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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01709-00

Fecha
23 de mayo de 2025
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01709-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Yidis del Carmen Hernández Meza y Edinson Fortich Barraza, en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por no superar el requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 22 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019. 23 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008. 13 0000 Radicado: 11001-03-15-000-2025-01709-00 Accionante: Yidis del Carmen Hernández Meza y otro SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-01709-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

23 de mayo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01709-00
Accionante: Yidis del Carmen Hernández Meza y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01709-00
Accionante: Yidis del Carmen Hernández Meza y Edinson Fortich
Barraza
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales de la acción
de tutela contra providencia judicial. Subtema 2: Relevancia constitucional. Improcedencia

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela formulada por Yidis del
Carmen Hernández Meza y Edinson Fortich Barraza en contra del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Yidis del Carmen Hernández Meza y Edinson Fortich Barraza, a través de
apoderado judicial1, presentaron escrito en procura de la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la dignidad humana, a la buena fe y al principio “pro homine”2 que
consideraron vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, con ocasión de los autos proferidos el 2 de diciembre de
2024 y el 11 de marzo de 2025, que negaron la apertura del incidente de desacato
excepcional por incumplimiento de la sentencia T-1024 de 2012 de la Corte
Constitucional, identificado con el radicado núm. 25000-23-15-000-2009-01711-
00/01

2. Hechos

2.1. El 23 de noviembre de 2009 la Subsección A de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió fallo de primera instancia en la

1 Índice 002 del aplicativo SAMAI, certificado 4EE1722DCF8A37FD F77E1DBCDE582E8C
EDB91E2855EA551F 84289D8902F68055.
2 Índice 002 del aplicativo SAMAI, certificado 5DBB90877E3A6DE9 5594C0782B2DB8DD 44FB02A58F09C6F5

8CC5A0193DF924A6.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01709-00
Accionante: Yidis del Carmen Hernández Meza y otro

acción de tutela con radicado 25000-23-15-000-2009-01711-00, en la cual ordenó
a la entonces Dirección Nacional de Estupefacientes, bajo la dirección de la Fiscalía
31 Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y
Contra el Lavado de Activos que en el término de 15 días hiciera entrega formal,
material y definitiva de unos bienes inmuebles.

2.2. Contra la anterior decisión no se presentó impugnación, por lo tanto, el asunto
se remitió a la Corte Constitucional y fue seleccionado para su eventual revisión.
Por consiguiente, profirió la sentencia T-1024 de 2012, en la que se ordenó lo
siguiente:

“Primero. LEVANTAR la suspensión de términos en el proceso de la referencia.

Segundo. CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”. En esa
medida, CONCEDER PARCIALMENTE la protección de los derechos al debido
proceso y acceso a la administración de justicia, en los términos expuestos en
la parte motiva de esta providencia.

Tercero. ORDENAR a la Dirección Nacional de Estupefacientes -DNE-, que si
aún no lo ha hecho, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación
de esta sentencia, devuelva a la sociedad Bray Escobar S en C los siguientes
inmuebles: “En Cartagena Bolívar: el apartamento 1-B, ubicado en el edificio
Perna, de la Carrera 7 Calle 6 Barrio Castillo Grande, matricula inmobiliaria No.
606-30921; el No. 2-B del mismo edificio y con matrícula No. 060-30923. En el
municipio de Arjona (Bolívar), predio rural denominado Villa Patricia, área 117
hectáreas, siete punto cinco metros2 (7.5m2), matrícula inmobiliaria No. 060-
124621”, correspondiendo a la mencionada Dirección el pago de los impuestos
distritales y municipales de Cartagena y Arjona, junto con la cancelación en el
registro de la Oficina de Instrumentos Públicos de Cartagena de los gravámenes
que pesan sobre ellos. Lo anterior, so pena de incurrir en las sanciones
correspondientes (art. 27, Decreto ley 2591 de 1991).

