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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01564-00

Fecha
8 de mayo de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01564-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA del señor Jorge Enrique Garzón Rivera para interponer la presente acción de tutela, por las razones explicadas en precedencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la señora Yeni Alejandra Martín Salas, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley. 39 Corte Constitucional. Sentencia T-511 del 11 de diciembre de 2020. 23 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 15 000 2025 01564 00 Accionante: Yeni Alejandra Martín Salas y Jorge Enrique Garzón Rivera Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-01564-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

8 de mayo de 2025

Radicación: 11001 03 15 000 2025 01564 00
Accionante: Yeni Alejandra Martín Salas y Jorge Enrique Garzón Rivera

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 01564 00
Accionantes: YENI ALEJANDRA MARTÍN SALAS Y JORGE ENRIQUE
GARZÓN RIVERA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN E

Tesis: No está legitimado en la causa por activa para interponer
la acción de tutela quien pretende controvertir una
providencia proferida en un proceso ejecutivo en el que
no fue parte, sino que actuó como apoderado de la parte
ejecutante.

La acción de tutela es improcedente cuando la
controversia planteada por la parte actora pretende
reabrir el debate resuelto por el juez natural.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Yeni Alejandra
Martín Salas y el señor Jorge Enrique Garzón Rivera, en contra de la
providencia proferida el 14 de marzo de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en el
proceso ejecutivo identificado con el radicado nro. 11001 33 35 015 2024
00208 00/01.

1

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www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 01564 00
Accionante: Yeni Alejandra Martín Salas y Jorge Enrique Garzón Rivera

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Yeni Alejandra Martín Salas y el señor Jorge Enrique Garzón
Rivera, actuando en nombre propio, promovieron acción de tutela en
contra de la precitada providencia, y para ello formularon las siguientes
pretensiones1:

“[…] 1. Que el Consejo de Estado tutele los derechos fundamentales
de la accionante al acceso a la justicia, al debido proceso y al trabajo
en condiciones dignas.

2. Que el Consejo de Estado ordene al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca revocar su decisión y decretar el embargo de la
cuenta de Davivienda de la Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.

3. Que, como medida cautelar, se suspenda la negativa del embargo
y se ordene el embargo preventivo de los recursos en cuestión hasta
que se resuelva de fondo la presente acción.

4. Que se adopten las medidas necesarias para evitar que la
negativa del Tribunal Administrativo de Cundinamarca continúe
afectando derechos fundamentales […]”.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

Los accionantes informaron que la señora Martín Salas promovió demanda
ejecutiva en contra de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
E.S.E. con el fin de obtener el pago de las prestaciones sociales
reconocidas en las sentencias del 8 de febrero de 2019 y 7 de febrero de
2020, proferidas por el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de
Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respectivamente.

Manifestaron que, “(…) a pesar de la existencia de una sentencia firme,
la entidad demandada no ha cumplido voluntariamente con su obligación

1
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01564 00.
2

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Accionante: Yeni Alejandra Martín Salas y Jorge Enrique Garzón Rivera

de pago, por lo que la accionante inició proceso ejecutivo para obtener el
cobro forzado (…)”2.

Relataron que, en el precitado proceso ejecutivo, la parte ejecutante
solicitó el embargo de los recursos de la entidad ejecutada que se
encuentran en la cuenta bancaria nro. 004800391056 del Banco
Davivienda, designados exclusivamente, según afirmaron, para el pago
de sentencias y conciliaciones.

Indicaron que, por auto del 13 de diciembre de 2024, el Juzgado Quince
Administrativo del Circuito de Bogotá negó la precitada solicitud de
embargo argumentando que los recursos destinados a sentencias y
conciliaciones son inembargables en virtud del artículo 195 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Señalaron que, inconforme con la decisión anterior, la parte ejecutante
interpuso recurso de apelación y que la Subsección E, Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en auto del 14 de marzo de
2025 la confirmó, reiterando que los precitados recursos son
inembargables.

Anotaron que “(…) la decisión del Tribunal desconoce precedentes
judiciales claros, como los Autos del Consejo de Estado de 5 de diciembre
de 2022 y 23 de marzo de 2023, que han admitido el embargo de recursos
en cuentas destinadas al pago de sentencias cuando el ejecutado
incumple su obligación (…)”3.

