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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01692-00

Fecha
5 de mayo de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01692-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el abogado Fernando Figueroa Narváez, en nombre del señor Wilmer Arley Meneses Cueltan. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-01692-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

5 de mayo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01692-00
Demandante: Wilmer Arley Meneses Cueltan

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01692-00
Demandante: WILMER ARLEY MENESES CUELTAN
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN POR FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA
CAUSA POR ACTIVA – El abogado que presentó la solicitud de amparo no allegó el
poder especial y específico requerido / IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR AUSENCIA DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – Se pretende utilizar el trámite constitucional como una instancia
adicional y no se cumplió con la carga mínima de justificación frente a una de las
providencias cuestionadas.

La Sala1 decide la acción de tutela instaurada en nombre de Wilmer Arley Meneses
Cueltan contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 20 de marzo de 20252, el abogado Fernando Figueroa Narváez instauró acción de
tutela en nombre de Wilmer Arley Meneses Cueltan y contra la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, a fin de que se ampararan sus derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la libertad
de aquel. En consecuencia, solicitó que se ordenara su libertad de forma inmediata.

2. De la demanda de tutela, se extraen los siguientes hechos y argumentos jurídicamente
relevantes:

1
Se advierte que el 9 de abril de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para
elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. Además, entre el 12 y el 20 de abril de 2025, transcurrió
el periodo de vacancia judicial por Semana Santa.
2 Samai, índice 2.

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3. El 13 de julio de 2023, el señor Meneses Cueltan fue acusado del delito de homicidio
agravado en el proceso penal 41-551-60-00-597-2023-00566-00. El 13 de septiembre
del mismo año, se instaló la audiencia preparatoria.

4. En esa última oportunidad, la Fiscalía General de la Nación descubrió elementos
materiales probatorios de modo «sorpresivo», por lo que el defensor del acusado,
Fernando Figueroa Narváez, solicitó la reprogramación de la audiencia.

5. Aquel pidió una segunda reprogramación el 26 de septiembre de 2023, en tanto el
descubrimiento probatorio de la Fiscalía había sido «incompleto». Luego, solicitó una
tercera programación porque aún no había culminado sus labores investigativas.

6. La audiencia preparatoria fue reprogramada para el 24 de octubre de 2024; sin
embargo, no pudo celebrarse por la inasistencia del acusado. Como consecuencia, se
llevó a cabo el 6 de noviembre siguiente, fecha en la que el defensor alegó una nulidad
por otro descubrimiento probatorio «sorpresivo» de la Fiscalía. Empero, el Juzgado
Primero Penal del Circuito de Pitalito decretó la práctica de pruebas, decisión que fue
apelada por el apoderado del sindicado.

7. En virtud de lo anterior, el expediente fue remitido a la Sala Penal del Tribunal Superior
de Neiva. Para el 1° de diciembre de 2024, esa Corporación no había adoptado la
decisión a su cargo, por lo que el defensor del acusado solicitó su libertad por
vencimiento de términos, de conformidad con el numeral 5° del artículo 317 del Código
de Procedimiento Penal. Esta solicitud se sustentó en que el señor Meneses Cueltan
tenía doce días a su favor, descontando aquellos utilizados en su defensa.

8. El Juzgado Segundo Penal Municipal de Pitalito con función de control de garantías
denegó la solicitud aludida, argumentando que el defensor del acusado dilató el proceso,
incluso, con la apelación del auto por el cual se decretó la práctica de pruebas.

9. El defensor apeló la anterior decisión y, el 12 de marzo de 2025, en cumplimiento de
una orden de tutela3, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito la confirmó. Este
adujo que el término de trece días para resolver la apelación contra el auto de decreto
de pruebas también debía ser atribuido a la defensa del acusado.

10. Así las cosas, el defensor ejerció la acción de habeas corpus en representación del
señor Meneses Cueltan, dando origen al proceso 41-001-23-33-000-2025-00077-00,
cuyo trámite en primera instancia correspondió al magistrado Jorge Alirio Cortés Soto,
integrante del Tribunal Administrativo del Huila.

