Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01705-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-01705-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01705-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01705-01
Consejero ponente: María Adriana Marín
11 de agosto de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01705-01
Demandante: Francisco Javier Restrepo Peláez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01705-01
Demandante: FRANCISCO JAVIER RESTREPO PELÁEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA TERCERA
DE ORALIDAD
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Improcedencia por
falta de relevancia constitucional / AUSENCIA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL –
Los argumentos de la tutela coinciden con los esgrimidos en el proceso ordinario, lo que
devela la intención de utilizar el trámite de tutela como una instancia adicional.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
proferida el 29 de mayo de 2025 por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante
la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo, por incumplimiento del requisito
de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela
1. El 21 de marzo 4 de 20251, el señor Francisco Javier Restrepo Peláez interpuso
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad,
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad,
de acceso a la administración de justicia, al trabajo y al mínimo vital2, con ocasión de la
sentencia del 21 de noviembre de 2024, proferida dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 05837-33-33-002-2016-00027-01. Formuló
las siguientes pretensiones (transcripción textual):
PRIMERO: RUEGO A LOS HONORABLES MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS
DEL CONSEJO DE ESTADO: TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO
PROCESO, LEGALIDAD, IGUALDAD, AL ACCESO EFECTIVO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA, SEGURIDAD JURIDICA, AL PRINCIPIO DE
LEGALIDAD, DERECHO AL TRABAJO, MINIMO VITAL, PROTEGER A SU VEZ LA
CONSTITUCION Y LA LEY 909 DEL 2004 POR INFRACCION DIRECTA Y
DESCONOCIMIENTO A LOS PRESEDENTES JURISPRUDENCIALES
APLICABLES AL CASO EN CONCRETO, AMPARANDO AL ACTOR.
SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia S-3 -217 del 21 Noviembre
de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia en su sala tercera de
oralidad. Dentro del proceso con radicado 05837-33-33-002 2016-00027-01.
1
Se advierte que el 8 de julio de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para
elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 También invocó los principios de seguridad jurídica y legalidad.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01705-01
Demandante: Francisco Javier Restrepo Peláez
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia sala tercera de
oralidad, que en el término de esta providencia, profiera una nueva sentencia dentro
del proceso ordinario Laboral promovido, teniendo en cuenta los lineamientos
vigentes, establecidos por la constitución, la ley y la jurisprudencia que versa sobre
la presente Litis. Sin violación al debido proceso, la constitución, la ley 909 del 2004
y el principio de legalidad.
2. Como fundamentos de hecho, expuso que mediante Resolución 012 del 6 de
septiembre de 2010 el señor Francisco Javier Restrepo Peláez fue nombrado en
provisionalidad para ocupar el empleo de citador, grado 3, adscrito al Juzgado Primero
Penal del Circuito de Turbo (Antioquia), cargo que desempeñó hasta el 8 de septiembre
de 2015, fecha en la cual se declaró insubsistente su designación, en virtud de la
Resolución 010 de esa fecha.
3. Refirió que el retiro del servicio se fundamentó en «razones del buen servicio», causal
inexistente, dado que mediante sentencia C-501 de 17 de mayo de 2015, se declaró
inexequible el literal c) del artículo 41 de la Ley 909 de 2004, que la contenía.
4. Resaltó que el servidor no fue retirado como resultado de un proceso disciplinario, de
una evaluación insatisfactoria de su desempeño, ni de alguna de las causales previstas
en la ley (artículo 41 de la Ley 909 de 2004).
5. Adujo que con el acto administrativo demandado en el contencioso de nulidad y
restablecimiento del derecho se vulneró el artículo 29 Superior, porque su retiro no se
produjo en el marco de un proceso disciplinario en el cual se le permitiera el ejercicio de
su derecho de defensa y contradicción; al tiempo que se desconoció el principio de
legalidad, porque su desvinculación no se fundamentó en una causal legal de retiro que
se encontrara vigente.
B. Trámite impartido e intervenciones
6. Mediante auto del 31 de marzo de 2025, el despacho sustanciador en primera
instancia admitió la acción de tutela contra la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia. Además, ordenó la notificación al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Turbo y a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, en calidad de terceros con interés.
7. La magistrada de la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia, ponente de la providencia censurada, solicitó que se niegue el amparo, por
cuanto es evidente que la parte actora pretende reabrir el debate en torno a la supuesta
ilegalidad de la Resolución 010 de 2015, el cual se zanjó por el juez natural de la causa
en la sentencia censurada, por lo que no es procedente realizar un nuevo estudio al
respecto, menos aún en sede de tutela.
