Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01617-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-01617-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01617-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01617-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
13 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., trece (13) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01617-01
Demandante: Marlon Daniel Rubio Avendaño
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial / Caducidad en el medio de
control de reparación directa en casos de hacinamiento
carcelario / Defecto sustantivo, violación directa de la
Constitución Política y desconocimiento del precedente judicial
Decisión: Modificar la decisión del a quo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la impugnación interpuesta por Marlon Daniel Rubio Avendaño
contra la sentencia proferida el 24 de abril de 2025 por el Consejo de Estado,
Sección Quinta, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
1. Marlon Daniel Rubio Avendaño promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de las
providencias proferidas el 7 de junio y 26 de septiembre de 2024 por el Juzgado
Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué y el Tribunal Administrativo
del Tolima, respetivamente, en el medio de control de reparación directa identificado
con el radicado 73001333300920240011700/01.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
2.1. En ejercicio del medio de control de reparación directa presentó demanda en
contra del municipio de Ibagué y otros, con la finalidad de que se les declarara
responsables por los perjuicios ocasionados por las condiciones de hacinamiento
en que se encontraba mientras estuvo detenido en el Complejo Penitenciario y
Carcelario de Ibagué - Picaleña1.
2.2. El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, con auto
1 En adelante COIBA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01617-01
Demandante: Marlon Daniel Rubio Avendaño
del 7 de junio de 2024 rechazó el medio de control al considerar que había operado
el fenómeno jurídico de la caducidad, ya que el demandante tuvo conocimiento de
la situación de hacinamiento desde el momento en que ingresó al complejo
carcelario (5 de octubre de 2021), por lo que contaba hasta el 6 de octubre de 2022
para interponerlo, lo cual no ocurrió. En contra de esta decisión interpuso recurso
de apelación.
2.3. El Tribunal Administrativo del Tolima, con auto del 26 de septiembre de 2024
confirmó lo resuelto por el a quo al exponer que las condiciones propias del
hacinamiento eran notables, por ello, con fundamento en un antecedente de la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, precisó que «aunque
los efectos perduren en el tiempo, el conteo del término de caducidad para demandar inicia
desde que se produjo la conducta dañosa o desde la fecha en que el demandante tuvo
conocimiento del daño».
2.4. La corporación judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado2 bajo el
cual, el conteo del término para determinar la caducidad del medio de control de
reparación directa comienza a partir del momento en que la víctima se percata de
ello, y de los Tribunal Administrativos del Quindío3, Tolima4 y Antioquia5 en los
cuales se revocó el auto que rechazó la demanda en casos de hacinamiento
similares;
2.4.1. El término de caducidad debió contabilizarse desde el día siguiente a la
cesación del daño continuado, es decir, el 2 de septiembre de 2022, fecha desde la
cual transcurrió solo 1 año, 6 meses y 4 días hasta la radicación de la solicitud de
conciliación extrajudicial, lo cual suspendió el término correspondiente,
reanudándose el 10 de mayo de 2024, una vez expedida la constancia de
conciliación fallida, por lo que dicho fenómeno jurídico operaría el 4 de noviembre
de 2024.
2.4.2. En violación directa de la Constitución Política porque se desconocieron los
principios y derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, el
2 Al respecto citó las sentencias: i) 6 de 2022 de la Sección Tercera, Subsección C, rad. 05001-23-
31-000-2002-04829-01 (47148), demandante: William Alberto Molina Sánchez y otros, demandado:
INPEC, C.P. Guillermo Sánchez Luque; ii) 25000-23-41-000-2014-01569-01(AG) de junio 26 de
2015, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección B, C.P.: Stella Conto
Díaz del Castillo; iii) 25000-23-26-000-1997-05265-01 (22867) de enero 30 de 2013, C.P.: Danilo
Rojas Betancourth; iv) 70001-23-33-000- 2014-00186-01(AG) de octubre 3 de 2019, C.P.: Marta
Nubia Velásquez Rico; v) 76001233300020140083901 (54799) de junio 8 de 2017, C.P. Stella Conto
Díaz del Castillo; vi) 11001-03-15-000-2015-02405-01(AC) proferida en junio 8 de 2016. M.P.:
Roberto Augusto Serrato Valdés.
