Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01576-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01576-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01576-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
5 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01576-00
Accionante: JAIRO ALBEIRO GUZMÁN VARGAS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Requisitos de
procedibilidad / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / IMPROCEDENCIA – Se acudió a la
acción de tutela con el propósito de reabrir la discusión definida en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por el señor Jairo Albeiro Guzmán Vargas, actuando mediante apoderado, de
conformidad con lo consagrado en el Decreto 333 de 20211.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 18 de marzo de 2025 la parte accionante presentó acción de tutela en contra
del Tribunal Administrativo del Tolima, del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
de Ibagué y de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa,
contradicción y acceso a administración de justicia.
Hechos relevantes
2. El señor Jairo Albeiro Guzmán Vargas presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de obtener lo
siguiente:
“1). Fallo disciplinario de primera instancia, Proferido por el Jefe de la Oficina
de Control Interno Disciplinario del Departamento de Policía del Tolima del
07 de septiembre de 2020, bajo el radicado número, (SIJUR DETOL-2017-
70), que le impuso al accionante la sanción de Destitución e Inhabilidad
General, por el término de diez años y la exclusión del escalafón de carrera.
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Que ingresó para fallo el 1° de abril de 2025.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01576-00
Accionante: Jairo Albeiro Guzmán Vargas
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
2). Fallo disciplinario de segunda instancia del 05 de noviembre del año
(2020) dos mil veinte, proferido por el Inspector Delegado de Región de
Policía No. 02, el cual confirmó el fallo de primera Instancia.
3). Que se deje sin valor y sin efecto, la resolución No. 00071 del 12 de enero
del 2021, notificada el 19 de enero de 2021. En donde dicha resolución
ejecuta la sanción disciplinaria Impuesta y confirmada en segunda instancia,
en donde el jefe de control interno Disciplinario del Departamento de Policía
del Tolima (DETOL), le impuso al accionante el señor, Jairo Albeiro Guzmán
Vargas, la sanción de Destitución e Inhabilidad General por el termino de
(10) diez años, para ejercer la función pública y lo excluye del escalafón de
carrera.
4). Como consecuencia de la Nulidad de los Actos anteriores y de la
revocatoria de la resolución de la sanción ejecutada, se le ordene a la Policía
Nacional Reincorporar al accionante al Cuerpo de policía, disponiéndole al
mismo a su ascenso que tiene Derecho nivelándolo, al mismo rango de sus
compañeros de promoción del nivel ejecutivo del año dos mil diecinueve
(2019), que a la fecha los mismos ostentan el grado de intendente.
5). Que se ordene, en la liquidación de la sentencia con el mismo sueldo
devengado por sus compañeros de promoción del nivel ejecutivo del año
(2019), con todos los valores que corresponden en equivalencia a salarios,
prestaciones sociales, cesantías, vacaciones, primas legales y extralegales
de forma indexada con los incrementos de ley, como si hubiese existido
resolución de continuidad.
6). Que se declare por parte del Ministerio de Defensa, Policía Nacional,
para todos los efectos legales, que no ha existido resolución de continuidad,
en la prestación de los servicios por parte del demandante y que se
indemnicen los perjuicios morales ocasionados al accionante, por cuando se
ha visto afectado su buen nombre y su vida familiar como consecuencia del
retiro de la policía Nacional, el apoderado del demandante estima la cuantía
en: 100 S.M.M.L.V. (Cien Salarios Mininos Legales Vigentes).
7). Que se le reconozca por parte de la Nación, Min Defensa, Policía
Nacional, el pago gastos y costas procesales, así como las agencias en
Derecho”.
3. El proceso correspondió al Juzgado Sexto Administrativo de Ibagué que, por
medio de sentencia del 11 de julio de 2023, negó las pretensiones de la demanda
por considerar que las actuaciones realizadas durante el proceso disciplinario se
ajustan a la realidad fáctica y probatoria de los hechos “en cuanto que al
disciplinable se le respetó su derecho constitucional al debido proceso, a la defensa
y contradicción [y] el material probatorio aportado se encuentra ajustado a los
principios que rigen la teoría general de la prueba, en efecto la defensa del
accionante, al no haber podido demostrar las irregularidades aducidas, la
presunción de legalidad de los actos administrativos enjuiciados se mantiene
incólume”.
