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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01749-00

Fecha
30 de abril de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01749-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar la acción de tutela presentada por el señor Cesar Augusto Ahumada Mena, actuando en nombre propio, en contra del Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, los despachos del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar y la Procuraduría Delegada para la Moralidad y la Transparencia Pública, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. Segundo: Negar las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar y la Procuraduría General de la Nación, por las razones expuestas en esta providencia. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01749-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

30 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01749-00
Accionante: Cesar Augusto Ahumada Mena
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros.

Tema: Acción de tutela por la presunta vulneración del derecho
fundamental al acceso a la información pública.

Decisión: Niega las pretensiones de la acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela interpuesta por el señor Cesar Augusto Ahumada Mena, contra
el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura del
Cesar, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar y la Procuraduría
Delegada para la Moralidad y la Transparencia Pública, por la presunta
vulneración del derecho fundamental al acceso a la información pública.

II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos1

2. El accionante manifestó que los siete despachos del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Valledupar – Cesar, no publicaban ni divulgaban en su portal
web oficial: http://www.tsvalledupar.com/ la información pública mínima
obligatoria de conformidad con la Ley 1712 de 2014, “de manera proactiva”,
aunado a que la Procuraduría Delegada para la Moralidad y la Transparencia
Pública, no ejercía control y vigilancia sobre estos pues ni siquiera estaban
registrados en el aplicativo web ITA2 de esa entidad.

3. Así las cosas, el actor consideró que no se le ha permitido el acceso a la
siguiente información pública “respecto a la estructura del sujeto obligado”, de
conformidad con el artículo 9º de la Ley 1712 de 2014:

«1) La descripción de su estructura orgánica, funciones y deberes, la
ubicación de sus sedes y áreas, divisiones o departamentos, y sus horas
de atención al público; 2) Su presupuesto general, ejecución presupuestal
histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de
conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011; 3) Un directorio
que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del
despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales

1 Índices 2 y 5 del aplicativo SAMAI
2 “Índice de Transparencia y Acceso a la Información”

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Accionante: Cesar Augusto Ahumada Mena

correspondientes a las categorías de todos los servidores que trabajan en
el sujeto obligado, de conformidad con el formato de información de
servidores públicos y contratistas; 4) Todas las normas generales y
reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos
de las unidades administrativas de conformidad con sus programas
operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e
indicadores de desempeño; 5) Su respectivo plan de compras anual, así
como las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en
lo relacionado con funcionamiento e inversión, las obras públicas, los
bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudios o
investigaciones deberá señalarse el tema específico, de conformidad con
el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. En el caso de las personas naturales
con contratos de prestación de servicios, deberá publicarse el objeto del
contrato, monto de los honorarios y direcciones de correo electrónico, de
conformidad con el formato de información de servidores públicos y
contratistas; 6) Los plazos de cumplimiento de los contratos; 7) Publicar
el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con el
artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.»

4. Adicionalmente indicó que tampoco podía visualizar la “información mínima
obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto
obligado artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, descrita a continuación:

«1.) Detalles pertinentes sobre todo servicio que brinde directamente al
público, incluyendo normas, formularios y protocolos de atención; 2) Toda
la información correspondiente a los trámites que se pueden agotar en la
entidad, incluyendo la normativa relacionada, el proceso, los costos
asociados y los distintos formatos o formularios requeridos; 3) Una
descripción de los procedimientos que se siguen para tomar decisiones
en las diferentes áreas; 4.) El contenido de toda decisión y/o política que
haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda
interpretación autorizada de ellas; 5) Todos los informes de gestión,
evaluación y auditoría del sujeto obligado; 6) Todo mecanismo interno y
externo de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto
obligado; 7) Sus procedimientos, lineamientos, políticas en materia de
adquisiciones y compras, así como todos los datos de adjudicación y
ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones; 8) Todo
mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a
disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto
obligado, junto con un informe de todas las solicitudes, denuncias y los
tiempos de respuesta del sujeto obligado; 9) Todo mecanismo o
procedimiento por medio del cual el público pueda participar en la
formulación de la política o el ejercicio de las facultades de ese sujeto
obligado; 10) Un registro de publicaciones que contenga los documentos
publicados de conformidad con la presente ley y automáticamente
disponibles, así como un Registro de Activos de Información; 11) Los
sujetos obligados deberán publicar datos abiertos, para lo cual deberán
contemplar las excepciones establecidas en el título 3 de la presente ley.
Adicionalmente, para las condiciones técnicas de su publicación, se
deberán observar los requisitos que establezca el Gobierno Nacional a
través del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones o quien haga sus veces.»