Alegaron que, “(…) la negativa del Tribunal vulnera el derecho
fundamental de la accionante al acceso a la justicia y a la ejecución
efectiva de las decisiones judiciales, pues no le permite cobrar una
obligación clara y exigible (…)”4.

2
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01564 00.
3
Ibidem.
4
Ibidem.
3

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Accionante: Yeni Alejandra Martín Salas y Jorge Enrique Garzón Rivera

Adujeron que la Corte Constitucional, en sentencia C-354 de 1997,
estableció que la inembargabilidad de recursos públicos no es absoluta y
que existen excepciones cuando se trata de la ejecución de decisiones
judiciales.

Resaltaron que “(…) [la] Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
E.S.E., ha incumplido sistemáticamente con sus obligaciones judiciales,
afectando gravemente los derechos laborales de la accionante (…)”5. En
ese sentido, agregaron que “(…) la negativa del Tribunal permite que una
entidad pública desacate órdenes judiciales sin consecuencia alguna,
dejando a la accionante en un estado de indefensión (…)”6.

Aseveraron que “(…) el Consejo de Estado ha reconocido que el embargo
sí es procedente en estos casos, siempre que se trate de la ejecución de
sentencias judiciales firmes, lo que demuestra la contradicción en la
decisión del Tribunal (…)”7.

En el acápite denominado “FUNDAMENTOS JURÍDICOS”, hicieron
referencia a algunas providencias, de la siguiente manera8:

“[…]
• Auto de 5 de diciembre de 2022 (Rad. 4877-2019): El Consejo
de Estado estableció que el embargo procede cuando se
persigue el cumplimiento de un fallo judicial firme.

• Auto de 23 de marzo de 2023 (Rad. 4105-2021): Se reiteró
que, si los recursos están destinados al pago de sentencias y
conciliaciones, estos pueden ser embargados si el ejecutado
incumple.

• Sentencia C-354 de 1997 (Corte Constitucional) […]”.

Reiteraron que “(…) el principio de inembargabilidad no es absoluto y que,
cuando se trata de recursos destinados al pago de sentencias judiciales,
el embargo sí puede proceder (…)”9.

5
Ibidem.
6
Ibidem.
7
Ibidem.
8
Ibidem.
9
Ibidem.
4

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Finalmente arguyeron que “(…) al no existir ningún otro recurso judicial
ordinario o extraordinario, es imperativo que el Consejo de Estado ordene
el embargo de los recursos destinados al pago de la sentencia,
garantizando así la efectividad de la justicia (…)”10.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 17 de marzo de 202511 a través del aplicativo
de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama Judicial, y
correspondió por reparto a esta Sección que, por auto del 25 de marzo de
202512 la admitió, negó la medida provisional solicitada y dispuso
notificar13 a la Subsección E, Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, como parte accionada, así como vincular14 al Juzgado
Quince Administrativo del Circuito de Bogotá y a la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur E.S.E., como terceros interesados en el resultado
del proceso.

De igual forma, requirió al Juzgado Quince Administrativo del Circuito de
Bogotá y a la Subsección E, Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, para que allegaran copia digital del expediente
identificado con el radicado nro. 11001 33 35 015 2024 00208 00/01, el
cual fue remitido15.

10
Ibidem.
11
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01564 00.
12
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01564 00.
13
Esta orden se cumplió el 27 de marzo de 2025. Visto en el índice 7 de la Sede
Electrónica para la Gestión del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01564
00.
14
Ibidem.
15
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01564 00.
5

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Accionante: Yeni Alejandra Martín Salas y Jorge Enrique Garzón Rivera

3.2. La titular del Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Bogotá
allegó escrito16 en el que solicitó que se nieguen las pretensiones de la
solicitud de amparo.

Manifestó que, por auto del 13 de diciembre de 2024, resolvió negar la
medida cautelar de embargo de las cuentas bancarias y del inmueble
identificado con número de matrícula inmobiliaria 50S-40764275 de las
que es titular la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., cuyos
fundamentos de hecho y derecho, según afirmó, se ajustan a los
postulados constitucionales y legales vigentes.

