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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01722-00

Fecha
19 de junio de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01722-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: Primero.- Negar la solicitud de desvinculación de la Rama Judicial -Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Segundo.- Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por la señora Sixta Ortiz, quien actúa por intermedio de apoderado judicial, por las razones aquí expuestas. Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo del Consejo. Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-01722-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

19 de junio de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01722-00
Demandante: Sixta Ortiz

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01722-00
Demandante: SIXTA ORTIZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA, SALA QUINTA DE
DECISIÓN

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa por privación injusta de la libertad. Defecto fáctico

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Sixta Ortiz, quien actúa por intermedio de apoderado
judicial, contra el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Quinta de Decisión.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 21 de marzo de 20251, la accionante instauró acción de tutela por considerar
vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, así como los principios a la
seguridad jurídica, confianza legítima y congruencia, con la decisión de 21 de enero
de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Quinta de Decisión.

En el escrito de tutela se formularon las siguientes:

“PRIMERO: Decretar la nulidad de la sentencia de segunda instancia de enero 21 de
2025 proferida por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila; que
revocó la sentencia del Juzgado Cuarto Administrativo de Neiva de fecha 25 de abril de
2022 y en su lugar negó las pretensiones de la demanda al haber incurrido en un defecto
fáctico, pues a pesar de encontrarse dentro del proceso penal, las inconsistencias e
irregularidades del funcionario de policía que capturó al señor William Fernando Durán
Ortíz, no se le dio el valor probatorio que debía darse a la misma y condenar a la Nación-
Ministerio de Defensa-Policía Nacional por falla en el servicio, ante el presunto falso
testimonio del agente Heli Alfredo Hernández Belaides.

SEGUNDO: Declarar la nulidad de la de Sentencia de segunda instancia proferida por la
Sala Quinta de Decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Huila el 21 de enero
de 2025, mediante al cual se decidió el recurso de apelación interpuesto por las
entidades demandas contra la sentencia de primera instancia de fecha 25 de abril de
2022 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Neiva, y en su lugar ordenar que
se profiera un nuevo fallo, donde se estudie el actuar irregular del integrante de la Policía
Nacional que hizo las veces de agente captor conforme lo señaló el Juzgado Tercero

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Según el correo de radicación.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01722-00
Demandante: Sixta Ortiz

Penal del Circuito Con Función de Conocimiento de Neiva el 10 de octubre de 2017 y
declare la responsabilidad de la Nación-Ministerio de Defensa- Policía Nacional.

TERCERA: Confirmar la sentencia de abril 25 de 2022 proferida por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Neiva, concediendo las declaraciones y condenas solicitadas en la
demanda de reparación directa contra la Nación-Ministerio de Defensa- Policía Nacional
y demás actuaciones surtidas de ser necesario y así lo considere pertinente en esta
tutela, y se nos conceda la protección de los derechos aquí solicitados, por medio de la
demanda administrativa interpuesta.

CUARTA: Inaplicar todas las normas que sean contrarias o desfavorables en nuestros
legítimos derechos fundamentales a la confianza legítima, seguridad jurídica, principio
de congruencia, derecho de defensa, debido proceso, por defecto fáctico aplicando en
su lugar las normas que nos sean más FAVORABLES”.

2. Hechos

De las documentales allegadas a este trámite constitucional, de los hechos y
manifestaciones la Sala destaca lo siguiente:

Se observa que la accionante es madre del señor William Fernando Durán Ortiz,
quien fue capturado el 24 de enero de 2015, en flagrancia por la comisión del delito
de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, que fue legalizada al día siguiente
en audiencia pública, profiriéndole medida de aseguramiento en establecimiento
carcelario, que posteriormente, el 2 de junio de 2015 se revocó por detención
domiciliaria.

Consta que el 2 de junio de 2015, se llevó a cabo audiencia de formulación de
acusación por la presunta comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes. El 23 del mismo mes y año se realizó la audiencia preparatoria y,
el juicio oral se desarrolló entre el 7 de septiembre de 2015 al 23 de mayo de 2017,
cuando en audiencia pública se resolvió un impedimento, se profirió el sentido del
fallo absolutorio y se ordenó la libertad inmediata.

Se advierte que el 10 de octubre de 2017, el Juzgado Penal del Circuito con Función
de Conocimiento de Neiva profirió sentencia en el sentido de absolver al señor
William Fernando Durán Ortiz, por la comisión del delito imputado por falta de
certeza probatoria. Según se logró extraer de dicha providencia, la Fiscalía General
de la Nación, en los alegatos de conclusión solicitó que se profiriera una decisión
absolutoria por duda probatoria ya que consideró que a pesar de las declaraciones
de los policías que realizaron la captura, se encontraron contradicciones en la
cantidad de la droga incautada y las circunstancias que rodearon el caso, lo que
ponía en duda la responsabilidad del acusado.

