Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01774-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01774-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01774-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
24 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01774-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: DARÍO ORLANDO REINA ALBORNOZ
TESIS: CONFIRMA LA DECISIÓN DEL A QUO QUE DECLARÓ IMPROCEDENTE
LA SOLICITUD DE AMPARO POR CARECER DEL REQUISITO DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. ASUNTO MERAMENTE LEGAL Y ECONÓMICO. SANCIÓN
MORATORIA POR EL PAGO TARDÍO DE CESANTÍAS. REITERACIÓN.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra
la sentencia de 3 de junio de 2025, mediante la cual la SECCIÓN
TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO1
declaró improcedente la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor DARÍO ORLANDO REINA ALBORNOZ, actuando a través
de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en
1
En adelante la SECCIÓN TERCERA.
2
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Actor: DARÍO ORLANDO REINA ALBORNOZ
el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso
a la administración de justicia, los cuales estima vulnerados por el
JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE NEIVA2 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
HUILA3, al haber proferido, respectivamente, las providencias de
28 de julio de 2022 y 10 de septiembre de 2024, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 2019-00071-01.
I.2.- Hechos
Señaló que el 13 de enero de 1997 ingresó a la Escuela Oficial de la
Policía Nacional y su último rango fue el de teniente desde el 12 de
octubre de 2017 hasta el 12 de enero de 2018.
Afirmó que el 2 de febrero de 2017 solicitó ante la Dirección General
de la Policía Nacional el reconocimiento y pago de sus cesantías
parciales, lo cual fue denegado mediante la Resolución núm. S-2017-
007877 / ARPRE-GRUCE-1.10 de 21 de marzo de 2017.
2
En adelante el Juzgado.
3
En adelante Tribunal.
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Manifestó que el 14 de octubre de 2017 solicitó el reconocimiento y
pago de sus cesantías definitivas ante la referida Dirección, por lo
que mediante Resolución núm. 1446 de 22 de diciembre de ese año,
le fueron reconocidas y se le ordenó el pago por un valor total de
$59.863.002.oo, lo cual fue pagado el 19 de enero de 2018, de
conformidad con el certificado de ingresos y retenciones de dicha
institución.
Refirió que el 28 de febrero de 2018 solicitó ante la mencionada
Dirección el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, conforme
a lo dispuesto en la Ley 1071 de 31 de julio de 20064, por la no
consignación oportuna de las cesantías definitivas, petición que fue
resuelta de manera desfavorable a través del Oficio núm. S-2018-
012736-DIPON / ARPRE-GRUCE-1.10 de 7 de marzo de 2018, con
fundamento en que, la liquidación de estas se efectuó conforme a lo
establecido en el Decreto 1212 de 8 de junio de 19905, que no prevé
el reconocimiento de la indemnización moratoria.
Relató que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda en
4
“Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías
definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su
cancelación”.
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“Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional”.
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ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - POLICÍA NACIONAL6, con el fin de que se dejaran
sin efecto los actos administrativos que le negaron el reconocimiento
y pago de la sanción moratoria por consignación tardía de las
cesantías definitivas.
Sostuvo que al proceso le fue asignado el número único de radicación
2019-00071-00 y correspondió por reparto al JUZGADO que,
mediante sentencia de 28 de julio de 2022, denegó las pretensiones
de la demanda, al considerar que el actor era beneficiario del régimen
retroactivo de cesantías previsto en el Decreto 1212 de 1990, por lo
que no le era aplicable el régimen anualizado de cesantías previstas
en la Ley 344 de 27 de diciembre de 19967.
Manifestó que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de
apelación, que fue desatado por el TRIBUNAL que, mediante
providencia de 10 de septiembre de 2024, confirmó la decisión del a
quo al considerar que las cesantías de los oficiales y suboficiales de
la POLICÍA NACIONAL se encontraban regladas en el artículo 143
6
En adelante Policía Nacional.
7
“Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas
facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones”.
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del Decreto 1212 de 1990 y que tal régimen era de carácter
retroactivo.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio de la parte actora, en la decisión cuestionada se configuró un
desconocimiento del precedente horizontal al pasar por alto el
fallo de 27 de mayo de 2022, por medio del cual la Sección Segunda
-Subsección “B”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 2019-00007-01, en
un asunto con similar situación fáctica a la presente, accedió a las
pretensiones de la demanda.
