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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01612-00

Fecha
29 de mayo de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01612-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Raúl Carreño Rodríguez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01612-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

29 de mayo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01612-00
Demandante: Raúl Carreño Rodríguez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-01612-00
Demandante RAÚL CARREÑO RODRÍGUEZ
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, SALA DE
DECISIÓN Nro. 1.
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales
de procedibilidad de la acción. La relevancia constitucional.
Argumento nuevo. Requisito de incidencia. Medio de control de
nulidad electoral.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Raúl Carreño Rodríguez, de conformidad con lo dispuesto
por los decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 18 de marzo de 20251, el señor Raúl Carreño Rodríguez instauró acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión nro. 1, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a cargos
públicos y al trabajo, con ocasión de la sentencia del 12 de febrero de 2025 en el
proceso de nulidad electoral nro. 15001-23-33-000-2024-00262-00.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA: AMPARAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCEDER A
CARGOS PÚBLICOS, y al TRABAJO del suscrito accionante RAÚL CARREÑO RODRÍGUEZ,
vulnerados por la SALA DE DECISIÓN 1 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ.
SEGUNDA: Dejar sin efectos la sentencia del doce (12) de febrero de dos mil veinticinco
(2025), mediante la cual la SALA DE DECISIÓN 1 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
BOYACÁ resolvió el medio de control de nulidad electoral 15001-23-33-000-2024-00262-00,
declarando nula la elección del suscrito accionante RAÚL CARREÑO RODRÍGUEZ como
personero municipal de Cubará, Boyacá para el período 2024 - 2028.
TERCERA: En consecuencia, ordenar a la SALA DE DECISIÓN 1 DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ el medio de control de nulidad electoral 15001-23-33-000-
2024-00262-00, sujetándose al precedente jurisprudencial en materia de concurso de méritos
para proveer el cargo de personero municipal, en el sentido que la entrevista no pude
distorsionar los resultados de las pruebas anteriores».

El accionante también solicitó el decreto de la siguiente medida provisional:
«Comedidamente solicito que, al momento de pronunciarse sobre la admisibilidad de la
presente acción de amparo constitucional, a título de medida provisional, se ordene suspender
los efectos de la sentencia del doce (12) de febrero de dos mil veinticinco (2025), mediante la
cual la SALA DE DECISIÓN 1 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ resolvió el
medio de control de nulidad electoral 15001-23-33-000-2024-00262-00, hasta tanto se
resuelva de fondo el amparo implorado. Lo anterior en aras de evitar un perjuicio irremediable,
representado en la pérdida del empleo público del suscrito accionante como personero

1
Samai, índice 2.

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municipal de Cubará, afectando así mi posibilidad de percibir ingresos salariales que me
permitan sufragar los gastos propios de la satisfacción de mis necesidades básicas (…)»

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. A través de la resolución 017 del 18 de julio de 2023, el Concejo Municipal de
Cubará convocó a concurso de méritos para la elección del personero
municipal para el periodo 2024 -2028. La Escuela Superior de Administración
Pública (ESAP) adelantó el proceso hasta la etapa de pruebas escritas y
valoración de antecedentes, incluyendo reclamaciones, y el concejo asumió el
desarrollo de las demás etapas, entre ellas, la entrevista.

2.2. El Concejo Municipal expidió la resolución 01 de 2024 en la que se fijó la fecha
y hora de la entrevista y el procedimiento aplicable, pero el actor sostiene que
el acto administrativo no estableció los parámetros ni las condiciones de la
evaluación. Solo previó que los aspirantes tendrían 10 minutos para su
presentación, prorrogables por 5 más, seguidos de una ronda de preguntas.

2.3. El señor Orlando Andrés Ortiz Dallos, aspirante, dijo que el día de su
entrevista, el Concejo modificó el procedimiento y le aplicó una segunda
prueba escrita de 10 preguntas, de las cuales solo 2 estaban relacionadas con
las funciones del cargo al que aspiró. Indicó que la intención de esta evaluación
sorpresiva era favorecer al señor Raúl Carreño Rodríguez, quien manifestó
que había nacido y estudiado en el municipio de Cubará.

