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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01557-00

Fecha
24 de abril de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01557-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, LA PREVISORA S.A., el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ACCEDER a la solicitud de desvinculación presentada por la DEFENSORÍA DEL PUEBLO – REGIONAL VALLE DEL CAUCA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por no cumplirse el requisito de la subsidiariedad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 23 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01557-00 Actor: ENNA CARMEN CANCIMANSI ADRADA QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01557-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

24 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01557-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: ENNA CARMEN CANCIMANSI ADRADA

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR
CARECER DEL REQUISITO GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD. LA
ACTORA CUESTIONA A TRAVÉS DE LA PRESENTE ACCIÓN LA
NEGATIVA EN EL RECONOCIMIENTO DE SU CONDICIÓN DE
PREPENSIONADA, ASÍ COMO LA NEGATIVA EN EL PAGO DE
APORTES AL SISTEMA PENSIONAL Y EL NO RECONOCIMIENTO DE
LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN, SIN QUE HAYA HECHO USO DEL
MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, DIGNIDAD
HUMANA, IGUALDAD Y SEGURIDAD SOCIAL.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la actora contra

la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, los MINISTERIOS DE

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y de TECNOLOGÍAS DE LA

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01557-00
Actor: ENNA CARMEN CANCIMANSI ADRADA

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, la DEFENSORÍA

DEL PUEBLO, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE

GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES

DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -en adelante UGPP-, el

PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES TELECOM – PAR

y las sociedades FIDUAGRARIA S.A. y LA PREVISORA S.A.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La señora ENNA CARMEN CANCIMANSI ADRADA, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana, a

la igualdad, a la seguridad social y a los principios de favorabilidad

e inescindibilidad de la ley, los cuales, a su juicio, le fueron

vulnerados por la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, los

MINISTERIOS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y de

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS

COMUNICACIONES, la DEFENSORÍA DEL PUEBLO, la UGPP, el

PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES TELECOM – PAR

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Actor: ENNA CARMEN CANCIMANSI ADRADA

y las sociedades FIDUAGRARIA S.A. y LA PREVISORA S.A. con

ocasión de no haberle reconocido su condición de prepensionada y

no ordenar el pago de los aportes al sistema pensional y el

reconocimiento y pago de su pensión de jubilación.

I.2.- Hechos

Indicó que laboró al servicio de Telecom desde el 18 de abril de

1986, haciendo las labores propias del cargo de Oficial de Recibo y

Telefonista Nacional ininterrumpidamente hasta el 31 de enero de

2006, para un total de 19 años y 9 meses, momento en el cual el

gobierno nacional suprimió la extinta TELECOM y ordenó su

disolución y liquidación de conformidad con el Decreto 1615 de 12

de junio de 20031.

Comentó que su despido fue injustificado, por supresión del cargo,

además que le faltaban 2 meses y 17 días para cumplir el requisito

de los 20 años de edad, esto es, para ser beneficiaria de la

condición de prepensionada.

1
Por el cual se suprime la Empresa Nacional de Telecomunicaciones – Telecom y se ordena su
liquidación

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Informó que el Decreto 790 de 27 de diciembre de 20022 en su

artículo 12 dispuso que no podían ser retirados del servicio en el

desarrollo del Programa de Renovación de la Administración

Pública, entre otros, los servidores que cumplan con la totalidad de

los requisitos, edad y tiempo de servicio, para disfrutar de su

pensión de jubilación o de vejez en el término de 3 años contados a

partir de la promulgación de la ley.

Explicó que el PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE

TELECOM ha negado en todas sus peticiones su condición de

prepensionada, por no encontrarse en el régimen de transición

previsto en la Ley 100 de 23 de diciembre de 19933.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio de la actora, el no reconocimiento y pago oportuno de la

condición de prepensionado en favor de quien ha satisfecho o

cumplido con los requisitos de ley para acceder a ella, constituye

una grave violación de los derechos fundamentales invocados, así

como la omisión del pago oportuno de las cuotas pensionales.

