Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01774-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-01774-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01774-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01774-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
3 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 3 de junio de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01774-00
Demandante: Darío Orlando Reina Albornoz
Demandado: Tribunal Administrativo de Huila y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional
Síntesis del caso: La parte actora enjuició las sentencias de primera y segunda instancia
mediante las cuales se negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por
consignación tardía de las cesantías, en el marco de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a decidir en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Darío Orlando Reina
Albornoz en contra el Juzgado 5 Administrativo de Neiva y el Tribunal
Administrativo de Huila.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 25 de marzo de 2025, Darío Orlando Reina Albornoz, mediante
apoderado, presentó una acción de tutela contra el Juzgado 5
Administrativo de Neiva y el Tribunal Administrativo de Huila, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y
acceso a la administración de justicia, con ocasión de las Sentencias de 28
de julio de 2022 y 10 de septiembre de 2024, proferidas, respectivamente,
por las autoridades judiciales accionadas, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 41001-33-33-005-2019-00071-00/01.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):
“Primera. Que se amparen los derechos fundamentales constitucionales
invocados al comienzo de este escrito de tutela (al debido proceso, al acceso
1 El artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el
Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01774-00
Demandante: Darío Orlando Reina Albornoz
Demandado: Tribunal Administrativo de Huila y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________
real y efectivo a la administración de justicia, y el derecho a la igualdad) y los
demás que a lo largo del proceso se acredite fueron violados, están siendo
amenazados o se han vulnerado, por parte de las autoridades accionadas,
y/o los vinculados.
Segundo.- Que como consecuencia del amparo de los derechos
fundamentales, por la violación, amenaza o vulneración se deje sin efectos la
sentencia de segunda instancia de fecha 10 de septiembre de 2024 proferida
por la SALA CUARTA DE DECISION DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA,
proferida dentro del proceso tramitado a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho propuesto por DARIO ORLANDO REINA
ALBORNOZ en contra de NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –
POLICIA NACIONAL, correspondiéndole el radicado número 41 001 33 33 005
2019 00071 00.
En consecuencia, se profiera una sentencia de reemplazo, o se le ordene a la
SALA CUARTA DE DECISION DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA, que
profiera una sentencia conforme a las pautas que al respecto se le den
respetando los precedentes invocados sobre la SANCION MORATORIA
CONSAGRADA PARA LOS RETIROS DE CESANTIAS DEFINITIVOS Y PARCIALES
creada por la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006, en un término perentorio
de 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela.
Tercero. Se dicten medidas tendientes a que estas mismas situaciones no
vuelvan a presentarse.
Cuarto. Se reconozcan perjuicios al accionante.
Quinto. Las demás que considere el señor Juez, útiles para devolver las cosas
al estado anterior, a la violación de los derechos fundamentales del actor,
considerando las facultades extra y ultra petita que tiene el señor Juez, en
estas acciones.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron narrados los siguientes:
4. 1) El 13 de enero de 1997, Darío Orlando Reina Albornoz ingresó a la
Escuela de Oficiales de la Policía Nacional, donde fue cadete hasta el 4
de noviembre de 1997, oficial entre el 5 de noviembre de 1997 y el 12 de
octubre de 2017, y teniente desde la última fecha hasta el 12 de enero de
2018.
5. 2) El 2 de febrero de 2017, Darío Orlando Reina Albornoz solicitó el
reconocimiento y pago de sus cesantías parciales ante la Dirección
General de la Policía Nacional, la cual, mediante la Resolución No. S-2017-
007877 / ARPRE-GRUCE-1.10 de 21 de marzo de 2017, negó dicha solicitud2.
2 “Lo anterior teniendo en cuenta lo establecido en la Ley de Presupuesto General de la Nación No. 1815 del 07
de diciembre de 2016, y el Decreto de liquidación No. 2170, “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la
Nación para la vigencia fiscal de 2017”, normatividades que no contemplan la asignación de presupuesto para
el reconocimiento y pago de cesantías parciales particulares, para los funcionarios pertenecientes al régimen
retroactivo de la Policía Nacional, durante la vigencia 2017.”
2 de 12
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01774-00
Demandante: Darío Orlando Reina Albornoz
Demandado: Tribunal Administrativo de Huila y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________
6. 3) El 14 de octubre de 2017, el señor Reina Albornoz solicitó el
reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas ante la Dirección
General de la Policía Nacional.
