Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01557-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01557-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01557-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
24 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01557-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: ENNA CARMEN CANCIMANSI ADRADA
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR
CARECER DEL REQUISITO GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD. LA
ACTORA CUESTIONA A TRAVÉS DE LA PRESENTE ACCIÓN LA
NEGATIVA EN EL RECONOCIMIENTO DE SU CONDICIÓN DE
PREPENSIONADA, ASÍ COMO LA NEGATIVA EN EL PAGO DE
APORTES AL SISTEMA PENSIONAL Y EL NO RECONOCIMIENTO DE
LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN, SIN QUE HAYA HECHO USO DEL
MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, DIGNIDAD
HUMANA, IGUALDAD Y SEGURIDAD SOCIAL.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la actora contra
la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, los MINISTERIOS DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y de TECNOLOGÍAS DE LA
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01557-00
Actor: ENNA CARMEN CANCIMANSI ADRADA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, la DEFENSORÍA
DEL PUEBLO, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -en adelante UGPP-, el
PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES TELECOM – PAR
y las sociedades FIDUAGRARIA S.A. y LA PREVISORA S.A.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
La señora ENNA CARMEN CANCIMANSI ADRADA, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana, a
la igualdad, a la seguridad social y a los principios de favorabilidad
e inescindibilidad de la ley, los cuales, a su juicio, le fueron
vulnerados por la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, los
MINISTERIOS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y de
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES, la DEFENSORÍA DEL PUEBLO, la UGPP, el
PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES TELECOM – PAR
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Actor: ENNA CARMEN CANCIMANSI ADRADA
y las sociedades FIDUAGRARIA S.A. y LA PREVISORA S.A. con
ocasión de no haberle reconocido su condición de prepensionada y
no ordenar el pago de los aportes al sistema pensional y el
reconocimiento y pago de su pensión de jubilación.
I.2.- Hechos
Indicó que laboró al servicio de Telecom desde el 18 de abril de
1986, haciendo las labores propias del cargo de Oficial de Recibo y
Telefonista Nacional ininterrumpidamente hasta el 31 de enero de
2006, para un total de 19 años y 9 meses, momento en el cual el
gobierno nacional suprimió la extinta TELECOM y ordenó su
disolución y liquidación de conformidad con el Decreto 1615 de 12
de junio de 20031.
Comentó que su despido fue injustificado, por supresión del cargo,
además que le faltaban 2 meses y 17 días para cumplir el requisito
de los 20 años de edad, esto es, para ser beneficiaria de la
condición de prepensionada.
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Por el cual se suprime la Empresa Nacional de Telecomunicaciones – Telecom y se ordena su
liquidación
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Actor: ENNA CARMEN CANCIMANSI ADRADA
Informó que el Decreto 790 de 27 de diciembre de 20022 en su
artículo 12 dispuso que no podían ser retirados del servicio en el
desarrollo del Programa de Renovación de la Administración
Pública, entre otros, los servidores que cumplan con la totalidad de
los requisitos, edad y tiempo de servicio, para disfrutar de su
pensión de jubilación o de vejez en el término de 3 años contados a
partir de la promulgación de la ley.
Explicó que el PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE
TELECOM ha negado en todas sus peticiones su condición de
prepensionada, por no encontrarse en el régimen de transición
previsto en la Ley 100 de 23 de diciembre de 19933.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
A juicio de la actora, el no reconocimiento y pago oportuno de la
condición de prepensionado en favor de quien ha satisfecho o
cumplido con los requisitos de ley para acceder a ella, constituye
una grave violación de los derechos fundamentales invocados, así
como la omisión del pago oportuno de las cuotas pensionales.
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Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración
pública y se otorgan unas facultades extraordinarias al Presidente de la República.
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Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.
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Precisó que no cuenta con recursos y ante la demora del proceso
judicial que se encuentra en curso, se hace necesario solicitar el
amparo transitorio de sus derechos fundamentales.
Expuso que la Corte Constitucional se ha pronunciado en repetidas
oportunidades a través de las sentencias T-426 de 1992, T-526 de
1992 y SU-897 de 2012 respecto del carácter fundamental del
derecho a la seguridad social cuando se reclama una pensión de
jubilación, de tal forma que las órdenes que solicita consisten en
que se garantice su categoría de prepensionada y se paguen los
aportes a los sistemas pensionales hasta que se alcance el tiempo
de cotización requerido para acceder a su pensión de jubilación.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:
“[…] PRIMERO: SEÑOR JUEZ CONSTITUCIONAL, EN CALIDAD
DE DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA INTESTINA DE
COLOMBIA, DESPLAZADA POR EL ESTADO COLOMBIANO, EN
REPRESENTACIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DE
REMANENTES DE TELECOM Y ASOCIADAS PAR, COMO MADRE
CABEZA DE FAMILIA, FAVOR TUTELAR MIS DERECHOS
FUNDAMENTALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, MÍNIMO VITAL,
LA IGUALDAD, DEBIDO PROCESO, REGÍMENES ESPECIALES
RETEN SOCIAL Y LA VIDA.
