Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01687-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01687-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01687-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
12 de junio de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01687-00
Demandantes: José Wilson Pareja Pareja y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01687-00
Demandantes: JOSÉ WILSON PAREJA PAREJA Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa por privación injusta de la libertad. Defectos por
desconocimiento del precedente judicial y fáctico
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por los señores José Wilson Pareja Pareja, Luz Dary Zúñiga Sarria, Elkin
Mauricio Pareja González, actuando en nombre propio y en representación de su
hija menor SLPR1, Sandra Milena González Zúñiga, Harold Andrés Aguirre, José
Arbey Pareja Pareja y Carlos Alberto Pareja Pareja, a través de apoderado judicial,
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 20 de marzo de 20252, la parte accionante acudió el juez constitucional con el fin
de que se amparen sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia y a la reparación integral, supuestamente
vulnerados por la autoridad judicial accionada.
En el escrito de tutela formuló la siguiente:
“PRIMERO. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y a la reparación integral que fueron vulnerados
por la accionada a los señores José Wilson Pareja Pareja, Luz Dary Zúñiga Sarria, Elkin
Mauricio Pareja González -actuando en nombre propio y en representación de su hija
menor (...), Sandra Milena González Zúñiga, Harold Andrés Aguirre, José Arbey Pareja
Pareja y Carlos Alberto Pareja Pareja.
SEGUNDO. Que como consecuencia de lo anterior se DEJE SIN EFECTOS la sentencia
fechada el 30 de septiembre de 2024 -Sentencia de segunda instancia No. 224- proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
1
Por ser menor de edad se procede a aplicar los criterios de anonimización, para lo cual se sigue de cerca las
pautas desarrolladas por la Corte Constitucional en la Circular Interna No. 10 de 2022.
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Acta de reparto.
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Demandantes: José Wilson Pareja Pareja y otros
TERCERO. Corolario de lo anterior, se ordene al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca que, en el término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del
respectivo fallo de tutela, profiera una decisión de reemplazo atendiendo al análisis
objetivo y cuidadoso del acervo probatorio en consonancia con el precedente del Consejo
de Estado y la Corte Constitucional, motivando de manera suficiente su proveído”.
2. Hechos
La parte actora mencionó que el señor José Wilson Pareja Pareja se dedicaba a las
labores de transportador terrestre y que, para diciembre de 2013, contaba con más
de treinta y ocho años de experiencia en la que se había caracterizado por ser una
persona responsable, conducía un vehículo tipo camión de placas KUM 049 que
estaba vinculado a la empresa de transportes Hernán Ramírez S.A.
Señaló que era una práctica común que los despachadores de carga hicieran envíos
por fuera de lo consignado en el manifiesto, con el fin de tener un ingreso adicional
de manera informal y que a esa modalidad se le denominaba “barbacha”.
Indicó que el 10 de diciembre de 2013, al señor José Wilson Pareja Pareja le fue
encomendada la labor de llevar unas láminas de acero -compresor-, desde Yumbo,
Valle del Cauca hacía Acacías, Meta. Tarea que fue solicitada por el señor Carlos
Alberto Saavedra Molano y aprobada por el propietario del vehículo. Manifestó que
durante el desplazamiento cuando se encontraba en el sector de Andalucía, Valle
del Cauca, unos agentes de la Policía Nacional lo detuvieron en un puesto de control
y procedieron a verificar la mercancía transportada.
Aludió que una vez la Policía Nacional removió algunas piezas del compresor
transportado descubrió que en su interior se hallaba un material vegetal seco, con
tallos y semillas, que después del procedimiento de verificación dio positivo para
marihuana con un peso total de 51 kilogramos.
Refirió que luego de realizarse la captura y la lectura de los derechos del capturado,
el 11 de diciembre de 2013 se llevó a cabo audiencia preliminar en la que se le
imputaron los cargos por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
y se solicitó medida preventiva de aseguramiento, la cual fue concedida con
detención domiciliaria en el lugar de residencia.
Manifestó que el 9 de abril de 2014, se celebró audiencia ante el juez con Función
de Control de Garantías en la que se resolvió una solicitud de permiso de trabajo,
frente a la cual se opuso el ente acusador.
Relató que el 16 de junio de 2014, se llevó a cabo audiencia de formulación de
acusación, fuera del término establecido para ello. Y que el 25 de julio del mismo
año se celebró audiencia preparatoria en la que se realizó el decreto de pruebas
pedidas por la Fiscalía General de la Nación, consistentes en las declaraciones de
los agentes que efectuaron la captura.
Arguyó que el 30 de junio de 2015, se adelantó la audiencia de juicio y que la misma
tuvo continuidad el 30 de septiembre del mismo año, a lo que agregó que el 3 de
diciembre de dicha anualidad se realizó audiencia en la que se indicó que el sentido
del fallo sería de carácter absolutorio, por presentarse error de tipo y se ordenó la
libertad inmediata del procesado.
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La decisión absolutoria tuvo como fundamento lo siguiente: “la razón fundamental es
que se enmarca y me extraña que la defensa no haya hecho mención a ello, la circunstancia
que sucedió con el señor WILSON PAREJA PAREJA es la prevista en el artículo 32 numeral
10 como la que se conoce como el error de tipo, el error de tipo consiste en que la persona
tiene un error en el conocimiento de alguno de los elementos que compone el tipo penal y
este tipo de error va aunado a lo que se menciona en los principios fundamentales o en los
pilares del Código Penal, y es que efectivamente el artículo 12 de nuestra carta represora
dice que queda erradicada todo tipo de responsabilidad objetiva”.