7. 4) Mediante la Resolución No. 1446 de 22 de diciembre de 2017,
suscrita por el subdirector general de la Policía Nacional, se reconoció y
ordenó el pago de cesantías definitivas por un valor total de $59.863.002 a
favor del señor Reina Albornoz3. Suma que, según certificado de ingresos y
retenciones de la Policía General, con número de documento origen
5331318, fue pagada el 29 de enero de 2018.
8. 5) El 28 de febrero de 2018, la parte actora solicitó ante la Dirección
General de la Policía Nacional el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria, prevista en la Ley 1071 de 2006, por la no consignación
oportuna de las cesantías definitivas.
9. 6) El Jefe del Área de Prestaciones Sociales de la Policía Nacional
mediante Oficio No. S-2018-012736 - DIPON / ARPRE-GRUCE-1.10 de 7 de
marzo de 2018, negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora en
la cancelación de las cesantías definitivas. Como argumento de su
decisión, indicó que la liquidación de las cesantías definitivas se efectúo
acorde con lo establecido en el Decreto 1212 de 1990, el cual no
contempla el reconocimiento de indemnización moratoria u otros
emolumentos, (se trascribe) “distintos a las partidas prestacionales
señaladas en los artículos 140, 141, 142 y 143, por lo que no es factible
atender de manera favorable su petición respecto al pago de
indemnización moratoria”.
10. 7) El 14 de marzo de 2018, el señor Reina Albornoz elevó otra solicitud
de reconocimiento de sanción moratoria respecto de sus cesantías
parciales. Mediante Oficio No. S-2018-047509 - SEGEN / ARPRE-GRUCE-1.10
de 22 de agosto de 2018, el Área de Prestaciones Sociales de la Policía
Nacional dio respuesta a esta solicitud e indicó que, a través del Oficio No.
S-2017-0078774 se le indicaron las razones por las cuales no era posible
atender favorablemente esa solicitud.
11. 8) El 25 de febrero de 2019, el señor Reina Albornoz presentó
demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, contra la Nación – Policía Nacional orientada a obtener la
nulidad de los actos administrativos No. S-2018-012736 - DIPON / ARPRE-
GRUCE-1.10 de 7 de marzo de 2018 y No. S-2018-047509 - SEGEN / ARPRE-
GRUCE-1.10 de 22 de agosto de 2018, que negaron el reconocimiento y
3 Mediante Oficio No. S-2017-065212 / ARPRE-GRUNO-29 de 28 de diciembre de 2017, suscrito por el Jefe Grupo
Nóminas de la Policía Nacional, dirigido a Reina Albornoz, se efectúo citación para notificación personal de la
Resolución No. 1446 de 22 de diciembre de 2017.
4 Ver párrafo 5 de la presente providencia.
3 de 12
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01774-00
Demandante: Darío Orlando Reina Albornoz
Demandado: Tribunal Administrativo de Huila y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________
pago de la sanción moratoria por consignación tardía de cesantías
parciales y definitivas.
12. 9) Mediante Sentencia de 28 de julio de 2022, el Juzgado 5
Administrativo de Neiva negó las pretensiones de la demanda. Expuso que,
el señor Reina Albornoz era beneficiario del régimen retroactivo de
cesantías previsto en el Decreto 1212 de 1990, pues, si bien fue vinculado a
la Policía Nacional con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
344 de 1996, lo cierto era que, el parágrafo del artículo 13 de esta ley,
excluyó de su aplicación a los miembros de la fuerza pública entre ellos a
los miembro de la Policía Nacional, como lo era el caso del accionante, en
esa medida, no le era aplicable el régimen anualizado de cesantías
prevista en la aludida ley.
13. Aunado a lo anterior explicó que, comoquiera que el demandante
era beneficiario del régimen retroactivo de cesantías en los términos del
Decreto 1212 de 1990, no le era posible reconocer la sanción moratoria
prevista en la Ley 1071 de 2006, ya que era una penalidad establecida
para el régimen anualizado de cesantías. Agregó que, el Consejo de
Estado se había pronunciado de la misma manera en casos similares y citó
la Sentencia de 7 de diciembre de 2017, con radicado No. 44001-23-33-
000-2013-00089-01 (3048-14).
