Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01615-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01615-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-01615-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
7 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01615-00
Accionante: Raúl Romero Rodríguez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta.
Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad electoral.
Subsidiariedad. Niega.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
1. Decide la Sala1 la acción de tutela formulada por Raúl Romero Rodríguez en
contra del Consejo de Estado, Sección Quinta.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
2. El 18 de marzo de 2025, Raúl Romero Rodríguez, por intermedio de
apoderado judicial, solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la
igualdad, debido proceso, tutela judicial efectiva, seguridad jurídica, elegir y ser
elegido y «ejercicio y desempeño de cargos públicos». Como consecuencia de lo
anterior, solicitó que se dejara sin efectos la Sentencia proferida el 21 de noviembre
de 2024 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, Rad. 20001-23-33-000-2023-
00284-02 y, en consecuencia, se ordenara a aquella autoridad emitir una nueva
decisión en la que se aplique el precedente constitucional que fue desconocido.
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. Juana Modesta García Mejía instauró demanda de nulidad electoral contra el
acto de elección de Raúl Romero Rodríguez como diputado del departamento del
Cesar para el período constitucional 2024-2027, contenido en el formulario E-26
ASA de 9 de noviembre de 2023. Lo anterior, porque, en su criterio, el segundo de
los mencionados se encontraba incurso en la causal de inhabilidad prevista en el
ordinal 6 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, debido a que su hermano, Jhonny
Enrique Saravia Rodríguez, fue registrador en el municipio de Pailitas de ese mismo
departamento en el año anterior a la elección.
1
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del
Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para
conocer del proceso de la referencia.
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5. El 12 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo del Cesar declaró la nulidad
de la elección de Raúl Romero Rodríguez como diputado del departamento, al
considerar que este desconoció lo dispuesto en ordinal 6 del artículo 49 de la Ley
2200 de 2022, en concordancia con el numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de
2011, comoquiera que se estructuraron plenamente los elementos que configuran
la inhabilidad descrita, como son el elemento personal, objetivo, territorial y
temporal2.
6. Inconforme con la anterior decisión, el 23 de septiembre de 2024, la
Procuraduría General de la Nación interpuso recurso de apelación, para lo cual
afirmó que el elemento territorial no se configuró, porque el parágrafo del artículo 49
de la Ley 2200 del 2022 hace referencia al departamento como «entidad pública y
sus institutos y entidades descentralizadas, que funcionan en el respectivo territorio
o ejercen competencias que involucran a la respectiva entidad territorial». Por tanto,
como el cargo de registrador municipal no se encuentra dentro de ese límite de la
norma, no se podía concluir que el ejercicio de dicho cargo inhabilita a un aspirante
a diputado, pues es una posición que depende del registrador nacional.
7. Por su parte, el demandado también apeló la sentencia de primera instancia,
al considerar que no se configuró el elemento territorial de la prohibición porque el
parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 del 2022 es claro al establecer que debe
entenderse departamento como «entidad pública y sus institutos y entidades
descentralizadas, que funcionan en el respectivo territorio o ejercen competencias
que involucran a la respectiva entidad territorial». Sin embargo, el registrador
municipal no ejerce sus funciones en el departamento, sino que depende de la
Registraduría Nacional bajo la figura de la desconcentración, por lo que es evidente
que no se encuadra dentro de la disposición de la inhabilidad, pues la labor del
hermano del demandado no se da en una entidad departamental ni en una que sea
descentralizada.
8. Adicionalmente, consideró que no se configuró el elemento temporal, puesto
que el Consejo de Estado, al interpretar el numeral 5 del artículo 179 de la
Constitución Política, concluyó que este debe aplicarse desde la inscripción de la
candidatura y la fecha de la elección, por lo que en el caso no se estructuró dicha
prohibición, en la medida en que el hermano del demandado fue trasladado antes
de que se inscribiera como candidato.
9. Asimismo, sobre el ejercicio de autoridad del registrador municipal, puso de
presente que este hace parte del nivel técnico, tal y como lo establece el Decreto
785 de 2005, así como el manual de funciones. Además, precisó, que según lo
2
«(i) existe el vínculo del parentesco exigido en la ley, porque el señor Raúl Romero Rodríguez es hermano de Johnny Enrique
Saravia Rodríguez, tal como se prueba con los registros civiles de nacimiento, donde se acredita que estos son hijos de la
señora Celina Rodríguez Afanador; (ii) el señor Johnny Enrique Saravia Rodríguez, hermano del hoy demandado, ostentó un
cargo que entre las funciones que tiene asignadas algunas de ellas materializan el ejercicio de autoridad administrativa al
fungir como Registrador Municipal de Pailitas, Cesar, tal como consta en el Manual de Funciones y Competencias Laborales
del cargo de Registrador Municipal, Código 4035, Grado 05; (iii) La autoridad que predica la norma se ejerció “en el respectivo
departamento”, porque el señor Johnny Enrique Saravia Rodríguez se desempeñó como Registrador Municipal 4035-05 de
Pailitas, Cesar, tal como consta en la resolución de nombramiento y acta de posesión; y (iv) el ejercicio de dicha autoridad se
presentó dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección, porque el señor Johnny Enrique Saravia Rodríguez fue
trasladado como Registrador Municipal de Pailitas (Cesar) al municipio de Mistrató (Risaralda), a partir del 2 de junio de 2023,
según se evidencia en la Resolución No. 11253 del 20 de junio de 2023».