2.4. En acta del nro. 5 de 2024, el concejo publicó los resultados de la entrevista
en los que destacó el señor Raúl Carreño Rodríguez sobre los demás
aspirantes.

2.5. El día 15 de enero de 2024, el Concejo Municipal de Cubará solicitó al señor
Mefi Boset Rave Gómez (primero de la lista de elegibles), tomar posesión del
cargo, pero éste no lo aceptó aduciendo motivos personales. Posteriormente,
fue expedida la Resolución 04 de 2024 en la que se nombró al señor Carreño
Rodríguez como personero municipal de Cubará.

2.6. El señor Orlando Andrés Ortiz Dallos presentó una acción de tutela solicitando
que se ordenara al Concejo Municipal de Cubará adelantar nuevamente la
entrevista o, en su defecto, que se suspendiera el concurso mientras acudía a
la jurisdicción administrativa, pero la tutela fue declarada improcedente.

2.7. Por lo anterior, el señor Orlando Andrés Ortiz Dallos presentó demanda de
nulidad electoral para que se declarara la nulidad de la resolución 04 del 15 de
enero de 2024, por medio del cual el Concejo Municipal de Cubará nombró
personero municipal para el periodo 2024-2028 al señor Raúl Carreño
Rodríguez.
Solicitó que, como consecuencia de la anterior declaración, se dejara sin
efectos el nombramiento y se retrotrajeran las actuaciones del concurso para
realizar de nuevo la entrevista garantizando, de acuerdo con el marco jurídico,
una evaluación objetiva y calificación imparcial. Asimismo, que se ordenara a
la Procuraduría Regional competente que acompañe las etapas del concurso
para asegurar que se desarrollen dentro de los principios de imparcialidad y
objetividad.
2.8. El conocimiento del proceso correspondió a la Sala 1° de Decisión del Tribunal
Administrativo de Boyacá que, en sentencia de única instancia del 12 de
febrero de 2025, declaró la nulidad de la resolución 04 del 15 de enero de

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2024, por medio de la cual el Concejo Municipal de Cubará nombró personero
de la localidad para el periodo 2024-2028 al señor Raúl Carreño Rodríguez.
Como consecuencia de la anterior declaración, ordenó al Concejo Municipal
de Cubará que realice de nuevo el concurso de méritos desde la etapa de la
entrevista, siguiendo lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Resolución 017
del 18 de julio de 2023, así como los artículos 6º y 7º de la Resolución 01 del
2 de enero de 2024.
3. Fundamentos de la acción

El señor Raúl Carreño Rodríguez afirma que la acción de tutela es procedente
porque cumple con los requisitos de legitimación, inmediatez y de subsidiariedad.
Resaltó que, al momento de promover la tutela, la sentencia no estaba ejecutoriada
y que, al discutirse la sentencia emitida en un proceso de única instancia, no cuenta
con otro medio judicial para proteger sus derechos fundamentales.

