Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01665-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01665-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01665-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
2 de mayo de 2025
Radicado: 11001031500020250166500
Accionantes: Ana Catherine Herrera Rivera y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., dos (2) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01665-00
Accionante: Ana Catherine Herrera Rivera y otros
Accionados: Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Cali y
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Referencia: Acción de tutela
TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Requisitos de procedencia. Relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela promovida por Ana
Catherine Herrera, Michel Alberto Herrera Rivera y Fabio Herrera Salazar en contra
del Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Cali y del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Ana Catherine Herrera Rivera, Michell Alberto Herrera Rivera y Fabio Herrera
Salazar, en nombre propio y en calidad de herederos de María Olivia Rivera Muñoz,
presentaron escrito de tutela en el que solicitaron la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
tutela judicial efectiva, que consideraron vulnerados por el Juzgado Dieciocho
Administrativo del Circuito de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
con ocasión de las sentencias proferidas el 8 de junio de 2022 y del 13 de febrero
de 2025, respectivamente, en el marco del proceso de reparación directa
identificado con el número de radicado 76001-33-33-018-2017-00248-00/02.
2. Hechos
La causa petendi del escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica1:
1 Ibídem. / actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace
electrónico:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=76001333301820170
0248027600123
Radicado: 11001031500020250166500
Accionantes: Ana Catherine Herrera Rivera y otros
2.1. Los accionantes interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa en contra del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico,
Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali (en adelante el Distrito de Cali) y de
las Empresas Municipales de Cali (en adelante EMCALI), con el propósito de que
se declarara su responsabilidad por la muerte de Fabio Andrés Herrera Rivera, con
ocasión de su caída en un caño de aguas residuales ubicado en la autopista Simón
Bolívar con carrera 50, sentido norte – sur.
Alegaron que la víctima transitaba por el andén peatonal y tropezó debido a la
fractura de una loseta de cemento. Esta circunstancia, sumada a la abundante
vegetación del lugar y a la falta de barandas o elementos de protección y seguridad,
provocó su caída al fondo del canal.
2.2. El proceso fue radicado bajo el número 76001-33-33-018-2017-00248-00 y se
asignó por reparto al Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Cali. Esta
autoridad dictó sentencia de primera instancia el 8 de junio de 2022, en la que
resolvió i) declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
activa de Ana Catherine Herrera Rivera2; ii) declarar probada la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva de EMCALI y de las llamadas en garantía
Allianz Seguros S.A y de La Previsora S.A. Compañía de Seguros; iii) declarar
administrativamente responsable al Distrito de Cali por la muerte de Fabio Andrés
Herrera Rivera; iii) condenar a la entidad territorial a reconocer a favor de Fabio
Herrera Salazar3, María Olivia Muñoz4 y Michel Alberto Herrera Rivera5, en calidad
de terceros damnificados, el equivalente a 15 SMLMV, para cada uno, por concepto
de perjuicios morales; iv) negar el reconocimiento de los perjuicios materiales en la
modalidad de daño emergente y lucro cesante (tanto consolidado como futuro).
Como fundamento del fallo, el juzgado expuso lo siguiente:
• En lo atinente a la legitimación por activa, indicó que no se aportó al trámite
el registro civil de nacimiento del señor Herrera Rivera, documento idóneo
para acreditar el parentesco conforme al Decreto 1260 de 1970. En
consecuencia, advirtió la falta de legitimación en la causa por pasiva de todos
los demandantes. No obstante, con base en los testimonios de Doris Rivera
y Viviana Andrea Yusti consideró acreditada la calidad de terceros
damnificados de Fabio Herrera Salazar, de María Olivia Muñoz y de Michel
Alberto Herrera Rivera. Asimismo, advirtió que dichas declaraciones no
daban cuenta de la posible afectación de Ana Catherine Herrera Rivera, por
ello, estimó que su legitimación por activa carecía de sustento.
• Respecto de la legitimación por pasiva estableció que EMCALI no tenía a su
cargo el mantenimiento y conservación de la infraestructura vial. Así, dado
que los argumentos de la demanda asociaron la ocurrencia del daño a una
2 Quien acudió al proceso ordinario como hermana de la víctima.
3 Quien acudió al proceso ordinario como padre de la víctima.
4 Quien acudió al proceso ordinario como madre de la víctima.
5 Quien acudió al proceso ordinario como hermano de la víctima.
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falencia en un andén peatonal, estaba probada la falta de legitimación de
dicha entidad.
• En cuanto a la responsabilidad, el juez sostuvo que el accidente fue
consecuencia de las losetas fracturadas y depresivas, así como de la falta de
señalización. Indicó que estas circunstancias, en conjunto, generaron la
pérdida de equilibrio y posterior caída de Fabio Andrés Herrera Rivera.