Expuso que “(…) entre las consideraciones de la providencia del 13 de
diciembre de 2024, se indicó que el actor no discriminó la naturaleza y
destinación de las cuentas bancarias que pretende embargar, y respecto
al embargo del bien inmueble, se negó la solicitud por tratarse de recursos
inembargables los cuales financian la salud y cuentan con destinación
específica, conforme lo contempla el artículo 25 de la Ley Estatutaria 1751
de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud
y se dictan otras disposiciones”. Aunado a lo anterior, en el presente
asunto resulta necesario determinar el monto de la obligación, y así
establecer si es procedente seguir adelante la ejecución (…)”.

Agregó que “(…) solicitudes de medida cautelar respecto de los mismos
inmuebles y cuentas bancarias que se discuten dentro del presente
asunto, de propiedad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
E.S.E., han sido objeto de debate en múltiples procesos ejecutivos que
cursan en este Despacho, frente a lo cual se tiene que mediante
Resolución 980 del 24 de mayo de 2024, el Ministerio de Salud categorizó
el riesgo de la Subred en "riesgo medio" (…)”.

3.3. La abogada de la oficina jurídica de la Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E. presentó escrito17 en el que se opuso a las

16
Ibidem.
17
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01564 00.
6

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pretensiones de la parte actora y solicitó que se niegue por improcedente
la acción de tutela.

Señaló que “(…) la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca se basó en la aplicación del artículo 195 del CPACA, que
establece la inembargabilidad de los recursos públicos destinados al pago
de sentencias y conciliaciones. La jurisprudencia del Consejo de Estado
ha reconocido esta inembargabilidad como una regla general, permitiendo
excepciones solo en casos en que la falta de pago sea injustificada y
sistemática, lo que no se ha acreditado en el presente asunto (…)”.

Indicó que “(…) si bien existen precedentes que han permitido el embargo
en circunstancias específicas, estos deben analizarse caso a caso. En el
presente proceso, no se evidencia un incumplimiento doloso o una
negativa arbitraria por parte de la entidad demandada, sino la aplicación
de una norma que protege los recursos destinados al pago de obligaciones
judiciales (…)”.

Resaltó que “(…) el accionante ya inició un proceso ejecutivo con la
finalidad de hacer efectivo el pago de la sentencia, sin necesidad de acudir
a la acción de tutela para este trámite, desgastando el aparato
jurisdiccional para temas que, si lo ameritan y no insistiendo de manera
TEMERARIA, haciendo incurrir en el error e insistiendo en lo relacionado
con el embargo, aun sabiendo la naturaleza de la entidad y el estado
financiero actual, situación que ya se conoce como quiera que ya ha
instaurado derechos de petición y tutelas con el mismo requerimiento
(…)”.

Aseveró que “(…) esta acción de tutela no supera el requisito de
subsidiaridad indispensable para su procedencia, pues contrario a lo
manifestado por el accionante, no se ha vulnerado ningún derecho
fundamental y de ninguna manera está demostrando que se le está
causando un perjuicio irremediable (…)”.

7

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3.4. La magistrada ponente de la providencia acusada rindió informe18 en
el que solicitó que se niegue el amparo deprecado.

Precisó que la parte actora no determinó de manera expresa el defecto
en el cual presuntamente se incurrió en el auto del 14 de marzo de 2025,
cuestionado en esta sede constitucional; sin embargo, anotó que del
contenido del escrito de tutela se entiende que los accionantes alegan un
presunto desconocimiento del precedente, comoquiera que, según se
adujo, se desconocieron los autos del Consejo de Estado proferidos el 5
de diciembre de 2022 y 23 de marzo de 2023, en los procesos
identificados con los radicados nro. 68001 23 33 000 2015 00473 01 y
20001 23 39 000 2015 00609 02, respectivamente.

Al respecto, sostuvo que, con base en los anteriores pronunciamientos, la
Sala de decisión determinó que no había lugar a decretar la medida
cautelar solicitada, en tanto que los recursos destinados al pago de
sentencia y conciliaciones, no pueden ser objeto de embargo conforme la
prohibición prevista en el parágrafo 2 del artículo 195 de la Ley 1437 de
2011.

