Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01497-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01497-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01497-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
12 de junio de 2025
Demandante: Angelica Forero de Anaya
Demandado: Consejo de Estado, Sala 10 Especial de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01497-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá D.C., doce (12) junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01497-01
Demandante: ANGÉLICA FORERO DE ANAYA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SALA DIEZ ESPECIAL DE
DECISIÓN
Tema: Tutela contra providencia judicial. – Revoca y declara
improcedente por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte
accionante contra la sentencia del 28 de abril de 2025 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B que negó la acción de
tutela .
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
La señora Angélica Forero de Anaya, por intermedio de apoderada judicial1,
interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sala Diez Especial
de Decisión con el fin de que le sean protegidos sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad y al trabajo.
Lo anterior, con ocasión a la providencia del 20 de septiembre de 20242,
proferida por la autoridad judicial accionada que declaró fundado el recurso
extraordinario de revisión instaurado3 contra la sentencia del 30 de mayo de
2019 expedida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
Estado dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado 68001-23-31-000-2005-03536-00/01 adelantado contra el
departamento de Santander. Sin embargo, respecto a la accionante lo
consideró extemporáneo.
1 Poder conferido a la abogada Luisa Argeny Anaya Parra que fue autenticado en la Notaría
Séptima del Circuito de Bucaramanga.
2 Integrada por los Consejeros: Juan Enrique Bedoya Escobar, William Barrera Muñoz,
Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Nubia Margoth Peña Garzón Pedro Pablo Vanegas Gil
3 El recurso extraordinario de revisión fue interpuesto por Miguel Ángel Avendaño Ascanio,
Edgar Augusto Hernández Prada, Blanca Cecilia Ortiz, Jairo Eduardo García Silva, Gladys
Alfonso Romero, Gloria Maritza Ayala Rosas, Idalid Palomino Barbosa, Yaneth Arciniegas
Suárez y Silvia Marlén Cruz Uribe
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Demandante: Angelica Forero de Anaya
Demandado: Consejo de Estado, Sala 10 Especial de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01497-01
1.2 Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
«. 2-. DEJAR SIN EFECTO el numeral primero de la parte resolutiva de la
sentencia de fecha 20 de septiembre de 2024 proferida por la SALA DIEZ
ESPECIAL DE DECISION DE LA SALA DE CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO, en el trámite del recurso
de revisión radicado con el número 11001-03-15-000- 2020-03053-00 en
cuanto declaro extemporáneo el recurso de revisión de ANGÉLICA
FORERO DE ANAYA.
3-. ORDENAR, que en el término improrrogable de 48 horas siguientes a la
notificación del fallo que conceda la tutela solicitada, el despacho judicial
aquí accionado SALA DIEZ ESPECIAL DE DECISION DE LA SALA DE
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO, en el
trámite del recurso de revisión radicado con el número 11001-03-15-000-
2020-03053-00 MODIFIQUE el numeral primero de la parte resolutiva de la
sentencia de fecha 20 de septiembre de 2024 DECLARANDO
PRESENTADO EN TIEMPO y FUNDADO EL RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISION de mi representada ANGÉLICA
FORERO DE ANAYA. »4.
1.3. Hechos
La Sala destaca los siguientes supuestos fácticos5 relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
La señora Angélica Forero de Anaya y otros6, presentaron demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra el Departamento de Santander, radicado 68001-23-31-000-2005-
03563-00/01, en la que pretendían se declarara la nulidad de unos actos
administrativos suscritos por el jefe de oficina asesora jurídica de la entidad,
mediante los cuales se negó a los demandantes la reincorporación a los
empleos desempeñados, o en su defecto, se accediera a la indemnización,
reconocimiento y pago de salarios y prestaciones en igualdad a los demás
funcionarios públicos de la Escuela de Formación Administrativa y en Salud
de Santander ( en adelante EFASS).