8. En todo caso, sostuvo que no se acreditó la vulneración alegada y que en la
providencia cuestionada se analizaron las pruebas obrantes al expediente, sin que se
haya podido desvirtuar la legalidad del acto acusado, mediante el cual se declaró
insubsistente el nombramiento del señor Francisco Javier Restrepo Peláez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01705-01
Demandante: Francisco Javier Restrepo Peláez
9. El juez Segundo Administrativo de Turbo realizó un recuento de las actuaciones
surtidas en el proceso con radicado 05837-33-33-002-2016-00027-00, y señaló que no
es cierto que se hayan vulnerado las garantías constitucionales invocadas por el
accionante, lo que torna improcedente la acción de tutela.
10. La Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial (DEAJ) señaló que la tutela es improcedente, dado que busca reabrir el debate
sobre la legalidad de un acto administrativo que ya fue conocido por la autoridad judicial
competente, y, por lo tanto, analizar el asunto nuevamente desconoce la autonomía del
juez natural de la causa.
11. En todo caso, señaló que la entidad no es la llamada a responder por las decisiones
acogidas por la Corporación demandada y por ende, solicitó que se le desvincule de este
trámite, dada su falta de legitimación en la causa por pasiva.
C. Fallo impugnado
12. Mediante sentencia del 29 de mayo de 2025, la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción de tutela ante el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, dado que, a su juicio, el señor Francisco Javier Restrepo
Peláez pretende reabrir el debate surtido en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho y así convertir la acción de tutela en una instancia adicional del proceso de
origen.
13. Concretamente, el a quo indicó que los argumentos que sustentan la solicitud de
amparo son los mismos que cimentaron la demanda del contencioso de nulidad y
restablecimiento del derecho, y que se replicaron en el recurso de apelación interpuesto
contra el fallo de primera instancia proferido el 30 de mayo de 2019, por el Juzgado
Segundo Administrativo de Turbo, los que se encaminan a señalar que el acto mediante
el cual se declaró insubsistente el nombramiento del actor en el cargo de citador, grado
3, adscrito al Juzgado Primero Penal del Circuito de Turbo, es ilegal, porque se sustentó
en la causal señalada en el literal c) del artículo 41 de la Ley 909 de 2004, que se declaró
inexequible mediante sentencia C-501 de 2005.
14. Agregó que, si bien en la demanda se hizo alusión al posible desconocimiento del
precedente judicial, la parte accionante no determinó cuáles son las providencias que
considera inaplicadas.
D. Impugnación
15. El apoderado del señor Francisco Javier Restrepo Peláez adujo que el defecto por
desconocimiento del precedente se fundamenta en la inaplicación de las providencias
reiteradas de la Corte Constitucional, que indican que no es posible otorgar el mismo
tratamiento a un empleado provisional y a uno de libre nombramiento y remoción, y que
en todo caso, en virtud de la estabilidad relativa que ostentan los primeros, para su
desvinculación, siempre será necesario expedir un acto administrativo suficientemente
motivado, dado que, su retiro solo es posible porque proceda el nombramiento en periodo
de prueba de la persona que superó el concurso de méritos o por sanción disciplinaria.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01705-01
Demandante: Francisco Javier Restrepo Peláez
16. Sostuvo que dichos pronunciamientos de la Corte Constitucional fueron puestos de
presente tanto al juez de primera instancia, como al Tribunal accionado, quienes los
desconocieron por completo (citó y aportó apartes de la demanda del proceso de origen
«Primer cargo» y del recurso de apelación).
17. Con fundamento en lo anterior, estima que el requisito de relevancia constitucional
se supera ampliamente en este caso, y en consecuencia, solicitó que se aborde el
conocimiento de fondo sobre el asunto planteado y se acceda a las pretensiones de
amparo.
II. CONSIDERACIONES
E. Competencia
18. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en
el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del
Consejo de Estado).
F. Problemas jurídicos
19. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del 29
de mayo de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la
cual, declaró improcedente la tutela.
20. En ese orden, la Subsección deberá establecer si la tutela cumple con el requisito de
relevancia constitucional y los demás requisitos generales exigidos por la jurisprudencia
para cuestionar providencias judiciales. Sólo en caso de que se supere el análisis de
procedencia, se abordará el análisis de fondo del asunto planteado, conforme a los
argumentos de alzada.
G. Análisis de la Sala
Del requisito de relevancia constitucional
21. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar los
derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la
providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa
mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia
adicional a las establecidas por el legislador.
22. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente3 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el
escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
3 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de 2022
y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01705-01
Demandante: Francisco Javier Restrepo Peláez
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios
de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.
23. La tutela sólo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple
señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque, en
efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el alcance de un
derecho fundamental.
Caso concreto y solución del problema jurídico
24. De entrada, al igual que el juez de tutela de primera instancia, la Sala anticipa que la
presente tutela deviene improcedente porque no supera el requisito de relevancia
constitucional, en tanto que tiene la clara y marcada intención de revivir la controversia
planteada en el proceso de nulidad y restablecimiento con radicado 05837-33-33-002-
2016-00027-00/01.