Cuarto. ORDENAR a la Fiscalía 31 Especializada de la Unidad Nacional para
la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos y a la
Dirección Nacional de Estupefacientes -DNE- que, en el término de quince (15)
días siguientes a la notificación de esta sentencia, procedan a devolver al señor
Fernando Martínez Bohórquez, individual y exclusivamente, los cinco (5) lotes
de terreno ubicados en el corregimiento de Tierra Bomba, Isla de Tierra Bomba,
conforme las escrituras públicas 747 del 14 de abril de 2000, 998, 999 y 1000
de 20 de abril de 1999 y la 672 del 16 de marzo de 1999, que contienen las
coordenadas de los bienes; lo cual habrá de ejecutarse con la participación de
los técnicos topógrafos que se designen para tal fin.

Quinto. ORDENAR a la Fiscalía 31 Especializada de la Unidad Nacional para
la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos y a la
Dirección Nacional de Estupefacientes -DNE- que, en el término de quince (15)
días siguientes a la notificación de esta sentencia, procedan a restituir los
derechos de posesión en la Isla de Tierra Bomba, de aquellas personas que
fueron desalojadas con ocasión del fallo del juez de instancia en tutela, al
haberse materializado la devolución de las acciones en Inversiones Bocachica
S.A. y cuotas o partes de interés en las empresas unipersonales Inversiones
Isla Carey e Inversiones Portal del Sol, en lotes o globos de terreno, en orden a
lo consignado en las actas del 14 al 18 de diciembre de 2009.

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Accionante: Yidis del Carmen Hernández Meza y otro

Sexto. ORDENAR a la Fiscalía 31 Especializada de la Unidad Nacional para la
Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos que publique,
dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo del expediente de tutela, un
aviso en diarios de amplia circulación nacional y local (Cartagena), como en una
emisora local (Cartagena), por una sola vez, la decisión aquí adoptada a efecto
de que los terceros interesados puedan hacerse partícipes en las respectivas
diligencias de devolución de los cinco (5) lotes de terrenos y, con ello, la
restitución de los demás bienes.

Séptimo. De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Decreto ley 2591
de 1991 y la jurisprudencia constitucional, corresponde al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, asegurar
el cumplimiento de esta decisión.

Octavo. ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría
del Pueblo que dentro del marco de sus competencias constitucionales y
legales, adelante un proceso de acompañamiento destinado a verificar el
adecuado cumplimiento de esta decisión. Así mismo se dispondrá remitir copia
de esta decisión al Fiscal General de la Nación para los efectos a que hubiere
lugar.

Noveno. DEVOLVER el expediente 672 ED (acumulado) a la Fiscalía 31
Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio
y Contra el Lavado de Activos. Proceda la Secretaría General de la Corte
Constitucional de conformidad con lo dispuesto. (…)”3.

2.3. El 28 de octubre de 2024, los señores Yidis del Carmen Hernández Mesa y
Edinson Fortich Barraza, por intermedio de apoderado, radicaron solicitud de
apertura de desacato excepcional ante la Corte Constitucional, la cual fue remitida
a la Subsección A de la Sección Segundo del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca según auto de 31 de octubre de 2024, por ser del resorte del juez
constitucional de primera instancia.

2.4. El magistrado ponente de la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante auto del 2 de diciembre de 2024 negó
la apertura del incidente de desacato en la medida en que no se advierte alguna
circunstancia excepcional.

2.5. Luego, el 13 de diciembre de 2024 los aquí accionantes radicaron ante la Corte
Constitucional una nueva solicitud de apertura de incidente de desacato
excepcional, la cual fue remitida, de nuevo a la Subsección A de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto de 30 de enero de
2025 y recibida, por dicha autoridad judicial el 4 de febrero de 2025.

2.6. Posteriormente, el 19 de febrero de 2025, los accionantes, remitieron correo
ante el tribunal denominado -solicitud de apertura de incidente de desacato a la
sentencia T-1024 de 2012-. En la misma petición presentó recusación contra el
magistrado que venía tramitando la acción.