4. Contra la decisión precitada la parte accionante presentó apelación, recurso que
correspondió al Tribunal Administrativo del Tolima que, a través de providencia del
27 de febrero de 2025, confirmó lo fallado en primera instancia.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01576-00
Accionante: Jairo Albeiro Guzmán Vargas
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Pretensiones
5. Solicita la parte accionante lo siguiente:
“Solicito Comedidamente a la respetable sala el amparo Constitucional de
sus derechos fundamentales del debido proceso derecho de defensa y
contradicción y acceso a la administración de justicia y como consecuencia
de este se digne dejar sin valor y sin efecto los fallos disciplinarios: 1.1.-
Fallo disciplinario de Primera Instancia del Jefe de la Oficina de Control
Disciplinario Interno del Departamento de Policía Tolima de 7 de septiembre
de 2020, Rad # SIJUR DETOL-2017-70, que impuso la sanción destitución
e inhabilidad general por el termino de diez (10) años y la exclusión del
escalafón de carrera. 1.2.- Fallo disciplinario Segunda instancia de fecha 5
de noviembre de 2020, Del Inspector Delegado Región de Policía No. 2,
confirma el Fallo de primera instancia.
1.3.- El fallo de primera instancia del Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito de Ibagué 1.4.- y el fallo de segunda instancia del Tribunal
administrativo del Tolima en los dos últimos declarando que no hay lugar a
costas.
Al conceder el amparo constitucional al ser este un recurso judicial efectivo,
rugo conceda a mi cliente una protección judicial, la que ruego no debe
limitarse estrictamente a lo solicitado, sino que se digne fijar el alcance real
de los derechos fundamentales vulnerados para con su decisión lograr la
efectiva protección de todos sus derechos fundamentales que se han
violado en consecuencia proceder a emitir ordenes como dispone la
constitución respeten el debido proceso derecho de defensa y acceso a la
administración de justicia
Invoco para el amparo lo determinado en la sentencia STL3903-2020 en la
que se indica que en el procedimiento constitucional debe constatar si se ha
garantizado a las partes : (i) el respeto por el debido proceso, (ii) la debida
aplicación para las partes de los recursos judiciales, dejando sin valor las
restricciones irrazonables y desproporcionadas; (iii) la celeridad en la
notificación de éstas del trámite; (iv) y el deber de proferir una decisión para
los afectados de fondo, motivada y oportuna, y (v) la eliminación de todo tipo
de barreras que nieguen a las partes el acceso al sistema de justicia;
logrando con ello (vi) la efectividad de los mecanismos de defensa y
contradicción para la protección real y material de los derechos
fundamentales que consagra la C. Pol si encuentra ello al violar derechos
fundamentales que consagra el art. 229 C.P. del Derecho al trabajo y
desarrolla la Sent. C-212-22 y Art. 25 C.P. del Derecho a la salud art. 49
C.P. T-268-23. El derecho a la seguridad social T-043-19. 5 -El derecho a la
defensa y contradicción art. 29 C.P: como dispone la C-162-21 aplicable a
los procesos sancionatorios”. (sic en toda la cita)
Fundamentos de la demanda de tutela
6. La parte demandante alegó una falsa motivación relacionada, entre otras, con la
ausencia de la conducta. Aduce que en el disciplinario no se hizo una adecuación
típica, no consta el análisis de la ilicitud sustancial y en el juicio de reproche para
acreditar la culpabilidad no se hizo una adecuada valoración probatoria “lo que el
precedente llama falta a aplicar el control judicial integral del que son susceptibles
los actos administrativos disciplinarios”.
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Accionante: Jairo Albeiro Guzmán Vargas
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
7. Adujo que con las providencias enjuiciadas se incurrió en un desconocimiento del
precedente fijado en la sentencia T-699 de 2002, el cual señala que “a los jueces
de tutela les asiste el deber de decretar y practicar pruebas de oficio cuando de la
solicitud de amparo o de la lectura del expediente se observe que de los informes
que alleguen los accionados no de practicaron debidamente las pruebas o no obren
suficientes elementos de juicio para decidir el asunto sometido a su consideración,
por cuanto la labor constitucional encomendada es precisamente la protección
efectiva de los derechos fundamentales”.
