Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01594-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01594-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01594-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
5 de mayo de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01594-00
Demandante: Juan Carlos Betancur Tabares
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01594-00
Demandante: JUAN CARLOS BETANCUR TABARES
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – No se
puede asumir de manera indeterminada la representación de grupos poblacionales por vía
de tutela; en este caso, el demandante carece de legitimación para representar a los
ciudadanos de Medellín. De hecho, tampoco acreditó la calidad de representante de algún
partido o movimiento político de oposición, por lo que no puede actuar en su nombre.
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Juan Carlos Betancur
Tabares contra la Presidencia de la República.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda
1. El 18 de marzo de 2025, el señor Juan Carlos Betancur Tabares, en su
nombre e invocando la calidad de «representante de los ciudadanos de la ciudad de
Medellín», interpuso acción de tutela contra la Presidencia de la República, para que
le sean protegidos «todos» sus derechos fundamentales, en especial, el derecho a
la igualdad. Formuló las siguientes pretensiones (se transcriben):
(…)
3. Que se ordene al presidente de la República y/o a quien haga sus veces que
se expida un decreto igual al decretado (sic) 0302 de marzo del 2025, para
definir el día cívico del 18 de marzo del 2025, para que este nuevo día cívico,
sea para las marchas de la oposición.
4. Que se ordene a la presidencia de la República y/o quien haga sus veces
destinar un día martes dentro de los próximos 60 días para definir fecha y los
permisos de marcha.
5. Que se ordene, que la persona que definirá el día solicitado sea definida por
el presentador de la presente tutela, quien estará apoyado por un grupo de
ciudadanos de la llamada oposición.
2. Como fundamento, expuso que el presidente de la República expidió el
Decreto 302 de 2025, a través del cual declaró como «día cívico para la participación
ciudadana», el 18 de marzo de 2025.
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3. Consideró que «la oposición debe tener el mismo derecho a controvertir lo que
el gobierno ha hecho, esto sería la aplicación del derecho universal de la igualdad».
En esa medida, manifestó la necesidad de que el gobierno «permita que la oposición
designe un día que también se defina como día cívico, con igualdad de garantías
para todos y que se permite que todos los que no salieron en la marcha del 18 de
marzo, puedan salir ese día, marchar y expresar su sentir respecto a las cosas que
están en contra de sus convicciones sociales, religiosas, políticas, económicas y
generales, porque éstas afectarían el libre discurrir de la sociedad y el futuro que se
pretende cambiar».
B. Trámite impartido e intervenciones
4. Mediante auto del 25 de marzo de 2025 se admitió la solicitud de amparo, se
ordenó notificar la decisión al Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se tuvieron como
prueba los documentos aportados con la demanda y se negó el decreto de la
inspección judicial a los archivos ubicados en la Casa de Nariño, solicitada por el
accionante.
5. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República solicitó que
se negara el amparo reclamado, por cuanto no se acreditó una amenaza o
vulneración a los derechos fundamentales del demandante, en tanto «no se
evidencia que la ausencia de un día cívico le haya impedido al accionante o a la
oposición realizar las manifestaciones que hayan considerado necesarias para
expresar sus ideas y posiciones».
6. Agregó que el gobierno ha garantizado la realización de marchas convocadas
por la oposición, como la del 23 de noviembre de 2024; además, el decreto del día
cívico no indicó que fuera obligatoria la asistencia y, en todo caso, «el accionante no
señala que él o movimientos de oposición tengan una manifestación específicamente
programada sobre la cual se deba expedir un decreto. Por lo que imponer un día
cívico para una marcha de la oposición sería, en efecto, obligarles a ejercer su
derecho en un momento específico, lo que constituiría una intervención indebida en
su libertad de organización y expresión».
II. CONSIDERACIONES
C. Competencia
7. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es
competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37
del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080
de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).
D. Problema jurídico
8. La Sala deberá verificar si se superan los requisitos de procedencia de la
acción de tutela, especialmente el atinente a la legitimación en la causa. Sólo en el
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evento de que se reúnan estas exigencias, se analizará si se presentó la vulneración
de los derechos fundamentales cuya protección se reclama.