3 Al respecto citó la providencia del 8 de noviembre de 2024 de la Sala Quinta de Decisión, rad:
63001-3333-005-2024-00227-01, demandante: Robinson González Aguirre y otros, demandado:
municipio de Armenia y otros, MP: Luis Javier Rosero Villota
4 Al respecto citó la providencia del 5 de septiembre de 2024, demandante: Daniel Hernán Orozco
Torres, demandado: Municipio de Ibagué y otros, radicado: 73001- 33-33-001-2024-00124-01, MP:
Luis Eduardo Collazos Olaya
5 Al respecto citó la sentencia del 29 de enero de 2.024, rad: 05001 33 33 029 2019 00033 01,
demandante: Edwin Johnson Rodas Mosquera y otro, demandado: Nación, Ministerio del Derecho y
Justicia y otros, MP: Liliana Navarro Giraldo
2
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01617-01
Demandante: Marlon Daniel Rubio Avendaño
precedente jurisprudencial y la protección de los derechos humanos de las personas
privadas de la libertad.
2.4.3.En defecto sustantivo por cuanto se omitió aplicar las reglas fijadas por la
Corte Constitucional y el Consejo de Estado en relación con la caducidad de la
acción de reparación directa en casos de daños continuados, referente a que el
término de caducidad debe contarse desde el día siguiente a su cesación, y no
desde la fecha en que comenzó el hecho generador.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:
«[…] 1.- Declarar vulnerados los derechos fundamentales antes señalados al accionante
y, en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia de primera instancia proferida
por el Juzgado 9 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 7 de junio de 2.024, y la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 26 de septiembre de
2.024, en el proceso de REPARACIÓN DIRECTA de MARLON DANIEL RUBIO
AVENDAÑO, radicado No. 73001-33-33-009-2024-00117-00, así como también las
actuaciones posteriores a la sentencia, tales como: auto de obedézcase y cúmplase del
1 de noviembre de 2.024, y subsiguientes, proferidos por el Juzgado 9 Administrativo
Oral del Circuito de Ibagué.
2.- Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima proferir sentencia, de acuerdo con lo
establecido en la Constitución, la ley y la jurisprudencia, con el fin de que no se vulneren
los derechos fundamentales en la primera consagrados. […]». (sic)
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué6 manifestó su oposición a
las pretensiones del escrito de tutela, en tanto los argumentos que sustentaron el
rechazo de la demanda no fueron arbitrarios ni carecen de soporte legal.
5. La Rama Judicial7, la Fiscalía General de la Nación8, el Ministerio de
Justicia y del Derecho9, el municipio de Ibagué, la Policía Nacional10 y la
USPEC11 solicitaron la desvinculación del asunto por falta de legitimación en la
causa por pasiva, comoquiera que sus competencias son ajenas a lo requerido en
las pretensiones de amparo.
1.4. Sentencia Impugnada12
6. El Consejo de Estado, Sección Quinta, con sentencia del 24 de abril de 2025
negó la solicitud de desvinculación de la Rama Judicial, la Fiscalía General de la
Nación, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el INPEC, el municipio de Ibagué, la
6 Ver índice 10 de Samai.
7 Ver índice 10 de Samai.
8 Ver índice 10 de Samai.
9 Ver índice 10 de Samai.
10 Ver índice 10 de Samai.
11 Ver índice 10 de Samai.
12 Ver índice 20 de Samai.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01617-01
Demandante: Marlon Daniel Rubio Avendaño
Policía Nacional y el USPEC; declaró la improcedencia de la tutela frente a los
cargos por defecto sustantivo, violación directa de la Constitución Política y
desconocimiento del precedente horizontal; y negó el amparo en cuanto al
desconocimiento del precedente vertical..
1.5. Escrito de impugnación13
7. El demandante impugnó la decisión del a quo, para lo cual insistió en los
argumentos expuestos en la solicitud de tutela.
2. Consideraciones
8. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) procedencia
de la tutela contra providencia judicial; iv) problema jurídico; y v) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política,
el Decreto 1382 de 200014 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201915, esta Sala es
competente para conocer la impugnación contra la sentencia de tutela proferida por
el Consejo de Estado, Sección Quinta.
