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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01752-01

Fecha
4 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01752-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 26 de junio de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia. En su lugar, NEGAR el amparo de los derechos fundamentales invocados por los accionantes, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Cuarta de esta Corporación y remitir copia. CUARTO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-01752-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

4 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-01752-011
Demandante : Reina María Gallego de Ríos y otros2
Demandado : Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Vinculados : Tribunal Administrativo de Caldas y otros3
Acción : Tutela (impugnación)
Derechos : Acceso a la administración de justicia y debido proceso
Tema : Tutela contra providencia judicial, fuerza mayor como
eximente de responsabilidad, desastres naturales
Decisión : Sentencia de segunda instancia – confirma en el sentido de
negar

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por los accionantes contra el
fallo del 26 de junio de 2025 proferido por el Consejo de Estado, Sección Cuarta4,
que declaró improcedente el trámite constitucional de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por los actores frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará
lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo
que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

La demanda de tutela

Reina María Gallego de Ríos, Beatriz Elena Ríos Gallego, Eliana Ylinoly Salazar
Ríos, Claudia Milena Montoya, Juanita Ríos Montoya, Jennifer Ríos López, Zoraida
Tamayo Ospina, Ingryd Lorena Ríos Tamayo, Sayda Lorena Ríos Tamayo, Claudia

1
Expediente digital disponible en Samai.
2
Beatriz Elena Ríos Gallego, Eliana Ylinoly Salazar Ríos, Claudia Milena Montoya, Juanita Ríos Montoya, Jennifer Ríos
López, Zoraida Tamayo Ospina, Ingryd Lorena Ríos Tamayo, Sayda Lorena Ríos Tamayo, Claudia Patricia López Herrera,
Luz Belén Vásquez Arango, Luz Elena Vásquez Arango, Manuela Ramírez Vásquez, Magda Lorena Muñoz Betancur, Lauro
Roselly Sánchez Durán y los señores Jhon Ferney Ríos Gallego, Beiman Orlando Ríos Gallego, José Anderson Salazar Ríos,
Oscar Armando Ríos Gallego, Jacobo Ríos López, Daniel Ramírez Vásquez, Henry Ramírez Ramírez.
3
Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPORCALDAS, Municipio de Manizales, Municipio de Villamaría, Instituto
Nacional de Vías –INVÍAS y Empresa de Aguas de Manizales S.A. E.S.P., Consorcio Vías del Centro (Integrado por Procopal
S.A., e Ingeniería de Vías S.A.), Consorcio Etsa-Pebsa (Integrado por Estudios Técnicos S.A.S., y Pablo Emilio Bravo
Consultores S.A.S.), Royal Sun Alliance Seguros S.A., Seguros la Previsora S.A., Mundial de Seguros S.A., y Seguros
Generales Suramericana S.A.
4
C. P. Luis Antonio Rodríguez Montaño.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01752-01
Demandantes: Reina María Gallego de Ríos y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

Patricia López Herrera, Luz Belén Vásquez Arango, Luz Elena Vásquez Arango,
Manuela Ramírez Vásquez, Magda Lorena Muñoz Betancur, Lauro Roselly
Sánchez Durán y los señores Jhon Ferney Ríos Gallego, Beiman Orlando Ríos
Gallego, José Anderson Salazar Ríos, Oscar Armando Ríos Gallego, Jacobo Ríos
López, Daniel Ramírez Vásquez, Henry Ramírez Ramírez, quienes actúan por
medio de apoderado judicial, interpusieron el presente recurso de amparo, con el fin
de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso
a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C.

Por consiguiente, solicitaron:

Se ruega al Juez de amparo Constitucional, dejar sin efectos la sentencia de segunda
instancia proferida por el H. Tribunal Administrativo del Quindío, dado el quebranto de los
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, y en su
lugar, proferir una nueva decisión, conforme a los parámetros que se sirva fijar el H. Juez
Constitucional, de ser posible, reconociendo desde ese momento, la responsabilidad Estatal,
tal como lo ha hecho la H. Corte Constitucional en varias oportunidades.

Hechos5

La parte actora manifestó que el 6 de diciembre de 2011, se presentó un deslizamiento
de aproximadamente 700.000 m³ de tierra sobre las aguas del río Chinchiná, el cual,
originó una avalancha que causó la muerte del señor Carlos Enrique Ríos Sánchez
(q.e.d.p), además de la destrucción de viviendas, enseres, vehículos y maquinaria
industrial.

Por lo anterior, presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación
directa contra la Corporación Autónoma Regional de Caldas – Corpocaldas, el
Municipio de Manizales, el Municipio de Villamaría, el Instituto Nacional de Vías –
INVÍAS y la Empresa de Aguas de Manizales. El conocimiento del proceso
correspondió al Tribunal Administrativo de Caldas, bajo el radicado núm. 17001-23-
33-000-2014-00033-00/02.