En el fallo absolutorio se indicó: “así las cosas, el Juzgado reitera que lo declarado por
el Agente Captor queda en entredicho y resulta que analizadas las demás pruebas traídas
a juicio, se desvirtúa la responsabilidad de WILLIAM FERNANDO DURÁN ORTÍZ, por las
circunstancias en que se llevó a cabo la captura, es decir que no fue porque arrojó una
bolsa que contenía marihuana, sino por no portar los documentos de identidad, situación
que molestó a los policiales que optaron por trasladarlo al Cai Bogotá; aunque dicha
realidad la niega el agente captor Heli Alfredo, pues indicó que lo trasladaron desde un
inicio a la Uri, pero lo demostrado es que lo llevaron al Cai del barrio Bogotá, inconsistencia
esta, que suscita una duda que debe resolverse a favor del procesado”. En consecuencia,
ordenó la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que
se investigue la posible comisión del delito falso testimonio.
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Demandante: Sixta Ortiz

Con base en lo anterior, denota la Sala que el 25 de septiembre de 2018, los señores
William Fernando Durán Ortiz, Sixta Ortiz, Camila Andrea Durán Hernández, Omar
Durán García y Didier Durán Ortiz, presentaron demanda en ejercicio del medio de
control de reparación directa contra la Rama Judicial, la Fiscalía General de la
Nación y el Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, con el fin de que se
declarara la responsabilidad por la privación injusta de la libertad a la que fue
sometida el señor William Fernando, entre el 24 de enero de 2015 y el 24 de mayo
de 2017.

La demanda de reparación directa le correspondió por reparto al Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Neiva, con radicado n.º 41001-33-33-004-2018-
00302-00, quien el 22 de abril de 2022 profirió sentencia de primera instancia en la
que accedió a las pretensiones y, en consecuencia, reconoció el pago de perjuicios
morales y materiales. En esa decisión, el Juzgado abordó el asunto bajo el régimen
objetivo de responsabilidad respecto de la Fiscalía General de la Nación y la Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al no observarse una
indebida prestación del servicio y, además, al resultar demostrada una de las
causales de privación injusta, esto es, fallo absolutorio por duda probatoria.

Se encuentra que contra la anterior decisión, la Fiscalía General de la Nación
interpuso recurso de apelación que fue desatado mediante providencia de 21 de
enero de 2025, por el Tribunal Administrativo del Huila en la que se revocó la
decisión recurrida y, en su lugar, se dispuso a negar las pretensiones de la
demanda. Lo anterior, con fundamento en que la medida preventiva fue razonable,
proporcional y necesaria, toda vez que al momento en que se dictó la juez de control
de garantías contaba con elementos para imponer la misma.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora refirió que la sentencia de 21 de enero de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila, Sala Quinta de Decisión, incurrió en defecto
fáctico, por no valorar en debida forma la situación que fue demostrada en la
sentencia de 10 de octubre de 2017, que absolvió al señor William Fernando Durán
Ortiz del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, ya que en dicha
decisión dictada en el proceso penal se logró evidenciar que las declaraciones
realizadas por el agente de policía que efectuó la captura en flagrancia carecían de
veracidad, y que contrario a lo manifestado por otros testigos se logró establecer
que la detención fue por no portar el documento de identidad.

Mencionó que la decisión reprochada revocó la sentencia de 25 de abril de 2022 y,
en consecuencia, resolvió negar las pretensiones de la demanda de reparación
directa, luego de considerar que la medida preventiva de aseguramiento en
establecimiento carcelario se encontró justificada conforme el precedente judicial
establecido por la Sección Tercera del Consejo de Estado, y porque se ciñó a los
requisitos objetivos y subjetivos descritos en el procedimiento penal, además de
resultar razonable, proporcional y necesaria, sin valorar la compulsa de copias a la
Fiscalía General de la Nación, con el fin de que investigara al señor Heli Alfredo
Hernández Belaides por el presunto delito de falso testimonio.

Agregó que la sentencia cuestionada incurrió en el defecto alegado ya que con base
en un testimonio que fue desvirtuado, se le impuso la medida preventiva de
aseguramiento al señor William Fernando Durán Ortiz, es decir, que para el
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Demandante: Sixta Ortiz

momento del decreto de la citada medida carecía de elementos materiales
probatorios para soportarla.
Por último, indicó que la autoridad judicial accionada se limitó a señalar que la
apoderada judicial del indiciado en el proceso penal no presentó recurso alguno
contra la medida de aseguramiento sin tener en cuenta que, para ese momento, no
existían pruebas que permitieran controvertir lo afirmado por el agente de policía, a
lo que agregó que fue hasta la etapa probatoria y de juicio que se concluyó que no
existía certeza en el informe y la declaración rendida por el agente que efectuó la
captura en flagrancia.

4. Trámite procesal
Por auto de 25 de marzo de 2025, el despacho sustanciador admitió la demanda y
ordenó notificar a la accionante y a la autoridad judicial accionada -Tribunal
Administrativo del Huila, Sala Quinta de Decisión. Así mismo, a la Nación – Fiscalía
General de la Nación, Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y a los señores William
Fernando Durán Ortiz, Camila Andrea, Durán Hernández, Omar Durán García y
Didier Durán Ortiz, como terceros interesados en el resultado del proceso (por ser
también demandantes en el proceso ordinario) y se vinculó a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado, en virtud de lo previsto en el artículo 610 del Código
General del Proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios n.º 38252 a 38259 del
27 de marzo de 2025 y 43194 y 43195 de 4 de abril del presente año, con el fin de
dar cumplimiento a la referida decisión2.

El 21 de abril de 2025, el expediente ingresó al despacho sustanciador para dictar
sentencia de primera instancia.

5. Oposición

Respuesta del Tribunal Administrativo del Huila, Sala Quinta de Decisión

La magistrada a cargo del despacho en el que cursó el proceso ordinario rindió
informe en el que pidió negar las pretensiones de la acción de tutela. Al respecto,
trajo a consideración la sentencia SU-090 de 2018 de la Corte Constitucional
relacionada con la procedencia excepcional para controvertir providencias dictadas
en el curso de un proceso judicial.