Sostuvo que el 14 de marzo de 2016, se llevó a cabo la audiencia de lectura de fallo,
decisión contra la cual no se interpusieron recursos por ninguna de las partes
intervinientes.
Mencionó que, con ocasión de lo anterior, el 11 de octubre de 2017 promovieron
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación –
Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial, Ministerio de Defensa Nacional,
Policía Nacional, con el fin de que se declarara responsable patrimonialmente a las
demandadas por los perjuicios sufridos por la privación injusta de la libertad del
señor José Wilson Pareja Pareja, que se suscitó entre el 10 de diciembre de 2013
al 3 de diciembre de 2015.
Sostuvo que la demanda de reparación directa le correspondió por reparto al
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga bajo el
radicado n.º 76111-33-33-001-2017-00228-00, quien, mediante sentencia de 30 de
junio de 2020 accedió a las pretensiones de la demanda y condenó a la Fiscalía
General de la Nación y a la Rama Judicial a pagar en partes iguales los perjuicios
reconocidos.
Aludió que, contra la anterior decisión, la parte vencida interpuso recurso de
apelación que fue desatado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en
sentencia de 30 de septiembre de 2024, notificada el 21 de octubre del mismo año,
por medio de la cual se revocó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia,
se negaron las pretensiones de la demanda.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora refirió que, en el asunto se cumplen con los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judicial, por cuanto: (i)
reviste de transcendencia constitucional al involucrarse un derecho fundamental,
relacionado con la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad,
cuando el procesado no es condenado por estar demostrada su inocencia; (ii) no
cuenta con otro mecanismo de defensa; (iii) se presenta dentro de un plazo
razonable atendiendo que la notificación de la sentencia reprochada se surtió el 21
de octubre de 2024; (iv) los defectos en los que incurrió la autoridad judicial
accionada se demuestran al desconocer que el proceso penal culminó con la
inocencia del procesado, por lo que los elementos para solicitar la medida de
aseguramiento no eran suficientes; (v) se identificaron de manera razonable los
hechos que constituyen la violación alegada y, (vi) no se trata de una sentencia de
tutela.
En relación con los requisitos específicos mencionó que el Tribunal accionado
incurrió en defecto fáctico, toda vez que no valoró adecuadamente las pruebas
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obrantes dentro del plenario, específicamente la decisión que enmarcó la
culminación del proceso penal y que absolvió al procesado.
Adicionalmente, indicó que se desconoció el precedente judicial fijado en la
sentencia SU-072 de 2018 por la Corte Constitucional, porque la autoridad judicial
accionada debió cuestionarse sobre la decisión tomada en el proceso penal que
llevó a la absolución del investigado, que se enmarca en la inocencia del imputado.
Consideró que conforme a las declaraciones rendidas en el proceso penal quedó
demostrada la responsabilidad de las entidades demandadas, siendo imperativo
que se confirme la decisión de primera instancia, pues más allá del régimen objetivo
o subjetivo de falla en el servicio, en cualquier escenario la consecuencia jurídica
habría sido la declaratoria de responsabilidad patrimonial.
4. Trámite procesal
Por auto de 9 de abril de 2025, se requirió a la parte accionante con el fin de que se
allegara el registro civil de nacimiento de la menor SLPR, para establecer la
representación legal que adujo su padre, el señor Elkin Mauricio Pareja González.
Acreditado lo anterior, por auto de 30 de abril de 2025, el despacho sustanciador
admitió la demanda y ordenó notificar a la parte accionante y a la autoridad judicial
accionada -Tribunal Administrativo del Valle del Cauca-. Así mismo, al Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga, a la Rama Judicial,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Fiscalía General de la Nación y
al Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, como terceros interesados en
el resultado del proceso y se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, en virtud de lo previsto en el artículo 610 del Código General del Proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios n.º 55930 a 55938 del 6
de mayo de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión3.
5. Oposición
Respuesta del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
El magistrado a cargo del despacho en el que cursó el proceso ordinario rindió
informe en el que indicó que, por medio de sentencia de 30 de septiembre de 2024,
se resolvió revocar la decisión de primera instancia que accedió a las pretensiones,
con fundamento en el acervo probatorio del que se logró establecer que las
decisiones proferidas en el proceso penal cumplieron con los criterios de
razonabilidad, proporcionalidad y legalidad establecidos, lo que permitió concluir
que la medida de aseguramiento impuesta se ajustó a la normatividad, teniendo en
cuenta que los elementos recaudados al momento en que se realizó la captura, la
naturaleza del delito y las circunstancias de la captura, por lo que no había lugar a
declarar la responsabilidad de las demandadas bajo el tipo de imputación de
privación injusta de la libertad.
Sumado a que la providencia se dictó con estricto apego al precedente judicial
establecido para la materia, por lo que expuso que con la sentencia reprochada no
se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte demandante.
3
Índice 15 Samai
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6. Terceros con interés
6.1. Respuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
El abogado adscrito a la Unidad de Asistencia Legal de la entidad rindió informe en
el que pidió que se desvincule a la entidad y, de manera subsidiaria que se nieguen
las pretensiones de la demanda. Señaló que, según las funciones asignadas a su
representada, no es la llamada a responder por lo solicitado en el escrito de tutela,
pues no tiene facultad para dejar sin efectos una decisión judicial, ni tampoco
injerencia en las decisiones que se adopten por el juez ordinario. Sumado al hecho
de que la parte acude con el fin de reabrir un debate que fue estudiado en el proceso
ordinario.