3 El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito había programado la audiencia en la cual adoptaría su

decisión para el 9 de abril de 2024, lo que fue considerado un término excesivo por el defensor del acusado,
quien, en consecuencia, instauró acción de tutela con el propósito de que dicha audiencia fuera celebrada
más pronto. Esta pretensión fue concedida por la Sala Tercera de Decisión Penal del Tribunal Superior de
Neiva mediante sentencia del 18 de febrero de 2024.

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11. Dicho magistrado denegó el amparo deprecado, por considerar que el Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Pitalito acertó al negar la solicitud de libertad por
vencimiento de términos, en tanto la tardanza en la resolución del recurso de apelación
interpuesto contra el auto de decreto de pruebas era imputable al defensor, y por cuanto
las reprogramaciones de la audiencia preparatoria obedecieron a maniobras dilatorias
de este.

12. Esa decisión fue impugnada y, posteriormente, confirmada por el magistrado Juan
Enrique Bedoya Escobar, integrante de la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado. Este argumentó que la motivación del Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Pitalito se enmarcó en el ejercicio de su autonomía y que, aunque hubiera
días a favor del acusado con posterioridad al 9 de diciembre de 2024, aquellos no podrían
ser tenidos en cuenta en la resolución de la acción de habeas corpus.

13. A juicio del abogado Fernando Figueroa Narváez, los jueces y magistrados que
denegaron la solicitud de libertad por vencimiento de términos y la acción de habeas
corpus incurrieron en una vía de hecho por desconocimiento de las disposiciones y el
precedente aplicables.

14. Aclaró que ninguna disposición califica la apelación del auto de decreto de pruebas
como una maniobra dilatoria, y que ello fue corroborado por la Corte Suprema de Justicia
en las sentencias STP 1612-2021 y STP 11778-2024.

15. Agregó que, según dichas sentencias, la apelación del auto de decreto de pruebas
no es una maniobra dilatoria de la defensa que justifique la suspensión de los términos
de libertad del acusado durante el período de adopción de la decisión correspondiente,
por lo que la acción de habeas corpus procede ante «aquellos casos».

16. Expuesto lo anterior, acusó al Juzgado Segundo Penal Municipal de Pitalito de
adoptar una decisión con fundamento en normas inaplicables al caso, de confundir las
fechas en las cuales se formuló la acusación y de extralimitarse en el ejercicio de su
autonomía.

17. De otra parte, adujo que en ninguna disposición se estipuló que el plazo dentro del
cual se resuelva la apelación contra el auto de decreto de pruebas deba imputarse a la
defensa, como lo sostuvo el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito. En
consecuencia, acusó a esa autoridad judicial de descontar indebidamente términos en
contra del acusado, así como de desconocer los que habían transcurrido en su favor.

18. Añadió que, si en gracia de discusión se descontaran los trece días dentro de los
cuales se resolvió la apelación del auto de decreto de pruebas, de igual forma habría 209
días a favor del acusado para el momento de presentación de la acción de tutela.

19. Por otro lado, resaltó que el consejero Juan Enrique Bedoya Escobar no expuso
ningún fundamento jurisprudencial que demostrara la conformidad de su decisión a

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derecho, y que se limitó a convalidar las vías de hecho en las cuales incurrieron los
jueces penales. En consecuencia, lo acusó de incurrir en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente de la Corte Suprema de Justicia, de las garantías
consagradas en el artículo 29 constitucional, del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

20. Finalmente, calificó su solicitud de amparo como procedente por las vías de hecho
alegadas.

B. Trámite impartido e intervenciones

21. Mediante auto del 27 de marzo de 20254, el despacho sustanciador admitió la acción
de tutela y ordenó notificar, como demandado, al magistrado Juan Enrique Bedoya
Escobar, integrante de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
También dispuso la notificación de los titulares de los juzgados Segundo Penal Municipal
de Pitalito, Segundo Penal del Circuito de Pitalito y Primero Penal del Circuito de Pitalito,
en calidad de terceros con interés.