Esta colegiatura, mediante sentencia del 7 de febrero de 2020, negó las pretensiones
de la demanda, al estimar que, los hechos se encontraban amparados por la causal
de exoneración de responsabilidad denominada fuerza mayor.

5
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital de primera instancia en SAMAI, índice 2.
2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01752-01
Demandantes: Reina María Gallego de Ríos y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

Inconformes con la decisión, interpusieron recurso de apelación, el cual, fue resuelto
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que, en providencia del 23
de agosto de 2024, confirmó lo decidido en primera instancia.

El accionante sostuvo que la Alta Corporación incurrió en defecto fáctico negativo,
al omitir la valoración individual y conjunta de abundante prueba técnica que
demostraba la previsibilidad del riesgo y la obligación de las autoridades de prevenir
sus efectos. Según el relato, la sentencia se limitó a citar las pruebas de manera
global y concluyó, de forma irracional y contraevidente, que los informes técnicos
no anticipaban la gravedad del riesgo en el sector afectado, cuando en realidad
todos coincidían en calificarlo como alto y recomendar la reubicación inmediata de
los moradores.

Además, se alegó que el Consejo de Estado tergiversó el contenido de los informes
técnicos y testimonios, apoyándose casi exclusivamente en la intervención de un
perito, para sostener que las consecuencias del deslizamiento del 6 de diciembre
de 2011 eran imprevisibles. El accionante resaltó que los técnicos habían advertido
reiteradamente la inminencia del desastre, la imposibilidad de mitigarlo con obras
civiles y la necesidad de evacuar y reubicar a la población ribereña.

Por otro lado, se denunció un defecto sustantivo, pues la sentencia desconoció
normas aplicables al caso, como el Decreto Ley 919 de 1989, la Ley 388 de 1997,
la Ley 9 de 1989, el Decreto 93 de 1998 y la Ley 1523 de 2012, que imponen a las
autoridades el deber de identificar zonas de alto riesgo, adoptar medidas de
prevención y coordinar acciones para evitar desastres. El accionante afirmó que,
de haberse aplicado estas disposiciones junto con el material probatorio, se habría
concluido la responsabilidad administrativa por la omisión de las entidades locales
y nacionales en la gestión del riesgo.

Finalmente, se solicitó la intervención del juez constitucional para dejar sin efectos la
sentencia cuestionada y, de ser posible, reconocer la responsabilidad estatal, dado
que la administración adoptó medidas para proteger la planta de tratamiento «Luis
Prieto» y a sus funcionarios, pero omitió evacuar y reubicar a los habitantes del sector,

pese a la previsibilidad del evento y sus consecuencias.

1.2 Contestaciones de la acción

3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01752-01
Demandantes: Reina María Gallego de Ríos y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

1.2.1 El municipio de Manizales6 solicitó declarar improcedente el recurso de
amparo por no cumplir el requisito de subsidiariedad, en la medida en que, los
accionantes disponían del recurso extraordinario de revisión para continuar el
trámite dentro de la jurisdicción contencioso-administrativa. Asimismo, manifestó
que la acción no satisface los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

1.2.2 El Instituto Nacional de Vías - INVÍAS7 pidió declarar improcedente la acción
de tutela, bajo el argumento que, los accionantes pretende emplear este mecanismo
constitucional como medio para reabrir el debate ya surtido en el proceso
contencioso.

1.2.3 El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C8 solicitó declarar
improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de relevancia
constitucional, en tanto, la providencia cuestionada se fundamentó en un estudio
riguroso del ordenamiento jurídico. Asimismo, advirtió que, el propósito de los
actores con el presente trámite es introducir nuevos argumentos, pretendiendo
utilizar el amparo como una tercera instancia.

1.2.4 Aguas de Manizales S.A. E.S.P.9 manifestó que la entidad no cuenta con
legitimación en la causa por pasiva para intervenir en el presente trámite, puesto
que, los hechos planteados no son atribuibles a alguna acción u omisión por su
parte.

1.2.5. El municipio de Villamaría10 solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, en tanto, la acción de tutela está dirigida contra
providencias judiciales que no se encuentran dentro de su ámbito de competencia.

1.2.6 La Corporación Autónoma Regional de Caldas - Corpocaldas11 solicitó
declarar improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de
subsidiariedad, al considerar que, los accionantes omitió acudir previamente al
recurso extraordinario de revisión antes de promover el presente amparo
constitucional. De otro lado, sostuvo que, la tutela no puede ser utilizada como una

6
Índices 10 del expediente de Samai de primera instancia.
7
Índice 12 del expediente de Samai de primera instancia.
8
Índice 13 del expediente de Samai de primera instancia.
9
Índice 14 del expediente de Samai de primera instancia.
10
Índice 21 del expediente de Samai de primera instancia.
11
Índice 30 del expediente de Samai de primera instancia.
4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01752-01
Demandantes: Reina María Gallego de Ríos y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

tercera instancia para revivir procesos que ya fueron decididos e hicieron tránsito a
cosa juzgada. Por último, manifestó que, no ha vulnerado derecho fundamental
alguno de los accionantes.