14. Puso de presente que no se aportó prueba que lograra demostrar
que el señor Reina Albornoz hubiere manifestado (se trascribe) “expresa y
voluntariamente su deseo de optar por el régimen anualizado o su
renuncia al beneficio del régimen de liquidación con retroactividad”.
15. 10) La anterior decisión fue apelada por Darío Orlando Reina
Albornoz. Solicitó que se revocara la decisión y, en su lugar, se accediera a
la sanción moratoria. Argumentó que los miembros de la fuerza pública no
podían escoger el régimen prestacional o la entidad que administre sus
cesantías, pues, por expreso mandato legal estaba prohibido acogerse a
otras nomas prestacionales, tal como lo establecía el artículo 151 del
Decreto 1212 de 1990.
16. Expuso que a cualquier funcionario que perteneciera a las entidades
enunciadas en el artículo 2 de la Ley 1071 de 2006 le eran aplicable las
disposiciones referentes a la sanción moratoria por pago tardío de las
cesantías, como los miembros de la fuerza pública. En esa medida, indicó
que no tenía razón el juzgado accionado al concluir que a él no lo
cobijaba la Ley 344 de 1996, toda vez que la exclusión para los miembros
de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional contemplada en el parágrafo
4 de 12
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01774-00
Demandante: Darío Orlando Reina Albornoz
Demandado: Tribunal Administrativo de Huila y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________
citado por el juzgado5 solo exceptuaba a los funcionarios públicos de la
aplicación de ese artículo más no sobre toda la ley.
17. Agregó que, por un lado, existía mora en la consignación de sus
cesantías parciales, ya que radicó la solicitud el 2 de febrero de 2017, la
entidad respondió el 21 de marzo de 2017 y estas debían consignarse el 23
de mayo de 2017; no obstante, fueron consignadas el 26 de enero de 2018,
por lo que la mora en el pago fue de 248 días.
18. Por el otro lado, respecto de las cesantías definitivas, explicó que la
solicitud se presentó el 14 de octubre de 2017, la resolución de
reconocimiento se profirió el 22 de diciembre de 2017 y estas debían
consignarse hasta el 16 de enero de 2018; sin embargo, solo fue hasta el 26
de enero de 2018, por lo que la mora fue de “10 días”.
19. 11) El Tribunal Administrativo de Huila mediante Sentencia de 10 de
septiembre de 2024, confirmó la decisión de primera instancia. Señaló que,
las cesantías de los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional se
encontraban regladas en el artículo 143 del Decreto 1212 de 1990 y que
este régimen era de carácter retroactivo.
20. Expresó que, en reciente pronunciamiento por parte del Consejo de
Estado, se analizaron asuntos en los que servidores públicos que eran
beneficiarios del régimen de cesantías retroactivas solicitaban el pago de
la sanción moratoria, en los términos de la Ley 1071 de 2006 y, concluyó
que, los afiliados al régimen de cesantías retroactivas no los cobijaba.
21. Aclaró que, el señor Reina Albornoz se vinculó a la Policía Nacional el
5 de noviembre de 1997, en vigencia de la Ley 344 de 1996, sin embargo,
el artículo 13 de esta la Ley exceptuó al personal de las fuerzas militares y
de la policía de su aplicación, en esa medida, consideró el Tribunal que el
aquí accionante era beneficiario del régimen de cesantías retroactivo
previsto en el artículo 143 del Decreto 1212 de 1990 y, que la sanción
moratoria establecida en la Ley 1071 de 2006, solo no era aplicable para el
régimen retroactivo de cesantías previsto en este decreto.
22. El fundamento de la vulneración radicó en que se configuró un
desconocimiento del precedente de las autoridades judiciales
accionadas6, en el que se trató un caso similar y en el que se reconoció y
ordenó el pago de la sanción moratoria. También el precedente de la
Corte Constitucional7 y el Consejo de Estado8 en el que se unificó
5 Parágrafo del artículo 13 de la Ley 344 de 1996
6 Sentencia de 10 de septiembre de 2024 del Tribunal Administrativo de Huila, Rad. No. 110013335012-2019-00007-
01. Cabe precisar que la Sala constató que dicho radicado corresponde es a un proceso que tramitó el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca -Sección Segunda, no el Tribunal Administrativo de Huila.