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consagra el artículo 33 del Código Electoral, los únicos que ejercen autoridad eran
los delegados del registrador nacional, pero esto no incluye a los municipales,
porque no tienen potestades para nombrar funcionarios o investigar conductas.
10. Finalmente, sostuvo que debió tenerse en cuenta el precedente fijado por la
Corte Constitucional en la Sentencia SU-207 del 2022, para determinar si existió
probabilidad real del ejercicio de autoridad y si tuvo influencia en la elección
acusada, lo cual, en su criterio, no se cumple en el caso objeto de estudio.
11. El 21 de noviembre de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó
la sentencia de primera instancia.
12. Como fundamentos de derecho, el accionante afirmó que la autoridad
accionada desconoció el precedente judicial, puesto que la autoridad accionada se
apartó del precedente jurisprudencial fijado en la Sentencia SU-207 de 2022, en el
que la Corte Constitucional estableció que para determinar la configuración de una
inhabilidad por parentesco, conforme al régimen e inhabilidades, se debe evaluar si
un candidato tiene parientes en cargos con autoridad administrativa en la
jurisdicción donde se postula y que la aplicación de la inhabilidad debe basarse en
pruebas concretas que acrediten la afectación de la contienda electoral y no solo en
consideraciones formales.
13. En ese sentido, explicó que la Sección Quinta del Consejo de Estado debió
realizar un estudio sobre cómo la persona investida de autoridad (en este caso el
hermano del accionante) podía influir, directa o indirectamente, en el electorado
desde el día de la inscripción y hasta la elección, produciendo resultados que
atentaran contra el equilibrio de la contienda electoral y la igualdad entre candidatos.
Asimismo, indicó que la autoridad accionada omitió que en la inhabilidad por
parentesco siempre es necesario revisar las funciones desplegadas por el familiar
del demandado y, en concreto, como estas podían obstruir o desequilibrar el
certamen democrático en el que se participó.
14. Sostuvo que en su caso la accionada no realizó un estudio individualizado, a
pesar de haberlo reconocido como necesario al momento de resolver la medida
cautelar de suspensión provisional meses atrás. Precisó que en esa etapa procesal
aquella autoridad consideró que no existían pruebas suficientes para acreditar el
ejercicio de autoridad administrativa por parte de su hermano, quien, además, se
había trasladado de cargo antes de la inscripción de la candidatura, lo que descarta
cualquier posible afectación al proceso electoral.
15. Sin embargo, señaló que, posteriormente, en el fallo cuestionado, sin nuevos
elementos probatorios, la corporación cambió el criterio y aplicó una interpretación
formal y abstracta, según la cual el solo hecho de que su hermano hubiese ocupado
un cargo público en el municipio era suficiente para declarar la inhabilidad,
reviviendo tesis anteriores que ya habían sido superadas por la Corte
Constitucional, por lo que dicha decisión desconoció los principios de razonabilidad,
proporcionalidad, seguridad jurídica, igualdad y debido proceso.
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16. Afirmó que existían 2 interpretaciones posibles en relación con la configuración
del elemento territorial de la inhabilidad que se estudia, la primera correspondiente
a que debía ser interpretada en un sentido restrictivo, fijado por la ley, de
conformidad con el régimen de inhabilidades de los diputados y, la segunda,
correspondiente a una interpretación extensiva, so pretexto que el régimen de
inhabilidades de los diputados no puede ser menos estricto que el de los
congresistas.
17. Sobre el particular, sostuvo que en el proveído censurado, la Sección Quinta
explicó que el régimen de los diputados era más flexible que el de los congresistas
y que, a la luz de la Constitución, tal situación jurídica resultaba ser inadmisible, por
lo tanto, aunque la norma mencionada (artículo 49 de la Ley 2200 del 2022) se
encuentra vigente, resultaba inaplicable al caso concreto. Sin embargo, arguyó que
esa interpretación resultó a todas luces irrazonable y desproporcionada pues se
trata de cargos de elección popular que si bien pueden coincidir en ciertos casos en
cuanto a la circunscripción territorial de la elección, eran notoriamente distintos en
cuanto a la naturaleza de las funciones que desempeñan y su relevancia
constitucional. Por tal razón, señaló que la limitación del ámbito territorial de las
inhabilidades que hizo el legislador era a todas luces razonable, y no podía
inaplicarse por la autoridad judicial de forma tal que anulara las especificidades y
particularidades de cada uno de los cargos de elección popular.
18. Adujo que, la accionada, al optar por la interpretación más gravosa y restrictiva,
desconoció el principio pro homine, que ordena escoger la interpretación más
favorable a la persona, sobre todo cuando están en juego derechos fundamentales,
como el de ser elegido y participar en la vida política.
19. Aseguró que la autoridad accionada desconoció el precedente fijado por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Petro Urrego
vs Colombia, según el cual las restricciones a los derechos políticos solo pueden
ser impuestas por el juez competente dentro del respectivo proceso penal. Sin
embargo, en el caso concreto, el procedimiento adelantado no fue de esa
naturaleza, sino de nulidad electoral, de manera que la anulación de su elección
implicó una restricción directa a su derecho a ocupar un cargo de elección popular,
ya que se realizó sin tenerse en cuenta los parámetros establecidos en el artículo
23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).