2
Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración
pública y se otorgan unas facultades extraordinarias al Presidente de la República.
3
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.

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Precisó que no cuenta con recursos y ante la demora del proceso

judicial que se encuentra en curso, se hace necesario solicitar el

amparo transitorio de sus derechos fundamentales.

Expuso que la Corte Constitucional se ha pronunciado en repetidas

oportunidades a través de las sentencias T-426 de 1992, T-526 de

1992 y SU-897 de 2012 respecto del carácter fundamental del

derecho a la seguridad social cuando se reclama una pensión de

jubilación, de tal forma que las órdenes que solicita consisten en

que se garantice su categoría de prepensionada y se paguen los

aportes a los sistemas pensionales hasta que se alcance el tiempo

de cotización requerido para acceder a su pensión de jubilación.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:

“[…] PRIMERO: SEÑOR JUEZ CONSTITUCIONAL, EN CALIDAD
DE DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA INTESTINA DE
COLOMBIA, DESPLAZADA POR EL ESTADO COLOMBIANO, EN
REPRESENTACIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DE
REMANENTES DE TELECOM Y ASOCIADAS PAR, COMO MADRE
CABEZA DE FAMILIA, FAVOR TUTELAR MIS DERECHOS
FUNDAMENTALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, MÍNIMO VITAL,
LA IGUALDAD, DEBIDO PROCESO, REGÍMENES ESPECIALES
RETEN SOCIAL Y LA VIDA.

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SEGUNDO: CON EL FIN DE RECUPERAR EN PARTE EL
PERJUICIO OCASIONADO FAVOR ORDENAR AL PATRIMONIO
AUTÓNOMO DE REMANTES DE TELECOM Y ASOCIADAS QUE
RECONOZCA LA CONDICIÓN DE PREPENSIONADA A PARTIR
DEL 31 DE ENERO DE 2006, FECHA DE DESVINCULACIÓN DE
LA EMPRESA TELECOM HASTA EL 20 DE ABRIL 2006, FECHA
EN LA CUAL CUMPLO LOS 20 AÑOS DE SERVICIO, SIN TENER
EN CUENTA LA EDAD.

TERCERO: FAVOR ORDENAR AL PATRIMONIO AUTÓNOMO DE
REMANENTES DE TELECOM Y ASOCIADAS PAGAR LOS
APORTES DE PENSIÓN A COLPENSIONES DESDE ENERO 31 DE
2006 HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2006, FECHA EN LA CUAL
CUMPLO 20 AÑOS DE SERVICIO

CUARTO: ORDENAR A LA ENTIDAD QUE CORRESPONDA EL
RECONOCIMIENTO A LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN, TODA VEZ
QUE AL RECONOCERSE LA CONDICIÓN DE PREPENSIONADO
SE CUMPLE CON EL TIEMPO DE SERVICIO PARA LA PENSIÓN
DE JUBILACIÓN.

QUINTO: SOLICITAR AL PAR COPIA DE LA RESOLUCIÓN DE
JUNTA DIRECTIVA JD 012 DE 1992, JD 055 DE 1993 art. 57 Y
COPIA DE LA HISTOPRIA LABORAL DE LA SUSCRITA. Solicitar
Como prueba, copia del acta de Junta Directiva No. 955 /1970,
Resolución No. 0634 del 4 de agosto de 1970, Resolución No.
0710 del 20 de octubre de 1971 y Resolución No. 001000-0006
del 12 de marzo de 1972.