6.2. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación
El profesional de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la entidad se pronunció sobre
los hechos que dieron origen al asunto y mencionó que carece de legitimación en la
causa por pasiva para atender las súplicas de la demanda, por lo que consideró que
no existe causalidad entre las actuaciones del ente acusador y la vulneración que
alega la parte actora.
Señaló que la acción de tutela es improcedente dado su carácter residual y
subsidiario y agregó que la parte actora no sustentó de manera adecuada las
causales específicas de procedibilidad cuando se trata de controvertir una decisión
judicial, pues no hizo un desarrollo argumentativo y probatorio que dé cuenta de los
defectos que alega.
6.3. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga y
el Ministerio de Defensa - Policía Nacional, guardaron silencio aun cuando fueron
debidamente notificados del auto admisorio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Cuestión preliminar
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación
solicitaron su desvinculación de la acción constitucional, al considerar que no
ostentan legitimidad en la causa por pasiva, en razón a que no tienen competencia
para resolver lo pretendido por la parte accionante con la acción de tutela. Sumado
a ello la DEAJ pidió la vinculación de la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Cali, sin mencionar su necesidad.
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Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política, el 5 del Decreto
2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Sala
no accederá a las solicitudes de desvinculación, en tanto se advierte que su
vinculación se dio como terceros con interés en las resultas del proceso en razón a
su condición de demandados en el marco del medio de control de reparación
directa. Sumado a que no se considera procedente la vinculación solicitada, porque
la autoridad de la que se pide su participación no fungió como parte dentro del
proceso ordinario en el que se profirió la decisión reprochada.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró los
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la reparación integral, al incurrir en desconocimiento
del precedente judicial y defecto fáctico con ocasión a la sentencia de 30 de
septiembre de 2024, que revocó la decisión de primera instancia y negó las
pretensiones de la demanda de reparación directa.
4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos4 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles
y Políticos5, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del
bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20126, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 7,
precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales,
lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de
sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden
eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma
decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20058.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
4
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
5
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
6
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
7
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
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Demandantes: José Wilson Pareja Pareja y otros
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado
a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico9; (ii) Defecto procedimental absoluto10; (iii) Defecto
fáctico11; (iv) Defecto material o sustantivo12; (v) Error inducido13; (vi) Decisión sin
motivación14; (vii) Desconocimiento del precedente15 y (viii) Violación directa de la
Constitución16.
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo17 y de la Corte Constitucional18.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada
y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural,
atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de
estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
9
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
10
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
11
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
12
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
13
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
14
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
15
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
16
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las sentencias SU-114 de 2023 y SU-
061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera y SU-241 de 2024, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
17
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia
del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia
del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
18
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz
Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos
y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
7
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5. De la privación injusta de la libertad y el régimen de responsabilidad
aplicable de acuerdo con el criterio jurisprudencial desarrollado por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado
En desarrollo del artículo 90 de la Constitución Política, el legislador instituyó la
responsabilidad del Estado por la actuación o funcionamiento de sus órganos
jurisdiccionales o de sus funcionarios mediante la Ley Estatutaria 270 de 1996,
específicamente en el artículo 65, así:
“ARTÍCULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la
acción o la omisión de sus agentes judiciales.
En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento
de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la
libertad”.
De dicha norma se estableció que el Estado resulta patrimonialmente responsable
con ocasión de la actuación judicial en los siguientes eventos: i) defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia; ii) error jurisdiccional y iii) privación
injusta de la libertad.
En cuanto a la última circunstancia establecida en la norma, esto es, la
responsabilidad por los daños antijurídicos derivados de la privación injusta de la
libertad de las personas, el artículo 68 de la Ley Estatutaria 270 de 1996, dispuso lo
siguiente:
“ARTICULO 68. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. Quien haya sido privado
injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”.
De lo anterior, se observa que el legislador estableció los eventos en los cuales el
Estado puede responder por la acción u omisión de sus agentes judiciales, mas no
indicó cual era el régimen de responsabilidad aplicable en estos casos, pues estos
han sido desarrollados por el juez contencioso administrativo a través de su
jurisprudencia.
Por consiguiente, en razón a las posturas divergentes que se presentaron en los
diferentes juzgados, tribunales y hasta en las mismas Subsecciones de la Sección
Tercera del Consejo de Estado frente al régimen de responsabilidad con los que se
debían abordar los casos de privación injusta de la libertad, esta última Corporación
judicial dictó la sentencia de unificación de 17 de octubre de 201319, en la cual se
dispuso que la asignación objetiva de responsabilidad al Estado aplicaba en los
casos en que i) el detenido no cometió el delito, ii) el hecho no existió, iii) la
conducta por la cual fue detenido no es típica o, iv) por aplicación del principio in
dubio pro reo; eventos en cuya ocurrencia la antijuridicidad del daño se consideraba
presente y, por tanto, el análisis de la responsabilidad se simplificaba y con ello el
de los elementos estructurales de la responsabilidad, debiendo probarse
únicamente la ocurrencia del daño mismo.
Pese a lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de 5 de julio de
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Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado No. 52001-23-31-000-1996-07459-01, C.P.: Mauricio Fajardo
Gómez.
