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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01563-00

Fecha
22 de abril de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01563-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Negar la solicitud de desvinculación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Juzgado Ciento Cuatro Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, en la solicitud de tutela presentada por Viviana Marcela Alea Poveda contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Juzgado Veintitrés 12 M.P. Dra. Cristina Pardo Schlesinger. 11 Radicado: 11001-03-15-000-2025-01563-00 Demandante: Viviana Marcela Alea Poveda Penal Municipal de Bogotá y el Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01563-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

22 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintidós (22) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01563-00
Demandante: Viviana Marcela Alea Poveda
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros

Temas: Derechos de petición, intimidad y buen nombre
Decisión: Declara carencia actual de objeto por hecho superado

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la solicitud formulada por Viviana Marcela Alea Poveda, en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y
desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud 1

1. Viviana Marcela Alea Poveda promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al buen nombre e intimidad, con ocasión de
la publicación de datos personales sensibles «accesible al público a través de portal web
de la Rema Judicial y motores de búsqueda como Google », con ocasión de procesos
judiciales adelantados ante juzgados de familia, en los que fueron parte junto con su
menor hija.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. La Rama Judicial ha publicado información relacionada con un proceso legal
en el que fue parte, la cual es accesible al público a través de su portal web y Google,
donde aparecen sus datos personales sensibles.

2.2. Radicó solicitud de eliminación o anonimización de estos datos a través del
correo electrónico protecciondatospersonales@deaj.ramajudicial.gov.co, sin que a la
fecha haya recibido respuesta al respecto.

2.3. Se vulneraron sus derechos fundamentales al exponerlas a riesgos de
seguridad y perjuicios frente a oportunidades laborales.

11
Ver índice 2 de Samai, actuación denominada «4ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01563-00
Demandante: Viviana Marcela Alea Poveda

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] 1. Ordene a la Rama Judicial elimine o anonimice mi nombre y el de mi hija menor
de edad de la publicación en cuestión. O bien, solicite la desindexación en Google de los
siguientes enlaces:

https://portalhistorico.ramajudicial.gov.co/documents/36157948/60032293/2020- 00509-
1.pdf/1f9be247-8884-428c-8ee0-32da4a7e6e3d

https://www.ramajudicial.gov.co/documents/36158457/42749606/036.+Ni+400516+-
+VIOLENCIA+INTRA+FAMILIAR.pdf/65dfaa77-0366-46a6-a14d-799ca911d822

2. Se tomen medidas para evitar la exposición de datos personales de menores de edad
en futuras publicaciones. […]» [sic].

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Juzgado Ciento Cuatro Penal Municipal con Funciones de
Conocimiento de Bogotá2 solicitó que se declarara improcedente el amparo por no
acreditarse el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional,
asimismo, su desvinculación por cuanto no vulneró derecho fundamental alguno,
toda vez que:

4.1. La demandante radicó petición a la dirección electrónica
j104pmpalconbta@cendoj.ramajudicial.gov.co el 17 de marzo de 2025, en la que
solicitó la «desindexación de mi información personal y la de mi hija en la página web de la
Rama Judicial». Petición respecto de la cual emitió respuesta el 19 de marzo
siguiente.

4.2. La providencia fue comunicada a la demandante y a las autoridades
competentes para materializarla, en el sentido de lograr el ocultamiento del proceso
en la Consulta de Procesos Nacional Unificada, y la eliminación de la copia de la
sentencia aludida en la página de internet de la Rama Judicial.

4.3. Tanto el Centro de Servicios del SPA como el Centro de Documentación
Judicial, confirmaron que se procedió al ocultamiento de dicha información, con
solicitud de registro de credenciales para su visualización.

4.4. Actualmente, en lo que respecta a la consulta en «el motor de búsqueda con sus
datos expuestos», accesible al público a través del Portal Web de la Rama Judicial,
no se evidencia información alguna relacionada con los hechos objeto de amparo.

5. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 3 solicitó su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, en razón a que no es
responsable de la información que reposa en las bases de datos tales de la Rama

2
Ver índice 8 de Samai, actuación denominada «13RECIBEMEMORIAL_RespuestaAccionTutel(.pdf)
NroActua 8»
3
Ver índice 9 de Samai, actuación denominada «18_MemorialWeb_Respuesta-
CONTESTACIONVIVIANA(.pdf) NroActua 9»
2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01563-00
Demandante: Viviana Marcela Alea Poveda

Judicial, pues, son los despachos judiciales los responsables de mantener
actualizada la información contenida en las aplicaciones, quienes cuentan con las
herramientas necesarias para tramitar el ocultamiento de un sujeto procesal dentro
de los procesos que tienen a cargo.

6. El Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Bogotá 4 informó que no
existió vulneración de derechos fundamentales, en la medida que el 19 de marzo de
2025 se procedió a dejar como privados los registros de la demandante en el sistema
Siglo XXI, lo cual se le informó de forma inmediata.

