Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01527-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-01527-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01527-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-01527-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
5 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01527-00
Accionante: ASTRID MARITZA CADENA CASTRO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA / MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA – el hecho de
sobrepasar los términos legales, per se, no configura mora judicial, ya que se deben analizar
las circunstancias particulares de cada caso.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por la señora Astrid Maritza Cadena Castro, de conformidad con lo consagrado en
el Decreto 333 del 20211.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 17 de marzo de 2025 la señora Astrid Maritza Cadena Castro, en nombre
propio, presentó acción de tutela en contra de la Subsección B – Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el fin de obtener la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.
Hechos relevantes
2. El 10 de octubre de 2010, el señor Jaime Edilberto Cadena Díaz presentó
problemas urinarios y dado que vivía en el Municipio de Pandi (Cundinamarca), fue
llevado al respectivo centro de salud. No obstante, en horas de la noche fue remitido
al Hospital San Antonio de Arbeláez, en donde le fue diagnosticado “pielonefritis
aguda y síndrome anémico”, por lo que se ordenó su remisión a medicina interna
del Hospital de Girardot ESE.
3. Luego de ingresar a la IPS CAPRECOM, Nuevo Hospital de Girardot, le
realizaron los respectivos exámenes o valoraciones y el 14 de octubre de 2010 le
determinaron que se debía remitir al Hospital de la Samaritana en la ciudad de
1
Que ingresó para fallo el 4 de abril de 2025.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01527-00
Accionante: Astrid Maritza Cadena Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
Bogotá. Por lo anterior, una vez fue trasladado en ambulancia, en el camino se le
informó que por la valoración “cirugía vascular periférica” el paciente debía ingresar
al Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca ubicado en el Municipio de
Soacha.
4. Una vez ingresado a ese Hospital, el 16 de octubre de 2010 se dejó una
constancia en la historia clínica del señor Cadena Díaz en el que se indicaba que
no podían prestar el servicio de TAC, ecografía, ni se contaba con el servicio
vascular periférico, porque se encontraban daños en los equipos y hasta el jueves
siguiente se podían arreglar.
5. El 16 de octubre de 2010 el señor Jaime Edilberto Cadena Díaz falleció.
6. Posteriormente, las señoras Astrid Castro Topa, Myriam Cadena Díaz, Yudy
Cadena de López, Andrea Catherine Cadena Castro, Astrid Maritza Cadena Castro
en nombre propio y en representación de su hijo Christian Camilo Cortés Cadena y
Jaime Gustavo Cadena Castro presentaron demanda de reparación directa en
contra del Hospital de Girardot ESE, Caja de Previsión Social de Comunicaciones –
CAPRECOM (Hoy Patrimonio Autónomo de Remanentes Caprecom Liquidado,
administrado por la Fiduprevisora S.A), Procardio Servicios Médicos Integrales
LTDA, Analistas de Mercados S.A., Medimex S.A., y EPS Convida (integrantes de
la Unión Temporal Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca), Caja
Colombiana de Subsidio Familiar – Colsubsidio EPS y el Departamento de
Cundinamarca – Secretaría de Salud como demandados y Procardio Servicios
Médicos Integrales LTDA, Analistas de Mercados S.A, Medimex S.A. y EPS Convida
como llamados en garantía, con el fin de declarar la responsabilidad de falla en el
servicio médico por la mala atención que recibió el señor Cadena Díaz y que produjo
su muerte.
7. La demanda fue conocida por el Juzgado Treinta y Dos Administrativo del Circuito
de Bogotá quien a través de sentencia del 25 de junio de 2020 i) declaró no
probadas las excepciones planteados por los demandados; ii) declaró no próspera
la tacha planteada contra el testigo Juan Carlos Ureta Chaparro y iii) declaró a los
demandados como responsables de los perjuicios causados a los demandantes
como consecuencia del daño consistente en la pérdida de oportunidad para Jaime
Edilberto Cadena Díaz y en consecuencia se condenaron a pagar a los
demandantes por concepto de perjuicios morales.
