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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01711-00

Fecha
24 de abril de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01711-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentadas por el DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA y el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia por falta del requisito general de relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 24 Número único de radicación: 110010315000-2025-01711-00 Actor: CARLOS ULPIANO PLAZA ROMERO motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01711-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

24 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2025-01711-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: CARLOS ULPIANO PLAZA ROMERO.

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR CARECER
DEL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. ASUNTO
MERAMENTE ECONÓMICO. CONDENA EN COSTAS.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA1.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

1
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 110010315000-2025-01711-00
Actor: CARLOS ULPIANO PLAZA ROMERO

El señor CARLOS ULPIANO PLAZA ROMERO, actuando a través de

apoderada judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia y al principio de gratuidad, los cuales

estima vulnerados por el TRIBUNAL al haber proferido la

providencia de 18 de septiembre de 2024, dentro del medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el

número único de radicación 2023-00233-01.

I.2.- Hechos

Indicó que labora como docente al servicio del DEPARTAMENTO

DEL VALLE DEL CAUCA.

Aseguró que, mediante petición de 27 de febrero de 2020, solicitó al

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL- FONDO NACIONAL

DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO2 el

reconocimiento y pago de las cesantías parciales, prestación que le

fue reconocida a través de la Resolución núm. 518 de 13 de marzo

2
En adelante FOMAG

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3

Número único de radicación: 110010315000-2025-01711-00
Actor: CARLOS ULPIANO PLAZA ROMERO

de 2020 y cancelada efectivamente el 27 de junio de 2020,

superando el plazo previsto en la Ley 1071 de 20063.

Manifestó que, el 14 de agosto de 2023, solicitó el pago de la sanción

moratoria por pago tardío de las cesantías, petición que no fue

resuelta dentro del término legal, por lo que se configuró el silencio

administrativo negativo.

Relató que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda en

ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho contra del FOMAG y el DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

CAUCA, con el fin de que se ordenara el reconocimiento y pago de

la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías

parciales.

Señaló que al mencionado proceso le fue asignado el número único

de radicación 76111-33-33-004-2023-00233-00 y le correspondió en

primera instancia al JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL

CIRCUITO DE BUGA4 que, mediante sentencia de 10 de mayo de

3
“Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías
definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su
cancelación”.
4
En adelante el Juzgado.

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4

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Actor: CARLOS ULPIANO PLAZA ROMERO

2024, declaró probada la excepción de prescripción extintiva del

derecho, negó las pretensiones de la demanda y lo condenó en

costas.

Adujo que, inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de

apelación, el cual fue desatado por el TRIBUNAL que, mediante

providencia de 18 de septiembre de 2024, confirmó la decisión del

a quo y se abstuvo de condenarlo en costas de segunda instancia.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Manifestó que la decisión judicial cuestionada incurrió en el defecto

material o sustantivo, por cuanto no tuvo en cuenta que con la

entrada en vigor de la Ley 2080 de 20215 se introdujo una adición a

la procedencia de la condena en costas cuando se logra establecer

que la demanda se presentó con manifiesta carencia de fundamento

legal, por lo tanto, el juez ordinario debió efectuar un análisis

adicional de las pretensiones y el ejercicio legítimo del derecho de

acción, impidiendo que las costas fueran impuestas como una

sanción implícita por la derrota procesal.

5
“Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso
administrativo -ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los
procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.

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Asimismo, mencionó que el TRIBUNAL incurrió en

desconocimiento del precedente establecido en la sentencia de

23 de mayo de 20246 proferida por esta Corporación, la que, a su

juicio, le es aplicable ya que la condena en costas debió efectuarse

bajo una rigurosa valoración de las pretensiones garantizándole el

principio de seguridad jurídica, pues de haberse realizado tal estudio,

se le habría permitido determinar la debida motivación de la

demanda y la justificación del ejercicio del medio de control objeto

de controversia .

Igualmente, señaló que “[…] las razones anteriores son suficientes

para que acceda a la solicitud de amparo constitucional y, en

consecuencia, se deje sin efectos la decisión judicial controvertida

para adoptar una nueva que salvaguarde los derechos al debido

proceso, vigencia de un orden justo, prevalencia del derecho

sustancial sobre el formal, acceso a la administración de justicia y

gratuidad del actor […]”.

I.4.- Pretensiones

6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
de 23 de mayo de 2024, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, número único de radicación 25000-23-42-
000-2015-0335-01 (3526-2019).

