Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01771-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-01771-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01771-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01771-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
22 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01771-01
Accionante: GERARDO ALONSO HERRERA HOYOS
Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
Proceso: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. SUBSIDARIEDAD
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra el fallo proferido
el 22 de abril de 2025 por el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B, que
declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por los accionantes contra el
Tribunal Administrativo de Risaralda.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El 25 de marzo de 2025, Gerardo Alonso Herrera Hoyos, en nombre propio, interpuso
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, para que se amparen sus
derechos fundamentales1, que considera vulnerados por la autoridad accionada al haber
expedido el auto del 3 de marzo de 2025, por el cual se declaró la falta de competencia
del Tribunal y se remitió el proceso al Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal,
en el marco del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos
identificado con Rad. No. 66001-23-33-000-2025-00016-00.
En virtud del amparo, el accionante solicita (se transcribe, incluso con errores):
«se falle mi tutela en terminos de tiempo que a ley ordena
se ordene inmeditamente al magistrado tutelado admitir sin más dilación mi
accion popular
1 No mencionó ninguno de forma expresa.
2
Expediente No. 11001-03-15-000-2024-01771-01
Accionante: Gerardo Alonso Herrera
Resuelve impugnación
se pida a la H CC, ordenar que el tutelado conozca de mi renuente accion
popular a fin de evitar mas mora judicial y hacer que sus conflictos tengan efecto
real en derecho y no simbólico.
se ordene aplicar lo resuelto por la h corte constitucional en conflicto aplicable
al caso y así dar CELERIDAD Y ECONOMÍA PROCESAL EN AL RENUENTE
Y MORATORIA ACCION POPULAR
(…)
SE ORDENE al procurador delegado en acciones populares ante el tribunal que
obre en derecho a mi favor y tutele a mi nombre a fin de que se de aplicasion
art 84 ley 472 de 1998.pues no soy abogado y le exijo su actuar en derecho en
la renuente y moratoria accion popular».
2. Hechos relevantes
El accionante no narró hechos. Sin embargo, del expediente se extrae que Gerardo
Alonso Herrera Hoyos es accionante en la acción popular a la que le correspondió el
Radicado No. 66001-23-33-000-2025-00016-00. La interpuso el 29 de enero de 2025,
ante el Tribunal Administrativo de Risaralda.
Dicha acción tiene como pretensión que el establecimiento de comercio denominado
«Servicio Farmacéutico Evedisa», ubicado en la Calle 18 No. 14-34 de Santa Rosa de
Cabal, Risaralda, propiedad de la sociedad Eve Distribuciones S.A.S. – EVEDISA cumpla
su deber legal de construir un baño público accesible para quienes padecen limitaciones
a su movilidad. En su demanda, manifestó que dentro de los accionados se encuentra el
ministro de Salud. Por lo anterior, manifestó en su demanda que la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo es la competente para conocer de sus pretensiones.
Sin embargo, el 3 de marzo de 2025, el magistrado del Tribunal Administrativo de
Risaralda a quien correspondió el estudio de la demanda decidió declarar la falta de
jurisdicción de esa corporación para atender las súplicas del medio de control. En
consecuencia, remitió el proceso al Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal.
Como fundamento de su decisión, refirió que el artículo 15 de la Ley 472 de 1998
establece que en los casos en que no se avizoren vulneraciones de entidades estatales
o de particulares que ejercen funciones administrativas, conocerá la jurisdicción ordinaria
civil. Consideró también que «el fuero de atracción no obedece a la voluntad libérrima del
demandante sin ninguna posibilidad de estudio por el funcionario judicial, sino que debe
tener un sustento prima facie atendible que permita a la jurisdicción especializada avocar
su conocimiento».
3
Expediente No. 11001-03-15-000-2024-01771-01
Accionante: Gerardo Alonso Herrera
Resuelve impugnación
Expresó que las pretensiones sobre la falta de vigilancia del Ministerio de Salud no son
susceptibles de ventilarse por este medio de control, pues se ajustan más a una acción
de cumplimiento, lo cual impide el ejercicio de la acción popular para ventilarlas, en
especial cuando carecen de sustento en la amenaza o vulneración de un derecho
colectivo. Finalmente, manifestó que la pretensión principal de la acción popular conduce
a que una entidad de naturaleza privada construya una unidad sanitaria pública, lo cual
no constituye una acción u omisión de una entidad de orden nacional.