7. El Centro de Documentación Judicial 5 precisó que no es viable atribuirle el
hecho de publicar información reservada por medio del portal web, pues, son los
despachos judiciales los responsables de analizar y tratar los datos que pueda tener
un expediente, para que, desde el momento de su reparto y sustanciación, adviertan
la necesidad de tomar algunas medidas de protección como, por ejemplo, en el caso
de niños, niñas y adolescentes.

2. Consideraciones

8. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) falta de
legitimación en la causa por pasiva; iv) procedencia de la solicitud de tutela - los
derechos de petición, al buen nombre y a la intimidad; v) determinación del problema
jurídico; y vi) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

9. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política
y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 1.° del Decreto 333
del 6 de abril de 20216, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de
amparo contra el Consejo Superior de la Judicatura y otros.

2.2. Cuestión previa

10. Se advierte que, pese a que la demandante no señaló expresamente como
vulnerado su derecho de petición, de conformidad con los hechos que motivaron la
solicitud de amparo, para la Sala este también se encuentra amenazado, en la
medida que está de por medio un requerimiento de desindexación de su información
personal y la de su hija en la página web de la Rama Judicial, presuntamente sin
trámite, por lo que también será objeto de pronunciamiento.

2.3. Falta de legitimación en la causa por pasiva

11. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene

4
Ver índice 10 de Samai, actuación denominada «25_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
002RESPUESTATUTELA(.pdf) NroActua 10»
5
Ver índice 12 de Samai, actuación denominada
«30RECIBEMEMORIAL_OficioDEAJIF1416481p(.pdf) NroActua 12»
3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01563-00
Demandante: Viviana Marcela Alea Poveda

derecho a presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o
por quién actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales
fundamentales cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, tal como lo
señala el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991:

Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá
contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o
amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo.
De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra
el superior.

12. La Corte Constitucional 6, en lo que a la legitimación en la causa por pasiva en
los trámites de solicitudes de tutela, ha considerado:

«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por
la vulneración o amenaza del derecho fundamental7. En la medida que refleja la calidad
subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso”8, la misma, en principio, no se predica del funcionario que comparece o es
citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será la llamada a
responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello.

Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta Fundamental.”9
Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales (oficiosidad) y a
interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección del derecho
fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es demandado. […]». (sic)

13. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Juzgado Ciento Cuatro
Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá solicitaron su
desvinculación del asunto. La primera, al considerar que no es responsable de la
información que reposa en bases de datos, y el segundo, por cuanto no vulneró
derecho fundamental alguno.

14. Respecto de lo anterior, la Sala aclara que su vinculación a este asunto
obedeció a que son las autoridades a las que la demandante dirigió su requerimiento,
y en aras de salvaguardar sus derechos a la defensa y contradicción, razón por la
cual se negará su solicitud.

2.4. Procedencia de la solicitud tutela

15. El artículo 86 constitucional señala que: «[e]sta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del

6
Sentencia T-1015/2006. MP. Álvaro Tafur Galvis.
7
Sentencia T-025 de 1995. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
8
Sentencia T-416 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
9
Sentencia T-379 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01563-00
Demandante: Viviana Marcela Alea Poveda

Decreto 2591 de 1991 dispone, entre otras, como causal de improcedencia de la
solicitud de amparo:

[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]

16. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha
definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, es decir, no es un
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios
ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco
constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de
un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.4.1. Sobre el derecho de petición

17. Frente a la procedencia de la solicitud de tutela para proteger el derecho de
petición ha señalado la Corte Constitucional:

«[…] Aun cuando es claro que el ordenamiento jurídico tiene establecidos otros
mecanismos de defensa judicial para exigir el cumplimiento del derecho de petición, como
lo es el acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa, luego de agotada la vía
gubernativa, la jurisprudencia constitucional ha considerado que resulta muy oneroso
para el peticionario acceder al mecanismo judicial con el solo propósito de obtener la
respuesta a una petición formulada, corriendo el riesgo que, para la época en que se
adopte la decisión judicial, ningún interés represente ya para el accionante la solicitud
formulada o no produzca en forma oportuna el efecto inicialmente pretendido por éste.

Por tanto, en virtud de los principios de celeridad y economía procesal, y con el fin de
evitar un desgaste innecesario del aparato judicial, atendiendo a su carácter de derecho
fundamental de aplicación inmediata, ha considerado esta Corporación que el derecho
de petición solo puede ser protegido de manera eficiente y efectiva a través de la acción
de tutela cuya finalidad, como quedó expuesto, es satisfacer al particular con un
pronunciamiento frente a la solicitud por él realizada […]».

