Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01737-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-01737-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01737-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-01737-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
5 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., cinco (05) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01737-00
Accionante: Franci Elena Ortiz Arroyabe
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA / improcedente – SUBSIDIARIEDAD.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del recurso de amparo
constitucional.
I. A N T E C E D E N T E S
A. La demanda y sus fundamentos
1.
El 21 de marzo de 2025, la señora Franci Elena Ortiz Arroyabe presentó demanda
de tutela2 con la pretensión de que se dejara sin efectos el auto del 2 de octubre de
20243, por medio del cual se rechazó el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia4 interpuesto en contra de la sentencia del 26 de junio de 2024, dictada
por el Tribunal Administrativo de Antioquia al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió en contra de la E.S.E. Hospital General
de Medellín Luz Castro de Gutiérrez, con el fin de que se reconociera la existencia
de una relación laboral.
2.
En el referido proceso ordinario el Tribunal Administrativo de Antioquia por fallo
del 26 de junio de 2024 confirmó la decisión de primera instancia 5 de negar las
pretensiones. Consideró que no se probó el elemento de la subordinación y, que las
funciones cumplidas por la demandante correspondían a los contratos que el
Hospital General de Medellín suscribió con las Cooperativas, Corporaciones y
Sindicatos para atender actividades, intervenciones y procedimientos que exigían la
prestación del servicio de auxiliar de enfermería.
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Invocó sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad.
3 Notificado el 15 de octubre de 2024.
4 Con radicado número 05001-33-33-022-2016-00920-01.
5 Sentencia del 28 de mayo de 2018 proferida por el Juzgado Veintidós Administrativo de Oralidad del Circuito
de Medellín.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01737-00
Accionante: Franci Elena Ortiz Arroyabe
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
3. La señora Ortiz Arroyabe interpuso recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, bajo la tesis de que el fallo recurrido desconoció la sentencia CE- SU-
025-CES2-2021 del 9 de septiembre de 2021 proferida por el Consejo de Estado.
4. En la providencia que ahora se cuestiona (auto de 2 de octubre de 2024) la
Sección Segunda – Subsección A de esta Corporación rechazó el mencionado
recurso. Estimó que las inconformidades planteadas por la demandante como
sustentación estaban relacionadas con el análisis de los elementos probatorios
llevado a cabo por parte del Tribunal; es decir, que sus argumentos contenían una
diferencia frente a la valoración realizada por el ad quem, mas no sustentaban la
contradicción u oposición de las reglas jurisprudenciales trazadas en la sentencia de
unificación.
5. Finalizó diciendo que los desacuerdos se dirigían a las conclusiones del fallo del
Tribunal, como si el recurso extraordinario de unificación se tratara de una tercera
instancia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para
efectuar un nuevo estudio de las pruebas decretadas y practicadas durante el
proceso. Además, que en la sentencia de unificación invocada no se establece
ninguna regla sobre nivelación salarial, de manera que no resultaba aplicable al caso
en lo que se refiere a esa pretensión planteada por la recurrente.
6. La parte accionante afirmó que la Sala accionada incurrió en un
desconocimiento del precedente judicial, en la medida en que el juez ordinario
desatendió lo establecido por el Consejo de Estado en la sentencia de 9 de
septiembre de 2021 (radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01), limitando su
alcance y apartándose de la interpretación allí fijada.
7. Expuso que en esa sentencia el Consejo de Estado fijó unas reglas y criterios para
el examen de un contrato realidad, las cuales extrañamente fueron desatendidas por
un consejero de Estado, quien se resistió al cumplimiento de dicha jurisprudencia.
8. Arguyó que el recurso interpuesto no debió ser rechazado, pues efectivamente el
Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en el desconocimiento del precedente,
como quiera que desechó que existían suficientes medios de prueba para determinar
que se encontraba configurado el elemento de la subordinación, lo que conllevaba a
declarar la existencia de un contrato realidad. Para sustentar lo anterior puso de
presente que no se realizó un análisis adecuado de aspectos como: la temporalidad,
la solución de continuidad, el lugar de trabajo, el horario que debía cumplir y la
posibilidad de la entidad de hacer variaciones al mismo, las tareas ejecutadas, así
como la dirección y control de las actividades a ejecutar.
9. Por otra parte, expresó que se le lesionó su derecho al debido proceso, por cuanto
el Tribunal no tuvo en cuenta los argumentos planteados en el recurso de apelación;
como quiera que aun cuando tuvo en cuenta el testimonio de la señora Alba Rocío
Montoya, omitió hacer una valoración conjunta de los demás elementos de prueba
allegados al proceso, desconociendo así su verdadero alcance. Por ende, realizó
una valoración defectuosa del material probatorio allegado al proceso.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01737-00
Accionante: Franci Elena Ortiz Arroyabe
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
10. Seguidamente manifestó que se le vulneró al acceso a la administración de
justicia, cuando el Consejero de Estado desechó de plano el recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia, bajo el argumento que la parte demandante estaba
buscando una tercera instancia, cuando estaba demostrado que el Tribunal no aplicó
las reglas y criterios establecidos en la sentencia de unificación referida.
11. Finalmente explicó que se lesionó su derecho a la igualdad, porque en asuntos
con similar situación fáctica y jurídica tanto el Tribunal como el Consejo de Estado
han valorado en conjunto el material probatorio obrante en el expediente y
evidenciado la configuración del elemento de la subordinación.
