Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01782-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01782-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-01782-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
5 de mayo de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01782-00
Accionante: Jaime García Cala
Accionado: Secretaría General del
Tribunal Administrativo de Santander
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Bogotá, D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01782-00
Accionante: Jaime García Cala
Accionado: Secretaría General del Tribunal Administrativo de Santander
Tema: tutela por vulneración de los derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia, de petición, a la igualdad y al debido proceso. Subtema:
mora judicial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
solicitud interpuesta por el señor Jaime García Cala en ejercicio de la acción de tutela
prevista en el artículo 86 de la Constitución Política.
I. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y demás elementos aportados por las partes en el
trámite constitucional, la Sala destaca los siguientes hechos:
2. Luego de adelantado el proceso ejecutivo con radicado núm. 68001-23-33-000-
2021-00186-00, el Tribunal Administrativo de Santander emitió auto el 22 de enero de
20241, en el que improbó la liquidación del crédito que presentó la Nación, Fiscalía
General de la Nación; aprobó la liquidación del crédito y su actualización al 31 de
agosto de 2023 efectuada por el profesional contable adscrito a esa corporación;
ordenó el fraccionamiento del título judicial puesto a disposición del despacho ponente
por un valor de 628.454.025 pesos; y dispuso el respectivo pago.
3. La anterior decisión fue recurrida en reposición y apelada por la Nación, Fiscalía
General de la Nación2, para lo cual argumentó que el total de la obligación ejecutada
ya le fue reconocida a la parte interesada, motivo por el que solicitó que se revocara
el auto del 22 de enero de 2024 y que se decretara la terminación del proceso.
4. En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Santander profirió auto el 12 de
junio de 20243, en el que decidió no reponer la providencia recurrida y conceder, en el
efecto diferido, la apelación presentada por la Nación, Fiscalía General de la Nación.
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2
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3
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Accionante: Jaime García Cala
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5. Finalmente, el señor Jaime García Cala presentó dentro del trámite ejecutivo
«derecho de petición», el 18 de noviembre de 2024, en el que solicitó al secretario del
Tribunal Administrativo de Santander que ordenara al profesional contable adscrito dar
cumplimiento a lo dispuesto por el despacho sustanciador de esa corporación respecto
del fraccionamiento del título judicial4.
6. Ahora bien, la apelación cursa ante la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, autoridad que emitió auto el 17 de septiembre de 20245, en el que
requirió la liquidación del crédito efectuada por el profesional contable adscrito a la
Secretaría del Tribunal Administrativo de Santander. Dicho recurso aún no ha sido
resuelto de fondo.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
7. El señor Jaime García Cala pidió que se amparen sus derechos fundamentales de
petición, a la información y a la igualdad, y el cumplimiento de los fines esenciales del
Estado. En consecuencia, que se ordene a la autoridad accionada que se pronuncie
sobre el memorial del 18 de noviembre de 2024 y dé cumplimiento a lo dispuesto por
el despacho sustanciador del Tribunal Administrativo de Santander en autos del 22 de
enero y 12 de junio de 2024.
8. Fundamentó sus pretensiones en que el auto del 22 de enero de 2024 concedió el
recurso de apelación que interpuso la parte ejecutada, en el efecto diferido, de manera
que la autoridad accionada debía dar cumplimiento a lo dispuesto en las mencionadas
providencias, en los términos solicitados en el memorial del 18 de noviembre de 2024.
2.3. Trámite procesal
9. El despacho de la magistrada ponente, mediante auto del 31 de marzo de 20256,
admitió la solicitud de amparo; vinculó, como terceros con interés, a la Nación, Fiscalía
General de la Nación, a los demandantes, a los demandados y a los demás
intervinientes en el proceso ejecutivo con radicado núm. 68001-23-33-000-2021-
00186-00; tuvo como pruebas los documentos aportados con la tutela; requirió a las
partes para que rindieran el informe correspondiente; y ordenó las notificaciones de
rigor.
2.4. Intervenciones
10. La Nación, Fiscalía General de la Nación contestó que no tiene legitimación en la
causa por pasiva dado que carece de competencia para pronunciarse sobre los
argumentos de la tutela7.
11. La autoridad accionada y terceros vinculados, a pesar de que fueron debidamente
notificados, guardaron silencio.
4 Samai, exp. 68001-23-33-000-2021-00186-00, índice 72, certificado 5F2704BE8182DA72 18DE71639A4E5FDC
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5 Samai, exp. 68001-23-33-000-2021-00186-01, índice 3, certificado E745EB1D2416CAF1 D58127D40771E60A
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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
12. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta en contra de la Secretaría General del
Tribunal Administrativo de Santander.
2.2. Legitimación en la causa
13. La legitimación en la causa por activa del señor Jaime García Cala se encuentra
acreditada, por cuanto integra la parte demandante en el proceso ejecutivo con
radicado núm. 68001-23-33-000-2021-00186-00; y, por lo tanto, es el titular de los
derechos fundamentales que adujo le fueron vulnerados.
14. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Secretaría
del Tribunal Administrativo de Santander, en la medida en que es la autoridad que, por
conducto del profesional contable adscrito a esa dependencia, tiene a su cargo
fraccionar el título judicial en los términos que definan los jueces de instancia dentro
del proceso ejecutivo y que, en ese orden, no ha resuelto la solicitud del 18 de
noviembre de 2024.
2.3. Procedencia de la acción de tutela
15. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por la
acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala la
ley. Este mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la
subsidiariedad y la inmediatez8.
16. El primero exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que busque evitar un perjuicio irremediable9; y el segundo consiste en que se
acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de lo contrario,
«[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho
[…]»10.
2.4. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
17. En el presente asunto, el presupuesto de subsidiariedad se encuentra satisfecho,
dado que la parte actora no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para
solicitar el impulso procesal respecto de la orden emitida por el juez de fraccionamiento
de un título judicial dentro de un trámite ejecutivo.
18.Ahora bien, la Sala tendrá por cumplido el requisito de inmediatez, en la medida
en que la parte accionada no se ha pronunciado respecto del impulso procesal
8 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
9
Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
10 Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, reiterada en sentencia SU-084 de 2019.
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radicado el 18 de noviembre de 2024; y porque, en principio, la mora judicial alegada
es una vulneración que continúa en el tiempo11.
2.5. Problema jurídico
19. Antes de determinar el problema jurídico, resulta oportuno aclarar que, en el
presente asunto, el accionante pretende que sus argumentos sean abordados desde
la perspectiva de la vulneración del derecho fundamental de petición. No obstante,
revisadas las pruebas aportadas al expediente de tutela, se observa que los reproches
de amparo, en verdad, exponen la posible mora en la que incurre la Secretaría del
Tribunal Administrativo de Santander dentro del trámite ejecutivo al no dar
cumplimiento a una orden judicial.
20. Al respecto, es preciso recordar que el ejercicio del derecho de petición ante
autoridades judiciales encuentra su limitación en los asuntos respecto de los cuales se
fundamenta el requerimiento de la persona. De manera que, solo es procedente
cuando la solicitud hace referencia a temas de naturaleza administrativa, ajenos al
contenido del litigio e impulsos procesales, los cuales deben ser atendidos por los
jueces de la República bajo las normas generales del derecho de petición que rigen a
la administración y,12 en especial, de la Ley 1755 de 201513.
21. Contrario ocurre con las peticiones referidas a actuaciones estrictamente
judiciales, que se encuentran reguladas en el procedimiento con el que se rige cada
juicio, cuyo pronunciamiento o decisión se debe sujetar a los términos y etapas
procesales previstos para tal efecto en la normativa definida por el legislador.
22. Así pues, la omisión del funcionario judicial en resolver las peticiones relacionadas
con su actividad jurisdiccional según las formas propias del trámite procesal configura
una violación del debido proceso y del derecho al acceso a la administración de
justicia14. Por otro lado, la omisión de la autoridad jurisdiccional en resolver las
peticiones relativas a asuntos administrativos constituye una vulneración del derecho
de petición15.
23. De lo expuesto, a la Sala le corresponde definir si la Secretaría General del
Tribunal Administrativo de Santander vulneró el derecho fundamental al debido
proceso del señor Jaime García Cala. En particular, deberá definir si la autoridad
accionada incurre en una mora judicial injustificada dentro del proceso ejecutivo con
radicado núm. 68001-23-33-000-2021-00186-00 al no dar cumplimiento a lo dispuesto
en los autos del 22 de enero y del 12 de junio de 2024.
11 Corte Constitucional, sentencia T-032 de 2023.
«La Corte Constitucional ha señalado que en aquellos casos en los que se demuestre que la vulneración del
derecho es permanente en el tiempo y el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, pero la situación es continua y actual, el principio de inmediatez en la interposición de la
tutela no es exigible de manera estricta».
12 Corte Constitucional, sentencias T-311 de 2013, criterio reiterado en sentencias T-2015A de 2013. T-267 de
2017.
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«Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».
14 Corte Constitucional, sentencia T-215A de 2011, criterio reiterado en sentencias T-377 de 2000, T-178 de 2000
y C-951 de 2014.
15 Corte Constitucional, sentencia T-215A de 2011, criterio reiterado en sentencia T-267 de 2017.
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2.5.1. La acción de tutela en casos de mora judicial
24. La Corte Constitucional ha dispuesto en su jurisprudencia que el debido proceso
es una garantía para obtener una decisión de fondo, sin dilaciones injustificadas y
dentro de plazos razonables, esto, conforme con lo dispuesto en la Ley 1957 de 2019
que estableció la eficacia, eficiencia, celeridad y economía procesal en las actuaciones
de la jurisdicción. La mora judicial se configura en los siguientes escenarios:
4.9. A partir de la lectura del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, y el artículo 29 constitucional, puntualmente del enunciado que señala que
toda persona tiene derecho “a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas” la
Corte ha reconocido que la mora judicial se debe a dos motivos: (i) por un lado el
capricho, arbitrariedad o falta de diligencia de los funcionarios judiciales encargados de
adoptar las providencias, o (ii) por la sobrecarga de trabajo que afrontan los jueces de la
República, la que a la postre produce un represamiento de procesos que impide que los
mismos se fallen conforme a los códigos adjetivos. A partir de la anterior consideración,
este Tribunal ha distinguido entre la mora judicial justificada (producida por sobrecarga
y congestión judicial) y la injustificada (causada por la arbitrariedad)16.