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5. Adicionalmente, sostuvo que tampoco podía tener acceso a la información
definida en el artículo 12 de la Ley 1712 de 2014 “Adopción de esquemas de
publicación”, que debe establecer:

«a) Las clases de información que el sujeto obligado publicará de manera
proactiva y que en todo caso deberá comprender la información mínima
obligatoria; b) La manera en la cual publicará dicha información; c) Otras
recomendaciones adicionales que establezca el Ministerio Público; d) Los
cuadros de clasificación documental que faciliten la consulta de los
documentos públicos que se conservan en los archivos del respectivo
sujeto obligado, de acuerdo con la reglamentación establecida por el
Archivo General de la Nación; e) La periodicidad de la divulgación, acorde
a los principios administrativos de la función pública. Todo sujeto obligado
deberá publicar información de conformidad con su esquema de
publicación.»

6. Indicó adicionalmente que, la situación descrita se presentaba porque tanto el
Consejo Superior de la Judicatura, como su Seccional Cesar, no fomentaban la
realización de las publicaciones referidas para el conocimiento del accionante y
la ciudadanía en general, generando una “cultura del secreto”.

2.2. Fundamento jurídico
7. La parte actora planteó como sustento de su acción los artículos 203 y 744
constitucionales, así como el 6, 7, 9, 11 y 12 de la Ley 1712 de 20145 .

2.3. Pretensiones

8. Con fundamento en lo anterior, solicitó lo siguiente:

«1. Se tutele mi derecho fundamental de Acceso a la Información Pública
en la modalidad transparencia activa, vulnerado por los siete (07)
Despachos que conforman el Honorable Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Valledupar y las otras entidades accionadas.

2. Como consecuencia de lo anterior se ordene: Consejo Superior de la
Judicatura con su Seccional Cesar, para que dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas a la notificación del fallo de primera instancia dentro de
sus competencias disponga de lo necesario para la creación del micrositio
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar. Procuraduría
Delegada para la Moralidad y la Transparencia Pública, que dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas a la notificación del fallo de primera instancia
ejerza control y vigilancia a los siete (07) accionados sujetos obligados
por la Ley 1712 de 2014, fomentando la cultura de transparencia y
erradicando la cultura del secreto. Así mismo, me brinde garantías para
ejercer como ciudadano control social sin temor a represarías de los
Despachos que conforman el Honorable Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Valledupar. LOS SIETE (7) DESPACHOS QUE CONFORMAN
EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR,

3 Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de “(…)” informar y recibir información veraz e imparcial

“(…)”
4 Artículo 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que

establezca la ley.
5 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública

Nacional y se dictan otras disposiciones”.

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que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas a la notificación del fallo de
primera instancia divulguen, actualicen y publiquen toda la información
pública mínima obligatoria en los sitios web oficiales dispuestos para la
tales fines, se creen mecanismos de participación al ciudadano donde se
fomente la transparencia y acceso a la información pública que significa
mantener al ciudadano informado, por medios difusión de carácter general
y de acceso directo. ». (Sic en toda la cita).

2.4. Intervenciones

9. La acción de tutela fue admitida mediante auto del 27 de marzo de 20256, a
través del cual se ordenó notificar como accionados al Consejo Superior de la
Judicatura, al Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, a los Tribunales
Superiores del Distrito Judicial de Valledupar y la Procuraduría Delegada para la
Moralidad y la Transparencia Pública. Asimismo, se notificó a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado para lo de su competencia y se negó la medida
provisional solicitada por el accionante.

2.4.1. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar - Secretaría
General, a través de su presidente, solicitó declarar improcedente la acción.
Indicó que el actor no elevó ninguna petición ante esa entidad respecto a lo
pretendido en su acción de tutela por lo que no trasgredió ninguno de sus
derechos fundamentales.

10. Adicionalmente, sostuvo que se evidenciaba un claro desconocimiento por
parte del accionante respecto a la estructura y funcionamiento de la Rama
Judicial, sumado a una interpretación errónea de la Ley 1712 de 2014 pues el
actor se abrogó funciones inherentes a un organismo de control.

