Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01498-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01498-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01498-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
10 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000-2025-01498-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: LUZ ELVIA CHAVES CÓRDOBA.
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
CARECER DEL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.
ASUNTO MERAMENTE ECONÓMICO. SANCIÓN MORATORIA PAGO TARDÍO DE
CESANTÍAS.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora
contra el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE MOCOA1 y la SALA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO2.
1
En adelante el Juzgado.
2
En adelante el Tribunal.
2
Número único de radicación: 110010315000-2025-01498-00
Actora: LUZ ELVIA CHAVES CÓRDOBA
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
La señora LUZ ELVIA CHAVES CÓRDOBA, actuando a través de
apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, los cuales estima vulnerados por el
JUZGADO y el TRIBUNAL al haber proferido las providencias de 5
de julio de 2024 y 30 de enero de 2025, respectivamente, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 2022-00265-01.
I.2.- Hechos
Indicó que labora como auxiliar administrativo código 407, grado 6
en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD SANTIAGO3 del
MUNICIPIO DE SANTIAGO, PUTUMAYO desde el 1o. de enero de
1973.
3
En adelante la Institución.
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Número único de radicación: 110010315000-2025-01498-00
Actora: LUZ ELVIA CHAVES CÓRDOBA
Señaló que, mediante petición identificada con el radicado núm.
2016PQR10795 de 25 de mayo de 2016, solicitó al DEPARTAMENTO
DEL PUTUMAYO el reconocimiento y pago de una cesantía parcial
con destino a construcción de vivienda.
Advirtió que la Secretaría de Educación del DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO mediante Resolución núm. 749 de 19 de febrero de
2019, ordenó el pago de cesantía parcial para construcción de
vivienda, en una cuantía de $ 37.575.121, este acto administrativo
se notificó el 26 de febrero de 2016, pero el pago efectivo se realizó
el 24 de mayo de 2019, superando el plazo previsto en Ley 1071 de
20064.
Manifestó que el 16 de febrero de 2022, solicitó el pago de la sanción
moratoria por pago tardío de las cesantías parciales, petición que fue
resuelta de manera desfavorable por la entidad territorial mediante
oficio núm. PUT2022EE009779 de 13 de abril de 2022.
4
“Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías
definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su
cancelación”.
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Actora: LUZ ELVIA CHAVES CÓRDOBA
Aseguró que contra la anterior decisión el 21 de abril de 2022
interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, los cuales
fueron resueltos de forma desfavorable.
Relató que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, con el fin de
que se ordenara el reconocimiento y pago de la sanción moratoria
por el no pago oportuno de las cesantías parciales.
Señaló que al mencionado proceso le fue asignado el número único
de radicación 86001-33-31-001-2022-00265-00 y le correspondió en
primera instancia al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE MOCOA5 que, mediante sentencia de 5 de julio de
2024, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda,
condenando al DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria equivalente a 985
días de mora causados desde el 8 de septiembre de 2016 hasta el 23
de mayo de 2019.
5
En adelante el Juzgado.
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Adujo que, inconforme con la anterior decisión, el DEPARTAMENTO
DEL PUTUMAYO interpuso recurso de apelación, el cual fue
desatado por el TRIBUNAL que, mediante providencia de 30 de
enero de 2025, revocó la decisión del a quo y, en su lugar, denegó
las pretensiones de la demanda.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Manifestó que la decisión judicial cuestionada incurrió en el
desconocimiento del precedente establecido en la sentencia de
unificación de 18 de julio de 20186 proferida por esta Corporación, la
cual, a su juicio, le es aplicable ya que tiene la categoría de empleada
pública y es beneficiaria del régimen de cesantías retroactivas.
Aseguró que la decisión proferida por el TRIBUNAL aplicó una
sentencia que resuelve el tema de la sanción moratoria por la no
consignación de las cesantías en fondo privado en virtud de la Ley 50
de 19907, la cual no es aplicable en su caso particular.
Resaltó que la decisión del TRIBUNAL incurrió en el defecto
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
de 18 de julio de 2018, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, número único de radicación 73001-23-33-000-
2014-00580-01(4961-15) CE-SUJ2-01218.
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“Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.”
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material o sustantivo, por cuanto no se fundamentó en una norma
que disponga el pago de la sanción moratoria a los empleados
cobijados por el régimen de cesantías retroactivas.
Igualmente, señaló que la sentencia cuestionada: “[…] desconoce
deliberadamente la aplicación de las Leyes 244 de 1995 y 1071 de
2006 y se fundamenta en normas que nada tienen que ver con el
asunto como el artículo 99 de la Ley 50 de 1993 y una sentencia
apócrifa del Consejo de Estado, para revocar la sentencia del A quo,
tal como se explica en el literal a de los Requisitos Generales de
Procedencia de Tutela como lo es que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional […]”.