8. De igual modo, señala que se desconoció el precedente sentado en la sentencia
C-495 de 2019, pues “la administración y los jueces violaron los mandatos de la
Corte lo hicieron en cuanto el funcionario sancionador, siempre dio por hecho era
que se daba la culpabilidad del investigado violando lo determinado en ese nuevo
precedente donde la Corte determinó que toda duda razonable debe fallarse a favor
del investigado, porque eso es lo que resulta cuando del examen probatorio no es
posible tener convicción racional respecto de los elementos de la responsabilidad y,
por lo tanto, no se cuenta con las pruebas requeridas para proferir una decisión de
fondo por cuanto los accionados desconocieron el respeto al derecho a un debido
proceso y a los principios en él incorporados, como lo son el de la legalidad, la buena
fe y la favorabilidad, entre otros. Con estos fallos se desconoció la eficacia, la
publicidad, la permanencia y la celeridad”.
Trámite en primera instancia
9. Por medio de auto del 20 de marzo de 2025 se admitió la acción de tutela de la
referencia y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Tolima, al Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué y a la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional como accionados. De igual modo, se ordenó la vinculación de la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Intervenciones
10. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional sostuvo que las
pretensiones invocadas no están llamadas a prosperar, en tanto la decisión
adoptada por la Policía Nacional en el marco del proceso disciplinario observó
formal y materialmente las normas y la ritualidad procesal, desvirtuando de esta
manera la presunción de inocencia del accionado.
11. Indicó que el disciplinado, hoy accionante, incurrió en una transgresión a su
deber legal y reglamentario al actuar de manera contraria a las funciones y calidad
de servidor público que ostentaba para la fecha de marras, pues con su actuar
“transgredió la ley disciplinaria” y en consecuencia se le impuso la sanción
disciplinaria consistente en la destitución e inhabilidad general por el término de 10
años y la exclusión del escalafón de carrera, es decir, “que esta decisión fue
soportada en los medios de prueba obrantes en el plenario los cuales no fueron
desvirtuados por el disciplinado durante las etapas procesales correspondientes”.
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Accionante: Jairo Albeiro Guzmán Vargas
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
12. Finalmente expuso que en el presente asunto no se está ante el acontecimiento
de un perjuicio irremediable o de una amenaza inminente e injustificada, donde se
amerite la procedencia de la tutela como un mecanismo para acceder al
reconocimiento de las pretensiones solicitadas por el accionante, máxime cuando
se debatió a través de otras vías de protección jurisdiccional siendo las idóneas para
resolver la litis propuesta en la presente acción y por lo mismo genera su
improcedencia, teniendo en cuenta que ésta es un mecanismo de protección
subsidiario.
13. Las demás partes guardaron silencio.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
14. De conformidad con lo expuesto, la Subsección considera que no hay lugar a
hacer un estudio de fondo en la presente acción por cuanto no se cumple con el
requisito de relevancia constitucional.
15. La Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la relevancia
constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de competencia
del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos fundamentales e c)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces2.
16. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para
establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional
es necesario examinar dos elementos, a saber3:
i) Que el actor cumpla su carga argumentativa de justificar suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pues no
basta aducir la vulneración de estos derechos y ii) que la tutela no constituya una
instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia
acusada, dado que este mecanismo especial constitucional está constituido para
proteger derechos fundamentales y no discutir la discrepancia que el actor tenga
frente a la decisión judicial.
17. En el asunto bajo estudio, se evidencia que la parte accionante acudió a la
acción de tutela con el propósito de que se estudien aspectos que fueron
transversales no solo al proceso judicial en el que se expidieron las decisiones
judiciales objeto de cuestionamiento, sino también de los fallos expedidos por el
operador disciplinario. En efecto, en la demanda de tutela la parte interesada (i)
sostiene que las autoridades disciplinarias y judiciales no realizaron una valoración
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Sentencia T–422 de 2018.