3. Fundamentos de la solicitud
El accionante allega el Auto 1555 de 2024, proferido por la Sala Plena de la Corte
Constitucional, en el que se consideró que
«De conformidad con el artículo 15 de la Ley 472 de 1998 y el numeral 10 del
artículo 155 de la Ley 1437 de 2011, las acciones populares interpuestas
simultáneamente en contra de entidades públicas y/o personas privadas que
desempeñen funciones administrativas son de conocimiento de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo. Las autoridades judiciales no podrán valorar
de fondo la participación de las entidades demandadas para declarar la falta de
jurisdicción».
Dicho extremo aduce que, al ser tan clara la contradicción entre el análisis que hizo el
Tribunal de Risaralda y la postura de la Corte Constitucional, lo único que produce la
decisión es un desgaste innecesario. Además, alegó una mora judicial en la admisión de
su demanda, pues fue radicada el 29 de enero y no se había estudiado a la fecha de
presentación de la acción de tutela. El accionante manifestó, de otra parte, que el
procurador delegado nada hace por él, olvidando que no es abogado.
4. Trámite de primera instancia
El asunto correspondió, en primera instancia, al Consejo de Estado-Sección Segunda-
Subsección B. Mediante auto del 27 de marzo de 20252, se admitió la acción de tutela,
se ordenó la notificación a la autoridad accionada y vincular al Juzgado Civil del Circuito
de Santa Rosa de Cabal para que se manifieste en lo que considere pertinente. Comunicó
el proceso a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y, finalmente, requirió
al Tribunal Administrativo accionado que allegara el expediente del medio de control.
2 SAMAI, índice 4 de primera instancia.
4
Expediente No. 11001-03-15-000-2024-01771-01
Accionante: Gerardo Alonso Herrera
Resuelve impugnación
En su escrito de contestación, el Tribunal Administrativo de Risaralda3 solicitó que se
declare improcedente la acción, o en su defecto, se negara la petición de amparo.
Expresó que la acción no cumple con el requisito de relevancia constitucional, por tratarse
de un asunto estrictamente legal, y que, en todo caso, con la providencia enjuiciada no
se incurrió en ninguna causal de procedencia especifica, la cual fue producto de un
análisis exhaustivo de las disposiciones y jurisprudencia aplicables al asunto debatido.
Por su parte, el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal Guardó silencio.
En sentencia del 20 de marzo de 2025 4 , el Consejo de Estado-Sección Segunda-
Subsección B declaró improcedente la acción por desconocer el requisito de
subsidiariedad. Consideró que
«pese a la inconformidad del demandante con la remisión de su proceso a otra
jurisdicción, lo cierto es que actualmente se encuentra en trámite ante los
juzgados civiles del circuito de Santa Rosa de Cabal, por lo que, si bien el
tribunal demandado resolvió no conocer del asunto por falta de jurisdicción, lo
cierto es que fue remitido al que consideró era el competente; frente a lo cual
se advierte que en el sistema jurídico no puede permitirse el paralelismo o la
concurrencia de competencias entre el juez natural del asunto y el de tutela, ni
el ciudadano puede elegir entre uno y otro, como aquí se propone».
Mediante memorial del 13 de junio de 20255, la parte accionante impugnó la decisión sin
manifestar razones de su desacuerdo.
II. CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del
22 de abril de 2025, proferida por la Sección Segunda-Subsección B del Consejo de
Estado-, que declaró improcedente la acción de tutela.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
3 SAMAI, índice 9 de primera instancia.
4 SAMAI, índice 12 de primera instancia. Notificada por correo electrónico el 10 de junio siguiente. SAMAI, índice 15
de primera instancia.
5 SAMAI, índice 16 de primera instancia.
5
Expediente No. 11001-03-15-000-2024-01771-01
Accionante: Gerardo Alonso Herrera
Resuelve impugnación
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de primera
instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el
Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de la Corporación.