22. A través del mismo auto, se requirió al abogado Fernando Figueroa Narváez para
que presentara el documento mediante el cual se le hubiera conferido poder especial
para instaurar acción de tutela en nombre de Wilmer Arley Meneses Cueltan.

23. El titular del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito5 solicitó negar la
solicitud de amparo, con el argumento de que su decisión se ajustó a derecho, que no
encontró configurada la causal invocada en la petición de libertad y que efectuó un
cómputo de términos objetivo.

24. Igualmente, calificó la acción de tutela como improcedente y advirtió que no puede
ser utilizada para acceder a una instancia adicional. Agregó que tampoco puede ser
empleada para obtener la libertad del acusado o para controvertir la negación de sus
solicitudes, pues esas cuestiones deben ser resueltas dentro del proceso penal.

25. El magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar6 explicó que su decisión se sustentó
en que, en sede de habeas corpus, no se podía determinar si la privación de libertad del
señor Meneses Cueltan se había prolongado ilegalmente, pues esa cuestión debía ser
resuelta por los jueces penales con función de control de garantías, de conformidad con
los artículos 153 y 154 de la Ley 906 de 2004.

26. Indicó que, además, tuvo en consideración que el aquí accionante ya había acudido
a dichos jueces, obteniendo decisiones desfavorables. Agregó que, sin pretender
generar una instancia adicional, verificó la contabilización de términos de los jueces

4
Samai, índice 4.
5 Samai, índice 8.
6 Samai, índice 9.

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penales, concluyendo que la solicitud de libertad del señor Meneses Cueltan era
improcedente.

27. Por otro lado, advirtió que los argumentos de la acción de tutela no se dirigen contra
su verificación de términos, sino contra la decisión del Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Pitalito, también señalada como una vía de hecho en la acción de habeas
corpus.

28. Dicho lo anterior, calificó la acción de tutela como improcedente, resaltando que se
encamina a generar una instancia adicional.

29. El abogado Fernando Figueroa Narváez no cumplió el requerimiento efectuado
mediante el auto del 27 de marzo de 2025, pese a haber sido notificado al respecto 7.

II. CONSIDERACIONES

C. Competencia

30. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991,
en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno
del Consejo de Estado).

D. Problema jurídico

31. La Sala determinará si la solicitud de amparo presentada en nombre de Wilmer Arley
Meneses Cueltan es procedente, de conformidad con los requisitos generales de la
acción de tutela y aquellos especialmente establecidos por la jurisprudencia para
cuestionar providencias judiciales por vía de tutela.

32. Sólo en caso afirmativo, la Subsección también establecerá si los jueces Segundo
Penal Municipal de Pitalito y Segundo Penal del Circuito de Pitalito, así como los
magistrados Jorge Alirio Cortés Soto y Juan Enrique Bedoya Escobar, incurrieron en los
defectos alegados en la acción de tutela y, con ello, vulneraron los derechos
fundamentales del señor Meneses Cueltan.

E. Análisis de la Sala

Improcedencia de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por activa

33. Según el primer inciso del artículo 86 de la Constitución, toda persona podrá ejercer
la acción de tutela en nombre propio o mediante apoderado para obtener la protección
inmediata de sus derechos fundamentales.

7 Samai, índice 7.

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34. Lo anterior, de acuerdo con la Corte Constitucional8, implica que el amparo debe ser
solicitado por el titular de los derechos presuntamente vulnerados. En otras palabras, ha
de ser reclamado por quien posea legitimación en la causa por activa.

35. Al respecto, la Corte9 ha advertido que, so pretexto de ejercer la acción de tutela, no
puede asumirse de forma indeterminada o ilimitada la representación de otra persona.
Además, ha señalado que la informalidad propia de dicha acción no supone la
inexistencia de requisitos mínimos de procedibilidad, como la legitimación en la causa
por activa.

36. Ahora, en línea con el artículo 86 constitucional, en el artículo 10 del Decreto 2591
de 1991 se consagró la posibilidad de ejercer la acción de tutela a través de
representante legal, de apoderado judicial o de agente oficioso. En el mismo artículo 10,
además, se estableció que los poderes respectivos se presumirán auténticos.

