Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01785-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-01785-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01785-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01785-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
5 de septiembre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01785-00
Accionante: Luis Emilio Yáñez Soledad
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01785-00
Demandantes: Luis Emilio Yánez Soledad
Demandados: Ministerio de Justicia y del Derecho y otros
Referencia: Acción de tutela
Derecho de petición. Ausencia de vulneración. Carencia actual de objeto por hecho superado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela formulada por Luis Emilio Yáñez
Soledad en contra del Ministerio de Justicia y del Derecho, la Cancillería de Colombia, el
Ministerio del Interior, la Presidencia de la República y la Defensoría del Pueblo.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Luis Emilio Yáñez Soledad, actuando en nombre propio, presentó escrito de tutela en el
que solicitó la protección de sus derechos fundamentales de petición, a la dignidad
humana, de acceso a la administración de justicia, a la buena fe, a la igualdad y al debido
proceso, que consideró vulnerados por el Ministerio de Justicia y del Derecho, la
Cancillería de Colombia, el Ministerio del Interior, la Presidencia de la República y la
Defensoría del Pueblo, por la omisión en dar respuesta de fondo a la petición que radicó
el 14 de noviembre de 2024, en la que solicitó apoyo administrativo para radicar una
demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
2. Hechos
El actor manifestó que el 14 de noviembre de 2024 remitió escrito de petición a las
accionadas, en el que solicitó que radicaran una demanda ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, indicó que recibió respuestas
evasivas.
En particular informó que i) el Ministerio de Justicia y del Derecho “trató de persuadir lo
solicitado” a través de un requerimiento en el que solicitó aclarar la petición; ii) la
Presidencia de la República corrió traslado a la Defensoría del Pueblo, quien a su vez
manifestó al actor que podía acudir directamente ante la Comisión sin necesidad de
intervención del presidente: iii) la Cancillería remitió el escrito a la Fiscalía General de la
Nación con el fin de ocultar el trámite.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
1
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01785-00
Accionante: Luis Emilio Yáñez Soledad
3. Pretensiones y argumentos de tutela
En la solicitud de tutela la parte actora solicitó al juez constitucional:
“PRIMERO. - Que se declare que LOS ACCIONADOS Ha violado el derecho
fundamental consagrado en los artículos 13, 20, 23, 29 de la Carta Política, al
negarse A TRAMITAR MI DEMANDA ANTE LOS ESTADOS AMERICANOS TAL
COMO LO SOLICITE EN EL DOCUMENTO.
SEGUNDO. - Que, como consecuencia de lo anterior, sé que en el término de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo, proceda a explicar
los motivos de dicha violación constitucional y responder por las solicitudes
realizadas en los documentos fechados.
TERCERO se ordene a LOS ACCIONADOS QUE DE MANERA INMEDIATA
PONGAN EN CONOCIMIENTO ANTE LA COMISION DE LOS ALTOS
TRIBUNALES LA DEMANDA TAL COMO LO SOLICITÉ DENTRO DEL
DERECHO DE PETICION.
CUARTO se ordene A LOS DEMANDADOS QUE EVITAN DE PONER TANTAS
TRABAS Y QUE NO OCULTEN LOS ATROPELLOS PARA EVITAR SIGAN LOS
FALSOS POSITIVOS.
QUINTO: LAS DEMAS CONSIDERACIONES QUE ESTIME PERTINENTE ESTE
DESPACHO”.
Como fundamento de la acción de tutela afirmó que no se le ha notificado una respuesta
de fondo, sino que ha recibido oficios mediante los cuales se informó sobre la remisión
por competencia del escrito del 14 de noviembre de 2024. En ese orden, consideró
vulnerado su derecho de petición.
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. El actor radicó el escrito de tutela el 8 de enero de 2025. El asunto le correspondió
por reparto al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de San José de
Cúcuta bajo el radicado núm. 540013187002-2025-00010-00, autoridad que mediante
auto de la misma fecha admitió la solicitud.