8. Inconforme con la decisión, Procardio Servicios Médicos Integrales LTDA y EPS
Convida presentaron recurso de apelación, el cual fue conocido por la Subsección
B – Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca quien a través de
sentencia del 6 de mayo de 2022 modificó la sentencia de primera instancia en el
numeral tercero y cuarto en cuanto a declarar la responsabilidad civil y patrimonial
de los demandados y condenó al Hospital de Girardot (hoy Patrimonio Autónomo
de Remanentes CAPRECOM- liquidado, administrado por FIDUPREVISORA S.A)
y la Unión Temporal Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca (integrado
por San Procardio Servicios Médicos Integrales LTDA, Analista de Mercados S.A,
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01527-00
Accionante: Astrid Maritza Cadena Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
MEDIMAX S.A y E.P.S CONVIDA) para que reconocieran en favor de los
demandantes los daños morales causados.
9. El 29 de agosto de 2022, la apoderada de la parte demandante, solicitó a la
Secretaría del Tribunal accionado la notificación de la sentencia y el 15 de
noviembre de 2023, se notificó de un auto admisorio de tutela2 presentado por la
parte demandante en contra del Tribunal.
10. Con ocasión de la solicitud de amparo, mediante auto del 24 de noviembre
de 2023, se profirió un auto de corrección de sentencia por parte del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B, decisión que
fue notificada el 5 de diciembre de 2023.
11. El 29 de mayo de 2024, la parte demandante solicitó una corrección de
sentencia, con ocasión de los nombres de los demandados.
Pretensiones
12. La parte accionante solicitó lo siguiente:
“1. Que se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, que proceda a corregir las sentencias proferidas el 6 de
mayo de 2022 y la sentencia modificatoria del 24 de noviembre de 2023.
2. Ordenar compulsar copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Bogotá para que se investigue la morosidad de los empleados y funcionarios.”
Fundamentos de la demanda de tutela
13. La parte accionante indicó que, el 29 de mayo de 2024 se presentó un memorial
solicitando la corrección de las sentencias proferidas el 6 de mayo de 2022 y 24 de
noviembre de 2023, debido a que ninguno de los nombres de los demandados
condenados correspondía con su verdadera razón social, lo que ha generado que
la sentencia sea “incobrable”.
14. Además expuso que, el Tribunal accionado no realizó la verificación pertinente
de los datos de los demandados y no se incluyó el NIT para la ejecución de la
sentencia.
15. De otro lado, mencionó que el 15 de enero de 2025, reiteró la solicitud de
corrección de las sentencias. A su vez, expuso que a la fecha han pasado más de
8 meses desde la presentación del memorial del 29 de mayo de 2024, y no se ha
realizado ninguna corrección e incluso, la Secretaría no ha ingresado el expediente
al despacho, motivo por el cual se ha vulnerado su derecho fundamental al debido
proceso y acceso a la administración de justicia.
2
La acción de tutela cuyo proceso corresponde a 11001-03-15-000-2023-06492-00.
3
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01527-00
Accionante: Astrid Maritza Cadena Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
Trámite en primera instancia
16. A través de auto del 20 de marzo de 2025, el despacho sustanciador admitió la
tutela de la referencia; ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Tercera – Subsección B como accionado y al Juzgado Treinta y Dos
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, a Empresa Social del Estado Hospital
de Girardot, a CAPRECOM administrado por Fiduprevisora S.A., a la sociedad
Procardio Servicios Médicos Integrales Ltda., a MEDIMEX S.A., a la sociedad
Analistas de Mercados S.A, a la E.P.S. CONVIDA, a quienes conforman la Unión
Temporal Hospital Cardioinfantil de Cundinamarca, a la Caja Colombiana de
Subsidio Familia – Colsubsidio, a la Secretaría de Salud del Departamento de
Cundinamarca y a los demás intervinientes dentro del proceso de reparación directa
con radicado núm. 11001-33-36-032-2013-00017-00/01/02. Además vinculó a los
señores Jaime Gustavo Cadena Castro, Astrid Castro Topa, Christian Camilo Cortés
Castro, Andrea Catherine Cadena Castro, Myriam Cadena Díaz y Yudy Cadena de
López como terceros con interés y comisionó al Juzgado Treinta y Dos
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá para que notificara a dichos sujetos
procesales, por lo que libró el oficio correspondiente y le dio un plazo máximo para
que remitiera prueba documental que acreditara el cumplimiento de este punto y
también le solicitó el calidad de préstamo y en medio digital el proceso de reparación
directa con radicado núm. 11001-33-36-032-2013-00017-00/01/02.