37. Frente al ejercicio de la acción de tutela mediante apoderado judicial, la Corte
Constitucional10 ha explicado que el poder correspondiente debe ser otorgado mediante
un escrito, no sólo dirigido a un profesional del derecho, sino de carácter especial. Por
esto último, el poder conferido para promover un proceso judicial distinto al de tutela no
supone la facultad de presentar la solicitud de amparo constitucional, así se motive en
hechos relacionados con aquel.

38. Adicionalmente, el máximo tribunal ha explicado que el poder especial mencionado
debe conferirse «para el fin específico y determinado de representar los intereses del
accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o
persona y en relación con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensión»11.

39. Lo anterior significa que el poder, además de ser especial, debe ser específico, es
decir, debe contener la identificación de la autoridad contra la cual se dirige la acción de
tutela y ha de incluir los derechos fundamentales cuya protección se reclama.

40. De conformidad con lo expuesto, la Corte Constitucional12 ha señalado que,
tratándose de acciones de tutela dirigidas contra providencias judiciales, es
indispensable que la decisión frente a la cual se solicita el amparo sea identificada en el
poder conferido para el efecto.

41. Finalmente, la Corte13 ha establecido que la falta de poder especial para presentar la
acción de tutela conlleva que sea declarada «improcedente ante la falta de legitimación
por activa».

8 Sentencia T-406 de 2017.
9 Sentencias T-417 de 2013 y T-020 de 2016.
10 Sentencia T-531 de 2002, reiterada en la sentencia T-292 de 2021.
11 Sentencia T-001 de 1997.
12 Sentencias T-658 de 2002, T-451 de 2006, T-998 de 2006, T-024 de 2019 y T-106 de 2023.
13 Sentencia T-658 de 2002, reiterada, entre otras, en las sentencias T-088 de 1999 y T-292 de 2021.

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42. Ahora, el abogado Fernando Figueroa Narváez instauró acción de tutela en nombre
de Wilmer Arley Meneses Cueltan, identificándose como su apoderado. Sin embargo, no
aportó el poder especial correspondiente.

43. En consecuencia, el despacho sustanciador requirió al abogado Figueroa Narváez
para que presentara dicho poder. Empero, este hizo caso omiso, lo cual impone concluir
que carece de legitimación en la causa por activa y, por consiguiente, que la acción de
tutela es improcedente.

44. Sobre el particular, se resalta que la ley y la jurisprudencia han facilitado al máximo
el otorgamiento de los poderes a los profesionales del derecho, por lo cual resulta
inexcusable que un abogado actúe sin mandato presentar la acción de tutela.

45. Adicionalmente, el hecho de que el abogado Figueroa Narváez fungiera como
apoderado14 del señor Meneses Cueltan en el proceso penal no conllevaba,
automáticamente, la facultad de instaurar la acción de tutela en cuestión, pues esto, de
conformidad con las reglas expuestas en precedencia, requería del otorgamiento de un
poder especial y específico.

46. Cabe advertir que la privación de libertad del señor Meneses Cueltan15, por sí sola,
no implicaba la imposibilidad de conferir poder para la presentación de la solicitud de
amparo constitucional objeto de estudio. En consecuencia, no hay lugar a flexibilizar la
exigencia de dicho poder, máxime cuando el abogado Figueroa Narváez no expuso
explicación alguna frente a su incumplimiento.

47. Finalmente, es importante señalar que el hecho de que un asunto involucre población
privada de la libertad no conlleva, per se, la obligación de exceptuar la exigencia de
poder especial y específico para la presentación de la acción de tutela16.