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Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero
Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01576-00
Accionante: Jairo Albeiro Guzmán Vargas
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
completa del material probatorio obrante en el expediente, además omitieron
decretar pruebas que fueron expresamente solicitadas por la defensa y que eran
esenciales para esclarecer los hechos; (ii) estima que la responsabilidad
disciplinaria del actor no fue demostrada con certeza, ya que no existe evidencia
directa de que haya sustraído o extraviado las armas, por lo que la duda razonable
debe resolverse a favor del investigado; y (iii) afirma que según el acta núm. 0007
del 12 de febrero de 2016 existía una distribución de responsabilidades entre varios
mandos policiales respecto al control, custodia y seguridad del armamento
incautado. Sin embargo, solo el tutelante fue investigado y sancionado lo cual
implicaría una atribución selectiva y arbitraria de la responsabilidad.
18. Además, (iv) alega que existía una imposibilidad física de controlar las armas al
estar encargado de otras funciones y estar ausente durante las vacaciones;
tampoco se analizó la denuncia formulada por actor en la que señalaba con nombre
propio a un tercero como responsable de la extracción de las armas mientras él
estaba ausente, como también se omitió la práctica de testimonios importantes que
revelan que “el Intendente Pérez, fue señalado directamente como quien sacó las
armas del sitio donde estaban guardadas; se omitió el estudio de los libros o minutas
policiales que permiten rastrear la salida y entrada de armamento y personal y la
trazabilidad de las armas”.
19. No obstante, para la Sala estos aspectos ya fueron analizados y resueltos de
manera razonada tanto por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué
como por el Tribunal Administrativo del Tolima en la providencias del 11 de julio de
2023 y 27 de febrero de 2025, respectivamente, en las cuales quedó en pie que el
actor incurrió en la falta endilgada, “la cual dio lugar con su actitud pasiva a la
pérdida del armamento incautado puesto a su disposición, sin que se evidencie que
dentro de la actuación disciplinaria se vulneraron sus derechos al debido proceso,
a la defensa o la presunción de inocencia”.
20. Frente a ello, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se
advierte que el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué, por medio de
sentencia del 11 de julio de 2023, dictó sentencia de primera instancia dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentado por el señor
Jairo Albeiro Guzmán Vargas y resolvió:
“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: CONDENAR en COSTAS en esta instancia a la parte actora,
para tal efecto fíjese como agencias en derecho la suma correspondiente
al 4% de lo pedido”.
21. Como fundamento de su decisión, el Juzgado expuso lo siguiente:
“Así pues, debe indicarse, que con base en las pruebas aducidas, está
establecido que el señor subintendente Jairo Albeiro Guzmán Vargas se
desempeñó como coordinador de armamento de la estación de policía de
Melgar durante gran parte del período de ocurrencia de los hechos (12 de
febrero de 2016 al 7 de febrero de 2017), exceptuándose el lapso
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01576-00
Accionante: Jairo Albeiro Guzmán Vargas
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
comprendido entre el 4 de abril de 2016 hasta finales de ese mes o
comienzos del siguiente.
En este orden de ideas, se advierte que de acuerdo con acta No. 000110
DITREESMEL2-25, el día 4 de abril de 2016, se hizo entrega del cargo de
coordinador de armamento de la estación de policía de Melgar por parte del
SI. Jairo Albeiro Guzmán Vargas al SI. Torres Lozano Arbith, quien en su
declaración manifestó que estuvo por un día a cargo del mismo, habiéndole
hecho entrega al intendente Manuel Hernández, el 5 ó 6 de abril de 2016.
Efectivamente, está acreditado que durante el período de vacaciones del
demandante, estuvo encargado el intendente Manuel Antonio Hernández
Montes, quien refiere que desempeñó el cargo en el mes de abril de 2016,
desde el 4 de dicho mes hasta finales del mismo, habiéndoselo recibido al
subintendente Arbith Torres y entregándoselo al intendente Jefe Cristián
Humberto Ávila. En este sentido, Manuel Antonio Hernández Montes afirma
que el Intendente Jefe Ávila duró poco tiempo como coordinador de
armamento, habiendo regresado a desempeñar esa responsabilidad el
subintendente Jairo Guzmán Vargas […].
Igualmente, obra declaración efectuada por el Intendente Jefe Cristián
Humberto Ávila Lara, quien señaló que realizaba los relevos al
subintendente Guzmán Vargas cuando el mismo se encontraba disfrutando
de los períodos de franquicia, pero que la responsabilidad principal con
respecto al cuidado y custodia del armamento incautado correspondía al
disciplinado. […].