SEXTO: SOLICITAR AL PAR LA EXPEDICIÓN DEL CETIL,
DEBIDAMENTE CORREGIDO INDICANDO LOS CARGOS DE
EXCEPCIÓN O RIESGO Y ENVIAR COPIA A LA UGPP Y A LA
SUSCRITA […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES

TELECÓN Y ASOCIADOS EN LIQUIDACIÓN - PAR indicó que la

actora no cumple con el régimen convencional de Telecom, por

cuanto al 1o. de abril de 1994 no cumplía con la transición del

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artículo 36 de la Ley 100 de 1993 por el tiempo laborado ni con la

edad; además, al 31 de enero de 2006 le faltaban 2 meses y 17

días para cumplir los 20 años de servicio y 8 años para cumplir la

edad, así como también 5 años, 2 meses y 17 días para cumplir la

modalidad de 25 años de servicio sin consideración de la edad.

En ese orden de ideas, afirmó que a la accionante no le aplica el

estudio de prepensionados dispuesto en la sentencia SU-897 de

2012, ni la Ley 33 de 1985, por lo que no es beneficiaria del reten

social que solicita ni resulta procedente realizar algún tipo de aporte

al sistema de seguridad social en pensiones.

Adujo que en lo atinente a la figura del retén social en virtud de la

sentencia SU-897 de 2012, adquieren la condición de

prepensionados y la protección reforzada que de esta se deriva, las

personas próximas a pensionarse en el contexto de los procesos de

renovación de la administración pública, esto es, el servidor público

que le falten tres o menos años para reunir los requisitos de edad y

tiempo de servicio o semanas de cotización para obtener el disfrute

de la pensión de jubilación.

Aseguró que la acción de tutela resulta improcedente, toda vez que

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la competencia del asunto es del juez laboral, por tratarse de

asuntos pensionales, por lo que existen mecanismos idóneos ante

la jurisdicción ordinaria.

Sostuvo que ha contestado cada una de las peticiones presentadas

por la actora, por lo que solicitó declarar improcedente la acción

constitucional o, en su defecto, denegar el amparo solicitado.

I.5.2.- La UGPP anotó que no es la vulneradora de los derechos

fundamentales, comoquiera que las solicitudes de la actora no han

sido radicadas ante esa entidad sino ante el PATRIMONIO

AUTÓNOMO DE REMANENTES TELECÓN Y ASOCIADOS EN

LIQUIDACIÓN – PAR, siendo este último el llamado a responder.

Agregó que no está legitimada en la causa por pasiva para atender

las pretensiones de la actora, máxime cuando no ha vulnerado

derecho fundamental alguno, por lo que solicitó su desvinculación

del presente trámite o, en su defecto, declarar improcedente la

solicitud de amparo.

I.5.3- La PREVISORA S.A. adujo que carece de legitimación en la

causa por pasiva, comoquiera que no reviste la calidad de sujeto

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obligado frente a las pretensiones de la accionante, por lo que

solicitó su desvinculación de la acción de tutela de la referencia o,

en su defecto, denegar el amparo deprecado, toda vez que no se ha

configurado vulneración alguna de los derechos fundamentales

invocados.

I.5.4.- El MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES manifestó que la

actora no cumple con el régimen convencional de Telecom en las

modalidades de 50 años, después de 20 años de servicio continuos

o discontinuos y 25 años, sin consideración a su edad, comoquiera

que al 1o. de abril de 1994, no cumplía con la transición del artículo

36 de la Ley 100 de 1993 por el tiempo laborado ni por la edad. Así

mismo, destacó que al 31 de enero de 2006, le faltaban 2 meses y

17 días para cumplir los 20 años de servicio y le faltaban 8 años

para cumplir la edad (modalidad 20-50), además, le faltaban 5

años, 2 meses y 17 días para cumplir la modalidad de 25 años de

servicio sin consideración de la edad.

Advirtió que a la actora no le aplica el estudio de la calidad de

prepensionada que se realizó en la sentencia SU-897 de 2012, ni la

Ley 33 de 1985, por no cumplir los requisitos de 20 años de

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servicio y 55 años de edad al 31 de enero de 2006.

