Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01627-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01627-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01627-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
24 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01627-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: MARGOTH LOZANO PATIÑO
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO SOLICITADO EN
LO CONCERNIENTE A LA SUPUESTA AFECTACIÓN AL DERECHO
FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, SE
DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO, COMOQUIERA QUE YA FUE RESUELTA LA PRETENSIÓN
DEL ACTOR.
DERECHO FUNDAMENTAL: PETICIÓN.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora
contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO1 y su
SECRETARÍA.
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En adelante el Tribunal.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01627-00
Actora: MARGOTH LOZANO PATIÑO
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
La señora MARGOTH LOZANO PATIÑO, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de su derecho
fundamental de petición, el cual estimó vulnerado por el TRIBUNAL
y su SECRETARÍA al no haberle dado una respuesta de fondo, clara
y concreta a la solicitud que les envió, vía electrónica, el 25 de enero
de 2025, en el que pidió información y copias del expediente
contentivo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 08001-33-31-000-
2010-00695-01.
I.2. Hechos
Manifestó que el 25 de enero de 2025, vía electrónica, presentó una
petición ante el TRIBUNAL con el fin de que se le brindara
información sobre el estado actual del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 08001-33-31-000-2010-00695-01, en el cual funge como
parte demandante y, asimismo, que se le entregara copia de dicho
expediente.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01627-00
Actora: MARGOTH LOZANO PATIÑO
Advirtió que actualmente no se le dio respuesta a su petición, por lo
que, a su juicio, se le vulneró su derecho fundamental de petición,
de conformidad con los artículos 23 de la Constitución Política, 14 de
la Ley 1755 de 30 de junio de 20152 y 7 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-.
I.3. Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:
“[…] PRETENSIÓN
PRIMERA: Con el fin de garantizar restablecer mi derecho
fundamental de petición, respetuosamente solicito al Juez de la
República, ordenar a al honorable TRIBUNAL DE DESCONGESTIÓN
DEL ATLÁNTICO resolver de fondo mi petición radicado el dio 25 de
enero del año 2025 que en el término máximo de (48) Cuarenta y Ocho
Horas, contado a partir de la Notificación del fallo de primera instancia,
proceda a resolver de fondo el Derecho de Petición radicado resolver y
contestar oportunamente mi derecho de Petición […] de fecha 25 de
enero del año 2025 enviado por la página web de atención
sgtadminatl@cendoj.ramajudicial.gov.co […] mediante el correo
electrónico de oscarnieto2@hotmail.com sin haber respuesta a la fecha
de hoy 18 de marzo de año 2025.
SEGUNDO : Con el fin de garantizar restablecer mi derecho
fundamental de petición, respetuosamente solicito […] al señor Juez de
la República, el ordenar a al honorable TRIBUNAL DE
DESCONGESTIÓN DEL ATLÁNTICO se me resuelva y a la vez
responda de fondo mi petición radicado el día mediante correo
electrónico sgtadminatl@cendoj.ramajudicial.gov.co les hice llegar mi
derecho de petición al TRIBUNAL DE DESCONGESTIÓN DEL
ATLÁNTICO […] a la fecha de hoy 18 de marzo de 2025 no he tenido
información de mi DERECHO DE PETICIÓN se ordene que en el
término máximo de (48) Cuarenta y Ocho Horas, contado a partir de
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“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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Actora: MARGOTH LOZANO PATIÑO
la Notificación del fallo de primera instancia, proceda a resolver de
fondo el Derecho de Petición […].
TERCERO: En subsidio de lo anterior, respetuosamente solicito al Juez
de la República, El ordenar todo lo que el despacho considere
pertinente para garantizar el restablecimiento de mi derecho
fundamental de Petición. ARTÍCULO 23. DE LA CONSTITUCIÓN
NACIONAL: “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar
los derechos fundamentales.”
ARTICULO 14o. LEY 1755 /2015: TERMINO PARA RESOLVER: “.
Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda
petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a
su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las
siguientes peticiones: Las peticiones de documento y de información
deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su
recepción.