2.2. Cuestión previa. Delimitación del asunto a decidir
10. Se advierte que, pese a que en el escrito inicial se cuestiona la legalidad de
las decisiones proferidas por el Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué y el
Tribunal Administrativo del Tolima, se observa que los argumentos que sustentan
sus pretensiones son similares respecto a una y otra.
11. Por lo anterior y en atención a que el auto del 7 de junio de 2024, proferido
en primera instancia fue apelado y el Tribunal Administrativo del Tolima desató el
recurso a través de providencia del 26 de septiembre de 2024, el reclamo
constitucional formulado será estudiado solo respecto a esta última, en tanto, fue la
que puso fin a la controversia contenciosa-administrativa.
2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
12. En fallo del 31 de julio de 2012, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso-administrativo16 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
13 Ver índice 29 de Samai.
14 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
15 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01617-01
Demandante: Marlon Daniel Rubio Avendaño
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema. 17 Al
respecto señaló lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[…]».
13. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
14. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo18 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
15. Ahora bien, la Corte Constitucional19 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
16. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos20,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
17 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
19 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
20 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01617-01
Demandante: Marlon Daniel Rubio Avendaño
del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los
requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de
tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales21.
17. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud de tutela no se
intente reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.4. Problema jurídico
18. La Sala deberá definir: ¿si el Tribunal Administrativo del Tolima vulneró los
derechos fundamentales de Marlon Daniel Rubio Avendaño con ocasión de la
providencia del 26 de septiembre de 2024, mediante la cual confirmó la decisión de
rechazar el medio de control de reparación directa por haber operado el fenómeno
de la caducidad, con la que incurrió, presuntamente, en defecto sustantivo,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución
Política?
2.5. Análisis de la Sala
2.5.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva
19. En relación con el requisito de relevancia constitucional, contrario a lo
señalado por el a quo, se entiende superado, toda vez que el defecto alegado puede
llevar consigo una violación a derechos fundamentales, los cuales constituyen
bienes jurídicos constitucionalmente amparados.
20. Aclarado lo anterior, la Sala encuentra superados los requisitos de
procedibilidad de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de
nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto
planteado.
2.5.2. Defecto sustantivo
21. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte
Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una
decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto. En su jurisprudencia, la corporación ha
resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces
gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas
jurídicas, esta no es una facultad absoluta, para lo cual precisó que los límites se
encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.
21 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
6
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01617-01
Demandante: Marlon Daniel Rubio Avendaño
22. El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones
en las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta
en una norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la
interpretación o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen
de razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses
legítimos de las partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta
sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición
aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una
interpretación sistémica de la norma; y (vi) se desconoce la norma constitucional o
legal aplicable al caso.
23. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la
interpretación en que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues
para tener tal entidad debe ser considerada irrazonable, desproporcionada,
arbitraria o caprichosa. Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e
importancia, que la decisión proferida por la autoridad judicial obstaculice o
lesione la efectividad de los derechos fundamentales de los sujetos procesales.
2.5.2. Desconocimiento del precedente judicial
24. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se
recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política
permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes
relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para
promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la
predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las
normas jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo
adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones
judiciales, presupuesto esencial del Estado Social de Derecho.
25. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión
previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos
o semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver
el juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de
igualdad. El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de
seguir el curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias
previas, salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan
modificarlo.
26. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de
la modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de
cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
7
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01617-01
Demandante: Marlon Daniel Rubio Avendaño
no existe un precedente claro que lo vincule.
27. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia,
identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las
razones que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional, y
precisando por qué esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden
jurídico además de ello reporta mayores beneficios que el detrimento en la
seguridad jurídica y la igualdad que se derivara de la desobediencia al precedente.
2.5.3. Violación directa de la Constitución Política
28. Se recuerda que fue concebida, en un principio, como un defecto sustantivo,
el cual se consolidó como un requisito de procedencia específico autónomo a partir
de las sentencias T-949 de 2003 y C-590 de 2005 de la Corte Constitucional.
29. Posteriormente el Alto Tribunal de lo Constitucional, en sentencia SU-069 de
2018, señaló que esta causal se configura «a partir del desconocimiento de los
jueces de aplicar la Constitución, conforme con el mandato consagrado en el
artículo 4º de la Carta que antepone de manera preferente la aplicación de sus
postulados», el cual puede configurarse por dos hipótesis:
30. La primera se refiere a que no se aplica una norma fundamental al caso en
estudio, lo cual puede suceder en tres supuestos, cuando en la solución del caso
(a) se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata; y (c) en las decisiones se vulneraron derechos fundamentales y no se
tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.