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SEGUNDO: CON EL FIN DE RECUPERAR EN PARTE EL
PERJUICIO OCASIONADO FAVOR ORDENAR AL PATRIMONIO
AUTÓNOMO DE REMANTES DE TELECOM Y ASOCIADAS QUE
RECONOZCA LA CONDICIÓN DE PREPENSIONADA A PARTIR
DEL 31 DE ENERO DE 2006, FECHA DE DESVINCULACIÓN DE
LA EMPRESA TELECOM HASTA EL 20 DE ABRIL 2006, FECHA
EN LA CUAL CUMPLO LOS 20 AÑOS DE SERVICIO, SIN TENER
EN CUENTA LA EDAD.
TERCERO: FAVOR ORDENAR AL PATRIMONIO AUTÓNOMO DE
REMANENTES DE TELECOM Y ASOCIADAS PAGAR LOS
APORTES DE PENSIÓN A COLPENSIONES DESDE ENERO 31 DE
2006 HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2006, FECHA EN LA CUAL
CUMPLO 20 AÑOS DE SERVICIO
CUARTO: ORDENAR A LA ENTIDAD QUE CORRESPONDA EL
RECONOCIMIENTO A LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN, TODA VEZ
QUE AL RECONOCERSE LA CONDICIÓN DE PREPENSIONADO
SE CUMPLE CON EL TIEMPO DE SERVICIO PARA LA PENSIÓN
DE JUBILACIÓN.
QUINTO: SOLICITAR AL PAR COPIA DE LA RESOLUCIÓN DE
JUNTA DIRECTIVA JD 012 DE 1992, JD 055 DE 1993 art. 57 Y
COPIA DE LA HISTOPRIA LABORAL DE LA SUSCRITA. Solicitar
Como prueba, copia del acta de Junta Directiva No. 955 /1970,
Resolución No. 0634 del 4 de agosto de 1970, Resolución No.
0710 del 20 de octubre de 1971 y Resolución No. 001000-0006
del 12 de marzo de 1972.
SEXTO: SOLICITAR AL PAR LA EXPEDICIÓN DEL CETIL,
DEBIDAMENTE CORREGIDO INDICANDO LOS CARGOS DE
EXCEPCIÓN O RIESGO Y ENVIAR COPIA A LA UGPP Y A LA
SUSCRITA […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES
TELECÓN Y ASOCIADOS EN LIQUIDACIÓN - PAR indicó que la
actora no cumple con el régimen convencional de Telecom, por
cuanto al 1o. de abril de 1994 no cumplía con la transición del
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artículo 36 de la Ley 100 de 1993 por el tiempo laborado ni con la
edad; además, al 31 de enero de 2006 le faltaban 2 meses y 17
días para cumplir los 20 años de servicio y 8 años para cumplir la
edad, así como también 5 años, 2 meses y 17 días para cumplir la
modalidad de 25 años de servicio sin consideración de la edad.
En ese orden de ideas, afirmó que a la accionante no le aplica el
estudio de prepensionados dispuesto en la sentencia SU-897 de
2012, ni la Ley 33 de 1985, por lo que no es beneficiaria del reten
social que solicita ni resulta procedente realizar algún tipo de aporte
al sistema de seguridad social en pensiones.
Adujo que en lo atinente a la figura del retén social en virtud de la
sentencia SU-897 de 2012, adquieren la condición de
prepensionados y la protección reforzada que de esta se deriva, las
personas próximas a pensionarse en el contexto de los procesos de
renovación de la administración pública, esto es, el servidor público
que le falten tres o menos años para reunir los requisitos de edad y
tiempo de servicio o semanas de cotización para obtener el disfrute
de la pensión de jubilación.
Aseguró que la acción de tutela resulta improcedente, toda vez que
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la competencia del asunto es del juez laboral, por tratarse de
asuntos pensionales, por lo que existen mecanismos idóneos ante
la jurisdicción ordinaria.
Sostuvo que ha contestado cada una de las peticiones presentadas
por la actora, por lo que solicitó declarar improcedente la acción
constitucional o, en su defecto, denegar el amparo solicitado.
