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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01644-00

Fecha
21 de abril de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01644-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la señora Martha Julieth Torres Quintero, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la sentencia del 7 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta dentro del expediente con radicado núm. 50001-33-33-003-2021-00163-01, por los motivos expresados en esta decisión. TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Meta que, en un término de 20 días contados a partir de la notificación de esta providencia, dicte una nueva sentencia en la que se tenga en cuenta la respuesta que dio el departamento del Meta el 19 de julio de 2021 y que aportó la parte actora en la contestación a las excepciones propuestas por la parte demandada, junto con los contratos de prestación de servicios de la señora Martha Julieth Torres Quintero. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01644-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

21 de abril de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01644-00
Accionante: Martha Julieth Torres Quintero
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01644-00
Accionante: Martha Julieth Torres Quintero
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: defecto fáctico.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve la solicitud
de amparo interpuesta por la señora Martha Julieth Torres Quintero en contra del
Tribunal Administrativo del Meta.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Martha Julieth Torres Quintero, a través de su apoderada, presentó acción
de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, que consideró vulnerados por la
sentencia del 7 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del
Meta, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado núm. 50001-33-33-003-2021-00163-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes
1.
A partir del escrito de tutela 1 y demás elementos aportados por las partes al trámite
constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
2.
La señora Martha Julieth Torres Quintero presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la E.S.E. Departamental «Solución Salud»
del Meta para que se declarara la existencia de una relación laboral y, en
consecuencia, se ordenara el reconocimiento y pago de emolumentos salariales y
prestaciones sociales al haber prestado sus servicios a la entidad como auxiliar de
enfermería.

1 Samai, exp. 11001-03-15-000-202406970-00, índice 2, certificado 2A7FA2164A82033B 9F8157A4F5D7CB30

41BD670F52214F1B 52421E4922CE893A.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01644-00
Accionante: Martha Julieth Torres Quintero
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta

3.
El Juzgado Tercero Administrativo de Villavicencio, mediante sentencia del 13 de
febrero de 2024, accedió a las pretensiones de la demanda. Dentro del término de
ejecutoria, la parte actora solicitó la adición del fallo al considerar que no se resolvió la
pretensión de reconocimiento y pago de las diferencias salariales entre el cargo que
ostentó como contratista y el de planta de auxiliar de enfermería.
4.
El a quo, en sentencia complementaria del 20 de marzo de 2024, indicó que de las
pruebas aportadas se podía establecer las diferencias salariales entre la contratista y
una auxiliar de enfermería de planta, motivo por el que adicionó el numeral cuarto de
la parte resolutiva y reconoció también el pago de las diferencias salariales.
5.
La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida
en primera instancia. El Tribunal Administrativo del Meta, a través de la providencia del
7 de noviembre de 2024, confirmó parcialmente el fallo de primera instancia y modificó
los numerales segundo, tercero, cuarto y quinto en los siguientes términos:

SEGUNDO: Declarar la existencia de una relación laboral entre Martha Julieth Torres
Quintero y la Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E. “Solución
Salud”, durante los siguientes periodos de tiempo:
i) el 15 de enero del 2007 al 01 de abril del 2009
ii) 07 de septiembre del 2011 al 06 de enero del 2012,
iii) el 07 de marzo del 2012 al 31 de agosto del 2014 y
iv) el 01 de enero del 2015 al 30 de abril del 2020.
TERCERO: Declarar la prescripción extintiva de los derechos laborales diferentes a las
obligaciones de la seguridad en pensiones, generadas o causadas a favor de la
demandante, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014.
CUARTO: Condenar a la Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E.
“Solución Salud”, a pagar a la señora Martha Julieth Torres Quintero, a título de
restablecimiento del derecho, el reconocimiento y pago de los todos los derechos y
prestaciones sociales diferentes a la seguridad social en pensiones, conforme lo que
devengaba como contratista mes a mes, durante el periodo comprendido entre el 1 de
enero de 2015 al 30 de abril de 2020.
Se aclara que, se reconocerán tanto las prestaciones sociales legales como los
factores salariales de carácter legal, tales como vacaciones, primas, bonificaciones,
cesantías y las reconocidas por el sistema integral de seguridad social, y, en ese
sentido, le corresponderá al ente accionado al momento de cumplir la condena
impuesta en este fallo, determinar las prestaciones sociales como los factores
salariales que serán objeto de liquidación a favor de la actora y deberán ser pagadas
debidamente indexadas en aplicación de la fórmula que se señala en la parte motiva
de este fallo.
QUINTO: Condenar a la Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E.
“Solución Salud”, al reconocimiento y pago en favor de la demandante, de las
cotizaciones a la seguridad social en pensiones le corresponda en su calidad de
empleador, durante los siguientes periodos:
i) el 15 de enero del 2007 al 01 de abril del 2009
ii) 07 de septiembre del 2011 al 06 de enero del 2012,
iii) el 07 de marzo del 2012 al 31 de agosto del 2014 y
iv) el 01 de enero del 2015 al 30 de abril del 2020.
Para la liquidación de los aportes en pensiones que correspondan a la entidad
demandada en su calidad de empleador, es decir, para establecer el IBL, la entidad
condenada, debe tener en cuenta los parámetros establecidos en la parte motiva de
este fallo.

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Accionado: Tribunal Administrativo del Meta

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
6.
La parte actora, como consecuencia del amparo de los derechos fundamentales
invocados, solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:

Conceder el amparo de los derechos fundamentales de la señora MARTHA JULIETH
TORRES QUINTERO al debido proceso y acceso efectivo a la administración de
justicia, trasgredidos por la corporación accionada por haber incurrido en defecto
fáctico, ordenándole a que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
providencia que así lo resuelva, REVOQUE la sentencia de segunda instancia del 7 de
noviembre de 2024 proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado bajo el No. 50001-33-33-003-2021-00163-01 y, en su lugar,
PROFERIR NUEVA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA en la que confirme
integralmente lo resuelto en el numeral primero de la sentencia complementaria del 20
de marzo de 2024, que adicionó el numeral cuarto de la sentencia del 13 de febrero de
2024 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Villavicencio, es decir,
reconociendo “las diferencias salariales causadas entre lo devengado por ella, a título
de honorarios y lo que devengaba una auxiliar de enfermería de planta de la ESE
departamental, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 30 de
abril de 2020”2.
7.
Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó que la
autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico, por cuanto no tuvo en
cuenta la prueba aportada en la contestación de las excepciones que certificó el valor
de la asignación mensual de una auxiliar de enfermería para los años en que laboró
para la entidad demandada. Además, porque negó el reconocimiento reclamado, aun
cuando de la información contenida en los contratos y la referida certificación era
notable la diferencia salarial.

2.3. Trámite procesal
8.
El despacho ponente, mediante auto del 21 de marzo de 2025 3, admitió la
demanda, ordenó la notificación del Tribunal Administrativo del Meta, y puso en
conocimiento el escrito de tutela a la E.S.E. Solución Salud, a la Aseguradora Solidaria
de Colombia y al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Villavicencio, en su
condición de terceros interesados.

2.4. Intervención
9.
El Tribunal Administrativo del Meta 4 ratificó los argumentos expuestos en la
sentencia del 7 de noviembre de 2024 y solicitó que se declare improcedente la acción
constitucional, pues cumplió con los deberes dispuestos en la Constitución Política, en
las convenciones y pactos internacionales, y los términos procesales y la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia.

2 Se transcribe incluso con errores.
3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-01644-00, índice 4, certificado FA24CFB92F7F8E76 5A3156F620CFF625

248E52128161A964 276255CAB594F13A.
4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-01644-00, índice 9, certificado 4D4E9178DBA1EAAA E93DD295A7C8BC39

CA7866FA6AF98BA3 C3F51C18B080C6E5.