Como sustento de lo anterior, citó apartes de la providencia cuestionada
y aseveró que “(…) lo anterior guarda relación con lo señalado en el auto
de 23 de marzo de 2023 -citado en la providencia objeto de la presente
acción de tutela-, en donde precisó que aun en las excepciones al principio
de inembargabilidad, la medida cautelar únicamente debe decretarse
sobre cuentas abiertas a favor de la entidad; y no, sobre dineros
destinados presupuestalmente al pago de sentencias y conciliaciones
(…)”.

3.5. El expediente ingresó al despacho para fallo el 4 de abril de 202519.

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Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 199120 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,21 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 202122, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 201923, modificado por el Acuerdo nro. 434
del 10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

4.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente24:

4.2.1. La señora Yeni Alejandra Martín Salas, actuando por conducto de
su apoderado el señor Jorge Enrique Garzón Rivera, promovió demanda
ejecutiva en contra de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
E.S.E. pretendiendo lo siguiente:

“[…] PRIMERA: Se libre mandamiento de pago por el valor de
CIENTO DOCE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CT ($112.084.528)
deducidas en las siguientes sumas de dinero:

A. Se ordene pagar los intereses corrientes y moratorios conforme
artículos 192 y siguientes del C.P.A.C.A. desde la fecha de
exigibilidad, hasta la fecha que se cancele el total de la obligación,

20
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
21
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
22
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
23
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
24
Lo que se desprende del expediente correspondiente al proceso ejecutivo identificado
con el radicado nro. 11001 33 35 015 2024 00208 00/01. Visto en el índice 9 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025
01564 00.
9

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el día 06 de noviembre de 2020 fecha de ejecutoriedad de la
sentencia.

B. AUXILIO DE TRANSPORTE: por la suma de $1.823.129
Que corresponden al valor total de este ítem $ 1.558.767 junto con
la indexación que arroja la suma de $ 264.362 (y que se ordene su
actualización en el momento procesal oportuno).

C. SUBSIDIO DE ALIMENTACION: por la suma de $1.226.781
Que corresponden al valor total de este ítem $ 1.049.225 junto con
la indexación que arroja la suma de $ 177.556 (y que se ordene su
actualización en el momento procesal oportuno).

D. PRIMA DE VACACIONES: por la suma de $6.134.494
Que corresponden al valor total de este ítem $ 4.706.003 junto con
la indexación que arroja la suma de $ 1.428.491 (y que se ordene
su actualización en el momento procesal oportuno).

E. VACACIONES EN DINERO: por la suma de $8.588.289
Que corresponden al valor total de este ítem $ 6.588.402 junto con
la indexación que arroja la suma de $ 1.999.887 (y que se ordene
su actualización en el momento procesal oportuno).

F. BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN: por la suma de $709.849
Que corresponden al valor total de este ítem $ 543.067 junto con la
indexación que arroja la suma de $ 166.782 (y que se ordene su
actualización en el momento procesal oportuno).

G. RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA: por la suma de
$3.769.413
Que corresponden al valor total de este ítem $3.138.480 junto con
la indexación que arroja la suma de $ 630.933 (y que se ordene su
actualización en el momento procesal oportuno).

H. BONIFICACION POR SERVICIOS: por la suma de $4.745.806
Que corresponden al valor total de este ítem $ 3.627.842 junto con
la indexación que arroja la suma de $ 1.117.964 (y que se ordene
su actualización en el momento procesal oportuno).

I. PRIMA DE SERVICIOS O SEMESTRAL: por la suma de
$12.460.476
Que corresponden al valor total de este ítem $ 9.567.876 junto con
la indexación que arroja la suma de $2.892.600 (y que se ordene
su actualización en el momento procesal oportuno).

J. PRIMA DE ANTIGUEDAD: por la suma de $1.561.973
Que corresponden al valor total de este ítem $1.268.970 junto con
la indexación que arroja la suma de $ 293.003 (y que se ordene su
actualización en el momento procesal oportuno).

K. PRIMA DE NAVIDAD: por la suma de $12.758.928
Que corresponden al valor total de este ítem $ 9.788.421 junto con
la indexación que arroja la suma de $2.970.507 (y que se ordene
su actualización en el momento procesal oportuno).
10

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Accionante: Yeni Alejandra Martín Salas y Jorge Enrique Garzón Rivera

L. CESANTIAS: por la suma de $13.778.319
Que corresponden al valor total de este ítem $ 10.571.628 junto con
la indexación que arroja la suma de $ 3.206.691 (y que se ordene
su actualización en el momento procesal oportuno).