El 21 de enero de 2025 se profirió fallo de primera instancia en el que se declaró la
carencia actual de objeto por hecho superado, al considerar que las pruebas allegadas
al proceso acreditaban que el actor había recibido una respuesta de fondo a la petición
presentada el 14 de noviembre de 2024. Inconforme con esta decisión, el accionante
presentó escrito de impugnación.
Mediante providencia del 28 de febrero de 2025 la Sala Penal del Tribunal Superior de
Cúcuta declaró la nulidad de todo lo actuado a partir, inclusive, del auto admisorio de la
acción constitucional y ordenó remitir el expediente al Consejo de Estado para su
correspondiente trámite. Esta decisión se fundamentó en lo dispuesto en las reglas de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
2
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01785-00
Accionante: Luis Emilio Yáñez Soledad
reparto establecidas en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021, teniendo en cuenta que la
acción de tutela estaba dirigida, entre otras autoridades, contra la Presidencia de la
República.
4.2. El expediente se radicó en el sistema de reparto el 26 de marzo de 2025 y fue
asignado al despacho de la Consejera ponente al día siguiente.
Mediante auto del 28 de marzo de 20251 se admitió la acción de tutela y se vinculó como
terceros interesados a la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Seccional de
Fiscalías de Norte de Santander, la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría
Regional de Norte de Santander, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el
Ministerio de Relaciones Exteriores.
4.3. El Ministerio de Relaciones Exteriores2 informó que mediante correo electrónico
del 18 de diciembre de 2024 indicó al actor que carecía de competencia para resolver
los cuestionamientos planteados en el escrito de petición, por lo que, con fundamento en
el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015 corrió traslado a la Fiscalía General de la Nación.
Por otro lado, alegó no contar con legitimación en la causa por pasiva dado que las
pretensiones de la solicitud de amparo no tienen relación con las funciones establecidas
en la Resolución 0967 de 2024.
4.4. La Procuraduría General de la Nación3 manifestó que no tiene conocimiento de la
petición sobre la cual el accionante solicitó la protección constitucional, pues no encontró
el registro en el aplicativo de correspondencia. En ese orden, propuso la excepción de
falta de legitimación en la causa por pasiva y solicitó su desvinculación.
4.5. El Ministerio de Justicia y del Derecho4 indicó que los hechos narrados por el
actor no se relacionan con las funciones asignadas a dicha cartera y, en tal sentido, no
tiene legitimación en la causa por pasiva para comparecer a este trámite constitucional.
Agregó que la petición del 14 de noviembre de 2024 no se ha recibido en la entidad y
enlistó las siguientes solicitudes radicadas por el accionante, a las que se ha dado
respuesta:
“1. MJD-EXT24-0068271, radicado el 12 de noviembre de 2024, transferido al
Grupo de Servicio al Ciudadano, con respuesta vinculada MJD-OFI24- 0052657.
2. MJD-EXT24-0069574, radicado el 15 de noviembre de 2024, transferido a
Grupo de Servicio al Ciudadano, con respuesta vinculada MJD-OFI24- 0052657.
3. MJD-EXT24-0069729, radicado el 18 de noviembre de 2024, transferido a la
Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, con respuesta vinculada MJD-
OFI24-0050630 y documento externo vinculado MJD-EXT24- 0069574”
1 Índice 00004 del aplicativo SAMAI
2 Índice 00009 del aplicativo SAMAI.
3 Índice 00010 del aplicativo SAMAI.
4 Índice 00011 del aplicativo SAMAI.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
3
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01785-00
Accionante: Luis Emilio Yáñez Soledad
4.6. La Defensoría del Pueblo5 presentó informe en el que se opuso a la prosperidad
de las pretensiones de la acción de tutela. Para ello, argumentó que dio respuesta al
accionante en el sentido de indicarle que la entidad no tenía competencia para adelantar
trámites ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese orden, indicó
que no ha vulnerado ningún derecho fundamental y solicitó ser desvinculada de este
trámite puesto que no cuenta con legitimación en la causa por pasiva.