1.2.7 Mundial de Seguros S.A.12 indicó que la presente acción de tutela no
satisface el requisito de relevancia constitucional, en la medida en que los actores
no expusieron de manera suficiente y concreta las vulneraciones que alega a sus
derechos fundamentales; además, en el proceso ordinario se analizaron cada una
de las pruebas aportadas, a partir de las cuales, se determinó que lo ocurrido fue a
causa de una fuerza mayor.

1.2.8 El Tribunal Administrativo de Caldas13 solicitó declarar improcedente la
acción de tutela al carecer de relevancia constitucional y porque, los accionantes
pretenden utilizar este mecanismo como un recurso adicional para reabrir un debate
jurídico que ya fue agotado dentro del proceso contencioso.

1.2.9 El Consorcio Vías del Cerro14 adujo que la acción de tutela es improcedente
ya que, no reviste un carácter de relevancia constitucional. Afirmó que, no se
acreditan los requisitos de procedencia excepcional ni la configuración de “vías de
hecho”. En particular, negó la existencia de defectos fáctico y sustantivo: (i) no hubo
omisión ni arbitrariedad en la valoración probatoria —el debate que plantea el actor
es de mera legalidad, especialmente en torno a la fuerza mayor—; y (ii) la normativa
de gestión del riesgo invocada por la parte actora no resultaba aplicable ni
necesaria, máxime cuando se declaró un eximente de responsabilidad por fuerza
mayor, por lo que no surgían deberes específicos que fundaran imputación. En
consecuencia, solicitó negar el amparo constitucional

1.3 Providencia impugnada15

Mediante fallo del 26 de junio de 2025, el Consejo de Estado, Sección Cuarta,
declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, al considerar que no
cumple el requisito de relevancia constitucional. En dicha decisión, se señaló que,
los fundamentos expuestos por los accionantes coinciden con los mismos
argumentos presentados en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia

12
Índice 31 del expediente de Samai de primera instancia.
13
Índice 32 del expediente de Samai de primera instancia.
14
Índice 33 del expediente de Samai de primera instancia.
15
Índice 38 del expediente de Samai de primera instancia.
5

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de primera instancia del 7 de febrero de 2020. En consecuencia, concluyó que, la
finalidad de los actores es prolongar el debate ordinario a través del trámite
constitucional, desnaturalizando así la función excepcional de la tutela.

1.4 La impugnación16

Inconforme con la anterior decisión, los tutelantes la impugnaron, para cuyo
propósito sostuvieron que, la sentencia ordinaria de segunda instancia incurrió en
defecto fáctico al dar por acreditada la fuerza mayor con una valoración incompleta
y global del acervo técnico.

Además, manifestaron que se desconocieron el informe y la declaración del
geotécnico Fernando Sánchez Zapata y otros medios de prueba allegados al
proceso, y que el fallo se apoyó casi exclusivamente en el peritaje de Carlos
Eduardo Rodríguez, confundiendo la irresistibilidad con la imprevisibilidad pese a
que, a juicio del recurrente, el deslizamiento ocurrido el 6 de diciembre de 2011 eran
previsibles en el sector Lusitania-Chupaderos. Asimismo, reiteraron antecedentes y
advertencias previas —incluidas recomendaciones de reubicación— para acreditar
la previsibilidad del riesgo.

En cuanto al defecto sustantivo, señalaron que se omitió aplicar el régimen de
gestión del riesgo cuyo contenido —según manifestaron— fue referenciado en el
hecho 18 de la demanda y no requería reiteración expresa por virtud del principio
iura novit curia y de congruencia.

Adicionalmente, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C peticionó17
confirmar la sentencia del 26 de junio de 2025, para lo cual sostuvo que el
mecanismo constitucional aquí estudiado no acreditó afectación alguna de los
derechos fundamentales invocados por los accionantes, situación que tampoco se
produjo con la decisión objeto de tutela.

Además, los cargos por defecto fáctico y sustantivo no se configuran. En cuanto al
primero, reitera los mismos argumentos de la apelación del proceso ordinario y no
evidencia una valoración arbitraria de la prueba; la decisión ordinaria se fundó en la
fuerza mayor como eximente de responsabilidad, acreditada principalmente por la

16
Índice 44 del expediente de Samai de primera instancia.
17
Índice 4 de Samai de segunda instancia.
6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01752-01
Demandantes: Reina María Gallego de Ríos y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

experticia del perito Carlos Eduardo Rodríguez, quien concluyó que la inundación
resultaba imprevisible para las demandadas, sin que las pruebas citadas por los
actores, en su mayoría genéricas desvirtúen tal conclusión.