Expuso que la parte actora hizo alusión al defecto fáctico por indebida valoración
probación, no obstante, la decisión se dio con base en las pruebas recaudadas en
el proceso ordinario y de conformidad con la jurisprudencia aplicable al caso.

6. Vinculadas

6.1. Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

La jefe del área jurídica de la entidad se pronunció sobre los hechos que dieron
origen a la acción de tutela. Sostuvo que de conformidad con los elementos

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Índice 7 Samai
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Demandante: Sixta Ortiz

probatorios no se configura el defecto alegado, ya que la medida de aseguramiento
impuesta en el proceso penal reunía los requisitos consagrados en el artículo 308
del Código de Procedimiento Penal.

Mencionó que, si bien existió una decisión absolutoria, la misma no genera el
reconocimiento de una indemnización de tipo económico por la privación de la
libertad, por lo que la autoridad judicial accionada no estaba condicionada a acceder
a las pretensiones de la demanda pues al realizar el estudio independiente del
asunto y en uso de su autonomía arribó a la conclusión de que no se configuró el
daño alegado.

6.2. Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

El abogado adscrito a la Unidad de Asistencia Legal de la entidad rindió informe al
asunto y pidió que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela, por considerar
que la demandante acude a la vía constitucional para reabrir un debate que fue
zanjado por el juez natural. A su vez, solicitó la desvinculación del trámite por
carecer de legitimación en la causa por pasiva, ya que su representada no es la
llamada a responder por lo alegado.

6.3. La Fiscalía General de la Nación y los señores William Fernando Duran
Ortiz, Camila Andrea, Duran Hernández, Omar Duran García y Didier Duran
Ortiz guardaron silencio aun cuando fueron debidamente notificados del auto
admisorio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Cuestión preliminar

La Rama Judicial -Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó su
desvinculación de la acción constitucional, al considerar que no ostenta legitimidad
en la causa por pasiva, en razón a que no tiene competencia para resolver lo
pretendido por la accionante con la acción de tutela.

Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política, el 5 del Decreto
2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Sala
no accederá a la solicitud de desvinculación, en tanto se advierte que su vinculación
se dio como tercero con interés en las resultas del proceso en razón a su condición
de demandado en el marco del medio de control de reparación directa.

3. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Quinta de
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Decisión, vulneró el derecho fundamental al debido proceso, así como los principios
a la seguridad jurídica, confianza legítima y congruencia, al incurrir en un defecto
fáctico por la indebida valoración probatoria de la sentencia de 10 de octubre de
2017, proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Neiva.

4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos3 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles
y Políticos4, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del
bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20125, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 6,
precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales,
lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de
sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden
eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma
decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20057.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado
a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los

3
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
4
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
5
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
6
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
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siguientes: (i) Defecto orgánico8; (ii) Defecto procedimental absoluto9; (iii) Defecto
fáctico10; (iv) Defecto material o sustantivo11; (v) Error inducido12; (vi) Decisión sin
motivación13; (vii) Desconocimiento del precedente14 y (viii) Violación directa de la
Constitución15.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo16 y de la Corte Constitucional17.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada
y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural,
atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de
estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

5. De la privación injusta de la libertad y el régimen de responsabilidad
aplicable de acuerdo con el criterio jurisprudencial desarrollado por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado

En desarrollo del artículo 90 de la Constitución Política, el legislador instituyó la
responsabilidad del Estado por la actuación o funcionamiento de sus órganos
jurisdiccionales o de sus funcionarios mediante la Ley Estatutaria 270 de 1996,
específicamente en el artículo 65, así:

“ARTÍCULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la
acción o la omisión de sus agentes judiciales.

8
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
9
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
10
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
11
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
12
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
13
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
14
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
15
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las sentencias SU-114 de 2023 y SU-
061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera y SU-241 de 2024, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
16
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia
del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia
del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
17
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz
Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos
y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
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En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento
de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la
libertad”.

De dicha norma se estableció que el Estado resulta patrimonialmente responsable
con ocasión de la actuación judicial en los siguientes eventos: i) defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia; ii) error jurisdiccional y iii) privación
injusta de la libertad.

En cuanto a la última circunstancia establecida en la norma, esto es, la
responsabilidad por los daños antijurídicos derivados de la privación injusta de la
libertad de las personas, el artículo 68 de la Ley Estatutaria 270 de 1996, dispuso lo
siguiente:

“ARTICULO 68. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. Quien haya sido privado
injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”.

De lo anterior, se observa que el legislador estableció los eventos en los cuales el
Estado puede responder por la acción u omisión de sus agentes judiciales, mas no
indicó cual era el régimen de responsabilidad aplicable en estos casos, pues estos
han sido desarrollados por el juez contencioso administrativo a través de su
jurisprudencia.

Por consiguiente, en razón a las posturas divergentes que se presentaron en los
diferentes juzgados, tribunales y hasta en las mismas Subsecciones de la Sección
Tercera del Consejo de Estado frente al régimen de responsabilidad con los que se
debían abordar los casos de privación injusta de la libertad, esta última Corporación
judicial dictó la sentencia de unificación de 17 de octubre de 201318, en la cual se
dispuso que la asignación objetiva de responsabilidad al Estado aplicaba en los
casos en que i) el detenido no cometió el delito, ii) el hecho no existió, iii) la
conducta por la cual fue detenido no es típica o, iv) por aplicación del principio in
dubio pro reo; eventos en cuya ocurrencia la antijuridicidad del daño se consideraba
presente y, por tanto, el análisis de la responsabilidad se simplificaba y con ello el
de los elementos estructurales de la responsabilidad, debiendo probarse
únicamente la ocurrencia del daño mismo.