18. En cuanto a los aspectos generales del derecho fundamental en estudio, de
conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política , «[t]oda persona tiene derecho
a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales […]», lo cual no solo
implica que la respuesta se produzca dentro de los términos de ley, sino que esta
sea suficiente, efectiva y congruente.

2.4.2. Sobre los derechos al buen nombre y a la intimidad

19. El artículo 15 de la Constitución Política define los derechos a la intimidad
personal, familiar y al buen nombre, íntimamente ligados al habeas data, este último
como la garantía que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos, pues, de

5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01563-00
Demandante: Viviana Marcela Alea Poveda

ello puede depender el concepto que de una persona tengan los demás, por lo que
es un deber del Estado respetar y hacer respetarlos.

20. Frente a la procedencia de la solicitud de tutela para proteger el derecho al
buen nombre la Corte Constitucional ha señalado 10:

«[…] Esta Corporación no ha hecho una separación categórica del significado y contenido
de los derechos a la honra y al buen nombre, pues los mismos se encuentran en una
relación estrecha y la afectación de uno de ellos, por lo general, acarrea una lesión al
otro. Bajo este entendido, se ha manifestado que el derecho al buen nombre cobija la
reputación, mientras que la honra se estructuraría en torno a la consideración que toda
persona merece por su condición de miembro de la especie humana. [57] De otra parte, se
ha vinculado el derecho al buen nombre a las actividades desplegadas de forma pública
por alguien. Sosteniéndose que el mismo integraría la valoración que el grupo social hace
de sus comportamientos públicos. En cambio, el derecho a la honra se ha utilizado para
referirse a aspectos más relacionados con la vida privada de las personas y a su valor
intrínseco.

[…]

La jurisprudencia de esta Corporación ha sido consistente en declarar la procedencia de
acciones de tutela presentadas para proteger los derechos fundamentales a la honra y al
buen nombre, cuando estos resultan afectados por la publicación de información en
medios masivos de comunicación […]». (sic)

21. Asimismo, respecto a la protección al derecho a la intimidad puntualizó11:

«[…] aunque el ordenamiento jurídico cuenta con instrumentos diferentes a la tutela,
como la acción penal, [24] para obtener la protección de los derechos al buen nombre, a la
honra y a la intimidad personal, esta Corporación ha establecido[25] que la simple
existencia de una conducta típica que permita salvaguardar dichos derechos
fundamentales, no es un argumento suficiente para deslegitimar por sí sola la
procedencia de la acción de tutela, toda vez que: “(i) aunque la afectación exista y sea
antijurídica, se puede configurar algún presupuesto objetivo o subjetivo que excluya la
responsabilidad penal, lo cual conduciría a la imposibilidad de brindar cabal protección a
los derechos del perjudicado; (ii) la víctima no pretenda un castigo penal, sino solamente
su rectificación; y (iii) la pronta respuesta de la acción de tutela impediría que los efectos
de una eventual difamación sigan expandiéndose y prologándose en el tiempo como
acontecimientos reales y fidedignos. [26]”[27]

En efecto, la jurisprudencia ha determinado la ineficacia del proceso penal para la
salvaguarda de estos derechos fundamentales toda vez que “el elemento central del
delito de injuria está constituido por el animus injuriandi, es decir, por el hecho de que la
persona que hace la imputación tenga conocimiento (1) del carácter deshonroso de sus
afirmaciones, (2) que tales afirmaciones tengan la capacidad de dañar o menoscabar la
honra del sujeto contra quien se dirigen y que con independencia que exista o no
animus injuriandi, en materia constitucional, se puede producir una lesión” […]».
(sic)

22. Finalmente, es oportuno recordar que la solicitud de tutela procede contra toda
actuación que amenace o vulnere derechos fundamentales, siempre que no haya
otro recurso idóneo y efectivo en el ordenamiento para su protección, incluidos
aquellos propios de las autoridades judiciales.

10
Sentencia T-277 De 2015. M.P. María Victoria Calle Correa
11
Sentencia T-277/18. M.P. Cristina Pardo Schlesinger
6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01563-00
Demandante: Viviana Marcela Alea Poveda

2.5. Problema jurídico

23. La Sala deberá definir si: ¿en el presente asunto se configura la carencia
actual de objeto por hecho superado, en tanto la petición objeto de amparo fue
atendida, en el sentido de llevar a cabo el ocultamiento de los datos personales de
la demandante en los sitios web de la Rama Judicial?
2.6. Análisis de la Sala

2.6.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

24. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.6.2. El caso concreto

25. Viviana Marcela Alea Poveda acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se ordenara a las
demandadas eliminar u ocultar información personal sensible propia y de su hija
menor de edad evidenciada en procesos judiciales de tipo penal y de familia. Al
respecto, de las pruebas obrantes en el expediente, se encuentra acreditado que:

25.1.El 17 de marzo de 2025, la demandante radicó petición ante las autoridades
demandadas en los siguientes términos:

25.2. El Juzgado Ciento Cuatro Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de
Bogotá, mediante providencia del 19 de marzo de 2024, resolvió:

«[…] PRIMERO. OCULTAR al público los datos personales de VIVIANA MARCELA
ALEA POVEDA identificada con cédula de ciudadanía número […], por cuenta de la
actuación CUI. […], en la página de internet de la Rama Judicial y la Consulta de
Procesos Nacional Unificada, en lo atinente a este Despacho, lo cual se podrá ver
reflejado dentro de los (05) CINCO días hábiles siguientes a la notificación de esta
decisión. Efectúense las comunicaciones pertinentes.