En lo atinente al defecto sustantivo adujo que, «[…] las razones expuestas en el recurso de
impugnación no logran desvirtuar las conclusiones del juez de primera instancia en la acción de
tutela. Aunque el recurrente sostiene que la decisión ordinaria debió hacer referencia a las normas
relativas a los deberes y obligaciones de algunas de las demandadas en materia de prevención de
desastres, resulta inconducente su remisión al postulado iura novit curia. Como bien lo señaló la
sentencia de primera instancia, no era necesario aludir a dichas normas, dado que la decisión de
segunda instancia, dentro del proceso ordinario, se fundamentó en la configuración de un eximente
de responsabilidad. Estas normas no fueron invocadas expresamente en dicho proceso […]»

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

En virtud de los artículos 3218 del Decreto Ley 2591 de 199119 y 2520 del Acuerdo
80 del 12 de marzo de 201921 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado,
esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

2.2 La acción

Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3 Problema Jurídico

18
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
19
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
20
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
21
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
7

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Se contrae a determinar si la acción de tutela satisface los requisitos de
procedibilidad; y, en caso afirmativo, establecer si la sentencia del 23 de agosto de
2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, dentro
del expediente núm. 17001-23-33-000-2014-00033-00/02, mediante la cual, se
decidió de fondo la demanda de reparación directa promovida por la señora Reina
María Gallego de Ríos y otros contra la Corporación Autónoma Regional de Caldas
y otros, incurrió en defecto sustantivo y fáctico por la falta de valoración de las
pruebas y la inobservancia de la normatividad del régimen de gestión de riesgos y
desastres.

2.4 La acción de tutela contra providencia judicial

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional
que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de
derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con
la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de
forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista
de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela
contra decisiones judiciales, dado que, no obstante, el reconocimiento del principio
de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de
una providencia judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994
se determinaran cuáles defectos podían conducir a que, una sentencia fuera
calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se
presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto
sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma
indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta
indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a
aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se
presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada,
carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que

8

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aparece en aquellos eventos en los que se actúa completamente al margen del
proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante
sentencia C-590 de 2005, se destacó su carácter excepcional, vale decir cuando de
manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos
excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para
identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan
derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se
profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la excepcionalidad de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual, solamente cuando tenga
indudable relevancia constitucional resulta procedente.

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Al respecto, la Corte indica que, los defectos o vicios que debe presentar la decisión
que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto
procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen
del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la
decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido,
se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto
lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión
sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii)
desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii)
violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera
el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está
ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.

Por otra parte, se destaca que, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba
improcedente para controvertir decisiones judiciales22, rectificó su posición
mediante sentencia de 31 de julio de 201223, en el sentido de disponer que la acción
constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos
fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así
como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta
subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes
expuestos24.

22
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C.
P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-
429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2
de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-
01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
23
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
24
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-
01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado
10

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2.5 Caso concreto

Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, por cuanto, recae sobre la presunta vulneración
de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia de los tutelantes; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso
alguno, en atención a que, fue emitida en segunda instancia y se encuentra
ejecutoriada; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto
de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, en
la medida en que, la providencia atacada quedó ejecutoria el 26 de febrero de
202525, y la solicitud de amparo se presentó el 25 de marzo de siguiente, es decir,
dentro de los 6 meses; y (v) el proveído acusado no fue dictado en una acción de
tutela.

En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto fáctico y sustantivo
invocados por los accionante.

2.5.1 Defecto fáctico

Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por defecto
fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin contar con
supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión» 26.

La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos aspectos
o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta cuando el
funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para ello.
Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto negativo que alude a
aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los eventos en

Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-
00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve.
25
Dado que contra el fallo aquí cuestionado se presentó solicitud de aclaración, la cual fue resuelta mediante providencia del
3 de febrero de 2025 y notificada por estado el 21 del mismo mes y año (índice 136 de Samia del proceso ordinario de
reparación directa núm. 17001-23-33-000-2014-00033-02).
26
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
11

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Demandantes: Reina María Gallego de Ríos y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar suficiente material
probatorio que lo demuestra27.

En el presente caso, los demandantes sostienen que, la decisión reprochada
adolece de defecto fáctico, por cuanto, omitió valorar integralmente las pruebas e
informes técnicos, mediante los cuales, se lograba demostrar que, en el lugar de
los hechos, se presentaban avalanchas de escombros y lodo, por lo que era
necesaria la reubicación de las viviendas. De otro lado, alegan que, se prescindió
del análisis del informe y de la declaración del ingeniero geólogo Fernando Sánchez
Zapata, que concluyó la existencia de un alto riesgo de avalancha de escombros,
lodo e inundación y la insuficiencia de obras de mitigación para proteger las
construcciones de los demandantes.