Este proceso, correspondió, en primera instancia, al Tribunal Administrativo
de Santander, Subsección de Descongestión, que, en sentencia del 12 de
4 Transcripción original de la acción de tutela
5 Índices 03 y 011 Aplicativo Samai
6 La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho fue interpuesta por Miguel Ángel
Avendaño Ascanio, Edgar Augusto Hernández Prada, Blanca Cecilia Ortiz, Jairo Eduardo
García Silva, Gladys Alfonso Romero, Gloria Maritza Ayala Rosas, Idalid Palomino Barbosa,
Yaneth Arciniegas Suárez y Silvia Marlén Cruz Uribe Angélica Forero Anaya y Mónica
Mantilla Plata
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febrero de 2015,7 declaró probada de oficio la excepción de ineptitud
sustantiva de la demanda y se declaró inhibido para efectuar
pronunciamiento de fondo.
Contra la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación, el cual fue decidido por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, mediante sentencia de 30 de mayo de 2019, que confirmó el
fallo de primera instancia, bajo el argumento de que no se cumplió con el
presupuesto procesal dispuesto en los artículos 137 numeral 2 y 138 del
CCA sobre la necesidad de individualizar los actos administrativos que
pretenden anularse.
Posteriormente, el 8 de julio de 2020,8 los señores Nubia María Reyes
Solano, Miguel Ángel Avendaño Ascanio, Édgar Augusto Hernández Prada,
Blanca Cecilia Ortiz, Jairo Eduardo García Silva, Gladys Alfonso Romero,
Gloria Maritza Ayala Rosas, Idalid Palomino Barbosa, Yaneth Arciniegas
Suárez y Silvia Marlén Cruz Uribe, presentaron recurso extraordinario de
revisión9 con fundamento en la causal 5 del artículo 250 del CPACA,
aduciendo que la sentencia aludida se dictó con base en unos documentos
que se allegaron como consecuencia del decreto de una prueba de oficio y
respecto de los cuales no se garantizó el derecho de contradicción y defensa
de los demandantes.
Mediante auto del 25 de febrero de 202110, la Sala Diez Especial de Decisión
del Consejo de Estado admitió el recurso extraordinario de revisión
interpuesto con relación a las personas anteriormente referidas, y
posteriormente a través de providencia del 20 de junio de 2024, notificada el
27 de junio del mismo año, el consejero ponente ordenó la notificación del
auto que admitió la demanda contentiva del recurso extraordinario de
revisión a las señoras Mónica Mantilla Plata y Angélica Forero de Anaya, al
considerar que la decisión podía afectarlas, toda vez que conformaron el
extremo activo del proceso ordinario.11
La señora Forero de Anaya le otorgó poder a la abogada Luisa Argeny
Anaya Parra para que representara sus intereses al interior de dicho trámite12
y, mediante memorial radicado el 8 de julio de 2024, solicitó al respectivo
Despacho se le reconociera como parte demandante dentro del recurso
extraordinario de revisión.
La Sala Diez Especial de Decisión del Consejo de Estado, mediante
providencia de 20 de septiembre de 2024,13 declaró fundado el recurso
extraordinario de revisión y, por consiguiente, infirmó la sentencia
cuestionada, al considerar que en la misma se dejaron de analizar
7 sentencia del 12 de febrero de 2015, notificada a las partes por edicto el 18 de febrero de
2015
8 Índice 01 Aplicativo Samai
9 Radicado 11001-03-15-000-2020-03053-00
10 Índice 06 Aplicativo Samai
11 Índices 058, 061 y 063 Aplicativo Samai
12 Índice 070 Aplicativo Samai
13 Índice 075 Aplicativo Samai
3
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argumentos incluidos en el recurso de apelación que pudieron haber incidido
en el sentido de la decisión.14
Así mismo, indicó que las señoras Mónica Mantilla Plata y Angélica Forero de
Anaya no presentaron la demanda de revisión dentro del término previsto en
el artículo 251 del CPACA; por lo tanto, se deduce que el ejercicio del medio
de control resultó extemporáneo y que la vinculación dispuesta por el auto
del 20 de junio de 2024 no las eximía del cumplimiento de dicho requisito.