I.5.2.- La UGPP anotó que no es la vulneradora de los derechos
fundamentales, comoquiera que las solicitudes de la actora no han
sido radicadas ante esa entidad sino ante el PATRIMONIO
AUTÓNOMO DE REMANENTES TELECÓN Y ASOCIADOS EN
LIQUIDACIÓN – PAR, siendo este último el llamado a responder.
Agregó que no está legitimada en la causa por pasiva para atender
las pretensiones de la actora, máxime cuando no ha vulnerado
derecho fundamental alguno, por lo que solicitó su desvinculación
del presente trámite o, en su defecto, declarar improcedente la
solicitud de amparo.
I.5.3- La PREVISORA S.A. adujo que carece de legitimación en la
causa por pasiva, comoquiera que no reviste la calidad de sujeto
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obligado frente a las pretensiones de la accionante, por lo que
solicitó su desvinculación de la acción de tutela de la referencia o,
en su defecto, denegar el amparo deprecado, toda vez que no se ha
configurado vulneración alguna de los derechos fundamentales
invocados.
I.5.4.- El MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES manifestó que la
actora no cumple con el régimen convencional de Telecom en las
modalidades de 50 años, después de 20 años de servicio continuos
o discontinuos y 25 años, sin consideración a su edad, comoquiera
que al 1o. de abril de 1994, no cumplía con la transición del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 por el tiempo laborado ni por la edad. Así
mismo, destacó que al 31 de enero de 2006, le faltaban 2 meses y
17 días para cumplir los 20 años de servicio y le faltaban 8 años
para cumplir la edad (modalidad 20-50), además, le faltaban 5
años, 2 meses y 17 días para cumplir la modalidad de 25 años de
servicio sin consideración de la edad.
Advirtió que a la actora no le aplica el estudio de la calidad de
prepensionada que se realizó en la sentencia SU-897 de 2012, ni la
Ley 33 de 1985, por no cumplir los requisitos de 20 años de
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servicio y 55 años de edad al 31 de enero de 2006.
Alegó que la acción de tutela de la referencia no resulta procedente
ante la existencia de otro mecanismo judicial idóneo, por lo que la
competencia en el asunto debe ser asumida por el juez laboral por
tratarse de asuntos pensionales.
I.5.5.- El MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
afirmó que no tiene responsabilidad alguna por las eventuales
obligaciones del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES
TELECÓN Y ASOCIADOS EN LIQUIDACIÓN – PAR frente al
asunto bajo estudio, por lo que solicitó que se le desvincule del
presente trámite ante la falta de legitimación en la causa por
pasiva.
Finalmente, solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la
referencia.
I.5.6.- La PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA adujo que carece de
autoridad y capacidad legal para influir o tomar decisiones en
relación con los procesos de liquidación de Telecom, dado que estos
están bajo la responsabilidad del Ministerio de Hacienda y Crédito
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Público a través del contrato de fiducia mercantil y la gestión del
Patrimonio Autónomo de Remanentes – PAR, así como de la UGPP,
que tiene la función de reconoces y administrar los derechos
pensionales de los empleados públicos en proceso de liquidación.
Afirmó que ha dado trámite a las peticiones presentadas por la
actora, trasladándolas a la UGPP, para que actúe conforme a sus
competencias, de tal forma que la solicitud de tutela debe ser
declarada improcedente o, en su lugar, denegada.
Igualmente, alegó que carece de legitimación en la causa por
pasiva, por lo que solicitó su desvinculación de la acción de tutela
de la referencia.
I.5.7.- La DEFENSORÍA DEL PUEBLO – REGIONAL VALLE DEL
CAUCA solicitó que se le desvincule del presente trámite
constitucional por carecer de legitimación en la causa por pasiva,
toda vez que no existe ningún hecho u omisión de esa entidad
frente a la afectación de los derechos fundamentales alegada.
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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6
de abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna
a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que la UGPP, LA PREVISORA S.A., el
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, la
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y la DEFENSORÍA DEL
PUEBLO – REGIONAL VALLE DEL CAUCA formularon petición de
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desvinculación de la presente acción de tutela, por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-
1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de
legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el
juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y
las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y
contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
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particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas, y
lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de
texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable
del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe
cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta
cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la
que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que la acción de tutela de la referencia está dirigida
contra la UGPP, LA PREVISORA S.A., el MINISTERIO DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y la PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA, dichas entidades fueron vinculadas en calidad de
accionadas, razón por la que la Sala denegará sus solicitudes de
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.