11. Señaló que quien administra y emite las directrices para el acceso a la
información pública y vela por su transparencia, en cumplimiento de la normativa
referida por el accionante es el Consejo Superior de la Judicatura. En ese
entendido, indicó que la información que alegó el actor como oculta, es visible en
el enlace: https://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-superior-de-la-
judicatura/transparencia-y-acceso-a-la-informacion, por lo que lo pretendido
por el señor Ahumada Mena que cada despacho de la judicatura implemente una
página web y sea proactiva en la misma, es incoherente.

2.4.2. El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Valledupar- Sala de
Decisión Civil-Familia-Laboral7, a través del magistrado Jhon Rusber Noreña
Betancourth, sostuvo que conforme al Acuerdo PSAA11-9109 de 2011 y la Ley
1712 de 2014, la Rama Judicial ya cuenta con un portal web para garantizar
el acceso a la información y la consulta de procesos, cumpliendo con los
principios de publicidad y transparencia.

12. Así las cosas, indicó que la página web del despacho 004,
http://www.tsvalledupar.com, es una herramienta interna que facilita el
acceso a decisiones judiciales del despacho referido, pero no abarca procesos

6 Índice 4 del aplicativo SAMAI
7
Índice 10 del aplicativo SAMAI

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de otros tribunales o despachos superiores, por lo que precisó que la
divulgación de información se realiza a través de los canales oficiales de la
Rama Judicial a los cuales puede acceder cualquier ciudadano. Por lo anterior
sostuvo que la supuesta trasgresión ius fundamental al acceso a la información
pública es inexistente.

2.4.3. La Procuraduría General de la Nación8, a través de apoderado, se opuso
a la totalidad de las pretensiones de la tutela, al no existir vulneración de los
derechos fundamentales alegados. Solicitó declarar su desvinculación de la
acción al no estar legitimado en la causa por pasiva y denegar cualquier
pretensión contra la entidad, dado que actuó dentro de sus competencias
constitucionales y legales, sin que se configure una responsabilidad que afecte
los derechos del accionante.

13. Indicó que, tras verificar sus sistemas SIGDEA y DOKUS, no encontró
antecedentes ni solicitudes radicadas que permitan su intervención en el caso del
accionante, por lo que no hubo oportunidad para pronunciarse sobre las
pretensiones de la acción constitucional, por ello la tutela debe declararse
improcedente, conforme a lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y el artículo
4 de la Ley 1437 de 2011.

2.4.4. El Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar9, a través de su
vicepresidente informó que no tiene competencia para pronunciarse sobre la
acción de tutela presentada, ya que la presunta vulneración de derechos
fundamentales no le está atribuida a esa entidad, por lo que solicitó ser
desvinculado de la acción al no estar legitimado en la causa por pasiva.

14. Además, indicó que en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 sobre
transparencia y acceso a la información pública, la Rama Judicial dispone de
micrositios oficiales donde se publican los estados procesales y demás
información institucional relevante y sostuvo que la página web mencionada por
el accionante no corresponde a un sitio oficial del Estado colombiano.

2.4.5. El Consejo Superior de la Judicatura10, a través de la directora del
Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), indicó que esa dependencia es la
que administra el Portal web de la Rama Judicial y garantiza la publicación de
información administrativa y judicial, cumpliendo con los requisitos de
transparencia establecidos en la Ley 1712 de 2014. Aunado a lo anterior, expuso
que la División de Justicia Abierta y Transparencia gestiona la divulgación de
información pública, asegurando el acceso ciudadano conforme a la normativa
vigente.

15. Aclaró que la página web mencionada por el accionante
(http://www.tsvalledupar.com/) no es oficial ni está administrada por la Rama
Judicial, por lo que el único portal legítimo para la consulta de información judicial
es www.ramajudicial.gov.co, donde se publican los contenidos conforme a las

8
Índice 11 del aplicativo SAMAI
9 Índice 13 del aplicativo SAMAI
10 Índice 15 del aplicativo SAMAI

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normas de transparencia y seguridad. Además, sostuvo que no había constancia
de ninguna solicitud a esa entidad por parte del accionante. Por lo anterior,
solicitó no atribuirle responsabilidad al Consejo Superior de la Judicatura por la
presunta vulneración del derecho de acceso a la información pública.

2.4.6. No se rindieron más informes.

2. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

16. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

17. Se precisa que esta Sala avocó conocimiento de la presente acción en aras
de garantizar los derechos fundamentales del accionante dando prevalencia al
desarrollo de los principios de celeridad y economía procesales y para evitar
dilatar el proceso ante un posible conflicto de competencias toda vez que el
amparo pretendido se presentó contra diferentes entidades, siendo solamente de
competencia de esta corporación las tutelas en contra del Consejo Superior de
la Judicatura.