Tras considerar que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, el actor argumentó que la Sala 1° de Decisión
del Tribunal Administrativo de Boyacá incurrió en los defectos fáctico y de
desconocimiento del precedente judicial.
3.1. Desconocimiento del precedente: El señor Raúl Carreño Rodríguez afirmó
que la providencia acusada desconoció el precedente establecido por la Corte
Constitucional en la sentencia C-478 de 2005, según el cual, la etapa de
entrevistas de un concurso no debería afectar el valor de las demás etapas. A
su juicio, la autoridad judicial accionada privilegió los resultados de la
entrevista sobre sus resultados en las otras categorías, desconociendo el
principio de mérito y de transparencia en la selección de los cargos públicos.
3.2. Defecto fáctico: el tutelante manifestó que el tribunal incurrió en ese defecto
porque valoró de manera arbitraria el cuestionario aplicado en la etapa de
entrevista del concurso de méritos. En su consideración, ni las tres primeras
preguntas desestimadas por la autoridad judicial, ni las cuatro siguientes que
sí estimó válidas, evaluaban realmente la idoneidad para el cargo, pues
estaban centradas en aspecto geográficos o sociales que no garantizaban el
cumplimiento objetivo de las funciones del personero.
De acuerdo con lo anterior, argumentó que, si en la sentencia se hubieran
descartado también las preguntas 4, 5, 6 y 7, como correspondía, el señor
Raúl Carreño Rodríguez habría mantenido su lugar en la lista de elegibles, y
su nombramiento no habría sido declarado nulo.
En consideración del actor, la concreción de los mencionados defectos en la
sentencia afectó su derecho fundamental al debido proceso, pues fue removido
ilegítimamente del cargo al que accedió por mérito. Lo anterior, a su juicio, afecta
las garantías de estabilidad y legalidad reconocidas a quienes integran las listas de
elegibles.
Recordó que renunció a otros empleos del sector público, tanto en el municipio de
Páez, Boyacá como en Floridablanca, Santander. Dijo que hasta declinó otros
nombramientos en Miraflores y El Calvario para asumir el cargo de personero de
Cubará. Así las cosas, la decisión del tribunal, basada en errores atribuibles al
Concejo Municipal y no a él, lo repliegan a una situación injusta de desempleo y le
impide el ejercicio de su profesión.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Mediante auto de 21 de marzo de 2025, el despacho admitió la acción de
tutela interpuesta por el señor Raúl Carreño Rodríguez contra el Tribunal
Administrativo de Boyacá.

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Asimismo, vinculó, en calidad de terceros con interés, al señor Orlando
Andrés Ortiz Dallos, al Concejo Municipal de Cubará, al Municipio de Cubará,
al Ministerio Público y al Tribunal Administrativo de Arauca, personas y
autoridades que participaron en el proceso nro. 15001-23-33-000-2024-00262-
00. También se dispuso la vinculación de los aspirantes del concurso que
ocuparon las 10 primeras posiciones de la lista de elegibles para la Personería
Municipal de Cubará, dado el interés que puede asistirles en esta acción de
tutela.

De otra parte, se negó la medida provisional solicitada en el escrito de tutela
porque no cumplía con los propósitos constitucionales establecidos en el
marco normativo para su decreto. En todo caso, se recordó al actor que los
términos céleres de la acción de tutela permitían la pronta decisión de su caso.

En el auto se ofició al Tribunal Administrativo de Boyacá y al Concejo
Municipal de Cubará para que notificara a las personas que ocuparon las 10
primeras posiciones de la lista de elegibles, incluido el señor Orlando Andrés
Ortiz Dallos, demandante en el proceso ordinario nro. 15001-23-33-000-2024
00262-00. El despacho también ofició al señor Carreño Rodríguez para que
remita las direcciones de notificación de cada una de las personas que actúan
en calidad de demandantes o terceros con interés en el proceso de nulidad
electoral estudiado.

Finalmente, se ordenó al Tribunal Administrativo de Boyacá que remita en
medio digital el expediente del proceso de nulidad electoral objeto de análisis.

4.2. El 26 de marzo de 2024, la Secretaría General del Consejo de Estado requirió
al señor Raúl Carreño Rodríguez para que remita las direcciones de
notificación de las personas que actúan en calidad de demandantes y terceros
con interés en el proceso electoral examinado.

4.3. El accionante cumplió con el requerimiento de la Secretaría General de esta
Corporación y allegó las direcciones de notificación solicitadas. Precisó que
los datos de contacto de las personas que hacen parte de la lista de elegibles
fueron suministrados por el Concejo Municipal de Cubará y que los de las
entidades públicas fueron tomadas de las páginas web institucionales.

4.4. La Secretaría del Tribunal Administrativo de Boyacá informó que notificó el
auto admisorio de la demanda al señor Orlando Andrés Ortiz Dallos, quien
actuó como demandante en el proceso de nulidad electoral analizado.
Respecto de las personas que ocupan las 10 primeras posiciones de la lista
de elegibles expuso la imposibilidad de obtener sus datos de contacto debido
a que no fueron vinculados al proceso de nulidad electoral.