En resumen, está demostrado que el subintendente Jairo Albeiro Guzmán
Vargas estuvo a cargo del armamento de la Estación de Policía de Melgar,
durante gran parte del lapso comprendido entre el 12 de febrero de 2016
hasta el 7 de febrero de 2017, -exceptuándose básicamente gran parte del
mes de abril hasta el 5 de mayo de 2016 cuando refiere haber regresado de
vacaciones-, siendo el principal responsable del cuidado y vigilancia de
dichos elementos. […]”.
22. En ese sentido, en la decisión de primera instancia se estableció que no estaba
demostrado que la declaración rendida por el señor Maykol Iván Muñoz Roa –
testimonio que el accionante alega como no valorado por el juez de lo contencioso
administrativo– podía inferirse que el subintendente Rafael Humberto Pérez Alarcón
se hubiese llevado las ocho armas extraviadas, toda vez que no indicó cuántas
armas fueron sustraídas ni la relación de estas. Al contrario, lo único a lo que hizo
referencia fue “a que un día (no recuerda exactamente cuál) dicho policial se hizo
presente con el objeto de llevarse armas que estaban a cargo de la SIJIN, utilizando
para ello un listado el cual se desconoce”.
23. Adicional a ello, en el proceso ordinario se encontró probado que el 2 de agosto
de 2016 el subintendente Rafael Humberto Pérez Alarcón se presentó en la estación
de policía de Melgar donde el subintendente Jairo Albeiro Guzmán Vargas entregó
las 37 armas (y sus proveedores) que se encontraban asignados a la SIJIN. Hechos
que fueron demostrados de forma documental “al haber hecho entrega del
armamento recogido ante su superior, el Capitán Gilberto Cruz Barrero, Jefe
Seccional de Investigación Criminal Tolima, sin que dentro del mismo se encuentren
las armas extraviadas”.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01576-00
Accionante: Jairo Albeiro Guzmán Vargas
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
24. De igual modo, en cuanto a la afirmación hecha por el accionante relacionada
con que “el día que se llevaron las armas no se encontraba presente”, el Juzgado
accionado valoró lo consignado en la minuta de servicios de la estación de policía
de Melgar, la cual corrobora que ese día el subintendente Jairo Albeiro Guzmán
Vargas “estaba laborando como armerillo”, situación que fue corroborada por la
declaración testimonial del señor Pérez Alarcón.
25. Con fundamento en lo descrito, el juez de primera instancia concluyó que la
valoración probatoria efectuada dentro de los actos administrativos atacados en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho dista mucho de ser
arbitraria o caprichosa, sino que existían serios elementos de juicio para estimar
que las armas extraviadas no fueron sustraídas por el subintendente Pérez Alarcón,
como lo aseveró el accionante y que, aún si dicha afirmación fuese cierta, la sanción
disciplinaria impuesta contra el señor Guzmán Vargas obedeció a su actuar
negligente que afectó el deber funcional sin justificación.
26. Sobre ello, sostuvo el Juzgado:
“No obstante, debe tenerse en cuenta que dentro del proceso disciplinario
cuestionado, -y esto resulta esencial- al señor subintendente Jairo Albeiro
Guzmán Vargas no se le sancionó porque supuestamente el SI. Rafael
Pérez Alarcón se llevara las armas el día 2 de agosto de 2016, sino porque
en su condición de jefe de armamento de la estación Melgar de Policía, su
actuar como custodio del armamento incautado fue negligente y afectó el
deber funcional sin justificación alguna, habida cuenta que pese a estar a
cargo de la conservación y vigilancia de las armas de fuego incautadas, no
fue diligente en el cuidado de éstas, a tal punto que nunca fue consciente
de su extravío, hasta tanto se realizó revista física el 7 de febrero de 2017,
la cual fuere plasmada en el acta 0014-REGIN-SIJIN-2.25 de esa fecha.