Intervenciones
17. El Departamento de Cundinamarca solicitó la desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva dado que lo solicitado por el accionante no va
dirigido contra este y quien se encuentra en la obligación constitucional y legal de
garantizar el derecho al debido proceso como vulnerado son las autoridades
judiciales que conocieron de la reparación directa.
18. La Fiduprevisora S.A sostuvo que actúa única y exclusivamente como
administrador y vocero del P.A.R Caprecom liquidado, por lo anterior ni el
fideicomiso ni la Fiduprevisora S.A. en su condición de vocera, son continuadores
del proceso liquidatario de CAPRECOM EICE Liquidado ni mucho menos sucesores
procesales o subrogatorios de la extinta entidad.
De otro lado, expuso que se presenta una inexistencia de un nexo de causalidad
entre PAR CAPRECOM y la presunta violación de derechos fundamentales
invocados por la señora Astrid Maritza Cadena Castro puesto que no es la entidad
competente para pronunciarse de fondo en la presente acción y por tanto se debe
declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva.
19. El Convida en liquidación explicó que esa entidad se encuentra disuelta desde
el 15 de septiembre de 2022, por tanto, no ejerce su objeto social y sus actos están
encaminados a la terminación de la persona jurídica de la EPS CONVIDA en
Liquidación.
4
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01527-00
Accionante: Astrid Maritza Cadena Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
Puso de presente que, no es la llamada a garantizar los derechos que el accionante
considera como vulnerados, dado que la finalidad de la acción constitucional es la
de obtener una modificación en la sentencia judicial por tanto, se presenta una falta
de legitimación en la causa por pasiva.
20. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección B3 y el Juzgado Treinta y Dos Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá4 remitieron el link del expediente.
21. La Caja Colombiana de Subsidio Familia – Colsubsidio5, Caprecom6,
Empresa Social del Estado Hospital de Girardot7, la Secretaría de Salud del
Departamento de Cundinamarca8 y la Sociedad Procardio Servicios Médicos
Integrales LTDA, Medimex S.A., Sociedad Analista de Mercados9 no
intervinieron pese a estar debidamente notificados.
22. Ahora bien, el 25 de marzo de 2025, luego de que la Secretaría General de esta
Corporación remitiera un oficio a la parte accionante solicitando la dirección de
notificación electrónica y/o física de la Sociedad Procardio Servicios Médicos
Integrales Ltda., Medimex S.A., la Sociedad Analistas de Mercados S.A, y a quienes
conforman la Unión Temporal Hospital Cardioinfantil de Cundinamarca, los cuales
se encuentran vinculados al proceso de la referencia en calidad de terceros con
interés y un oficio dirigido al Juzgado Treinta y Dos Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá para que notificara a los señores Jaime Gustavo Cadena Castro,
Astrid Castro Topa, Christian Camilo Cortés Castro, Andrea Catherine Cadena
Castro, Myriam Cadena Díaz y Yudy Cadena de López por tener un posible interés
como terceros. También le fue remitido dicho oficio al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca quien mediante correo electrónico del 25 de marzo de 2025 informó
que la notificación del correo en fila se redireccionó a la Secretaría de la Sección
Tercera de esa Corporación, por estar la acción de tutela relacionada con el
expediente tramitado en la misma. Asimismo, el 28 de marzo de 2025, el Juzgado
3
Envió copia del expediente digitalizado.