Pese a lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de 5 de julio de
201819, fijó unas pautas generales para efecto de que los jueces analizaran los casos
de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad.

En dicho pronunciamiento, la Corte Constitucional explicó que “el artículo 90 de la
Constitución no define un título de imputación y que, en todo caso, la falla en el
servicio es el título de imputación preferente, concluyó en la sentencia C-037 de
1996 que el significado de la expresión ‘injusta’ necesariamente implica definir si la
providencia a través de la cual se restringió la libertad a una persona mientras era
investigada y/o juzgada fue proporcionada y razonada, previa la verificación de su
conformidad a derecho”.

Adicionalmente, resaltó el título de imputación preferente para efecto de la
responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, esto es, la falla en el

18
Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado No. 52001-23-31-000-1996-07459-01, C.P.: Mauricio Fajardo
Gómez.
19
M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.
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servicio. Por consiguiente, el juez del proceso de responsabilidad debe verificar que
la privación de la libertad atendió a los requisitos fijados por la norma penal.
Es decir, en palabras de la Corte Constitucional “el juez administrativo, al esclarecer
si la privación de la libertad se apartó del criterio de corrección jurídica exigida, debe
efectuar valoraciones que superan el simple juicio de causalidad y ello por cuanto
una interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, sustento
normativo de la responsabilidad del Estado en estos casos, impone considerar,
independientemente del título de atribución que se elija, si la decisión adoptada por
el funcionario judicial penal se enmarca en los presupuestos de razonabilidad,
proporcionalidad y legalidad […] el juez administrativo podrá elegir qué título de
imputación resulta más idóneo para establecer que el daño sufrido por el ciudadano
devino de una actuación inidónea, irrazonable y desproporcionada y por ese motivo,
no tenía por qué soportarse”.
Asimismo, para esa corporación judicial el alcance que la jurisprudencia le otorgó al
evento en el que la persona que se le impuso medida de privación de la libertad y
posteriormente fue absuelto en virtud del in dubio pro reo, se debía cambiar, pues
consideró en este evento “exigen mayores esfuerzos investigativos y probatorios,
pues a pesar de su objetividad, requiere del Fiscal o del juez mayores disquisiciones
para definir si existen pruebas que permitan vincular al investigado con la conducta
punible y presentarlo como el probable autor de la misma”. Por consiguiente,
concluyó que en dicho caso no aplicaría el régimen objetivo de responsabilidad sino
el subjetivo.

Igualmente, la Corte Constitucional resaltó que la absolución mediante sentencia no
deriva necesariamente en la responsabilidad del Estado por privación injusta de la
libertad, por cuanto la detención preventiva es una figura distinta a la pena, y los
presupuestos para su procedencia también son diferentes.
Por otra parte, se debe destacar que el tribunal constitucional manifestó que
compartía la tesis de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la que se
establece que en los casos que se imponga una medida de aseguramiento cuando
el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica, “es posible predicar
que la decisión de privar al investigado de su libertad resulta irrazonable y
desproporcionada, luego, para esos eventos es factible aplicar un título de
atribución de carácter objetivo en el entendido de que el daño antijurídico se
demuestra sin mayores esfuerzos” (negrillas por fuera del texto original).

Igualmente, se resalta que la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo en
sentencia de 15 de agosto de 2018, efectuó un cambio de postura que obedeció a
la necesidad de fijar criterio en materia del régimen de imputación aplicable; sin
embargo, dicho pronunciamiento quedó sin efecto. Tal y como lo ha precisado la
Sala de la Sección Cuarta de esta Corporación esa situación “implica es que los
operadores judiciales, en ejercicio de la autonomía e independencia que caracteriza
la actividad judicial, adopte los criterios que mejor se acompasen con las
circunstancias de cada caso en concreto, en los eventos relacionados con privación
injusta de la libertad”20. Es decir, que el juez contencioso administrativo puede aplicar
el régimen de imputación que considere pertinente según las circunstancias del
caso.

20
Ver, entre otras, las sentencias del 13 de agosto de 2020, expediente radicado número: 11001-03-15-000-
2020-03190-00 y del 15 de junio de 2023, expediente radicado número:11001-03-15-000-2023-00397-01.
9

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01722-00
Demandante: Sixta Ortiz

En ese orden de ideas, es evidente que, de acuerdo con la regla jurisprudencial
relacionada con la privación injusta de la libertad, prima el régimen subjetivo de
responsabilidad en el que se debe entrar a estudiar el actuar de las entidades
estatales. Sin embargo, se dispuso que en dos eventos (inexistencia del hecho y
atipicidad objetiva) es factible la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad,
pues en estas circunstancias es evidente que el ente acusador o los jueces penales,
disponen de las herramientas necesarias para definir con certeza desde el primer
momento los dos supuestos antes mencionados.

6. Estudio y solución del caso concreto

6.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia

En el asunto objeto de estudio, (i) la acción de tutela cumple el presupuesto de la
relevancia constitucional porque debe definirse si se vulneró a la accionante el
derecho fundamental al debido proceso y a los principios a la seguridad jurídica,
confianza legítima y congruencia con la sentencia de 21 de enero de 2025, mediante
la cual el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Quinta de Decisión, revocó el fallo
que había accedido a las pretensiones de la demanda, para en su lugar negarlas,
en el marco del medio de control de reparación directa que promovió contra la Rama
Judicial, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional. De allí que no se proponga un debate de estricta legalidad, sino
que la discusión se orienta a determinar si la autoridad judicial accionada incurrió
en defecto fáctico, lo que conllevaría, de encontrarse acreditado, la vulneración de
garantías iusfundamentales.