7 Corte Constitucional, Sentencias SU – 332 de 2013, C-339 de 2019 y C-310 de 2007.
5 de 12
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01774-00
Demandante: Darío Orlando Reina Albornoz
Demandado: Tribunal Administrativo de Huila y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________
jurisprudencia sobre la sanción moratoria frente a los docentes oficiales y a
los servidores públicos.
23. Un defecto fáctico, toda vez que las autoridades judiciales
accionadas (se trascribe) “fallaron el caso erradamente”, con normas que
no eran aplicables al caso como la Ley 344 de 1996, concretamente su
artículo 13, y con jurisprudencia que indicaba una tesis de favorabilidad
respecto del régimen retroactivo de cesantías.
24. Un defecto sustantivo y una violación directa de la Constitución,
dado que no realizaron una interpretación razonable de la Ley 1071 de
2006 y, con ello, vulneraron sus derechos fundamentales debido proceso,
igualdad y acceso a la administración de justicia.
1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados9
25. El Tribunal Administrativo de Huila10 rindió informe en el que indicó
que la providencia enjuiciada estaba respaldada con fundamentos de
hecho, derecho y jurisprudenciales actuales y, en esa medida, no se
vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte actora. En
consecuencia, solicitó que se negara el amparo solicitado.
26. La Nación- Ministerio de Defensa – Policía Nacional11 puso de
presente que no existían elementos de juicio suficientes que acreditaran
una vulneración a los derechos fundamentales de la parte actora, toda
vez que no se logró advertir alguna irregularidad sobre el proceso o lo que
se decidió. Aunado a lo anterior, indicó que, como lo ha reiterado la
jurisprudencia, sin especificar a cuáles sentencias se refería, resultaba más
favorable el régimen retroactivo que el anualizado, y que la sanción
moratoria, establecida en la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071
de 2006, era exclusiva del segundo. En consecuencia, la pretensión del
accionante carecía de sustento jurídico, toda vez que pretendía
beneficiarse simultáneamente de 2 sistemas legales incompatibles.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 18 de julio de 2018, Sección Segunda, Rad. No.
73001233300020140058001, Sentencia de unificación CE-SUJ2-004-16 de 25 de agosto de 2016, Rad. No. 08001-23-
31-000-2011-00628-01(0528-14), Sentencia de 6 de agosto de 2020 Rad. 08001-23-33-000-2013-00666-01(0833-16),
Sentencia de 8 de abril de 2008, Rad. No. 73001333100620120019302; Sentencia de 21 de mayo de 2009, Rad.
23001233100020040006902; 30 de julio de 2009 Rad. 730012331000200100006902; 21 de octubre de 2011, Rad.
19001233100020030129901; 10 de julio de 2014, Rad. 17001233300020120008001; 14 de diciembre de 2015, Rad.
66001233300020130018901; 25 de febrero de 2016, Rad. 11001031500020160025200, Sentencia de 27 de
septiembre de 2018 Rad. No. 73001-23-33-000-2013-00414-01(1515-14). Sentencia de 31 de octubre de 2018, Rad.
70001-23-33-000 2014-00116-01(4496-15). Sentencia de 7 de noviembre de 2018, Rad. 44001-23-33-000-2013-00026-
01(1778-15). Sentencia de 28 de noviembre de 2018, Rad. 73001-23-33-000 2015-00131-01(1380-16). Sentencia de
14 de febrero de 2019, Rad. 19001-23-33-000-2013-00078-01 (3498-16). Sentencia de 28 de marzo de 2019, Rad.
68001-23-33-000-2016 00495-01(2804-18).
9 Mediante Auto de 31 de marzo de 2025, el despacho ponente resolvió, entre otros, (1) admitir la solicitud de
amparo, (2) tener como accionados al Juzgado 5 Administrativo de Neiva y al Tribunal Administrativo de Huila y,
(3) vincular a la Nación-Ministerio de Defensa - Policía Nacional, como tercero con interés en el asunto.
10 Índice 10 del aplicativo SAMAI.
11 Índices 12,14 y 15 del aplicativo SAMAI.
6 de 12
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01774-00
Demandante: Darío Orlando Reina Albornoz
Demandado: Tribunal Administrativo de Huila y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________
27. Agregó que el accionante no logró demostrar la materialización de
un perjuicio irremediable que respaldara el uso de la acción de tutela
como mecanismo transitorio. En consecuencia, solicitó que se declarara
improcedente por no superar el requisito de subsidiariedad, dado que no
era el mecanismo previsto para enjuiciar la legalidad de los actos
administrativos que negaron el reconocimiento de la sanción moratoria.