Con la finalidad de determinar si el anterior reproche tiene o no asidero jurídico,
resulta oportuno advertir que el artículo 9028 de la Constitución Política se constituye
en la fuente de la responsabilidad extracontractual del Estado, puesto que, es su
«cláusula general»29, teniendo en cuenta que, prevé los presupuestos que deben
concurrir para que se configure, los cuales son: (i) un daño antijurídico, esto es, un
perjuicio que la persona no está en la obligación de soportar; (ii) una acción u
omisión de los servidores públicos concernientes al cumplimiento de sus funciones;
y (iii) una relación causal entre el hecho dañoso y la actuación o negligencia de
aquellos.

En virtud de dichas exigencias, hay lugar a declarar la responsabilidad
extracontractual del Estado cuando sus agentes, en acatamiento de sus funciones,
por acción u omisión, causan menoscabo a una persona que no debe resistirlo.

Así las cosas, el nexo causal hace referencia a la relación necesaria que debe
mediar entre el hecho generador del detrimento y el resultado, es decir, para que
se comprometa patrimonialmente a la Administración, es indispensable que esta
haya causado el daño30.

27
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
28
«El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la
omisión de las autoridades públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de
la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste».
29
Corte Constitucional, sentencia C-38 de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
30
Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, sentencia de 26 de abril de 2018, C. P. María Adriana Marín, expediente
25000-23-26-000-2004-02010-01.
12

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01752-01
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Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

Ahora bien, cuando los agravios son provocados por omisión de la Administración,
a esta le asiste la obligación de resarcirlos siempre que se evidencie que el
incumplimiento de sus deberes tuvo incidencia en el siniestro, comoquiera que,
aunque en esa situación no se configura un nexo de causalidad, concurre uno de
imputación, pues esa inactividad administrativa involucra una falla del servicio31.
Sobre el particular, el Consejo de Estado32 precisó:

En casos de responsabilidad extracontractual por omisión estatal, dicho juicio se fundamenta
en el presupuesto de la imputación, consistente en la comprobación de un deber jurídico a
cargo de la entidad demandada que tiene la competencia de evitar el resultado lesivo y, pese
a ello, se abstiene voluntariamente de ejercer oportuna y eficientemente un estándar funcional
de diligencia debida, lo que incide directamente en la producción del daño antijurídico.

De igual manera, esta Corporación33 ha indicado que solo hay lugar a atribuirle un
daño antijurídico a la Administración, cuando las pruebas demuestran que su acción
u omisión fue determinante en la producción de aquel, porque, de lo contrario, se
incumpliría la carga de la prueba y, en consecuencia, resulta imperioso negar las
pretensiones indemnizatorias. Al respecto dijo:

[…] con las pruebas allegadas al expediente no se probaron las circunstancias de modo que
rodearon la muerte del señor Gómez Pérez […]; en este sentido, la Sala estima que se
presenta una clara ausencia o imposibilidad de imputación, puesto que no hay prueba que
lleve a la convicción de que el daño resulta atribuible a la entidad demandada, carga que le
correspondía a la parte actora […].

De acuerdo con el análisis realizado en precedencia, se concluye que, el Consejo
de Estado ha sostenido que para que se comprometa la responsabilidad patrimonial
de la Administración, se debe acreditar que una acción u omisión de sus agentes
fue determinante en la ocurrencia del daño antijurídico, por cuanto si ello no
acontece, tampoco es dable atribuírselo.

Ahora, respecto al eximente de responsabilidad denominado fuerza mayor se
configura cuando el hecho dañoso es imprevisible e irresistible, esto es, cuando
acontece por una situación sorpresiva que no era posible evitar y que no se
relaciona con la actividad que desempeñaba quien lo sufrió. Sobre el particular, el
Consejo de Estado34 señaló:

31
Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, sentencia de 7 de marzo de 2012, C. P. Hernán Andrade Rincón,
expediente 25000-23-26-000-1996-03282-01: «[…] la falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por
retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo».
32
Consejo de Estado, sección tercera, subsección B, sentencia de 29 de agosto de 2014, C. P. Ramiro Pazos Guerrero,
expediente 18001-23-31-000-2000-00074-01.
33
Sección tercera, subsección A, sentencia de 19 de marzo de 2021, C. P. María Adriana Marín, expediente 76001-23-31-
000-2011-00388-01.
34
Sección tercera, subsección C, sentencia de 12 de agosto de 2014, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, expediente
73001-23-31-000-2000-02654-01.
13

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01752-01
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[…]en cuanto a los elementos esenciales de la fuerza mayor, la jurisprudencia de la
Corporación ha reiterado que se debe probar la imprevisibilidad e irresistibilidad y, además,
se debe acreditar que la situación resulta completamente externa o exterior al sujeto que la
padece, de tal manera que no tenga control, o pueda achacarse alguna injerencia en su
ocurrencia.