A su vez, se tiene que (ii) la accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial,
pues en el caso se agotó el recurso de apelación contra la sentencia de 22 de abril
de 2022, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Neiva, y se
observa que no se configura ninguna de las causales de procedencia del recurso
extraordinario de revisión y de unificación de jurisprudencia, (iii) se cumple el
requisito de la inmediatez, toda vez que la providencia objetada fue notificada el 30
de enero de 2025 y la acción de tutela se presentó el 21 de marzo de 2025, esto es,
dentro del término prudencial precisado por esta Corporación y la Corte
Constitucional21; (iv) se identificó de manera razonable los hechos que generó la
supuesta vulneración alegada y (v) la acción no se dirige contra un fallo de tutela.

Se advierte, entonces, que se han superado los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, por lo que la Sala entrará a
efectuar el estudio de fondo del asunto bajo consideración.

6.2. La autoridad judicial accionada no incurrió en el defecto fáctico alegado

La señora Sixta Ortiz, quien actúa por intermedio de apoderado judicial, considera
que la sentencia de 21 de enero de 2025, mediante la cual la autoridad judicial
accionada revocó el fallo que había accedido a las pretensiones de la demanda,
para en su lugar negarlas, en el marco del medio de control de reparación directa
que promovió contra la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y el
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, incurre en defecto fáctico.

21
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01722-00
Demandante: Sixta Ortiz

Sustentó su inconformidad, en síntesis, en que se adoptó la decisión que revocó la
del a quo con carencia probatoria. En específico, adujo la ausencia de valoración
de la totalidad de la sentencia de 10 de octubre de 2017 dictada por el Juzgado
Tercero Penal del Circuito de Neiva, por la cual se absolvió al imputado de los
cargos impuestos bajo el principio de in dubio pro reo, pues en esta decisión se
consideró que el testimonio del agente de policía que realizó la captura carecía de
certeza, lo que condujo a que, en la misma oportunidad se compulsaran copias a la
Fiscalía General de la Nación para que investigara dicha conducta a efectos de
establecer la posible comisión de algún delito.

Así, para desatar la cuestión ius fundamental puesta a consideración de la Sala, se
tiene que sobre el defecto fáctico, la Corte Constitucional ha considerado que se
configura cuando “(…) se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al
proceso, o que en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya
desconocido manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos casos, que la
prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal trascendencia que sea capaz de
determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos supuestos es posible la tutela de los
derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y de acceso a la administración de
justicia, de manera que cuando los mismos no satisfagan estas exigencias, no procede el
amparo constitucional pues se trata de situaciones que se sustraen al ámbito funcional de
esta jurisdicción”.

Así mismo, ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse un
defecto fáctico: 1) Una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración
y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez; 2) Una dimensión positiva, que se presenta generalmente
cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en
la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo,
fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador desconoce la
Constitución22, o cuando da por establecidas circunstancias sin que exista material
probatorio que respalde su decisión23.

Es decir, que, dado el carácter restringido y excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales, no corresponde al juez constitucional reabrir el
debate probatorio o de la interpretación de las normas legales utilizadas para
resolver el caso. Por lo tanto, su labor se limita a evidenciar aquellos errores
manifiestos del fallo, que lo hacen incompatible con los derechos fundamentales.

De las pruebas documentales allegadas a este trámite constitucional, se observa,
tal como fue narrado en los hechos y sin que fuere objeto de reproche, que el hijo
de la parte actora - William Fernando Durán Ortiz- fue capturado el 24 de enero de
2015, y una vez legalizada su captura se le impuso medida de aseguramiento en
establecimiento carcelario. Posteriormente, el 2 de junio de 2015 se revocó por
detención domiciliaria y el 10 de octubre de 2017, luego de surtidas las diferentes
etapas del proceso penal, se profirió fallo absolutorio y se ordenó la libertad
inmediata.

22
Sentencia T-781 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
23
Sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
11

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01722-00
Demandante: Sixta Ortiz

También se constata que por los hechos narrados relativos a la privación de la
libertad del señor William Fernando Durán Ortiz, él junto con los señores Sixta Ortiz,
Camila Andrea Durán Hernández, Omar Durán García y Didier Durán Ortiz,
presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra
la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional, con el fin de que se declarara la responsabilidad por la
privación injusta de la libertad a la que fue sometido el señor William Fernando entre
el 24 de enero de 2015 y el 24 de mayo de 2017, la cual fue de conocimiento en
primera instancia del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Neiva con
radicado n.° 41001-33-33-004-2018-00302-00.

Al decidir la controversia, el Juzgado Cuarto Administrativo de Neiva en sentencia
de 25 de abril de 2022, accedió a las pretensiones de la demanda bajo el título de
responsabilidad objetiva y condenó a las demandadas al pago de los perjuicios
reclamados, tras analizar que la medida de aseguramiento no fue idónea, razonable,
necesaria, ni proporcional, de cara a los presupuestos legales establecidos en la
Ley 906 de 2004. Al efecto, consideró que no existía reparo frente al requisito
objetivo, puesto que la argumentación presentada por la jueza de control de
garantías tuvo como fundamento que el delito imputado era investigable de oficio y
tenía una pena que excedía los cuatro (4) años; sin embargo, señaló que no ocurrió
los mismo respecto del requisito subjetivo ya que no garantizó la debida controversia
de los elementos presentados por la autoridad acusadora para sustentar la urgencia
de la medida de aseguramiento.