3 Corte Constitucional, sentencia T-1024 de 2012.

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Accionante: Yidis del Carmen Hernández Meza y otro

2.7. El magistrado ponente de la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante auto del 11 de marzo de 2025 ordenó
estarse a lo resuelto en el auto del 2 de diciembre de 2024 y declaró improcedente
la recusación presentada.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte actora solicitó al juez constitucional amparar sus derechos fundamentales
al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la dignidad humana
y al principio pro homine.

Revisado el escrito de la tutela, se advierte que a pesar de que los accionantes no
elevaron una pretensión concreta, en síntesis, se colige que acuden al mecanismo
constitucional para que se dé apertura a un incidente de desacato frente a las
órdenes emitidas por la Corte Constitucional en sentencia T-1024 de 2012.

La parte actora indicó que, debido a episodios y hechos generados por autoridades,
empresas, y particulares, “hoy por hoy se ha descontextualizado y desdibujado la
sentencia 1024 del año 2012, revisión. No de expediente 2.517.467,
desconociéndose el fallo y despojando a mis poderdantes de sus derechos y
posesiones legitimas reconocidas en el fallo en mención” 4.

Relacionó una lista de trece procesos de diferentes acciones que se estaban
tramitando con ocasión a los acontecimientos derivados del cumplimiento de la
sentencia de tutela.

Sostuvo que el Tribunal se sustrajo de estudiar todas las circunstancias “acaecidas
que alteran diametralmente el fallo del 2012, sentencia 1024 del año 2012, revisión.
No de expediente 2.517.467, y sin hacer el más mínimo, esfuerzo se abstiene en
tramitar la solicitud de Incidente de desacato excepcional, convalidando la
vulneración de derechos fundamentales como el DERECHO PRO HONMINE,
DIGNIDAD, DEBIDO PROCESO, BUENA FE, SEGURIDAD JURIDICA, ACCESO
A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, NUCLEO ESENCIAL, Y OTROS”5.

4. Trámite de tutela e intervenciones

El Despacho de la magistrada ponente, con auto del 27 de marzo de 20256, admitió
la acción de tutela, vinculó como terceros con interés a Fernando Martínez
Bohórquez, a la Dirección Nacional de Estupefacientes, a la Sociedad de Activos
Especiales S.A.S.- SAE S.A.S., a Álvaro León Vélez Rosales, a Dusan Álbin Vélez
Trujillo, a Edwin Erasmo Cabrera Naranjo, a Jan Carlos Pájaro Miranda, a Jean
Doménico Cadena, a la sociedad Natturale y Cía. S.C.A. en Liquidación y a quienes

4 Índice 002 del aplicativo SAMAI, certificado 5DBB90877E3A6DE9 5594C0782B2DB8DD 44FB02A58F09C6F5

8CC5A0193DF924A6.
5 Ibid.
6 Índice 00005 aplicativo SAMAI, certificado B574B61B1E238C8C 78B1C72D33099E29 F8CAE40FE97D664E

5D2DF371F980B283.
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hayan participado en el trámite de tutela identificado con el radicado núm. 25000-
23-15-000-2009-01711-00/01; además, ordenó la notificación a las partes y
suspendió los términos.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibió el siguiente informe:

4.1. La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó declarar la improcedencia de la acción porque no se
cumplen los requisitos establecidos por la ley. Sostuvo que, los ahora accionantes
acuden al mecanismo constitucional para que se dé apertura a un incidente de
desacato frente a las órdenes emitidas por la Corte Constitucional en sentencia T-
1024 de 2012.

Frente a lo anterior, sostuvo que, el entonces titular del despacho, en audiencia
celebrada el 30 de junio de 2023, declaró que las entidades accionadas dieron
cumplimiento a las órdenes constitucionales. En consecuencia, afirmó que la acción
de tutela resultaba improcedente, toda vez que, con la misma se busca reabrir el
debate en torno al cumplimiento de la orden de tutela, la cual se declaró cumplida
mediante providencia que cobró firmeza.