Alegó que la acción de tutela de la referencia no resulta procedente

ante la existencia de otro mecanismo judicial idóneo, por lo que la

competencia en el asunto debe ser asumida por el juez laboral por

tratarse de asuntos pensionales.

I.5.5.- El MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

afirmó que no tiene responsabilidad alguna por las eventuales

obligaciones del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES

TELECÓN Y ASOCIADOS EN LIQUIDACIÓN – PAR frente al

asunto bajo estudio, por lo que solicitó que se le desvincule del

presente trámite ante la falta de legitimación en la causa por

pasiva.

Finalmente, solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la

referencia.

I.5.6.- La PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA adujo que carece de

autoridad y capacidad legal para influir o tomar decisiones en

relación con los procesos de liquidación de Telecom, dado que estos

están bajo la responsabilidad del Ministerio de Hacienda y Crédito

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Público a través del contrato de fiducia mercantil y la gestión del

Patrimonio Autónomo de Remanentes – PAR, así como de la UGPP,

que tiene la función de reconoces y administrar los derechos

pensionales de los empleados públicos en proceso de liquidación.

Afirmó que ha dado trámite a las peticiones presentadas por la

actora, trasladándolas a la UGPP, para que actúe conforme a sus

competencias, de tal forma que la solicitud de tutela debe ser

declarada improcedente o, en su lugar, denegada.

Igualmente, alegó que carece de legitimación en la causa por

pasiva, por lo que solicitó su desvinculación de la acción de tutela

de la referencia.

I.5.7.- La DEFENSORÍA DEL PUEBLO – REGIONAL VALLE DEL

CAUCA solicitó que se le desvincule del presente trámite

constitucional por carecer de legitimación en la causa por pasiva,

toda vez que no existe ningún hecho u omisión de esa entidad

frente a la afectación de los derechos fundamentales alegada.

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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6

de abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula

la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna

a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la

sentencia.

La Sala advierte que la UGPP, LA PREVISORA S.A., el

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, la

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y la DEFENSORÍA DEL

PUEBLO – REGIONAL VALLE DEL CAUCA formularon petición de

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desvinculación de la presente acción de tutela, por falta de

legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-

1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de

legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el
juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y
las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y
contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los

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particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas, y
lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de
texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable
del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe
cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta
cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la
que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que la acción de tutela de la referencia está dirigida

contra la UGPP, LA PREVISORA S.A., el MINISTERIO DE

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y la PRESIDENCIA DE LA

REPÚBLICA, dichas entidades fueron vinculadas en calidad de

accionadas, razón por la que la Sala denegará sus solicitudes de

desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva,

como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente

providencia.

Ahora en cuanto a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO – REGIONAL

VALLE DEL CAUCA, la Sala advierte que, en efecto, fue notificada

por un error involuntario comoquiera que no es parte accionada en

la solicitud de amparo de la referencia, de tal forma que se

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accederá a su solicitud de desvinculación, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los

derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier

autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo

42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991 4. Dicha

acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que

solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de

defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio,

con miras a evitar un perjuicio irremediable.

Caso concreto

En el presente caso la actora considera que la PRESIDENCIA DE

LA REPÚBLICA, los MINISTERIOS DE HACIENDA Y CRÉDITO

PÚBLICO y de TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS

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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política».

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COMUNICACIONES, la DEFENSORÍA DEL PUEBLO, la UNIDAD

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN

SOCIAL – UGPP, el PATRIMONIO AUTÓNOMO DE

REMANENTES TELECOM – PAR y las sociedades FIDUAGRARIA

S.A. y LA PREVISORA S.A. vulneraron sus derechos

fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana, a la

igualdad, a la seguridad social y a los principios de favorabilidad e

inescindibilidad de la ley, por lo que pretende que se reconozca su

condición de prepensionada a partir del 31 de enero de 2006 y se

ordene el pago de los aportes a pensión desde tal fecha hasta el 20

de abril de 2006 y, como consecuencia de ello, se ordene el

reconocimiento y pago de la pensión de jubilación.