Esta providencia fue notificada por correo electrónico a las partes del 21 de
octubre de 202415.
1.4. Sustento de la vulneración
La accionante manifestó que la autoridad judicial accionada, con la sentencia
cuestionada, incurrió en una clara vía de hecho judicial al configurarse el
defecto material o sustantivo, al observarse un vicio relacionado con la
interpretación y aplicación de los artículos 29, 228, 13, 25 y 53 de la
Constitución Política.
Por lo anterior, consideró que la providencia acusada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo.
Alegó que, al declararse extemporáneo el recurso extraordinario de revisión,
se evidencia la vía de hecho, toda vez que manifestó de manera expresa su
voluntad de ratificar, coadyuvar y avalar la demanda contentiva del recurso
extraordinario de revisión, con todas las pretensiones, hechos, pruebas, así
como la sustentación del mismo.
Indicó que el artículo 53 de la Constitución Política no se tuvo en cuenta y,
por tanto, debió aplicarse el principio de favorabilidad en material laboral, en
consideración a que dicho recurso de revisión se relaciona y se dirige a
infirmar una sentencia inhibitoria que le negó el restablecimiento de sus
derechos como empleada pública de la EFFAS.
Adujo que el artículo 251 del CPACA establece un término de caducidad de
un año para interponer el recurso de revisión, plazo dentro el cual confirió
mandato a su apoderada, en cuyo documento ratificó, avaló y coadyuvó la
interposición de el mismo. Con ello, alegó que se incurrió en un exceso ritual
14 «En resumen, dentro del presente proceso quedó probado que en la sentencia recurrida
se omitió estudiar los argumentos plasmados en el recurso de apelación relacionados con la
inoponibilidad de los oficios del año 2004 por la falta de prueba de su notificación para poder
derivar su eficacia frente a ellos. Por tal razón, se vulneró el principio de congruencia en su
faceta externa, en razón a que en la providencia se desconoció el deber previsto en los
artículos 320 y 328 del CGP que ordena al juez referirse a todos los reparos planteados en
el recurso.
El desconocimiento del principio aludido generó la vulneración del debido proceso de los
recurrentes, puesto que de haberse examinado en la sentencia las razones del recurso de
apelación no hubiese sido inhibitoria. En efecto, con O.J. 1617, O.J. 1642 y O.J. 1660 del 6,
7 y 10 de septiembre de 2004 no debían tenerse como oponibles a los solicitantes.».
15 Índice 080 Aplicativo Samai
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manifiesto y se transgredió el principio de prevalencia del derecho sustancial
sobre el formal.
Expuso que, dentro del trámite del recurso extraordinario de revisión, el
consejero ponente, mediante providencia del 20 de junio de 2024, ordenó
que se le notificara el auto admisorio de este mecanismo, por las
implicaciones directas que sobre sus derechos pudiera tener la decisión que
se adoptara, por ello, le fue notificada mediante correo electrónico el 27 de
junio de 2024, momento en el cual pudo ejercer su derecho de defensa y
contradicción, así como hacer valer sus derechos laborales, ratificando,
coadyuvando y avalando la demanda contentiva del recurso de revisión,
interpuesta dentro del término de ley.
1.5. Trámite
Mediante auto de 18 de marzo de 202516, se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar a la tutelante17 y a los magistrados18 que integran la Sala
Diez Especial de Decisión en calidad accionados.
Así mismo, se dispuso la notificación a la Sección Segunda, Subsección A
del Consejo de Estado19 y del Tribunal Administrativo de Santander20, al
departamento de Santander21 y a los señores Nubia María Reyes Solano,
Miguel Ángel Avendaño Ascanio, Édgar Augusto Hernández Prada, Blanca
Cecilia Ortiz, Jairo Eduardo García Silva, Gladys Alfonso Romero, Gloria
Maritza Ayala Rosas, Idalid Palomino Barbosa, Yaneth Arciniegas Suárez,
Silvia Marlén Cruz Uribe, Mónica Mantilla Plata22 como terceros con interés
en las resultas del proceso.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Consejo de Estado, Sala Diez Especial de Decisión23.