Explicó que, aunque la víctima se encontraba en estado de embriaguez el
día de los hechos, dicha condición no fue suficiente para romper el nexo de
causalidad, pues se demostró que el Distrito de Cali omitió el cumplimiento
de las funciones a su cargo.
• Para cuantificar los perjuicios morales (a favor de Fabio Herrera Salazar,
María Olivia Rivera Muñoz y Michel Alberto Herrera Rivera) acudió a los
parámetros de unificación establecidos por la Sala Plena de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 28 de agosto de 20146.
• Finalmente negó el reconocimiento del daño emergente por la falta de prueba
de los gastos en que incurrieron los actores; y del lucro cesante puesto que
no demostraron la dependencia económica en relación con la víctima.
2.3. Inconformes con la decisión, los demandantes interpusieron recurso de
apelación. Afirmaron que el a quo desconoció que las declaraciones de Doris Rivera
y Viviana Andrea Yusti acreditaban tanto el vínculo familiar de los actores con Fabio
Andrés Herrera Rivera, como la dependencia económica. Aludieron que el informe
ejecutivo de policía judicial FPJ-3 identificó a Fabio Herrera Salazar y a Olivia
Herrera Muñoz como progenitores del fallecido. Además, que en la copia de las
cédulas de ciudadanía de Michell Alberto Herrera Rivera y de Ana Catherine Herrera
Rivera se probó que compartían los mismos apellidos de la víctima.
Sostuvieron que, ante la falta del registro civil de nacimiento de Fabio Andrés
Herrera Rivera, el juez debía acudir a las facultades oficiosas en materia de decreto
de pruebas, con el fin de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el
formal. En todo caso, los actores aportaron el mencionado registro junto con el
escrito de apelación.
Por su parte el Distrito de Cali también recurrió el fallo condenatorio. Para ello,
propuso argumentos orientados a atacar el juicio de responsabilidad y precisó que
el actor transitaba a altas horas de la noche en estado de embriaguez, lo que
comprometía su motricidad. Asimismo, sostuvo que los demandantes no
demostraron la falla en el servicio por falta de mantenimiento e instalación de
señalización preventiva.
2.4. Mediante sentencia del 13 de febrero de 2025 el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca modificó la decisión de primer grado para i) confirmar la
responsabilidad del Distrito de Cali por la muerte del señor Herrera Rivera, pero,
6 Radicado No. 66001-23-31-000-2001-00731-01(26251).
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con “la concurrencia de la culpa exclusiva de la víctima por encontrarse en estado
de embriaguez” y ii) condenar a la entidad territorial a reconocer el equivalente a 50
SMLMV a favor de Fabio Herrera Salazar, María Olivia Herrera Muñoz y Michell
Alberto Herrera Rivera. Precisó que allí se refleja la reducción del 50% como
consecuencia de la concausa.
La decisión encontró sustento en las siguientes circunstancias y argumentos:
• Desestimó la copia del registro civil de nacimiento de la víctima aportado por
los demandantes con el recurso de apelación. Esto por cuanto no se
demostró que la situación atinente a la prueba se enmarcara dentro alguno
de los eventos previstos en el artículo 212 del CPACA.
• Abordó el estudio de la legitimación por activa e indicó que, aunque no se
contó con prueba idónea para acreditar parentesco, los demandantes
aportaron el informe ejecutivo FPJ-3 en el que la Fiscalía General de la
Nación que tuvo a Fabio Herrera Salazar y María Olivia Herrera Muñoz como
padres de la víctima, así como el oficio DS-06-21-SSFSC-54439 en el que la
misma entidad estableció que Michell Alberto Herrera Rivera acreditó su
calidad de hermano del fallecido. Explicó que tales pruebas son documentos
públicos que se presumen auténticos y fueron elaborados por servidores del
Estado en ejercicio de sus funciones, quienes verificaron el parentesco a
partir de los registros civiles de nacimiento. Por consiguiente, al ser
valorados, estableció la legitimación en la causa por activa de Fabio Herrera
Salazar, María Olivia Herrera Muñoz y Michell Alberto Herrera Rivera.
Por otro lado, indicó que Ana Catherine Herrera Rivera no demostró el
parentesco con la víctima ante el referido ente, ni en el proceso ordinario. En
tal sentido, compartió la decisión de negar el reconocimiento indemnizatorio
su favor.