20. Por tanto, estimó que la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado
resultó contraria al precedente sentado por la Corte IDH y atentó de manera directa
el bloque de constitucionalidad, en tanto dicho tratado (la CADH) forma parte
integral del orden constitucional colombiano (artículo 93 de la Constitución).
21. Indicó que la corporación judicial accionada incurrió en defecto sustantivo, al
interpretar y aplicar de manera errónea las normas sobre inhabilidades por
parentesco previstas en los numerales 4 del artículo 43 y del artículo 95 de la Ley
136 de 1994, modificada por la Ley 617 de 2000.
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22. Al respecto, explicó que aquella autoridad, en relación con el elemento
objetivo, se equivocó al considerar que el señor Saravia Rodríguez en calidad de
registrador del municipio de Pailitas (Cesar) ejerció autoridad civil y administrativa,
puesto que de las funciones especiales, que se encuentran consignadas en el
manual de funciones de la entidad, no puede derivarse el ejercicio de autoridad.
Agregó que en la sentencia que declaró la nulidad de su elección, el Consejo de
Estado ignoró la distinción entre funciones técnicas y ejercicio de autoridad, dando
por sentado que todo registrador municipal ostenta poder decisorio sin examinar si
sus atribuciones afectaron el proceso electoral.
23. Respecto del elemento territorial, afirmó que la Sección Quinta «cometió un
error garrafal, arbitrario y abiertamente inconstitucional», pues, ante la duda frente
a la aplicación de una norma relativa al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades de los diputados, la Sala no debió resolver el asunto desde la
aplicación estricta del artículo 299 de la Constitución Política, sino desde el principio
pro electoratem, el cual implica que las normas sobre inhabilidades debe
interpretarse en favor de los derechos de los electores.
24. Finalmente, manifestó que la autoridad judicial incurrió en defecto fáctico, en
la dimensión negativa, puesto que la providencia censurada carece de fundamentos
probatorios que demuestren que, durante el período inhabilitante, de considerarse
que hipotéticamente es de un año previo a la elección, su hermano hubiese
sancionado jurados; y, en la dimensión positiva, comoquiera que valoró de forma
inadecuada el elemento que hace alusión al traslado de su hermano a otro
departamento diferente del Cesar, ya que, de haberlo analizado correctamente se
habría llegado a la conclusión de que, durante el período electoral, el hermano no
estaba en condiciones de influir en el proceso electoral por encontrarse fuera de la
jurisdicción correspondiente.
25. Aseveró que se desconocieron las reglas de interpretación que la Corte
Constitucional estableció en materia de inhabilidades, ya que debió realizarse un
examen específico de la probabilidad real y material de ejercer autoridad en la
misma jurisdicción del candidato, sin que resultara viable la valoración genérica o
abstracta fundada en la regla según la cual, la autoridad se ejerce por el solo hecho
de detentarla (sin siquiera demostrarse que al menos lo detentara), lo que ni siquiera
está claro ni probado, esto resulta absolutamente violatorio del debido proceso y los
intereses de sus electores.
Intervenciones3
26. El Consejo de Estado, Sección Quinta, a través del magistrado ponente de
la decisión censurada, afirmó que la acción interpuesta refleja que el accionante no
está de acuerdo con la decisión del juez electoral, pues aquel reitera los mismos
puntos que ya había presentado en el proceso ordinario, específicamente, en el
3
El 25 de marzo de 2025, el despacho ponente de la presente decisión admitió la acción de tutela en contra de la Sección
Quinta del Consejo de Estado y vinculó al Tribunal Administrativo del Cesar, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al
Consejo Nacional Electoral, a Juana Modesta García Mejía, a Jaime Luis Ochoa Quiñonez, a Lizeth Carolina Escamilla y a
Sebastián Martínez Botello.
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recurso de apelación y los alegatos de conclusión, que ya fueron resueltos. En ese
sentido, indicó que no se cumplió con el requisito de relevancia constitucional, toda
vez que el mecanismo de amparo no puede emplearse como instancia adicional ni
un recurso para reabrir discusiones ya zanjadas, especialmente, cuando no se
afectan los derechos fundamentales del accionante.
27. Sin perjuicio de lo anterior, aseguró que no se configuró el defecto sustantivo
invocado, puesto que en la providencia censurada se hizo un amplio desarrollo
jurisprudencial con relación a las facultades y el ejercicio de autoridad en cabeza de
los registradores municipales, lo cual acreditó que, bajo el criterio funcional, el
hermano del hoy accionante tenía la potestad y la atribución de autoridad, lo que
permitió establecer el elemento objetivo de la inhabilidad.
28. Respecto del desconocimiento del precedente judicial, advirtió que no se
apartó de forma arbitraria o caprichosa de la Sentencia SU-207 de 2022 de la Corte
Constitucional, sino que, por el contrario, se aclaró que la regla allí fijada estableció
su alcance únicamente a funcionarios elegidos en el orden municipal, motivo por lo
que para el caso en concreto no resultaba aplicable comoquiera que el accionante
fue elegido diputado del Cesar.
29. Adicionalmente, precisó que frente al ejercicio de autoridad de los
registradores municipales, en el fallo cuestionado se explicó que ejercen autoridad
en virtud de su facultad sancionatoria, la cual, tampoco era una tesis novedosa,
pues ya se había aplicado en 2005 y reiterado en el 2019 por la Sala Plena de esa
corporación.