31. La segunda, se presenta cuando se aplica la ley al margen de los preceptos
consagrados en la Constitución Política, es decir, que no se aplica la excepción de
inconstitucionalidad contenida en el artículo 4 constitucional cuando exista
incompatibilidad con las disposiciones legales
2.5.4. Sobre el caso concreto
32. Marlon Daniel Rubio Avendaño acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos
la providencia proferida el 26 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo
del Tolima, mediante la cual confirmó la decisión de rechazar el medio de control de
reparación directa que interpuso, al encontrar configurado el fenómeno jurídico de
la caducidad.
33. Lo anterior, al considerar que se incurrió en desconocimiento del precedente
judicial del Consejo de Estado22 y defecto sustantivo, en razón a que el conteo del
22 Al respecto citó las sentencias: i) 6 de 2022 de la Sección Tercera, Subsección C, rad. 05001-23-
31-000-2002-04829-01 (47148), demandante: William Alberto Molina Sánchez y otros, demandado:
INPEC, C.P. Guillermo Sánchez Luque; ii) 25000-23-41-000-2014-01569-01(AG) de junio 26 de
2015, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección B, C.P.: Stella Conto
8
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01617-01
Demandante: Marlon Daniel Rubio Avendaño
término para determinar la caducidad del medio de control de reparación directa
comienza a partir del momento en que la víctima se percata de la cesación del daño
continuado, y de los Tribunal Administrativos del Quindío23, Tolima24 y Antioquia25
mediante los cuales se revocó el auto que rechazó la demandada en casos de
hacinamiento similares.
34. En violación directa de la Constitución Política porque desconocieron los
principios y derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, el
precedente jurisprudencial y la protección de las garantías de las personas privadas
de la libertad.
35. En este punto, se recuerda que el literal i) numeral 2 del artículo 164 del
CPACA, en cuanto a la caducidad del medio de control de reparación directa,
dispuso:
Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser
presentada:
[…]
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
[…]
i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del
término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la
acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad
de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. […]
36. Con fundamento en la normativa expuesta, el Tribunal Administrativo del
Tolima, en lo referente a la responsabilidad estatal en casos de hacinamiento
carcelario, de cara al precedente judicial sentado por el máximo órgano de lo
contencioso-administrativo respecto al momento en que debe empezar a contarse
el término en estos casos, consideró:
«[…] Conforme a las pruebas obrantes y relevantes que fueron aportadas al plenario
como documentos anexos al escrito de demanda se tienen que el señor Marlon Daniel
Rubio Avendaño, fue procesado por los delitos de hurto calificado y agravado, razones
que persuadieron al Juez de Control de Garantías para ordenar medida de
Díaz del Castillo; iii) 25000-23-26-000-1997-05265-01 (22867) de enero 30 de 2013, C.P.: Danilo
Rojas Betancourth; iv) 70001-23-33-000- 2014-00186-01(AG) de octubre 3 de 2019, C.P.: Marta
Nubia Velásquez Rico; v) 76001233300020140083901 (54799) de junio 8 de 2017, C.P. Stella Conto
Díaz del Castillo; vi) 11001-03-15-000-2015-02405-01(AC) proferida en junio 8 de 2016. M.P.:
Roberto Augusto Serrato Valdés.
23 Al respecto citó la providencia del 8 de noviembre de 2024 de la Sala Quinta de Decisión, rad:
63001-3333-005-2024-00227-01, demandante: Robinson González Aguirre y otros, demandado:
municipio de Armenia y otros, MP: Luis Javier Rosero Villota
24 Al respecto citó la providencia del 5 de septiembre de 2024, demandante: Daniel Hernán Orozco
Torres, demandado: Municipio de Ibagué y otros, radicado: 73001- 33-33-001-2024-00124-01, MP:
Luis Eduardo Collazos Olaya
25 Al respecto citó la sentencia del 29 de enero de 2.024, rad: 05001 33 33 029 2019 00033 01,
demandante: Edwin Johnson Rodas Mosquera y otro, demandado: Nación, Ministerio del Derecho y
Justicia y otros, MP: Liliana Navarro Giraldo
9
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01617-01
Demandante: Marlon Daniel Rubio Avendaño
aseguramiento intramural, la cual fue materializada en las instalaciones de la
Permanente Central Ubicadas dentro de la jurisdicción territorial de la ciudad de Ibagué
desde el 5 de octubre del 2021 y cuya permanencia se dio hasta el 1 de septiembre del
2022, fecha en la cual fue trasladado al Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y
Media Seguridad de Ibagué.