25. De acuerdo con lo anterior, para que se configure la mora judicial y pueda
estudiarse en las acciones de tutela, es un prerrequisito haber sido diligente dentro del
proceso ordinario y demostrar que existe arbitrariedad o falta de diligencia de los
funcionarios judiciales. En ese orden, la Corte Constitucional indicó que no todo
incumplimiento de los términos procesales vulnera derechos fundamentales, por
cuanto dicha vulneración solo es el resultado de la inexistencia de un motivo válido
que justifique la mora.
26. Por último, el alto tribunal expuso que la mora judicial que no es imputable a la
autoridad judicial accionada es aquella que está justificada en las siguientes razones:
[C]uando “(i) es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra
la diligencia razonable del operador judicial; (ii) se constata que efectivamente existen
problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga
laboral o de congestión judicial, o (iii) se acreditan otras circunstancias imprevisibles o
ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley”17.
2.6. Caso concreto
27. En el asunto bajo estudio, el accionante manifestó que, pese a que radicó memorial
el 18 de noviembre de 2024 en el que solicitó impulso procesal, la Secretaría del
Tribunal Administrativo de Santander no ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los
autos del 22 de enero y del 12 de junio de 2024, emitidos por el despacho sustanciador
dentro del trámite ejecutivo con radicado núm. 68001-23-33-000-2021-00186-00, en
relación con el fraccionamiento del título judicial a favor de los demandantes por un
valor de 628.454.025 pesos.
28. Argumentó que el recurso de apelación interpuesto en contra de la primera
providencia fue concedido en el efecto diferido.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-333 de 2020, reiterada en sentencia T-183 de 2024.
17 Corte Constitucional, sentencia T-183 de 2024.
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29. Ahora, analizado el auto del 22 de enero de 2024, se observa que el Tribunal
Administrativo de Santander, en efecto, aprobó la liquidación del crédito y su
actualización al 31 de agosto de 2023 efectuada por el profesional contable adscrito a
esa corporación y ordenó el fraccionamiento del título judicial puesto a disposición del
despacho ponente por un valor de 628.454.025 pesos.
30. Además, revisada la plataforma Samai, está probado que la Nación, Fiscalía
General de la Nación apeló la anterior decisión con la pretensión de que se declare la
terminación del proceso por pago total de la obligación, y que en segunda instancia el
asunto está en trámite ante la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado.
31. En este punto, resulta oportuno indicar que el artículo 446 del Código General del
Proceso, aplicable por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, prevé lo
siguiente:
Artículo 446. Liquidación del crédito y las costas. Para la liquidación del crédito y las
costas, se observarán las siguientes reglas:
[…]
3. Vencido el traslado, el juez decidirá si aprueba o modifica la liquidación por auto que
solo será apelable cuando resuelva una objeción o altere de oficio la cuenta respectiva.
El recurso, que se tramitará en el efecto diferido, no impedirá efectuar el remate de
bienes, ni la entrega de dineros al ejecutante en la parte que no es objeto de apelación.
32. Pues bien, la Sala advierte que el auto del 22 de enero de 2024 proferido por el
Tribunal Administrativo de Santander no se encuentra en firme, en la medida en que
el recurso de apelación interpuesto por la Nación, Fiscalía General de la Nación, por
un lado, controvierte toda la liquidación del crédito aprobada, y, por otro lado, no ha
sido resuelto por el juez ordinario de segunda instancia.
33. En ese orden, es preciso tener en cuenta que, de acuerdo con el artículo 446 del
Código General del Proceso, la apelación interpuesta en contra del auto que aprueba
la liquidación del crédito debe ser concedida en el efecto diferido, solo en lo que «no
es objeto del recurso».
34. De lo expuesto, la Sala encuentra que la Secretaría del Tribunal Administrativo de
Santander no incurre en mora judicial injustificada al no dar cumplimiento a la orden
impartida en el auto del 22 de enero de 2024 en relación con el fraccionamiento del
título judicial depositado en el despacho del magistrado sustanciador, dentro del
proceso ejecutivo con radicado núm. 68001-23-33-000-2021-00186-00, en la medida
en que la referida providencia no se encuentra en firme, de manera que no vulneró el
derecho fundamental al debido proceso de Jaime García Cala.
35.Finalmente, en lo que hace relación al derecho fundamental a la igualdad, no se
demostró su transgresión, pues la parte actora no indicó un punto de comparación que
habilite el estudio del test integrado de igualdad.
III. CONCLUSIONES
36.En consecuencia, en la medida en que la Secretaría General del Tribunal
Administrativo de Santander no incurrió en una mora judicial injustificada, y, por lo
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tanto, no vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte tutelante, la Sala
negará la solicitud de amparo.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela que presentó Jaime García
Cala, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
DACJ/SEJV
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