30. Ahora, en relación con el precedente de la Corte IDH (Caso Petro vs Colombia)
resaltó que dicho planteamiento no fue objeto de reproche por parte del demandado
en el proceso ordinario. En todo caso, manifestó que no le es posible aplicar de
manera restrictiva el artículo 23 de la CADH, sin tener en cuenta el andamiaje
institucional establecido por el constituyente y el legislador en relación con la
competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para declarar la
nulidad de los actos de elección de los diputados, pues así se desprende del artículo
152, numeral 7, del CPACA.
31. Finalmente, en lo que tiene que ver con el defecto fáctico, indicó que sí valoró
el manual de funciones y los requisitos de los registradores municipales, por lo que
no se transgredió el derecho al debido proceso que alegó el actor. Adicionalmente,
señaló que en el proceso se probó que el registrador municipal tiene la facultad de
sancionar a los jurados de votación, lo que constituyó el elemento objetivo para la
inhabilidad invocada y justificó la nulidad de la elección.
32. En ese orden de ideas, solicitó declarar improcedente la acción de la
referencia, al no haber acreditado la exigencia de relevancia constitucional, o, en su
defecto, negar el amparo deprecado, ante la ausencia de vulneración de los
derechos fundamentales reclamados.
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33. Juana Modesta García Mejía adujo que la acción de tutela no debe utilizarse
como un recurso o instancia adicional al proceso ordinario para corregir errores en
un proceso o modificar las decisiones allí adoptadas, por lo que el accionante
«intenta hacer un uso indebido de este mecanismo para retrasar el proceso y
generar confusión».
34. Sostuvo que no se vulneró el derecho al debido proceso del señor Romero
Rodríguez por cuanto en el proceso de nulidad tuvo varias oportunidades para
defenderse a través de distintos apoderados, presentó los recursos legales
correspondientes y solicitó nulidades y otras acciones judiciales. Además, señaló
que la admisión de la demanda de nulidad electoral fue debidamente comunicada a
la ciudadanía, lo que generó la oportunidad para que cualquier persona en
desacuerdo presentara la coadyuvancia correspondiente.
35. Jaime Luis Ochoa Quiñonez aseguró que el caso bajo estudio no goza de
relevancia constitucional, por cuanto el actor lo que busca es reabrir el debate
surtido en el proceso ordinario, puesto que repite los mismos reparos planteados en
el recurso de apelación, a pesar de que estos fueron debidamente resueltos por la
autoridad judicial accionada.
36. Ahora, con respecto al defecto sustantivo, señaló que este no se configuró,
comoquiera que en la providencia cuestionada se realizó un amplio desarrollo
jurisprudencial con relación a las facultades y el ejercicio de autoridad en cabeza de
los registradores municipales, lo cual acreditó que, bajo el criterio funcional, el
hermano del hoy accionante tenía la potestad y la atribución de autoridad, lo que
demuestra el elemento objetivo de la inhabilidad. Igualmente, adujo que tampoco se
configuró el defecto fáctico, por cuanto no es cierto que el fallo reprochado hubiese
omitido la valoración del manual de funciones y requisitos de registradores
municipales. En esos términos, solicitó declarar improcedente la acción de tutela o,
en su defecto, negar el amparo invocado.
37. La Registraduría Nacional del Estado Civil afirmó que no tiene competencia
para pronunciarse sobre las pretensiones del accionante, dado que su función,
según la Constitución Política y la ley, se limita a la dirección y organización de las
elecciones, el registro civil y la identificación de las personas. Por lo anterior, solicitó
su desvinculación del presente trámite constitucional, comoquiera que la expedición
de autos y sentencias corresponde a las autoridades judiciales.
38. El Consejo Nacional Electoral alegó que carece de legitimación en la causa
por pasiva, puesto que no intervino en los hechos que originaron la presentación de
la acción de tutela, por lo que no tiene ninguna relación con la vulneración de los
derechos que se reclaman. En consecuencia, solicitó declarar improcedente la
acción de la referencia.
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II. CONSIDERACIONES
Cuestión previa
39. Antes de definir el problema jurídico que aquí se abordará, la Sala aclara que
no accederá a las solicitudes de desvinculación formuladas por la Registraduría
Nacional del Estado Civil y por el Consejo Nacional Electoral, comoquiera que
aquellas entidades fueron vinculadas al presente trámite debido a que intervinieron
en el medio de control de nulidad electoral, en el cual se profirió la sentencia que
hoy discute el accionante, por lo que le asiste un interés a las partes en el resultado
del presente asunto.
Problema jurídico
40. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, si la Sección Quinta
del Consejo de Estado, al expedir la Sentencia de 21 de noviembre de 2024, incurrió
en las causales específicas de desconocimiento del precedente judicial, defecto
sustantivo y fáctico y, por ende, vulneró los derechos fundamentales invocados por
el accionante.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
41. La presente acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de
procedencia, comoquiera que (1) goza de relevancia constitucional, toda vez que
el debate gira en torno a la presunta transgresión de los derechos fundamentales a
la igualdad, debido proceso, tutela judicial efectiva, seguridad jurídica y elegir y ser
elegido por un indebido ejercicio jurisprudencial, probatorio y normativo, asimismo,
se advierte que los reparos no constituyen una reiteración de lo discutido durante
el trámite ordinario, pues están dirigidos concretamente contra la decisión de
segunda instancia; (2) se tiene acreditada la legitimación, tanto activa como pasiva,
puesto que Raúl Romero Rodríguez es el titular de las garantías constitucionales
que se invocan como vulneradas, y la Sección Quinta del Consejo de Estado fue la
autoridad que profirió la decisión que se cuestiona en el escrito de amparo; (3) la
acción de tutela se presentó el 18 de marzo de 2025, es decir, dentro de los 6
meses siguientes a la notificación de la Sentencia del 21 de noviembre de 20244;
(4) propiamente, no se cuestionó una irregularidad procesal, sino el hecho de
realizarse el estudio sin un adecuado análisis jurisprudencial, normativo y
probatorio; (5) se identificaron razonablemente los hechos y argumentos con
fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales; y (6)
la tutela no se interpone contra una providencia de igual naturaleza.