El magistrado ponente solicitó negar las pretensiones de la demanda, por
cuanto no se vulneró derecho fundamental alguno de la accionante.
16 Indice 05 Aplicativo Samai
17 Notificación a los correos electrónicos luisargeny11@hotmail.com
angelicanaya1123@gmail.com
18 Notificación a los correos electrónicos notifmgutierrez@consejodeestado.gov.co
notifpvanegas@consejodeestado.gov.co avelasquezf@consejodeestado.gov.co
vbalcarcelg@consejodeestado.gov.co mherrerat@consejodeestado.gov.co
despacho303@consejodeestado.gov.co mcorredors@consejodeestado.gov.co
notifwbarrera@consejodeestado.gov.co notifjbedoya@consejodeestado.gov.co
crodriguezf@consejodeestado.gov.co jfayadc@consejodeestado.gov.co
dmontezumac@consejodeestado.gov.co notifnpena@consejodeestado.gov.co
19 Notificación a los correos electrónicos notifjduque@consejodeestado.gov.co
despacho401@consejodeestado.gov.co notifjmoralest@consejodeestado.gov.co
dgavirias@consejodeestado.gov.co notiflmesa@consejodeestado.gov.co
ces2secr@consejodeestado.gov.co
20 Notificación a los correos electrónicos sectribadm@cendoj.ramajudicial.gov.co
sgtadminstd@notificacionesrj.gov.co sg02tadminstd@notificacionesrj.gov.co
ventanillatriadmsan@cendoj.ramajudicial.gov.co
21 Notificación a los correo electrónico notificaciones@santander.gov.co
tutelas@santander.gov.co apoyojuridicosed@santander.gov.co tutelas@santander.gov.co
22 Índice 013 Aplicativo Samai
23 Índice 010 Aplicativo Samai Notificación a los correos electrónicos claya333@Hotmail.com
5
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Expresó que no se configuró el defecto sustantivo, y explicó que la parte
actora a pesar de que afirmó que existió un vicio en la interpretación de los
artículos 1, 13, 25,29,53 y 228 de la Carta Política, omitió precisar de qué
manera la interpretación que llevó a declarar extemporáneo el recurso
extraordinario de revisión no fue razonable.
Indicó que, a pesar de que la tutelante afirmó que el hecho de haber
coadyuvado la demanda que los otros recurrentes presentaron inicialmente
implicaba que, debía considerarse interpuesta por ella en el término previsto
en el artículo 251 del CPACA, este argumento desconoce que las normas de
carácter procesal, como las que rigen el trámite del recurso extraordinario de
revisión y que fijan un término preciso para su presentación, son de orden
público, por lo que el juez no puede dejar de aplicarlas.
Manifestó que, al declararse que el recurso extraordinario de revisión
presentado por Angélica Forero de Anaya fue extemporáneo, de conformidad
con lo previsto en el artículo 251 del CPACA, se aplicó el término procesal
establecido por la norma y el cual no admitía excepciones.
Aclaró que, si bien es cierto que en el proveido del 20 de junio de 2024 se
dispuso que se le notificara a la tutelante el auto admisorio, ello no
constituyó, en su caso, una renovación de los términos de caducidad, como
al parecer lo entendió, pues no es facultad del juez ampliar los plazos fijados
en las normas procesales. El único fin de tal actuación era el de permitirle
pronunciarse sobre lo alegado dentro del proceso; empero, este derecho no
implica que, al momento de dictarse la sentencia, no pueda hacerse el
análisis respectivo, en su caso, sobre el presupuesto procesal de la
oportunidad del recurso.
Expuso que, en lo concerniente al exceso ritual manifiesto, lo señalado en la
sentencia del 20 de septiembre de 2024 fue: «[si] bien en el proceso
ordinario se presentó una acumulación subjetiva de pretensiones, de
conformidad con el artículo 145 del CCA, lo cierto es que el objeto del debate
recae en situaciones jurídicas individuales, lo que implica que los efectos de
la sentencia recurrida son particulares para cada uno de los demandantes y,
por lo tanto, cada uno debe cumplir con las cargas y presupuestos del medio
de control, a través del cual buscan invalidar una sentencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada […]».