Es decir, si efectivamente el armamento extraviado hubiese sido sustraído
por Pérez Alarcón, -lo que por otra parte está totalmente indemostrado-,
ello no cambiaría en nada la situación disciplinaria del accionante,
comoquiera que el mismo era el encargado de velar por la custodia de
dichas armas, por lo que su actitud omisiva fue sumamente descuidada y
gravosa, dado que no se percató del faltante de las armas hasta febrero
de 2017, 7 meses después de la hipotética ocurrencia de los hechos. A lo
sumo, esta situación podría comprometer disciplinariamente al
subintendente Rafal Pérez por llevarse indebidamente las armas, pero ello
no revelaría al actor de la responsabilidad disciplinaria que le atañe, al no
haber adoptado las medidas pertinentes para el cuidado del armamento
puesto a su disposición.
En efecto, no se demostró que el señor Jairo Albeiro Guzmán Vargas en
su calidad de jefe de armamento de la estación Melgar de Policía hubiese
realizado las acciones correspondientes para velar por la integridad y el
cuidado del armamento incautado, puesto que no se probó que hubiese
efectuado revistas físicas permanentes ni inventarios documentales del
armamento, tampoco se probó que hubiese realizado solicitudes de
reasignación del armamento dado en depósito o que hubiese solicitado a
los despachos judiciales pertinentes dar de baja las armas de fuego
incautadas”.
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Accionante: Jairo Albeiro Guzmán Vargas
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
27. Así las cosas, se tiene entonces que cada uno de los argumentos que
fundamentan la acción de tutela de la referencia ya fueron materia de estudio en el
decurso del proceso judicial, tal como lo revela la sustentación del recurso de alzada
contra la providencia de primera instancia, apelación en la cual se plantean las
mismas inconformidades que hoy se traen ante el juez constitucional, a saber
[transcripción literal]:
“[…] Desacata el A Quo el precedente de la Corte Constitucional
corroborado en la sentencia C-244 de 1996, al referirse a la imposibilidad de
probar la entidad que el juez no entienda que la carga probatoria, es decir
contrario a lo dicho por la entidad que que tampoco existe prueba Resaltado
de la parte resolutiva del fallo disciplinario que la carga de la prueba corre a
cargo de la entidad textualmente dijo la corte aspecto desacatado por el a
quo y reiterado entre otras en la sentencia T-799/11 -283/13 y otras muchas
donde se dijo:
“Como es de todos sabido, el juez al realizar la valoración de la prueba, lo
que ha de realizar conforme a las reglas de la sana crítica, debe llegar a la
certeza o convicción sobre la existencia del hecho y la culpabilidad del
implicado. Cuando la Administración decide ejercer su potestad
sancionatoria tiene que cumplir con el deber de demostrar que los hechos
en que se basa la acción están probados y que la autoría o participación en
la conducta tipificada como infracción disciplinaria es imputable al
procesado. Recuérdese que, en materia disciplinaria, la carga probatoria
corresponde a la Administración o a la Procuraduría General de la Nación,
según el caso; dependiendo de quien adelante la investigación, y son ellas
quienes deben reunir todas las pruebas que consideren pertinentes y
conducentes para demostrar la responsabilidad del disciplinado.
Es esta apelación en la que ruego al Ad- Quem o en vía de tutela ante la
negación del derecho a acceder a la administración de justicia a la que
deberé acudir para que se emita un fallo en derecho.
Y repito el a quo desacata con este fallo la jurisprudencia constitucional
porque el A quo ha incurrido en su obligación y negado el derecho
correlativo, de mi mandante que tiene fundamento además de las normas
nacionales en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los
cuales hacen parte del bloque de constitucionalidad y, por tanto, conforman
el ordenamiento interno, en concordancia con el artículo 93 de la
Constitución Política. Por tanto, para satisfacer el derecho a la
administración de justicia, no basta con que en los procesos se emitan
decisiones definitivas en las cuales se resuelvan controversias y se ordene
la protección a los derechos de las partes, ya que es preciso que existan
mecanismos eficaces para ejecutar las decisiones o sentencias, y que se
protejan efectivamente los derechos.