42. Sobre (7) el requisito de subsidiariedad, deben hacerse un par de
precisiones. En lo que respecta a los reparos relacionados con el desconocimiento
del precedente judicial (la Sentencia SU-207 de 2022 de la Corte Constitucional) y
los defectos sustantivo y fáctico, no existe otro mecanismo judicial idóneo que
4
La providencia fue notificada por mensaje de datos el 22 de noviembre de 2024.
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permita a la parte actora procurar la defensa de sus derechos constitucionales. Sin
embargo, no sucede lo mismo frente a la presunta inobservancia del precedente
fijado por la Corte IDH, por las razones que se presentan a continuación:
43. El accionante afirmó que la Sección Quinta del Consejo de Estado pasó por
alto el desconocimiento del precedente establecido por la Corte IDH en el caso Petro
Urrego vs Colombia, según el cual las restricciones a los derechos políticos solo
pueden ser impuestas por el juez competente dentro del respectivo proceso penal.
44. Sin embargo, se repara en que el anterior desacuerdo no fue planteado
oportunamente en el recurso de apelación, lo que impidió que el juez de instancia
realizara un pronunciamiento de fondo sobre este, quien es el llamado en primer
lugar a resolver ese reproche.
45. Así las cosas, la Subsección concluye que la presente solicitud de amparo
no cumple con el requisito general de subsidiariedad, con respecto a la
inconformidad mencionada, teniendo en cuenta que el accionante no empleó
adecuadamente los instrumentos y recursos procesales estatuidos en la ley, a fin
de manifestar su inconformidad frente a la decisión que en este momento reprocha,
y, con ello, dejó vencer la oportunidad procesal para que le fuera analizada la
inconformidad que ahora plantea en esta instancia constitucional.
46. Al respecto, debe recordarse que la acción de tutela no puede utilizarse para
subsanar los errores cometidos en la defensa de las partes procesales o para revivir
instancias procesales que se encuentran debidamente resueltas porque de ser así,
se vulneraría el derecho al debido proceso de los demás intervinientes en el proceso
y se desnaturalizaría el carácter excepcional y subsidiario de esta acción, como
ocurre en el presente asunto, en el cual no se interpuso en debida forma el
respectivo recurso.
47. En todo caso, debe precisarse que en dicho pronunciamiento la Corte analizó
la destitución e inhabilitación del alcalde mayor de Bogotá en el marco de un proceso
y disciplinario, donde el examen de dicha garantía recayó en la idea preconcebida
de la autoridad disciplinaria respecto a la responsabilidad en ese ámbito. Esta
situación dista de los supuestos fácticos que se examinan en el presente caso, en
el cual no se debatió una sanción de naturaleza disciplinaria, sino la configuración
de una causal de inhabilidad establecida por la ley para el acceso a cargos de
elección popular en el marco de un proceso de nulidad electoral ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo.
48. Con fundamento en lo anterior, se procederá a estudiar de fondo los
argumentos relacionados con los defectos de desconocimiento del precedente
judicial (concretamente, respecto del contenido en la Sentencia SU-207 de 2022 de
la Corte Constitucional), sustantivo y fáctico.
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Accionante: Raúl Romero Rodríguez
Análisis de vulneración alegada: estudio de los defectos
49. La Sala declarará improcedente la acción de tutela, en lo que tiene que ver
con el desconocimiento del pronunciamiento de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte IDH), por no cumplirse con la exigencia general de
subsidiariedad; y negará el amparo deprecado, frente a los demás reparos
formulados, por las razones que pasan a explicarse:
50. Para abordar los desacuerdos del accionante respecto del presunto
desconocimiento de la Sentencia SU-207 de 2022 de la Corte Constitucional, la Sala
considera imperioso analizar los razonamientos planteados por la Sección Quinta
del Consejo de Estado en la sentencia discutida y mediante la cual se confirmó la
decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Cesar.
«137. En cuanto al elemento temporal, se advierte que el reproche de los apelantes
no tiene prosperidad. Se tiene que, a su juicio, debe aplicarse en límite temporal que
se predica para los congresistas en la inhabilidad del artículo 179.5 de la Constitución
Política que fue establecido en la sentencia de la Sala Plena de esta Corporación del
29 de enero del 2019.
138. Sin embargo, debe ponerse de presente que en la inhabilidad del artículo 49.6 de
la Ley 2200 del 2022 se reguló de manera especial la prohibición por parentesco para
los diputados y el legislador estableció de manera específica que esta aplica «dentro
de los doce (12) meses anteriores a la elección».
139. Bajo esa óptica y teniendo en cuenta que la Constitución Política proscribe que el
régimen de los diputados sea «menos estricto» que el fijado para los congresistas (art.