4
El link es el siguiente:
https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/jadmin32bta_notificacionesrj_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%
2Fpersonal%2Fjadmin32bta%5Fnotificacionesrj%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FARCHIVO%2F
11001333603220130001700&ga=1&LOF=1
5
Se notificó el 21 de marzo de 2025 a los correos electrónicos servicioalcliente@colsubsidio.com,
sergio.bernal@colsubsidio.com, nini.sotope@colsubsidio.com y ccfcolsubsidio@ssf.gov.co. Ver
índice 9 de samai.
6
Si bien es administrado por la Fiduprevisora misma entidad que contestó la solicitud de amparo, se
advierte que el 21 de marzo de 2025, se notificó a los correos electrónicos
notificacionesjudiciales@parcaprecom.com.co, notjudicial@fiduprevisora.com.co,
procesojudiciales@parcaprecom.com.co. Ver índice 9 de samai.
7
Se notificó el 21 de marzo de 2025 a los correos
electrónicos notificacionjudicial@esehospitaldegirardot.gov.co y
admin@esehospitaldegirardot.gov.co. Ver índice 9 de samai.
8
Se notificó el 21 de marzo de 2025 a los correos electrónicos notificaciones@cundinamarca.gov.co
y tutelas@cundinamarca.gov.co. Ver índice 9 de samai.
9
Se notificó el 28 de marzo de 2025 a los correos electrónicos juridica@procardiohcc.com y
christian.chirivi@gmail.com. Ver índice 21 de Samai
5
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01527-00
Accionante: Astrid Maritza Cadena Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
accionado informó que había dado cumplimiento de la comisión ordenada mediante
auto admisorio del 20 de marzo de 2025, por lo que procedió a notificar a las
personas vinculadas al trámite de tutela a través de la apoderada que representa
sus intereses en el proceso ordinario dado que los demandante no habían allegado
ningún correo electrónico10.
23. Luego de que el expediente subiera al despacho para fallo, el 21 de abril de
202511 la accionante remitió los correos electrónicos de los terceros con interés.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
24. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
es un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades o de los
particulares en los casos que señale la ley.
25. Respecto de la mora judicial, la Corte Constitucional, en sentencia T-052 de
2018, precisó:
“La mora judicial es un fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide
el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia, y que se
presenta como resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan
la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de
los procesos.
(…)
Dentro del deber de garantizar el goce efectivo del derecho [de acceso a la
administración de justicia], se encuentra incluida la solución célere de los asuntos
adelantados ante funcionarios judiciales, por ello, esta Corte ha determinado la
prohibición de dilaciones injustificadas en la administración de justicia y la
procedencia de la acción de tutela frente a la protección del adecuado acceso a la
administración de justicia en casos donde exista mora judicial.
Al respecto, en Sentencia T-230 de 2013, reiterada en la T-186 de 2017, entre otras,
la Sala Tercera de Revisión expuso las circunstancias en las cuales se configura la
mora judicial injustificada: ‘(i) se presenta un incumplimiento de los términos
señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo
razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen
de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las
funciones por parte de una autoridad judicial’12.
(…)
10
Ver índice 23 de samai.
11
Ver índice 27 de Samai.
12
Original de la cita: “Concepto desarrollado por Sentencias T-292 de 1999 y T-220 de 2007, citado
en la Sentencia T-230 de 2013”.
6
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01527-00
Accionante: Astrid Maritza Cadena Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
En el mismo fallo, se enunciaron las circunstancias en las que se encuentra
justificado el incumplimiento de los términos judiciales señalados por la
jurisprudencia constitucional, resumidos de la siguiente manera: ‘(i) cuando es
producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la
diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente
existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un
exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la
controversia en el plazo previsto en la ley’”13.
26. En línea con lo anterior, se ha considerado que el juez de tutela, en cada caso,
debe analizar si la conducta de los funcionarios o corporación judicial es injustificada
y negligente, pues no toda dilación en emitir un pronunciamiento es constitutiva de
mora judicial y tampoco conllevaría, per se, a una afectación a los derechos
fundamentales de los asociados14.