4.7. La Presidencia de la República6 informó que mediante la comunicación OFI24-
00229338 / GFPU 13150000 del 21 de noviembre de 2024 informó el actor que no era la
competente para resolver los planteamientos de la petición radicada el 14 de noviembre
y remitió la misma a la Defensoría del Pueblo. Agregó que, a través del escrito
identificado con el radicado a través del OFI25-00066081 / GFPU 13150000 del 7 de
abril de 2025 complementó la respuesta del 21 de noviembre de 2024, en el sentido de
precisar la improcedencia de la solicitud de remitir el escrito a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, en la medida que representa al Estado Colombiano, por lo que
podría ser parte procesal en contra del propio peticionario. Por consiguiente, solicitó
negar acción de tutela por carencia actual de objeto por hecho superado.
4.8. El Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, la Dirección
Seccional de Fiscalías de Norte de Santander y el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar guardaron silencio en la etapa procesal correspondiente.
4.9. El proyecto de fallo de primera instancia se sometió a estudio de la Sala de
Subsección, sin embargo, el 6 de junio de 2025 el Consejero de Estado Nicolás Yepes
Corrales manifestó su impedimento con fundamento en la causal prevista en el artículo
56.1 del Código de Procedimiento Penal, debido a que su cónyuge funge como
Procuradora Judicial II Delegada para la Conciliación Administrativa.
4.10. Mediante auto del 7 de julio del año en curso se declaró infundada la manifestación.
El expediente ingresó al Despacho de la ponente el 28 de agosto de 2025 y en la misma
fecha se realizó el registro respectivo en el aplicativo Samai.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con
lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.
5Índice 00012 del aplicativo SAMAI, con certificado 5A9E59F4F6180FDB E271213F4C1C1061 7A1EB9D243E57890
AA5605DEB16A2FC7.
6Índice 00014 del aplicativo SAMAI, certificado 88BFD8C08AE8DAE6 81C27610C2720361 4B50BA5C8EDBB721
91F57F7CFCF5AA16. La respuesta también fue radicada en los índices 00015, 00016 y 00017.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
4
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01785-00
Accionante: Luis Emilio Yáñez Soledad
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se vulneró el derecho de
petición del accionante en relación con el escrito del 14 de noviembre de 2024.
3. Procedibilidad de la acción
La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar
la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad o de un particular, en los casos que
establece la ley.
4. Derecho de petición
El artículo 23 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés general o
particular, y a obtener una pronta resolución. Su regulación está establecida en el Titulo
II de la Primera Parte del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo7, y de acuerdo con el artículo 138 de dicho cuerpo normativo, las personas
tienen derecho a presentar, de forma respetuosa, solicitudes de interés general o
particular ante las autoridades y a “obtener pronta resolución, completa y de fondo”.
La Corte Constitucional9 ha indicado que “(…) dentro de sus garantías se encuentran (i)
la pronta resolución del mismo, es decir que la respuesta debe entregarse dentro del
término legalmente establecido para ello; y (ii) la contestación debe ser clara y efectiva
respecto de lo pedido, de tal manera que permita al peticionario conocer la situación real
de lo solicitado”. En esa dirección también ha indicado que a este derecho se adscriben
tres posiciones: “(i) la posibilidad de formular la petición, (ii) la respuesta de fondo y (iii)
la resolución dentro del término legal y la consecuente notificación de la respuesta al
peticionario”.
Además, la jurisprudencia constitucional ha definido el núcleo esencial de este derecho
bajo los siguientes términos:
7 Título sustituido por la Ley 1755 de 2015.
8 Ley 1755 de 2015, artículo 13. “Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos
de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras
actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la
resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir
copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado,
o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o formación”.