Ahora bien, frente al referido reproche, en la providencia censurada, el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, sostuvo:

[…] Por otro lado, tampoco se evidencia de las pruebas aportadas del plenario que existiera
una omisión por parte de Corpocaldas en la adopción de medidas de mitigación, o que en las
obras que realizó para evitar los efectos de un nuevo deslizamiento (zanjas colectoras,
perfilados de escarpes, sellado de grietas), se configure un acrecimiento del riesgo.

En efecto, la Sala al igual que el precedente citado por el actor, tiene por establecido que los
eventos de la naturaleza deben ser evitados hasta donde ello resulte posible y mitigados para
evitar la pérdida de vidas, lesiones y siniestros económicos. No obstante, se precisa que el
deber de intervención o iniciativa del Estado no es absoluto, pues está condicionado a la
disponibilidad de recursos económicos y humanos, a la capacidad institucional y al complejo
funcionamiento del aparato estatal. En este sentido, del material aportado al plenario no se
evidencia que las medidas que se emplearon para el manejo del deslizamiento del 6 de
diciembre de 2011 fueran inadecuadas, pues en el dictamen del perito de Carlos Eduardo
Rodriguez, se afirma lo siguiente:

«(…) Con relación al manejo que se le dio al deslizamiento, lo que se propuso para tratar
de controlar los procesos es lo que en la práctica de ingeniería geotécnica es común. Las
zanjas buscan interceptar las aguas de escorrentía para evitar su infiltración en las grietas
y posible erosión sobre los escarpes del desplazamiento, Por otra parte, los drenajes
horizontales buscan interceptar aguas subsuperficiales para abatir el nivel freático y reducir
presiones del agua. El terraceo busca descargas el talud, generar taludes de inclinaciones
menores que sean más estables y reducir concentración de esfuerzos. No es claro como
este tratamiento puede ser inadecuado y generar infiltración de aguas en el talud (…)»

Lo anterior fue confirmado por el perito al ser interrogado por los apoderados de Corpocaldas
y de la parte demandante, quien consideró difícil que el direccionamiento de las zanjas hubiera
condicionado el movimiento del deslizamiento, y señaló que en el corto plazo las obras
realizadas eran las que se adecuaban para mitigar el movimiento, el cual señaló resultaba
imposible de detener.

En este sentido, para la Sala no resultaron desvirtuados los razonamientos por los cuales para
el a quo se configuró la fuerza mayor como eximente de responsabilidad frente a las
demandadas. En efecto, no existen medios de prueba que indiquen que fuera previsible para
alguna de las demandadas anticipar que el sector de Luisanita-Chupaderos sería afectado, en
la magnitud en que lo fue por una inundación y no solamente por la socavación lateral del rio.
En consecuencia, no puede imputársele a las demandadas que los referidos residentes no
fueran desplazados o advertidos, cuando se aprecia de los elementos aportados al plenario
que ninguna de las entidades accionadas estaba en condiciones de prever que, los
demandantes, serían finalmente afectados por un nuevo desplazamiento de material a través
del rio Chinchiná.

Es así como, la autoridad accionada determinó que, no había lugar a declarar la
responsabilidad de los accionados en el proceso de reparación directa, por cuanto,
se acreditó la fuerza mayor como eximente y no se probó omisión alguna de
Corpocaldas en la adopción de medidas de mitigación, ni que las obras ejecutadas
(zanjas colectoras, perfilado de escarpes, sellado de grietas) hubiesen
incrementado el riesgo.
14

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01752-01
Demandantes: Reina María Gallego de Ríos y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

Con fundamento en el dictamen y aclaración del perito Carlos Eduardo Rodríguez,
se estableció que, dichas intervenciones eran idóneas para el manejo inmediato del
fenómeno y no condicionaron el movimiento del deslizamiento; además, no existían
pruebas de que fuera razonablemente previsible para las demandadas anticipar la
magnitud del impacto en el sector Lusitania–Chupaderos —particularmente por
inundación y no solo por socavación lateral del río Chinchiná—, de modo que, no
era dable imputárseles la falta de advertencia o evacuación con base en un riesgo
que, según el acervo probatorio, no podía preverse en la forma en que se
materializó.

En ese orden de ideas, se observa que, la providencia censurada no deviene de
una interpretación caprichosa de la autoridad accionada, puesto que, sus
argumentos estuvieron debidamente motivados, conforme a las pruebas que fueron
aportadas en el aludido proceso ordinario, por lo que, no se incurre en el defecto
fáctico alegado.

Por otra parte, resulta oportuno indicar que, el hecho que la autoridad judicial
accionada no haya valorado las pruebas en el sentido que pretendían los actores,
no involucra la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales denominada defecto fáctico, por cuanto en acatamiento de
sus competencias jurisdiccionales tiene la potestad de examinar la pertinencia,
utilidad y conducencia de los elementos de convicción obrantes en el expediente,
así como la de otorgarles diferentes grados de certeza, siempre que lo haga de
manera integral y bajo los criterios de la sana crítica, conforme aconteció en el
asunto materia de controversia.