CUARTO: con todo respeto solicito al juez solicito al señor (sic)
requiera al honorable TRIBUNAL DE DESCONGESTIÓN DEL
ATLÁNTICO me resuelva de fondo mi petición desde el 25 de enero
de año 2025 y a la fecha de hoy 18 de marzo de 2025 no he tenido
información de mi DERECHO DE PETICIÓN no he tenido respuesta
de fondo referente a mi petición por parte de la entidad de Petición
radicado desde el correo oscarnieto2@hotmail.com para el correo
electrónico sgtadminatl@cendoj.ramajudicial.gov.co les hice llegar mi
derecho de petición al TRIBUNAL DE DESCONGESTIÓN DEL
ATLÁNTICO mediante el correo electrónico relacionado desde el 25 de
enero de año 2025 y a la fecha de hoy 18 de marzo del TRIBUNAL DE
DESCONGESTIÓN DEL ATLÁNTICO no he tenido información de mi
DERECHO DE PETICIÓN para el TRIBUNAL DE DESCONGESTIÓN
DEL ATLÁNTICO […]”.
I.4. Defensa
I.4.1.- La SECRETARÍA DEL TRIBUNAL informó que el proceso
identificado con el número único de radicación 08001-33-31-000-
2010-00695-01, trata de una acción de nulidad y restablecimiento
del derecho donde funge como demandante la aquí actora,
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Actora: MARGOTH LOZANO PATIÑO
promovida contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla.
Puso de presente que, una vez agotado el trámite ordinario, el
TRIBUNAL -Sala de Descongestión- a través de la sentencia de 27
de noviembre de 2015, declaró probadas las excepciones de
caducidad propuesta por el mencionado Distrito y de oficio la de
inepta demanda, decisión que posteriormente confirmó la SECCIÓN
SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO por medio de la providencia
de 9 de junio de 2022, por lo que, a su juicio, es evidente que no
existe alguna actuación procesal pendiente por tramitar dentro del
expediente objeto de la acción de tutela de la referencia.
Advirtió que le dio respuesta a la solicitud de la actora de 25 de enero
de 2025, presentada al correo electrónico institucional
sgtadminatl@cendoj.ramajudicial.gov.co, el 26 de marzo de 2025,
vía electrónica.
Señaló que el 26 de marzo de 2025, en aras de garantizar los
derechos fundamentales de la actora, le solicitó al área de
digitalización de su Corporación que le informara si el expediente
había sido digitalizado por Protech, por lo que se encontraba en
esperaba a su respuesta; sin embargo, afirmó que desarchivaría el
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expediente objeto del presente asunto y procedería a su
digitalización, con el fin de darle pleno trámite a la petición de la
actora.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
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2591 de 19 de noviembre de 19913. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso Concreto
En el caso bajo examen, la actora pretende obtener el amparo de su
derecho fundamental de petición, el cual estima vulnerado por el
TRIBUNAL y su SECRETARÍA al no haberle dado una respuesta de
fondo, clara y concreta a la solicitud que les envió, vía electrónica, el
25 de enero de 2025, en la que pidió información sobre el estado
actual del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 08001-33-31-000-
2010-00695-01 y, asimismo, al no expedirle copia del referido
expediente, dentro del cual fungió como parte demandante.
En ese orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si la
autoridad judicial accionada vulneró el derecho fundamental
invocado por la actora; sin embargo, antes de abordar el estudio del
caso concreto, resulta pertinente hacer algunas precisiones respecto
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"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
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Actora: MARGOTH LOZANO PATIÑO
del derecho de petición ejercido ante autoridades judiciales.
Del derecho de petición instaurado ante autoridades
judiciales
Frente al derecho de petición que se ejerce ante autoridades
judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar que su amparo no
resulta procedente por vía de acción de tutela, cuando lo que se
pretende es obtener pronunciamientos por parte de un juez durante
el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites
para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador
constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el
contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente judiciales o
administrativas, pues en caso de que sea el segundo evento, el
amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.
La Sala así lo precisó en sentencia de 17 de noviembre de 20174, en
la que se reiteró lo expuesto en providencia de 18 de junio de 2015,
proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el número único
de radicación 11001-03-15-000-2015-01196-00:
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de
diciembre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación: 11001-03-15-000-
2017-02583-00.