[…]
Vemos entonces que las condiciones propias del hacinamiento son evidentemente
notables, al punto que como se indicó afectan la cotidianidad de las personas que la
padecen, respecto de lo cual se tiene que para efectos del vértice de partida de la
caducidad se establece que el Consejo de Estado ha indicado respecto de la caducidad
del medio de control en asuntos de hacinamiento carcelario que “aunque los efectos
perduren en el tiempo, el conteo del término de caducidad para demandar inicia desde
que se produjo la conducta dañosa o desde la fecha en que el demandante tuvo
conocimiento del daño”[4]26 .
Así las cosas, frente a la posición del apelante de entender que el hecho dañoso causado
en circunstancias de hacinamiento carcelario obedece a un daño de tracto sucesivo y/o
continuado, resulta una postura jurídica que se separa de la postura jurisprudencial
traída a colación.
Una vez claro lo explicado por el Honorable Consejo de Estado se concluye entonces
que el asunto en particular debe entenderse que las circunstancias de hacinamiento que
presuntamente padeció el señor Marlon Daniel Rubio Avendaño en la Permanente
Central de la ciudad de Ibagué obedecen entonces a un daño de ejecución instantánea
independientemente que el mismo genere efectos en el tiempo.
Seguidamente, es preciso establecer entonces la fecha cierta en que el demandante
tuvo conocimiento del daño para efectos de realizar el conteo del término de caducidad,
para lo cual nos referimos a que como se indicó el hacinamiento carcelario presenta
rasgos característicos que afligen la cotidianidad de la persona que lo padece, al punto
de afectar la cotidianidad, pues aunado a lo ya descrito anteriormente, el mismo
demandante en su escrito de demanda precisó que tuvo que padecer referido
hacinamiento del 561% en los 11 meses y 23 días mientras estuvo recluido en la
Permanente Central, permitiendo concluir que desde el primer día en el lugar evidenció
el daño. […]». (sic)
37. Como se observa, la autoridad judicial demandada acató lo dispuesto en el
CPACA, a efectos de declarar probada la excepción de caducidad de cara con las
circunstancias que rodeaban el caso particular de Marlon Daniel Rubio Avendaño,
26 Cita original: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C, Consejero Ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE; Sentencia del 6 de diciembre
de 2022, Radicación número: 05001-23-31-000-2002-04829-01(47148) Actor: William Alberto Molina
Sánchez y otros, Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC y otro,
Referencia: Medio de control de reparación directa Caducidad aplicable en asuntos de hacinamiento
carcelario.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ; Sentencia del 27 de julio de 2023,
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02769-00 Actor: William Alberto Molina Sánchez y otros,
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Referencia: Acción de Tutela
contra providencia judicial que declaró la existencia de la caducidad del medio de control de
Reparación Directa en asuntos de Hacinamiento Carcelario.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
Consejero Ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS; Sentencia del 5 de octubre de 2023, Radicación
número: 11001-03- 15-000-2023-02769-01 Actor: William Alberto Molina Sánchez, Demandado:
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Referencia: Acción de Tutela contra providencia
judicial que declaró la existencia de la caducidad del medio de control de Reparación Directa en
asuntos de Hacinamiento Carcelario.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01617-01
Demandante: Marlon Daniel Rubio Avendaño
en concordancia con la tesis jurisprudencial del Consejo de Estado que determina
que, en los casos en que se persigue la responsabilidad del Estado con ocasión del
hacinamiento padecido en un centro penitenciario y carcelario, se debe tener en
cuenta la fecha en que se produce la conducta dañosa o en que el demandante tuvo
conocimiento del daño, es decir, desestimó la tesis de la parte demandante de que
el hacinamiento alegado generaba un daño continuado.
