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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-01781-01

Fecha
31 de julio de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo López

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-01781-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR la parte resolutiva de la sentencia impugnada, proferida el 12 de junio de 2025 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, la cual quedará así: «1. NEGAR el amparo del derecho fundamental a la igualdad invocado en la acción de tutela presentada por la Gobernación del Valle del Cauca, por las razones expuestas en las consideraciones de la presente providencia. 2. DECLARAR IMPROCEDENTE por incumplimiento del requisito de subsidiariedad el amparo del derecho fundamental al debido proceso invocado en la acción de tutela presentada por la Gobernación del Valle del Cauca, por las razones expuestas en las consideraciones de la presente sentencia.» SEGUNDO: REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-01781-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López

31 de julio de 2025

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Radicado: 11001 03 15 000 2025 01781 01
Demandante: Gobernación del Valle del Cauca

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Expediente: 11001 03 15 000 2025 01781 01
Accionante: Gobernación del Valle del Cauca
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Tesis: No se configura un defecto por desconocimiento del precedente judicial
cuando la decisión judicial cuestionada se refirió a un caso en el que el actor fue
desvinculado durante el período de prueba, y no a un servidor vinculado en
provisionalidad, supuesto al que se limitan las reglas jurisprudenciales invocadas.
No se cumple el requisito de subsidiariedad cuando la parte accionante pretende
controvertir una providencia judicial con base en documentos presuntamente
obtenidos con posterioridad al momento en que se profirió la decisión cuestionada.

ACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora en contra de la
sentencia del 12 de junio de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. Mediante apoderada la Gobernación del Valle del Cauca, el 25 de marzo de
20251, interpuso acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca invocando la protección de los derechos al debido proceso y principio de
legalidad. Considera que estos fueron vulnerados por la sentencia proferida el 21
de mayo de 2020, por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Buga,

1 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai.

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Demandante: Gobernación del Valle del Cauca

la cual fue modificada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante
fallo del 13 de septiembre de 2024, en los numerales primero y segundo.

Para el efecto, formuló las siguientes pretensiones:

«II. PRETENSIONES.

PRIMERO: CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales AL DEBIDO
PROCESO y AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, toda vez que, en el fallo de
segunda instancia, se incurrió en vía de hecho al desconocer el precedente
jurisprudencial sentado por la Corte Constitucional en Sentencia SU-556 de
2014, omitiendo el límite mínimo de seis (6) meses y máximo de veinticuatro
(24) meses.

SEGUNDO: MODIFICAR la providencia de segunda instancia en el sentido de
aplicar el precedente contenido en la SU-556 de 2014, u ordenar al Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, que profiera sentencia que se
acompase con los parámetros legales de unificación de sentencia, dentro del
radicado No. 76111-33-33-001-2015-00393-01».2

1.2. Como fundamento de las anteriores solicitudes, mencionó que mediante el
Decreto No. 0502 del 30 de mayo de 2013, el Departamento del Valle del Cauca
nombró al señor Rober Merqui Cuasialpud Pérez en período de prueba por seis (6)
meses, en el cargo de Auxiliar de Servicios Generales, Código 470, Grado 2, en la
Institución Educativa Normal Superior Miguel Cervantes Saavedra Galindo del
municipio de Guacarí, cargo del cual tomó posesión el 10 de octubre de ese mismo
año.

Indicó que la Secretaría de Educación del Departamento declaró vacante dicho
empleo mediante la Resolución No. 2271 del 2 de mayo de 2014, al considerar que el
servidor había incurrido en abandono del cargo entre el 13 de enero y el 22 de abril de
2014. Añadió que por los mismos hechos se abrió un proceso disciplinario, en el cual
fue absuelto mediante decisión del 18 de noviembre de 2014.

Expuso que, tras solicitar su reintegro el 11 de diciembre de 2014, el Departamento
del Valle del Cauca inicialmente guardó silencio y, posteriormente, negó formalmente
su petición mediante oficio del 11 de junio de 2015. Por tal razón, interpuso demanda
de nulidad y restablecimiento, solicitando la anulación del acto que declaró la vacancia,
del acto ficto derivado del silencio administrativo y del oficio que negó el reintegro.

2 Ibidem.

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Como consecuencia, pidió su reincorporación, con el pago de los salarios y
prestaciones dejados de percibir desde su desvinculación.

Indicó que el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Buga, en sentencia
del 21 de mayo de 2020, accedió a las pretensiones al considerar que la
administración no le ofreció la oportunidad de justificar su inasistencia ni ejercer su
derecho de defensa, y que el acto que declaró la vacancia omitió informar sobre los
recursos contemplados en el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA).