M. INTERESES A CESANTIAS: por la suma de $1.586.339
Que corresponden al valor total de este ítem $ 1.218.854 junto con
la indexación que arroja la suma de $ 367.485 (y que se ordene su
actualización en el momento procesal oportuno).

N. COTIZACION DE APORTES A PENSIÓN: por la suma de
$12.930.493 ya indexados. (y que se ordene su actualización
en el momento procesal oportuno).

O. COSTAS: por la suma de $530.000.

SEGUNDO: Se tenga como prueba los valores de las prestaciones
sociales y aportes a seguridad social junto con todos los
emolumentos aportados por la parte ejecutante que asciende a la
suma de OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CT
($82.604.289) sumas que deben ordenarse su actualización
en el momento procesal oportuno.

TERCERO: Se ordene a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD SUR E.S.E a trasladar los porcentajes de cotización a
pensión al fondo correspondiente durante el periodo acreditado
conforme se ordenó en la sentencia […]”. (Mayúsculas, negrillas y
resaltado originales del escrito de la demanda).

4.2.2. En escrito aparte, la señora Martín Salas, actuando a través de su
apoderado, solicitó la siguiente medida cautelar:

“[…] Solicito de la manera más atenta se libren oficios de embargo
y retención de los dineros que posea la ejecutada SUBRED
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. bajo el NIT
900.958.564-9 en la CUENTA DE AHORROS No.
004800391056 del BANCO DAVIVIEDA con designación
específica Pago sentencias y conciliaciones; lo anterior petición bajo
la gravedad de juramento […]”. (Mayúsculas y negrillas originales
del escrito).

4.2.3. Posteriormente, en otro escrito, la parte demandante solicitó la
siguiente medida provisional:

“[…] Solicito de la manera más atenta y respetuosa se decrete el
embargo y secuestro de los bienes inmuebles identificados con los
números de MATRÍCULA INMOBILIARIA 50S-40764275,
propiedad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, hasta

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cubrir la suma adeudada, los intereses y las costas procesales […]”.
(Mayúsculas y negrillas originales del escrito).

4.2.4. La demanda correspondió por reparto al Juzgado quince
Administrativo del Circuito de Bogotá que, por auto del 13 de diciembre
de 2024 dispuso “LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, en contra de SUBRED
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. y a favor de la
demandante, señora YENI ALEJANDRA MARTÍN SALAS, (…), para que
dentro de los cinco (5) días siguientes a este proveído cumpla cabalmente
con la obligación impuesta en la sentencia proferida por este despacho el
día el día 08 de febrero de 2019 y de segunda instancia, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección “E”, el 07 de febrero de 2020, y así mismo efectúe el pago de
los intereses moratorios causados, desde el 07 de noviembre de 2020 al
06 de febrero de 2021, y desde el 23 de abril de 2021 hasta el pago de
la sentencia, junto con las costas del proceso ordinario”.

4.2.5. Posteriormente, por auto del mismo día, esto es el 13 de diciembre
de 2024, el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Bogotá negó
las solicitudes de la parte demandante tendientes “al embargo de cuentas
bancarias e inmuebles” de la entidad ejecutada.

4.2.6. Inconforme con la decisión anterior, la parte ejecutante interpuso
recurso de apelación y la Subsección E, Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, la confirmó.

4.3. CUESTIÓN PREVIA

En el asunto bajo examen, la señora Yeni Alejandra Martín Salas y el señor
Jorge Enrique Garzón Rivera, actuando en nombre propio, interpusieron
acción de tutela en contra del auto proferido el 14 de marzo de 2025 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, que confirmó el dictado el 13 de diciembre de 2024 por el
Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Bogotá, en el proceso
ejecutivo identificado con el radicado nro. 11001 33 35 015 2024 00208

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Accionante: Yeni Alejandra Martín Salas y Jorge Enrique Garzón Rivera

00/01, promovido por la señora Martín Salas en contra de la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

La Sala advierte que, en este caso, el señor Garzón Rivera no se encuentra
legitimado para interponer la solicitud de amparo, por las razones que
pasan a explicarse:

El artículo 86 de la Constitución Política establece que: “(…) toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública (…)”. (Se destaca).