38. A juicio de la Sala, resulta ajustado a derecho que el Tribunal Administrativo
del Tolima contara el término de caducidad a partir del día siguiente del ingreso del
demandante al centro carcelario (5 de octubre de 2021), por lo que tenía hasta el 6
de octubre de 2023 para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo,
no obstante, solo presentó la solicitud de conciliación extrajudicial el 6 de marzo de
2024, cuando ya había finiquitado el término legal para ello.
39. Como se observa, la autoridad judicial demandada analizó la normativa y
jurisprudencia aplicable al caso, de conformidad con las circunstancias en las que
se encontraba Marlon Daniel Rubio Avendaño, diferente es, que no se le otorgara
la entidad ni el alcance por el pretendido, pues, independientemente de que los
efectos del daño perduraran durante determinado tiempo, el demandante conoció
de las condiciones de hacinamiento alegadas desde que ingresó al centro de
reclusión.
40. Además, en cuanto al desconocimiento del precedente endilgado27, se
observa que ninguno constituye precedentes aplicables por varias razones, a saber:
40.1. Respecto a las providencias proferidas por el Consejo de Estado, Sección
Tercera es pertinente precisar que no existe una posición unificada en cuanto a la
caducidad del medio de control de reparación directa en eventos en los que se alega
el daño antijurídico por hacinamiento carcelario, de manera que el juez de tutela no
tiene competencia para unificar tal criterio y tampoco para definir la tesis que debe
prevalecer.
40.2. En cuanto a los pronunciamientos del mismo tribunal demandado y sus
homólogos debe precisarse que, en principio, el precedente horizontal no genera un
efecto vinculante, salvo en situaciones particulares, cuyos elementos no se reúnen
en esta oportunidad, ya que aquellos no fueron emitidos por salas de decisión
integrados de igual forma o en tratándose de asuntos con similares supuestos
fácticos y jurídicos.
40.3. El pronunciamiento emitido por el Tribunal Superior del Distrito de Bogotá no
es un precedente que debiera acatar el tribunal demandando, en la medida en que
27 Al respecto, citó: 1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 6 diciembre
de 2022, rad. 05001-23-31-000-2002-04829-01 [47.148]. 2. Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia de 6 octubre de 2019, exp. 70001-23-33-000- 2014-00186-01. 3. Tribunal
Administrativo del Tolima, proveído de 5 de septiembre de 2024, rad. 73001-33-33-001-2024-00124-
017. 4. Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, sentencia de 29 de enero de
2024, exp. 05001-33-33-029-2019-00033-01. 5. Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de
Decisión, fallo de noviembre 8 de 2024, rad 63001-3333-005-2024-00227-01. 6. Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, sentencia SC016-2018 de enero 24 de 2018, exp. 11001-
31-03-010-2011-00675-01.
11
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01617-01
Demandante: Marlon Daniel Rubio Avendaño
corresponde a una decisión ajena a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo,
además, de que el objeto de la causa en aquel obedece a fines jurídicos distintos.
41. Así las cosas, esta Sala de decisión observa que la corporación judicial
demandada no incurrió en ninguna de las causales específicas de procedencia de
la solicitud de tutela contra providencia judicial alegadas, debido a que su decisión
fue proferida conforme a las normas y jurisprudencia reguladoras de su función
judicial, apoyada en el material probatorio obrante en el proceso para efectuar la
interpretación que consideró más ajustada al caso concreto.
42. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de
la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la corporación judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo
que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.
43. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación
jurídica del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones
adoptadas dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la
vulneración de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se
encontró probado.
3. Conclusión
44. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que
la parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala modificará la
decisión del a quo en el sentido de negar el amparo de los derechos fundamentales
de Marlon Daniel Rubio Avendaño respecto de la totalidad de los cargos propuestos,
en la solicitud de tutela presentada contra el Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito Judicial de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Modificar la sentencia proferida el 24 de abril de 2025 por el Consejo de
Estado, Sección Quinta en el sentido de negar el amparo de los derechos
fundamentales de Marlon Daniel Rubio Avendaño respecto de la totalidad de los
cargos propuestos, en la solicitud de tutela presentada contra el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima,
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión
judicial.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
12
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01617-01
Demandante: Marlon Daniel Rubio Avendaño
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JADV/ LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
13
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.