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6

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Actor: CARLOS ULPIANO PLAZA ROMERO

El actor solicita el amparo de sus derechos fundamentales invocados

como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
VALLE DEL CAUCA en la sentencia proferida el día 18 de
septiembre de 2024, en el expediente radicado No.
76111- 33-33-004-2023-00233-01, transgredió los
derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, GRATUIDAD
y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA del señor
CARLOS ULPIANO PLAZO ROMERO, habida cuenta que las
razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y
al precedente judicial del órgano de cierre en la jurisdicción
contencioso administrativo.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA,
DEJAR SIN EFECTOS la providencia judicial y, proceda a
efectuar el examen de procedencia de la condena en costas
impuestas al proceso ordinario conforme la normatividad vigente
y el precedente jurisprudencial vertical en aras de salvaguardar
las garantías iusfundamentales de la accionante […]”. (Negrilla
pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL realizó un recuento de las actuaciones

adelantadas durante el trámite de segunda instancia y advirtió que

no ha trasgredido los derechos fundamentales del actor, por cuanto

la decisión cuestionada se profirió en aplicación del criterio objetivo-

valorativo en vigencia de la Ley 1437 de 20117 y el Código General

del Proceso8 .

7
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
8
Ley 1564 de 2012.

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Actor: CARLOS ULPIANO PLAZA ROMERO

Igualmente, señaló que la solicitud de amparo es improcedente por

cuanto lo pretendido por el actor es reabrir un debate procesal que

ya fue resuelto en las instancias procesales.

I.5.2.- El JUZGADO señaló que no puede predicarse que en la

actuación cuestionada se hayan conculcado los derechos

fundamentales del actor, pues ya se le garantizó el principio de la

doble instancia y se le brindó la oportunidad de expresar los reparos

que tenía frente a las sentencias proferidas en el proceso ordinario.

Manifestó que el actor no puede pretender cuestionar a través de la

acción de tutela asuntos que ya fueron dilucidados en la instancia

ordinaria, pues eso implica el rompimiento del principio de seguridad

jurídica.

I.5.3.- El DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, vinculado en

calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso,

solicitó su desvinculación del trámite constitucional, por cuanto no

tiene injerencia en las decisiones judiciales proferidas por las

autoridades judiciales.

Aseguró que el TRIBUNAL profirió la providencia cuestionada de

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acuerdo con las reglas de la sana crítica y obró conforme a derecho

al confirmar el fallo de primera instancia.

I.5.4.- El MINISTERIO DE EDUCACIÓN vinculado en calidad de

tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó su

desvinculación de la acción de tutela, por cuanto no es responsable

de la conducta cuya omisión genera la presunta vulneración.

Aseguró que la acción constitucional de la referencia debe declararse

improcedente, toda vez que no se acreditó que exista vulneración

alguna de los derechos fundamentales invocados por el actor y, por

el contrario, plantea una controversia de naturaleza estrictamente

económica, lo cual excede la competencia del juez de tutela por

carecer de absoluta relevancia constitucional.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

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Actor: CARLOS ULPIANO PLAZA ROMERO

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la

sentencia.

La Sala advierte que el DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

y el MINISTERIO DE EDUCACIÓN solicitaron su desvinculación en

la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por

pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

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Actor: CARLOS ULPIANO PLAZA ROMERO

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).

Ahora bien, comoquiera que el DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

CAUCA y el MINISTERIO DE EDUCACIÓN fueron vinculados en

calidad demandados dentro del medio de control de nulidad y

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restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2023-00233-00, objeto de cuestionamiento, les asiste

interés directo en las resultas del proceso constitucional de la

referencia, razón por la cual la Sala denegará las solicitudes de

desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como

en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

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C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas

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las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

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Actor: CARLOS ULPIANO PLAZA ROMERO

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

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En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se

deje sin efecto la providencia de 18 de septiembre de 2024

proferida por el TRIBUNAL, dentro del medio de control de nulidad

y restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2023-00233-00.

A la citada providencia el actor le atribuye la vulneración de sus

derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia y al principio de gratuidad.

Los disensos del actor radican en que la decisión judicial cuestionada

incurrió en el defecto material o sustantivo, por cuanto no tuvo

en cuenta que, con la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021 se

introdujo una adición a la procedencia de la condena en costas

cuando se logra establecer que la demanda se presentó con

manifiesta carencia de fundamento legal, por lo tanto, el juez

ordinario debió efectuar un análisis adicional de las pretensiones y el

ejercicio legítimo del derecho de acción, impidiendo que las costas

fueran impuestas como una sanción implícita por la derrota procesal.