27. Esto, teniendo en cuenta que existen situaciones que podrían justificar el
retardo, como sería la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, el
volumen de trabajo o los estándares de funcionamiento que no están referidos a los
términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del
tipo por el que se demanda la mora15.
28. Sumado a lo anterior, la Corte Constitucional también ha precisado que para el
análisis de la mora judicial se debe adelantar teniendo en cuenta i) la complejidad
del asunto; ii) la conducta procesal de las partes; iii) la valoración global del
procedimiento y iv) los intereses que se debaten en el trámite. A saber:
4.18. Asimismo, manifestó que la mora judicial injustificada se ha construido a
partir de la valoración sobre el cumplimiento de los deberes a cargo del
funcionario judicial, “exigiendo para su configuración una actuación negligente
o actitud omisiva de éste frente a sus obligaciones, por lo tanto, en los casos de
procedencia del amparo se dispone, usual y paralelamente a la protección
constitucional, la remisión de las actuaciones a las autoridades administrativas
y disciplinarias pertinentes, para lo de su competencia.”
(…)
4.21. En el mismo sentido, se presenta una mora judicial injustificada, si: (i) es
fruto de un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar
alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha
demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo, y (iii) la
tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte
de una autoridad judicial.
29. En el presente asunto, la señora Astrid Maritza Cadena Castro solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la
administración de justicia, los cuales considera vulnerados por la Subsección B –
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con ocasión a que
13
Original de la cita: “Ibídem”.
14
Consejo de Estado, Sección Cuarta, M.P. Milton Chaves García, radicado 2021-06075-00.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de
julio de 2019, expediente 54.047.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01527-00
Accionante: Astrid Maritza Cadena Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
dicha Corporación no se ha pronunciado respecto de la solicitud de corrección de
sentencia dentro del proceso de reparación directa identificado con el radicado No.
11001-33-36-032-2013-00017-02.
30. Revisado el trámite del proceso, se evidencia lo siguiente:
• El 6 de mayo de 2022 la Subsección B – Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia de segunda instancia16.
• Dicha sentencia se notificó a las partes el 20 de mayo de 202217.
• El expediente se devolvió al Juzgado de origen el 7 de junio de 202218.
• El 29 de agosto de 2022 se allegó un memorial de la apoderada de la parte
demandante en la que solicitaba que se notificara la sentencia de segunda instancia
de acuerdo con los establecido en el CPACA y la Ley 2080 de 202119.
• Se presenta un paso a despacho del expediente devuelto por el Juzgado para que
se pronunciara frente a una corrección de sentencia del 9 de junio de 202320 y un
correo electrónico en el cual se comunicaba un auto admisorio de una acción de
tutela cuya ponente era la Consejera Stella Jeannette Carvajal Basto del 28 de
noviembre de 202321.
• El 28 de noviembre de 202322 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección A profirió un auto en el cual corregía el numeral
primero de la sentencia del 6 mayo de 2022 y explicó que aun cuando no se había
presentado una solicitud formal de corrección de la sentencia, lo cierto es que con
ocasión de la acción constitucional promovida por la parte demandante, se puso en
conocimiento el error presentado en cuanto al señor Jaime Gustavo Cadena Castro
como hijo de la víctima directa, que incluso se había reconocido como sujeto
legitimado en la causa por activa, por lo cual se procedió a su inclusión.
• El 5 de diciembre de 2023 se notificó la decisión en mención23.
• A su vez, el 4 de diciembre de 202324, la Secretaría General de esta Corporación
solicitó por segunda vez copia del expediente con ocasión de la acción de tutela
2023-06492-00, el cual fue remitido el 7 del mismo mes y año25.
16
Ver índice 10 de Samai del proceso 11001-33-36-032-2013-00017-02.