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Accionante: Martha Julieth Torres Quintero
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III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia
10.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer la presente
solicitud de amparo interpuesta por la señora Martha Julieth Torres Quintero en contra
del Tribunal Administrativo del Meta.

3.2. Legitimación en la causa
11.
En el presente asunto, Martha Julieth Torres Quintero está legitimada por activa
para acudir a esta acción de tutela, en tanto ostenta la titularidad de los derechos
fundamentales que consideró vulnerados, toda vez que, está demostrado que fue la
demandante en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el
cual se expidió la providencia del 7 de noviembre de 2024, objeto de tutela.
12.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Meta, porque fue la autoridad que profirió la providencia acusada de
vulnerar los derechos fundamentales de la parte accionante.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
13.
La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 5 y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de
manera excepcional siempre que se cumplan requisitos generales y específicos, con
el fin de evitar que, dentro de los procesos judiciales, se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional 6.
14.
En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
15.
Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales 7 y, por tanto, constituyen

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado

núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
6 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
7 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.

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fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.
16.
En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución 8.

3.4. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
17.
Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional 9 en
su jurisprudencia ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse
de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales el asunto que
entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido
el órgano de cierre sobre la materia.
18.
Así pues, la Corte Constitucional 10 ha fijado unos criterios que deben ser acatados
con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en
concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico»11 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental» 12.
ii) Que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente
un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de
interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa
sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los
particulares más no para el interés general.
iii) Que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que
permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en
una afectación grave de derechos fundamentales.
19.
En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una
afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la decisión
cuestionada no se tuvo en cuenta una certificación aportada al proceso que, a su juicio,
impidió que se expidiera una decisión ajustada a derecho.
20.
Supera también la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la parte
actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas

8 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
9 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
11 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

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dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.
21.
Seguidamente, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho toda vez que la
sentencia del 7 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del
Meta, fue notificada el 15 de ese mismo mes y año 13, y la demanda de tutela se
presentó el 15 de noviembre de 2024 14, esto es, dentro del plazo de seis (6) meses
establecidos por la jurisprudencia constitucional 15 y el Consejo de Estado 16 como
razonable.
22.
En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad sus fundamentos con los que planteó la afectación de sus
derechos, tan así que el asunto superó la relevancia constitucional, y no resultaba
posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del proceso ordinario,
precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra de la decisión que le
puso fin al proceso.
23.
Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
24.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales
de procedibilidad en relación con el defecto fáctico y, en ese orden, continuará con el
análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.

3.5. Problema jurídico
25.
Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Meta vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia 17
de la señora Martha Julieth Torres Quintero.
26.
En particular, deberá establecer si, al proferir la sentencia del 7 de noviembre de
2024, que modificó la providencia del 13 de febrero de 2024 expedida por el Juzgado
Tercero Administrativo de Villavicencio, mediante la cual accedió a las pretensiones
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por la actora en
contra de la E.S.E. Departamental «Solución Salud» del Meta, incurrió en defecto
fáctico.
27.
Para el efecto, se estudiará: i) la generalidad del defecto invocado y ii) el caso
concreto.

13 Samai, exp. 50001-33-33-003-2021-00163-01, índice 12.
14 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-01644-00, índice 2.
15 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente

n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
17 Se aclara que la accionante en el escrito de tutela también solicitó la protección de los principios de la buena fe,

seguridad jurídica y prevalencia del derecho sustancial.

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3.6. Generalidades de los defectos invocados
28.
De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión» 18. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa
en la decisión» 19 objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones:
una positiva y otra negativa.
29.
La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa
una valoración por “completo equivocada”» 20. Por su parte, la dimensión negativa se
presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los
medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del
caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes que
sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos
casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan» 21.
30.
En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones
en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez
de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso22.
31.
Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial 23, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma concreta,
por qué el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este «no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez
que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia» 24.
32.
Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado de manera genérica, por
lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas en
cada caso:
18 Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
19 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
20 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
21 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
22 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
23 Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
24 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.