Señaló que dicha decisión fue apelada por la parte demandada y que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, en providencia del 13 de septiembre de 2024,
modificó los numerales primero y segundo del fallo de primera instancia y confirmó los
demás. Refirió que el Tribunal reconoció que no era necesario un proceso disciplinario,
pero sí resultaba exigible adelantar un procedimiento administrativo conforme al
artículo 42 del CPACA, que garantizara al servidor la posibilidad de exponer sus
argumentos y allegar pruebas. Asimismo, observó que no se acreditó la notificación
del acto administrativo, ni personal ni por aviso, de conformidad con los artículos 67 y
69 del mismo código. Por estas razones, también anuló el oficio del 11 de junio de
2015 y ordenó el reintegro del señor Cuasialpud Pérez, en las condiciones en que se
encontraba al momento de su desvinculación.

1.3. Añadió que el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
incurrió en defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, al no acatar
los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-556 de 2014.
Precisó que dicha providencia unificó las órdenes aplicables en casos de retiro sin
motivación de servidores provisionales en cargos de carrera, señalando que procede
el reintegro, salvo que el empleo hubiera sido provisto por concurso, suprimido o el
servidor alcanzara la edad de retiro forzoso. En todo caso, a título indemnizatorio, debe
reconocerse el valor de los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta la fecha
de la sentencia, descontando los ingresos laborales obtenidos por el actor, con un
mínimo de seis (6) y un máximo de veinticuatro (24) meses de salario.

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Manifestó que, en contravía de dicha regla, el Tribunal ordenó el pago de lo dejado de
percibir hasta la fecha en que se cumpliera el reintegro, sin sujeción a los límites
indemnizatorios establecidos por el precedente constitucional. Sostuvo que la decisión
judicial tampoco justificó las razones por las cuales se apartó de dicha regla vinculante,
lo cual afecta la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley, la coherencia del sistema
normativo y la confianza legítima de los administrados.

ll. TRÁMITE DE LA TUTELA

2.1. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, admitió la tutela a través de auto
de 31 de marzo de 20253 y ordenó notificar en calidad de accionado al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca. Además, vinculó como terceros con interés al señor
Rober Merqui Cuasialpud Pérez, Ministerio Público y al Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito de Buga.

2.2. El Juzgado Primero Administrativo de Buga, mediante memorial del 3 de abril
de 20254, remitió el expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
en cumplimiento de lo ordenado en el auto del 31 de marzo de 2025.

2.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de escrito de fecha
de 3 de abril de 20255, expuso que la sentencia cuestionada fue adoptada con
fundamento en las pruebas debidamente aportadas, en la normatividad aplicable y
conforme a los criterios jurisprudenciales pertinentes, respetando plenamente el
debido proceso. Aclaró que la acción de tutela no resulta procedente cuando se limita
a cuestionar el contenido de una decisión judicial con la que el actor no está de
acuerdo, como ocurre en este caso. En su concepto, la tutela persigue reabrir un
debate jurídico ya resuelto y obtener un nuevo fallo favorable a los intereses del
demandante, lo cual no es admisible dentro de este mecanismo. Por estas razones,
consideró que la solicitud de amparo no debía prosperar.

3 Visible índice 4 del expediente 11001 0315 000 2025 01781 00 del Sistema de Gestión Judicial

Samai
4 Visible índice 8 ibidem
5 Visible índice 12 ibidem.

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2.4. Rober Merqui Cuasialpud Pérez6, a través de apoderado, solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, al no acreditarse el requisito de inmediatez.
Explicó que la sentencia cuestionada fue notificada el 25 de septiembre de 2024 y
quedó ejecutoriada el 2 de octubre siguiente, mientras que la tutela fue presentada
casi seis meses después, sin que se aportara justificación razonable para dicha
tardanza. Señaló que la Gobernación del Valle del Cauca, en su calidad de entidad
pública dotada de equipo jurídico permanente, debía haber actuado con mayor
diligencia. Enfatizó que permitir el uso extemporáneo del amparo vulneraría los
principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, sin que se acrediten circunstancias
excepcionales que habiliten su procedencia.

2.5. El Ministerio Público, guardó silencio.

III FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia del 12 de junio de 2025,
resolvió negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la Gobernación
del Valle del Cauca en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, bajo
las siguientes consideraciones:

En primer lugar, el fallo de tutela de primera instancia examinó el cumplimiento del
requisito de inmediatez y concluyó que la acción fue promovida dentro de un plazo
razonable, pues se presentó seis (6) meses después de la notificación de la
providencia cuestionada. En cuanto a los demás requisitos generales de
procedencia, indicó que la pretensión formulada en la tutela no constituía una simple
reiteración de los argumentos propuestos en el proceso ordinario, sino que
planteaba un cuestionamiento distinto relacionado con los efectos de la condena
impuesta. Además, observó que no procedían recursos ordinarios ni extraordinarios
contra la sentencia censurada y que el asunto no involucraba una discusión
meramente legal o económica. Bajo ese marco, estimó acreditado el cumplimiento
de los requisitos generales para la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales.