A su vez, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispuso que, “(…) la
acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por
cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales (…)”. (Se destaca).

Por su parte, la Corte Constitucional, en sentencia T-511 de 2017, al hacer
referencia de la sentencia T-176 de 2011, anotó que: “(…) la legitimación
en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que
presenta la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto
del amparo que se solicita al juez constitucional, de tal forma que
fácilmente el fallador pueda establecer que el derecho fundamental
reclamado es propio del demandante (…)”. (Se destaca).

En igual sentido ha señalado que “(…) la legitimación por activa es
requisito de procedibilidad. Esta exigencia significa que el derecho para
cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental propio
del demandante y no de otra persona. Adicionalmente, la legitimación en
la causa como requisito de procedibilidad exige la presencia de un nexo
de causalidad entre la vulneración de los derechos del demandante, y la

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acción u omisión de la autoridad o el particular demandado, vínculo sin el
cual la tutela se torna improcedente (…)”25. (Se destaca).

A su turno, esta sección ha indicado que quien promueve una acción de
tutela con el propósito de buscar la protección de un derecho
fundamental, presuntamente amenazado o vulnerado con ocasión de las
providencias o actuaciones que se surtan en el trámite de un proceso
judicial, debe acreditar que es o hizo parte del mismo26.

Al efecto, en fallo de tutela proferido el 16 de diciembre de 2020 27, esta
Sección explicó que “(…) la legitimación en la causa por activa de quien
promueve acción tutela contra providencia judicial y alega la
vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, está
determinada por la participación en el proceso judicial cuya revisión
depreca en ejercicio del amparo constitucional (…)”. (Negrillas originales
de la providencia).

En el caso concreto, está acreditado que (i) el proceso ejecutivo en el que
se profirió el auto cuestionado en este trámite tutelar fue promovido por
la señora Yeni Alejandra Martín Salas, a través de su apoderado judicial,
el señor Jorge Enrique Garzón Rivera, en contra de la Subred Integrada
de Servicios de Salud Sur E.S.E., y que (ii) en el precitado proceso, hasta
el momento, no se ha vinculado a ninguna persona, natural o jurídica, en
calidad de tercero interviniente.

Conforme con lo expuesto, la Sala evidencia que el señor Garzón Rivera
no hace parte del proceso en el que se profirió la providencia judicial que
cuestiona, sino que actúa como apoderado judicial de la demandante.

25
Corte Constitucional. Sentencia T – 568 del 17 de julio de 2012. M.P.: Mauricio
González Cuervo.
26
Esta posición ha sido expuesta en: (i) Sentencia del 26 de noviembre de 2018. C.P.
Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 11001 03 15 000 2018 02901 01 y
(ii) Sentencia del 26 de marzo de 2021. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente
radicación nro. 11001 03 15 000 2022 04272 01.
27
Sentencia del 16 de diciembre de 2020. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Expediente
radicación nro. 11001 03 15 000 2020 04130 00.
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En ese sentido, no se encuentra legitimado para interponer la presente
solicitud de amparo, debido a que la eventual vulneración de las garantías
constitucionales invocadas no le afectaría a él, sino a la señora Yeni
Alejandra Martín Salas, parte demandante en el proceso ejecutivo, quien
también promovió la presente acción de tutela.

En consecuencia, la Sala declarará la falta de legitimación en la causa por
activa del señor Jorge Enrique Garzón Rivera, para interponer la presente
tutela.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

Aclarado lo anterior, y tratándose de una acción de tutela contra
providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este instrumento
excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial.

El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe
verificar es la relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá
en (i) los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado
para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.

4.4.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
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asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”28.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional29.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades30:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

28
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
29
En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó
que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben
aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez
debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
30
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
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Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia31. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.

4.4.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se
detendrá en el examen del tercer criterio que la compone, el cual busca
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que “la tutela no
es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de mera
legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de
tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la
protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal” (…)”. (Se destaca).

En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la
tutela contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio
de corrección respecto del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye
su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la
Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial”. (Se destaca).