Asimismo, mencionó que el TRIBUNAL incurrió en

desconocimiento del precedente establecido en la sentencia de

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Actor: CARLOS ULPIANO PLAZA ROMERO

23 de mayo de 2024 proferida por esta Corporación, la que, a su

juicio, le es aplicable ya que la condena en costas debió efectuarse

bajo una rigurosa valoración de las pretensiones garantizándole el

principio de seguridad jurídica, pues de haberse realizado tal estudio,

se le habría permitido determinar la debida motivación de la

demanda y la justificación del ejercicio del medio de control objeto

de controversia .

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe

resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)

establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

fundamentales invocados e incurrió en los defectos alegados.

De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,

la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la

relevancia constitucional.

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De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional9, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».10

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación11, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

9
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
10
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Actor: CARLOS ULPIANO PLAZA ROMERO

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [12]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [13].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [14].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [15].

[12] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[13] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[14] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[15] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del

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Actor: CARLOS ULPIANO PLAZA ROMERO

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]” (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,

precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las

siguientes:

artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de
tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal […]” (Destacado fuera de
texto).

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela

se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir

las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la

independencia del juez ordinario.

En el caso bajo examen, la Sala observa que la solicitud de amparo

no cumple con el requisito general de la relevancia constitucional, en

razón a que el disenso deviene de un asunto de contenido económico,

derivado de un debate estrictamente normativo y legal.

Al respecto, en sentencia de 7 de mayo de 202116, la Sala señaló:

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de mayo
de 2021, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-05108-
01(AC).

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“[…] 39.2 En lo que concierne a la pretensión elevada contra la
condena en costas procesales que dispuso la autoridad
judicial demandada, la Sala advierte que no se cumple con el
requisito de relevancia constitucional, por las razones que
a continuación se explican:

[…] es preciso indicar que la acción de tutela no es el mecanismo
idóneo para plantear una discusión sobre la aplicación de los
artículos 361, 365 y 366 de la Ley 1564, que regulan el tema de
las costas procesales, por cuanto se trata de un asunto de
carácter legal y económico que no le corresponde decidir al juez
de tutela, sino al juez natural del proceso. […]

39.2.7 De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la
Sala no se cumple con el requisito de relevancia constitucional
dentro del marco de la acción de tutela contra providencias
judiciales, en la medida que, si bien enuncia la trasgresión
de derechos fundamentales, esa presunta afectación
tiene su origen en un asunto de contenido económico que
tiene como fundamento para su reconocimiento un
debate estrictamente normativo y de interpretación
judicial […]” (Destacado fuera de texto).

Cabe precisar que la posición jurisprudencial en cita fue reiterada por

esta Sala, en sentencia de 13 de mayo de 202117, en los siguientes

términos:

“[…] para la Sala, el actor plantea una afectación de derechos
fundamentales que tienen su origen en un asunto de
contenido económico, como lo es la condena en costas, el
cual ya fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que
no le corresponde al juez constitucional hacer un
pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría
desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y
desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en
una instancia adicional.

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de mayo
de 2021, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-01411-
00(AC).

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[…] para la Sala no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en la medida que, si bien enuncia la
trasgresión de derechos fundamentales, esa presunta afectación
tiene su origen en un asunto de contenido económico que tiene
como fundamento para su reconocimiento un debate
estrictamente normativo y de interpretación judicial. De igual
manera, la Sala al estudiar la solicitud de tutela tampoco
encuentra establecida de forma clara, la presunta vulneración de
los derechos fundamentales invocados supra. Con fundamento
en las consideraciones jurídicas establecidas, la Sala considera
que, frente a dicho cuestionamiento, la presente acción de tutela
resulta improcedente […]”.

Así las cosas, la Sala advierte que los argumentos que invoca el actor

como fundamento de la presunta vulneración de sus derechos

fundamentales al acceso a la administración de justicia y al debido

proceso, están encaminados a replantear la discusión jurídica en

torno a la imposición de las costas procesales, circunstancia que

resulta improcedente, en tanto la presunta afectación de los derechos

fundamentales se deriva de un asunto de contenido económico que

fue debidamente argumentado y concluido por el juez natural de la

causa.

En las condiciones anotadas y en la medida en que en el presente

asunto no se invocó, ni acreditó la existencia de un perjuicio

irremediable, que permita de manera excepcional proceder al análisis

de la acción constitucional, la Sala concluye que tales

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inconformidades carecen del requisito general de la relevancia

constitucional.

En consecuencia, se declarará improcedente la solicitud de amparo

presentada por la actora, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentadas por el

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA y el MINISTERIO DE

EDUCACIÓN, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia por falta del requisito general de

relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte

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motiva de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 24 de abril de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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