Alegó que también se incurrió en desconocimiento del precedente
vertical, comoquiera que el TRIBUNAL omitió tener en cuenta las
sentencias C-310 de 2007, proferida por la Corte Constitucional y la
dictada el 18 de julio de 2018, por la Sección Segunda del Consejo
de Estado dentro del expediente 2014-00580-01, a través de la cual
se unificó la jurisprudencia sobre la sanción moratoria en materia
docente, en la cual, además de precisar la aplicabilidad de esta
indemnización a los docentes oficiales, fijó las reglas para determinar
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la fecha a partir de la cual inicia el conteo del término para el
reconocimiento de la indemnización y que, a pesar de estar en un
régimen especial, tenían derecho a la sanción moratoria creada en la
Ley 244 de 29 de diciembre de 19958, modificada por la Ley 1071 de
2006.
Afirmó que mediante las sentencias de unificación de 25 de agosto
de 2016 CE-SUJ2-004-169 y 6 de agosto de 2020 CE-SUJ-SII-022-
202010, el Consejo de Estado contempló la sanción por mora por el
reconocimiento y pago de las cesantías definitivas y parciales de los
servidores públicos, en las cuales se realizó un análisis de la Ley 1071
de 2006.
Aseguró que el Consejo de Estado11 en múltiples oportunidades ha
precisado, en el caso de los docentes, que tienen derecho al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria, de tal forma que si a
8
“Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos,
se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones”.
9
Radicación núm. 08001-23-31-000-2011-00628-01, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
10
Radicación núm. 08001-23-33-000-2013-00666-01, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
11
Sentencias de 8 de abril de 2008, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, Radicación número:
73001333100620120019302; 21 de mayo de 2009, C.P. Bertha Lucía Ramírez. Radicación número:
23001233100020040006902; 30 de julio de 2009, C.P. Víctor Alvarado. Radicación número:
730012331000200100006902; 21 de octubre de 2011, C.P. Gustavo Gómez Aranguren, Radicación
número: 19001233100020030129901; 10 de julio de 2014, C.P. Rafael Vergara. Radicación número:
17001233300020120008001; 14 de diciembre de 2015, C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Radicación
número: 66001233300020130018901; 25 de febrero de 2016. C.P. Gustavo Gómez Aranguren,
Radicación número: 11001031500020160025200.
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estos les resulta aplicable, la misma suerte ocurre con los miembros
de la fuerza pública.
Argumentó que en sentencia de unificación SU-332 de 2019, la Corte
Constitucional estableció que a los docentes le son aplicables las
Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, que contemplan la sanción por
mora en el reconocimiento por los retiros de las cesantías definitivas
o parciales de los servidores públicos, posición que ha sido reiterada
por el Consejo de Estado12.
Arguyó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
fáctico, toda vez que a pesar de tener claro de las pruebas obrantes
en el proceso que se trataba de la reclamación de la sanción
moratoria por demora en el pago definitivo de las cesantías de un
miembro de la fuerza pública, falló el asunto como si se tratara de
un servidor público que reclama la sanción moratoria por la mora en
el traslado de las cesantías, lo cual es diferente.
12
Sentencias de 27 de septiembre de 2018, C.P. William Hernández Gómez, Radicado 73001-23-33-
000-2013-00414-01(1515-14); 31 de octubre de 2018, C.P. William Hernández Gómez, Radicado
70001-23-33-000-2014-00116-01(4496-15); 7 de noviembre de 2018, C.P. Gabriel Valbuena
Hernández, Radicado 44001-23-33-000-2013-00026-01(1778-15); 28 de noviembre de 2018, C.P.
Gabriel Valbuena Hernández, Radicado 73001-23-33-000-2015-00131-01(1380-16); 14 de febrero de
2019, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, Radicado 19001-23-33-000-2013-00078-01 (3498-16); 28 de
marzo de 2019, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Radicado 68001-23-33-000-2016-00495-01(2804-
18).