31
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
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En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través
de la acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo
probatorio, o reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas
allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el
amparo radica en la interpretación de las normas de carácter legal que
regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional está
siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y
como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la
autonomía e independencia del juez natural.

La Sala advierte que, en este evento, no se cumple el requisito de
relevancia constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la
compone, esto es, impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces,
no está superado.

Ello, debido a que, a través de la presente acción de tutela, la parte
accionante controvierte los fundamentos invocados por el tribunal
accionado en el auto acusado, con el fin de reabrir el debate resuelto por
el juez natural de la causa, en tanto que insiste en que “(…) el embargo
sí es procedente en estos casos, siempre que se trate de la ejecución de
sentencias judiciales firmes, lo que demuestra la contradicción en la
decisión del Tribunal (…)”32.

En igual sentido, alegó que “(…) el principio de inembargabilidad no es
absoluto y que, cuando se trata de recursos destinados al pago de
sentencias judiciales, el embargo sí puede proceder (…)”33.

32
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01564 00.
33
Ibidem.
18

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Sin embargo, los mencionados reproches ya fueron objeto de
pronunciamiento por parte del tribunal accionado en el auto cuestionado,
en los siguientes términos34:

“[…] respecto al mecanismo cautelar objeto de análisis, resulta
claro que como se advirtió, por regla general los bienes del Estado
son inembargables. Sin embargo, conforme a la jurisprudencia de
la Corte Constitucional35 y del Consejo de Estado36, esta prohibición
resulta improcedente cuando se pretenda (i) el cumplimiento de
créditos u obligaciones de origen laboral o (ii) el pago de sentencias
judiciales dado que se busca garantizar la seguridad jurídica y el
respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias.

Bajo este presupuesto, se observa que, en principio, en el presente
asunto se cumple esa condición, en tanto que la ejecutante solicita
el pago de unas sumas de dinero originadas en el cumplimiento de
las sentencias proferidas por esta jurisdicción, estas son, el fallo de
8 de febrero de 2019 del Juzgado Quince Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá y la sentencia de segunda instancia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
de fecha 7 de febrero de 2020, en las cuales se declaró la existencia
de una relación laboral y se ordenó el pago de prestaciones sociales
reconocidas a un empleado de planta de la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur E.S.E.

Ahora bien, de acuerdo con lo señalado en el artículo 2.8.1.6.1.1
del Decreto 1068 de 2015, solamente pueden ser objeto de
embargo (i) “las cuentas corrientes y de ahorros abiertas por las
entidades públicas que reciban recursos del Presupuesto General
de la Nación, cuando se trata del cobro ejecutivo de sentencias o
conciliaciones” o (ii) los recursos del Sistema General de
Participaciones, cuando se persiga el pago de créditos laborales
judicialmente reconocidos.

Luego entonces y como la demandante insiste en el embargo y
retención “de los dineros que posea la ejecutada SUBRED
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR con numero de NIT
900.958.564-9 del BANCO DAVIVIENDA No. 004800391056
AHORROS con designación específica Pago sentencias y
conciliaciones”, es claro que no resulta procedente su decreto, en
atención a que se trata de aquellos recursos que por expresa
disposición legal son inembargables, dado que así lo prevé el
parágrafo 2 del artículo 195 de la Ley 1437 de 2011 […]”.

34
Providencia aportada por la parte accionante junto con el escrito de tutela. Visto en el
índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2025 01564 00.
35
C-1154 de 2007
36
C.E., Sec. Segunda. Auto 68001233300020150047301 (4877-2019), dic. 05/2022.
M.P. William Hernández Gómez.
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Bajo dicho contexto, la Sala advierte que la acción de tutela está siendo
utilizada como una instancia o recurso adicional para cuestionar la
interpretación y el alcance normativo efectuado por el juez natural de la
causa, frente a la inembargabilidad de los recursos de la entidad
ejecutada, por lo que se concluye que, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional aludida en precedencia, la petición de amparo no cumple
con el tercer criterio de la relevancia constitucional, y, por consiguiente,
deviene improcedente.