18. Se aclara lo anterior porque, de acuerdo con el artículo 5 del Decreto 333 de
2021, en relación con el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar la
acción de tutela debía ser conocida por su superior funcional, es decir, la Corte
Suprema de Justicia, sin embargo, se procedió a conocer de la misma por los
argumentos expuestos en el párrafo anterior.

3.2. Cuestión previa

19. . La Corte Constitucional ha señalado que la legitimación en la causa por
pasiva en sede de tutela se refiere «a la aptitud legal de la persona contra quien
se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneración
o amenaza del derecho fundamental».11

20. Sobre el particular, se tiene que la Procuraduría General de la Nación y el
Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar solicitaron que se declare la falta
de legitimación en la causa por pasiva por inexistencia de un nexo de causalidad
entre la presunta vulneración de derechos fundamentales invocados en
protección y dichas entidades.

21. Sea del caso señalar que la acción de tutela se dirigió contra las entidades
referidas y contra los Despachos del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Valledupar y el Consejo Superior de la Judicatura por lo que, con la finalidad de
garantizar su derecho de defensa, la Sala procederá a negar las solicitudes de
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva.

3.3. Problema jurídico

22. El problema jurídico se centra en resolver si el Consejo Superior de la
Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, los Despachos del

11 Sentencia T-1051 de 2006, MP. Álvaro Tafur Galvis.

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Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar y la Procuraduría Delegada
para la Moralidad y la Transparencia Pública trasgredieron el derecho
fundamental al acceso a la información pública del accionante.

3.4. Generalidades de la acción de tutela

23. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1. ° del Decreto 2591 de
1991, reglamentario del artículo 86. ° de la Constitución Política, «toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
casos que señala este decreto».

24. Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o vulneración, de
los derechos fundamentales, por la acción u omisión de las autoridades, o de los
particulares en casos concretos y excepcionales.

3.4.1. Del Derecho fundamental de acceso a la información pública

25. El derecho de acceso a la información pública es un componente esencial de
la democracia, garantizado por el artículo 74 de la Constitución Política y
desarrollado en la Ley 1712 de 2014. Este derecho permite a los ciudadanos
obtener información de entidades estatales, promoviendo la transparencia y la
rendición de cuentas.

26. La Corte Constitucional ha consolidado su protección en diversas decisiones.
En la Sentencia T-487 de 201712, se reafirmó que el acceso a la información es
un derecho fundamental vinculado con la participación ciudadana y el control del
poder público, señalando que las entidades estatales tienen el deber de
suministrar información de manera clara y oportuna.

27. La Sentencia SU-355 de 202213 estableció criterios más estrictos para la
clasificación de información como reservada, indicando que la negativa al acceso
debe estar sustentada en una norma clara y proporcional. Esta decisión reforzó
el principio de máxima publicidad, garantizando que la reserva de información
sea excepcional y justificada.

28. En la Sentencia T-454 de 202414, la Corte analizó el incumplimiento de
entidades estatales en la publicación de información obligatoria, concluyendo que
la falta de divulgación vulnera los derechos de los ciudadanos y afecta la

12 Corte Constitucional, Sentencia T-487 de 2017, magistrado ponente: Alberto Rojas Ríos
13
Corte Constitucional, Sentencia SU-355 de 2022, magistrada ponente:
Cristina Pardo Schlesinger.
14
Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, Sentencia T-454 de 2024, magistrada
ponente: Natalia Ángel Cabo.

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confianza institucional y se ordenó implementar mecanismos más efectivos para
asegurar el acceso a la información.

29. Asimismo, la Sentencia T-475 de 202415 reiteró que el derecho de petición es
una vía para acceder a información pública y que las entidades no pueden dilatar
injustificadamente las respuestas. La Corte subrayó que la negativa sin sustento
legal puede generar una afectación directa a los derechos fundamentales.

30. El Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA), utilizado
por la Procuraduría General de la Nación, evalúa el nivel de cumplimiento de las
entidades en materia de divulgación de información. Su existencia se fundamenta
en la necesidad de asegurar que los ciudadanos puedan conocer el
funcionamiento del Estado.

31. La Corte ha enfatizado que las plataformas digitales deben facilitar la consulta
de información pública. En varias decisiones, se ha señalado que los sitios web
oficiales deben ser accesibles, actualizados y comprensibles, evitando barreras
tecnológicas que limiten el acceso.