Adicionalmente, manifestó que la misma Corte Constitucional en la sentencia T-
1024 de 2012, dispuso que, en el evento en que persistieran los conflictos entre los
accionantes y los terceros (calidad que alegan los señores Yidis del Carmen
Hernández Meza y Edinson Fortich Barraza), sobre la división y titularidad de los
derechos de posesión sobre lotes o globos de terreno, deberá acudirse a la
jurisdicción ordinaria para que, a través de los medios correspondientes, se
resuelvan tales discrepancias “con independencia del momento en que los terceros
hubieran adquirido los derechos de posesión en la Isla de Tierra Bomba” 7.

Así las cosas, expuso que la acción de tutela se tornaba improcedente no solo por
la existencia de otros mecanismos ordinarios de protección (los cuales indica ya se
vienen agotando), sino también, respecto del requisito de inmediatez, toda vez que,
como se indica en el escrito de tutela, la presunta afectación deviene de actuaciones
proferidas en cumplimiento del fallo del año 2012. Solicitó que a la hora de proferir
decisión de fondo se tengan en cuenta todas y cada una de las pruebas y
actuaciones consignadas dentro del expediente radicado número 25000-23-15-000-
2009-01711-00.

4.2. La Sociedad Activos Especiales S.A.S. allegó su respectivo informe y solicitó
se denieguen las pretensiones de la demanda y se le desvincule del trámite
constitucional en la medida en que no ha vulnerado derecho fundamental alguno.

Puso de presente que las órdenes de la Corte Constitucional contempladas en los
numerales cuarto y quinto de la Sentencia T-1024 de 2012 se cumplieron en

7 Índice 00011 aplicativo SAMAI, certificado 8C91F7F4E7CA4188 8A002CF269DE6121 27371BB8210E8CDB

28BC27D2F97FD4DC.
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diferentes oportunidades. Las relativas a lo relacionado con los accionantes en esta
tutela respecto del numeral quinto, en el mes de diciembre del año 2014, por lo
tanto, las áreas de los accionantes les fueron restituidas tal como lo ordenó la Corte
Constitucional y, en esta oportunidad, al dar cumplimiento a lo dispuesto en la
Resolución No. 167 de 2023, esas mismas áreas quedarán intactas en posesión de
esas personas restituidas en el año 2014, con respeto de las entregas efectuadas.

Advirtió que la tutela “NO CUMPLE UNO SOLO DE LOS REQUISITOS DE
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES, CONTRA OTRA SENTENCIA DE TUTELA, CONTRA ACTOS
ADMINISTRATIVOS, NO AGOTA EL PRINCIPIO DE SUBSIDIAREIDAD, NO
DEMOSTRÓ UN PERJUICIO IRREMEDIABLE, NO LE ASISTE LEGITIMACIÓN
POR ACTIVA A LOS ACCIONANTES, por lo que respetuosamente solicitamos
negar el amparo constitucional invocado por la accionante en la tutela de la
referencia” 8.

4.3. El señor Fernando Martínez Bohórquez se opuso a la prosperidad de las
pretensiones y solicitó que se declare la improcedencia de la acción por carecer de
fundamentos fácticos y jurídicos.

Indicó que el texto de la tutela lleva a concluir que no existe una situación
excepcional para tramitar un nuevo incidente de desacato. La parte actora menciona
sus derechos fundamentales “vulnerados y socavados por autoridades públicas,
empresas privadas y terceros particulares”9 sin decir cuál fue la vulneración, ni
identificar a las empresas privada y los particulares, contra los que es procedente
esta tutela en los términos planteados. Es solo un decir del accionante, por lo que
incurre en un abuso del derecho, toda vez que pone en funcionamiento todo el
aparato jurisdiccional, para estudiar una tutela carente de fundamentos fácticos y
jurídicos.

4.4. La Fiscalía Treinta y Uno Delegada ante los jueces penales del circuito
especializado de Bogotá afirmó que la solicitud de amparo era improcedente, en
la medida en que ya se dio cumplimiento a la sentencia T-1024 del 28 de noviembre
de 2012 y se procedió a la entrega de los bienes a quienes ostentaban la calidad de
propietarios de los inmuebles afectados dentro de la acción extintiva. Afirmó que, si
los accionantes consideraban que tenían algún derecho, contaban con otros
mecanismos diferentes a esta acción constitucional.