9 Corte Constitucional, sentencia T-206 de 2018. Al respecto, ver sentencias: T-737 de 2005., T-236 de 2005, T-718
de 2005, T-627 de 2005, T-439 de 2005, T-275 de 2006, T-214 de 2005, T-867 de 2013, T-268 de 2013 y T-083 de
2017, entre otras.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
5
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01785-00
Accionante: Luis Emilio Yáñez Soledad
“El núcleo esencial de un derecho representa aquellos elementos intangibles
que lo identifican y diferencian frente a otro derecho, los cuales no pueden
ser intervenidos sin que se afecte la garantía. En el derecho de petición, la
Corte ha indicado que su núcleo esencial se circunscribe a: i) la formulación
de la petición; ii) la pronta resolución, iii) respuesta de fondo y iv) la
notificación al peticionario de la decisión”10.
De otro lado, si quien recibe la solicitud considera que no tiene competencia para
contestarla, debe informar de inmediato al interesado, ya sea verbalmente o por escrito,y
proceder con la remisión de esta al competente y enviar copia del oficio remisorio al
peticionario. En caso de no existir funcionario competente, así deberá comunicarlo11.
Por lo tanto, una autoridad debe, frente a una petición respetuosa, responderla de fondoy
de manera congruente a lo solicitado; requerir que sea completada si considera que es
necesario, para luego resolverla de fondo; o remitirla a quien tenga competencia,
explicando las razones de su decisión; dentro de los términos previstos en la ley.
Otro punto para destacar es que a través de la Ley 1755 de 201512 se reguló el término
para resolver las peticiones presentadas en general, el cual es de quince (15) días
después de su recepción. Ahora bien, cuando se solicitan documentos o información se
deberá resolver dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción y si no se le da
respuesta al peticionario, se entenderá que la solicitud ha sido aceptada y por ende las
copias se entregarán dentro de los 3 días siguientes. Por su parte, el artículo 20 ibídem
prevé sobre la atención prioritaria a las peticiones de reconocimiento de un derecho
fundamental cuando estas deban ser resueltas para evitar un perjuicioirremediable al
peticionario.
Asimismo, es menester de la Sala indicar que, de conformidad con la sentencia T-230
de 202013, debe distinguirse los tipos generales de manifestaciones, que, en principio,
supondrían el ejercicio del derecho de petición, así como aquellas que no se encuentran
amparadas en esta garantía constitucional:
Manifestaciones del derecho de petición
Se puede presentar en diferentes supuestos: cuando se pretende
Petición de interés que la autoridad intervenga en la satisfacción de necesidades de
Según el general los miembros de la sociedad, o como forma de participación del
interés que ciudadano en la función pública, entre otros.
persigue
Petición de interés A través de su uso se persigue el reconocimiento o la garantía de
particular derechos subjetivos.
10 Corte Constitucional, sentencia C-951 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
11 Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011.
12 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” junio 30 de 2015.
13 Sentencia T-230/2020; Ref.: Expediente T-7.040.215 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, Bogotá D.C., siete (7) de
julio de dos mil veinte (2020).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
6
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01785-00
Accionante: Luis Emilio Yáñez Soledad
Solicitud de Tienen el objeto de obtener acceso a la información o
información o documentos relativos a la acción de las autoridades
documentación correspondientes
Actuación que impulsa una persona para exigir a la autoridad el
Cumplimiento de un
cumplimiento de una función o un deber consignado en las
deber constitucional o
normas que lo rigen, sin necesidad de iniciar un procedimiento
legal
judicial para tal efecto.
Garantía o El requerimiento se encamina al reconocimiento de un derecho o
reconocimiento de un a la garantía del mismo a partir de una actuación de la autoridad
derecho respectiva.
Se formula a efectos de que la autoridad presente su punto de
vista, concepto u opinión respecto de materias relacionadas con
sus atribuciones. La respuesta de este tipo de petición no supone
Consulta la configuración de un acto administrativo, toda vez que lo
Según la remitido por la autoridad no es vinculante, ni produce efectos
pretensión jurídicos y contra ella no proceden recursos administrativos o
que invoca acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Comunicación en la que se manifiesta una inconformidad o
Queja descontento en relación con una conducta o acción de las
autoridades en el desarrollo de sus funciones.
Poner en conocimiento de la autoridad respectiva una conducta,
Denuncia con el fin de que, si así lo estima y por las vías pertinentes, se
adelante la investigación que corresponda.