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Resaltó que se incurrió en un defecto sustantivo por aplicar las
leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, las cuales resultaban inaplicables
en el asunto, pues se debía decidir exclusivamente con lo dispuesto
en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.
Invocó que se realizó una interpretación irrazonable de las leyes 244
de 1995 y 1071 de 2006, comoquiera que el TRIBUNAL pasó por
alto que en dicha normativa se establece expresamente la
indemnización de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías definitivas o parciales para todos los servidores públicos,
sin distinción alguna.
Advirtió que también se incurrió en violación directa de la
Constitución, toda vez que se dejaron de aplicar las Leyes 244 de
1995 y 1071 de 2006, de conformidad con el precedente
constitucional establecido en la sentencia C-339 de 2019, al referirse
a la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías.
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados
como vulnerados en los siguientes términos:
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“[…] Que como consecuencia del amparo de los derechos
fundamentales, por la violación, amenaza o vulneración se deje sin
efectos la sentencia de segunda instancia de fecha 10 de
septiembre de 2024 proferida por la SALA CUARTA DE DECISION
DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA, proferida dentro del
proceso tramitado a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho propuesto por DARIO ORLANDO
REINA ALBORNOZ en contra de NACION – MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL – POLICIA NACIONAL, correspondiéndole el
radicado número 41 001 33 33 005 2019 00071 00.
En consecuencia, se profiera una sentencia de reemplazo, o se le
ordene a la SALA CUARTA DE DECISION DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL HUILA, que profiera una sentencia conforme
a las pautas que al respecto se le den respetando los precedentes
invocados sobre la SANCION MORATORIA CONSAGRADA PARA LOS
RETIROS DE CESANTIAS DEFINITIVOS Y PARCIALES creada por la
Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006, en un término perentorio
de 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL señaló que en la decisión cuestionada se
analizó en su integridad el acervo probatorio –en particular la
certificación de vinculación del accionante a la Policía Nacional-, el
marco normativo y el precedente jurisprudencial, por lo que no
resulta de recibo que se haya vulnerado derecho fundamental alguno.
En esa medida solicitó que se deniegue el amparo deprecado.
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I.5.2.- El JUZGADO pese a que fue notificado del presente trámite
constitucional en debida forma, se limitó a remitir el expediente
digital origen de la controversia y guardó silencio.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- La POLICÍA NACIONAL, vinculada en calidad de tercero con
interés directo en las resultas del proceso, adujo que no se han
vulnerado los derechos fundamentales invocados, comoquiera que la
decisión cuestionada abordó de manera integral las pretensiones y
argumentos expuestos, además que evaluó el asunto garantizando
con ello el debido proceso, el acceso a la administración de justicia y
la igualdad de las partes.
Alegó que no se evidencia la ocurrencia de un perjuicio irremediable
en el asunto sometido a consideración que amerite la procedencia de
la acción de tutela como mecanismo para acceder a las pretensiones
solicitadas, máxime cuando la controversia planteada ya se debatió
a través de las vías jurisdiccionales, siendo estas las idóneas para
resolver el asunto, lo que hace improcedente la solicitud de amparo.
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II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN TERCERA mediante sentencia de 3 de junio de 2025,
declaró improcedente el amparo solicitado, al no cumplir con el
requisito general de la relevancia constitucional.
Sostuvo que la parte actora no desplegó en el escrito de tutela la
carga argumentativa suficiente para explicar por qué la controversia
tiene una marcada transcendencia constitucional que amerite la
intervención del juez de tutela, y pretendió revivir un debate propio
del juez natural sobre una situación definida y consolidada.
Afirmó que el demandante buscó a través de la acción de tutela que
se estudiaran nuevamente aspectos como el reconocimiento de la
sanción moratoria por consignación tardía de cesantías definitivas,
prevista en la Ley 1071 de 2006, lo cual ya fue planteado ante el juez
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho a
través de la demanda y en el escrito de apelación presentado contra
la sentencia de primera instancia.