Improcedencia de la acción de tutela por falta de relevancia constitucional

48. Si en gracia de discusión se flexibilizara la exigencia de legitimación en la causa por
activa, admitiendo el ejercicio de la acción por parte del abogado Figueroa Narváez, lo
cierto es que la solicitud de amparo constitucional tampoco satisface el primero de los

14 Esa condición se deriva del hecho de que dicho abogado asistió en representación del señor Meneses

Cueltan a la audiencia en la cual se adoptó una decisión respecto de la solicitud de libertad por vencimiento
de términos (archivo 15 del cuaderno de primera instancia del expediente electrónico anexo a la
intervención de la titular del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito).
15 Esa circunstancia se infiere de la solicitud de revocación de medida de aseguramiento privativa de la

libertad impuesta contra el señor Meneses Cueltan (archivo 01 del cuaderno de primera instancia del
expediente electrónico anexo a la intervención de la titular del Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Pitalito).
16 Al respecto, puede consultarse la sentencia T-292 de 2021 de la Corte Constitucional, mediante la cual

se declaró improcedente una acción de tutela contra providencia judicial, promovida por quien se identificó
como apoderada general del titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados, quien, a su
vez, se hallaba privado de la libertad.

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requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial: la relevancia
constitucional.

49. Al respecto, es necesario indicar que, mediante sentencia del 5 de agosto de 201417,
la Sala Plena de esta corporación estableció que dicha exigencia tiene como finalidad (i)
proteger la autonomía e independencia judicial, y (ii) evitar que el juez de tutela se
inmiscuya en asuntos cuya resolución corresponde a otras jurisdicciones. De ahí que,
para determinar si una solicitud de amparo tiene relevancia constitucional, sea necesario
examinar dos elementos:

50. Primero, que el actor cumpla una carga argumentativa mínima y justifique con
suficiencia la vulneración de los derechos fundamentales. Es decir, no basta
simplemente con invocar los derechos, sino que es necesario ofrecer serias y amplias
razones en clave constitucional que le permitan al juez de tutela adentrarse en el estudio
de las causales específicas de procedibilidad que han sido invocadas y debidamente
sustentadas.

51. Segundo, que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional del proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, pues ese valioso mecanismo
de estirpe constitucional —la acción de tutela— fue creado para proteger derechos
fundamentales, no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias
con las providencias que allí se dicten.

52. En resumen, el requisito de relevancia constitucional no se agota con señalar los
derechos fundamentales vulnerados e identificar los defectos de la providencia. Por el
contrario, se requiere que la solicitud de amparo (i) contenga una carga argumentativa
mínima y (ii) no sea utilizada como una instancia adicional a las establecidas por el
legislador.

53. La tesis expuesta se ajusta al precedente reiterado de la Corte Constitucional18, que,
de manera consistente y consolidada, ha sostenido que la acción de tutela no puede
convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para
discutir aspectos de mera legalidad o de índole patrimonial, o la interpretación propia de
los jueces naturales. Por consiguiente, aquella es inidónea si lo pretendido es que el juez
constitucional se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación
propios de las especialidades de cada jurisdicción.

54. Ahora, el abogado Figueroa Narváez atribuyó una vía de hecho a los jueces y
magistrados que denegaron la solicitud de libertad por vencimiento de términos y la
acción de habeas corpus, ambas presentadas en favor del señor Meneses Cueltan.

17 Proceso 11001-03-15-000-2012-02201-01.
18 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de

2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.

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55. Concretamente, sostuvo que los juzgados Segundo Penal Municipal de Pitalito y
Segundo Penal del Circuito de Pitalito desconocieron que, según la Corte Suprema de
Justicia, la apelación del auto de decreto de pruebas no puede considerarse una obra
dilatoria de la defensa.

56. Además, acusó al Juzgado Segundo Penal Municipal de Pitalito de sustentar su
decisión en normas inaplicables al caso, de confundir las fechas en las cuales se formuló
la acusación y de extralimitarse en el ejercicio de su autonomía.

57. Igualmente, adujo que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito, en perjuicio
del acusado, descontó el plazo en el cual se resolvió la apelación del auto de decreto de
pruebas, sin que hubiera una disposición que lo autorizara.

58. Finalmente, cuestionó la decisión del consejero Juan Enrique Bedoya Escobar, en
tanto, a su modo de ver, convalidó la vía de hecho atribuida a los jueces penales, por no
haber incluido ningún sustento jurisprudencial y por haber desconocido el precedente de
la Corte Suprema de Justicia y las garantías consagradas en el artículo 29 constitucional,
en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.