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201820, fijó unas pautas generales para efecto de que los jueces analizaran los
casos de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad.
En dicho pronunciamiento, la Corte Constitucional explicó que “el artículo 90 de la
Constitución no define un título de imputación y que, en todo caso, la falla en el
servicio es el título de imputación preferente, concluyó en la sentencia C-037 de
1996 que el significado de la expresión ‘injusta’ necesariamente implica definir si la
providencia a través de la cual se restringió la libertad a una persona mientras era
investigada y/o juzgada fue proporcionada y razonada, previa la verificación de su
conformidad a derecho”.
Adicionalmente, resaltó el título de imputación preferente para efecto de la
responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, esto es, la falla en el
servicio. Por consiguiente, el juez del proceso de responsabilidad debe verificar que
la privación de la libertad atendió a los requisitos fijados por la norma penal.
Es decir, en palabras de la Corte Constitucional “el juez administrativo, al esclarecer
si la privación de la libertad se apartó del criterio de corrección jurídica exigida, debe
efectuar valoraciones que superan el simple juicio de causalidad y ello por cuanto
una interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, sustento
normativo de la responsabilidad del Estado en estos casos, impone considerar,
independientemente del título de atribución que se elija, si la decisión adoptada por
el funcionario judicial penal se enmarca en los presupuestos de razonabilidad,
proporcionalidad y legalidad […] el juez administrativo podrá elegir qué título de
imputación resulta más idóneo para establecer que el daño sufrido por el ciudadano
devino de una actuación inidónea, irrazonable y desproporcionada y por ese motivo,
no tenía por qué soportarse”.
Asimismo, para esa corporación judicial el alcance que la jurisprudencia le otorgó al
evento en el que la persona que se le impuso medida de privación de la libertad y
posteriormente fue absuelto en virtud del in dubio pro reo, se debía cambiar, pues
consideró en este evento “exigen mayores esfuerzos investigativos y probatorios,
pues a pesar de su objetividad, requiere del Fiscal o del juez mayores disquisiciones
para definir si existen pruebas que permitan vincular al investigado con la conducta
punible y presentarlo como el probable autor de la misma”. Por consiguiente,
concluyó que en dicho caso no aplicaría el régimen objetivo de responsabilidad sino
el subjetivo.
Igualmente, la Corte Constitucional resaltó que la absolución mediante sentencia no
deriva necesariamente en la responsabilidad del Estado por privación injusta de la
libertad, por cuanto la detención preventiva es una figura distinta a la pena, y los
presupuestos para su procedencia también son diferentes.
Por otra parte, se debe destacar que el tribunal constitucional manifestó que
compartía la tesis de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la que se
establece que en los casos que se imponga una medida de aseguramiento cuando
el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica, “es posible predicar
que la decisión de privar al investigado de su libertad resulta irrazonable y
desproporcionada, luego, para esos eventos es factible aplicar un título de
atribución de carácter objetivo en el entendido de que el daño antijurídico se
demuestra sin mayores esfuerzos” (negrillas por fuera del texto original).
20
M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.
9
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Igualmente, se resalta que la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo en
sentencia de 15 de agosto de 2018, efectuó un cambio de postura que obedeció a
la necesidad de fijar criterio en materia del régimen de imputación aplicable; sin
embargo, dicho pronunciamiento quedó sin efecto. Tal y como lo ha precisado la
Sala de la Sección Cuarta de esta Corporación esa situación “implica es que los
operadores judiciales, en ejercicio de la autonomía e independencia que caracteriza
la actividad judicial, adopte los criterios que mejor se acompasen con las
circunstancias de cada caso en concreto, en los eventos relacionados con privación
injusta de la libertad”21. Es decir, que el juez contencioso administrativo puede aplicar
el régimen de imputación que considere pertinente según las circunstancias del
caso.
En ese orden de ideas, es evidente que, de acuerdo con la regla jurisprudencial
relacionada con la privación injusta de la libertad, prima el régimen subjetivo de
responsabilidad en el que se debe entrar a estudiar el actuar de las entidades
estatales. Sin embargo, se dispuso que en dos eventos (inexistencia del hecho y
atipicidad objetiva) es factible la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad,
pues en estas circunstancias es evidente que el ente acusador o los jueces penales,
disponen de las herramientas necesarias para definir con certeza desde el primer
momento los dos supuestos antes mencionados.
6. Estudio y solución del caso concreto
6.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia
En el asunto objeto de estudio, (i) la acción de tutela cumple el presupuesto de la
relevancia constitucional porque debe definirse si se vulneró a la parte accionante
los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la reparación integral con la sentencia de 30 de
septiembre de 2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
revocó el fallo que había accedido a las pretensiones de la demanda, para en su
lugar negarlas, en el marco del medio de control de reparación directa que promovió
contra la Nación – Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial, Ministerio de
Defensa Nacional, Policía Nacional. De allí que no se proponga un debate de
estricta legalidad, sino que la discusión se orienta a determinar si la autoridad
judicial accionada incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente
judicial, lo que conllevaría, de encontrarse acreditado, la vulneración de garantías
iusfundamentales.
En otros términos, la habilitación del estudio de fondo por el juez de tutela se justifica
en que el debate propuesto está relacionado con el contenido, alcance y goce de
los derechos fundamentales invocados, a lo que se agrega que cuenta con una
carga mínima y explicativa, conforme lo ha indicado la jurisprudencia de esta Sala.