Es demasiado protuberante que existiendo esa consideración dada por la
entidad que ..Pues si bien es cierto para el despacho es CLARO QUE NO
EXISTE PRUEBA que Guzmán hubiera Ocultado, o se hubiera apropiado
de las armas que hoy faltan no es Menos cierto QUE TAMPOCO EXISTE
PRUEBA que demuestre que otro funcionario lo hubiera hecho de lo anterior
se entiende que contra el precedente y normas vigentes lo que aplica la
entidad y no ve el fallador es que aplican la presunción de responsabilidad
esto es presumir que están probados todos los elementos necesarios para
condenar por el solo hecho que las armas no están y no se sabe quién se
las apropió.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01576-00
Accionante: Jairo Albeiro Guzmán Vargas
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Ha sido multicitadas las sentencias entre otras la C-244/96. que dicen que
si la persona se presume inocente, no es posible dudar al respecto por el
sentenciador por lo tanto lo procedente es declarar la inocencia por la
presencia de dudas
Asusta que el a quo al emitir el lo que debido realizar en control integral de
legalidad frente a este caso y con lo anteriormente expuesto principalmente
lo último se insiste tal vez con la certeza que en su independencia al
cercenarse la doble instancia por ser un caso de un ser insignificante un
patrullero, no vale la pena desgastarse leyendo entre otras las sentencias
Del C.E Sección II- del -11 de julio de 2020- Rad. #2016-03623/20 o la
sentencia 0271/ 2018 en el caso que falla Siempre ha dicho el consejo de
estado la presunción de culpabilidad tiene que ser desvirtuada, si no existe
certeza de la responsabilidad el acto sancionatorio es expedido en falsa
motivación causal de nulidad y así debe determinarlo el juez.
Cuando no se tienen pruebas que otorguen la certeza que la ley disciplinaria
exige para la imposición de la sanción. Debe declararse la nulidad y
absolverse sobre esto existen múltiples pronunciamientos de la subsección
segunda del C.E que ha dicho que si no existe la certeza lo procedente es
revocar la sentencia apelada y declarar la nulidad de los actos disciplinarios
demandados. Esta decisión fue tomada en acto judicial que determino la
obligatoriedad de ejercer por el juez el control judicial integral de los actos
administrativos de contenido disciplinario, Sala Plena de lo contencioso
administrativo, sentencia de 9 de agosto de 2016, radicación: 1210-11. En
cuanto a la garantía de la presunción de inocencia en materia disciplinaria,
ver: Corte constitucional, sentencia C-244 de 1996. Sobre la configuración
de la falsa motivación del acto administrativo disciplinario, ver: C. de E.,
Sección Segunda, Subsección A, radicación: 1218-12. […]”.
28. Los cuales fueron debidamente resueltos en la sentencia que decidió el recurso
de apelación, bajo los siguientes fundamentos:
“Esta Corporación considera, que se debe confirmar la sentencia recurrida,
teniendo en cuenta que, no resulta viable extender a esta jurisdicción el
debate probatorio de la instancia disciplinaria, habida cuenta que la
interpretación y aplicación de la ley, así como la valoración probatoria,
constituyen un ejercicio de la autonomía funcionalmente conferida a la
autoridad disciplinaria, a menos que se logre demostrar la violación del
debido proceso y de las garantías y derechos que le son inherentes, tales
como la presunción de inocencia, el juez natural, y los derechos de
audiencia, defensa y contradicción, que a la luz de los preceptos
constitucionales y convencionales son de naturaleza fundamental, lo cual en
el caso no ocurrió, por el contrario, las pruebas obrantes en el expediente
fueron analizadas de manera integral y conforme a la sana critica por los
operadores disciplinarios, concluyéndose allí razonadamente, que el señor
Subintendente Jairo Albeiro Guzmán fue responsable de la falta gravísima
establecida en la Ley 1015 de 2006, en su artículo 34, numeral 21, literal D,
por tanto, los actos acusados sancionatorios conservan su presunción de
legalidad como lo decidió la providencia recurrida, la cual será confirmada
en su integridad. […]
El apoderado de la parte demandante, en su recurso de apelación manifestó
que, no se acreditaron los hechos por los cuales se terminó destituyendo al
demandante. Afirmó que, el despacho hace alusión a la legalidad del
procedimiento disciplinario; sin embargo, termina aplicando una
responsabilidad objetiva, porque en el proceso disciplinario nunca se
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01576-00
Accionante: Jairo Albeiro Guzmán Vargas
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
demostró que la intención del demandante fue extraviar y permitir que se
perdiera dicho armamento de la Estación de Policía, así mismo mencionó
que al señor Subintendente se le vulneró su derecho de presunción de
inocencia, debido a que desde se dio inicio a la investigación disciplinaria
siempre fue presumido culpable, por la oficina de Control Interno
Disciplinario. […]
En el caso objeto de estudio, se pudo establecer por parte del operador
disciplinario, que la comisión de la conducta fue probada efectivamente por
la Oficina de control Interno Disciplinario y la misma está tipificada en el
régimen disciplinario de la Policía Nacional y la persona responsable del
Armerillo de la Estación de Policía del Municipio de Melgar-Tolima, era el
señor Subintendente Guzmán Vargas, según consta en el acta 007 del 12
de febrero de 2016 y el acta 0014 del 7 de febrero de 2017,en donde figura
como responsable del Armerillo, él señor SI. Guzmán Vargas, por lo tanto,
se puede deducir que la presunción de inocencia del disciplinado fue
desvirtuada por la autoridad disciplinaria.