Es la exigencia o demanda de una solución ante la prestación
Reclamo
indebida de un servicio o falta de atención de una solicitud.
Figura jurídica a través de la cual se controvierten decisiones de
Recurso
la administración para que las modifique, aclare o revoque.
En suma, el derecho de petición adquiere real importancia, por cuanto es considerado
como un instrumento fundamental con el que cuenta el Estado para hacer efectiva la
democracia participativa, pues con fundamento en este, los ciudadanos pueden acudir
ante autoridades con el fin de informarse y hacer efectivos los demás derechos
fundamentales.
5. Caso concreto
El estudio de las pruebas documentales aportadas por los intervinientes, demuestran lo
siguiente:
5.1. El accionante presentó escrito de petición el 14 de noviembre de 202414 dirigido al
Ministerio de Justicia y el Derecho, a la “embajada de Colombia”, al Ministerio del Interior
y al Presidente de la República. Allí, identificó como asunto “se sirva enviar esta demanda
ante la comisión interamericana de derechos humanos. ORGANIZACIÓN DE LOS
ESTADOS AMERICANOS Washington, D. C. 20006 EEUU y ante la allá”.
14 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 6926D7F7C03E7FAC 854044684C4BE05A D9D10D7688557F35
6CAFC25F30A27F2F.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
7
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01785-00
Accionante: Luis Emilio Yáñez Soledad
El contenido de la petición es el siguiente:
“YO. LUIS EMILIO YÁÑEZ SOLEDAD con cédula de ciudadanía 88263731 de
Cúcuta Colombia defensor de derechos humanos de Colombia visible
haciendo uso de las facultades que me confieren los art 13, 20, 29, de la carta
política administrativo Ley 1437 de 2011, artículo 14 Ley estatutaria 1755 de
2015 — Ley 2207 de 2022, artículo 2 — ley 1712 de 2014? ARTÍCULO 68 dela
ley 1437? actuando en mi propio nombre, Acudo a usted con la finalidad de
solicitarle lo siguiente:
Acudo a usted con el fin de solicitarle el favor de hacer llegar el documento y
las pruebas a la comisión de derechos humanos de la allá y de Washington”.
Asimismo, se aportó una imagen de captura de pantalla que da cuenta que la petición se
remitió a las referidas entidades.
El documento al que aludió el actor se identificó con el asunto “demanda contra
Colombia” y en él solicitó “se ordene al estado colombiano garantizar la seguridad como
defensor de derechos humanos y se ordene reparar los daños ocasionados por la
persecución de la fiscalía primera uri de reacción inmediata, procurador Procurador 90
Dr. Jorge Enrique Carvajal Hernández, jecarvajal@procuraduria.gov.co, goez, sijin,
coronel de la policía de norte de Santander. Ya que llevan una persecución en mi contra
donde realizan allanamiento sin contar con las medidas de protección del debido proceso
ni protección a los derechos de los niños”.
5.2. La Cancillería de Colombia dio respuesta a la petición a través del oficio S-GAPDH-
24-031294 del 20 de noviembre de 202415, mediante el cual indicó que “los hechos
relatados y sus anexos no son competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, de
acuerdo con las funciones asignadas mediante el Artículo 59 de la Ley 489 de 1998, en
concordancia con lo establecido en el Artículo 1.1.1.1 del Decreto 1067de 2015, en los
que se indica que el Ministerio de Relaciones Exteriores es el organismo rector del Sector
Administrativo de Relaciones Exteriores, a quien le corresponde, bajo la dirección del
Presidente de la República, formular, planear, coordinar, ejecutar y evaluar la política
exterior de Colombia, las relaciones internacionales y administrar el servicio exterior de
la República”.
Igualmente, señaló que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1755
de 2015 la solicitud fue remitida a las autoridades que tienen competencia sobre los
hechos descritos, de la siguiente manera:
1. Fiscalía General de la Nación: Competencia de adelantar el ejercicio de
la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las
características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de
denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien
15 Ibidem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
8
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01785-00
Accionante: Luis Emilio Yáñez Soledad
suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible
existencia del mismo, otorgada mediante la Constitución Política 1991.
2. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: que tiene la competencia
trabajar por la prevención y protección integral de la primera infancia,
infancia y adolescencia, el fortalecimiento de los jóvenes y las familias en
Colombia, otorgada mediante la Constitución Política 1991. Además, por
ser una de las entidades requeridas.
5.3. La Presidencia de la República16 expidió el oficio con radicado OFI24-00229338 /
GFPU 13150000 del 21 de noviembre de 2024, mediante la cual, indicó al actor que, bajo
la égida del artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, había remitido por competencia la
petición a la Defensoría del Pueblo.
Luego, mediante la comunicación identificada con el número OFI25-00066081 / GFPU
13150000 del 7 de abril de 2025 dicha entidad complementó la respuesta para indicar,
por un lado, que la remisión por competencia de la petición a la Defensoría del Pueblo
no resultaba violatoria de sus derechos fundamentales. Por otro, informó que era
improcedente remitir el escrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bajo
las siguientes razones:
“Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, se colige que la negativa de esta
entidad en no enviar directamente la petición a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos no constituye de ninguna manera una violación a los
derechos fundamentales de petición, a la dignidad humana, de acceso a la
administración de justicia, a la buena fe, a la igualdad y al debido proceso,
debido a que el mismo peticionario, de forma directa y a través de los canales
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, puede radicarla. La acción
del Estado en nada bloquea, impide o dificulta que el peticionario radique su
denuncia como aduce de manera errónea la parte demandante.
Adicionalmente, es menester que la Presidencia de la República se niegue a
la petición debido a que el potencial sujeto procesal que sería investigado es
el propio Estado colombiano, representado internacionalmente por la rama
ejecutiva que lidera la Presidencia de la República. En caso de aceptar la
petición se constituiría una situación en la que, previo a la etapa procesal
pertinente para aceptar o rechazar la demanda, el propio Estado remitiera una
denuncia contra sí mismo, exponiendo con ello a la Nación.
(…)
Respuesta
En mérito de lo expuesto con anterioridad, se procede a dar respuesta de fondo
de manera desfavorable a la petición del señor Luis Emilio Yánez Soledad
referente a: "(...) se sirva enviar esta demanda ante la comisión interamericana
de derechos humanos. ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
(...)", debido a que el peticionario está legal y fácticamente habilitado para
elevar su petición al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuestión
16 Índice 00014 del aplicativo SAMAI
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
9
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01785-00
Accionante: Luis Emilio Yáñez Soledad
que no debería hacer la Presidencia de la República dado que,
potencialmente, el Estado colombiano, que esta representa, sería parte
procesal contra el peticionario. Con esta respuesta se resuelve la petición
conforme a los requisitos establecidos en la ley y la jurisprudencia”.
La entidad también aportó la constancia de notificación de las comunicaciones. Esta se
realizó a través su envío al buzón electrónico motor03011983@gmail.com que fue
informado por el actor en la petición del 14 de noviembre de 2024 como canal habilitado
para tal efecto.
5.4. La Defensoría del Pueblo17 remitió al actor el oficio de fecha 5 de diciembre de
2024 identificado con el número de radicado 202400407007211331, en el que le indicó:
“En atención al derecho de petición presentado por usted, dirigido al
Presidente de la República, y en virtud de lo expuesto desde la Delegada, nos
permitimos informarle que tiene la posibilidad de acudir al sistema
interamericano de derechos humanos, sin necesidad de interponer dicha
solicitud ante al Presidente. En este sentido, le asiste el derecho de acceder a
la justicia a través de dicho sistema.
Ahora bien, en caso de requerir asistencia por parte de la Defensoría del
Pueblo, puede dirigirse a la Defensoría Regional de Norte de Santander (…)
donde se le brindará asesoría y acompañamiento de manera gratuita,
conforme a los derechos que le asisten”.
Esta respuesta fue allegada por el actor como anexo del escrito de tutela y, por ende,
demuestra su notificación.