6 Visible a índice 13 ibidem.

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Luego, examinó la supuesta configuración de un defecto por desconocimiento del
precedente judicial, en relación con la sentencia SU-556 de 2014, invocada por el
actor. Indicó que dicho precedente unificó las reglas para los casos de retiro
injustificado de servidores en provisionalidad, fijando que el reintegro solo procede
cuando el cargo no ha sido provisto por concurso, no ha sido suprimido y el servidor
no ha llegado a la edad de retiro forzoso; y que, a título indemnizatorio, el pago debe
oscilar entre seis (6) y veinticuatro (24) meses de salario, descontando las sumas
percibidas por otros conceptos laborales.

No obstante, consideró que el precedente invocado no resultaba aplicable al caso
analizado, ya que no se trató de una desvinculación sin motivación, sino de una
declaratoria de vacancia por abandono del cargo, en relación con un funcionario
que se encontraba en período de prueba.

Por todo lo anterior, concluyó que no se evidenciaba ninguna causal específica que
habilitara la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales y, en consecuencia, negó la solicitud de amparo constitucional elevada
por el Departamento del Valle del Cauca.

lV. IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la decisión anterior, bajo las consideraciones que se
sintetizan enseguida:

Sostuvo que el fallo proferido por la Sección Cuarta incurrió en error al no conceder
el amparo solicitado, pese a que, a su juicio, sí se configuró un defecto por
desconocimiento del precedente judicial en la providencia cuestionada del 13 de
septiembre de 2024, proferida dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho referido.

Indicó que el Tribunal accionado omitió aplicar los parámetros establecidos en la
sentencia SU-556 de 2014, en cuanto a que el reconocimiento indemnizatorio por
desvinculación de un servidor en provisionalidad no puede ser inferior a seis (6)
meses ni superior a veinticuatro (24) meses de salario. Precisó que dicho

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precedente resultaba aplicable, pues el demandante no había superado el período
de prueba, razón por la cual carecía de derechos de carrera administrativa y tenía
únicamente una expectativa de permanencia.

Reiteró que el Tribunal accionado desconoció ese parámetro vinculante al ordenar
el pago de los salarios dejados de percibir hasta el momento de cumplimiento de la
orden de reintegro, sin atender el límite temporal fijado por la Corte Constitucional.

Adicionalmente, aportó documentos provenientes de la Secretaría de Educación
Departamental que, según indicó, no se conocían al momento de presentar la acción
de tutela, entre ellos el Decreto 0468 del 8 de abril de 2016 y la Resolución 02220
del 28 de septiembre de 2017. Señaló que estos soportes evidenciaban que el señor
Cuasialpud Pérez había sido reintegrado previamente por orden de tutela y luego
nuevamente retirado por abandono del cargo, esta vez con cumplimiento del debido
proceso.

Asimismo, informó que el actor había sido sancionado disciplinariamente con
inhabilidad para ejercer funciones públicas desde el 23 de febrero de 2018, lo cual
impedía su permanencia en la administración, por vulnerar los principios de
moralidad y eficacia en la función pública.

Por todo lo anterior, pidió que se revoque la decisión de primera instancia y que, en
su lugar, se conceda el amparo por violación de los derechos fundamentales al
debido proceso y al principio de legalidad, y se ordene al Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca que profiera una nueva sentencia conforme al
precedente fijado en la SU-556 de 2014.

V. CONSIDERACIONES

5.1. Competencia

De conformidad con lo previsto por el numeral quinto del artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333

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de 20217, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a esta Sección el conocimiento de
estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente
asunto.

5.2. Hechos relevantes

5.2.1. Mediante el Decreto No. 0502 del 30 de mayo de 2013, el Departamento del
Valle del Cauca nombró al señor Rober Merqui Cuasialpud Pérez en período de
prueba por seis (6) meses, en el cargo de Auxiliar de Servicios Generales, Código
470, Grado 2, en la Institución Educativa Normal Superior Miguel Cervantes
Saavedra Galindo, ubicada en el municipio de Guacarí.

5.2.2. El 2 de mayo de 2014, la Secretaría de Educación del Departamento declaró
vacante el cargo por abandono mediante la Resolución No. 2271, con base en la
inasistencia del servidor entre el 13 de enero y el 22 de abril de 2014. Por los mismos
hechos se inició una investigación disciplinaria, que concluyó con decisión
absolutoria el 18 de noviembre de 2014.