4.5. La Agencia de Desarrollo Rural solicitó declarar la improcedencia de la acción
comoquiera que no se vulneraron los derechos fundamentales incoados. Por otra
parte, deprecó su desvinculación por no ser la entidad llamada a dar cumplimiento
a la pretensión de amparo.

8 Índice 00012 aplicativo SAMAI, certificado B7EBE4DA7E152ED0 369C5549679C2CFB 692581EA5C21238E

D42236DBFA4AE2CB.
9 Índice 00017 aplicativo SAMAI, certificado 3E082AE42C797497 0731A5FBD7B00E73 61F20262E76106E7

314575DC3211A81C.
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4.6. La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias allegó la contestación a la solicitud
de amparo. Manifestó que, como quiera que el reproche constitucional del
accionante va dirigido contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, carece de legitimación en la causa por pasiva.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque
Yidis del Carmen Hernández Meza y Edinson Fortich Barraza son los titulares de
las garantías constitucionales que afirman fueron vulneradas en su condición de
solicitantes dentro del incidente de desacato adelantado dentro del proceso de tutela
con radicado núm. 25000-23-15-000-2009-01711-00/01.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A fue la
autoridad que profirió las decisiones que, según los tutelantes, vulneraron sus
derechos fundamentales.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción.

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200510 indicó que estas

10 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela11 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto12.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”13.

4.1. Relevancia constitucional.

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que
el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga
una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el
juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la
vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”14.

11 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
12 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en

los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial
se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A
saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental,
que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto
es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d)
defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el
mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional;
g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación
de sus postulados.
12 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
13 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
14 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.

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En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el
debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o
económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a
demostrar la configuración de un defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte,
el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o
de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas;
iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez
constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos
constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o
repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el
interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes
y generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad
y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que
ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la
causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los
defectos definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto15.

5. Caso concreto

15 Cfr. sentencia C-590 de 2005.

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Accionante: Yidis del Carmen Hernández Meza y otro

La Sala anuncia que la presente acción de tutela no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, por falta de exposición suficiente de hechos y argumentos,
por las razones que se exponen a continuación:

5.1. En el caso concreto, la parte actora solicitó al juez constitucional amparar sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia,
a la dignidad humana, a la buena fe y al principio “pro homine”.

Pues bien, analizado el escrito de la tutela, la Sala pone de presente que a pesar
de que los accionantes no elevaron una pretensión concreta, en síntesis, se colige
que acuden al mecanismo constitucional para que se dé apertura a un incidente de
desacato frente a las órdenes emitidas por la Corte Constitucional en sentencia T-
1024 de 2012.

5.2. La parte actora indicó que, debido a episodios y hechos generados por
autoridades, empresas, y particulares, “hoy por hoy se ha descontextualizado y
desdibujado la sentencia 1024 del año 2012, revisión. No de expediente 2.517.467,
desconociéndose el fallo y despojando a mis poderdantes de sus derechos y
posesiones legitimas reconocidas en el fallo en mención” 16.

Sostuvo que el Tribunal se sustrajo de estudiar todas las circunstancias “acaecidas
que alteran diametralmente el fallo del 2012, sentencia 1024 del año 2012, revisión.
No de expediente 2.517.467, y sin hacer el más mínimo, esfuerzo se abstiene en
tramitar la solicitud de Incidente de desacato excepcional, convalidando la
vulneración de derechos fundamentales como el DERECHO PRO HONMINE,
DIGNIDAD, DEBIDO PROCESO, BUENA FE, SEGURIDAD JURIDICA, ACCESO
A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, NUCLEO ESENCIAL, Y OTROS”17.