En síntesis, al señor Jairo Albeiro Guzmán Vargas se le impuso sanción
disciplinaria de destitución e inhabilidad por el término de 10 años, mediante
fallo disciplinario en primera instancia de fecha 07 de septiembre de 2020
proferido por la Oficina de Control Interno Disciplinario, confirmada en
segunda instancia el día 5 de noviembre de 2020, por el Inspector delegado
Región de Policía No 2., Actos administrativos que gozan de presunción de
legalidad y los mismos fueron expedidos por funcionarios competentes, en
forma regular y en el ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales.
En ese orden, para esta Corporación no le asiste razón al accionante al
afirmar que se vulneraron sus derechos fundamentales, al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, de la misma manera se pudo acreditar
los hechos por los cuales se terminó destituyendo al señor Guzmán Vargas.
Cabe destacar que la aplicación del proceso disciplinario tiene etapas de
indagación previa, investigación disciplinaria y etapa de juzgamiento, en las
que se busca determinar el autor de la falta disciplinaria, y por medio de la
relación sucinta de los hechos que se consideran relevantes y las pruebas
recolectadas, se dé certeza de la sanción impuesta. […]
Para la Sala, no son de recibo los argumentos de la parte demandante, toda
vez que, como se acotó y analizó anteriormente, el operador disciplinario
fundó su decisión en pruebas concluyentes para establecer que el
accionante incurrió en una conducta que vulneró la confianza pública y los
principios éticos de la Policía Nacional, cometiendo falta gravísima, que por
las particularidades de los hechos, se encasilló en la Ley 1015 de 2006, en
su artículo 34, Numeral 21, Literal D, en donde el Operador Disciplinario
actuó conforme al principio de proporcionalidad, acudiendo a la finalidad de
la sanción disciplinaria con los fines de prevención, corrección y garantía de
la buena marcha de la institución, por lo cual no se le estaría vulnerado sus
derechos fundamentales debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, ya que se garantizó su comparecencia y derechos dentro del trámite
disciplinario. […]”.
29. En efecto, el Tribunal Administrativo del Tolima consideró que los actos
administrativos fueron expedidos con observancia de la ley, sin que se evidencie
vulneración al derecho de defensa y al debido proceso del señor Jairo Albeiro
Guzmán Vargas, situación que permite deducir que la parte accionante no desvirtuó
la presunción de legalidad de los actos acusados.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01576-00
Accionante: Jairo Albeiro Guzmán Vargas
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
30. En este contexto, la Sala estima que la tutela ejercida por la parte accionante
busca prolongar el debate ante el juez natural, como si se tratara de un recurso
ordinario, situación que claramente escapa de la competencia del juez de tutela, ya
que no hay argumento que identifique la cuestión debatida como un asunto de
genuina relevancia constitucional.
31. En conclusión, la Subsección considera que la intención de la parte demandante
es someter a un nuevo análisis lo que ya ha sido definido de manera válida y
razonable por el juez natural de la causa, lo que lleva a la improcedencia de la acción
de tutela debido al incumplimiento del requisito mencionado anteriormente.
32. Así las cosas, de conformidad con lo anterior, se declarará improcedente la
petición de amparo por el incumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Jairo Albeiro Guzmán Vargas en contra del Tribunal Administrativo del Tolima,
del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué y de la Nación – Ministerio
de Defensa – Policía Nacional, de conformidad con las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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