59. En primer lugar, debe advertirse que los reproches planteados contra los juzgados
Segundo Penal Municipal de Pitalito y Segundo Penal del Circuito de Pitalito ya fueron
formulados y resueltos en otros escenarios procesales, como se expondrá a
continuación, de conformidad con los medios probatorios obrantes en el expediente del
presente trámite y del de habeas corpus.

60. En audiencia celebrada el 9 de diciembre de 202419, el abogado Figueroa Narváez
interpuso recurso de apelación contra el auto mediante el cual se negó la solicitud de
libertad por vencimiento de términos, proferido por el Juzgado Segundo Penal Municipal
de Pitalito.

61. Para sustentar la apelación20, el mencionado abogado acusó a ese juzgado de basar
su decisión en normas inaplicables al caso, de confundir las fechas de las actuaciones
del proceso y de extralimitarse en el ejercicio de su autonomía. Además, cuestionó que
hubiera atribuido conductas dilatorias a la defensa del acusado.

62. Mediante auto del 12 de marzo de 202521, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Pitalito resolvió desfavorablemente el recurso de apelación aludido, con los siguientes
argumentos:

19 Archivos 15 y 16 del cuaderno de segunda instancia del expediente electrónico anexo a la intervención

de la titular del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito (Samai, índice 8).
20 Minutos 1:24 a 1:39 de la audiencia preliminar de libertad por vencimiento de términos.
21 Archivo 0006 del cuaderno de segunda instancia del expediente electrónico anexo a la intervención de

la titular del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito (Samai, índice 8).

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(…) [E]l señor defensor fundó la solicitud de vencimiento de términos conforme a lo
descrito en el numeral 5° del artículo 317 del C.P.P. (…).

(…) [L]a impugnación presentada más se trata de una crítica de la defensa, acerca
de los errores eventuales, en que pudo haber incurrido la juez A-quo, sin que se
ocupe realmente de acreditar en qué se equivocó frente a la configuración o no de
la causal alegada como presupuesto de la reclamada libertad, sin que ataque de
fondo la decisión.

Por lo antes expresado, se indica que, esta Judicatura, no va a entrar en
controversias respecto de los errores intrascendentes de la señora Juez al enunciar
una norma, o de las argucias de la defensa, tampoco del despliegue del estudio de lo
acontecido a lo largo de la etapa de conocimiento, dado que lo que resulta necesario
es, establecer por este Despacho de forma detallada los términos que, en favor
del procesado hayan transcurrido y si configurada se encuentra, o no, la causal
invocada para la libertad (…).

(…) [R]especto del término de los 120 exigidos por la norma, como viene de verse estos
se encuentran ampliamente superados, resultando necesario entonces, el análisis de a
quien atribuir términos por los múltiples aplazamientos solicitados para establecer si se
ha configurado la causal reclamada como razón para otorgar la libertad. (…)

Entonces, para el presente caso se tiene que, si bien el escrito de acusación se presentó
el día 9 de junio de 2023 y se llevó a cabo la audiencia de formulación de acusación el
13 de julio de 2023 y se programa la audiencia preparatoria para el día 13 de septiembre
de 2023, estos son términos que se debe tener en cuenta en favor del procesado y para
lo cual se cuenta con 96 días.

A partir del 13 de septiembre de 2023 y hasta el día 6 de noviembre de 2024, es decir
421 días que deben ser atribuibles al procesado a su defensa, ante cuatro
aplazamientos solicitados para recaudar las pruebas que pretende usar en el juicio oral
en beneficio del acusado, lo cual, atendiendo ese derecho de defensa y debido proceso,
es una potestad que se tiene y que no se puede atribuir como maniobra dilatoria,
atendiendo que dichos términos no se contabilizaran en su favor.