28. El Juzgado 5 Administrativo de Neiva12adjuntó el enlace del
expediente digital del proceso ordinario, pero no rindió informe respecto
de la acción de tutela de la referencia.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio. 2.2. Fijación de la
controversia. 2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4.
Conclusión.
2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio
29. La Sala centrará el análisis en los reparos invocados respecto de la
Sentencia de 10 de septiembre de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Huila; aunque también se enjuició la Sentencia de
primera instancia, proferida por el Juzgado 5 Administrativo de Neiva, lo
cierto es que, con ocasión del recurso de apelación, la decisión del
Tribunal fue la que resolvió el litigio. Aunado a ello, ante una eventual
decisión favorable a las súplicas de amparo, será la autoridad que resolvió
la controversia en segunda instancia, la encargada de dar cumplimiento a
lo que se ordene.
2.2. Fijación de la controversia
30. Determinar, una vez verificados los requisitos de la acción de tutela
contra providencia judicial, si el Tribunal Administrativo de Huila, como juez
de segunda instancia, al proferir la Sentencia de 10 de septiembre de 2024,
incurrió en un defecto fáctico, sustantivo, violación directa a la
constitución y desconocimiento del precedente, al negar el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardía de
cesantías parciales y definitivas prevista en la Ley 1071 de 2006.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
31. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela frente a
los defectos fáctico, sustantivo y violación directa de la Constitución, tras
evidenciar que no se satisfizo el requisito de relevancia constitucional.
12 Como consta en el índice número 11 del aplicativo SAMAI
7 de 12
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01774-00
Demandante: Darío Orlando Reina Albornoz
Demandado: Tribunal Administrativo de Huila y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________
32. Para la Corte Constitucional, este requisito (relevancia constitucional)
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de
los jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo
se convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter
legal. En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han
sido identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional13.
33. Asimismo, dicha corporación ha sostenido que, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, el estudio
debe hacerse con mayor rigor y, en consecuencia, se exige,
adicionalmente, que se demuestre una vulneración desproporcionada y/o
arbitraria de un derecho fundamental14.
34. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez
de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto15; (2) que la
solicitud de amparo no se presente con objeto de obtener una instancia
adicional al proceso ordinario16; y (3) que se trate de una controversia
sobre derechos fundamentales y no asuntos de mera legalidad17.
35. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 202318,
estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres
criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o simplemente económicos, (2)
perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir
debates concluidos.
13 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
14 Ídem. También puede verse: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
15 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El
primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el
asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la
carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
16 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia
procesal adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión
del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
17 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos
fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no
involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
18 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
8 de 12
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01774-00
Demandante: Darío Orlando Reina Albornoz
Demandado: Tribunal Administrativo de Huila y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________
36. Bajo este entendido, la Sala considera que la parte actora no
desplegó, en el escrito de tutela, la carga argumentativa suficiente para
explicar por qué esta controversia tiene una marcada trascendencia
constitucional que amerite la intervención del juez de tutela, y pretendió
revivir un debate propio del juez natural sobre una situación definida y
consolidada. Así, buscó que, a través de la acción de tutela, se estudiaran
nuevamente aspectos como el reconocimiento de la sanción moratoria
por consignación tardía de cesantías parciales y definitivas, prevista en la
Ley 1071 de 2006.
37. Tal inconformidad fue planteada por el accionante, ante el juez del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho a través de la
demanda19 y en el escrito de apelación presentado en contra de la
sentencia de primera instancia20, y, ahora, son reiteradas en la acción de
tutela bajo la aparente vulneración de sus derechos fundamentales.
38. La Sala evidenció que los reparos planteados fueron resueltos por el
juez natural, concretamente, por el Tribunal Administrativo de Huila que
manifestó (se trascribe):
(…) a. Las cesantías de los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional se
encuentran(sic) regulado en el artículo 143 del Decreto 1212 de 1990:
“Artículo 143. Cesantía e indemnizaciones. El Oficial o Suboficial de la Policía
Nacional que durante la vigencia de este Decreto se retire o sea retirado del
servicio activo por cualquier causa, tendrá derecho a que el Tesoro Público le
pague, por una sola vez, un auxilio de cesantía igual a un mes de haberes
19 En la demanda presentada por el accionante se indicó (se trascribe): “En razón al menoscabo de los derechos
laborales de los servidores públicos, con relación al pago oportuno de las cesantías parciales y definitivas, se
expidieron las Leyes 244 de 1995 y posteriormente la Ley 1071 de 2006, por las cuales se reguló el trámite y pago
de dichas prestaciones, estableciendo un término perentorio para el reconocimiento de las mismas, de los 15
días después de radicada la solicitud, los 5 días de ejecutoria y 45 días para proceder al pago al servidor,
después de expedido el acto administrativo de reconocimiento.
