ014-CE-S2-19 del 25 de abril de 2019, proferida dentro del
radicado 68001-23-33-000-2015-00569-01(0935-17), así:

[…]

En pronunciamiento más reciente, la misma Corporación dispuso que
independientemente de su origen, si el docente efectuó aportes a pensión por
concepto de prima de antigüedad con destino al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, esta debe ser incluida en el IBL para
efectos de realizar el cálculo de la mesada de la pensión. Así:

[…]

Se encuentra acreditado en el proceso que la demandante se vinculó a la
docencia oficial el 18 de febrero de 1994, y que la Secretaría de Educación
Municipal de Valledupar, en nombre y representación de la Nación, mediante
Resolución N° 0450 de 31 de octubre de 2011, le reconoció una pensión de
invalidez, con una tasa de reemplazo del 75% del promedio de lo devengado
durante el último año de servicio (sueldo básico, prima de vacaciones y prima
de navidad), para lo cual dio aplicación al régimen pensional establecido en las
leyes 91 de 1989; 1151 de 2007 y 1250 de 2008, Decretos 3135 de 1968 y
1848 de 1969.

Al examinar el contenido de la resolución anotada, se advierte que la misma
señala haber tenido en cuenta la edad, el tiempo de servicios y monto
(tasa de reemplazo), IBL y factores salariales cotizados por la demandante
en el último año de servicios en aplicación de las normas antes referidas;
todo ello conforme al criterio decantado por el Consejo de Estado en la
sentencia de unificación citada previamente, teniendo en cuenta la fecha en
que ingresó a la docencia oficial […]”.

[…]

“[…] En efecto, si bien con la demanda se aportó copia del formato único para
la expedición de certificado de salarios expedido por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, en el que constan los factores salariales
devengados por la demandante en el lapso comprendido entre el 11 de
noviembre de 2008 y el 11 de noviembre de 2009 (fecha en que adquirió el
estatus pensional), entre los cuales, se encuentra la prima de antigüedad, lo
cierto es que no acreditó que sobre este factor especifico (sic) hubiere
realizado aportes con destino al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio […]”.

14

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01473-01
Accionante: Nelvira del Rosario Escobar Caro

[…]

“[…] Siguiendo la línea jurisprudencial del Consejo de Estado, se tiene que en
el presente asunto la carga probatoria le correspondía a la parte
demandante, quien disponía de libertad para aportar, o no, la prueba de
los hechos que la benefician, sin embargo, en el presente asunto se
advierte total inactividad para acreditar la condición que habilita la
inclusión del factor salarial reclamado, máxime cuando la prima de
antigüedad no se encuentra enlistada en el artículo 45 del del Decreto 1045 de
1978, aplicable a este asunto, en virtud, de las consideraciones expuestas en
esta providencia […]”. [Subrayado original del texto y negrilla fuera del texto]

43. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción contenciosa administrativa y no se
observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
medio de control.

44. En este punto, vale la pena señalar que de conformidad con los principios de libre
valoración de la prueba, autonomía e independencia judicial (artículos 228 y 230 de
la Constitución Política), los jueces gozan de amplias facultades para valorar las
pruebas dentro del proceso. En ese sentido, es al juez natural de la causa a quien le
corresponde determinar el valor de cada medio de prueba, bajo las reglas de la sana
crítica.

45. En este punto, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del
fallo cuestionado […]”34.

46. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”35. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”36.

47. Con fundamento en lo anterior, esta Sección confirmará el fallo impugnado,
como se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.

34
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
35
Ibidem.
36
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 DE 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

15

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01473-01
Accionante: Nelvira del Rosario Escobar Caro

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 5 de mayo de 2025, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.