• Analizó los argumentos con los que el Distrito de Cali cuestionó la
declaratoria de responsabilidad y los desestimó. Explicó que las pruebas
demostraron la existencia de la falla en el servicio de mantenimiento de la vía
peatonal en la que ocurrió el accidente y que las falencias estructurales
ocasionaron la caída que generó como consecuencia la muerte de Fabio
Andrés Herrera Rivera. No obstante, consideró que el estado de
alicoramiento de la víctima fue un factor concurrente en la causación del daño
y, por tanto, aplicó una reducción del 50% en la indemnización.
• Finalmente, resolvió los argumentos que los demandantes propusieron en
relación con la indemnización de los perjuicios de la siguiente manera: i) en
cuanto a lucro cesante advirtió la falta de prueba frente a la dependencia
económica y precisó que aunque las testigos Viviana Andrea Yusti y de Doris
Rivera Muñoz señalaron que el señor Herrera Rivera brindaba apoyo
económico a sus familiares, esto no encontró respaldo en otros medios de
prueba; ii) en lo atinente al daño moral, se basó en la acreditación de
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parentesco de los padres y del hermano de la víctima, y según los
lineamientos de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014,
consideró procedente reconocer a cada uno de ellos el equivalente a 100
SMLMV. No obstante, redujo la indemnización al 50% como consecuencia
del elemento de concausa.
3. Pretensiones y argumentos de la tutela
3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional: i) amparar los derechos
fundamentales solicitados. Como consecuencia de ello, pidió ii) revocar la sentencia
del 13 de febrero de 2025; iii) ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
que profiera una decisión de reemplazo en la que garantice a los actores el derecho
a una reparación integral “exigiendo al juez de la causa que se reevalúen los criterios
de concurrencia de culpa aplicados, conforme a los principios de la sana crítica y
proporcionalidad que rigen la jurisprudencia vigente”.
Además, requirió que dicha autoridad se pronuncie nuevamente sobre las pruebas
que dan cuenta del parentesco de Ana Catherine Herrera Rivera “y se considerarlo
necesario, decrete de oficio las pruebas idóneas pertinentes y conducentes a
efectos de establecer con certeza la relación de parentesco”. Finalmente, pretendió
que se valore a manera integral el material probatorio relativo a la dependencia
económica de los actores con la víctima, y que el Tribunal se pronuncie nuevamente
sobre la indemnización de los perjuicios morales y materiales (sic).
3.2. Como fundamento de la acción de tutela, la parte actora sostuvo que se le
vulneraron los derechos fundamentales invocados, pues la providencia reprochada
adolece de los siguientes defectos.
Defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto. Argumentó que
los jueces del proceso de reparación directa no hicieron uso de las facultades
oficiosas en materia de decreto de pruebas para solicitar a la Registraduría Nacional
del Estado Civil la remisión del registro de nacimiento de la víctima. Con esto, afirmó,
que se negó el derecho a una reparación integral, situación agravada por el
desconocimiento de las demás pruebas que, en forma indiciaria, demostraban el
grado de consanguinidad de los demandantes con el fallecido.
Agregaron que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en el mismo
exceso ritual manifiesto atribuible al Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito
de Cali, al confirmar la carencia probatoria de la acreditación del parentesco con
fundamento en el Decreto 1260 de 1970, pues esto constituye una barrera formal
para el acceso a la justicia material. En ese orden, indicó que los cuatro (4) registros
civiles de nacimiento restantes y las cédulas de ciudadanía de los padres y
hermanos de la víctima “permitían e instaban, un actuar más acucioso del juez de
instancia de valorar las pruebas en conjunto”.
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Destacó que el documento de identidad de Ana Catherine Herrera Rivera demuestra
la coincidencia de sus apellidos con los de la víctima, situación que debió ser objeto
de valoración por los jueces ordinarios, con el fin de garantizar la protección de su
derecho a recibir una reparación integral.
Desconocimiento del precedente judicial. La parte accionante alegó que las
autoridades accionadas desconocieron lo decidido en la sentencia del 22 de marzo
de 2012 proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado y
en el fallo de tutela del 6 de octubre de 2022 proferido por la Sección Tercera,
Subsección A de la misma Corporación dentro de la acción de tutela identificada
con el radicado 1001-03-15-000-2022-02936-01. Explicó que tales providencias
resolvieron aspectos relativos al alcance de lo normado en el Decreto 1260 de 1970
y al deber de los jueces administrativos para solicitar de oficio que se aporten los
registros civiles de nacimiento, en los eventos que la parte interesada incurre en
esta omisión.
Defecto fáctico por indebida valoración probatoria. Este cargo abordó los
siguientes aspectos.