Ahora bien, en cuanto al argumento de la parte actora relacionado con
que la autoridad judicial accionada “desconoce precedentes judiciales
claros”, como los autos del Consejo de Estado proferidos el 5 de diciembre
de 2022 y el 23 de marzo de 2023, en los procesos identificados con los
radicados internos nro. 4877-2019 y 4105-2021, respectivamente, en los
que, según afirmó, se ha indicado que sí es procedente el embargo de
recursos en cuentas destinadas al pago de sentencias cuando el ejecutado
incumple su obligación, la Sala observa que dichos autos no fueron
invocadas en el recurso de apelación interpuesto en el proceso ejecutivo,
pese a que tuvo la oportunidad de hacerlo comoquiera que fueron
dictados con anterioridad al auto, de donde se desprende que la acción
de tutela está siendo utilizada como una instancia o recurso adicional para
exponer nuevos argumentos que no fueron discutidos ante el juez natural
de la causa y respecto de los cuales no hubo un pronunciamiento debido
a que no fueron objeto de debate.

En todo caso, en la providencia cuestionada se evidencia que el tribunal
accionado hizo referencia a dichos autos, por lo tanto, tampoco es de
recibo el argumento expuesto por la parte accionante.

En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho

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que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que tiene.

Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente
sobre la controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a
alguna de las partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le
han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus
competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones
hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento
por fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el
trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como
lo es la tutela.

En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a
pronunciarse sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el
objeto del debate, porque así le fueron planteadas por el demandante y
el demandado en sus pretensiones, excepciones y hechos, resuelve
simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad
el llamado a decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo
por demás el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza
con el proceso diseñado para dirimir la controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que

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se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues, en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero ese no es el
supuesto en el caso que aquí se examina, ya que la parte accionante no
alega que el juez se haya desviado de los hechos o el derecho propuesto
en el proceso.

Finalmente, no sobra advertir que la presente solicitud de amparo
también resulta improcedente por no cumplir con el requisito general de
subsidiariedad, comoquiera que el proceso ejecutivo en el que se profirió
la providencia acusada se encuentra en curso.

Al respecto, sobre la improcedencia de la acción de tutela en los casos en
los que el asunto está en trámite, la Corte Constitucional ha explicado que
la intervención del juez constitucional, en principio, está vedada, toda vez
que la acción de tutela no constituye un mecanismo alternativo o paralelo
para resolver problemas jurídicos que deben ser resueltos al interior del
trámite ordinario37.

En igual sentido, ha señalado que “(…) la acción de tutela no procede de
manera directa cuando el asunto está en trámite, toda vez que se cuenta
con la posibilidad de agotar los medios de defensa previstos en el
ordenamiento. No obstante, la protección de derechos fundamentales a
través de la acción de tutela permite la intervención del juez constitucional
siempre que se demuestre que no existe otro medio de defensa judicial o
que se pretende evitar un perjuicio irremediable (…)”38.

Frente a la procedencia de la acción de tutela contra autos interlocutorios,
la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha explicado que “(…) el
análisis (…) es estricto, puesto que: i) no se trata de decisiones

37
Corte Constitucional. Sentencia T-335 de 2018. M.P.: Diana Fajardo Rivera.
38
Corte Constitucional. Sentencia SU-695 de 2015. M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
22

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definitivas; ii) la persona tiene a su disposición distintos recursos jurídicos
para controvertir el auto, en el marco del proceso judicial en el cual fue
emitido y, además, iii) tiene la posibilidad de recurrir la decisión final. Tal
criterio restrictivo encuentra su justificación en que la acción de tutela no
puede ser utilizada por el accionante para “controvertir una decisión
adversa a [los] intereses”, en el marco de un proceso judicial en el cual
“no se ha proferido ningún fallo definitivo” (…)”39.

Por lo anotado, y sin ser necesario descender en otras consideraciones, la
Sala declarará improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con
los requisitos generales de relevancia constitucional y de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA
POR ACTIVA del señor Jorge Enrique Garzón Rivera para interponer la
presente acción de tutela, por las razones explicadas en precedencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por la señora Yeni Alejandra Martín Salas, según lo expuesto en la parte
considerativa de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si
no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

39
Corte Constitucional. Sentencia T-511 del 11 de diciembre de 2020.
23

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Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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