A su vez, se tiene que (ii) la parte accionante no cuenta con otro medio de defensa
judicial, pues en el caso se agotó el recurso de apelación contra la sentencia de 30
de junio de 2020, proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Guadalajara de Buga, y se observa que no se configura ninguna de las causales de
procedencia del recurso extraordinario de revisión y de unificación de jurisprudencia,
21
Ver, entre otras, las sentencias del 13 de agosto de 2020, expediente radicado número: 11001-03-15-000-
2020-03190-00 y del 15 de junio de 2023, expediente radicado número:11001-03-15-000-2023-00397-01.
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(iii) se cumple el requisito de la inmediatez, toda vez que la providencia objetada fue
notificada el 21 de octubre de 2024 y la acción de tutela se presentó el 20 de marzo
de 2025, esto es, dentro del término prudencial precisado por esta Corporación y la
Corte Constitucional22; (iv) se identificó de manera razonable los hechos que generó
la supuesta vulneración alegada y (v) la acción no se dirige contra un fallo de tutela.
Se advierte, entonces, que se han superado los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, por lo que la Sala entrará a
efectuar el estudio de fondo del asunto bajo consideración.
6.2. La sentencia objetada dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca no incurrió en los defectos alegados
Los señores José Wilson Pareja Pareja, Luz Dary Zúñiga Sarria, Elkin Mauricio
Pareja González, actuando en nombre propio y en representación de su hija menor
SLPR, Sandra Milena González Zúñiga, Harold Andrés Aguirre, José Arbey Pareja
Pareja y Carlos Alberto Pareja Pareja, quienes actúan por intermedio de apoderado
judicial, consideran que la sentencia de 30 de septiembre de 2024, mediante la cual
la autoridad judicial accionada revocó el fallo que había accedido a las pretensiones
de la demanda, para en su lugar negarlas, en el marco del medio de control de
reparación directa que promovió contra la Nación – Fiscalía General de la Nación,
Rama Judicial, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, incurre en defecto
fáctico y desconocimiento del precedente judicial.
Sustentó su inconformidad, en síntesis, en que se adoptó la decisión que revocó la
del a quo con carencia probatoria. En específico, adujo que no se valoró
adecuadamente las pruebas obrantes dentro del plenario, de manera específica la
sentencia de 14 de marzo de 2016 por la cual culminó el proceso penal sin una
condena, por no encontrar culpable al procesado, lo que, a su juicio, desconoció
además el precedente establecido por la Corte Constitucional en la sentencia SU-
072 de 2018.
Así, para desatar la cuestión ius fundamental puesta a consideración de la Sala, se
tiene que sobre el defecto fáctico, la Corte Constitucional ha considerado que se
configura cuando “(…) se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al
proceso, o que en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya
desconocido manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos casos, que la
prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal trascendencia que sea capaz de
determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos supuestos es posible la tutela de los
derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y de acceso a la administración de
justicia, de manera que cuando los mismos no satisfagan estas exigencias, no procede el
amparo constitucional pues se trata de situaciones que se sustraen al ámbito funcional de
esta jurisdicción”.
Así mismo, ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse un
defecto fáctico: 1) Una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración
y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
22
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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analizados por el juez; 2) Una dimensión positiva, que se presenta generalmente
cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en
la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo,
fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador desconoce la
Constitución23, o cuando da por establecidas circunstancias sin que exista material
probatorio que respalde su decisión24.
Es decir, que, dado el carácter restringido y excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales, no corresponde al juez constitucional reabrir el
debate probatorio o de la interpretación de las normas legales utilizadas para
resolver el caso. Por lo tanto, su labor se limita a evidenciar aquellos errores
manifiestos del fallo, que lo hacen incompatible con los derechos fundamentales.
Sobre la aplicación del precedente judicial la Corte Constitucional ha dicho que
implica que25: “un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los)
caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo
son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la
consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión
del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado
en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su
aplicación”.
El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones
que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está
conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las
decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
En cuanto al precedente vertical, la Corte Constitucional ha dicho que el respeto por
las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía -y, en especial, de los
órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones- no constituye una facultad
discrecional del funcionario judicial, sino que es un deber de ineludible
cumplimiento. Es decir, para garantizar un mínimo de seguridad jurídica y el derecho
a la igualdad, los funcionarios judiciales se encuentran vinculados a la regla
jurisprudencial que haya fijado el órgano de cierre de cada jurisdicción.
En resumidas cuentas, para examinar la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, por desconocimiento del precedente judicial, se deben
observar las siguientes reglas26:
1. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y
exponer las razones por las que estima que se desconoció 27.
2. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría dejado
de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya decidido.
3. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de aplicar.
23
Sentencia T-781 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
24
Sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
25
Sentencia T-158 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
26
Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
27
La Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya
dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es
necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se
aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar
que las sentencias (i) se refieren a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio
decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del
precedente, por vía analógica” (se destaca).
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4. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias
entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para
apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del
precedente judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento
del precedente si el juez expone las razones para apartarse.
5. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de
la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que
el juez hace de las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso
concreto28.
6. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del
derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la garantía de la
confianza legítima.