Así las cosas, el juzgador de primera instancia en el proceso ordinario consideró
que desde la legalización de la captura se presentó una controversia entre las
versiones rendidas por el policía que realizó la captura y declaró sobre las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon el caso y, la declaración del
otro agente que acompañó la detención, quien refirió que la misma se dio por no
portar el documento de identificación. En relación con el requisito subjetivo sostuvo
lo siguiente:

“En esta condiciones, ante la contención presentada por la Defensa respecto al
fundamento fáctico invocado por el Delegado del Fiscal, la Jueza de Control de
Garantías debió garantizar con mayor rigor la controversia del informe de captura
en caso de flagrancia, permitiéndole a la Defensa para que en un tiempo
prudencial obtuviera los elementos de conocimiento necesarios que le ayudaran
a construir la inferencia razonable para que no impusiera la medida de
aseguramiento, v.gr, escuchar a los patrulleros que indicó el capturado eran
testigos de su traslado a las instalaciones de la URI desde el CAI Bogotá, aportar
copia del libro de población del CAI Bogotá, o del libro de anotaciones de la URI
a fin de verificar horas de ingreso, incluso solicitar copia de las videos -
grabaciones de estos lugares.

En este sentido, no puede perderse de vista que, desde la audiencia de
legalización de captura, la Defensa de Duran Ortiz esgrimió serios y graves
reparos, tanto a la cantidad de la sustancia de marihuana que aparentemente se
le incautó y a las razones por las que fue capturado. Incluso el aprehendido
manifestó en audiencia que los patrulleros que lo condujeron a las instalaciones
de la URI eran testigos de su traslado desde el CAI Bogotá.
(…)
Colofón de lo expuesto, dable resulta concluir, que al no permitirse por parte de
la Jueza de Garantías la contradicción de los elementos de conocimiento
presentados por la Fiscalía, nació en ella una falsa inferencia razonable de que
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Demandante: Sixta Ortiz

el señor Durán Ortiz era posible autor del delito de Tráfico, Fabricación o Porte
de Estupefacientes, primer elemento del requisito subjetivo del artículo 308
ejusdem, de ahí que, tampoco podía concluir que la medida de aseguramiento
era necesaria, adecuada, proporcionalidad y razonable, de acuerdo con el
material probatorio obrante en el proceso hasta ese momento, luego no se
cumplían con los fines constitucionales determinados en la ley procesal penal.
(…)
Corolario de lo anterior, sin hesitación alguna concluye esta togada, que la
privación de la libertad de la que fue objeto William Fernando Durán Ortiz el 25
de enero de 2015 por parte del Juzgado Único Promiscuo Municipal de Villavieja
Huila con Funciones de Control de Garantías, se tornó injusta, toda vez que no
se cumplía con el requisito subjetivo determinado en el artículo 308 del C.P.P.,
esto es, que en grado de probabilidad el imputado era i) autor del delito de
Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes y ii) que constituía un peligro
para la sociedad, o que no comparecería al proceso o cumpliría con la sentencia;
además de los fines constitucionales determinados en la ley procesal penal,
según lo señalado en líneas anteriores. (…)”.

Contra la anterior decisión, la parte vencida interpuso recurso de apelación que fue
desatado por sentencia de 21 de enero de 2025, por el Tribunal Administrativo del
Huila, Sala Quinta de Decisión, en la que se revocó la sentencia de 25 de abril de
2022 y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda, al considerar:

“Como ya se indicó, al plenario se arrimaron las piezas procesales, de la noticia
criminal 410016000716201500186, que cursó ante el Juzgado Único Promiscuo
Municipal de Villavieja Huila con Función de Control de Garantías, por los hechos
ocurridos el 24 de enero de 2015, y aunque en ella no reposa el archivo físico
del (Informe de policía de vigilancia en caso de captura en flagrancia, Acta de
Derechos del Capturado y Constancia de Buen Trato, Acta de la Materialización
de los Derechos del Capturado e Informe de investigador de campo, de fecha
24/01/2015); lo cierto, es que, conforme a los audios de las audiencias
preliminares y las actas correspondientes a cada vista pública, se revela que: i)
la funcionaria judicial analizó y sustentó cada uno de los requisitos (objetivos y
subjetivos) para ordenar la detención preventiva; ii) la abogada defensora no
controvirtió el incumplimiento de esas exigencias legales, al punto de manifestar
simplemente que la defensa no contaba con los elementos materiales
probatorios para darle una inferencia razonable de la no imposición de medida
de aseguramiento; y, iii) ninguna de las decisiones adoptadas por la Juez de
Control de Garantías fue recurrida (legalidad de la captura e incautaciones,
formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento en
establecimiento carcelario).