A juicio de la actora, el no reconocimiento y pago oportuno de la

condición de prepensionada en favor de quien ha satisfecho o

cumplido con los requisitos de ley para acceder a ella, constituye

una grave violación de los derechos fundamentales invocados, así

como la omisión del pago oportuno de las cuotas pensionales.

Adujo que no cuenta con recursos y ante la demora del proceso

judicial, se hace necesario solicitar el amparo transitorio de sus

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derechos fundamentales.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala

consiste en establecer si el presente caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela, en

especial, el requisito de la subsidiariedad y, de ser así, determinar

si las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales

de la actora al negarle el reconocimiento de la calidad de

prepensionada, el pago de los aportes a pensión y, como

consecuencia de ello, el reconocimiento y pago de la pensión de

jubilación.

De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del

requisito de subsidiariedad

El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por

el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo

86 de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia

que «existan otros recursos o medios de defensa judiciales,

salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para

evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios

será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las

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circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y

negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus

derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de

los derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia

de un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

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amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que

se dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe

conocer del fondo del asunto.»5 (Subrayas y negrillas fuera del

texto).

Ahora bien, precisado lo anterior, la Sala advierte que la presente

acción de tutela es improcedente por incumplir el requisito

de la subsidiariedad, comoquiera que las inconformidades de la

actora pueden ser discutidas a través de los mecanismos judiciales

ordinarios.

En efecto, en la medida en que la actora pretende que se le

reconozca la condición de prepensionada a partir del 31 de enero de

2006, así como el pago de los aportes a pensión desde tal fecha

hasta el 20 de abril de 2006 y, como consecuencia de ello, el

reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tales reproches

deben ser ventilados ante el juez de lo contencioso administrativo,

esto es, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento

del derecho, conforme el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de

5 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván
Palacio Palacio.

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enero 20116 que prevé:

“[…] ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir
que se declare la nulidad del acto administrativo particular,
expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también
podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá
por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del
artículo anterior […]”.

Así las cosas, la actora puede discutir la legalidad de los actos

administrativos por medio de los cuales se le ha reiterado la

negativa de su solicitud, razón por la cual puede promover el medio

de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el

artículo 138 del CPACA.

Además, la Sala no advierte la existencia de un perjuicio

irremediable que haga procedente la acción de tutela de la

referencia como mecanismo transitorio, dado que la urgencia que la

actora pregona para que se defina el litigio, derivada del tiempo

que tardaría en resolverse un proceso ordinario, no constituye una

justificación para entrar a estudiar el fondo del asunto.

Aceptar la procedencia de la acción de tutela por la virtud de
6
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.”, en adelante CPACA.

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celeridad que tiene frente a los trámites ordinarios, implicaría

atribuirle un carácter que desnaturalizaría su objeto, para

convertirla en el mecanismo principal para dirimir cualquier litigio,

pues finalmente a cualquiera de estos podría darse mérito de

requerir decisiones expeditas.

Además, dentro del medio de control aludido la actora puede

solicitar las medidas cautelares dispuestas en el CPACA, con el fin

de proteger el objeto del litigio, si considera cumplir con los

requisitos para tal efecto.

En las condiciones anotadas, la Sala concluye que la solicitud de

amparo de la referencia debe ser declarada improcedente por no

cumplirse el requisito de la subsidiariedad, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

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F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación

presentadas por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE

GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES

DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, LA PREVISORA S.A., el

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y la

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, por las razones expuestas en

la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ACCEDER a la solicitud de desvinculación presentada

por la DEFENSORÍA DEL PUEBLO – REGIONAL VALLE DEL

CAUCA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

providencia.

TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por

no cumplirse el requisito de la subsidiariedad, de conformidad con

lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

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QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 24 de abril de

2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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