De las pruebas documentales allegadas a este trámite constitucional, se observa,
tal como fue narrado en los hechos y sin que fuere objeto de reproche, que el señor
José Wilson Pareja Pareja fue capturado el 10 de diciembre de 2015, y una vez
legalizada su captura se le impuso medida de aseguramiento con detención
domiciliaria en su lugar de residencia29. Posteriormente, el 3 de diciembre de 2015,
luego de surtidas las diferentes etapas del proceso penal, se realizó la lectura de la
decisión -fallo absolutorio por presentarse error de tipo previsto en el artículo 32
numeral 10 de la Ley 599 de 200030-, y se ordenó la libertad inmediata.
También se constata que por los hechos narrados relativos a la privación de la
libertad del señor José Wilson Pareja Pareja, él junto con los señores Luz Dary
Zúñiga Sarria, Elkin Mauricio Pareja González, actuando en nombre propio y en
representación de su hija menor SLPR, Sandra Milena González Zúñiga, Harold
Andrés Aguirre, José Arbey Pareja Pareja y Carlos Alberto Pareja Pareja,
presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra
la Nación – Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial, Ministerio de Defensa
Nacional, Policía Nacional, con el fin de que se declarara la responsabilidad por la
privación injusta de la libertad a la que fue sometido el señor José Wilson Pareja
entre el 10 de diciembre de 2013 y el 3 de diciembre de 2015, la cual fue de
conocimiento en primera instancia del Juzgado Primero Administrativo del Circuito
de Guadalajara de Buga con radicado n.° 76111-33-33-001-2017-00228-00.
Al decidir la controversia, el Juzgado Primero Administrativo de Guadalajara de
Buga en sentencia de 30 de junio de 2020, accedió a las pretensiones de la
demanda bajo el título de responsabilidad objetiva y condenó a las demandadas al
pago de los perjuicios reclamados, tras analizar que al llegarse a la conclusión de
que el implicado no cometió la conducta imputada, que generó la absolución del
proceso que se adelantó en su contra, no cabía duda de que la cautela restrictiva
de la libertad fue injusta y mencionó que el señor José Wilson Pareja no se hallaba
en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó, independiente del obrar
de que la administración de justicia se hubiese ajustado o no a derecho. Al respecto,
sostuvo que: “bajo la modalidad del régimen objetivo de responsabilidad, la autoridad
28
Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es “la formulación general, más allá de las particularidades
irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial
específica. Es, si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte resolutiva”. Ver, por ejemplo, la
sentencia T-443 de 2010.
29
Acta de audiencia de 11 de diciembre de 2013. Radicado n.º 76834-60-00-187-2013-04307-00.
Juzgado Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Andalucía, Valle del Cauca.
30
10. Se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción
típica o de que concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Si el error
fuere vencible la conducta será punible cuando la ley la hubiere previsto como culposa.
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judicial que impuso la medida de aseguramiento no puede exonerarse del deber de reparar,
con la argumentación de que su comportamiento fue diligente o cuidadoso”.
Contra la anterior decisión, la parte vencida interpuso recurso de apelación que fue
desatado por sentencia de 30 de septiembre de 2024, por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, en la que se revocó la sentencia de 30 de junio de 2020 y, en
consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.
Para llegar a esa conclusión, la autoridad judicial accionada abordó el análisis del
caso bajo el régimen subjetivo de falla en el servicio con el fin de establecer si había
lugar o no a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado en cabeza de la
Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial con ocasión de los daños y
perjuicios presuntamente causados al extremo accionante con ocasión de la
privación de la libertad de la que fue objeto el señor José Wilson Pareja Pareja. En
esa medida, hizo la siguiente relación probatoria:
“• Copia del proceso que se adelantó en contra del señor José Wilson Pareja
Pareja, ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Tuluá (V), bajo el radicado No. 768343104022014-00024-00.
• Solicitud medida de aseguramiento contra el señor José Wilson Pareja Pareja,
en calidad de investigado presentada en la solicitud de audiencia preliminar, de
fecha 11 de diciembre de 2013, suscrito por la Fiscal 31 Seccional de Tuluá (V).
• Escrito de Acusación y llamamiento a Juicio al señor José Wilson Pareja Pareja,
presentado en el Escrito De Acusación Con Detenido Sin Allanamiento A Cargos,
de fecha 04 de febrero de 2014, suscrito por la Fiscal 32 Seccional de Tuluá (V),
por el delito de Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes Agravado, en
Calidad de Autor bajo el verbo rector de Transportar, donde se extrae en sus
argumentos:
“para el día 10 de diciembre de 2013, siendo las 20:50 horas se instaló un puesto
de control ordenado por el capitán CRISTIAN MORENO PULIDO, comandante
de la compañía JUNGLA, por la vía que de Tuluá conduce a ANDALUCIA, a la
altura de la estación de servicio Andalucía en las coordenadas N 04o09’42.16``
W076o10’32.49`` y siendo las 21:20 horas se observó que se aproximaba un
vehículo tipo camión de placas KUM 049, donde va una persona a quien
posteriormente se identificara con el nombre de JOSE WILSON PAREJA
PAREJA, se hace la señal de alto por parte del personal del puesto de control
para practicarle una requisa de control a la que voluntariamente accede, al
verificar la carrocería, se observa que transporta un compresor color salmón que
por su fabricación artesanal se procedió a sacarle unos tornillos de la parte
superior observando que en su interior llevaba unos paquetes envueltos en cinta
de color café, que contienen una sustancia vegetal color verde con hojas, tallos
y semillas con características similares a la marihuana prensada.”