Señaló que conforme a la jurisprudencia vigente7 era necesario establecer si el
estado de embriaguez de la víctima al momento de los hechos “actuó como un factor
intervenido previsible o si fue una condición que, en conjunto con el defecto del
andén, se transformó en la causa inmediata del accidente”. No obstante, la
sentencia cuestionada no abordó el estudio de estas dos dimensiones, lo que afecta
la precisión en cuando a la determinación del grado de culpa.
Así, consideró que conforme a lo decidido en casos análogos8, el Consejo de Estado
y la Corte Constitucional han sido cautelosos en reducir la indemnización cuando se
reconoce la concurrencia de culpas, bajo el ejercicio de ponderación de cada uno
de los factores que contribuyeron a la causación del daño. En consecuencia,
consideró que la reducción del 50% resulta excesiva.
7 “Sentencia del 19 de febrero de 2021 (Expediente 76001-23-31-000-2010-01230-01), la Sección Tercera del
Consejo de Estado analizó un caso de acción de reparación directa. Aunque la parte demandada argumentó la
culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad, el tribunal evaluó detalladamente las
circunstancias del caso para determinar si era aplicable una causal eximente o una concurrencia de culpas.
Este enfoque muestra que no se aplica automáticamente la concurrencia de culpas sin un análisis exhaustivo
de los hechos. 25 Ahondando en otros pronunciamientos del Consejo de Estado, respecto de la aplicación de
la con causalidad debe analizarse la capacidad de resistir el riesgo, Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia de 20 de febrero de 1997. Rad. 11756”.
8 “Ahondando en otros pronunciamientos del Consejo de Estado, respecto de la aplicación de la con causalidad
debe analizarse la capacidad de resistir el riesgo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de
febrero de 1997. Rad. 11756”; “La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional en la sentencia T-041 de
2018, estudió un caso de reparación directa, promovida en contra de la Nación-policía Nacional, en el que, como
demandada, también alegó la concurrencia de culpas para reducir el quantum indemnizatorio, en aplicación del
articulo 2357 Código Civil, por estar la victima presente en el lugar donde se dio su muerte. En esa oportunidad,
la Corte realizó un profundo análisis sobre las reglas jurisprudenciales del Consejo ded Estado en la
materialización de la tesis de la concausa, para concluir que "el comportamiento de la victima, que habilita al
juzgador para reducir la indemnización, es aquel que contribuye de manera cierta y eficaz en la producción del
hecho dañino, es decir, es el que se da cuando la conducta de la persone agraviada participa en el desenlace
del resultado”
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Precisó que, aunque la sentencia se basó en testimonios, informes periciales y
datos de toxicología para sustentar la participación de víctima, no contiene un
análisis profundo para demostrar que, en efecto, su conducta fue determinante,
además, resaltó que el informe de necropsia indicó que la causa eficiente de la
muerte fue el trauma craneoencefálico causado como consecuencia de la caída. A
su juicio, este hecho no se altera por el estado de embriaguez de la víctima.
Agregó que los testimonios de Freddy Osorio y Jaidivieres Osorio describieron con
detalle que el señor Herrera Rivera tropezó con una loseta fractura y cayó al canal
de aguas lluvias, aspecto que debía ser valorado en armonía con el riesgo que
generaba la falta de instalación de barandas de seguridad. En tal orden, indicó que
“aun en condiciones de sobriedad la víctima no habría podido evitar el accidente”.
En punto de lo anterior, señaló que la reducción de la indemnización no tuvo
respaldo en un análisis adecuado de la causalidad debido a las falencias
estructurales del andén por el transitaba el fallecido, ni de la real contribución de su
conducta. Así, adujo la existencia de un defecto fáctico por valoración fragmentada
de las pruebas apartada la sana crítica.
Por otro lado, en referencia a la negativa de reconocimiento de los perjuicios
materiales indicó que en diferentes providencias dictadas por la Corte Suprema de
Justicia9 se establecieron reglas, según las cuales, para que los padres puedan
acceder a la reparación por la muerte de su hijo, es suficiente acreditar que este les
prestaba ayuda económica, por ello, la valoración probatoria al respecto debe ser
flexible y se debe tomar en consideración las particularidades del entorno familiar.
Agregó que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado10, para que los padres
del fallecido sean beneficiarios de la indemnización no es necesario demostrar que
carecían de ingresos, sino que basta con acreditar que el hijo aportaba de forma
cierta y regular al sostenimiento del hogar. En consecuencia, solicitó al juez
constitucional “se revise detenidamente este aspecto esencial, puesto que de la
convivencia probada por nuestro hijo y hermano fallecido al momento de su muerte
conforme a la prueba documental y testimonial y de su aporte al núcleo familiar
cierto, periódico y significativo en relación a los gastos esenciales de alimentación
y servicios públicos domiciliarios refuerzan la dependencia económica en aras de
mantener los vínculos, el mínimo vital y los lazos de solidaridad familiar llamados a
ser resarcidos ante una reparación integral por la falla del servicio estatal decantada
en el presente proceso”.
