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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01587-00

Fecha
24 de abril de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01587-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación presentada por el Consejo Superior de la Judicatura. SEGUNDO: Declárase la carencia actual de objeto por hecho superado dentro de la acción de tutela de la referencia. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01587-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

24 de abril de 2025

Demandante: Edgar Alexander Hernández Galvis
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – División de Cobro
Coactivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01587-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01587-00
Demandante: EDGAR ALEXANDER HERNÁNDEZ GALVIS
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIVISIÓN
DE COBRO COACTIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Tema: Derecho fundamental de petición – Carencia actual de
objeto por hecho superado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la acción de tutela de la referencia consagrada en la
Constitución Política, artículo 86 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991,
en consonancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 19 de marzo de 2025, ante la Secretaría General
del Consejo de Estado, el señor Edgar Alexander Hernández Galvis, en
nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura – División de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, con el fin de que le sean protegidos sus derechos
fundamentales de petición y al debido proceso.

La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías por cuanto, a la
fecha de interposición de esta acción de tutela, no se había resuelto la
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Demandante: Edgar Alexander Hernández Galvis
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – División de Cobro
Coactivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01587-00

solicitud de declarar la prescripción de la acción de cobro coactivo con
número de proceso 11001-0790-000-2019-09197-00, correspondiente a la
multa que le fue impuesta por el Despacho 001 del Tribunal Superior de
Bogotá – Sala Penal.

1.2. Pretensiones

«PRIMERA. TUTELAR el Derecho Fundamental al debido proceso y al
derecho fundamental de petición por el CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA/División de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial-DEAJ., al no resolver de FONDO la petición del 25
de febrero de 2025.

SEGUNDA. ORDENAR Que se DECLARE la prescripción de la acción de
cobro coactivo No 11001- 0790-000-2019-09197-00, a favor del señor
EDGAR ALEXANDER HERNÁNDEZ GALVIS conforme al artículo 817 y 818
del estatuto tributario.

TERCERA. Las demás medidas y órdenes que el Juez de tutela considere
conducentes, para el amparo de mis derechos fundamentales»1.

1.3. Hechos

Manifestó el accionante que el Juzgado Treinta y Siete Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de Bogotá, mediante sentencia del 1° de octubre de
2018, lo condenó a la pena principal de 38 meses de prisión y a pagar una
multa de 146.66 SMMLV.

Posteriormente, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Decisión Penal,
mediante sentencia del 16 de mayo de 2019, modificó la sentencia proferida
en primera instancia y en su lugar lo condenó a la pena de 36 meses de
prisión y a pagar una multa de 126.66 SMMLV, de lo cual obra oficio EP-O-
45706 de 19 de junio de 2019 dirigido a la Oficina de Cobro Coactivo de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Señaló que, por lo anterior libró resolución de mandamiento de pago y
citación de notificación el 24 de febrero de 2020.

Indicó que, mediante apoderado radicó el 25 de febrero de 2025 una petición
ante la División de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, solicitando le fuera declarada la prescripción de la acción de cobro
coactivo en los términos del artículo 818 del estatuto Tributario, por cuanto ya

1 Transcripción del original con posibles errores

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había transcurrido el término de cinco años, contado desde la fecha de
ejecución del respectivo acto administrativo.

1.4. Sustento de la petición

El accionante se limitó a indicar que, para la fecha de radicación del presente
trámite constitucional, no se había resuelto la solicitud presentada el 25 de
febrero de 2025, encaminada a que se declarara la prescripción de la acción
de cobro coactivo tramitada bajo el radicado 11001-07-90-000-2019-09197-
00.

1.5. Trámite en primera instancia

Mediante auto del 21 de marzo de 2025, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela y ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura y a la
División de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en el presente
proceso en calidad accionados.

1.6. Contestaciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de conformidad con las constancias
visibles en el expediente, se presentaron los siguientes informes:

1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura - Presidencia

Mediante comunicación remitida el 31 de marzo de 2025, solicitó la
desvinculación del presente trámite tutelar ante la falta de legitimación en la
causa por pasiva, toda vez que es la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, a través de la División de Cobro Coactivo de la Unidad de Asistencia
Legal a quien le corresponde ejercer la defensa dentro del presente trámite
constitucional teniendo en cuenta los hechos aducidos por el actor.

Señaló que es el órgano de gobierno y de administración de la Rama Judicial
y por tal razón ejerce funciones netamente administrativas, sujetas al marco
normativo dispuesto en la Constitución Política y la Ley270 de 1996.

Por tal motivo, solicitó se declare probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva y, como consecuencia, se le desvincule
del presente trámite tutelar.

1.6.2. División de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial

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Mediante comunicación remitida por la Unidad de Asistencia Legal solicitó no
tutelar los derechos constitucionales invocados por el accionante por
considerar que se trata de un hecho superado, toda vez que la situación que
da cuenta de la presunta vulneración ya fue resuelta.