En ese orden, era claro que, si Angélica Forero de Anaya pretendía que la
sentencia del 30 de mayo de 2019, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, en el proceso ordinario, fuera invalidada,
debió radicar el recurso extraordinario de revisión dentro del término previsto
en el artículo 251 del CPACA, porque se trataba de un derecho subjetivo que
no dependía de lo que se decidiera respecto de los otros demandantes.
1.6.2. Departamento de Santander24.
24 Índice 018 Aplicativo Samai
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El apoderado de dicha entidad solicitó que se niegue el amparo, por cuanto
consideró que se respetaron todas las garantías procesales dentro del
trámite del recurso extraordinario de revisión.
Señaló que, tal y como lo dispone el artículo 251 del CPACA, el término para
interponer el recurso extraordinario de revisión es dentro del año siguiente a
la ejecutoria de la respectiva sentencia, que en este caso fue proferida el 30
de mayo de 2019, por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho bajo
el radicado 68001-23-31-000-2005-03563-01.
Dicho fallo fue notificado mediante edicto entre el 2 y el 6 de agosto de 2019,
quedando ejecutoriado el 12 de agosto de 2019, por lo que la accionante
tenía hasta el 12 de agosto de 2020 para su interposición, y se radicó la
demanda el 8 de julio de 2020, es decir, dentro del término; sin embargo, la
accionante el 8 de julio de 2024, solicitó al respectivo Despacho se le
reconociera como parte demandante dentro del recurso extraordinario de
revisión, es decir, 4 años después de ejecutoriada la sentencia objeto de
recurso. por lo tanto, es claro que se presentó de manera extemporánea el
recurso de revisión.
Indicó que, si bien se ordenó notificar a la accionante el auto admisorio de la
demanda de revisión hasta el 20 de junio de 2024, esto no la limitaba a
presentarla en el término establecido en el artículo 251 de la Ley 1437 de
2011.
1.6.3. Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Se limitó a remitir el expediente digital con radicado 68001-23-31-000-2005-
03563-00/0125
1.6.4 Los magistrados de la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
Estado, el Tribunal Administrativo de Santander y los señores Nubia María
Reyes Solano, Miguel Ángel Avendaño Ascanio, Édgar Augusto Hernández
Prada, Blanca Cecilia Ortiz, Jairo Eduardo García Silva, Gladys Alfonso
Romero, Gloria Maritza Ayala Rosas, Idalid Palomino Barbosa, Yaneth
Arciniegas Suárez, Silvia Marlén Cruz Uribe, Mónica Mantilla Plata pese a
que fueron debidamente notificados de la existencia del presente trámite, no
rindieron informe.
1.7. Sentencia de Primera Instancia26
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante providencia
del 28 de abril de 2025, negó el amparo solicitado, bajo el argumento de que
la decisión de la autoridad accionada fue razonable y se ajustó a la
jurisprudencia en la materia.
25 Índice 011 Aplicativo Samai
26 Índice 020 Aplicativo Samai
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Expuso que la decisión cuestionada, estableció que el recurso extraordinario
de revisión presentado por las actoras fue extemporáneo, porque, tanto si se
entiende que aquellas fueron vinculadas oficiosamente por el juez
extraordinario, si se considerara que presentaron un nuevo recurso con el
propósito de adherirse al que se encontraba en trámite, en ambos casos la
decisión es idéntica: la demanda fue extemporánea.
Señaló que no resulta viable que una persona que no ejerció la acción dentro
del término proceda a hacerlo en cualquier tiempo, con la excusa de que
quienes integraron el extremo activo sí acudieron a la jurisdicción
oportunamente, máxime como en este caso donde la situación jurídica para
cada uno de los demandantes era particular y disímil.