9 Que identificó de la siguiente manera: Sentencias CSJ SL400-2013, CSJ SL816-2013, CSJ SL2800-2014,
CSJ SL3630-2014, CSJ SL6690-2014, CSJ SL14923-2014, CSJ SL10259-2017, CSJ SL6390-2016 y CSJ
SL1243-2019.
10 Ssentencia del 6 de abril de 2018 radicado 05001-23-31- 000-2001-03068-01(46005) proferida por la Sala
Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado; sentencia del 12 de abril de 2024 dictada en el proceso
con radicado 3001-23-31-000-2008-00362-01 por la Sección Tercera, Subsección B; sentencia del 6 de mayo
de 2024, dictada en el expediente identificado con el número 08001-23-31-002-2010-00732-01 por la Sección
Tercera, Subsección A; sentencia del 1 de junio de 2020 proferida en el proceso registrado bajo el número
68001-23-31-000-2007-00286-01; sentencia de unificación del 22 de abril de 2025, dictada por la Sala Plena de
la Sección Tercera dentro del expediente número 15001-23-31-000-2000-03838-01.
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Accionantes: Ana Catherine Herrera Rivera y otros
Agregó que el informe ejecutivo FPJ-3 elaborado el 24 de octubre de 2016 por la
Policía Judicial contiene los datos de la fecha y hora en que se informó a Michell
Alberto Herrera Rivera acerca del fallecimiento de su hermano Fabio Andrés Herrera
Rivera y allí se identificó una dirección de residencia que luego fue identificada por
la testigo Viviana Andrea Yusti como la misma que pertenecía a la víctima.
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. Mediante auto del 25 de marzo de 202511 se admitió la acción de tutela, se
vinculó como terceros con interés al Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico,
Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali y a las Empresas Municipales de
Cali; asimismo, a La Previsora S.A. Compañía de Seguros; a Allianz Seguros S.A.;
a Mapfre Seguros Generales de Colombia y a Axa Colpatria Seguros S.A.
4.2. El Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Cali12 envió el
expediente ordinario en medio digital. Sin embargo, guardó silencio respecto de los
argumentos de a solicitud.
4.3 EMCALI13 presentó informe en el que propuso la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva. Argumentó que no es la responsable de la
vulneración de los derechos fundamentales cuya protección solicitaron los actores.
4.3. Axa Colpatria Seguros S.A.14 solicitó que se declare improcedente la acción
de tutela. Como sustento de su posición sostuvo que el asunto planteado por los
accionantes no reviste relevancia constitucional, pues se dirige a cuestionar la
decisión desfavorable a sus intereses, sin tener en cuenta que la providencia
cuestionada se fundamentó en el análisis de las pruebas del proceso ordinario. De
manera subsidiaria, pidió que se niegue la solicitud de protección constitucional,
dado que, a su juicio, los accionantes no demostraron la vulneración de los derechos
fundamentales con ocasión de la sentencia de segunda instancia dictada en el
marco del proceso de reparación directa.
4.4. La Previsora S.A. Compañía de Seguros15 presentó informe con la petición
de declarar improcedente la solicitud de amparo por falta de legitimación en la causa
por pasiva. Afirmó que los fundamentos fácticos en que se sustentaron las
pretensiones de los actores no vinculan a la sociedad por lo que no está llamada a
pronunciarse.
4.4. Mafpre Seguros General de la Colombia S.A.16 advirtió que la solicitud no
superó el requisito de relevancia constitucional, pues los argumentos establecen un
11 Índice 00004 del aplicativo SAMAI. Certificado núm. C6CCC90BF827094F BB4F3C3906818583
178022FE5A71E030 D0EB82B8C03EB7CA.
12 Índice 00008 del aplicativo SAMAI.
13 Índice 00009 del aplicativo SAMAI.
14 Índices 00010 y 12 del aplicativo SAMAI.
15 Índice 00011 del aplicativo SAMAI.
16 Índice 00013 del aplicativo SAMAI. Certificado núm. 6453D31313F5F993 95A03611F0198684
F84ECD93D333C52C 1DF674F65C49175C.
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Accionantes: Ana Catherine Herrera Rivera y otros
debate de índole legal y probatorio frente a la providencia cuestionada y no
demuestran la vulneración de los derechos fundamentales.