32. Finalmente, se precisa que el derecho de acceso a la información pública es
una herramienta clave para la lucha contra la corrupción y la promoción de la
participación ciudadana. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
fortalecido su aplicación, exigiendo que las entidades cumplan con la publicidad
de información de manera efectiva y sin restricciones arbitrarias.

4. Análisis del caso concreto

33. La Sala de entrada advierte que la acción de tutela presentada será negada
pues no tiene fundamentos para prosperar, teniendo en cuenta que la
información requerida por el accionante, de la que tratan los artículos 6, 7, 9, 11
y 12 de la Ley 1712 de 201416 en concordancia con los artículos constitucionales
2017 y 7418 se encuentra disponible en los canales oficiales de la Rama Judicial,
cumpliendo con las disposiciones de la ley precitada sobre transparencia y
acceso a la información pública.

34. La exigencia del actor en sus pretensiones de crear un micrositio específico
para el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar carece de sustento
jurídico, dado que la Rama Judicial cuenta con una plataforma consolidada que
permite el acceso a la información de manera centralizada y eficiente.

35. Al analizar el asunto se estableció que el sitio web mencionado por el
accionante (http://www.tsvalledupar.com/) es una herramienta interna del
despacho núm. 004 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar- Sala

15
Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, Sentencia T-475 de 2024, magistrado
ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo
16 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública

Nacional y se dictan otras disposiciones”.
17 Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de “(…)” informar y recibir información veraz e imparcial

“(…)”
18 Artículo 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que

establezca la ley.

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de Decisión Civil-Familia-Laboral, que facilita el acceso a decisiones judiciales
del despacho referido, pero no abarca procesos de otros tribunales o despachos
y no está administrado por la Rama Judicial.

36. Así las cosas, donde se encuentra toda la información pública que no está
bajo reserva, es en el portal institucional www.ramajudicial.gov.co, conforme a
los principios de publicidad y transparencia.

37. Las entidades accionadas han demostrado que cumplen con su deber de
garantizar el acceso a la información pública, a través de los espacios virtuales
dispuestos para ello, sin que se haya evidenciado una vulneración al derecho
invocado.

38. La Procuraduría General de la Nación ha actuado dentro del marco de sus
competencias y no ha incurrido en una omisión que pueda considerarse una
afectación al derecho de acceso a la información pública.

39. El Consejo Superior de la Judicatura y su Seccional en Cesar han cumplido
con sus funciones en materia de divulgación de información, disponiendo de los
medios adecuados para que los ciudadanos accedan a la misma sin restricciones
indebidas.

40. La transparencia en el acceso a la información pública ya está garantizada
por los mecanismos existentes, por lo que la acción de tutela no es el mecanismo
idóneo para exigir modificaciones estructurales a la forma en que se publica la
información judicial.

41. Por lo anterior, se negará la presente acción de tutela, al no encontrarse
acreditada la vulneración del derecho fundamental invocado ni la necesidad de
adoptar medidas adicionales para la publicación de la información pública.

42. Así las cosas, si bien es cierto que el acceso a la información pública es un
derecho fundamental, no se evidenció, más allá del sentir de la parte actora, que
las accionadas hayan incurrido en vulneración alguna respecto a este toda vez
que como ya se precisó en los párrafos precedentes la información referente los
artículos 6, 7, 9, 11 y 12 de la Ley 1712 de 201419 en concordancia con los
artículos constitucionales 2020 y 7421 que alega como no publicada, es verificable
en el portal de la Rama Judicial

43. De otro lado, con respecto al Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar y
la Procuraduría General de la Nación quienes solicitaron ser desvinculadas de la
presente acción, no se aceptará la desvinculación de estas por las razones
expuestas en el acápite 3.2. «cuestión previa».

19 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública

Nacional y se dictan otras disposiciones”.
20 Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de “(…)” informar y recibir información veraz e imparcial

“(…)”
21 Artículo 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que

establezca la ley.

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Accionante: Cesar Augusto Ahumada Mena

44. Por lo expuesto en precedencia, la Sala negará el derecho fundamental
invocado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar la acción de tutela presentada por el señor Cesar Augusto
Ahumada Mena, actuando en nombre propio, en contra del Consejo Superior de
la Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, los despachos del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar y la Procuraduría Delegada
para la Moralidad y la Transparencia Pública, por las razones expuestas en la
parte motiva de la presente providencia.

Segundo: Negar las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por el Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar
y la Procuraduría General de la Nación, por las razones expuestas en esta
providencia.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

Ausente con permiso
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

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