5.2.3. El 11 de diciembre de 2014, el señor Cuasialpud Pérez solicitó su reintegro.
La administración inicialmente guardó silencio y posteriormente, mediante oficio del
11 de junio de 2015, negó formalmente su petición. En consecuencia, el actor
presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
Departamento del Valle del Cauca.

5.2.4. El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Buga, en sentencia del
21 de mayo de 2020, accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar que
no se le brindó al actor la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, ni se
informó en el acto administrativo sobre los recursos previstos en el artículo 74 del
CPACA.

7 «Artículo 1°. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Modifíquese el artículo

2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:
(…)
5. Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su
conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional
accionada. (…)»

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5.2.5. La entidad demandada apeló la decisión. El Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, mediante sentencia del 13 de septiembre de 2024, modificó los
numerales primero y segundo de la decisión de primera instancia y confirmó los
demás. Anuló también el oficio del 11 de junio de 2015 y ordenó el reintegro del
actor en período de prueba por seis (6) meses, con el pago de salarios y
prestaciones dejados de percibir hasta la fecha de cumplimiento de la orden.

5.2.6. La Gobernación del Valle del Cauca interpuso acción de tutela contra dicha
sentencia, al considerar que el Tribunal incurrió en defecto por desconocimiento del
precedente judicial contenido en la sentencia SU-556 de 2014.

5.2.7. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia del 12 de junio de
2025, negó las pretensiones de la acción de tutela, por no encontrar configuradas
las causales que habilitan su procedencia excepcional contra providencias
judiciales.

5.2.8. La parte actora impugnó la decisión de primera instancia.

5.3. Análisis de la Sala

5.3.1. Del desconocimiento del precedente

5.3.1.1. De manera previa a abordar el alcance del defecto aludido, se debe precisar
que la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia ha definido como
precedente judicial «la sentencia o conjunto de ellas, anteriores a un caso
determinado, que por su pertinencia o semejanza en los problemas jurídicos
resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al
momento de emitir un fallo»8. Al respecto, estableció como criterios para concluir
cuando se está ante un precedente, los siguientes: «i) que en la ratio decidendi de
la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a
resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en
el nuevo caso y iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos
anteriormente»9.

8. Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018, T-499 de 2017, T-292 de 2006 y Auto 397 de

2014.
9 Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018 y SU-053 de 2015.

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Bajo los parámetros indicados, un precedente se configura cuando la sentencia
pretende resolver un idéntico problema, desde la perspectiva jurídica y fáctica, lo
que supone un mismo aspecto jurídico a considerar y unos mismos hechos
relevantes, probados y debidamente connotados. A estos efectos, el examen de los
requisitos que deben cumplirse para que se ataque la sentencia en sede de tutela
por desconocimiento del precedente, impone al actor la carga de identificar el
problema jurídico que resolvió la sentencia cuestionada para compararlo con el
problema jurídico resuelto por el precedente, determinando consecuentemente su
identidad en los hechos y en el objeto del litigio.

Visto así, el desconocimiento del precedente supone que la sentencia cuestionada
se identifica con aquél en su objeto y en los hechos. No habrá entonces
desconocimiento del precedente si la sentencia analizada difiere en cualquiera de
los aspectos indicados.

Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional10 ha hecho la distinción entre
precedente horizontal y precedente vertical, entendiendo por el primero aquellas
decisiones proferidas por el mismo funcionario, mientras que el segundo se refiere
a las decisiones que son emitidas por el superior jerárquico o la autoridad encargada
de unificar la jurisprudencia. La fuerza vinculante del precedente horizontal se
predica de las decisiones de la misma autoridad y se genera en atención a los
principios de buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima y al derecho a la
igualdad11; mientras que el precedente vertical, al provenir de la autoridad de cierre
dentro de cada jurisdicción, limita la autonomía del juez, en tanto se debe respetar
la postura del superior12.

Ahora bien, debe destacarse que el deber de respeto o sometimiento a los
precedentes judiciales no es absoluto. En efecto, una comprensión excesiva del
deber de atenerse a ellos podría suponer la negación de los principios de autonomía
e independencia judicial (artículos 228 y 230 CP).

10 Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018 y T-460 de 2016.
11 Corte Constitucional. Sentencia T-049 de 2007, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández.
12 Corte Constitucional. Sentencia SU-354 de 2017, M.P.: Iván Humberto Escrucería Mayolo.