Nótese, que el señor William Fernando Durán Ortiz estaba en el deber jurídico
de soportar la privación de su libertad, comoquiera que la medida de
aseguramiento se sustentó en la realidad probatoria vigente al momento de su
imposición, pues se itera, según audios de las audiencias preliminares, contaba
con el Informe de policía de vigilancia en caso de captura en flagrancia, Acta de
Derechos del Capturado y Constancia de Buen Trato, Acta de la Materialización
de los Derechos del Capturado e Informe de investigador de campo de fecha
24/01/2015. Realidad, que no podía desconocerse y que, al contrario, le permitía
a la funcionaria judicial inferir razonablemente los hechos acontecidos que
conllevaron eventualmente a la comisión del delito. Máxime cuando, la Juez de
Garantías accedió a recibir el testimonio solicitado por la defensa (patrullero Heli
Alfredo Hernández Belaides), quien ratificó lo expuesto en el Informe de policía
de vigilancia en caso de captura en flagrancia del aquí demandante, sin que la
defensa, solicitara ningún otro elemento probatorio, para desvirtuar los hechos
acontecidos.
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Demandante: Sixta Ortiz

Así las cosas, para el Tribunal, la medida precautoria estuvo debidamente
justificada y en los términos del precedente judicial citado, fue legal porque se
ajustó a los requisitos objetivos y subjetivos descritos en el procedimiento penal
(artículos 308 y 313 CPP); fue razonable por la gravedad de los hechos
denunciados; fue proporcional porque la conducta se encuentra tipificada con
pena privativa en establecimiento carcelario; y fue necesaria para brindar
protección a la sociedad y evitar la perpetración de hechos similares.

Ahora bien, es irrefutable que el 10 de octubre de 2017, el Juzgado Tercero Penal
del Circuito con Función de Conocimiento de Neiva, absolvió al aquí demandante
del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes por duda probatoria,
al existir una inconsistencia derivada de las circunstancias en que se llevó a cabo
la captura del demandante, es decir, que no fue porque arrojó una bolsa que
contenía marihuana, sino por no portar los documentos de identidad.

Pese a ello, para la fase procesal en la que se impuso la medida de
aseguramiento, la realidad probatoria obligaba a las entidades demandadas a
actuar de conformidad a sus atribuciones legales (como efectivamente lo
hicieron), pues se itera, la Juez de Garantías, tuvo en cuenta las pruebas
recaudadas, es decir, el informe de policía de vigilancia en caso de captura en
flagrancia, el testimonio de quien suscribió dicho informe, mediante el cual,
ratificó todo lo expuesto en el mismo. Sumado a la falta de solicitud probatoria
de la defensa y la no interposición de recursos frente a las decisiones arrimadas
en las audiencias preliminares.

En razones de equidad y de igualdad, tampoco se advierte que haya existido un
desequilibrio en las cargas públicas, pues el demandante no acreditó (en los
términos del artículo 167 del CGP), que las circunstancias descritas en los
elementos materiales de prueba, no correspondieran a la realidad; ni que haya
tenido que soportar un gravamen superior al que cualquier otro ciudadano (en
sus mismas condiciones) hubiese sido sometido; especialmente, cuando la
decisión de medida de aseguramiento en audiencia preliminar, se reitera, no fue
recurrida”.
Según se vio la sentencia objetada mencionó que el señor William Fernando Durán
Ortiz se encontraba en el deber jurídico de soportar la vinculación a la investigación
penal y la privación de su libertad, para lo cual valoró que al momento en que se
impuso la medida de aseguramiento la funcionaria analizó y sustentó los requisitos
para ordenar la detención, la abogada de la defensa no controvirtió el
incumplimiento de las exigencias legales y las decisiones adoptadas, tales como la
legalización de la captura, la formulación e imputación de la medida preventiva no
fueron recurridas.

Para llegar a la anterior conclusión valoró que “la medida de aseguramiento se
sustentó en la realidad probatoria vigente al momento de su imposición”, pues se
contaba con el informe de policía de vigilancia en caso de captura en flagrancia, el
acta de derechos del capturado, el acta de materialización de los derechos del
capturado, el informe de investigador de campo, sumado al testimonio que solicitó
la defensa del patrullero que realizó la captura, quien ratificó lo expuesto en el
informe.

A su vez, la decisión reprochada sostuvo que era irrefutable que el señor William
Fernando fue absuelto de la comisión del delito imputado por duda probatoria, al
existir una inconsistencia en las circunstancias que rodearon la captura, pues no fue

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Demandante: Sixta Ortiz

porque arrojó una bolsa con cannabis, sino por no portar el documento de
identificación.

En este punto se debe destacar que conforme se dijo en líneas anteriores, la Corte
Constitucional en sentencia SU-072 de 2018, fijó unas pautas generales para efecto
de que los jueces analizaran los casos de responsabilidad del Estado por privación
injusta de la libertad. En esa oportunidad señaló que el juez administrativo debe
analizar si la medida de aseguramiento que se adoptó fue razonable, proporcional
y legal, independiente del título de imputación y régimen de responsabilidad
aplicable. Este precedente fue, además, reiterado en la sentencia SU-126 de 2025,
en la que se concluyó que la autoridad judicial allí accionada en sus consideraciones
para negar las pretensiones reparatorias, no fueron adecuadas a efectos de
establecer si se causó un daño antijurídico con la imposición de la medida de
aseguramiento, pues no se dijo nada sobre la finalidad de la imposición de la medida
de aseguramiento, ni sobre la existencia y gravedad de los indicios para su
imposición, como tampoco la valoración adecuada de las pruebas para fundamentar
los indicios que llevaron a la misma.

Así las cosas, para la Sala contrario a lo manifestado por la accionante, no se
configura el defecto fáctico alegado, toda vez que la decisión reprochada hizo una
valoración de los elementos probatorios allegados y recopilados en el proceso
penal, entre ellos, de lo resuelto en la sentencia de 10 de octubre de 2017.