I.4.- Pretensiones
La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] PRIMERA.- Que se tutele el derecho constitucional
fundamental al debido proceso y al respeto del precedente
judicial, vulnerados por el Tribunal Administrativo del Putumayo
con ocasión de la expedición del fallo de segunda instancia del
30 de enero de 2025, dentro del Proceso No.
86001333300120220026501, por el cual revoca la sentencia del
5 de julio de 2024, proferida por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Mocoa.
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SEGUNDA.- Como consecuencia de lo anterior, solicito que se
decrete la inaplicación de la Sentencia del Tribunal
Contencioso Administrativo del Putumayo, dentro del
Proceso No. 86001333300120220026501, fechada el 30 de
enero de 2024 (Sic) (entiéndase 2025), por el cual revoca la
sentencia del 5 de julio de 2024, proferida por el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Mocoa y que quede en
firme la Sentencia de primera instancia.
TERCERA.- Los demás pronunciamientos que el Despacho haga
sobre derechos vulnerados que considere pertinentes […]”.
(Negrilla pertenece al texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL realizó un recuento de las actuaciones
adelantadas durante el trámite de segunda instancia y advirtió que
la actora no es beneficiaria del régimen retroactivo de cesantías, por
lo que no le asistía derecho al reconocimiento de la prestación
económica reclamada.
Igualmente, señaló que la solicitud de amparo es improcedente, por
cuanto en la decisión cuestionada no se configura ninguna de las
causales genéricas de procedencia de la acción constitucional.
I.5.2.- El JUZGADO se limitó a remitir el expediente digital del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de
análisis, sin realizar pronunciamiento alguno frente al fondo del
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asunto.
I.5.3.- El DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO vinculado en calidad
de tercero con interés directo en las resultas del proceso, señaló que
carece de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no es la
entidad responsable de las conductas endilgadas.
Aseguró que la entidad departamental no tiene relación alguna con
los presuntos hechos generadores de la vulneración de los derechos
fundamentales.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
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Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que el DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO solicitó
su desvinculación en la presente acción de tutela, por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
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dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).
Ahora bien, comoquiera que el DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
fue vinculado en calidad demandado dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 2022-00265-00, objeto de cuestionamiento, le
asiste interés directo en las resultas del proceso constitucional de la
referencia, razón por la cual la Sala denegará su solicitud de
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como
en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
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La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
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claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
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c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se
dejen sin efecto las providencias de 5 de julio de 2024 y 30 de
enero de 2025 proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL,
respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2022-00265-00.
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A las citadas providencias la actora les atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.
Los disensos de la actora radican en que la decisión judicial
cuestionada incurrió en el desconocimiento del precedente
establecido en la sentencia de unificación 18 de julio de 2018
proferida por esta Corporación, la cual, a su juicio, le es aplicable ya
que tiene la categoría de empleada pública y es beneficiaria del
régimen de cesantías retroactivas.
Aseguró que la decisión proferida por el TRIBUNAL aplicó una
sentencia que resuelve el tema de la sanción moratoria por la no
consignación de las cesantías en fondo privado en virtud de la Ley 50
de 1990, la cual no es aplicable en su caso particular.
Resaltó que la decisión del TRIBUNAL incurrió en el defecto
material o sustantivo, por cuanto no se fundamentó en una norma
que disponga el pago de la sanción moratoria a los empleados
cobijados por el régimen de cesantías retroactivas.
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Es del caso advertir que si bien en la acción de tutela se solicita dejar
sin efectos tanto la providencia de 5 de julio de 2024 proferida por
el JUZGADO, como la dictada el 30 de enero de 2025 por el
TRIBUNAL, la Sala realizará únicamente el análisis de la presunta
vulneración de los derechos fundamentales invocados frente a la
sentencia de segunda instancia proferida por el ad quem, máxime
si ésta fue la que dio por terminado el proceso.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)
establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados e incurrió en los defectos alegados.
De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,
la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la
relevancia constitucional.
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La Sala advierte que la finalidad de la actora con la solicitud de
amparo de la referencia es que se reconozca la sanción moratoria
solicitada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el número único de radicación 86001-
33-31-001-2022-00265-00.
En este punto, la Sala resalta que sobre el incumplimiento del
requisito de la relevancia constitucional en los asuntos en que se
discuten providencias judiciales en las que se resolvió sobre la
procedencia de la sanción moratoria por no consignación
oportuna de las cesantías, la Corte Constitucional en la sentencia
SU-573 de 27 de noviembre de 20198, sostuvo lo siguiente:
“[…] 51. Teniendo en cuenta lo dicho, y en consideración a la
especial carga interpretativa que debe asumir el juez de tutela
cuando valora la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de Altas Cortes, para la Sala es claro
que en esta oportunidad el asunto sub examine carece de
relevancia constitucional. Los accionantes consideran que, con
las sentencias proferidas en el marco de los procesos de nulidad
y restablecimiento del derecho, la autoridad judicial vulneró
sus derechos fundamentales, por cuanto les fue negada
la pretensión de reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por no consignación oportuna de las
cesantías, prevista por el numeral 3º del artículo 99 de la Ley
50 de 1990 y la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto
1582 de 1998. En esa medida, adujeron que las providencias
impugnadas incurrieron en los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente, dado que la accionada no
8
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019. Referencia: Expedientes T-
7.457.373, T-7.457.923 y T-7.466.562. M.P. Carlos Bernal Pulido
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Actora: LUZ ELVIA CHAVES CÓRDOBA
interpretó las normas legales “con un enfoque constitucional” y
desconoció los pronunciamientos de la Corte Constitucional y
Consejo de Estado, según los cuales tenían derecho al pago de
la penalidad reclamada.