Preliminarmente, la Sala se adhiere a la metodología del a quo constitucional para el
estudio de las pretensiones de la acción. Primero, se evaluará la tutela contra las
providencias judiciales y, posteriormente, se analizarán las pretensiones relacionadas
directamente con la desvinculación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente
contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un
derecho constitucional fundamental 6 . De conformidad con su jurisprudencia, la tutela
contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) que
la controversia tenga relevancia constitucional; (ii) que el afectado haya agotado todos
los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que
se configure un perjuicio irremediable; (iii) que la tutela se formule con inmediatez; (iv) si
se trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; (v)
que la solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de
tutela7.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba;
falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error
inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del «precedente»
constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la
Constitución.
Subsidiariedad
El inciso tercero del artículo 86 de la Constitución y el artículo 6.1 del Decreto 2591 de
1991 prevén que la acción de tutela no procede cuando existan otros recursos o medios
6 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
7 Ibidem.
6
Expediente No. 11001-03-15-000-2024-01771-01
Accionante: Gerardo Alonso Herrera
Resuelve impugnación
de defensa judiciales. La jurisprudencia constitucional ha precisado que esta regla tiene
dos excepciones: i) el empleo de la acción de tutela como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable, o ii) cuando los medios de defensa no sean idóneos ni
eficaces para superar la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales
invocados8.
Si existen otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para
solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se
debe recurrir a ellos y no a la acción de tutela. En consecuencia, una persona que acude
a la administración de justicia por vía de la acción de tutela, no puede desconocer las
demás acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el
juez constitucional adopte decisiones paralelas a las del funcionario que debe conocer
de un determinado asunto radicado bajo su competencia, dentro del marco estructural de
la administración de justicia9.
Este requisito general de las acciones de tutela se hace más exigente cuando el objeto
de la acción es una providencia judicial. Así, se ha establecido que los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios son, por regla general, las vías legítimas de defensa y
reconocimiento de derechos fundamentales10. La Corte Constitucional, en sentencia SU-
062 de 2018, estableció las razones principales que refuerzan el requisito de
subsidiariedad en tutelas contra providencias judiciales:
«En primer lugar, las sentencias son decisiones emanadas de un juez que
recibió el encargo constitucional de poner fin a las controversias en una
jurisdicción determinada, para lo cual, fue revestido de autonomía e
independencia (…). [L]a acción de tutela que no es presentada con apego
estricto al principio de subsidiariedad, niega la garantía del debido proceso, de
acuerdo con la cual, una persona sólo puede ser procesada por su juez natural.
En segundo lugar, las etapas, el procedimiento y los recursos que conforman
un proceso son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales
de los asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del
debido proceso de manera que no es admisible que el afectado alegue la
vulneración o amenaza de un derecho fundamental cuando no ha solicitado el
amparo de sus derechos dentro del proceso, pues, en principio, el
ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las herramientas necesarias para
corregir durante su trámite las irregularidades procesales que puedan afectarle.
Y la última razón es que la acción de tutela contra providencias judiciales no
pretende sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido
8 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-026 de 2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
9 Corte Constitucional. Sentencia T-373 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Betancur.
10 Corte Constitucional. Sentencia SU-026 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; se citan, entre otras, las
sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018,
M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
7
Expediente No. 11001-03-15-000-2024-01771-01
Accionante: Gerardo Alonso Herrera
Resuelve impugnación
definidos, o están pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el
principio de subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra
instancia u otro recurso de litigio, sin que existan razones evidentes para
advertir violaciones a derechos fundamentales, se atenta contra la cosa juzgada
y contra la seguridad jurídica».
Mora judicial
La Corporación ha definido la mora judicial como la conducta dilatoria de un juez para
resolver un proceso judicial, que se explica por el desconocimiento injustificado y
negligente de los términos legales y que carece de un motivo probado y razonable. Esta
situación vulnera el debido proceso y el derecho de acceso a la administración de justicia.
Ahora bien, por las condiciones estructurales que producen congestión y lentitud en los
despachos judiciales, no toda dilación en la decisión de un asunto equivale a mora o a
negligencia11. En efecto, dicha situación puede producirse por causas externas como la
excesiva carga laboral y la falta de una infraestructura básica en los despachos judiciales,
que limitan sus capacidades de acción12.