Por ende, las conclusiones del funcionario judicial (natural) están precedidas de una
valoración objetiva, integral y razonable de las pruebas recaudadas, lo que
imposibilita al juez de tutela cuestionarlas, salvo que sean evidentemente contrarias
a las garantías superiores, supuesto que no se da en el sub lite. Acerca de este
aspecto, la Corte Constitucional35 sostuvo:

Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden
considerarse ni calificarse como errores fácticos.

Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar,
conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál
es la que mejor se ajusta al caso concreto.

35
Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
15

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01752-01
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Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

El juez, en su labor, no sólo es autónomo sino que sus actuaciones se presumen de buena fe.
En consecuencia, el juez de tutela debe considerar que, en principio, la valoración de las
pruebas realizadas por el juez natural es razonable.

[…]

Por último, para que la tutela resulte procedente ante un error fáctico, “El error en el juicio
valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el
mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto.

De otro lado, los accionantes se limitaron a reiterar su inconformidad respecto a la
valoración que se les dio a las pruebas allegadas al proceso de reparación directa,
sin desarrollar una exposición sólida que evidenciara la configuración del defecto
fáctico. Tal planteamiento, más que evidenciar una vulneración de sus derechos
fundamentales alegados, pone de presente su intención de reabrir un debate
jurídico ya definido por el juez natural, lo cual desborda el objeto de la acción de
tutela y desconoce su carácter subsidiario.

2.5.2 Defecto sustantivo

Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que los
jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas
que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.

La jurisprudencia constitucional36 ha estimado que la providencia judicial proferida
con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado defecto
sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con fundamento en
una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue derogada,
declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con el decidido,
la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente se omite
aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:

Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o yerro en
una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las
disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar
a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta
trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de los
derechos constitucionales 37.

36
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
37
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
16

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01752-01
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Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

En el asunto sub examine, los demandantes aducen que el proveído cuestionado
incurrió en defecto sustantivo, al considerar que se desatendió la normatividad
aplicable: (i) el artículo 62 del Decreto Ley 919 de 1989, que organizó el Sistema
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, en armonía con la Ley 388
de 1997; (ii) el artículo 56 de la Ley 9 de 1989 (modificado por la Ley 2 de 1991), a
través de la cual se ordenó a los alcaldes a realizar un inventario de los
asentamientos humanos en alto riesgo; (iii) el Decreto 93 de 1998 que adoptó el
Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres; y (iv) la Ley 1523 de
2012 (modificada por la Ley 108 de 2020) que adoptó la política nacional de riesgos
y desastres.

Lo anterior con fundamento en que, «[e]n el caso que ocupa nuestra atención, la normatividad
planteada por la parte actora, en el escrito de demanda y reiterada en el alegato de conclusión, fue
desatendida, contrariando el principio de congruencia, irregularidad que de no haber sucedido y de
haberse armonizado con los presupuestos fácticos, la decisión habría sido diferente».

Ahora bien, frente al referido reproche, en el proveído censurado del 23 de agosto
de 2024 la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado fundamentó su
decisión en la configuración de la fuerza mayor como eximente de responsabilidad,
y lo contrastó con los argumentos planteados por los accionantes en el recurso de
apelación dentro del proceso de reparación directa. En ese sentido, sostuvo:

[…] 7. Al respecto, resulta necesario recordar que de acuerdo con el artículo 64 del Código
Civil subrogado por el artículo 1 de la Ley 95 de 1890 la configuración de la fuerza mayor como
causal exonerativa de responsabilidad - causa extraña-, requiere de la prueba de tres
elementos que en todo caso deben estar presentes, a saber: i) externalidad, ii) imprevisibilidad,
y iii) irresistibilidad.

[…]

En reciente decisión, se reiteró por esta subsección cuáles son los requisitos para la
procedencia de la Fuerza Mayor:

(…) para la prosperidad de esta causal exonerativa de responsabilidad deben reunirse tres
requisitos, a saber: i) que el hecho sea exterior, esto es, que esté dotado de una fuerza
destructora abstracta, cuya realización no es determinada, ni aun indirectamente por la
actividad del ofensor; ii) que el hecho sea irresistible, es decir, que ocurrido el hecho el
ofensor se encuentra en tal situación que no puede actuar sino del modo que lo ha hecho;
y iii) que el hecho sea imprevisible, pues el suceso escapa a las previsiones normales, esto
es, que ante la conducta prudente adoptada por quien lo alega, era imposible pronosticarlo
o predecirlo.(…)

8. En lo que atañe la imprevisibilidad de la fuerza mayor, se resalta que su alcance no se
circunscribe únicamente al conocimiento que pueda tenerse de la futura ocurrencia de un
evento, como lo sería una catástrofe natural. Para apreciar la configuración de dicho elemento,
debe considerarse además la intensidad del evento, sus antecedentes, a efectos de establecer
si realmente el evento tiene el carácter de (…) súbito o repentino en su producción, o en el
que, no obstante, la diligencia y cuidado que se tuvo para evitarlo, de todas maneras, acaeció,