52. Sin embargo, las supuestas irregularidades advertidas por
los actores no cumplen con esta exigencia jurisprudencial,
debido a que la controversia planteada: (i) versa sobre un
asunto meramente legal, con una connotación
patrimonial privada, (ii) que no tiene relación directa
con la presunta afectación de un derecho fundamental,
y (iii) busca reabrir el debate concluido por el juez
ordinario, por cuanto no se advierte prima facie una
actuación arbitraria o ilegítima de la autoridad judicial.
[…]
55. De otro lado, la sanción moratoria por no consignación
oportuna de las cesantías no es un derecho fundamental
ni está ligada a la satisfacción de una garantía de
naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta
Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de las
cesantías, como una prestación patronal de rango legal cuya
finalidad es “auxiliar a la persona que se queda temporalmente
sin trabajo”. Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado
sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se
advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del
derecho al mínimo vital y a la seguridad social del
trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional
que no corresponda a la finalidad misma de las
cesantías, sino a una penalidad para el empleador que
no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los
términos solicitados, es un reconocimiento de fuente
legal con carácter netamente patrimonial, que no
amerita la intervención del juez de tutela […]”.
De lo anterior se desprende que los argumentos relacionados con la
procedencia de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las
cesantías no pueden acreditar vulneración de derecho fundamental
alguno, sino que corresponden a inconformidades de mera legalidad,
que versan sobre un reconocimiento patrimonial que no amerita la
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intervención del juez de tutela.
Dicha posición fue reiterada por esta Sala que, mediante sentencia
de 15 de julio de 20219, declaró la improcedencia de la acción de
tutela por no cumplir con el requisito general de la relevancia
constitucional, en un asunto en el que se pretendía dejar sin efectos
unas providencias judiciales que denegaron el reconocimiento de una
sanción moratoria por el no pago oportuno de unas cesantías.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional 10, de manera
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso identificado con
el núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-01425-01. Actora: BOLIVIA MERCEDES PACHECO
GONZÁLEZ. M.P. Oswaldo Giraldo López
10
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
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tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».11
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación12, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [13]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [14].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
11
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[13] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[14] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
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acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [15].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [16].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
[15] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[16] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [17]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [18].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [19]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
[17] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[18] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[19] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]” (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de
tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal […]” (Destacado fuera de
texto).
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó
que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el
requisito de relevancia constitucional debía analizarse:
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“[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir
las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la
independencia del juez ordinario.
Precisado lo anterior, la Sala constata que lo planteado en la presente
acción de tutela no se refiere a un asunto de relevancia
constitucional, -en los términos señalados en la jurisprudencia
constitucional aquí analizada-, que haga imperiosa la intervención del
juez de tutela, con miras a examinar la posible vulneración de los
derechos fundamentales invocados por la actora.
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En las condiciones anotadas y en la medida en que en el presente
asunto no se invocó, ni acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable, que permita de manera excepcional proceder al análisis
de la acción constitucional, la Sala concluye que tales
inconformidades carecen del requisito general de la relevancia
constitucional.
Cabe señalar que, esta Sección20, al igual que las Secciones Tercera,
Cuarta y Quinta de esta Corporación21, ha venido reiterando, de
manera pacífica, que los conflictos en materia de tutela relacionados
con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria están asociados
a controversias de índole meramente legal y económica, por lo que
no cumplen con el citado requisito general de procedibilidad.
En consecuencia, se declarará improcedente la solicitud de amparo
presentada por la actora, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
20
Ver, entre otras, las siguientes decisiones: de 15 de julio de 2021 expediente número 11001-03-15-
000-2021-01425-01; de 5 de agosto de 2021 expediente número 11001-03-15-000-2021-02676-01;
de 7 de abril de 2022 expediente número 11001-03-15-000-2022-01593-00.
21
Ver, entre otras, las siguientes decisiones: de 17 de marzo de 2022 expediente número 11001-03-
15-000-2022-01048-00; de 5 de agosto de 2021 expediente número 11001-03-15-000-2021-01482-
01; de 8 de julio de 2021 expediente número 11001-03-15-2021-02351-00; de 20 de mayo de 2021
expediente número 11001-03-15-000-2021-01836-00.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por el
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia por falta del requisito general de
relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de abril de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Ausente con permiso
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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