• Audiencia para la legalización de la captura realizada por el Juzgado Promiscuo
Municipal con Función de Control de Garantías, en donde se legalizó la captura
y se le impuso medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria
en su lugar de residencia al señor José Wilson Pareja Pareja.
• Audiencia de formulación de acusación realizada en el Juzgado Segundo Penal
del Circuito con Funciones de Conocimiento de Tuluá (V), del día 16 de junio de
2014.
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• Sentencia Absolutoria No. 057 del 14 de marzo de 2016 a favor del señor José
Wilson Pareja Pareja, contra la cual no se interpusieron recursos.
• Certificación No. 233-CPMSTUL-JUR-144 del 18 de febrero de 2019, donde se
aprecia que el señor José Wilson Pareja Pareja, identificado con cedula de
ciudadanía número 16.855.598, con fecha de captura 10/12/2013 y fecha de
ingreso al establecimiento carcelario el 11/12/2013, por el delito de tráfico,
fabricación o porte de estupefacientes, el cual el mismo día 11/12/2013 salió en
detención domiciliaria en la dirección carrera 2 No. 2 – 40 en Bugalagrande –
Valle, concedida por el juzgado promiscuo municipal de Andalucía Valle con
función de garantías, quedando en libertad por sentencia absolutoria el día
04/12/2015 por parte del juzgado segundo penal de circuito con funciones de
conocimiento de Tuluá – valle, es de anotar que el señor José Wilson Pareja
Pareja nunca estuvo privado de la libertad intramuralmente”.
Con fundamento en lo anterior desarrolló el marco normativo aplicable al caso en
concreto relacionado con la responsabilidad del Estado por privación injusta de la
libertad, para lo cual consideró la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional
sobre la materia y mencionó las sentencias C-037 de 1996, SU-072 de 2018 y T-
045 de 2021. A partir de ello, indicó que el caso debía valorarse bajo el título de falla
en el servicio, que exige la acreditación de una privación de la libertad injusta,
derivada de la ausencia de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y
legalidad para proferir la medida de aseguramiento. Sobre el caso en particular dijo:
“Consta que el Juzgado Promiscuo Municipal con Función de Garantías de
Andalucía Valle impuso la medida de aseguramiento en el lugar de residencia,
previa legalización de la captura y formulación de la imputación, por los cargos
como presunto autor del delito de “Tráfico, Fabricación o Porte de
Estupefacientes”, cuyas razones para ello se ajustaron a derecho, pues el señor
Pareja Pareja fue capturado en flagrancia y según la denuncia y las pruebas
recaudadas hasta el momento procesal, se ameritaba continuar con la
investigación en contra del aquí demandante, conforme en el camión que
conducía llevaba un compresor lleno con 51 kilogramos de marihuana.
Para la Sala, es claro que las decisiones que se tomaron en el proceso penal,
cumplieron los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad, es decir,
fue completamente ajustado a la ley imponer la medida de aseguramiento,
teniendo en cuenta las pruebas obtenidas al momento de la captura, la
naturaleza del delito y las circunstancias mismas de la captura, cabe decir que
el tiempo en el que estuvo detenido el procesado, aquí demandante, no fue
generado con el deseo de los funcionarios de generarle un perjuicio al señor
Pareja Pareja, para catalogar de injusto el tiempo que estuvo detenido.
Que posteriormente en la investigación por parte de la Fiscalía no haya logrado
conseguir las pruebas necesarias para que el señor Juez Penal de Conocimiento
condenara al procesado, y en su lugar considerara darle crédito a lo dicho por
los policías en el sentido de que en el concepto de ellos, el señor Pareja no tenía
conocimiento del contenido ilegal que llevaba en su carga y decidiera absolver
al procesado José Wilson Pareja Pareja, esto no genera automáticamente que
la solicitud ni la imposición de la medida de aseguramiento de detención
preventiva se haya fundado en criterios irrazonables, desproporcionados o
ilegales que permitan concebir que la privación de la libertad haya sido «injusta».
Por lo expuesto, la Sala revocará la sentencia de primera instancia y denegará
las pretensiones de la demanda, dada la ausencia de responsabilidad estatal en
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cabeza de las demandadas por ausencia de una privación de la libertad que
tenga la connotación de injusta.”.
Según se vio la sentencia objetada llegó a la conclusión de que las decisiones que
se adoptaron en el proceso penal cumplieron con los criterios de razonabilidad,
proporcionalidad y legalidad, por lo que resultaba ajustado imponer la medida de
aseguramiento teniendo en cuenta las pruebas obtenidas al momento en que se
impuso la captura, por la naturaleza del delito y por las circunstancias que rodearon
la misma, ya que el señor José Wilson Pareja fue capturado en flagrancia y
ameritaba continuar con la investigación penal, pues el camión que conducía llevaba
un compresor con 51 kilogramos de marihuana.
En este punto se debe destacar que conforme se dijo en líneas anteriores, la Corte
Constitucional en sentencia SU-072 de 2018, fijó unas pautas generales para efecto
de que los jueces analizaran los casos de responsabilidad del Estado por privación
injusta de la libertad. En esa oportunidad señaló que el juez administrativo debe
analizar si la medida de aseguramiento que se adoptó fue razonable, proporcional
y legal, independiente del título de imputación y régimen de responsabilidad
aplicable. Este precedente fue, además, reiterado en la sentencia SU-126 de 2025,
en la que se concluyó que la autoridad judicial allí accionada en sus consideraciones
para negar las pretensiones reparatorias, no fueron adecuadas a efectos de
establecer si se causó un daño antijurídico con la imposición de la medida de
aseguramiento, pues no se dijo nada sobre la finalidad de la imposición de la medida
de aseguramiento, ni sobre la existencia y gravedad de los indicios para su
imposición, como tampoco la valoración adecuada de las pruebas para fundamentar
los indicios que llevaron a la misma.