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50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]

51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]25.

3.7. Caso concreto
33.
La señora Martha Julieth Torres Quintero acudió a la acción de tutela con el fin de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia y, en consecuencia, que se deje sin efectos la sentencia del
7 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, por
considerar que incurrió en defecto fáctico.
34.
Para la parte actora, la providencia acusada no tuvo en cuenta el certificado que
aportó con la contestación de las excepciones, en el que se informó la asignación
básica devengada por una auxiliar de enfermería de planta para los años 2007 a 2020,
visible en el consecutivo 18 del expediente ordinario de primera instancia en el
aplicativo Samai.

3.7.1. Fundamentos de la sentencia objeto de tutela
35.
Revisadas las pruebas aportadas al trámite de tutela, la Sala observa que el
Tribunal Administrativo del Meta confirmó parcialmente la sentencia de primera
instancia y modificó los numerales segundo, tercero, cuarto y quinto de la decisión del
a quo. En especial, negó el reconocimiento de las diferencias salariales con base en
el siguiente argumento:

Ahora bien, es de resaltar que en el presente caso a pesar de aportarse el manual de
funciones de un auxiliar de enfermería en general no se demostró que el pago de los
honorarios en todos los años sea menor al valor de lo que recibía un auxiliar
administrativo de planta, toda vez que, de los documentos allegados al plenario no se
logra comparar la suma de los contratos con el salario de los funcionarios. Por lo cual,
al no cumplir con los cuatro requisitos establecidos en la jurisprudencia, no se
reconocerán las diferencias salariales y las diferencias en las prestaciones sociales
dejadas de pagar a la demandante.
Sin embargo, esto no quiere decir que se desconozcan los derechos de la accionante
sobre el valor de lo devengado mensualmente y que se encuentra previsto en las OPS.
En ese sentido, se modificará la sentencia de primera instancia y se condenará a título
de restablecimiento del derecho, a la entidad demandada a pagar a favor de Martha
Julieth Torres Quintero, la totalidad de prestaciones sociales ordinarias y factores
salariales legales conforme a los honorarios pactados, mes a mes –, en virtud de la
declaración de la existencia del contrato realidad, del periodo comprendido entre el 01

25 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.

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Accionado: Tribunal Administrativo del Meta

de enero del 2015 al 30 de abril del 2020. Las sumas se reconocerán y ajustarán de
conformidad con lo expuesto en las consideraciones de la sentencia de primera
instancia26.
36.
En efecto, el Tribunal accionado concluyó que la señora Martha Julieth Torres
Quintero no tenía derecho al reconocimiento y pago de las diferencias salariales
comoquiera que no demostró en el proceso que el valor percibido como pago por la
prestación de sus servicios fuera inferior al devengado por una auxiliar de enfermería
de planta de la E.S.E. Departamental «Solución Salud» del Meta. Además, aseguró
que de los documentos aportados no se puede hacer una comparación entre la suma
de los contratos y el salario de un funcionario.

3.7.2. Las consideraciones de la Sala respecto al defecto alegado por la actora
37.
Pues bien, para determinar si el Tribunal Administrativo del Meta incurrió en el
defecto expuesto por la accionante en el escrito de tutela, la Sala debe precisar que la
señora Torres Quintero aportó, junto con la contestación a las excepciones propuestas
por la parte demandada, respuesta a un derecho de petición de información que se
tuvo como prueba en el proceso ordinario con auto del 19 de mayo de 2023. Este
documento certificó las funciones de una auxiliar de enfermería y su asignación salarial
mensual27, con los siguiente valores:

26 Se transcribe incluso con errores del texto.
27 Samai, exp. 50001-33-33-003-2021-00163-00, índice 18.

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38.
También, en la sentencia de segunda instancia, se reconoció la prestación
personal del servicio, en la cual se hizo la siguiente relación del pago de honorarios:

39.
En el caso objeto de estudio, el Tribunal accionado no tuvo en cuenta la
certificación aportada por la parte demandante, la cual fue debidamente incorporada
al proceso y valorada por el a quo en la sentencia complementaria del 20 de marzo de
2024, al tenerla como prueba en auto del 19 de mayo de 2023, para hacer la

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comparación entre el salario de auxiliar de enfermería de planta y los honorarios
pactados en los contratos de prestación, tal como se muestra a continuación:

40.
Sin embargo, la providencia acusada, en ninguno de sus apartes identificó
elementos probatorios que permitieran desvirtuar la validez de dicha certificación, o
presentó argumento alguno que sustentara por qué no tuvo en cuenta esa prueba para
reconocer el pago de las diferencias salariales.
41.
Por el contrario, se observa que la autoridad judicial accionada se limitó a indicar
que «no se demostró que el pago de los honorarios en todos los años sea menor al
valor de lo que recibía un auxiliar administrativo de planta, toda vez que, de los
documentos allegados al plenario no se logra comparar la suma de los contratos con
el salario de los funcionarios», y por ese motivo no accedió favorablemente a dicha
pretensión.
42.
Así las cosas, llama la atención la conclusión a la que llegó el Tribunal
Administrativo del Meta, ya que de las pruebas aportadas al proceso se podía hacer
una comparación entre lo devengado por la contratista y un empleado de planta de la
entidad demandada, para llegar a la conclusión de que existía una diferencia salarial
que debía pagarse. En este sentido, mal podía la autoridad accionada negar el derecho
manifestando una deficiencia probatoria.
43.
A partir del contexto normativo y jurisprudencial expuesto, es posible concluir en
el caso bajo estudio que el Tribunal Administrativo del Meta, al proferir la sentencia del
7 de noviembre de 2024, incurrió en un defecto fáctico por cuanto no tuvo en cuenta
la respuesta proferida por el departamento del Meta del 19 de julio de 2021, en la cual
se certificó lo devengado mensualmente por una auxiliar de enfermería, lo que junto a
los contratos de prestación de servicios, permitía hacer un comparativo en las
diferencias salariales.

IV. CONCLUSIONES
44.
Por las razones anotadas en esta providencia, la Subsección amparará los
derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la señora
Martha Julieth Torres Quintero y dejará sin efectos la sentencia del 7 de noviembre de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que modificó los numerales,
segundo, tercero, cuarto y quinto de la providencia del 13 de febrero de 2024, proferida
por el Juzgado Tercero Administrativo de Villavicencio, por encontrar configurado el
defecto fáctico.

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45.
En consecuencia, se ordenará a la autoridad judicial accionada que, en un término
de 20 días contados a partir de la notificación de esta providencia, emita una nueva
decisión en la que tenga en cuenta y valore en su integridad y de manera conjunta el
material probatorio recaudado en el proceso, en especial, la certificación de lo
devengado por una empleada de planta que cumplía las mismas funciones que la aquí
accionante en la E.S.E. Departamental «Solución Salud» del Meta.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia de la señora Martha Julieth Torres Quintero,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la sentencia del 7 de noviembre de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo del Meta dentro del expediente con radicado núm.
50001-33-33-003-2021-00163-01, por los motivos expresados en esta decisión.

TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Meta que, en un término de 20
días contados a partir de la notificación de esta providencia, dicte una nueva sentencia
en la que se tenga en cuenta la respuesta que dio el departamento del Meta el 19 de
julio de 2021 y que aportó la parte actora en la contestación a las excepciones
propuestas por la parte demandada, junto con los contratos de prestación de servicios
de la señora Martha Julieth Torres Quintero.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
AC/SEJV

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