4.5. Allianz Seguros S.A.17 presentó informe en el que indicó que la solicitud de
amparo está orientada a reabrir el debate agotado por los jueces ordinario con el
propósito de imponer su criterio por el encima del análisis que fundamento la
providencia cuestionada. En ese orden, solicitó que se declare su improcedencia.
4.6. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Distrito de Cali, a pesar
de estar debidamente notificados, guardaron silencio respecto de la solicitud de
tutela.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Ana
Catherine Herrera Rivera, Michell Alberto Herrera Rivera y Fabio Herrera Salazar,
al ser los titulares de los derechos que afirman fueron vulnerados, dado que
actuaron como demandantes en el trámite del medio de control de reparación
directa adelantado bajo el radicado núm. 76001-33-33-018-2017-00248-00/02.
2.2. Por otro lado, está probada la legitimación en la causa por pasiva del
Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Cali y del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, por cuanto actuó como juez de primera y segunda instancia
dentro del proceso mencionado y fue su actuación a la que la parte accionante le
atribuyó la vulneración de su garantía constitucional.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción
17 Índice 00016 del aplicativo SAMAI. Certificado núm. AEA9EC89FE7DE8C4 B56C17D14658D3D9
576DD78D3ED92C4D C642F2C1EAF5CADC.
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Radicado: 11001031500020250166500
Accionantes: Ana Catherine Herrera Rivera y otros
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200518 indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela19 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto20.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”21.
4.1. Relevancia constitucional
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que
el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga
una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el
18 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
19 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
20 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en
los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial
se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A
saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental,
que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto
es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d)
defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el
mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional;
g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación
de sus postulados.
20 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
21 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
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juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la
vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”22.
En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el
debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o
económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a
demostrar la configuración de un defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte,
el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o
de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas;
iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez
constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos
constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o
repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el
interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes
y generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad
y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.
22 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
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Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que
ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la
causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los
defectos definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto23.
5. Caso concreto
La Sala anuncia que la presente acción constitucional no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, por las razones que se exponen a continuación:
5.1. Al analizar el escrito de tutela, se advierte que los accionantes argumentaron
que el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca i) desconoció las pruebas que
demostraban que Ana Catherine Herrera Rivera era hermana de Fabio Andrés
Herrera Rivera; ii) incurrió en un exceso ritual manifestó al exigir el registro civil de
nacimiento como única prueba idónea para acreditar el parentesco, sin valorar los
demás elementos que, de manera indiciaria, demostraban dicha situación; iii) se
apartó del precedente judicial en el que se analizó el alcance del artículo 105 del
Decreto 1260 de 1970 y la posibilidad de indemnizar a los padres de la víctima
cuando demuestren que no cuentan con ingresos; iv) valoró indebidamente las
pruebas para considerar que existió participación de la víctima en la causación del
daño y soportar la reducción de la indemnización en el equivalente al 50%, y para
negar la reparación del daño a través del reconocimiento de perjuicios materiales
bajo la carencia de prueba de la dependencia económica.
5.2. Ahora bien, del análisis de los aspectos abordados en la sentencia del 13 de
febrero de 2025 dictada por el Tribunal y que puso fin a la actuación ordinaria, así
como de las pruebas incorporadas al proceso, se advierte que el ad quem arribó a
las siguientes conclusiones:
En lo que respecta a la legitimación en la causa por activa:
“4.1 Oportunidades probatorias en segunda instancia
74. Con el recurso de apelación la parte actora subsanó la falta del registro
civil de la víctima y lo aportó para acreditar los parentescos que el juez tuvo
por no demostrados.
75. El artículo 212 del CPACA prevé que el recurso de apelación es una
oportunidad para aportar pruebas, siempre y cuando se trate de las hipótesis
enlistadas. Sin embargo, no se acreditó uno de tales eventos para decretar
el registro civil como prueba. Se negará esta petición probatoria.
4.2 Legitimación en la causa por activa
23 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
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76. El presente medio de control lo adelantan en calidad de: Fabio Herrera
Salazar (padre), María Olivia Rivera Muñoz (madre), Michell Alberto Herrera
Rivera (hermano), Ana Catherine Herrera Rivera (hermana), del señor Fabio
Andrés Herrera Rivera (víctima).
77. La parte actora no aportó con la demanda el registro civil de nacimiento
de la víctima, documento idóneo, en los términos del Decreto 1260 de 1970
y la jurisprudencia del Consejo de Estado, sobre la relación de parentesco.
78. El reconocimiento como tercero damnificado, para quien inició el medio
de control como pariente consanguíneo que no probó con el registro civil, es
un asunto que no cuenta con sentencia de unificación. Sin embargo, es un
tema ampliamente abordado por la jurisprudencia del Consejo de Estado.