En ese orden de ideas, la autoridad judicial accionada llegó a la conclusión de que
el señor William Fernando Durán Ortiz se encontraba en el deber jurídico de
soportar la medida preventiva impuesta, ya que para la audiencia de legalización de
la captura la jueza de garantías contaba con una duda razonable en la comisión del
delito, sumado a que el actor tenía una anotación previa por el mismo delito, por lo
que la privación de la libertad se basó en el informe de policía de vigilancia en caso
de captura en flagrancia, en el acta de derechos del capturado, el acta de la
materialización de los derechos del capturado, el informe de investigador de campo
y la declaración rendida por el policía que efectuó la captura en el que reiteró lo
dicho en su informe. Se destaca que dicho testimonio fue solicitado por la defensa
y, por ende, valorado por la juez de control de garantías.

Si bien con posterioridad en el curso del proceso penal se decidió absolver al señor
William Fernando de los cargos impuestos por el delito de tráfico, porte o fabricación
de estupefacientes por duda de veracidad de la declaración rendida por el agente
de policía que realizó la captura, en contraste con la Investigación adelantada por
Wilson Gutiérrez Díaz, de la cual se destacó que el detenido no fue conducido de
manera directa a la URI, así como de los testimonios rendidos por Milvia Maritza
Parra Villalba, Alexander Manrique y Hernando Martínez Cruz, en los que señalaron
que la detención fue por no portar el documento de identificación y que fue
conducido al CAI, lo cierto es que esos elementos de juicio fueron recopilados y
valorados en el curso del proceso penal, sin que al momento en que se dio la medida
preventiva de aseguramiento se tuviera tal grado de certeza.

Sobre el particular, se advierte que como ya lo ha expresado reiteradamente esta
Sala24, las valoraciones que se efectúan en el proceso penal son distintas a aquellas
24
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 22 de mayo de 2019, exp. Nº 11001-03-15-000-2018-04479-00, C.P.
Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia de 5 de marzo de 2020, exp. Nº 11001-03-15-000-2019-05114-00, C.P. Julio
Roberto Piza Rodríguez, Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 8 de julio de 2021, exp. Nº 11001-03-15-000-
2021-02189-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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Demandante: Sixta Ortiz

que se hacen en el contencioso administrativo, pues en el primero van encaminadas
a determinar si la conducta es típica, antijurídica y culpable, mientras que en el
contencioso, en los casos de privación injusta de la libertad, se realiza un análisis
con elementos de juicio propios del dolo y la culpa civil, a tal punto que el hecho de
que no se declare la responsabilidad penal no establece per se la responsabilidad
del Estado.

Al respecto, la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado ha precisado
que al juez de la responsabilidad no le corresponde desvirtuar la presunción de
inocencia sino analizar la culpa civil, de modo que existe una “separación entre la
investigación penal y la absolución y la indemnización que debe ordenar el juez de la
responsabilidad del Estado, esto último siguiendo los parámetros del artículo 90
Constitucional bajo los lineamientos de los artículos 2, 83 y 95 del mismo ordenamiento”25.

En hilo con lo anterior, esta Sala ha reiterado que “la parte demandante no puede
suponer que la absolución de responsabilidad penal del investigado constituya per se un
veredicto automático de responsabilidad extracontractual del Estado, y que, en sede
contencioso administrativa, se deba declarar que existió un daño atribuible a la
administración, por la privación de su libertad. Al decidir esta clase de asuntos, el juez
administrativo no puede prescindir del análisis de los hechos que rodearon la decisión de
la privación de la libertad, se insiste, sin incidir en su ya declarada ausencia de
responsabilidad penal”.

En este sentido, no se observa la alegada vulneración de los derechos
fundamentales, fundamentada en la indebida valoración probatoria de la decisión
absolutoria por parte de la autoridad judicial accionada, así como lo relativo a la
compulsa de copias, que no fue determinante al momento en que se legalizó la
captura, sino como se vio, fue el resultado de los elementos valorados en el juicio
del proceso penal. Sumado a que la autoridad judicial destacó que la valoración del
testimonio del agente de policía que realizó la captura se dio por solicitud de la
defensa, que no interpuso recurso contra la medida preventiva.

Así las cosas, como se indicó en líneas anteriores los elementos que se deben
estudiar en el proceso penal y el de la reparación, son distintos, por tanto, no era
factible suponer que solo por el hecho de contar con una decisión absolutoria se
constituía de manera automática la existencia de un daño atribuible a la
administración por la privación injusta de libertad. Pues en el caso bajo examen, la
autoridad judicial accionada debía analizar si dicha privación fue injusta, que, de
cara a lo demostrado, se logró establecer que al momento en que se impuso la
medida preventiva, la jueza de control de garantías contaba con un grado de certeza
soportado en los informes y la declaración rendida por el agente que efectuó la
captura en flagrancia, aunado a que según dijo la Fiscalía General de la Nación el
actor presentaba antecedentes penales por el mismo delito.

Por lo expuesto, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela promovida
por la señora Sixta Ortiz.

25
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B” sentencia de 10 de mayo de 2018, exp. Nº 27001-23-31-000-2009-
00163-01, C.P. Stella Conto Díaz Del Castillo.
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III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA:

Primero.- Negar la solicitud de desvinculación de la Rama Judicial -Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.

Segundo.- Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por la señora
Sixta Ortiz, quien actúa por intermedio de apoderado judicial, por las razones aquí
expuestas.

Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo del Consejo.

Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ
Presidente ARGÜELLO
SALVA VOTO

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO LUCY CRUZ DE QUIÑONEZ
Conjuez

Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx

17

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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