17
Ver índice 12 de Samai del proceso 11001-33-36-032-2013-00017-02.
18
Ver índice 13 de Samai del proceso 11001-33-36-032-2013-00017-02.
19
Ver índice 14 de Samai del proceso 11001-33-36-032-2013-00017-02.
20
Ver índice 16 de Samai del proceso 11001-33-36-032-2013-00017-02.
21
Ver índice 17 de Samai del proceso 11001-33-36-032-2013-00017-02.
22
Ver índice 18 de Samai del proceso 11001-33-36-032-2013-00017-02.
23
Ver índice 22 de Samai del proceso 11001-33-36-032-2013-00017-02.
24
Ver índice 21 de Samai del proceso 11001-33-36-032-2013-00017-02.
25
Ver índice 23 de Samai del proceso 11001-33-36-032-2013-00017-02.
8
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01527-00
Accionante: Astrid Maritza Cadena Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
• El 12 de diciembre de 2023, se remitió el expediente físico del proceso ordinario
al Juzgado de origen26.
• El 31 de enero de 202427, se informó mediante correo electrónico la sentencia de
tutela proferida el 25 de enero de 2024, en la que se había declarado la carencia de
objeto por configurarse un hecho superado28.
• El 29 de mayo de 2024, la apoderada de la parte demandante allegó un nuevo
memorial mediante el cual solicitaba, esta vez, la corrección de los nombres de los
demandados29.
• El 11 de junio de 2024, se realizó un paso a despacho del memorial en el que
solicitaba la corrección de los nombres de los demandados30.
• El 11 julio de 202431, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera – Subsección B solicitó mediante correo electrónico que se le remitiera el
expediente el cual había sido enviado el 12 de diciembre de 2023 mediante oficio
No.2023-FPC-068, con el fin de dar trámite a lo solicitado por la parte demandante.
• El 9 de agosto de 2024, el Juzgado Treinta y Dos Administrativo de Bogotá profirió
un auto mediante el cual remitía el expediente al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B para que se resolviera la solicitud
de corrección de la sentencia.
• El 15 de enero de 2025, la apoderada de la parte demandante reiteró la solicitud
de corrección de sentencia32.
31. De otra parte, es necesario traer a colación el trámite de la tutela anteriormente
mencionada, la cual corresponde al radicado 11001-03-15-000-2023-06492-00, a
saber:
• El señor Jaime Gustavo Cadena Castro presentó acción de tutela en contra del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B debido
a que no se incluyó su nombre en la parte resolutiva de la sentencia de segunda
instancia del 6 de mayo de 2022 en la reparación directa con radicado 11001-33-36-
032-3013-00017-0233.
26
Ver índice 25 de Samai del proceso 11001-33-36-032-2013-00017-02.
27
Ver índice 26 de Samai del proceso 11001-33-36-032-2013-00017-02.
28
Ver índice 17 de Samai dentro de la acción de tutela cuyo proceso corresponde a 11001-03-15-
000-2023-06492-00.
29
Ver índice 27 de Samai del proceso 11001-33-36-032-2013-00017-02.
30
Ver índice 28 y 29 de Samai del proceso 11001-33-36-032-2013-00017-02.
31
Ver índice 30 de Samai del proceso 11001-33-36-032-2013-00017-02.
32
Ver índice 31 y 32 de Samai del proceso 11001-33-36-032-2013-00017-02.
33
Ver índice 2 de Samai del proceso 11001-03-15-000-2023-06492-00.
9
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01527-00
Accionante: Astrid Maritza Cadena Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
• El 26 de octubre de 2023 la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la
acción de tutela34.
• El 11 de diciembre de 2025 ingresó el expediente al despacho para fallo35.
• El 25 de enero de 202436, la Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió
sentencia en la que declaró la carencia actual del objeto. Sin embargo, dentro de las
consideraciones explicó que el accionante afirmó presentar solicitud de corrección
ante la parte accionada, pero, dentro de las pruebas aportadas al expediente, se
encontró que el 16 de marzo de 2023, la apoderada judicial de la parte actora solicitó
ante el Juzgado Treinta y Dos Administrativo del Circuito de Bogotá, la remisión del
expediente con destino al Tribunal para que se realizara la corrección de la sentencia
del 6 de mayo de 2022.