A su vez, la Corte Constitucional ha advertido que no todo desconocimiento de los plazos
establecidos en la ley da lugar a la violación de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, pues ello solo se configura cuando el
juez no puede justificar su retardo. Así, ha integrado el concepto convencional de «plazo
razonable» para evaluar si, al omitir resolver un proceso judicial en término, el juez
transgredió las garantías judiciales del usuario de la administración de justicia. Dicho
análisis abarca la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la
conducta del operador judicial y la afectación generada en la situación jurídica de la
persona involucrada en el proceso13.
11 Corte Constitucional, sentencia T-577 de 2008. M.P. Humberto Sierra Porto.
12 Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 15 de septiembre de 2016, rad nº. 11001-03-15-000-2016- 01884-
00. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
13 Sentencia SU-179 de 2021. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
8
Expediente No. 11001-03-15-000-2024-01771-01
Accionante: Gerardo Alonso Herrera
Resuelve impugnación
Caso concreto
La Sala confirmará la sentencia del 22 de abril de 2025, por cuanto coincide con el fallo
de primera instancia en que no se satisface el requisito de subsidiariedad que se explica
en la sección precedente.
En ese sentido, la Sala observa que, desde el 10 de marzo de 2025, la acción popular
[también llamada medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos]
está en manos del Juez Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, ya no del Tribunal
accionado. Como ese despacho guardó silencio en el trámite de tutela, la Sala desconoce
el estado del proceso en el juzgado. Sin embargo, el estudio de la admisión corresponde
a esa autoridad, y el juez constitucional no está llamado a usurpar esas competencias.
En ese escenario, corresponde al accionante dirigirse a ese Juez de Circuito y averiguar
si ya se ha estudiado la admisión de la demanda. En caso de que este la rechace, el
demandante cuenta con medios de defensa judiciales distintos a la acción de tutela: los
recursos contra los autos que se vayan expidiendo a lo largo de ese trámite admisorio.
En el marco de la acción popular, por ser constitucional, no es necesario que actúe por
medio de abogado para interponerlos.
Ahora bien, contra las decisiones que declaran la falta de competencia o jurisdicción no
se admiten recursos. Para resolver estos asuntos, el ordenamiento prevé mecanismos
para que el superior –si se trata de un conflicto de competencias entre jueces de la misma
jurisdicción– o la Corte Constitucional14 –si se trata de un conflicto de jurisdicciones15–
determinen quién es el juez competente para determinados asuntos. Este es un proceso
reglado que debe surtirse sin la interferencia del juez constitucional en el asunto y, como
no se ha tramitado, el juez de tutela no podría suplir este procedimiento.
Además de lo anterior, este procedimiento, cuyo fin es garantizar el principio del juez
natural, toma un tiempo razonable. La naturaleza de ese trámite, además de la congestión
de la administración de justicia, justifican por sí sola la demora de 2 meses desde la
14 Artículo 241.11 de la Constitución de 1991.
15 En este caso, el accionante plantea un potencial conflicto entre la jurisdicción ordinaria (Juez Civil del Circuito) y la
jurisdicción contencioso-administrativa (Tribunal Administrativo de Risaralda). Si el Juez Civil de Circuito también
declarara su falta de jurisdicción, el expediente iría a la Corte Constitucional para que decida cuál de las dos autoridades
es la competente para decidir.
9
Expediente No. 11001-03-15-000-2024-01771-01
Accionante: Gerardo Alonso Herrera
Resuelve impugnación
presentación de la acción popular, el 29 de enero, hasta la presentación de la tutela, el
25 de marzo de 2025.
Planteado lo anterior, no se advierte que el Tribunal Administrativo de Risaralda haya
incurrido en una dilación injustificada en los términos, ni que haya sido negligente en el
trámite del proceso, por lo que no se configura una mora judicial que constituya una
vulneración del debido proceso. Por demás, se desconoce el estado actual del asunto,
que está bajo la dirección del Juez Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal.
En conclusión, la tutela no puede ser utilizada como mecanismo de protección en este
caso para ordenar la admisión de la acción, por parte del Tribunal Administrativo de
Risaralda ni hay vulneración del debido proceso por la demora en la admisión. Como
consecuencia de la improcedencia de la acción, la Sala se abstendrá de pronunciarse
sobre el fondo del asunto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de abril de 2025, proferida por el Consejo
de Estado-Sección Segunda-Subsección B de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.