79. Las sentencias en cita coinciden en reconocer la calidad de terceros
damnificados a quienes acuden al proceso alegando un parentesco que no
prueban idóneamente. Este reconocimiento no transgrede el principio de
congruencia siempre y cuando se demuestre el perjuicio alegado por el daño
por el cual se demandó indemnización.
80. Por lo expuesto, el juez no infringió el principio de congruencia al
indemnizar el perjuicio moral para Fabio Herrera Salazar, María Olivia Rivera
Muñoz y Michell Alberto Herrera Rivera como terceros damnificados.
Consideró que la prueba testimonial demuestra el perjuicio moral y están
legitimados por activa.
81. Ahora bien, en criterio de esta Sala de decisión, los demandantes (Fabio
Herrera Salazar, María Olivia Rivera Muñoz y Michell Alberto Herrera Rivera)
acreditaron la calidad de padre, madre y hermano ante la fiscalía en
desarrollo de los actos urgentes y entrega del cuerpo.
82. La parte actora aportó como prueba documental, que se decretó en la
audiencia inicial y la parte demandada no los tachó de falsos, las
actuaciones de la Fiscalía General de la Nación tras la muerte de Fabio
Herrera Salazar:
(…)
83. Son documentos públicos que se presumen auténticos. Significa que los
servidores públicos que los elaboraron actuaron en ejercicio de sus
funciones y verificaron el parentesco con los registros civiles de nacimiento.
84. La verificación del parentesco ante la Fiscalía General de la Nación es
una realidad objetiva que no puede desconocerse en este proceso. Prospera
el recurso de apelación en cuanto a la demostración del vínculo
consanguíneo ante el ente investigador.
85. En suma, los demandantes Fabio Herrera Salazar, María Olivia Rivera
Muñoz y Michell Alberto Herrera Rivera acreditaron el parentesco de padre,
madre y hermana respectivamente.
86. En cuanto a la demandante Ana Catherine Herrera Rivera no demostró
el parentesco ante la Fiscalía General de la Nación ni en este proceso, por
eso se mantendrá la decisión del a quo que le negó la indemnización”
En lo atinente a la concausa:
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“92. Al morir la víctima presentó una concentración de etanol en sangre de
283 mg / 100ml. Informe de toxicología forense no. DRSOCCDTE-L
TOF0001859-2017.
(…)
104. En todo caso, esta Sala de decisión coincide con el juez de que el
dictamen valorado en conjunto con los testimonios y la inspección técnica a
cadáver arroja la certeza sobre: vía peatonal sobre el canal sin barandas e
irregularidades en el pavimento.
105. En conclusión, se demostró que la víctima caminaba en estado de
alicoramiento, tropezó por las irregularidades de la vía peatonal sin barandas
hacia el canal de aguas y cayó a este último. Falleció por el golpe en la
cabeza.
(…)
112. Concausa: culpa de la víctima
113. El estado de alicoramiento de la víctima también incidió en el resultado
fatal de la caída porque disminuyó sus capacidades motoras, sensoriales,
reacción y de reflejo.
(…)
115. La embriaguez de la víctima en el alto grado de alicoramiento en que
se encontraba contribuyó al fatal desenlace. No pudo reaccionar
eficientemente al tropezar. No estuvo en capacidad de compensar la pérdida
de equilibrio por la irregularidad en el andén y falta de señales de
advertencia.
116. En suma, el alicoramiento y la falla en servicio de la entidad demandada
contribuyeron en la muerte del peatón. Se declarará la concausa en un
50%”.
En cuanto a los perjuicios materiales:
“4.6 Indemnización de perjuicios
“Lucro cesante
117. Se demostró el vínculo laboral del demandante y salario para la para la
época de los hechos. No obstante, no se demostró la dependencia
económica de los demandantes.
118. Las testigos Viviana Andrea Yusti Velásquez y Doris Rivera Muñoz
afirmaron que la víctima vivía con los demandantes y les brindaba apoyo
económico. Esta afirmación no tiene respaldo en otros medios de prueba.
119. No se trata de imponer una tarifa legal a la ayuda económica, sino que
las pruebas deben apreciarse “de acuerdo con las reglas de la sana crítica”.
El apoyo económico suele reflejarse en transacciones que dejan un rastro
documental que no se aportó al expediente, tampoco los dichos fueron
específicos sobre los montos que el obitado aportaba, como una suma
mensual, el pago de servicios públicos desde su cuenta bancaria, etc,
falencias probatorias que no permiten tener por probada ni la dependencia,
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menos aún el valor con el que contribuía de manera permanente a los gastos
familiares de haberlo hecho.