SEGUNDO. RETIRAR del Portal Web de la Rama Judicial, […], lo cual se podrá ver
reflejado dentro de los (05) CINCO días hábiles siguientes a la notificación de esta
decisión. Efectúense las comunicaciones pertinentes […]».

7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01563-00
Demandante: Viviana Marcela Alea Poveda

25.3.Decisión notificada en la misma fecha, mediante el correo electrónico a la
demandante, como se evidencia a continuación:

25.4. Así como a las autoridades a quienes correspondía su materialización, así:

25.5. Respecto de la cual, el 19 de marzo de 2025, el Centro de Documentación
Judicial (CENDOJ), informó que ya realizó el ocultamiento, así:

25.6. El 21 de marzo de 2025, en igual sentido se manifestó el Centro de Servicios
del SPA:

8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01563-00
Demandante: Viviana Marcela Alea Poveda

25.7. Mediante correo electrónico CENDOJ le solicitó al Juzgado Tercero de Familia
del Circuito Judicial de Bogotá autorización para eliminar u ocultar el documento en
cuestión, así:

25.8.Al respecto, el Juzgado Tercero de Familia del Circuito Judicial de Bogotá
mediante correo electrónico del 1.° de abril de 2024, le informó lo siguiente:

25.9. En el mismo sentido, le notificó a la demandante que atendió de manera
favorable su solicitud de ocultamiento, como se evidencia:

9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01563-00
Demandante: Viviana Marcela Alea Poveda

26. Ahora bien, la Sala aclara que, al ingresar a los dos enlaces que remitió la
demandante, no se observa el proceso referido ni sus datos. Al contrario, se solicita
tener credenciales para poder acceder, así:

27. Asimismo, al consultar su nombre en el buscador de Google, ya no se
observan los datos del proceso judicial que aparecían en el pantallazo que anexó,
como se evidencia a continuación:

10

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01563-00
Demandante: Viviana Marcela Alea Poveda

28. Tal como quedó acreditado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, el Juzgado Veintitrés Penal Municipal de
Bogotá y el Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Bogotá, atendieron la petición
presentada por la demandante mediante la providencia del 19 de marzo y las
diversas actuaciones y correos posteriores realizados para dar cumplimiento a la
orden de ocultamiento de sus datos personales, las cuales fueron notificadas a la
demandante, lo cual ocurrió posterior a la radicación de la solicitud de tutela (18 de
marzo de 2025).

29. A juicio de la Sala, en el presente asunto se configuró la carencia actual de objeto
por hecho superado, pues, durante el trámite de la solicitud de amparo, las
demandadas adelantaron las gestiones pertinentes para hacer cesar la conducta
vulneratoria de los derechos fundamentales de Viviana Marcela Alea Poveda.

12
30. La Corte Constitucional en sentencia T-038 de 2019 , respecto del fenómeno
jurídico de la carencia actual de objeto por hecho superado, señaló:

«[…] Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición de la acción
de tutela y el fallo, se evidencia que como consecuencia del obrar de la accionada, se
superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante.
Dicha superación se configura cuando se realizó la conducta pedida (acción u abstención)
y, por tanto, terminó la afectación, resultando inocua cualquier intervención del juez
constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los
ha garantizado […]». (sic)

3. Decisión

31. En este orden de ideas, quedó superada la vulneración alegada por Viviana
Marcela Alea Poveda, de forma que la Sala declarará la carencia actual de objeto
por hecho superado, en la solicitud de tutela presentada contra del Consejo Superior
de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Juzgado
Veintitrés Penal Municipal de Bogotá y el Juzgado Tercero de Familia del Circuito de
Bogotá.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Negar la solicitud de desvinculación de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y el Juzgado Ciento Cuatro Penal Municipal con Funciones
de Conocimiento de Bogotá, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, en la solicitud
de tutela presentada por Viviana Marcela Alea Poveda contra el Consejo Superior de
la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Juzgado Veintitrés

12
M.P. Dra. Cristina Pardo Schlesinger.

11

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01563-00
Demandante: Viviana Marcela Alea Poveda

Penal Municipal de Bogotá y el Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Bogotá,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

LVLQ/LXRR

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del
presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

12

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