1.8. Impugnación27
La parte actora presentó impugnación y solicitó revocar la sentencia en virtud
de carecer de un análisis claro y preciso y por el contrario se hizo un estudio
superficial de los hechos y los derechos fundamentales vulnerados
expuestos con suficiente carga argumentativa para demostrar el requisito de
relevancia constitucional.
Expuso que, en el presente caso, se trata de derechos laborales adquiridos,
que son irrenunciables y que datan del año 2005. Por lo que puede recibir los
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones en igualdad de
condiciones de sus demás compañeros de trabajo, lo cuales son adeudados
por su empleador después de 20 años (2005 a 2025), dado a la decisión
unilateral, ilegal, arbitraria y abrupta de liquidar la entidad pública para la cual
la aquí accionante laboraba como servidora pública, sin cumplir con el pago
de estas acreencias.
Igualmente, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la
señora Angelica Forero de Anaya contra la sentencia del 28 de abril de 2025
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B de
conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015
y 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión
de primera instancia del 28 de abril de 2025 proferida por el Consejo de
27 Índice 026 Aplicativo Samai
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Estado, Sección Tercera, Subsección B, para lo cual se deberá resolver el
siguiente interrogante:
¿La Sala Diez Especial de Decisión del Consejo de Estado, vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo de
la señora Angelica Forero de Anaya con ocasión a la sentencia del 20
de septiembre de 2024, mediante la cual se declaró extemporáneo el
recurso extraordinario de revisión interpuesto por la accionante en el
proceso con radicado 11001-03-15000-2020-03053-00?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos generales de procedibilidad, el de
relevancia constitucional, y iii) el caso concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de
201228, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto
las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas
diversas sobre el tema29.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección,
decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte
resolutiva de la sentencia, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales30. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué
parámetros se haría ese estudio, pues la sentencia de unificación
simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 31,
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200532, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la
protección de derechos fundamentales, como lo dispone el artículo 86
Constitucional, y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede
ser ajeno a esas características.
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P.
María Elizabeth García González, Sentencia 31.07.12, Rad. 2009-01328-01.
29 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñada.
30 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta
providencia».
31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta M. P.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Sentencia 05.08.14, Rad.11001-03-15-000-2012-02201-01.
32 Corte Constitucional, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01497-01
Sobre el tema, la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia33 a
unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de
tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho
de amparo – procedencia sustantiva – y cuáles impiden efectivamente
adentrarnos en el fondo del asunto – procedencia adjetiva -.
Esta Sección ha determinado que, en primer lugar, se debe verificar que la
solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad
adjetiva, esto es: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate
de tutela contra tutela; iii) subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los
recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado; e iv)
inmediatez. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se
analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado,
se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del
juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la
referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Relevancia constitucional
Para el caso en concreto, la Sala anticipa que revocará la decisión de
primera instancia que negó las pretensiones, para en su lugar declarar la
improcedencia de la presente acción de tutela por carecer de relevancia
constitucional, puesto que no cumple con las reglas establecidas por la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202234.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un
mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene
33 Entre otras sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
34 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel
Cabo.
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“vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada”. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una
providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más
restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano
de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica,
sino que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de
las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la
materialización del principio de igualdad”.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y
no una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar
este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones
probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el
juez natural. Lo anterior como un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema
jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos
que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la
preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida
para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia
adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal35 (Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un
asunto reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire
en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y
no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico36; es decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e
“indiscutible” relevancia constitucional37.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente
legal y/o económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela
contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni
puede reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez
de tutela se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la
35 Sentencia SU-573 de 2019.
36 Sentencia SU-103 de 2022.
37 Sentencia SU-103 de 2022.
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protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas de
carácter legal38”. En este orden, se reitera que el examen de relevancia
constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera
“inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales39”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave
un derecho fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela
dirigida contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto40, lo que
implica verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial
claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la
tutela contra providencias judiciales no debe representar una instancia
adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir
controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal41.