Además, indicó que el expediente del proceso puede ser consultado en Samai.

4.5. El señor Orlando Andrés Ortiz Dallos pidió que se niegue la acción de tutela
por considerar que no cumple con los requisitos de procedencia ni se configura
un perjuicio irremediable que justifique el decreto de la medida provisional.
Considera que las afirmaciones del accionante son infundadas, subjetivas y
carentes de prueba.

Destacó que el accionante no obtuvo el mejor puntaje general del concurso de
méritos para personero de Cubará y que su nombre solo figura en los primeros
puestos después de la entrevista. Por lo que, la decisión judicial que ordena
rehacer esa etapa no tiene por propósito favorecer a ningún aspirante, sino
garantizar el debido proceso.

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En esa vía manifestó que la sentencia acusada se ajustó a la normativa
aplicable, a los precedentes del Consejo de Estado y a los principios
constitucionales. Recordó que la entrevista no puede ser arbitraria ni
discrecional, sino que debe atender a reglas claras preestablecidas.

En relación con el defecto fáctico, advirtió que el accionante no demostró una
valoración probatoria caprichosa o irrazonable ni se configuró
desconocimiento del precedente judicial, pues en la tutela se citó una
jurisprudencia desactualizada que no es vinculante para resolver el caso
particular.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, solicitó que se niegue el
amparo por improcedente, que se impongan costas por temeridad (artículo 25
Decreto 2591) y que se compulsen copias a la fiscalía y la Comisión de Disciplina
Judicial, debido a afirmaciones presuntamente tendenciosas del actor, que
podrían sugerir intención de manipular el nuevo proceso de entrevista y el uso
indebido de la tutela para perpetuarse en el cargo.

4.6. El Tribunal Administrativo de Boyacá, por conducto de la magistrada
ponente de la sentencia acusada, se pronunció en primer lugar sobre el
alegado desconocimiento del precedente judicial. Dijo que el actor dio un
alcance inadecuado a la sentencia C-478 de 2005 en relación con el caso
particular, pues este no establece que el aspirante con mayor puntaje en la
fase objetiva de un concurso debe obligatoriamente obtener la mejor
valoración en la entrevista, pues si así fuera la entrevista carecería de utilidad.

Respecto del defecto fáctico indicó que el accionante lo sustentó en nuevos
argumentos que no fueron expuestos en el curso del proceso ordinario.
Recordó que la tutela contra providencias judiciales constituye un juicio de
validez y no de corrección del fallo cuestionado.

Asimismo, aclaró que en la sentencia cuestionada se evaluaron todas las
preguntas de la entrevista, incluidas, las que el actor criticó.

Recordó que la decisión judicial acusada se fundamentó en dos razones
independientes: el desconocimiento de los parámetros prefijados para la
realización de la entrevista y la formulación de preguntas que no respondían a
la finalidad de la prueba. Como el actor solo cuestionó el segundo argumento,
el primero sigue vigente y mantiene la validez de la decisión.

Finalmente, manifestó que las circunstancias personales del actor no tienen la
aptitud de afectar el juicio de nulidad electoral ni subsanan la ilegalidad del
acto de elección.

4.7. El presidente del Concejo Municipal de Cubará informó que, el 27 de marzo
de 2025, notificó el auto admisorio de la acción de tutela a las personas que
conforman la lista de elegibles para el cargo de personero municipal, de
conformidad con los correos informados por la ESAP. Adjuntó el soporte de la
notificación.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las

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autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales2
y especiales3 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional4 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico

Por tratarse de una acción de tutela contra una sentencia, le corresponde a la Sala,
en primer lugar, establecer si se cumplen a cabalidad los requisitos generales de
procedencia de este mecanismo contra providencias judiciales.

Solo en caso de superar dicho análisis, y de cumplirse los demás requisitos
generales de procedibilidad, la Sala determinará si al proferir la sentencia del 12 de
febrero de 2025, en el medio de control de nulidad electoral nro. 15001-23-33-000-
2024-00262-00, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión nro. 1
incurrió en defecto fáctico y en desconocimiento del precedente judicial.