120. No prospera el recurso de apelación en este punto”.
En conclusión, para el Tribunal accionado i) Ana Catherine Herrera Rivera no
demostró a través de ningún medio de prueba la calidad de hermana de Fabio
Andrés Herrera Rivera; a pesar que se flexibilizó la exigencia probatoria amparada
en el Decreto 1260 de 1970 y la autoridad accionada acudió a otros medios de
prueba que, si bien demostraron el vínculo de los demás demandantes, estos no
fueron suficientes para establecer que la señora Herrera Rivera, en efecto, era la
hermana de la víctima; ii) el informe de toxicología forense DRSOCCDTE-L
TOF0001859-2017 estableció una concentración de etanol en la sangre del fallecido
de 283 mg / 100ml, en consecuencia, se pudo establecer que el estado de
alicoramiento también incidió en el daño, debido a que generó la disminución de la
capacidad motora y sensorial, así como la capacidad de reacción de Fabio Andrés
Herrera Rivera; iii) la declaración de los testigos relativa a que la víctima prestaba
apoyo económico a sus familiares no encontró respaldo en pruebas documentales
que mostraran las transferencias con origen desde su cuenta bancaria para cubrir
los gastos familiares y tampoco se precisó la suma que presuntamente aportaba.
En virtud de lo anterior, la Sala advierte que el debate planteado en este caso fue
adecuadamente examinado por el juez competente. Asimismo, no se aprecia que
la decisión haya sido dictada de forma arbitraria, sin respaldo o análisis de los
hechos y fundamentos normativos, ni que se hayan trasgredido los derechos
fundamentales de la parte actora durante el desarrollo del proceso ordinario.
Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a
través del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de
manera clara que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender
como acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
se requiere demostrar: i) su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su
carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe aportar elementos suficientes
que permitan al juez constitucional advertir tal vulneración24.
5.3. A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la parte accionante pretende
imponer su interpretación normativa sobre las consideraciones expuestas por la
autoridad enjuiciada, así como reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada
y continuar con el debate surtido en el trámite del proceso primigenio, pues a partir
de la revisión del proceso se advierte que los argumentos expuestos en este
escenario guardan identidad con lo esbozado en el recurso de apelación
interpuesto, sin que haya demostrado la violación del derecho fundamental para el
que pidió su protección.
24 Sentencia SU215 de 2022.
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Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada está
encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite del proceso ordinario,
toda vez que reitera argumentos de índole legal y probatorio desarrollados, sin
esbozar las razones concretas por las cuales el derecho fundamental invocado fue
vulnerado con la providencia atacada, lo que escapa de la órbita del juez
constitucional, toda vez que la decisión censurada se sustenta en el principio de
autonomía judicial.
5.4. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y
subsidiaria, por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una
posible agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión
proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un
nuevo estudio del caso como si fuera una instancia adicional a lo ya surtido.
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada25, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o
de interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso
ordinario26.
Así las cosas, la Sala concluye que la acción de tutela no cumple con el requisito
de relevancia constitucional, aspecto que la torna en improcedente.
5.5. En cuanto al cargo por desconocimiento del precedente, la parte accionante
hizo referencia a diversas decisiones judiciales que analizaron el alcance del artículo
105 del Decreto 1260 de 1970 en cuanto a la prueba de parentesco y a la
indemnización a los padres de la víctima cuando estos no cuenten con ingresos. Sin
embargo, la Sala advierte que la solicitud de amparo se limitó transcribir apartes de
las providencias que considera aplicables, sin desarrollar un análisis metodológico
y comparativo de los elementos fácticos y jurídicos de cada una de ellas en relación
con los fundamentos del fallo que aquí se censuró.
Adicionalmente, no explicó las razones por las cuales sostiene que tales asuntos
contaban con el mismo marco fáctico y jurídico del proceso de reparación directa en
el que se dictó la providencia cuestionada y no identificó ninguna regla que, en su
criterio, debía ser atendida para proferir la sentencia de segunda instancia en el
proceso ordinario. En consecuencia, se advierte una falencia argumentativa del
mencionado cargo y, en tal sentido, no se abordará su estudio de fondo.
5.6. En consecuencia, la Sala advierte la improcedencia de la presente acción de
tutela y, en ese orden, declarará su improcedencia.
25 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
26 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.
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Accionantes: Ana Catherine Herrera Rivera y otros
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Ana
Catherine Herrera, Michel Alberto Herrera Rivera y Fabio Herrera Salazar en contra
del Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Cali y del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por no superar el requisito de relevancia
constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.
Notifíquese y Cúmplase,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
SFGS
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