5.3. Ahora bien, del análisis de los aspectos abordados por la Subsección A de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se advierte que, en
el auto del 2 de diciembre de 2024, por medio del cual se negó abrir el incidente de
desacato, se arribó a la siguiente conclusión:

“Los peticionarios del este incidente de desacato, consignan como fundamentos
fácticos de su solicitud, las actuaciones del Inspector de Policía del
Corregimiento de Bocachica, quien practicó diligencia policiva de lanzamiento
contra ellos con anterioridad a la diligencia practicada por la Sociedad de
Activos Especiales - SAE , por lo que independientemente de cualquier otra
consideración, de las actas que constan en el expediente se puede establecer
con certeza que al momento de cumplirse la orden judicial de devolución de
bienes al señor Fernando Martínez y a la sociedad Inversiones Bocachica y
otros, los ahora incidentantes no se encontraban en el predio en ninguna calidad
ni circunstancia, razón para establecer que carecen absolutamente de
legitimación para invocar esta petición de desacato con fundamento en
actuaciones de las mencionadas autoridades administrativas en cumplimiento
de la Resolución 167 de abril 28 de 2023 expedida por la Sociedad de Activos

16 Índice 002 del aplicativo SAMAI, certificado 5DBB90877E3A6DE9 5594C0782B2DB8DD
44FB02A58F09C6F5 8CC5A0193DF924A6.
17 Ibid.

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Accionante: Yidis del Carmen Hernández Meza y otro

Especiales -SAE, acto administrativo que por mandato normativo expreso goza
de presunción de legalidad y está debidamente ejecutoriado. Es decir, que para
efectos de la Sentencia T – 1024 de 2912 que se trae a colación por los
solicitantes como ejecutada, ellos no son parte en la actuación en la que
supuestamente se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva, por carencia
de legitimación, por cuanto contra ellos no se procedió en ningún sentido en las
diligencias materia de análisis.

Por tanto, si los solicitantes estiman o consideran que ostentan algún derecho,
de cualquiera naturaleza en relación con los bienes que la Fiscalía afectó con
medidas cautelares dentro del proceso de extinción del dominio adelantado, no
será el proceso constitucional de tutela tramitado y culminado, en el que puedan
realizarse esas reclamaciones o pretensiones. Esta acción, se sabe, tiene como
único cometido constitucional la protección de derechos fundamentales
constitucionales y en ningún caso, la protección de posesión o tenencia
respecto de bienes inmuebles a personas que no se encontraban en los mismos
al momento de hacer la entrega, y por tanto, por sustracción de materia, no
pudo violarse ningún derecho fundamental, dado que no lo detentaban. Y si
eventualmente tuvieren algún derecho que reclamar, u oposición que plantear,
la oportunidad para hacerlo era en la misma practica de la diligencia, la cual fue
realizada y terminada en legal forma y esa entrega allí consignada, fue
aprobada por este despacho en audiencia pública celebrada el día 30 de junio
de 2023, en la cual se dejó constancia que asistió la doctora Yidis del Carmen
Hernández Meza, cuya presencia se registró en el acta correspondiente”18.

En este contexto, explicó que después de haber realizado muchas audiencias y
actuaciones procesales, ese tribunal como juez constitucional de primera instancia,
en audiencia pública y allegadas la pruebas de las actuaciones adelantadas por las
autoridades encargadas de cumplir cabalmente las ordenes de amparo, y
realizadas las intervenciones y manifestaciones de las partes intervinientes, sin que
se presentara ninguna vulneración a derechos fundamentales, se declaró el
cumplimiento cabal de las órdenes constitucionales y consecuentemente se
hizo la declaración del caso en providencia dictada en audiencia pública del 30 de
junio de 2023.

La autoridad accionada sostuvo que la mencionada providencia “adquirió ejecutoria
material y formal y por ello, el procedimiento incidental quedó concluido. Así mismo
quedó concluido el proceso de extinción de dominio en el que se afectaron los
bienes devueltos a sus propietarios, concluido el trámite de tutela revisado por la
Corte Constitucional, concluido el procedimiento administrativo de devolución de
bienes por parte del Secuestre Sociedad de Activos Especiales - SAE, concluidas
legalmente las diligencias de entrega, y ejecutoriadas las providencias judiciales y
los actos administrativos expedidos en el trámite. Resulta imperativo entonces,
denegar la apertura de nuevo incidente de desacato por presunto incumplimiento
de las órdenes impartidas por el Juez Constitucional de primera instancia en el
radicado 2009 -1711 y por la Honorable Corte Constitucional en la sentencia de
Revisión T- 1024 de fecha 28 de noviembre de 2.012, y Auto A-170 de 2014”19.