4. Alcance del requisito de la relevancia constitucional de la tutela contra
providencia judicial

4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta
premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está
condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.

Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos
que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a
partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de

2
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
3
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
4
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.

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unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la
Sentencia T–248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para
determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales» 5. Es necesario que el interesado exponga
de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con argumentos suficientes contra las decisiones de los jueces, que
se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con
una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de
los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario.
Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Esto implica que el juez constitucional evidencie de
manera diáfana, que el caso planteado comporta una cuestión de importancia
constitucional que afecte derechos fundamentales.

Este requisito busca impedir que la acción de tutela se use pare revisar
decisiones ordinarias que carecen de importancia iusfundamental y que son
de competencia exclusiva de los jueces naturales de la causa6. Por ello, debe
existir coherencia entre los argumentos presentados ante el juez del proceso,
lo resuelto por este y la presunta vulneración de derechos. La tutela no puede
servir para introducir argumentos nuevos que no fueron expuestos
oportunamente en el trámite judicial.

En palabras de la Corte Constitucional, el deber de identificar de manera
razonable los hechos que generan la vulneración que se alega a través de la
presente acción, tiene su justificación en la medida en que «es menester que el
actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la

5
Ibidem.
6
Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-422 de 2018,
T- 715 de 2016, C-590 de 2005.

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decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos» 7.

5. Análisis del caso

5.1. La Sala considera pertinente iniciar el análisis con un breve contexto fáctico y
jurídico de la sentencia cuestionada.

La acción de nulidad electoral fue promovida por Orlando Andrés Ortiz Dallos
(quien hace parte de la lista de elegibles para el cargo de personero municipal de
Cubará) con el fin de obtener la nulidad de la Resolución 04 del 15 de enero de
2024, mediante la cual el Concejo Municipal de Cubará nombró en el cargo al
señor Raúl Carreño Rodríguez para el periodo 2024-2028.

El Tribunal Administrativo de Boyacá, en sentencia del 12 de febrero de 2025
accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó al Concejo Municipal de
Cubará rehacer el concurso de méritos desde la etapa de la entrevista,
conforme a lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Resolución 017 del 18
de julio de 2023, así como los artículos 6º y 7º de la Resolución 01 del 2 de
enero de 2024.

Como fundamento de la anterior determinación, el tribunal presentó dos
argumentos principales: a) «El Concejo Municipal de Cubará desconoció los
parámetros que había fijado previamente para desarrollar la entrevista» y b) «Tres
preguntas de la prueba escrita no atendieron la finalidad de la entrevista».

En relación con el primer argumento, se indicó que el Concejo Municipal
incumplió la metodología fijada en la resolución 01 de 2024 para la entrevista8,
pues la convirtió en una prueba escrita similar a un examen de conocimiento,
lo que contrarió las reglas preestablecidas. Precisó que aunque la normativa
permite cierto margen de discrecionalidad, este no puede desconocer los
principios de transparencia, objetividad e igualdad, como ocurrió al modificar
la forma de evaluación el mismo día de la prueba y sin previo aviso a los
aspirantes.

Advirtió que el cambio consistió en aplicar un cuestionario de diez preguntas,
limitando la calificación a las respuestas escritas y sin tener presente las
intervenciones orales, a pesar de que la resolución 01 disponía expresamente
que la entrevista sería calificada con base en estas intervenciones. En suma,
evidenció que la entrevista se evaluó sólo por los cuestionarios diligenciados,
ignorando las intervenciones orales y la ronda de preguntas.

Respecto de la forma en que finalmente se practicó la entrevista, el tribunal
indicó:
«87. Por un lado, si bien es cierto que el artículo 7.º de la Resolución 01 del 2 de enero
de 2024 no plasmó expresamente que la prueba iba a practicarse oralmente, también
lo es que de su redacción se deduce que se aplicaría de esa manera. No de otra forma
puede entenderse que se permitiera una ronda de preguntas, de las cuales el aspirante
debía tomar nota para contestar en la segunda intervención. Aceptar como válidas
preguntas y respuestas escritas haría que perdiera coherencia la instrucción en
mención.