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Precisamente por lo anterior la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
establecido que el juez puede apartarse válidamente de los precedentes, bien sean
estos verticales u horizontales, siempre y cuando se justifiquen de manera clara y
precisa las razones para ello. A este respecto, dicha Corporación precisó
que resulta válido que las autoridades judiciales, merced a la autonomía que les
reconoce la Carta Política, puedan en eventos concretos apartarse del precedente;
pero aclaró que, en cualquier caso, esa opción argumentativa está sometida a
estrictos requisitos, entre otros (i) hacer explícitas las razones por las cuales se
aparte de la jurisprudencia en vigor sobre la materia objeto de escrutinio judicial –
requisito de transparencia-, y (ii) demostrar suficientemente que la interpretación
alternativa que se ofrece desarrolla de mejor manera los derechos, principios y
valores constitucionales –requisito de suficiencia-13.

En el escenario hasta aquí esgrimido, es posible concluir que, cuando un juez
desconoce una regla jurisprudencial vinculante y plenamente aplicable a
determinada situación, sin cumplir con la carga argumentativa descrita, incurre en
la causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
relacionada con el desconocimiento del precedente judicial y, en consecuencia,
vulnera el derecho fundamental a la igualdad de las personas que acudieron a la
administración de justicia. Contrario sensu, cuando la sentencia que difiere del
precedente fundamenta su decisión de manera razonable y suficiente, justificando
tal posición, no resultará procedente la acción de tutela por esta causal específica.

Finalmente, la jurisprudencia ha sido reiterativa en señalar las premisas bajo las
cuales habrá de interpretarse una decisión judicial acusada de incurrir en el defecto
en mención, anotando al respecto que se debe: «i) determinar la existencia de un
precedente o de un grupo de precedentes aplicables al caso concreto y distinguir
las reglas decisionales contenidas en estos precedentes; ii) comprobar que el fallo
judicial impugnado debió tomar en cuenta necesariamente tales precedentes pues
de no hacerlo incurriría en un desconocimiento del principio de igualdad; iii) verificar
si el juez tuvo razones fundadas para apartarse del precedente judicial por encontrar
diferencias fácticas entre el precedente y el caso analizado, o por considerar que la
decisión debería ser adoptada de otra manera para lograr una interpretación más
armónica en relación con los principios constitucionales, y más favorable a la

13 Corte Constitucional. Sentencia C-634 de 2011.

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vigencia y efectividad de los derechos fundamentales, de acuerdo con el principio
pro homine»14.

5.3.1.2. Aunque la parte actora no invocó expresamente la vulneración del derecho
a la igualdad, al alegar el desconocimiento del precedente judicial como fundamento
de la acción de tutela, el cargo formulado implica necesariamente el análisis de ese
derecho, razón por la cual será abordado en esta providencia.

Así las cosas, corresponderá determinar si se desconoció el derecho a la igualdad
por inaplicación del precedente judicial, en la providencia mediante la cual el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad del acto administrativo
que dispuso la desvinculación del señor Rober Merqui Cuasialpud Pérez, con
fundamento en la figura del abandono del cargo, pese a que se encontraba
vinculado en período de prueba. En consecuencia, el fallo ordenó su reintegro y
condenó al departamento al pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir
desde su retiro y hasta el cumplimiento de la orden de reintegro.

El análisis deberá centrarse en establecer si, dadas las particularidades fácticas y
jurídicas del caso en especial, la naturaleza del vínculo del actor como nombrado
en período de prueba y no en provisionalidad, resultaba exigible la aplicación de la
regla fijada por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-556 de 2014, relativa a
la limitación indemnizatoria entre seis (6) y veinticuatro (24) meses de salario para
los servidores públicos en provisionalidad.

Será necesario, entonces, examinar si las circunstancias del caso se ajustaban a
los supuestos fácticos y jurídicos contemplados en dicho precedente y si el juez
ordinario, al apartarse de él, ofreció una justificación suficiente que permitiera
entender su razonamiento conforme al principio de igualdad y a los parámetros
establecidos por la jurisprudencia constitucional.

5.3.2. Sentencia SU 556 de 2014

En esta ocasión, el primer problema que resolvió la Corte Constitucional fue si:
¿vulnera los derechos al debido proceso y a la igualdad, la sentencia emitida en un

14 Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018 y T-351 de 2011.

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proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que se negó la pretensión de
declaratoria de ilegalidad del acto en el que la administración en ejercicio de su
facultad discrecional ordenó el retiro de una persona que fue vinculada en
provisionalidad en un cargo de carrera?

Para dar respuesta a ese interrogante ese Tribunal señaló:

«Así las cosas, se debe entender que, con base en la Constitución Política,
como manifestación de algunos de los principios fundantes del Estado Social
de Derecho, en especial los que propugnan por la igualdad, la prosperidad y la
protección al sistema de carrera como regla general para ingresar al servicio
público, los actos de retiro de los funcionarios que ocupan cargos de carrera en
provisionalidad deben ser motivados. Así quedó expresamente consagrado en
la Ley 909 de 2004; y, por tanto, es claro que, antes y después de la existencia
de normatividad expresa, el desconocimiento de dicho deber de motivar este
tipo de actos administrativos constituye un vicio de nulidad.