5.5. El Ministerio del Interior18 remitió al accionante correo electrónico del 14 de
noviembre de 2024, en el que indicó: “Cordial saludo este comunicado al Ministerio del
Interior le solicitamos amablemente que nos indique con claridad cuál es la gestión que
usted requiere de este Ministerio o enviar aclaración de la dependencia a la cual se dirige
su solicitud para darle trámite. Ya que su solicitud no cuenta con oficio remisorio al
Ministerio del Interior ni es clara su petición para dar trámite gracias”. En respuesta, el
accionante insistió en “enviar la demanda ante la comisión de derechos humanos”.
5.6. Por otro lado, el actor remitió el escrito de denuncia al correo electrónico de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 14 de noviembre de 202419, como se
observa en la siguiente imagen:
17 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 6926D7F7C03E7FAC 854044684C4BE05A D9D10D7688557F35
6CAFC25F30A27F2F.
18 Ibidem.
19 Ibídem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
10
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01785-00
Accionante: Luis Emilio Yáñez Soledad
5.7. De conformidad con los elementos de pruebas relacionados anteriormente, la Sala
establece el siguiente contexto:
• El actor presentó una petición ante el Ministerio de Justicia y del Derecho, el
Ministerio del Interior, la Cancillería y la Presidencia de la República el 14 de
noviembre de 2024. Solicitó a todas las entidades remitir a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, una denuncia, que, a título personal
formularía contra el Estado de Colombia.
• La Cancillería remitió el escrito a la Fiscalía General de la Nación y al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar. Estas entidades no acreditaron haber resuelto
de fondo la petición. El Ministerio de Justicia y del Derecho tampoco aportó prueba
sobre una resolución de fondo.
• El Ministerio del Interior solicitó al actor aclarar los fundamentos de la petición. El
accionante se limitó a insistir en la remisión de la denuncia a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
• La Presidencia de la República remitió inicialmente la solicitud a la Defensoría del
Pueblo y, esta entidad, mediante oficio del 5 de diciembre de 2024 emitió una
respuesta de fondo.
• La Presidencia notificó el accionante el oficio del 7 de abril de 2025 en el que
expuso las razones por las cuales no era procedente radicar la denuncia ante la
Comisión.
5.8. Por un lado, la Sala advierte que la Defensoría del Pueblo decidió la petición del
actor con el oficio del 5 de diciembre de 2024. Esta actuación se presentó antes de que
fuese radicada la acción de tutela que fue asignada al Juzgado Segundo de Ejecución
de Penas y Medidas de San José de Cúcuta (8 de enero de 2025).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
11
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01785-00
Accionante: Luis Emilio Yáñez Soledad
En consecuencia, no está probada la vulneración del derecho de petición en los
términos expuestos por el actor en la solicitud de amparo, pues el oficio del 5 de
diciembre de 2024 contiene una respuesta clara y congruente con lo solicitado el 14 de
noviembre de 2024. Esto, dado que puso de presente al interesado la posibilidad de
acudir directamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
directamente, sin la intervención del Presidente de la República. Aunado, tal respuesta
fue allegada como anexo de la demanda de tutela.
Es pertinente aclarar que, aunque la Fiscalía General de la Nación y el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar no probaron haber dado una respuesta de fondo, lo
cierto es que la respuesta de la Defensoría del Pueblo decidió la misma solicitud20, y en
este orden, satisface el derecho de petición.
Igualmente, debe advertirse que el requerimiento notificado por el Ministerio del Interior
encuentra fundamento en el artículo 1721 de la Ley 1755 de 2015. En este orden, y dado
que el accionante no allegó el escrito con las aclaraciones requeridas, opera la
consecuencia de desistimiento de la petición prevista en la mencionada norma, situación
que desvirtúa la vulneración del derecho alegada en el libelo tutelar.
5.9. Por otro lado, si bien, la Presidencia de la República había remitido por competencia
la petición del actor, durante el trámite de esta acción constitucional dio respuesta al
accionante mediante oficio del 7 de abril de 2025 en el que decidió de fondo lo solicitado.