299), no se advierte que se presente dicha situación por la regulación especial de la
inhabilidad, pues precisamente en este evento el lapso temporal no es menos riguroso
que el de los congresistas.
140. Por tanto, en vista de que el hermano del demandado ejerció como registrador
municipal de Pailitas, Cesar, entre el 13 de octubre del 2022 al 2 de junio del 2023,
aspecto sobre el cual no hay discusión, se tiene que lo hizo en el año anterior a la
elección (29 de octubre de 2023). Así, este elemento se encuentra configurado.
141. Esta conclusión se hace teniendo en cuenta la libertad de configuración del
legislador para regular las inhabilidades, en respeto del límite constitucional que fue
consagrado el artículo 292 constitucional.
142. Sobre el elemento territorial, la Sala se remite a lo expuesto anteriormente en
esta providencia cuando afirmó que como el régimen de los diputados no puede ser
menos estricto que el de los congresistas, no se puede interpretar de manera estricta
el parágrafo 49 de la Ley 2200 del 2022.
143. En ese orden, como la inhabilidad del artículo 179.5 constitucional se ha referido
al territorio desde el punto de vista espacial, no puede la sala desconocer la disposición
299 constitucional y desatender esa norma de rango superior. Se resalta lo dicho por
la Corte Constitucional al respecto en la sentencia C-396 del 2021, cuando analizó el
parágrafo artículo 6 de la Ley 1871 de 2017.
144. De esa forma, aunque el parágrafo esté vigente y se solicite su aplicación, es lo
cierto que tanto el Consejo de Estado y la Corte Constitucional ya se han pronunciado
al respecto y su tesis es enfática al concluir que no se puede desconocer la regla
constitucional contenida en la disposición 299.
145. En esa medida, no hay mérito para que se dicte una providencia en modalidad de
jurisprudencia anunciada por este aspecto, pues el criterio mencionado ha sido
analizado con suficiencia con anterioridad a esta sentencia.
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146. Sobre el elemento objetivo la Sala se dispone a efectuar el análisis respectivo,
con el fin de verificar si el pariente del demandado ejerció autoridad civil o
administrativa, en su calidad de registrador municipal de Pailitas, Cesar. Lo anterior se
hará a partir del criterio funcional, para determinar si las atribuciones del cargo implican
potestad de mando, pues la aplicación del criterio orgánico fue descartada por el
tribunal y no se hizo reparo alguno en los recursos sobre ese punto.
147. Al respecto, la sala precisa que las consideraciones del fallo SU-207 del 2022 no
son aplicables al asunto, porque no se trata de una elección municipal, sino
departamental. En ese sentido, el caso bajo estudio está por fuera de los supuestos de
la sentencia de unificación.
148. La Sección resalta que el hermano del demandado fue nombrado en
provisionalidad como registrador municipal de Pailitas (Cesar), por medio de
Resolución 458 del 12 de octubre del 2022 y luego fue trasladado al municipio de
Mistrató (Risaralda) el 2 de junio del 2023.
149. Así, en el plenario obra el manual de funciones del cargo de registrador municipal,
código 4035, grado 05 que ocupó el pariente del demandado […]
161. En ese sentido, el juicio que hizo el a quo sobre la posibilidad que tuvo el
registrador municipal de influir en la elección, es una conclusión que no responde al
contenido de la inhabilidad, que es muy clara al disponer que está inhabilitado el
candidato que tenga pariente que ejerza autoridad, pero no con el que utilice su cargo
para el favorecimiento electoral, cosas que son totalmente distintas […]
163. Ahora, se debe precisar que dentro de las atribuciones del registrador municipal
se encuentra la de sancionar jurados de votación. Así se puede ver en la función 3 del
manual de funciones, que además está consagrada en el artículo 48 del Código
Electoral:
164 . Al respecto, la Sala pone de presente que en la sentencia del 28 de mayo de 2005
(Rad. 25000-23-24-000-2003-01122-01), se concluyó que el registrador municipal
ostentaba las funciones de autoridad civil y administrativa por estar circunscritas al
efectivo cumplimiento de las atribuciones que llevan implícito el poder público en
función de mando o imposición. Sin embargo, se dijo que tales funciones eran
transitorias, periódicas y, por tanto, no eran de permanente cumplimiento, por lo que se
debía demostrar que se ejercieron en el periodo inhabilitante.
165. Luego, la Sala Plena de esta Corporación, en la sentencia del 29 de enero del
201928 consideró, al analizar nuevamente el ejercicio de autoridad de un registrador
municipal, que dentro de sus atribuciones está la de sancionar a jurados, incluso de
votaciones anteriores y esa facultad no solo se concreta en la jornada electoral.
166. Así las cosas, la Sala considera que, como el registrador municipal de Pailitas
Cesar, cuando fue designado en su cargo, dentro del periodo inhabilitante, pudo ejercer
dicha potestad de sanción, esto configuró un atributo de autoridad civil para los jurados
de votaciones anteriores.
167. Al respecto, la defensa considera que esta atribución no se ejerció, porque el
registrador de Pailitas Cesar fue trasladado a otro departamento en mayo del 2023
antes de la inscripción del demandado como candidato. Sin embargo, esto no desvirtúa
que su pariente fue registrador municipal en el periodo inhabilitante, con la potestad de
ejercer la función sancionatoria en contra de jurados, incluso de votaciones anteriores,
lo cual configura el elemento objetivo, tal como lo dijo la sentencia de unificación citada.