7
Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. Ponencia del doctor Jaime Córdoba Triviño.
8
El artículo séptimo de la resolución 01 de 2024, consagró lo siguiente sobre la manera en que se realizaría la entrevista:
«(…) ARTÍCULO SÉPTIMO: ENTREVISTAS. Los aspirantes contarán hasta con diez (10) minutos para hacer su
presentación, este tiempo podrá ser prorrogado por el Presidente del Concejo a solicitud del aspirantes, quien tendrá
hasta cinco (5) minutos más para finalizar su presentación. El Aspirante que desee utilizar medios tecnológicos (…) deberá
informar a la Secretaría del Concejo y se acogerá a la disponibilidad tecnológica que tenga está Corporación (…). Una
vez finalizada la presentación inicial del aspirante, el presidente del Concejo abrirá una ronda de preguntas a los
concejales que así lo deseen, el aspirante tomará nota de las preguntas y las resolverá en un tiempo prudencial sin
exceder los límites de la presentación inicial.»

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88. Por otro lado, la única variación no fue esa, que incluso podría considerarse formal,
pues en realidad el concejo modificó gran parte del procedimiento. Mientras que la
regulación previa prescribía que la entrevista en general consistiría en una intervención
preparada por el aspirante y otra destinada a responder preguntas, en la práctica las
intervenciones orales no tuvieron ningún valor, al punto que la segunda se planteó como
voluntaria Estas y no tuvo como finalidad contestar interrogantes.
89. circunstancias se oponen al carácter reglado de la etapa. Como se dijo
anteriormente, aun cuando el concejo cuenta con cierta discrecionalidad para adelantar
la entrevista, ello no puede llevar a excesos o arbitrariedades, máxime cuando los
parámetros para su realización y evaluación deben organizarse de manera anterior,
pública y objetiva.
(…) 96. En criterio del Tribunal la irregularidad que acaba de describirse es sustancial
porque volvió inútiles las intervenciones orales de los participantes, al punto que es
imposible efectuar una comparación entre los resultados que los interesados habrían
podido obtener con la metodología preestablecida si no hubiera sido variada el día de
la entrevista.» (Subraya la Sala)

Relativo al segundo argumento, en la sentencia se lee que el Concejo
Municipal formuló preguntas en la etapa de entrevista que no evaluaban la
idoneidad ni la capacidad para el cargo, como lo exige la normativa de los
concursos de méritos y la jurisprudencia del Consejo de Estado. En particular,
consideró que las preguntas 1 a 3 no guardaban relación con las funciones del
cargo de personero ni con las cualidades requeridas para ejercerlo, por lo que
no eran pertinentes y afectaban los principios de objetividad y transparencia.

Sin embargo, la autoridad judicial estimó que las preguntas 4 a 7, aunque no
tenían una relación directa con las funciones de personero, si referían al
contexto del municipio y a temas relevantes para desempeñar su cargo, como
la presencia de comunidades indígenas, por lo que privilegió en este punto la
autonomía del concejo. Además, calificó como pertinentes las preguntas 8 a
10, relacionadas con las funciones y deberes del cargo.

Ante las preguntas inadecuadas, el Tribunal optó por asignar a todos los
aspirantes el puntaje completo de las preguntas 1 a 3, y en un ejercicio
alternativo, consideró su exclusión. Destacó que, en los dos escenarios, el
resultado variaba y el señor Raúl Carreño Rodríguez ya no ocupaba el
segundo lugar. Esto, según el tribunal, demostraba que la irregularidad en el
cuestionario incidía directamente en la elección del personero, configurando
un vicio que justificaba la nulidad de la elección, pero, precisó que no identificó
un propósito de favorecer a un candidato específico.

5.2. Ahora bien, en relación con la concreción del defecto fáctico, el accionante
reprochó la valoración arbitraria del cuestionario aplicado en la etapa de
entrevista del concurso de méritos, pues en su consideración las preguntas 4
a 7 tampoco eran válidas ya que estaban centradas en aspectos geográficos
o sociales que no garantizaban el cumplimiento objetivo de las funciones del
personero. En esa línea, advirtió que, si también se hubieran descartado estas
preguntas, habría mantenido su lugar en la lista de elegibles y no se hubiera
declarado la nulidad de su nombramiento.