Destacó que, además, el asunto tiene un carácter legal, ya que se
pone de presente la inconformidad del actor con la interpretación
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realizada por las autoridades judiciales accionadas respecto de las
disposiciones legales en que sustentaron sus decisiones,
específicamente en los artículos 143 del Decreto 1212 de 1990 y 13
de la Ley 344 de 1996 y la Ley 1071 de 2006, observados tanto por
el JUZGADO y el TRIBUNAL, para efectos de determinar si le era
aplicable o no la sanción moratoria por consignación tardía de las
cesantías definitivas, lo cual no resulta de tal validez en esta acción
constitucional.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN
TERCERA, reiterando los fundamentos jurídicos plasmados en el
escrito introductorio.
Además, sostuvo que no comparte la decisión dispuesta por el juez
de primera instancia al aducir que no se cumple con el requisito de
la relevancia constitucional, en la medida en que se está alegando y
probando la vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia.
Argumentó que las autoridades judiciales accionadas aplicaron a una
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situación concreta, una normativa que resultaba inaplicable al
asunto, esto es, la ley 50 de 1990, siendo del caso hacer un análisis
de las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, las cuales fueron creadas
para los empleados y servidores públicos, en general.
Precisó que tanto el JUZGADO como el TRIBUNAL incurrieron en
desconocimiento del precedente horizontal y vertical, para lo cual
reiteró los fundamentos expuestos en el escrito primigenio de la
acción de tutela de la referencia.
Así las cosas, solicitó que se revoque la decisión del a quo y, en su
lugar, se acceda al amparo deprecado.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
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y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
consejera María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
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unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
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vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
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que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
dejen sin efecto las providencias de 28 de julio de 2022 y 10 de
septiembre de 2024, proferidas respectivamente por el JUZGADO
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y el TRIBUNAL, por medio de las cuales se denegaron las
pretensiones de la demanda dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2019-00071-01.
La controversia tiene origen en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida por el actor contra la
POLICÍA NACIONAL, con el fin de que se le reconociera y pagara
la sanción moratoria por consignación tardía de las cesantías
definitivas.
A las citadas providencias el actor le atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso
a la administración de justicia, habida cuenta que, a su juicio, la
autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo, fáctico,
violación directa de la Constitución y desconocimiento del
precedente judicial, toda vez que se debió dar aplicación a lo
dispuesto en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, y reconocer la
sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 3 de junio de 2025,
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declaró improcedente el amparo solicitado, al no cumplir con el
requisito de la relevancia constitucional.
Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión
proferida en primera instancia y señaló que el presente asunto si
reviste verdadera relevancia constitucional pues está demostrada la
vulneración de sus derechos fundamentales invocados, para lo cual
reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela.
En este punto es del caso advertir que, si bien la acción de tutela se
presentó contra el JUZGADO y el TRIBUNAL, lo cierto es que la
sentencia de 10 de septiembre de 2024 confirmó la decisión del a
quo y fue la que puso fin al proceso, razón por la que la Sala realizará
únicamente el análisis de la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados a la sentencia proferida por el ad quem.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se
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establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
deprecados e incurrió en el defecto alegado.
Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional13, de manera
tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
13
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
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examinadas en sede de tutela».14
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación15, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [16]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [17].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
14
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[16] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[17] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
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acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [18].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [19].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
[18] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[19] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]” (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de
tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal […]” (Destacado fuera de
texto).
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad; (ii) impedir que la acción de
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia
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y la independencia del juez ordinario.
Ahora bien, la Sala advierte que la finalidad del actor con la solicitud
de amparo de la referencia es que se acceda a la sanción moratoria
solicitada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el número único de radicación 2019-
00071-01.
En este punto, la Sala resalta que sobre el incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional en los asuntos en que se
discuten providencias judiciales en las que se resolvió sobre la
procedencia de la sanción moratoria por la no consignación oportuna
de las cesantías, la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de
27 de noviembre de 201920, sostuvo lo siguiente:
“[…] 51. Teniendo en cuenta lo dicho, y en consideración a la
especial carga interpretativa que debe asumir el juez de tutela
cuando valora la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de Altas Cortes, para la Sala es claro
que en esta oportunidad el asunto sub examine carece de
relevancia constitucional. Los accionantes consideran que, con
las sentencias proferidas en el marco de los procesos de nulidad
y restablecimiento del derecho, la autoridad judicial vulneró
sus derechos fundamentales, por cuanto les fue negada
la pretensión de reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por no consignación oportuna de las
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019. Referencia: Expedientes T-
20
7.457.373, T-7.457.923 y T-7.466.562. M.P. Carlos Bernal Pulido
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cesantías, prevista por el numeral 3º del artículo 99 de la Ley
50 de 1990 y la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto
1582 de 1998. En esa medida, adujeron que las providencias
impugnadas incurrieron en los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente, dado que la accionada no
interpretó las normas legales “con un enfoque constitucional” y
desconoció los pronunciamientos de la Corte Constitucional y
Consejo de Estado, según los cuales tenían derecho al pago de
la penalidad reclamada.