3.5.10. En síntesis, a los funcionarios nombrados en provisionalidad en cargos
de carrera no les asiste el derecho de estabilidad típico de quien accede a la
función pública por medio del concurso de méritos, pero de ello no se desprende
una equivalencia a un cargo de libre nombramiento y remoción, pues la
vacancia no cambia la naturaleza del cargo. De allí que, en concordancia con
el precedente de la Corporación, al declarar insubsistente a uno de dichos
funcionarios, deben darse a conocer las razones específicas que lleven a
su desvinculación, las cuales han de responder a situaciones
relacionadas con el servicio prestado o al nombramiento en propiedad del
cargo, de manera que no se incurra en una violación del derecho a la
estabilidad laboral del servidor público en provisionalidad y, en
consecuencia, de su derecho al debido proceso.» (Negrillas y subrayas de
la Sala).

Posteriormente, esa Alta Corte indagó sobre: ¿cuáles son los parámetros a
tener en cuenta para determinar el monto del restablecimiento y reparación que debe
reconocerse a un servidor público nombrado en provisionalidad en un cargo de
carrera, si es desvinculado en ejercicio de la facultad discrecional de la administración?

Para resolver ese conflicto, expuso:

«3.6.3.13.2. En ese contexto, desarrollando los criterios fijados por la Corte en
la SU-691 de 2011, estima la Sala que la fórmula que resulta aplicable al caso
de quienes ocupan cargos de carrera en provisionalidad y son desvinculados
sin motivación, es la de disponer que su reintegro se realice sin solución de
continuidad, con el correspondiente pago de los salarios y prestaciones
efectivamente dejados de percibir. Cabe entender que el salario se deja de
percibir, cuando, por cualquier circunstancia, una persona se ve privada de la
posibilidad de generar un ingreso como retribución por su trabajo, de manera
que, cuando quiera que la persona accede a un empleo o a una actividad

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económica alternativa, deja de estar cesante, y, por consiguiente, ya no “deja
de percibir” una retribución por su trabajo.

Siendo ello así, como quiera que sólo cabe indemnizar el daño efectivamente
sufrido y tal daño es equivalente a lo dejado de percibir, de la suma
indemnizatoria es preciso descontar todo lo que la persona, durante el periodo
de desvinculación, haya percibido como retribución por su trabajo, bien sea que
provenga de fuente pública o privada, como dependiente o independiente.

3.6.3.13.3. De esta forma, la Corte amplía las reglas de decisión que se han
venido adoptado en la materia, particularmente en lo que tiene que ver con la
orden relativa al pago de salarios y prestaciones dejados de percibir y la
previsión aplicada de descontar de dicho pago lo que la persona desvinculada
hubiese percibido del Tesoro Público por concepto del desempeño de otros
cargos públicos durante el tiempo que estuvo desvinculada. Así, conforme con
la nueva lectura, la regla de decisión se extiende, en esas circunstancias, a
descontar la remuneración que recibe la persona desvinculada, no solo del
tesoro público sino también del sector privado, ya sea como trabajador
dependiente o independiente.

3.6.13.4. Ahora bien, siendo consecuente con el propósito de que la reparación
debe corresponder al daño que se presentó cuando, de manera injusta, se
frustró la expectativa de estabilidad relativa en el cargo, se dispondrá que, en
todo caso, la indemnización a ser reconocida no podrá ser inferior a los seis (6)
meses que según la Ley 909 de 2004 es el término máximo de duración de la
provisionalidad, estableciéndose, a su vez, un límite superior a la suma
indemnizatoria de hasta veinticuatro (24) meses, atribuible a la ruptura del nexo
causal entre la ausencia de ingresos o el nivel de los mismos y la desvinculación
del servicio.

3.6.13.5. A este respecto, el valor mínimo indemnizatorio en este caso se fija,
en razón a que las personas desvinculadas han agotado previamente el
respectivo proceso judicial, y, como consecuencia de la congestión y la
consiguiente mora en la adopción de las decisiones de protección, la posibilidad
de acceder a un reconocimiento patrimonial por el despido injusto se extienda
a periodos de varios años, es decir, a periodos que superen los seis (6) meses.
En el caso contrario, el pago mínimo de indemnización no tiene lugar, y ésta
deberá corresponder al daño efectivamente sufrido, el cual será equivalente al
tiempo cesante.

3.6.13.6. Por su parte, y en plena concordancia con lo anterior, el término
máximo de indemnización se fija dentro del propósito de evitar un pago excesivo
y desproporcionado en relación con el verdadero daño sufrido a causa de la
desvinculación, y su tope de 24 meses se determina teniendo en cuenta los
estándares internacionales y nacionales recogidos en diversos estudios, que
consideran como de larga duración el desempleo superior a un año.