E. Análisis de la Sala: legitimación en la causa por activa
9. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, ante su vulneración o amenaza por la acción u
omisión de cualquier autoridad
10. El Decreto 2591 de 1991 reglamentó dicha acción constitucional. En el artículo
primero contempló la titularidad de la acción de tutela en cabeza de toda persona
que pretenda reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales. El
artículo 10, a su turno, prevé que la acción podrá ser ejercida «por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales», por sí
misma o a través de representante o agente oficioso, y por el Defensor del Pueblo y
los Personeros Municipales.
11. La agencia oficiosa procede cuando el titular no esté en condiciones para
defenderse por sí mismo. Exige que se manifieste en la demanda la calidad de
agente oficioso en la que se actúa y que se demuestre la imposibilidad de la persona
agenciada para ejercer su defensa.
12. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que «estos requisitos son un
medio para evitar que se aproveche el nombre de otra persona para provocar
decisiones judiciales con intereses reales distintos o contra la voluntad del verdadero
titular de los derechos que se invocan»1.
13. En sentencia T-292 de 20212, el Alto Tribunal en materia constitucional
precisó que:
Una lectura armónica del artículo 86 de la Constitución Política y del artículo 10
del Decreto 2591 de 1991 permite establecer que la acción de tutela puede ser
ejercida directamente por el titular del derecho presuntamente vulnerado o por
un tercero que actúe en su nombre. Sobre esta última posibilidad, la
jurisprudencia constitucional ha determinado que quien actúa en nombre de
otro puede hacerlo como (i) representante legal del titular de los
derechos, (ii) apoderado judicial, (iii) agente oficioso y (iv) defensor del pueblo
o personero municipal. La calidad en la que se actúa a nombre de otro se debe
manifestar expresamente en el escrito de tutela y exige acreditar el
cumplimiento de unos requisitos mínimos previstos por el ordenamiento jurídico
y la jurisprudencia constitucional.
14. En el asunto que se analiza, el accionante adujo que actuaba en su nombre y
en representación de los ciudadanos de Medellín; además, refirió la necesidad de
acceder al amparo deprecado para que la «oposición» tenga el mismo derecho a
controvertir la gestión del primer mandatario, bajo el entendido de que «el gobierno
como la oposición tienen los mismos derechos».
1
Sentencia T-190 de 2024, M.P. Juan Carlos Cortés González.
2
M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
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15. Como primera medida, se observa que el interesado no está facultado para
actuar en nombre de los ciudadanos de Medellín, en tanto no ejerce la
representación legal de esa colectividad, ni actúa como su apoderado o agente
oficioso. Recuérdese, en este punto, que «el derecho para cuya protección se
interpone la acción debe ser un derecho fundamental propio del demandante y no de
otra persona»3.
16. Atribuirse la facultad de representar a la ciudadanía de Medellín desconoce
la naturaleza propia de la acción de tutela, que fue concebida para la protección de
los derechos fundamentales propios, sin que pueda asumirse de forma
indeterminada o ilimitada la representación de otras personas. Tampoco es factible
entender que la informalidad propia de este mecanismo de protección constitucional
permite pasar por alto requisitos mínimos de procedibilidad como la legitimación en
la causa por activa4.
17. Una lectura integral de la demanda deja entrever, además, la calidad que se
arroga el accionante de representante de la oposición.
18. Al respecto, resulta menester indicar que, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 1125 Constitucional y en la Ley Estatutaria 1909 de 20186, la oposición, en
materia política, hace referencia a los partidos y movimientos políticos que,
expresamente y de manera pública, manifiesten su decisión de declararse en
oposición al gobierno de turno. La declaración de oposición debe hacerse ante el
Consejo Nacional Electoral.
19. También existe la posibilidad de que las organizaciones políticas se declaren
independientes, lo que significa que no hacen parte de la oposición ni de la coalición
del Gobierno.
3
Corte Constitucional. Sentencias SU-173 de 2015, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-799
de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-278 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
4
Corte Constitucional. Sentencia T-417 de 2013, reiterada en la sentencia T-020 de 2016.
5
Artículo 112. «Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en
oposición al Gobierno, podrán ejercer libremente la función crítica frente a este, y plantear y
desarrollar alternativas políticas» (…)».