168. Por tanto, la Sala observa que, bajo el criterio funcional analizado y con todo el
material probatorio recaudado en el proceso, para este preciso caso, es claro que
dentro de las facultades del registrador municipal se encuentra la potestad de sancionar
a los jurados de votación y esto configura el elemento objetivo de la inhabilidad, por
tratarse de una atribución de autoridad».
51. Asimismo, se advierte que en la Sentencia SU-207 de 2022, la Corte
Constitucional fijó la siguiente regla jurisprudencial:
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«Cuando deba determinarse la configuración de la inhabilidad de un funcionario
municipal elegido por su parentesco con un funcionario departamental, la autoridad
judicial debe realizar una valoración probatoria concreta y ajustada a los principios de
razonabilidad y proporcionalidad. Ello impone un examen específico de la probabilidad
real -más allá de potencial- de ejercer la autoridad administrativa en el nivel municipal
y, de esta forma, incidir a los electores. No es posible la valoración genérica o abstracta
fundada solo en consideraciones formales sobre la naturaleza de la entidad».
52. Al respecto, la Sala observa que la autoridad accionada, en la providencia
censurada, explicó claramente, en ejercicio de su autonomía e independencia
judicial, que las consideraciones de la sentencia de unificación mencionada no eran
aplicables al asunto porque no se trataba de una elección municipal, sino
departamental, de ahí que los supuestos del caso bajo estudio no encajaran en los
del proveído mencionado.
53. En esa medida, se estima que, contrario a lo afirmado por el accionante, la
autoridad accionada no desconoció el referido pronunciamiento, sino que todo lo
contrario, al analizarlo concluyó que los hechos del caso no encajaban en las
situaciones previstas en este, ya que el contexto electoral y la naturaleza de los
cargos hacen que las consideraciones del máximo tribunal constitucional no puedan
trasladarse de manera automática al caso de una elección departamental.
54. En todo caso, se advierte que la Sección Quinta se remitió a otros
precedentes de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que abordan la
inhabilidad por parentesco y el ejercicio de autoridad, en lo que respecta a los
diputados y los roles de la Registraduría, concretamente, hizo referencia a la
Sentencia C-396 de 2021 de la Corte Constitucional y a las decisiones de la Sala
Plena del Consejo de Estado5.
55. Ciertamente, se observa que el juez electoral, frente al examen de la
inhabilidad por parentesco, determinó que si bien el familiar del accionante ocupaba
un cargo público, existía una relación suficientemente estrecha en términos de
grado de parentesco y la función pública para que pudiera configurarse la
inhabilidad, de manera que la decisión no se basó solo en la titularidad del cargo.
56. Adicionalmente, se aprecia que la corporación accionada, al analizar el
elemento objetivo, explicó que, de acuerdo con lo dispuesto por la Sala Plena del
Consejo de Estado en la Sentencia de 29 de enero de 20196, dentro de las
atribuciones del registrador municipal está la de sancionar jurados, incluso de
votaciones anteriores y que esa facultad no solo se concreta en la jornada electoral.
57. Por tanto, la accionada consideró que en el asunto bajo estudio se
encontraba configurado dicho elemento, puesto que el hermano del demandado fue
registrador municipal de Pailitas (Cesar) entre octubre de 2022 y junio de 2023, esto
es, dentro del año previo a las elecciones, por lo que contaba con la facultad de
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Radicados. 11001-03-15-000-2001-0161-01 y 11001-03-
28-000-2018-00031-00( SU). Sentencias de 27 de agosto de 2002 y 29 de enero de 2019.
6
Radicado 11001-03-28-000-2018-00031-00.
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sancionar a los jurados de votación, lo que implica un ejercicio de autoridad civil o
administrativa.
58. En esos términos, para la Sala el razonamiento efectuado por la Sección
Quinta del Consejo de Estado no resultó caprichoso o arbitrario, sino que atendió a
los parámetros fijados por las altas cortes, al evaluar la configuración del elemento
objetivo de la inhabilidad con base en el criterio funcional del cargo desempeñado
por el familiar del candidato.
59. Por otra parte, se advierte que el actor manifestó que la providencia hoy
objeto de reproche incurrió en la causal de defecto sustantivo, por cuanto interpretó
y aplicó de manera inadecuada los numerales 4 del artículo 43 y del artículo 95 de
la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 617 de 2000, ya que, en relación con el
elemento objetivo, las funciones especiales del registrador municipal, consignadas
en el manual de funciones, no puede derivarse el ejercicio de autoridad como
elemento configurativo de la inhabilidad.
60. No obstante, para la Sala la interpretación que realizó la autoridad judicial
accionada no constituye una aplicación irracional de las normas, sino que responde
a un examen jurídico válido, pues la existencia del ejercicio de autoridad por parte
del registrador municipal no derivó de forma automática, sino que, siguiendo el
criterio funcional, con base en la jurisprudencia, analizó las funciones concretas del
cargo desempeñado por el hermano del demandante y concluyó que a pesar de que
algunas de las funciones eran de carácter técnico y logístico, la potestad de imponer
sanciones a los jurados de votación sí implica un poder decisorio de mando,
conclusión que fue sustentada en una sentencia de unificación y en providencias
propias de la Sección accionada.