25. Tal y como lo advirtió el a quo, es evidente que a través de la acción constitucional
de la referencia el señor Restrepo Peláez pretende revivir el debate suscitado en el
proceso de origen, lo que se hace más notorio con los argumentos invocados tanto en la
demanda como en el recurso de apelación interpuesto contra el fallo del 30 de mayo de
2019, proferido por el Juzgado Segundo Administrativo de Turbo, confirmado por el
Tribunal Administrativo de Antioquia mediante la providencia censurada, que data del 21
de noviembre de 2024.
26. Dichos argumentos -que replica en la impugnación que ahora resuelve la Sala-,
versan sobre tres pilares esenciales: (i) la falsa motivación, porque el nominador señaló
que el empleado provisional no se encuentra amparado por fuero alguno, con lo que
desconoció la estabilidad relativa avalada por la reiterada jurisprudencia de la Corte
Constitucional; (ii) la falta de motivación, dado que la desvinculación de los empleados
provisionales solo puede efectuarse mediante acto suficientemente motivado (SU -
917/2010); (iii) la infracción a la ley y a la Constitución, toda vez que el nominador invocó
como causal de retiro la prevista en el literal c) del artículo 41 de la Ley 909 de 2004, el
cual se declaró inexequible con sentencia C-501 de 2005.
27. Ahora bien, revisada la sentencia del 30 de mayo de 2019, se advierte que el Juzgado
Segundo Administrativo de Turbo, se pronunció sobre cada uno de esos reproches y en
forma previa al análisis del material probatorio que recopiló oficiosamente, verificó los
motivos invocados por la nominadora para sustentar la desvinculación del accionante.
Esto concluyó el juez natural en primera instancia:
Recogiendo lo más importante de esta contienda, se llega a la conclusión
inequívoca que al demandante, si se le hicieron varios llamados de atención,
verbales y por escrito, como garantía del debido proceso, se le pusieron de
presente las metas y se le concedió el termino para su cumplimiento, se le dieron
prórrogas y aun así no cumplió los compromisos adquiridos con el acto de
posesión como Citador del Juzgado Primero Penal del Circuito, razón por la cual
tampoco se configura el cargo de falsa motivación, alegado en la demanda.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01705-01
Demandante: Francisco Javier Restrepo Peláez
En cuanto a la violación al debido proceso no queda demostrada, porque como
bien se explicó, varios fueron los llamados de atención que se le hicieron, se le
pedía que por favor explicara los motivos de la renuencia frente a los
compromisos y en ocasiones el demandante no se opuso, o incluso habiéndose
opuesto, sus argumentos no fueron sólidos ni válidos, pues siempre se escudaba
en la cantidad de funciones del cargo de Citador.
Adicional a todo ello, no siempre se tiene que iniciar una investigación
disciplinaria como garantía del debido proceso, ya que se puede considerar a un
empleado con cierta indisponibilidad o bajo rendimiento para desarrollar las
funciones encomendadas y prescindir de sus servicios, con tal que se le
garantice el derecho de defensa y se le reciban sus descargos, que se le permita
exponer los motivos por los cuales incumple, y por último, que los argumentos
expuestos en la decisión que se toma, sean ciertos y comprobables.
(…)
Tampoco puede alegarse ahora que por haberse declarado inexequible el literal
C, del artículo 41 de la Ley 909 de 2004, que condicionaba el retiro de los
empleados por razones del buen servicio, se tenga que sostener a un empelado
que no logra adquirir las competencias para el cargo, o que no cumplido con las
funciones propias del Citador en este caso, a pesar del tiempo que se le
concedió.
Se reitera entonces, el nombramiento en un cargo público exige que se reúnan
las condiciones y requisitos para ejercerlo, se requiere que el empleado tenga
compromiso, capacidad, y disposición en la prestación eficiente del servicio,
circunstancias que en el caso analizado, no se lograron demostrar.
Así las cosas, el acto administrative por medio del cual se retiró del servicio, al
señor Francisco Javier, en su condición de Citador del Juzgado Primero Penal
del Circuito con Funciones de Conocimiento, se presume expedido con
fundamento en supuestos de hechos series, objetivos y ciertos, presunción legal
que no logro ser desvirtuada en sede judicial. En consecuencia, las pretensiones
serán denegadas.
28. En esa oportunidad, el juzgado hizo especial ahínco en el material probatorio
recaudado, que dio cuenta de la veracidad de las situaciones mencionadas en el acto
demandado, de las que se colige el deficiente desempeño del servidor, así como los
reiterados llamados de atención y recomendaciones verbales y escritas para que
cumpliera las funciones asignadas y las metas propuestas en las reuniones con el equipo
de trabajo, sin que se obtuviera mejora en su rendimiento ni en el comportamiento
decoroso exigido por la Ley 270 de 1996. Todo ello le permitió a la autoridad judicial
descartar que la desvinculación del señor Restrepo Peláez tuvo lugar con un acto no
motivado o motivado falsamente.