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Actora: MARGOTH LOZANO PATIÑO
“[…] En relación con el derecho de petición presentado ante
autoridades judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar
que su amparo no resulta procedente por vía de acción de
tutela, cuando lo que se pretende es obtener
pronunciamientos por parte de un juez durante el curso
de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites
para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador
constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el
contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente
judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el segundo
evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.
Así lo apreció la Sala en sentencia de 17 de julio de 2008, con
ponencia del Magistrado doctor Marco Antonio Velilla Moreno,
proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el nro. 2008-
00517, en la que se indicó lo siguiente:
En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar
que el criterio mayoritario de la Sala ha sido el de que no es
procedente el ejercicio del derecho de petición como tal frente a
autoridades judiciales en el curso de un proceso, por cuanto para
ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes
mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes
en los procesos; y que acceder al reconocimiento de derechos de
petición por fuera de los cauces procesales llevaría al caos a la
administración de justicia, pues implicaría destinar gran parte del
tiempo a responder solicitudes como la de la actora en
detrimento de la actividad judicial.
En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente
núm. AC-2005-00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya,
Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), la Sala
sostuvo:
“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata
precisamente del ejercicio del derecho de petición consagrado en
el artículo 23 de la Constitución Política sino de un derecho de
petición en el caso de un proceso judicial.
Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a
autoridades judiciales en el curso de un proceso, la Corte
Constitucional ha expresado:
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“El derecho de petición no procede para poner en marcha el
aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla
sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una actuación
reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso
de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y
del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho
de petición. Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden
distinguirse dos. De un lado, los actos estrictamente judiciales y,
de otro lado, los actos administrativos. Respecto de éstos últimos
se aplican las normas que rigen la administración, esto es, el
Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, las
peticiones en relación con actuaciones judiciales no pueden ser
resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones
administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten
las partes y los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en
asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que
prevalecen las reglas del proceso”. (Sentencia T-377 de 2000 MP
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO)
Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto de
asuntos que no se encuentran bajo su estudio y decisión y otra
muy distinta es el juez como autoridad judicial dentro del trámite
de un proceso a su cargo.
En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho de
petición como tal, pues para ello el legislador ha establecido los
procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los
requerimientos de las partes en los procesos. Acceder al
reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces
procesales llevaría al caos de la administración de justicia pues
implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes
como la del accionante en detrimento de la actividad judicial.
Así lo ha reiterado la Corte Constitucional:
“Desde luego, como ya lo ha señalado la Corte, esto no es
aplicable a las autoridades judiciales en el curso de los procesos,
ya que éstos se rigen por las normas legales propias de cada uno,
sin que sea lo adecuado impulsarlos mediante la formulación de
peticiones en cada uno de los momentos procesales.”
(Sentencia T-178-00. MP JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ
GALINDO) […]” (Negrillas y subrayas fuera del texto).
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Asimismo, en reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha
explicado que la jurisdicción en general ha sido entendida como la
potestad del Estado para administrar justicia en ejercicio de su
soberanía, mediante el conocimiento y decisión de diferentes
asuntos; por ello, es que todos los jueces ejercen jurisdicción en
nombre del Estado, pero en el marco de su competencia, la cual hace
referencia a la porción asignada a cada juez o Tribunal para su
conocimiento.
Así lo consideró la Corte en sentencia C-154 de 2004:
“[…] Al respecto debe señalarse que la competencia de una
autoridad judicial ha sido entendida como la porción, la cantidad,
la medida o el grado de la jurisdicción que corresponde a cada
juez o tribunal, mediante la determinación de los asuntos que le
corresponde conocer, atendidos determinados factores (materia,
cuantía, lugar, etc)5.
La Corte ha explicado, así mismo que la jurisdicción en general
consiste en la potestad que tiene el Estado para administrar
justicia en ejercicio de la soberanía de que es titular, mediante
el conocimiento y decisión de las diferentes causas (civiles,
criminales, administrativas, etc.) y, en tal virtud, es única e
indivisible. Es por ello que todos los jueces ejercen jurisdicción
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Sentencia C-040/97, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.
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en nombre del Estado, pero circunscrita al ámbito propio de la
competencia6 que le asigna la ley7 […]”.