La Sala evidencia que, el reproche del actor respecto de la invalidez de las
preguntas 4 a 7 del cuestionario de la entrevista constituye una nueva línea
argumentativa que no fue expuesta en el proceso de nulidad electoral, a pesar
de que el señor Carreño Rodríguez intervino como parte procesal.

En sus intervenciones (respuesta a la demanda y alegatos de conclusión), se limitó
a afirmar que obtuvo el mayor puntaje en las pruebas de conocimientos y
comportamental realizadas por la ESAP, por lo que debía recibir una
calificación alta en la entrevista. Agregó que la transformación de la entrevista
en un examen escrito no distorsionó los resultados y no era suficiente para

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afectar la elección. También indicó que fue el único aspirante que manifestó
su inconformidad ante el cambio metodológico de la entrevista, mientras que
el demandante guardó silencio.

Así las cosas, su pretensión de que en sede de tutela se valoren nuevos
argumentos relacionados con las preguntas 4 a 7 desconoce el presupuesto
de relevancia constitucional (ver supra 4.1. iv).

A ese respecto, conviene recordar lo indicado por la Corte Constitucional en la
sentencia T-421 de 2022:
«La Corte Constitucional ha señalado en reiterada jurisprudencia que la acción de tutela contra
providencias judiciales no es una tercera instancia que reemplace a los mecanismos
ordinarios. Los accionantes que cuestionan una providencia judicial tienen la carga
procesal de haber presentado ante los jueces ordinarios los argumentos que fundamentan sus
solicitudes de amparo9. En tales términos, no pueden usar la acción de tutela como un
mecanismo alternativo para sanear su falta de diligencia durante los procesos ordinarios, “por
cuanto ello implica el alegato de su propia incuria (…) y desvirtúa el carácter subsidiario de la
acción”10. Además, permitir que en sede de tutela el accionante presente nuevos argumentos,
le otorgaría “ventajas injustificadas [ante] un comportamiento no diligente” durante el proceso
ordinario» (Destaca la Sala)

Como se indicó previamente, el objeto de la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales no es el de adicionar o completar los argumentos que
debieron exponerse ante el juez de la causa, a fin de convencerlo de la causa
defendida.

5.3. Para complementar la improcedencia del argumento por falta de relevancia,
esta Sala advierte que la idoneidad y pertinencias de las preguntas 4 a 7 del
cuestionario fueron analizadas por el tribunal en la sentencia acusada. A ese
respecto, en la sentencia se lee:
«103. De otro lado, para esta Corporación las preguntas 4 a 7, pese a que no indagan
concretamente en aspectos propios de la personería, sí se refieren a las características
físicas del municipio, así como a la presencia y vocería de los pueblos indígenas cuyo
asentamiento es relevante en la región, cuestiones que guardan relación con el ámbito
de actividad del personero. En esa medida, como estos interrogantes no pueden
calificarse de plano como impertinentes o ajenos a la finalidad de la prueba, debe
prevalecer el respeto a la autonomía del concejo para su formulación. »

Ahora, la Sala evidencia que la argumentación expuesta por el accionante para
discutir la idoneidad de estas preguntas no son más que expresiones de
desacuerdo con el alcance dado por el juez de la causa, pero no demuestran
la existencia de un error flagrante o manifiesto, atribuible al tribunal accionado.
Lo que da cuenta de una insuficiente carga argumentativa orientada a dejar en
evidencia un error flagrante atribuible al tribunal y la concreción de un
escenario de vulneración de derechos fundamentales.

En esas condiciones, no se configura un escenario de arbitrariedad que
justifique descartar el criterio del juez de la causa en el análisis de las pruebas
del proceso para imponer la apreciación subjetiva del accionante. Por el
contrario, debe recordarse que las sentencias gozan de presunción de
legalidad y acierto, y solo pueden ser controvertidas por vía de tutela de
manera excepcional y ante una afectación evidente de derechos
fundamentales, escenario que no se evidencia en el caso particular.