Para ello, explicó las razones por las cuales no era procedente que la Presidencia
radicara una denuncia en contra del Estado ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.
En punto a lo anterior, conviene recordar que, de conformidad con lo previsto en la
jurisprudencia constitucional, la carencia actual de objeto es el fenómeno procesal que
se presenta cuando la acción de tutela pierde “su razón de ser” debido a la “alteración o
el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la presunta vulneración
de los derechos”22. Esto implica que cualquier orden del juez caería en el vacío 23. Al
respecto, la Corte ha sostenido que el juez constitucional no es “un órgano consultivo
que emite conceptos o decisiones inocuas una vez ha dejado de existir el objeto jurídico,
20 Se resala que la petición que recibieron todas las entidades involucradas tenía identidad de objeto.
21 “Artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad
constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su
cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley,
requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el
término máximo de un (1) mes. A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes
requeridos, se reactivará el término para resolver la petición. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su
solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite
prórroga hasta por un término igual. Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya
cumplido el requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto
administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición,
sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales”.
22 Sentencia SU-522 de 2019. Igualmente, SU-655 de 2017, SU-255 de 2013 y SU-540 de 2007.
23 Sentencia SU-522 de 2019
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
12
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01785-00
Accionante: Luis Emilio Yáñez Soledad
sobre escenarios hipotéticos, consumados o ya superados”24. Lo anterior, teniendo en
cuenta que la acción de tutela “tiene un carácter eminentemente preventivo más no
indemnizatorio”25, de modo que la intervención del juez de tutela solo será procedente
cuando sea necesario desde un punto de vista constitucional.
Así mismo, la Corte Constitucional ha precisado que el hecho superado se presenta
cuando “aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido
antes de que el mismo diera orden alguna”26. En criterio de esa corporación, este
supuesto “se configura cuando la pretensión de la acción de tutela se cumple antes de
que se profiera una orden de amparo y por la actuación voluntaria de los accionados
dentro del proceso. Es importante indicar que esta alternativa puede presentarse hasta
antes del fallo en sede de revisión ante la Corte Constitucional” 27
En estos casos, el juez debe verificar que “(i) efectivamente se ha satisfecho por
completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela; (ii) y que la entidad
demandada haya actuado (o cesado en su accionar) a motu proprio, es decir,
voluntariamente”28.
A partir del análisis de la respuesta emitida por la Presidencia de la República se advierte
la ocurrencia de un hecho superado, en la medida que la actuación se presentó después
de la interposición de la acción de tutela y antes de que se profiriera fallo de primera
instancia, lo que implica que desparecieron las circunstancias en las que se sustentó la
vulneración de la garantía fundamental de la parte actora, por lo que la solicitud de
amparo ha perdido su razón de ser como mecanismo extraordinario de protección
judicial, y cualquier orden que profiera el juez de tutela resultaría inane.
6. Conclusión
Conforme a las consideraciones precedentes esta corporación i) negará al amparo del
derecho de petición en relación con el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Cancillería
de Colombia, el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo y; ii) declarará la
carencia actual de objeto por hechos superado respecto a la Presidencia de la República.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
24 Sentencia SU-255 de 2013
25 Sentencia SU-522 de 2019.
26 Sentencias T-242 de 2016, T-170 de 2009, T-1130 de 2008, T-1090 de 2005 y T-630 de 2005.
27 Sentencia SU-522 de 2019.
28 Sentencia SU-522 de 2019.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
13
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01785-00
Accionante: Luis Emilio Yáñez Soledad
FALLA
PRIMERO: NEGAR el amparo del derecho de petición del señor Luis Emilio Yáñez
Soledad respecto al Ministerio de Justicia y del Derecho, la Cancillería de Colombia, el
Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo.
SEGUNDO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por el actor
por carencia actual de objeto por hecho superado, frente a la Presidencia de la
República.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el
medio más expedito.
CUARTO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y Cúmplase
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
SFGS
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
14
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.