6
Ley 1909 de 2018:
Artículo 2. Definiciones. «Para efectos de la presente ley, entiéndase por organizaciones políticas a
los partidos y movimientos políticos con personería jurídica. (…)
Por réplica se entiende el derecho que les asiste a las organizaciones políticas declaradas en
oposición a responder y controvertir declaraciones que sean susceptibles de afectarlas por
tergiversaciones graves y evidentes en los términos establecidos en el artículo 17 de la presente
ley.».
Artículo 7. Niveles territoriales de oposición política. «Los partidos y movimientos políticos con
personería jurídica podrán declararse en oposición, en cualquiera de los niveles de Gobierno de que
trata el artículo 2º de esta ley».
Artículo 9. Registro y publicidad. «La declaración política o su modificación, deberá registrarse ante
la correspondiente Autoridad Electoral, o en su defecto ante la Registraduría Distrital o Municipal
según corresponda, quienes deberán remitirla de manera oportuna a aquella, para su respectiva
inscripción en el registro único de partidos y movimientos políticos. A partir de la inscripción se harán
exigibles los derechos previstos en esta ley.
La Autoridad Electoral publicará y actualizará en su página web las respectivas declaraciones o
modificaciones».
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20. Según el artículo 10 de dicho Estatuto, «para el ejercicio de los derechos
derivados de la declaración de oposición e independencia, y para activar los
mecanismos de protección, se tendrán como representantes de los partidos y
movimientos políticos con personería jurídica, a las autoridades territoriales y
nacionales que definan sus estatutos».
21. En sentencia C-018 de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo, la Corte
Constitucional estudió la constitucionalidad de la Ley Estatutaria 1909 de 2018 y
aclaró que, aun cuando los movimientos sociales y los grupos significativos de
ciudadanos pueden manifestarse y actuar políticamente, el derecho a la oposición
está reservado a los partidos políticos y movimientos con personería jurídica,
conforme a lo establecido en el artículo 112 Superior, «en atención a las
implicaciones especiales de algunos de los derechos de las organizaciones políticas
que se encuentran en oposición (…) por ejemplo la posibilidad de usar los medios
de comunicación social del Estado así como en los que hagan uso del espectro
electromagnético de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones, o
ejercer el derecho a la réplica en los mismos medios de comunicación».
22. Con fundamento en el anterior razonamiento, se declaró la inexequibilidad de
algunas expresiones contenidas en el texto original de la Ley Estatutaria, que hacían
referencia a grupos significativos de ciudadanos, agrupaciones políticas y
movimientos con representación en las corporaciones públicas de elección popular,
dentro de la definición de organizaciones políticas.
23. En el caso concreto, el señor Juan Carlos Betancur Tabares no acreditó su
calidad de representante de algún partido o movimiento político de oposición,
debidamente reconocido por la Autoridad Electoral; luego, es claro que no se
encuentra habilitado para actuar en nombre de la oposición.
24. Lo anterior no implica que el accionante no pueda ejercer control del poder
político o reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, pues tales prerrogativas
constituyen derechos, de raigambre fundamental, para todos los ciudadanos en
Colombia (art. 37 y 40 de la Constitución Política).
25. Sobre esto último, advierte la Sala que, al margen de la falta de legitimación
del demandante para intervenir en nombre de la oposición o de la ciudadanía de
Medellín, la demanda carece de los elementos mínimos para considerar la posible
existencia de una vulneración a derechos fundamentales que amerite una orden
como la que se solicita en el numeral tercero de las pretensiones, pues lo cierto es
que no se acreditó que aquel —o incluso un representante de la oposición— hubiera
elevado algún requerimiento a la autoridad demandada para desarrollar una jornada
de protesta o manifestación pública de censura a las políticas del gobierno y que esta
no hubiera sido atendida.
26. En esa medida, no se aprecia de qué manera podría configurarse la restricción
de derechos que aduce el demandante, en especial, el de igualdad, cuando no hay
evidencia del ejercicio del derecho de control del poder político por parte suya.
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27. Las consideraciones anotadas resultan suficientes para declarar
improcedente la acción de tutela, debido a la falta de cumplimiento del requisito de
legitimación en la causa por activa.
28. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Juan
Carlos Betancur Tabares, por las consideraciones expuestas.
SEGUNDO. Notifíquese esta decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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