Así las cosas, para la Sala contrario a lo manifestado por la accionante, no se
configuran los defectos alegados, toda vez que la decisión reprochada hizo una
valoración de los elementos probatorios allegados y recopilados en el proceso
penal, entre ellos, de la sentencia de 14 de marzo de 2016, en la que se absolvió al
señor José Wilson Pareja Pareja de la conducta endilgada. A partir de ello, el
Tribunal accionado llegó a la conclusión de que la privación no tuvo el carácter de
“injusta” por las particularidades que rodearon la captura, para lo cual destacó que
el procesado conducía el camión que transportaba la mercancía que contenía
marihuana.
Si bien la parte actora manifestó que la decisión reprochada no tuvo en
consideración que la decisión absolutoria llegó a la conclusión de que el actor debía
ser absuelto de la conducta imputada -tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes-, se advierte que como ya lo ha expresado reiteradamente esta
Sala31, las valoraciones que se efectúan en el proceso penal son distintas a aquellas
que se hacen en el contencioso administrativo, pues en el primero van encaminadas
a determinar si la conducta es típica, antijurídica y culpable, mientras que en el
contencioso, en los casos de privación injusta de la libertad, se realiza un análisis
con elementos de juicio propios del dolo y la culpa civil, a tal punto que el hecho de
que no se declare la responsabilidad penal no establece per se la responsabilidad
del Estado.
31
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 22 de mayo de 2019, exp. Nº 11001-03-15-000-2018-04479-00, C.P.
Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia de 5 de marzo de 2020, exp. Nº 11001-03-15-000-2019-05114-00, C.P. Julio
Roberto Piza Rodríguez, Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 8 de julio de 2021, exp. Nº 11001-03-15-000-
2021-02189-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
16
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Al respecto, la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado ha precisado
que al juez de la responsabilidad no le corresponde desvirtuar la presunción de
inocencia sino analizar la culpa civil, de modo que existe una “separación entre la
investigación penal y la absolución y la indemnización que debe ordenar el juez de la
responsabilidad del Estado, esto último siguiendo los parámetros del artículo 90
Constitucional bajo los lineamientos de los artículos 2, 83 y 95 del mismo ordenamiento” .
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En hilo con lo anterior, esta Sala ha reiterado que “la parte demandante no puede
suponer que la absolución de responsabilidad penal del investigado constituya per se un
veredicto automático de responsabilidad extracontractual del Estado, y que, en sede
contencioso administrativa, se deba declarar que existió un daño atribuible a la
administración, por la privación de su libertad. Al decidir esta clase de asuntos, el juez
administrativo no puede prescindir del análisis de los hechos que rodearon la decisión de
la privación de la libertad, se insiste, sin incidir en su ya declarada ausencia de
responsabilidad penal”.
En este sentido, no se observa la alegada vulneración de los derechos
fundamentales, fundamentada en la indebida valoración probatoria de la decisión
absolutoria por parte de la autoridad judicial accionada, ni el desconocimiento de la
sentencia SU-072 de 2018, en los términos propuestos en el escrito de tutela.
Así las cosas, como se indicó en líneas anteriores los elementos que se deben
estudiar en el proceso penal y el de la reparación directa, son distintos, por tanto,
no era factible suponer que solo por el hecho de contar con una decisión absolutoria
se constituía de manera automática la existencia de un daño atribuible a la
administración por la privación injusta de libertad. Pues en el caso bajo examen, la
autoridad judicial accionada debía analizar si dicha privación fue injusta, que de cara
a lo demostrado, se logró establecer que al momento en que se impuso la medida
preventiva de detención domiciliaria, se contaba con un grado de certeza soportado
en las circunstancias que rodearon el caso, esto es que la captura se efectuó en
flagrancia y que el señor José Wilson Pareja Pareja conducía el camión en el que
se transportaba la mercancía en la que fue hallada la marihuana.
Por las razones expuestas, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela
promovida por los señores José Wilson Pareja Pareja, Luz Dary Zúñiga Sarria, Elkin
Mauricio Pareja González, actuando en nombre propio y en representación de su
hija menor SLPR, Sandra Milena González Zúñiga, Harold Andrés Aguirre, José
Arbey Pareja Pareja y Carlos Alberto Pareja Pareja, quienes actúan a través de
apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,
FALLA
Primero.- Negar las solicitudes de desvinculación de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y de la Fiscalía General de la Nación.
32
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B” sentencia de 10 de mayo de 2018, exp. Nº 27001-23-31-000-2009-
00163-01, C.P. Stella Conto Díaz Del Castillo.
17
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www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01687-00
Demandantes: José Wilson Pareja Pareja y otros
Segundo.- Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por los señores
José Wilson Pareja Pareja, Luz Dary Zúñiga Sarria, Elkin Mauricio Pareja González,
actuando en nombre propio y en representación de su hija menor SLPR, Sandra
Milena González Zúñiga, Harold Andrés Aguirre, José Arbey Pareja Pareja y Carlos
Alberto Pareja Pareja, quienes actúan a través de apoderado judicial, contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones aquí expuestas.
Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo del Consejo.
Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx
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