5.4. Adicional a lo anterior, el alegado defecto fáctico tampoco supera el requisito
de incidencia en el sentido de la decisión, pues es cierto, como lo evidenció el
tribunal, que aún si ese argumento prosperara (que no lo hizo), la decisión de

9
«Corte Constitucional, sentencia SU-297 de 2015»
10
«Corte Constitucional, sentencia T-541 de 2006»

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nulidad persistiría cimentada en que el Concejo Municipal de Cubará
desconoció los parámetros que había fijado previamente para desarrollar la
entrevista (ver supra 5.1. «primer argumento»). Este argumento no fue discutido en
la acción de tutela por lo que al final debería mantenerse la decisión de nulidad.

5.5. Precisado lo anterior, se recuerda que la jurisprudencia constitucional ha dicho
que la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó como un
análisis de las mejores razones entre las expuestas en la decisión atacada y
la interpretación sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece a su
naturaleza y propósito. De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye
en sí misma una vulneración de derechos fundamentales.

Justamente, lo advertido en el caso es que el accionante presentó tutela por
no estar de acuerdo con la decisión adoptada por la autoridad accionada. Sin
embargo, tal discrepancia de criterios no implica una vulneración real a su
derecho al debido proceso ni al acceso a la administración de justicia.

De manera reiterada, se ha sostenido que cuando se controvierten decisiones
judiciales, la procedencia del amparo está sujeta a que el asunto sea de tal
relevancia en materia constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo
una vulneración grosera o de bulto; lo que no ocurre en este caso.

5.6. De otra parte, el actor argumentó que la providencia desconoció la sentencia
C-478 de 2005, en la cual la Corte Constitucional precisó que la etapa de
entrevistas de un concurso no debe desvirtuar el valor de las demás etapas
del proceso11. A su juicio, el tribunal privilegió los resultados de la entrevista
sobre los obtenidos en las otras categorías, desconociendo el principio de
mérito y de transparencia que rigen la selección de los cargos públicos.

Sin embargo, la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo analizó el
cuestionario aplicado en la entrevista y explicó cómo se modificaban las
posiciones en la lista de elegibles si las tres preguntas se consideraban
correctas o si se suprimían, evidenciando que, en ambos casos, las posiciones
en la lista de elegibles variaban.

Además, precisó que la Resolución 017 de 2023 estableció que la entrevista
en este concurso tendría un peso del 10%, porcentaje que fue considerado y
respetado por el tribunal accionado en su análisis, dado que estudió la etapa
de entrevista del concurso atendiendo al margen legal, sin que se observe ni
acredita una distorsión o desproporción en la ponderación con las demás
fases. Lo que da cuenta del incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional frente a este cargo.

6. Finalmente, no están llamada a prosperar la solicitud de compulsa de copias
a la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Disciplina Judicial, como
quiera que la acción de tutela no está prevista para tal fin.

Corresponderá al solicitante acudir a la autoridad penal y/o disciplinaria
formular directamente las correspondientes denuncias, de considerar que hay
mérito para ello.

Tampoco está llamada a prosperar la solicitud de condena en costas
reclamada.

11
Al respecto, en la providencia se lee: «(...) el valor de la entrevista deberá tomar en consideración al menos los siguientes
criterios: La entrevista no puede tener un valor tal que distorsione la relevancia de los demás factores de evaluación, pues
de lo contrario la transparencia del proceso mismo quedaría en entredicho. Si bien en algunas ocasiones constituye un
indicativo útil frente a las necesidades del servicio, también existen otros criterios no menos importantes que son
determinantes al momento de la selección.»

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Demandante: Raúl Carreño Rodríguez

7. Conclusión

Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela,
por no cumplir a cabalidad los requisitos generales de procedibilidad de este
mecanismo contra providencias judiciales, concretamente el de la relevancia
constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Raúl
Carreño Rodríguez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Señor usuario este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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