Ahora bien, se debe realizar un estudio respecto los 29 días que han transcurrido desde
el 06 de noviembre al 5 de diciembre de 2024, termino en que se encuentra cursando el
recurso de impugnación respecto de la audiencia preparatoria. (…)

(…) [D]e esos 29 días transcurridos para resolver el recurso interpuesto en audiencia
preparatoria, 13 de ellos corresponde al término legal para resolverlo, por lo que estos
no pueden ser contabilizados en favor del procesado, es decir que los restantes 16 días
si se imputaran a favor del procesado.

Ahora bien, tenemos que inicialmente se indicó que 96 días, se contabilizaban en favor
de procesado, por lo que se le aumentará 16 días más, para un total de 112 días, lo que
permite indicar que no se han vencido los términos del artículo 317 No. 5º. Por tal
motivo se procederá a confirma la decisión del A quo. (Énfasis añadido)

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Demandante: Wilmer Arley Meneses Cueltan

63. El 12 de marzo de 202522, el abogado Figueroa Narváez presentó acción de habeas
corpus en nombre del señor Meneses Cueltan, en la que describió —entre otros
aspectos— el trámite de la solicitud de libertad por vencimiento de términos, así:

(…) [T]anto la decisión de primera instancia como de segunda en sede de garantías, no
solo desbordaron su órbita judicial al desconocieron los precedentes judiciales, pues
de una parte la primera instancia omitió la normativa y constitucional fincando su
decisión en aspectos procedimentales que no correspondía, confundiendo
fechas, es decir falló sin examinar cuidadosamente los elementos allegados y de otra,
en segunda instancia el despacho usurpó la función del legislador al aducir que
los términos de apelación contra el decreto de pruebas debía descontarse al
procesado, cuando lo dicho por los altos tribunales es todo lo contario, pues el término
deberá correr interrumpidamente en su favor.

A todas luces las decisiones corresponden a vías de hecho por lo que la presente
acción constitucional es procedente para obtener la libertad inmediata de mi
representado. (Énfasis añadido)

64. La solicitud de habeas corpus fue negada el 13 de marzo de 202523 por el magistrado
Jorge Alirio Cortés Soto, integrante del Tribunal Administrativo del Huila. Este sustentó
su decisión en que ninguno de los dos juzgados aludidos incurrió en una vía de hecho,
pues sus decisiones no evidenciaron un defecto sustantivo, fáctico, orgánico o
procedimental. Además, consideró probado que el defensor del acusado contribuyó al
vencimiento de términos alegado en la solicitud de libertad.

65. El abogado Figueroa Narváez impugnó la anterior decisión24 y, mediante providencia
del 19 de marzo de 202525, el consejero de Estado Juan Enrique Bedoya Escobar la
confirmó. Este determinó que la solicitud de libertad ya aludida no podía ser concedida,
tras revisar y convalidar el cómputo de términos efectuado por los jueces penales, con el
propósito de descartar la prolongación ilegal de la privación de libertad del señor
Meneses Cueltan.

66. Lo expuesto, en suma, evidencia lo siguiente:

67. El mencionado abogado ha atribuido una vía de hecho por desconocimiento del
precedente a los juzgados Segundo Penal Municipal de Pitalito y Segundo Penal del
Circuito de Pitalito en tres ocasiones: al presentar la acción de habeas corpus, al
impugnar el auto por el cual se negó esa acción y al instaurar la demanda de tutela objeto
de decisión.

22 Samai, trámite de habeas corpus 41001233300020250007700, índice 3.
23 Samai, trámite de habeas corpus 41001233300020250007700, índice 20.
24 Samai, trámite de habeas corpus 41001233300020250007700, índice 24.
25 Samai, trámite de habeas corpus 41001233300020250007701, índice 4.

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68. Adicionalmente, ha acusado al Juzgado Segundo Penal Municipal de Pitalito de
acudir a normas inaplicables, de confundir fechas y de extralimitarse en el ejercicio de su
autonomía en tres oportunidades: al apelar el auto por el cual se negó la solicitud de
libertad del señor Meneses Cueltan, al presentar la acción de habeas corpus y al
instaurar la demanda de tutela objeto de estudio.

69. Igualmente, ha reprochado la contabilización de términos del Juzgado Segundo
Penal del Circuito de Pitalito a través de las dos acciones constitucionales ya aludidas:
la de habeas corpus y la de tutela.