29. En el recurso de apelación, las alegaciones se encaminaron a señalar que se
desconoció el precedente jurisprudencial en relación al retiro de los empleados
nombrados en provisionalidad en cargos de carrera administrativa. También se discutió
que el nominador no tuvo en cuenta la calificación de 87 puntos, obtenida por el señor
Restrepo Peláez en el periodo comprendido entre el 1º de abril y el 19 de diciembre de
2013.
30. El Tribunal accionado, al resolver la alzada en la sentencia censurada, abordó los
reproches efectuados por el accionante contra el acto administrativo que lo retiró del
servicio, y que, como se dijo, se replican en la solicitud de amparo. Sobre el particular,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01705-01
Demandante: Francisco Javier Restrepo Peláez
luego se hacer extensa referencia a la legislación y a la jurisprudencia aplicable en la
materia, expuso:
Sobre esta atribución de remover al señor Francisco Javier Restrepo Peláez
como empleado en provisionalidad, de acuerdo con el marco jurídico de este
fallo, la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional han
coincidido en establecer que, debe hacerse mediante un acto administrativo
motivado que, en el presente asunto se cumplió, por cuanto, la decisión
relaciona en forma precisa y amplia las razones de la decisión.
No obstante, dentro de los argumentos de la demanda y el recurso de
apelación, el demandante asevera que no se trata de una motivación que
comporte razón suficiente para retirarlo del servicio y, por ende, se configura
el vicio de falsa motivación, puesto que en la labor desempeñada el año 2013
y de acuerdo con la calificación realizada el 13 de enero del 2014, obtuvo una
calificación de 87 puntos. (…)
Se recuerda que para que se configure el alegado vicio se hace necesario
probar una de las siguientes circunstancias: que los hechos que la
Administración tuvo en cuenta como motivos de la decisión no estuvieron
debidamente probados, o que ella omitió tener en cuenta hechos que sí
estaban demostrados y que de haber sido valorados hubiesen conllevado a
otra decisión. (…)
Lo anterior para concluir que la facultad discrecional para los cargos
provisionales es una atribución legal, de que disponen los nominadores de
este tipo de empleos, que va atada a un grado de confianza para su
desempeño y esta fue la razón que llevó a que, en su momento, la Jueza
Primera Penal del Circuito de Turbo determinó separar del trabajo al
demandante, cuyo desempeño presentaba las falencias relacionadas en el
acto administrativo, mediante el cual fue desvinculado.
Se advierte que, en el caso de la presunción legal de una decisión propia de
la Administración pública, le corresponde al particular eventualmente afectado
con ella, desvirtuarla; y en el sub lite, como ya se vio, el demandante no
demostró que el acto acusado estuviera viciado de falsa motivación; quien
alega tal vicio tiene la obligación de acreditarlo con suficiencia, puesto que,
conforme al artículo 167 del Código General del Proceso (CGP), le incumbe
la carga de la prueba.
En ese sentido, las razones que llevaron a tomar la decisión de insubsistencia
del señor Francisco Javier Restrepo Peláez resultan suficientes para esta
Corporación y, por ende, descartan el vicio de falsa motivación, invocado en
los escritos de demanda y alzada, lo que conlleva la negativa de las
pretensiones del libelo introductorio, como lo concluyó el juez de primera
instancia. (…)
31. Lejos de realizar una interpretación arbitraria y caprichosa, lo que se evidencia es
que el juez natural, al resolver la alzada, efectuó un análisis integral y razonado del
material probatorio allegado, sustentado, además, en los hechos probados, a partir de lo
cual concluyó que el accionante no demostró los vicios alegados.
32. Ahora bien, obsérvese que en lo atinente al desconocimiento del precedente
invocado por el accionante, respecto del cual el a quo señaló que no se sustentó
debidamente, el accionante en la impugnación refirió que las providencias inaplicadas
son las mismas que se pusieron de presente ante el juez natural de la causa, e incluso
aporta copia de los argumentos expuestos en la demanda ordinaria y en el recurso de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01705-01
Demandante: Francisco Javier Restrepo Peláez
apelación, es decir, que reconoce, una vez más, que utiliza este mecanismo
constitucional como una tercera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, en el que no obtuvo un resultado favorable a sus reclamaciones.
33. Resulta evidente, entonces, que con la totalidad de argumentos invocados en la
tutela el accionante pretende convertir este valioso mecanismo de protección de los
derechos fundamentales en una instancia adicional del proceso ordinario. Por tanto, se
impone confirmar el fallo impugnado.
34. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Confirmar la sentencia del 29 de mayo de 2025, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de
tutela.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.