Señaló con respecto a la petición presentada por el accionante, el mismo le
fue respondido mediante oficio DEAJGC25-2677 del 27 de marzo de 2025, en
la cual se le informó entre otros aspectos, que “durante la emergencia
sanitaria por el COVID-19, el término de prescripción de los todos los
procesos de cobro coactivo, fueron suspendidos desde el 24 de marzo de
2020 hasta el 30 de junio de la misma anualidad, es decir que, durante un
periodo de 99 días, no corrieron términos procesales”.

En dicha respuesta, también aclaró que, “mediante el acuerdo PCSJA23-
12089/C2 del 14 de septiembre de 2023, expedido por el Consejo Superior de
la Judicatura, se suspendieron los términos procesales, a partir del 14 y hasta
el 20 de septiembre de 2023, toda vez que la empresa IFX NETWORKS
COLOMBIA S.A.S., sufrió un ataque de ciberseguridad externo tipo
ransomware que afectó algunas de sus máquinas virtuales en Colombia, lo
que trajo como consecuencia, la indisponibilidad en las plataformas de
servicios de las entidades que tienen implementadas soluciones ofrecidas por
dicha compañía”.

Así mismo indicó, con respecto al proceso con radicado 11001-07-90-000-
2019-09197-00, que “la fecha de ejecutoria de la sentencia que le impuso la
multa, es del 4 de junio de 2019, y que con la notificación del mandamiento de
pago que se llevó a cabo por correo certificado el 28 de febrero de 2020, se
configuró una de las formas de interrumpir la prescripción por un tiempo igual
a la inicial, y teniendo en cuenta la suspensión de términos, contrario a lo
planteado en su correo electrónico, a la fecha no ha operado el fenómeno de
prescripción, razón la cual su solicitud de prescripción de la multa no está
llamada a prosperar”

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia,
en atención a lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el
artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019
de la Sala Plena de esta Corporación

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2.2. Cuestión Previa

En su intervención, el Consejo Superior de la Judicatura solicitó que se le
desvinculara del presente trámite constitucional, al considerar que no es la
entidad competente para atender las pretensiones de la acción de tutela.

Al respecto, se precisa que su vinculación se realizó en calidad de
demandado, por ser la autoridad a la cual la parte actora le endilgó la
presunta vulneración de su derecho fundamental de petición.

Por lo tanto, su comparecencia en el proceso resultaba necesaria para
garantizar su derecho de defensa y contradicción y esclarecer los hechos de
la demanda, razón por la cual no se accederá a su solicitud.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si de conformidad con los hechos
expuestos, la intervención presentada por las entidades accionadas y los
medios de prueba arrimados al proceso, se desconoció el derecho
fundamental alegado por el señor Edgar Alexander Hernández Galvis, ante la
presunta falta de respuesta a la solicitud de declarar la prescripción de la
acción de cobro coactivo con número de radicado 11001-07-90-000-2019-
09197-00, correspondiente a la multa que le fue impuesta por el Despacho
001 del Tribunal Superior de Bogotá – Sala Penal.

Para abordar el problema jurídico se analizarán los siguientes aspectos; (i)
generalidades de la acción de tutela; (ii) del derecho fundamental de petición y
(iii) caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución consagra el precepto según el cual, toda
persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la
protección inmediata de sus derechos fundamentales, siempre que sean
violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o
de los particulares en los casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente,
ser residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta
acción no es absoluto, sino que está limitado por las causales de

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improcedencia contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 2, entre
otros motivos, la relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa
judicial para garantizar la protección del derecho que se alega amenazado o
vulnerado (subsidiariedad).

2.5. Del derecho fundamental de petición

El artículo 23 de la Constitución consagra que toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales.

La Corte Constitucional ha desarrollado tal garantía a partir de un núcleo
esencial3, el cual presupone lo siguiente:

i) La posibilidad de formular peticiones respetuosas, por motivos de interés
general o particular.

ii) La obtención de una pronta y material resolución del asunto puesto en
consideración, independientemente de si resulta favorable o no a lo
pretendido.

iii) Es necesario que la respuesta se dé a conocer al interesado. Al respecto,
el Tribunal Constitucional ha señalado:

«Una vez tomada la decisión, la autoridad o el particular no pueden
reservarse su sentido, para la efectividad del derecho de petición es
necesario que la respuesta trascienda el ámbito del sujeto que la
adopta y sea puesta en conocimiento del peticionario; si el interesado
ignora el contenido de lo resuelto no podrá afirmarse que el derecho
ha sido observado cabalmente»4

Mediante la Ley Estatutaria 1755 del 30 de junio del 2015, se reguló el
derecho fundamental de petición y, se sustituyó un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues con
este se había desconocido la reserva de ley estatutaria para desarrollar un
asunto restringido constitucionalmente en el artículo 152 Superior.

2 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política.
3 Corte Constitucional. Sentencias T-495 de 1992, T-010 de 1993, T-392 de 1994, T-392

de 1995 y T-291 de 1996.
4 Corte Constitucional. Sentencia T - 529 de 1995. M.P. Fabio Morón Díaz.