Ahora en cuanto a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO – REGIONAL
VALLE DEL CAUCA, la Sala advierte que, en efecto, fue notificada
por un error involuntario comoquiera que no es parte accionada en
la solicitud de amparo de la referencia, de tal forma que se
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accederá a su solicitud de desvinculación, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los
derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo
42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991 4. Dicha
acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que
solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio,
con miras a evitar un perjuicio irremediable.
Caso concreto
En el presente caso la actora considera que la PRESIDENCIA DE
LA REPÚBLICA, los MINISTERIOS DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO y de TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política».
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ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL – UGPP, el PATRIMONIO AUTÓNOMO DE
REMANENTES TELECOM – PAR y las sociedades FIDUAGRARIA
S.A. y LA PREVISORA S.A. vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana, a la
igualdad, a la seguridad social y a los principios de favorabilidad e
inescindibilidad de la ley, por lo que pretende que se reconozca su
condición de prepensionada a partir del 31 de enero de 2006 y se
ordene el pago de los aportes a pensión desde tal fecha hasta el 20
de abril de 2006 y, como consecuencia de ello, se ordene el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación.
A juicio de la actora, el no reconocimiento y pago oportuno de la
condición de prepensionada en favor de quien ha satisfecho o
cumplido con los requisitos de ley para acceder a ella, constituye
una grave violación de los derechos fundamentales invocados, así
como la omisión del pago oportuno de las cuotas pensionales.
Adujo que no cuenta con recursos y ante la demora del proceso
judicial, se hace necesario solicitar el amparo transitorio de sus
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derechos fundamentales.
Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en establecer si el presente caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela, en
especial, el requisito de la subsidiariedad y, de ser así, determinar
si las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales
de la actora al negarle el reconocimiento de la calidad de
prepensionada, el pago de los aportes a pensión y, como
consecuencia de ello, el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación.
De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del
requisito de subsidiariedad
El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por
el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo
86 de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia
que «existan otros recursos o medios de defensa judiciales,
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios
será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
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circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y
negrillas fuera del texto).
Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo
tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en
aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus
derechos.
Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de
los derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural
idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las
competencias establecidas por el legislador.
No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia
de un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría
intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
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amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que
se dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe
conocer del fondo del asunto.»5 (Subrayas y negrillas fuera del
texto).
Ahora bien, precisado lo anterior, la Sala advierte que la presente
acción de tutela es improcedente por incumplir el requisito
de la subsidiariedad, comoquiera que las inconformidades de la
actora pueden ser discutidas a través de los mecanismos judiciales
ordinarios.
En efecto, en la medida en que la actora pretende que se le
reconozca la condición de prepensionada a partir del 31 de enero de
2006, así como el pago de los aportes a pensión desde tal fecha
hasta el 20 de abril de 2006 y, como consecuencia de ello, el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tales reproches
deben ser ventilados ante el juez de lo contencioso administrativo,
esto es, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, conforme el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de
5 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván
Palacio Palacio.
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enero 20116 que prevé:
“[…] ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir
que se declare la nulidad del acto administrativo particular,
expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también
podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá
por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del
artículo anterior […]”.
Así las cosas, la actora puede discutir la legalidad de los actos
administrativos por medio de los cuales se le ha reiterado la
negativa de su solicitud, razón por la cual puede promover el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del CPACA.
Además, la Sala no advierte la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela de la
referencia como mecanismo transitorio, dado que la urgencia que la
actora pregona para que se defina el litigio, derivada del tiempo
que tardaría en resolverse un proceso ordinario, no constituye una
justificación para entrar a estudiar el fondo del asunto.
Aceptar la procedencia de la acción de tutela por la virtud de
6
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.”, en adelante CPACA.
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celeridad que tiene frente a los trámites ordinarios, implicaría
atribuirle un carácter que desnaturalizaría su objeto, para
convertirla en el mecanismo principal para dirimir cualquier litigio,
pues finalmente a cualquiera de estos podría darse mérito de
requerir decisiones expeditas.
Además, dentro del medio de control aludido la actora puede
solicitar las medidas cautelares dispuestas en el CPACA, con el fin
de proteger el objeto del litigio, si considera cumplir con los
requisitos para tal efecto.
En las condiciones anotadas, la Sala concluye que la solicitud de
amparo de la referencia debe ser declarada improcedente por no
cumplirse el requisito de la subsidiariedad, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
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F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación
presentadas por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, LA PREVISORA S.A., el
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y la
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ACCEDER a la solicitud de desvinculación presentada
por la DEFENSORÍA DEL PUEBLO – REGIONAL VALLE DEL
CAUCA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por
no cumplirse el requisito de la subsidiariedad, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
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QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 24 de abril de
2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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