En ese entendido, la Sala observa que lo pretendido por la parte
actora en la solicitud presentada el 25 de enero de 2025 es que el
TRIBUNAL y su SECRETARÍA le informe el estado actual del
proceso identificado con el número único de radicación 08001-33-31-
000-2010-00695-01 y le remita copia digital de dicho expediente,
asunto que corresponde al proceso judicial, por lo que, consecuente
con lo anterior, la Sala declarará improcedente el amparo solicitado
respecto al derecho de petición alegado, como en efecto se dispondrá
en la parte resolutiva de esta providencia.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala determinará si se configura la
carencia actual de objeto por hecho superado, según se desprende
de la contestación de la solicitud de amparo.
6
Los factores y las condiciones especiales que debe reunir la asignación de una competencia en
particular, según lo anotado en la sentencia C-655 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz, presentan las
siguientes características:
“La competencia se fija de acuerdo con distintos factores, a saber: la naturaleza o materia del proceso
y la cuantía (factor objetivo), la calidad de las partes que intervienen en el proceso (factor subjetivo),
la naturaleza de la función que desempeña el funcionario que debe resolver el proceso (factor
funcional), el lugar donde debe tramitarse el proceso (factor territorial), el factor de conexidad.
La competencia debe tener las siguientes calidades: legalidad, pues debe ser fijada por la ley;
imperatividad, lo que significa que no es derogable por la voluntad de las partes; inmodificabilidad
por que no se puede variar en el curso de un proceso (perpetuatio jurisdictionis); la indelegabilidad,
ya que no puede ser delegada por quien la detenta; y es de orden público puesto que se funda en
principios de interés general”.
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Sentencia C-392/00 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
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De las pruebas obrantes en el expediente se observa que el 25 de
enero de 2025, a través de correo electrónico, la actora presentó una
solicitud ante el TRIBUNAL, en los siguientes términos:
“[…] PRETENSIONES
1- solicito muy respetuosamente al honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL ATLÁNTICO se
me brinde información del proceso referente al radicado número:
0695-010 proceso colectivo a nombre de la demandante
MARGOTH LOZANO PATIÑO contra la alcaldía de barranquilla ya
que yo labore más de 18 años con la red de salud como como
promotora de salud
2- solicito muy respetuosamente al honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL ATLÁNTICO se
me brinde información del estado actual del proceso referente al
radicado número: 0695-010 contra la alcaldía de barranquilla
3- solicito muy respetuosamente al honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL ATLÁNTICO se
me haga llegar copia del expediente sobre el proceso que cursa en
este tribunal contra proceso referente al radicado número: 0695-
010 contra la alcaldía de barranquilla ya que yo fui retirada estando
en carrera administrativa con nombramiento en concurso y se violó
el debido proceso
4- solicito muy respetuosamente al honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL ATLÁNTICO se
me responda del numeral 1-2-3- […]”.
Posteriormente, el 19 de marzo de 2025, la actora presentó la acción
de tutela de la referencia, comoquiera que no recibió respuesta
alguna.
Ahora, de acuerdo con el informe allegado por la SECRETARÍA DEL
TRIBUNAL a la acción de tutela de la referencia, se advierte que la
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solicitud de la actora ya fue contestada el 26 de marzo de 2025, a la
dirección electrónica que dispuso para ello y de la cual envió la
petición, así:
“[…]
[…]”.
En ese entendido, para la Sala es evidente que el TRIBUNAL atendió
la solicitud de la actora, informándole que dentro del proceso objeto
de la presente acción constitucional ya se había dictado sentencia de
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segunda instancia y, por consiguiente, se encontraba archivado y,
asimismo, le envió el link del expediente digital para su acceso y
consulta, al que de igual forma puede acceder directamente a través
de la SEDE ELECTRÓNICA DE LA JURISDICCIÓN DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SAMAI, por lo que se
advierte que las circunstancias fácticas que generaron la presunta
vulneración desaparecieron y se entiende que se ha configurado la
carencia actual de objeto, por hecho superado.
Asimismo, la Sala advierte que, durante el trámite de la solicitud de
amparo de la referencia la SECRETARÍA DEL TRIBUNAL, el 28 de
marzo de 2025, allegó copia del expediente digitalizado identificado
con el número único de radicación 08001-33-31-000-2010-00695-
01 e informó que el mismo ya le había sido enviado a la actora.