32. De otra parte, explicó que, verificado el expediente no se encontró que la
solicitud de corrección se hubiera presentado directamente ante la autoridad judicial
accionada, sino que, por el contrario, se demostró que el 9 de junio de 2023 ingresó
al despacho accionado devuelto por el juzgado para corregir la sentencia, sin que
existiere un memorial. Por lo anterior, la parte accionada efectuó de oficio la
corrección de la sentencia ordinaria a través de auto del 28 de noviembre de 2023 y
no porque existiera un memorial sin resolver, por tanto, la pretensión formulada en
la tutela ya había sido satisfecha con lo cual se configuraba un hecho superado.
• La sentencia fue notificada a las partes el 31 de enero de 2024 y el 8 de
febrero de la misma anualidad se archivó el proceso.
33. Así las cosas, tras revisar las actuaciones realizadas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B, la Sala observa
que si bien la solicitud de corrección de sentencia presentado por la apoderada de la
parte demandante lleva aproximadamente 10 meses sin que se haya efectuado el
trámite correspondiente, lo cierto es que no se puede atribuir la mora judicial
exclusivamente al Tribunal accionado, por cuanto desde el momento de la primera
solicitud de adición, la parte actora contaba con la valiosa oportunidad de pedir a la
autoridad judicial competente la corrección de los nombres de las autoridades que
fueron condenadas en el proceso ordinario, con miras a colaborar en la realización
de los principios de celeridad y eficacia del proceso.
34. A todo lo anterior, la Sala constata que el procedimiento surtido demuestra una
serie de actuaciones posteriores a la sentencia de segunda instancia que, si bien
reflejan una gestión procesal prolongada, lo cierto es que el expediente ha tenido
múltiples traslados entre el juzgado de origen y el tribunal, motivados por las
solicitudes de notificación y corrección, la intervención y resolución de una primera
acción de tutela y la persistencia en la rectificación de aspectos materiales de la
34
Ver índice 5 de Samai del proceso 11001-03-15-000-2023-06492-00.
35
Ver índice 15 de Samai del proceso 11001-03-15-000-2023-06492-00.
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Ver índice 17 de Samai del proceso 11001-03-15-000-2023-06492-00.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01527-00
Accionante: Astrid Maritza Cadena Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
sentencia. Este historial de solicitudes, traslados del expediente y pronunciamientos
de la autoridad judicial han dado lugar a traumatismos en el trámite procesal que, por
su origen multicausal, no es posible atribuirlos exclusivamente a la inacción por parte
del Tribunal.
35. Por tanto, la Subsección concluye que no se configura una mora judicial
injustificada por parte de la autoridad judicial accionada, si la parte actora no hace
uso adecuado de los medios de defensa judiciales que consagra el ordenamiento
jurídico para los fines del proceso. Atendiendo dicha conducta procesal, no es posible
sostener la tesis de la demanda según la cual existe una mora judicial injustificada,
por cuanto, se reitera, el trámite procesal revela que la sentencia fue proferida y
notificada en 2022, que se hizo una solicitud clara de corrección hasta mucho
después de proferida, que de parte del Tribunal hubo un auto de corrección de
sentencia en 2023 y a pesar de ello existen solicitudes ulteriores, lo cual no
corresponde con un uso diligente del proceso por parte de la demandante.
36. En ese contexto, la Sala negará el amparo solicitado mediante acción de tutela
presentada por la señora Astrid Maritza Cadena Castro, en contra del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera - Subsección B.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado presentado por la señora Astrid Maritza
Cadena Castro en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera - Subsección B.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: En caso de no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01527-00
Accionante: Astrid Maritza Cadena Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
Nota: este documento fue suscrito en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular
el código QR que aparece a la derecha.
VF
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