70. Los alegatos señalados anteriormente, consecuentemente, ya han sido estudiados
por otras autoridades judiciales: el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito —en
sede de apelación—, el magistrado Jorge Alirio Cortés Soto y el consejero de Estado
Juan Enrique Bedoya Escobar —ambos, en sede de habeas corpus—.

71. Así las cosas, es claro que el abogado Fernando Figueroa Narváez pretendió usar la
acción de tutela como una instancia adicional del proceso penal y del trámite de habeas
corpus26, planteando —mínimo por segunda vez— discusiones ya resueltas por los
jueces correspondientes.

72. Sobre el particular, la Sala advierte que la acción de tutela no es un mecanismo para
probar suerte y, de esa manera, obtener un pronunciamiento favorable a los intereses
del accionante respectivo. Además, tal uso resulta especialmente grave cuando la
solicitud de amparo es presentada por un profesional del derecho —como en el presente
caso—, pues esa calidad impone un deber especial de observancia del carácter
excepcional de dicho mecanismo de protección de derechos fundamentales, así como
una mayor responsabilidad frente a su adecuada utilización.

73. Ahora, el mencionado abogado cuestionó la decisión del consejero de Estado Juan
Enrique Bedoya Escobar por, supuestamente, no haber incluido ningún sustento
jurisprudencial. Igualmente, acusó a dicho consejero de limitarse a convalidar la vía de
hecho atribuida a los jueces penales, así como de desconocer el precedente de la Corte
Suprema de Justicia y las garantías consagradas en el artículo 29 constitucional, en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.

74. De entrada, la Sala advierte que la decisión aludida sí incluyó fundamentos
jurisprudenciales, pues, en sus páginas 10 y 15, se citaron textualmente sentencias de
la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, relativas a la naturaleza y la
vocación de la acción de habeas corpus.

26 Cabe advertir que el escrito mediante el cual se ejerció dicha acción es casi idéntico a la demanda de

tutela.

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75. Más allá de lo anterior, lo cierto es que el abogado Figueroa Narváez no especificó
cuáles fueron los argumentos de la decisión que, a su juicio, desconocieron el precedente
aplicable al asunto, así como las garantías consagradas en el artículo 29 constitucional
y en los dos instrumentos internacionales aludidos. Menos aún, brindó explicación alguna
sobre cómo o por qué se dio dicho desconocimiento.

76. Así, en relación con los reproches sobre la decisión del consejero de Estado Juan
Enrique Bedoya Escobar, el mencionado abogado no cumplió la carga mínima de
justificación de la supuesta vulneración de derechos fundamentales en la cual se
sustenta la solicitud de amparo constitucional.

77. Finalmente, aun si tales reproches fueran interpretados de forma amplia, infiriendo
que su objeto es la verificación de cómputo de términos efectuada por el mencionado
consejero de Estado, la solicitud de amparo constitucional no adquiriría relevancia
constitucional. Esto, en tanto el abogado Figueroa Narváez no expuso argumentos o
circunstancias en virtud de los cuales pueda considerarse que su pretensión no es insistir
en el debate sobre dicho cómputo, pese a la existencia de cuatro decisiones al respecto
—las de los jueces penales y las de los magistrados Jorge Alirio Cortés Soto y Juan
Enrique Bedoya Escobar—.

78. En síntesis, la solicitud de amparo presentada por el abogado Fernando Figueroa
Narváez es improcedente, no sólo por falta de legitimación en la causa por activa, sino,
aun cuando se considerara superado el requisito de legitimación, por ausencia de
relevancia constitucional. Esto último, en tanto dicho profesional del derecho pretendió
utilizar el trámite de tutela como una instancia adicional del proceso penal y del trámite
de hábeas corpus, y por cuanto no cumplió con una carga mínima de justificación frente
al cuestionamiento de la decisión del consejero de Estado Juan Enrique Bedoya Escobar.

79. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el abogado
Fernando Figueroa Narváez, en nombre del señor Wilmer Arley Meneses Cueltan.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

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Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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