3.6.3.13.7. Para establecer el promedio de la duración del desempleo, se
tomaron como referencia dos estudios que permiten estimar el funcionamiento
de dicha variable en el mundo y en el país. El primero de ellos fue realizado y
publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 21 de enero de
2014, titulado Global Employment Trends 2014: Risk of a jobless recovery?, en
el cual se reflejan diversos indicadores mundiales y regionales sobre el mercado
laboral. En particular, sobre el indicador de la duración del desempleo en

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algunas economías15, advierte que, cuando se trata del desempleo de larga
duración16, el promedio para conseguir trabajo es por lo menos de 12 meses,
mientras que frente al desempleo de corto o mediano plazo, el tiempo promedio
para ubicarse laboralmente es de aproximadamente 4,5 meses.

El segundo estudio evaluado es la investigación adelantada por la Dirección de
Estudios Económicos del Departamento Nacional de Planeación, titulada
“Duración del desempleo y canales de búsqueda de empleo en Colombia,
2006”17, la cual, a partir de un análisis no paramétrico, define también
estándares sobre la duración del desempleo en el país. Con base en la
Encuesta Continua de Hogares del segundo trimestre del año 2006, en dicha
investigación se destaca que en Colombia predomina el desempleo de larga
duración18, sobre la base de considerar que el 54% de la población se demora
un periodo superior a los 12 meses para conseguir empleo. De igual manera,
con un enfoque de género, se explica que el 50% de los hombres consigue
empleo a los 8 meses o menos de encontrarse desocupados, mientras que las
mujeres necesitan por lo menos 18 meses para lograr dicho objetivo. En este
mismo sentido, encuentra el estudio que el comportamiento de esos resultados
puede variar significativamente cuando los desempleados utilizan canales
formales o informales para la búsqueda de trabajo, de manera que el 75% de
los que utilizan herramientas formales han salido del desempleo a los 12 meses,
mientras que los que acuden a la informalidad ocupa un mayor tiempo para
emplearse.19

3.6.3.13.8. Conforme con lo expuesto, las órdenes que se deben adoptar en los
casos de retiro sin motivación de las personas vinculadas en provisionalidad en
un cargo de carrera, son: (i) el reintegro del servidor público a su empleo,
siempre y cuando el cargo que venía ocupando antes de la desvinculación no
haya sido provisto mediante concurso, no haya sido suprimido o el servidor no
haya llegado a la edad de retiro forzoso; y, (ii) a título indemnizatorio, pagar el
equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el momento
de la sentencia, descontando de ese monto las sumas que por cualquier
concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya recibido
la persona, sin que la suma a pagar por indemnización sea inferior a seis (6)
meses ni pueda exceder de veinticuatro (24) meses de salario.» (Subrayas y
negrillas de la Sala)

5.3.3. Conforme a lo expuesto en precedencia, corresponde determinar si la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en un defecto por
desconocimiento del precedente constitucional, al inaplicar los criterios establecidos

15 De manera concreta el cuadro No. 10 (página 25) compara cómo ha variado el promedio –en

meses- de la duración del desempleo desde el año 2003 hasta el 2012 en los siguientes países:
Canadá, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Turquía, Japón, España, Sur África y Grecia.
16De acuerdo con el estudio Global Employment Trends 2014: Risk of a jobless recovery?, se

entiende por desempleo de larga duración, aquél que supera los 12 meses, mientras que el
desempleo de corta y mediada duración es aquél que se extiende entre 3 y 6 meses, y en todo caso
es menor de 12 meses.
17 Este documento fue elaborado por profesores Carlos Augusto Viáfara L, y José Ignacio Uribe G.

del Departamento de Economía de la Universidad del Valle, miembros del Grupo de Investigación
en Economía Laboral y Sociología del Trabajo. Documento 340, 7 de marzo de 2008.
18 Véase página 16 del estudio Duración del desempleo y canales de búsqueda de empleo en

Colombia, 2006. Departamento Nacional de Planeación de la República de Colombia, Dirección de
Estudios Económicos. Documento 340, 7 de marzo de 2008.
19 Véase página 17 del estudio Duración del desempleo y canales de búsqueda de empleo en

Colombia, 2006. Departamento Nacional de Planeación de la República de Colombia, Dirección de
Estudios Económicos. Documento 340, 7 de marzo de 2008.

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por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-556 de 2014, que fijó reglas específicas
sobre el alcance del reintegro y el monto de la indemnización en favor de quienes
fueron desvinculados injustificadamente de cargos en provisionalidad dentro de la
carrera administrativa.