12. Adicionó que no es cierto que la inconformidad planteada estuviera asociada al
análisis de los elementos probatorios llevado a cabo por el Tribunal. Señaló que el
ejercicio realizado en el recurso era necesario para denotar que tal autoridad judicial
desatendió la jurisprudencia.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
13. Mediante auto de 27 de marzo de 20256 se admitió la presente acción y, se ordenó
notificar de su presentación a la autoridad judicial accionada. Se comunicó a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que, si lo consideraba
pertinente, dentro del marco de las competencias a ella asignadas, interviniera en el
presente asunto.
14. ElConsejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A no se pronunció
respecto del escrito de tutela, pero informó frente a la solicitud de remisión del
expediente digital, que el formato del proceso es híbrido y su parte digital se
encontraba cargado a índice 2 de SAMAI mientras que la parte física fue devuelta al
Tribunal Administrativo de Antioquia.
15. El Juzgado 22 Administrativo del Circuito de Medellín allegó el proceso
digitalizado.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Análisis del caso concreto
16. La Sala declarará improcedente la solicitud de amparo, al no encontrar acreditado
el presupuesto de subsidiariedad.
17. De conformidad con el artículo 867 de la Constitución Política y el numeral 1 del
8
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela únicamente procede cuando
6 Notificado el 3 de abril de 2025.
7 “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable (…)”. (se destaca).
8 “Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
3
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01737-00
Accionante: Franci Elena Ortiz Arroyabe
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
el accionante no dispone de otro medio de defensa, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. Por
lo tanto, para que el juez constitucional estudie una solicitud de tutela, el interesado
debió haber agotado todos los recursos -idóneos y eficaces- que el ordenamiento
jurídico ha dispuesto para remediar la situación que amenaza o lesiona sus
derechos, de lo contrario, la tutela deviene improcedente.
18. Todos los reparos que la accionante trae a colación pudieron ser puestos en
consideración del juez natural de la causa mediante el recurso de súplica, el cual era
procedente contra el auto que rechazó el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, en los términos de artículo 246, numeral 3 del CPACA 9. Sin embargo,
la señora Ortiz Arroyabe no hizo uso de dicho mecanismo judicial ordinario, el cual
tenía a su disposición desde el momento en el que le notificaron el proveído de
rechazo, para hacer efectivos los derechos que invoca en esta acción constitucional.
Además de ello, tampoco indicó motivo alguno por el cual prescindió de aquel
mecanismo judicial.
19.
De este modo, se observa que la accionante pretende utilizar este mecanismo
constitucional como un reemplazo de las vías judiciales ordinarias, al haber omitido
utilizar el recurso con el que contaba para cuestionar lo ahora traído a colación, en
una clara invasión de la órbita de competencia del juez natural, por cuanto la solicitud
de amparo no puede convertirse en un mecanismo alternativo para resolver los
problemas jurídicos o controversias que por naturaleza deben resolverse al interior
de los procesos judiciales, máxime cuando, se repite, el asunto nunca fue puesto de
presente ante el juez natural.
20.
Finalmente, se advierte que la parte accionante tampoco acreditó la configuración
de un perjuicio irremediable que habilite al juez constitucional a intervenir en asuntos
que no son de su competencia, pues, no hizo manifestación alguna al respecto y,
esta Sala tampoco lo advierte.
21. Teniendo claro lo anterior, ante la omisión de la parte accionante de presentar el
recurso ordinario de ley, sólo resta resaltar que la acción constitucional no está
instituida para sustituir ni revivir etapas procesales vencidas, y no se puede utilizar
como mecanismo para subsanar yerros cometidos dentro del proceso ordinario.
22. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que:
<< (…) nadie puede alegar que careció de medios de defensa si gozó de la oportunidad
de un proceso y menos todavía si tomó parte en él hasta su conclusión y ejerció los
recursos de que disponía. Pero, claro está, si pese a las ocasiones de defensa dentro
del proceso y a las posibilidades de impugnación del fallo que le otorgaba el
sistema jurídico en obedecimiento a claros principios constitucionales (artículos
29 y 31 de la Carta Política), el interesado se abstuvo de utilizar los mecanismos a
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante (…)”
9 “ARTÍCULO 246. SÚPLICA. <Artículo modificado por el artículo 66 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es
el siguiente:> El recurso de súplica procede contra los siguientes autos dictados por el magistrado ponente … 3.
Los que durante el trámite de la apelación o de los recursos extraordinarios; los rechace o declare desiertos”.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01737-00
Accionante: Franci Elena Ortiz Arroyabe
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
su disposición, tampoco puede acudir a la institución de la tutela como última tabla
de salvación de sus pretensiones, por cuanto ello implica el alegato de su propia
incuria contra el principio universalmente aceptado y desvirtúa el carácter subsidiario de
la acción (…)>>10. (resaltado fuera del texto original)
23. Sumando a lo anterior, la Sala igualmente encuentra que el asunto tampoco es de
relevancia constitucional, pues no se presentan razones que den cuenta del carácter
arbitrario de la decisión de rechazo. A pesar de que invoca un desconocimiento del
precedente judicial, los reparos esgrimidos para tratar de explicarlo se refieren -en
su mayoría- al análisis probatorio adelantado por el Tribunal. Los escasos
argumentos que medianamente tienen que ver con la decisión del Consejo de
Estado, son tan generales y exiguos que hacen imposible cualquier tipo de análisis
de aquellos de cara al proveído cuestionado, en tanto denotan simplemente una
discrepancia respecto a lo resuelto sin presentar un problema de contornos
constitucionales.
24.
En los términos precedentes, se declarará improcedente la solicitud de amparo.
25. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE11
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados
tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
10 Corte Constitucional, sentencias C-543 de 1992, T-469 de 2000, T-018 de 2017, entre otras.
11 VF
5
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.