Pese a lo anterior, y de tener múltiples pronunciamientos jurisprudenciales del órgano de cierre, en los cuales se
establece que la entidad reconocedora de las prestaciones no puede tardar más de 65 días hábiles entre la
solicitud de reconocimiento de cesantías y su pago efectivo, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales de la
Policía Nacional de manera general está incumpliendo los preceptos normativos y jurisprudenciales existentes, y
en el especial caso de mi poderdante, la sanción moratoria se encuentra plenamente causada, la cual consiste
en el pago de un (1) día de salario del oficial en retiro por cada día de retraso, y debe ser contado después del
vencimiento del término de los 65 días hábiles después de haber radicado la solicitud, y hasta cuando se
efectúe el pago de las cesantías.
20 En el recurso de apelación presentada por el accionante se indicó (se trascribe): “(…) cada entidad tiene su
propia norma para liquidar las cesantías en el sector público, la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, que modificó y
adicionó la Ley 244 de 1995, que entre sus objetivos está el reconocimiento de cesantías definitivas o parciales a
los trabajadores y servidores del estado, así como su oportuna cancelación (Art. 1”) (…), sí es aplicable a los
miembros de la Policía Nacional, para reclamar la indemnización por mora en el pago de sus cesantías ya que
en su artículo 2º, de forma clara y expresa en su ámbito de aplicación incluye a los miembros de la fuerza
pública de la cual hace parte la Policía Nacional donde laboró el actor.
(…)
no es cierto como lo dice el despacho que a los miembros de la fuerza pública no se les pueda aplicar la ley 344
de 1996, lo que el legislador aclaró en el parágrafo, es que al personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional, no se les aplica el contenido del artículo 13 de la ley 344 de 1996, que trata sobre el régimen de
cesantías y esto tiene una razón lógica, y es porque dicho personal desde mucho antes de la vigencia de esta
ley, ya tenía su propio régimen para liquidar sus cesantías.
(…)
Traigo el presente cuadro comparativo para demostrar cómo el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Bogotá y la Sección Segunda Subsección E del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
interpretaron y aplicaron adecuadamente las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, así como varias sentencias de
unificación aplicables a estos casos, mientras que el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Neiva, en un caso
muy similar interpretó y aplicó las mismas leyes de manera contraria, emitiendo un fallo adverso al demandante.”
9 de 12
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01774-00
Demandante: Darío Orlando Reina Albornoz
Demandado: Tribunal Administrativo de Huila y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________
correspondientes a su grado por cada año de servicio o fracción de seis (6)
meses o más, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 140 y a
las indemnizaciones que legalmente le puedan corresponder liquidadas
igualmente conforme al citado artículo”.
Es pertinente resaltar, que el mismo es un régimen de cesantías retroactivas.
b. La sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías de los servidores
públicos se encuentra regulada en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley
1071 de 2006:
“Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Son destinatarios de la presente ley los
miembros de las Corporaciones Públicas, empleados y trabajadores del Estado
y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los
mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los particulares
que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los
funcionarios y trabajadores del Banco de la República y trabajadores
particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro.
ARTÍCULO 4°. TÉRMINOS. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o
parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que
tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir
la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la
ley.
PARÁGRAFO. En caso de que la entidad observe que la solicitud está
incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los
documentos y/o requisitos pendientes. Una vez aportados los documentos y/o
requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados
en el inciso primero de este artículo.