Para resolver este cuestionamiento, es necesario verificar si el caso del señor Rober
Merqui Cuasialpud Pérez se subsume en el supuesto de hecho regulado por dicha
sentencia de unificación. Como se advierte del expediente ordinario, el actor fue
designado mediante nombramiento en periodo de prueba dentro de un cargo de
carrera administrativa, condición que difiere sustancialmente del supuesto analizado
en la SU-556 de 2014, el cual versó exclusivamente sobre la desvinculación de
personas que desempeñaban cargos en provisionalidad.

La Corte Constitucional, en dicha providencia, estableció que el carácter transitorio y
precario de los cargos en provisionalidad justifica una limitación en los efectos
patrimoniales del reintegro, de forma que la indemnización por el retiro no puede
superar el monto correspondiente a veinticuatro (24) meses de salario, ni ser inferior
a seis (6), según los parámetros fijados. Sin embargo, precisó que esa regla no era
extensible a quienes hubieran sido vinculados mediante concurso de méritos y se
encontraran en periodo de prueba.

Así las cosas, el Tribunal concluyó de manera razonable que no era aplicable la
restricción indemnizatoria de la SU-556 de 2014, dado que el actor no ocupaba un
cargo en provisionalidad sino que había accedido por méritos a la carrera
administrativa. Bajo esa lógica, resultaba procedente el reconocimiento pleno de los
salarios y prestaciones dejadas de percibir desde la fecha de la desvinculación y hasta
su eventual reintegro, con los descuentos correspondientes por sumas recibidas en
virtud de otras actividades laborales o pensionales.

Este análisis se fundamenta en un entendimiento adecuado del precedente
constitucional, el cual no fue desconocido ni tergiversado, sino correctamente
delimitado en su ámbito de aplicación. Por tanto, no se configura un defecto por
desconocimiento del precedente.

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5.3.4. Ahora bien, en cuanto al argumento de la impugnación relacionado con los
documentos que, según alega la parte accionante, no habían sido obtenidos al
momento de presentar la acción de tutela, esto es, el Decreto 0468 del 8 de abril de
2016 y la Resolución 02220 del 28 de septiembre de 2017, por medio de los cuales
«se da cumplimiento a un fallo de tutela y se efectúa un reintegro laboral» y «se
declara la vacancia de un empleo por abandono del cargo y se efectúa el retiro del
servicio de un empleado de la planta de personal administrativa de la Secretaría de
Educación Departamental del Valle del Cauca», respectivamente; luego de efectuar
la correspondiente revisión de las pruebas que reposan tanto en el expediente de
nulidad y restablecimiento del derecho ya referido como en el actual trámite
constitucional, la Sala advierte que tales documentos no reposan en los procesos
judiciales. Empero, ello no significa que sea el juez de tutela el que deba valorar el
impacto de los mismos en la decisión adoptada por el juez ordinario.

Bajo esa lógica, para la Sala este aspecto no satisface el requisito de
subsidiariedad, por cuanto el ordenamiento jurídico contempla un medio de defensa
judicial idóneo para controvertir las providencias judiciales, cuando, como lo alega
la parte actora, se obtienen pruebas relevantes con posterioridad al fallo atacado
que hubieran podido servir para proferir una decisión diferente.

En efecto, el recurso extraordinario de revisión prevé entre sus causales la
posibilidad de solicitar la revisión de una sentencia con fundamento en documentos
que, por circunstancias justificadas, no pudieron ser aportados oportunamente y
resultan decisivos para la resolución del asunto. Dado que la misma impugnación
reconoce que los documentos a los que hace alusión no eran conocidos ni estaban
disponibles al momento de presentar la tutela, pero sí fueron obtenidos con
posterioridad, lo procedente era acudir a dicho mecanismo procesal, en lugar de
intentar reabrir el debate mediante la acción de tutela.

Por tanto, al estar habilitada una vía judicial ordinaria especialmente diseñada para
abordar situaciones como la planteada, se concluye que no se cumple con el
requisito de subsidiariedad exigido por el artículo 86 de la Constitución Política y la
jurisprudencia constitucional para la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de los Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

Vl. FALLA

PRIMERO: MODIFICAR la parte resolutiva de la sentencia impugnada, proferida el
12 de junio de 2025 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, la cual quedará
así:
«1. NEGAR el amparo del derecho fundamental a la igualdad invocado en la
acción de tutela presentada por la Gobernación del Valle del Cauca, por las
razones expuestas en las consideraciones de la presente providencia.

2. DECLARAR IMPROCEDENTE por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad el amparo del derecho fundamental al debido proceso invocado
en la acción de tutela presentada por la Gobernación del Valle del Cauca, por
las razones expuestas en las consideraciones de la presente sentencia.»

SEGUNDO: REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 31 de julio de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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