18 Índice 386 del expediente digital del expediente con radicado 25000-23-15-000-2009-01711-00/01,

adelantado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, certificado 599161B89C6306AE
9D144C074AB10801 6B5AC760DA692E93 4167712628203D2D.
19 Ibidem.

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Accionante: Yidis del Carmen Hernández Meza y otro

5.4. Ahora bien, en lo que respecta al auto del 11 de marzo de 2025, mediante el
cual el tribunal demandado ordenó estarse a lo resuelto en la providencia del 2 de
diciembre de 2024, luego de realizar una comparación de las solicitudes de apertura
de incidente de desacato, señaló que:

“De acuerdo con el cuadro anterior, resulta evidente que la petición que ocupa
la atención del despacho es una transcripción de la petición ya resuelta
mediante auto de 2 de diciembre de 2024, motivo por el cual no resulta
procedente emitir nuevo pronunciamiento sobre el particular.

Adicionalmente debe destacarse que las peticiones de desacato excepcional
elevadas por el solicitante se han dirigido a la Corte Constitucional y que en
ellas lo que en realidad se pretende es que sea dicha corporación quien asuma
la verificación del cumplimiento de las órdenes proferidas en sede de revisión.
Sin embargo, el máximo tribunal constitucional ha reiterado que la verificación
de cumplimiento corresponde a este despacho (por ser quien tramitó la primera
instancia en sede de tutela) y que, si se presenta una nueva solicitud que sea
materialmente equivalente a las radicadas previamente, se podrá rechazar de
plano por el ponente.

En consecuencia, al no existir mérito para emitir una nueva decisión, el
Despacho ordena estarse a lo resuelto en providencia de 2 de diciembre de
2024” 20.

Se advierte entonces que el tribunal accionado explicó los motivos por los cuales
no era procedente iniciar un nuevo incidente de desacato, máxime si ya se había
dado por cumplida la orden de amparo.

Pues bien, los elementos señalados en precedencia le permiten a la Sala inferir, con
claridad, que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado por
el juez competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido dictada de
forma arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y fundamentos normativos, ni
que se hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el
desarrollo del proceso ordinario.

Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a
través del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de
manera clara que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender
como acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
se requiere demostrar: i) su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su
carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe aportar elementos suficientes
que permitan al juez constitucional advertir tal vulneración21.

20 Índice 397 del expediente digital del expediente con radicado 25000-23-15-000-2009-01711-00/01,

adelantado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, certificado 2F97E64D3EA8D67D
8FF0229C386EEA29 FB4D33362CFBC908 1897AA3A6D732640.
21 Sentencia SU215 de 2022.

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5.5. A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la parte actora pretende imponer
su interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada,
así como reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el
debate surtido en el trámite del proceso primigenio. Esto aunado a que el accionante
ni siquiera presentó los reparos en función de los defectos.

Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada está
encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite del incidente de
desacato, toda vez que reitera argumentos de índole legal y probatorio
desarrollados en el marco de este, sin esbozar las razones concretas por las cuales
el derecho fundamental invocado fue vulnerado con la providencia atacada, lo que
escapa de la órbita del juez constitucional, toda vez que la decisión censurada se
sustenta en el principio de autonomía judicial.

5.6. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y
subsidiaria, por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una
posible agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión
proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un
nuevo estudio del caso como si fuera una instancia adicional a lo ya surtido.

En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada22, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o
de interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso
ordinario23.

En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la presente acción de
tutela por no superar el requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por
Yidis del Carmen Hernández Meza y Edinson Fortich Barraza, en contra del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por no superar
el requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

22 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
23 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01709-00
Accionante: Yidis del Carmen Hernández Meza y otro

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado

SABF

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