(…) c. En reciente pronunciamiento, el H. Consejo de Estado analizó un asunto
similar (servidor público beneficiario del régimen de cesantías retroactivas que
solicitaba el pago de la sanción moratoria, en los términos de la Ley 244 de
1995, modificada por la Ley 1071 de 2006), y concluyó que los afiliados al
régimen de cesantías retroactivas no están asistidos a la sanción moratoria;
como quiera que es más favorable que el anualizado (para el cual, sí está
prevista la referida sanción) (…)
d. Como ya se indicará, el demandante se vinculó como oficial a la Policía
Nacional el 5 de noviembre de 1997, y no obstante que el artículo 13 de la Ley
344 de 1996 estableció el régimen de cesantías anualizados para los servidores
públicos que se vincularan a partir del 27 de diciembre de 1996; su parágrafo
exceptuó al personal de las fuerzas militares y de la policía; y solo a partir de la
expedición del Decreto 1252 de 2000 a esos servidores se les aplica dicho
régimen. En tal virtud, considera la sala, que el demandante era beneficiario
del régimen de cesantías retroactivas establecido en el artículo 143 del
Decreto 1212 de 1990 (más favorable que el anualizado), y como hubo de
concluir el Órgano de Cierre de la jurisdicción contencioso administrativa; la
sanción moratoria establecida en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley
1071 de 2006, es aplicable de manera restrictiva al régimen anualizado de
cesantías. En tal virtud, no es de recibo que el actor depreque una
indemnización propia de un régimen al cual no pertenece.”
39. En virtud de lo anterior, debe señalarse que no se evidenció la
necesidad de intervención del juez de tutela en un asunto que ya fue
resuelto por el juez de la nulidad y restablecimiento del derecho, el cual
puso de presente las razones por las cuales consideró que existían
10 de 12
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01774-00
Demandante: Darío Orlando Reina Albornoz
Demandado: Tribunal Administrativo de Huila y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________
fundamentos suficientes para confirmar la decisión que no accedió a las
pretensiones de la demanda.
40. Aunado a lo expuesto, la Sala también debe destacar que el asunto
objeto de la acción de tutela tiene un carácter legal, ya que la
demandante puso de presente su inconformidad con la interpretación
realizada por la autoridad judicial, respecto de las disposiciones legales en
que se sustentó la decisión, específicamente el artículo 143 del Decreto
1212 de 1990 y el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 y la Ley 1071 de 2006,
observados tanto por el Juzgado 5 Administrativo de Neiva como por el
Tribunal Administrativo de Huila, para efectos de determinar si le era
aplicable, o no, la sanción moratoria por consignación tardía de las
cesantías parciales o definitivas.
41. Se aclara que las diferencias interpretativas que existieren entre la
parte demandante y el juez natural de la causa no constituyen, por sí
mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones del
juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión, vía acción de tutela, no da por cumplido el requisito de
explicar por qué el asunto es constitucionalmente relevante. Más, si se trata
de una tutela contra providencia judicial, pues en este contexto, este es un
mecanismo constitucional de amparo de derechos fundamentales de
carácter excepcional21.
42. En relación con el desconocimiento del precedente, la Sala
considera que este reparo tampoco superó el requisito de relevancia
constitucional, toda vez que, si bien el Tribunal Administrativo de Huila no se
pronunció puntual y expresamente frente a las providencias invocadas
como desconocidas en el escrito de tutela, lo cierto es que al momento de
evaluar si el aquí accionante tenía, o no, derecho al reconocimiento y
pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006, el tribunal
realizó un análisis jurisprudencial con base en diferentes sentencias22, a
partir del cual, estableció que el demandante no tenía derecho al
reconocimiento y pago de dicha sanción moratoria.
43. Con lo anterior, el demandante pretende darle el cariz de vicio o
defecto a dicha situación, pero es evidente que los fundamentos que
soportan la interposición de la acción de tutela son una reproducción de
los argumentos que fueron planteados en el recurso de apelación, los
cuales se dirigieron de manera exclusiva a reabrir un debate que fue
21 Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
22 Entre ellas, la Sentencia de 7 de diciembre de 2017, con radicado No. 44001-23-33-000-2013-00089-01 (3048-14).
11 de 12
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01774-00
Demandante: Darío Orlando Reina Albornoz
Demandado: Tribunal Administrativo de Huila y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________
estudiado y resuelto al interior del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho.
2.4. Conclusión
44. En ese orden, la Sala, declarará la improcedencia de la acción de
tutela por no superar el requisito de relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Darío Orlando Reina Albornoz, por las razones señaladas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra esta deberá dirigirlo, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para ello23.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
23 secgeneral@consejodeestado.gov.co
12 de 12
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.