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Concretamente, se estableció como regla general un plazo de 15 días para
resolver la solicitud y precisó, además, que antes de que se cumpla el término
dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la
autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el plazo en el
cual se realizará la contestación.

2.6. Caso concreto

La parte actora considera vulnerado su derecho fundamental de petición por
cuanto, a la fecha de interposición de esta acción de tutela no se le ha
resuelto la solicitud de declarar la prescripción de la acción de cobro coactivo
respecto de la multa que le fue impuesta por el Despacho 001 del Tribunal
Superior de Bogotá – Sala Penal.

La Sala encuentra que, del informe presentado por la División de cobro
Coactivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura, se le brindó una respuesta clara, precisa y
congruente, al accionante a través del oficio DEAJGC25-2677 del 27 de
marzo de 2025 de la cual se anexan las siguientes imágenes.

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De lo anterior, se aprecia que la entidad le indicó las razones por las cuales
los términos de prescripción de los procesos coactivos fueron suspendidos, y
por qué para su caso concreto, no había operado el fenómeno de la
prescripción.

Dicha respuesta se le envió al correo abogadojuliocabrera@gmail.com
aportado por el apoderado del demandante en su solicitud, como se aprecia a
continuación:

La Corte Constitucional sostuvo que la terminación del proceso de tutela por
carencia actual de objeto se presenta cuando la vulneración del derecho
fundamental desaparece o se materializa en el trascurso de la solicitud, por lo
que resulta inane la intervención del juez constitucional tendiente a impartir
alguna orden en aras de salvaguardar las garantías constitucionales
transgredidas. Además, ha dicho que esta figura jurídica puede proceder en

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tres supuestos: (i) por hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por
una situación sobreviniente.

Al respecto, ha señalado:

«(…) La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la
protección efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de
una amenaza o afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en
reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el desaparecimiento
de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo
pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como
mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial. Lo
antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que
recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier
determinación que se pueda tomar para salvaguardar las garantías
que se encontraban en peligro, se tornaría inocua y contradiría el
objetivo que fue especialmente previsto para esta acción (…)5»
(Destacado por la Sala)

En relación con los referidos tres supuestos la Sala ha precisado:6

(i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto
Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual
se materializa cuando en el trámite de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración
de los derechos fundamentales.

(ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la
interposición de la acción. Sobre el particular, ha señalado el Tribunal
Constitucional: “[l]a segunda de las figuras referenciadas [daño consumado],
consiste en que a partir de la vulneración ius-fundamental que venía
ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de
tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de
tutela dé una orden al respecto”.7

5 Sentencia SU-225 de 2013 y T-317 de 2005.
6 Ver sentencia de 13 de diciembre de 2018, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-

03-15-000-2018-04225-00.
7 Corte Constitucional, sentencia T-030/2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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(iii) La situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de los
derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la tutela, con
ocasión del obrar del actor o de un tercero distinto a la autoridad demandada.

La Corte Constitucional ha establecido que parte integrante del derecho
fundamental de petición es la comunicación de la respuesta al peticionario, a
saber:

«Es deber de las autoridades de resolver de fondo las peticiones
elevadas ante ellas, sin que ello quiera decir que la respuesta
deba ser favorable, y no son suficientes ni acordes con el artículo 23
constitucional las respuestas evasivas o abstractas, como quiera que
condenan al peticionario a una situación de incertidumbre, por cuanto
éste no logra aclarar sus inquietudes, especialmente si se considera
que, en muchos eventos, de esa respuesta depende el ejercicio de
otros derechos subjetivos. Ha señalado igualmente la jurisprudencia,
que la respuesta emitida en el marco de un derecho de petición
debe ser dada a conocer efectivamente al peticionario, quien es
el directo interesado en saber sobre la explicación brindada y en
los efectos de la misma8 (Negrilla fuera del texto original)»

En este orden, para esta Sección es claro que cuando se satisface lo
solicitado en la acción, se está ante un hecho superado y lo que el juez debe
hacer es declarar la carencia actual de objeto en el asunto que se le presente
a su conocimiento.

En tal virtud, es claro que el presente trámite procesal carece actualmente de
objeto, comoquiera que el hecho que motivó al accionante para la
interposición de la tutela fue superado al brindarle respuesta de fondo, clara y
concreta a su petición mediante la comunicación de 27 de marzo de 2025, la
cual fue enviada al correo electrónico informado por el actor en su solicitud.

Por lo tanto, comoquiera que ya existe un pronunciamiento de la autoridad
accionada que le fue notificado en debida forma al peticionario, cualquier
orden que imparta el juez de tutela sobre el particular resultaría innecesaria.

En consecuencia, se declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado.

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Corte Constitucional, sentencia T-369-13

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación presentada por el
Consejo Superior de la Judicatura.

SEGUNDO: Declárase la carencia actual de objeto por hecho superado
dentro de la acción de tutela de la referencia.

TERCERO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, dentro de los tres
(3) días siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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