(Resaltado de la Sala)
2.5. Caso concreto
Como se indicó de manera precedente, la parte actora considera que, la
autoridad judicial accionada mediante el fallo del 20 de noviembre de 2024, a
través del cual se declaró extemporáneo el recurso extraordinario de revisión
interpuesto con relación a la señora Angélica Forero de Anaya, se incurrió en
un defecto sustantivo.
Lo anterior, al considerar que el Consejo de Estado Sala 10 Especial de
Decisión, interpretó y aplicó erróneamente los preceptos constitucionales
establecidos en los artículos 13, 25, 29, 53 y 228, referidos a los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo.
Explicó que sólo se enteró del trámite del recurso extraordinario de revisión
cuando fue notificada y se dispuso su vinculación el 27 de junio de 2024,
momento en el que pudo ejercer su derecho de defensa y contradicción y
manifestó su voluntad de ratificar, coadyuvar y avalar la demanda presentada
el 8 de julio de 2020, motivo por el cual, no podía operar la caducidad del
mismo.
De lo anterior, se advierte que lo debatido por la tutelante es una simple
inconformidad con la decisión adoptada por el Consejo de Estado, Sala Diez
de Decisión al declarar extemporáneo el recurso extraordinario de revisión,
controversia que se limita a un debate legal, toda vez que los argumentos
expuestos no cuentan con la trascendencia suficiente para aplicar, interpretar
o desarrollar un mandato constitucional, ya que según el criterio de la
tutelante, la autoridad judicial accionada realizó una interpretación y
aplicación errónea de las normas aplicables al recurso mencionado.
38 Sentencia SU-103 de 2022.
39 Sentencia SU-128 de 2021.
40 Sentencia SU-573 de 2019.
41 Ib.
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En este orden, se hace necesario precisar que el juez natural de la causa se
enfrenta a múltiples probabilidades hermenéuticas en su labor de
interpretación y aplicación de normas a un caso en específico,42 y no le
corresponde al juez constitucional determinar cuál de ellas es la «correcta»,
puesto que, como se indicó, ello vulneraría la independencia y autonomía
con la que cuenta el funcionario que conoce de este trámite extraordinario.
Así las cosas, para el caso concreto, no es evidente la tensión entre
derechos fundamentales invocados como vulnerados por la accionante en
contraste con lo decidido por la autoridad acusada, que amerite la
intervención del juez constitucional, en tanto que, la acción de tutela no se
encuentra instituida para resolver asuntos de tal naturaleza legal.
Entrar a estudiar la providencia cuestionada, sin sustentarse, ni demostrarse
la transgresión de derechos fundamentales, resulta contraria a la naturaleza
del juez constitucional quien está llamado a proteger aquellas garantías
fundamentales vulneradas y a proferir decisiones encaminadas a restablecer
las mismas.
La Corte Constitucional ya ha decantado que este mecanismo constitucional
no es una vía alterna, ni un mecanismo para rectificar decisiones judiciales
en firme, ni para desautorizar interpretaciones jurídicas que se hacen dentro
del marco de la autonomía y de la independencia propia de los jueces, ni el
instrumento para atacar o impugnar las decisiones judiciales que tienen
fuerza ejecutoria43.
Así las cosas, la solicitud de amparo presentada por la señora Angelica
Forero de Anaya no cumple con el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en la medida que, si bien la actora enuncia la
transgresión de derechos fundamentales, sus argumentos pretenden es
reabrir la discusión legal, que ya fue objeto de decisión por el juez natural de
la causa, y no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento
adicional, toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e
independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional,
convirtiéndolo en una instancia adicional.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala revocará la sentencia de primera
instancia proferida el 28 de abril de 2025 por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, que negó el amparo constitucional, para, en su lugar,
declarar la improcedencia por las razones aquí expuestas.
42 Ver al respecto: Corte Constitucional sentencia T-192 de 2015.
43 Sentencia SU134 veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022). Magistrado sustanciador: JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 28 de abril de 2025 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que negó el amparo
solicitado. En su lugar, DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción
constitucional por no supera el requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Ausente con permiso
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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