52. Sin embargo, las supuestas irregularidades advertidas por
los actores no cumplen con esta exigencia jurisprudencial,
debido a que la controversia planteada: (i) versa sobre un
asunto meramente legal, con una connotación
patrimonial privada, (ii) que no tiene relación directa
con la presunta afectación de un derecho fundamental,
y (iii) busca reabrir el debate concluido por el juez
ordinario, por cuanto no se advierte prima facie una
actuación arbitraria o ilegítima de la autoridad judicial.
[…]
55. De otro lado, la sanción moratoria por no consignación
oportuna de las cesantías no es un derecho fundamental
ni está ligada a la satisfacción de una garantía de
naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta
Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de las
cesantías, como una prestación patronal de rango legal cuya
finalidad es “auxiliar a la persona que se queda temporalmente
sin trabajo” . Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado
sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se
advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del
derecho al mínimo vital y a la seguridad social del
trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional
que no corresponda a la finalidad misma de las
cesantías, sino a una penalidad para el empleador que
no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los
términos solicitados, es un reconocimiento de fuente
legal con carácter netamente patrimonial, que no
amerita la intervención del juez de tutela […]”.
De lo anterior se desprende que las pretensiones relacionadas con la
procedencia de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las
cesantías no vulneran derechos fundamentales, sino que
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corresponden a inconformidades de mera legalidad, que versan sobre
un reconocimiento patrimonial que no amerita la intervención del
juez de tutela.
Dicha posición fue reiterada por esta Sala mediante sentencias de 15
de julio de 202121 y 23 de febrero de 202322, en las cuales se declaró
la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito
de la relevancia constitucional, en asuntos en los que se pretendía
dejar sin efectos unas providencias judiciales que denegaron el
reconocimiento de una sanción moratoria por el no pago oportuno de
unas cesantías.
Precisado lo anterior, la Sala constata que lo planteado en la presente
acción de tutela no se refiere a un asunto de relevancia
constitucional, -en los términos señalados en la jurisprudencia
constitucional aquí analizada-, que haga imperiosa la intervención del
juez de tutela, con miras a examinar la posible vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso
a la administración de justicia invocados por el actor.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso identificado con
el núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-01425-01. Actora: Bolivia Mercedes Pacheco
González. M.P. Oswaldo Giraldo López
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso identificado con
el núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00449-00. Actor: Robinson Rafael Almares
Monsalvo. M.P. Nubia Margoth Peña Garzón
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Actor: DARÍO ORLANDO REINA ALBORNOZ
En efecto, se advierte que lo pretendido por el accionante con la
presente solicitud es controvertir las decisiones judiciales por medio
de las cuales se denegó el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por el retardo en el pago oportuno de unas cesantías, lo
cual conforme con el criterio establecido por la Corte Constitucional
y reiterado por esta Sala, anteriormente expuesto, no cumple con el
requisito de relevancia constitucional por tratarse de un asunto
meramente económico, sobre el cual versan inconformidades de
mera legalidad que no ameritan la intervención del juez de tutela.
Asimismo, en el caso bajo estudio, la Sala no advierte la existencia
de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
de la referencia como mecanismo transitorio, dado que de los
elementos de juicio obrantes en el expediente no es posible
establecer dicha circunstancia.
En consecuencia, la Sala confirmará la decisión de primera instancia
que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por no
cumplir el requisito general de la relevancia constitucional, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01774-01
Actor: DARÍO ORLANDO REINA ALBORNOZ
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 24 de julio de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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