En vista de lo anterior, cabe traer a colación el concepto de la
carencia actual de objeto desarrollado por la Corte Constitucional en
la sentencia T-653 de 2017, que lo define como «la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna
orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han
sido encomendados»8. Y en la misma sentencia se precisó que el
8
Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Actora: MARGOTH LOZANO PATIÑO
fenómeno previamente descrito puede materializarse a través de las
siguientes figuras:
“[…] (i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la
vulneración que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o
afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de
forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o
impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez
constitucional dé una orden al respecto.
El daño consumado supone que no es posible hacer cesar la
violación o impedir que se concrete el peligro y, por ello, tan solo
es procedente el resarcimiento del daño originado por la
violación del derecho. Cuando al momento de la interposición de
la acción de tutela el daño ya está consumado, por regla general,
esta resulta improcedente, puesto que dicha acción tiene una
finalidad preventiva y no indemnizatoria.
(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho en
el que, entre el momento en que se interpone la demanda
de amparo y el fallo se evidencia que, como producto del
obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a
los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar
la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y,
por tanto, se superó la afectación y resulta inocua
cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela
para lograr la protección de unos derechos que, en la
actualidad, no se encuentran afectados ni amenazados
(regulada en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991) .
(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, se presenta
en casos en que como producto del acaecimiento de una
situación sobreviniente cuyo origen no está en el accionar de la
parte demandada, la vulneración predicada ya no tiene lugar, ya
sea porque el actor asumió la carga que no le correspondía,
porque a raíz de dicha situación perdió interés en el resultado de
la litis, o por cualquier otro hecho que haga inútil o innecesaria
la intervención del juez de tutela […]”9. (Negrilla fuera del
texto).
En el mismo sentido, esta Sala, en relación con eventos en los cuales
9
Ibidem.
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Actora: MARGOTH LOZANO PATIÑO
se ha dado cumplimiento a lo perseguido por el actor, ha indicado lo
siguiente:
“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección
efectiva y oportuna de los derechos fundamentales amenazados
o vulnerados. Ello permite entender que si durante su trámite
cesan o desaparecen los motivos que generan la amenaza o la
vulneración, o su consumación impide el ejercicio del derecho,
el objeto o la pretensión perseguida deja de ser exigible o pierde
su efecto necesario, al punto de no existir el motivo u objeto que
justifica la intervención preferente del juez constitucional. Se
sigue de lo dicho, que la carencia actual de objeto se presenta a
través de dos eventos, a saber: el hecho superado y el daño
consumado. El primero acaece cuando se supera la afectación
de tal manera que el pronunciamiento del juez pierde su
finalidad constitucional por cuanto la decisión que pudiere
adoptar sería inocua y contraria al objetivo de protección
inmediata y efectiva constitucionalmente previsto, o en el evento
en que ya no hay lugar a ordenar lo pretendido por cuanto con
ello no se va a lograr el amparo solicitado. La jurisprudencia
constitucional lo explica así: La carencia actual de objeto por
hecho superado se da cuando entre el momento de la
interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se
satisface por completo la pretensión contenida en la demanda
de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial en tal
sentido se torna innecesaria, En otras palabras, aquello que se
pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido
antes de que el mismo diera orden alguna […]”10.
Consecuente con lo anterior, comoquiera que tal hecho ha sido
superado, la Sala declarará la carencia actual de objeto pues lo
perseguido por la actora ya fue resuelto, como en efecto se dispondrá
en la parte resolutiva de esta providencia.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente:
Roberto Augusto Serrato Valdés. Bogotá, D.C., 14 abril de 2016. Radicación número: 54001-23-33-
000-2016-00061-01(AC). Actor: Yorman Mauricio Tobos Peñaranda. Demandado: Ministerio de Defensa
Nacional - Ejército Nacional - Dirección de Sanidad.
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Actora: MARGOTH LOZANO PATIÑO
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado
frente al derecho de petición, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
HECHO SUPERADO respecto de la pretensión relacionada con la
solicitud de 25 de enero de 2025, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Actora: MARGOTH LOZANO PATIÑO
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 24 de abril de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley.
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