17

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con independencia de que hubiese sido mentalmente proyectado, o no, previamente a su
ocurrencia (…)

[…]

En este sentido, para la Sala no resultaron desvirtuados los razonamientos por los cuales para
el a quo se configuró la fuerza mayor como eximente de responsabilidad frente a las
demandadas. En efecto, no existen medios de prueba que indiquen que fuera previsible para
alguna de las demandadas anticipar que el sector de Luisanita-Chupaderos sería afectado, en
la magnitud en que lo fue por una inundación y no solamente por la socavación lateral del rio.
En consecuencia, no puede imputársele a las demandadas que los referidos residentes no
fueran desplazados o advertidos, cuando se aprecia de los elementos aportados al plenario
que ninguna de las entidades accionadas estaba en condiciones de prever que, los
demandantes, serían finalmente afectados por un nuevo desplazamiento de material a través
del rio Chinchiná.

Por consiguiente, no puede endilgarse responsabilidad alguna a las demandadas, al verse
configurada la fuerza mayor como eximente de responsabilidad en los términos expuestos por
el Tribunal y que fueron analizados en esta providencia.

Previsto lo anterior, para la Sala resulta innecesario pronunciarse sobre la legitimidad en la
causa material de las entidades demandadas, en la medida en vista de la configuración de la
fuerza mayor como causa extraña del daño alegado, se desprende que, con independencia
de los deberes funcionales a cargo de las entidades demandadas, sobre estas no recae la
obligación de responder por el derecho o interés objeto de la controversia.

Respecto de lo manifestado por los tutelantes —en cuanto a que, en la sentencia
objeto de tutela, se omitieron normas sobre prevención de desastres—, esta Sala
observa que tales disposiciones no eran aplicables, por cuanto, en la providencia
cuestionada se declaró probada la fuerza mayor como eximente de responsabilidad;
por lo tanto, en ese escenario no era exigible un análisis adicional de la normativa
de gestión del riesgo para derivar deberes específicos de prevención o atención a
cargo de las autoridades.

De otro lado, los accionantes insistieron, en el escrito de impugnación, en que, en
la demanda de reparación directa —en particular, en el hecho 18— se aludió al
marco normativo presuntamente omitido por la sentencia de segunda instancia. Sin
embargo, allí solo se efectuó una exposición genérica de presuntas omisiones de
las entidades demandadas, sin identificar con precisión las normas aplicables ni los
deberes concretos que de ellas se derivaban.

Aunado a todo anterior, cabe advertir que, en reciente sentencia de unificación SU-
304 de 202438, la Corte Constitucional sostuvo que, tratándose de tutelas contra
fallos proferidos por una alta corte, como en este caso, el examen debe realizarse
con mayor rigurosidad para poder constatar «[…] una afectación desproporcionada a un

38
Corte Constitucional, sentencia SU-304 de 2024.
18

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derecho fundamental, producto de una actuación arbitraria […]», lo que implica que, no se

permita su uso con el propósito de reabrir debates concluidos en el proceso
ordinario.

Sobre este presupuesto, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la acción de tutela
contra decisiones proferidas por una alta corte debe examinarse con especial rigurosidad, lo
que implica acreditar que en la providencia cuestionada se presentó “una afectación
desproporcionada a un derecho fundamental, producto de una actuación arbitraria”[90].
Particularmente, en esta materia, es preciso seguir la metodología planteada en la sentencia
SU-295 de 2023, en la que la Corte indicó que este requisito se acredita a partir de tres
criterios: (i) la tutela no debe versar sobre asuntos legales o económicos[91]; (ii) la misma tiene
que perseguir la protección de derechos fundamentales; y (iii) no puede buscar reabrir debates
concluidos en el proceso ordinario39.

De acuerdo con lo citado, se debe entender que, en casos como este, se exige al
accionante una especial carga argumentativa que no se satisface con la mera
discrepancia genérica frente a la interpretación judicial, sino con la identificación
precisa de los defectos en que incurrió y la explicación de cómo estos inciden
directamente en el resultado obtenido, carga que omitió cumplir los accionantes.

Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que, el razonamiento que efectúa
el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía e
independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.

III. DECISIÓN

La Sala considera que en el presente asunto los accionantes no acreditaron que la
providencia cuestionada haya incurrido en las causales especiales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial invocadas (defecto fáctico ni
sustantivo), por tal motivo, se revocará el fallo impugnado, que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia, para en su lugar, negar el amparo
deprecado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

39
Sentencia ibidem.
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FALLA:

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 26 de junio de 2025, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, que declaró improcedente la acción de tutela
de la referencia. En su lugar, NEGAR el amparo de los derechos fundamentales
invocados por los accionantes, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Cuarta de esta
Corporación y remitir copia.

CUARTO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto
Ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA

20

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