61. Ahora, con respecto al reparo sobre el estudio de la inhabilidad que realizó la
corporación accionada, frente al elemento territorial, en el contexto del artículo 299
de la Constitución Política, la Sala aclara que la exégesis que realizó la autoridad
accionada del parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 del 20227, al considerar que
dicha norma debe estar subordinada a lo dispuesto en la Constitución Política, el
criterio adoptado por esa Sección y por la Corte Constitucional, en la Sentencia C-
396 de 2021, en las que se consideró que las inhabilidades de los diputados no
pueden ser menos estrictas que las de los congresistas y, por tanto, el término
«departamento» para efectos de configurar inhabilidades por parentesco no solo
debe entenderse desde el punto de vista institucional, sino también desde el punto
de vista territorial; no se trató de una interpretación arbitraria o caprichosa de la
norma, sino de un análisis sistemático del mandato constitucional mencionado y la
jurisprudencia vinculante que ya se habían pronunciado al respecto, lo que de
ninguna manera configura un defecto sustantivo.
62. Por lo anterior, no le asiste razón al accionante al considerar que debió
aplicarse el principio pro electoratem, ya que si bien este busca salvaguardar el
7
«Parágrafo. Interprétese para todos sus efectos, que las inhabilidades descritas en el artículo, se refieren al departamento
como entidad pública y sus institutos y entidades descentralizadas, que funcionan en el respectivo territorio o ejercen
competencias que involucran a la respectiva entidad territorial.»
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derecho al sufragio a la representación, este no puede imponerse sobre mandatos
constitucionales expresos, en especial, frente a la exigencia de no ser menos
estricto el régimen de inhabilidades frente al de los congresistas.
63. Por tanto, para la Sala no se configura el defecto sustantivo invocado,
comoquiera que la interpretación de la inhabilidad por parentesco y su aplicación al
caso fue correcta y conforme a la normativa constitucional y legal aplicable a los
diputados.
64. Finalmente, se advierte que el accionante alegó que la Sección Quinta de
esta corporación incurrió en defecto fáctico (i) por no fundamentar probatoriamente
que su hermano hubiese sancionado jurados, y (ii) al valorar incorrectamente el
hecho de que su familiar había sido trasladado a otro departamento lo que impedía
que influyera en el proceso electoral de la jurisdicción del Cesar.
65. Sin embargo, la Sala considera que la autoridad precitada sí soportó
probatoriamente su decisión, pues, como se evidencia en la anterior transcripción,
valoró el manual de funciones del cargo de registrador municipal, código 4035,
grado 05, que ocupó el hermano del demandado, por lo cual evidenció que dentro
de las funciones asignadas estaba la facultad de sancionar a los jurados de
votación, lo cual implica un ejercicio de autoridad y, en ese sentido, encontró
configurado el elemento objetivo de la inhabilidad.
66. Adicionalmente, debe precisarse que, contrario a lo afirmado por el actor, la
accionada valoró de manera adecuada y razonable el traslado del pariente del
accionante antes de la inscripción como candidato, pues esa situación no desvirtúa
que su hermano tuvo la titularidad del cargo de registrador y, por tanto, la
competencia para ejercer autoridad dentro del período inhabilitante.
67. En esos términos, se colige que la Sección Quinta del Consejo de Estado
valoró los elementos probatorios obrantes en el plenario del proceso de nulidad
electoral, de conformidad con las reglas de la sana crítica. Al respecto, es necesario
recordar que cuando se discute la valoración probatoria por parte del juez natural,
el estudio de la autoridad que conoce la acción de tutela se encuentra restringido
por los principios de autonomía e independencia judicial, puesto que no se trata de
una instancia adicional al proceso ordinario, sino que su análisis se circunscribe a
verificar la existencia de un yerro de tal magnitud que exija la intervención de la
autoridad constitucional, lo cual no se evidencia en el caso concreto
68. De otra parte, se aclara que el hecho de que la autoridad judicial accionada
revocara la medida cautelar decretada por el Tribunal Administrativo del Cesar,
consistente en suspender provisionalmente el acto de elección del señor Romero
Rodríguez, no implica que la autoridad judicial quede atada a fallar en ese sentido
o anticipe la decisión que, en su momento, vaya a adoptar; por tanto, la revocatoria
de una medida cautelar no condiciona el juicio definitivo que el juez ordinario deba
hacer sobre la legalidad del acto acusado.
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Accionante: Raúl Romero Rodríguez
Conclusión
69. De acuerdo con los argumentos expuestos, la Sala considera que debe
declararse improcedente la acción de tutela, con respecto al desconocimiento del
precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Petro vs
Colombia), por no superarse el análisis de la exigencia de subsidiariedad.
70. Adicionalmente, se negará el amparo solicitado por Raúl Romero Rodríguez,
al no haberse estructurado los defectos de desconocimiento del precedente judicial,
en relación con la Sentencia SU-207 de 2022, defecto sustantivo y defecto fáctico,
comoquiera que la Sección Quinta del Consejo de Estado adoptó su decisión con
base en las pruebas aportadas al expediente y en la normativa y jurisprudencia
aplicable al caso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por la la
Registraduría Nacional del Estado Civil y por el Consejo Nacional Electoral.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, en lo que tiene que
ver con el desconocimiento del precedente de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Caso Petro vs Colombia); y NEGAR el amparo solicitado por Raúl
Romero Rodríguez, frente a los demás reparos, de conformidad con los argumentos
expuestos en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
A. R. F.
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