Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01786-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01786-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-01786-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
23 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01786-00
Accionante: SAIR ANTONIO URBANES APARICIO
Autoridad: CONSEJO DE ESTADO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-Los argumentos de la solicitud carecen de carga argumentativa en cuanto a la vulneración
de derechos fundamentales. INMEDIATEZ-Su desconocimiento desvirtúa el carácter urgente del amparo.
La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por el accionante contra el Consejo
de Estado-Sección Quinta.
ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El 26 de marzo de 2025, Sair Antonio Urbanes Aparicio, en nombre propio, interpuso
acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales
a elegir y ser elegido, al debido proceso y a la igualdad, que considera vulnerados
por el Consejo de Estado-Sección Quinta, al haber proferido las sentencias del 20
de marzo de 2025 y 9 de mayo de 2024, en el marco de los procesos de nulidad
electoral1 que adelantó Ximena Echavarría Cardona contra el Consejo Nacional
Electoral-CNE, al haber expedido la Resolución No. 16439 del 13 de diciembre de
2023, que reconoció la personería jurídica del partido político Soy Porque Somos, y
las No. 5527 del 15 de diciembre de 2022 y 1929 del 8 de marzo de 2024, que
reconoció la personería jurídica del partido político En Marcha y ordenó la inscripción
1 Identificado con número de radicado: 11001-03-28-000-2024-00126-00 y 11001-03-28-000-2023-00038-00.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-01786-00
Accionante: Sair Antonio Urbanes Aparicio
Acción de tutela – Primera instancia
del mismo en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos,
respectivamente.
En virtud del amparo, solicita que los derechos alegados sean tutelados y, en
consecuencia, se dejen sin efectos las providencias reprochadas. Pide que se
ordene a la autoridad accionada a que revise las decisiones reprochadas y:
«Se garantice el derecho a la participación política de los ciudadanos que se
identifican con estos partidos, permitiéndoles postular candidatos y participar en el
debate político de manera plena.
Se analice la posibilidad de aplicar medidas cautelares dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, en caso de que se presente por parte de los partidos
políticos afectados o de ciudadanos con interés legítimo.»
2. Hechos relevantes
El 25 de abril de 2024, Ximena Echavarría Cardona incoó el medio de control de
nulidad electoral contra el Consejo Nacional Electoral-CNE, al haber expedido la
Resolución 16439 del 13 de diciembre de 2023, por medio de la cual reconoció
personería jurídica al movimiento político Soy Porque Somos. El asunto fue conocido
por el Consejo de Estado-Sección Quinta quien, por sentencia del 20 de marzo de
2025, accedió a las pretensiones.
Previo a lo anterior, el 7 de junio de 2023, la misma actora incoó también el medio
de control de nulidad electoral contra el Consejo Nacional Electoral-CNE, al haber
expedido las Resoluciones No. 5527 del 15 de diciembre de 2022 y No. 1929 del 8
de marzo de 2023 quien, por medio de estas, reconoció personería jurídica al partido
político En Marcha y ordenó su inscripción en el Registro Único de Partidos y
Movimientos Políticos con personería jurídica. El asunto fue conocido en única
instancia por el Consejo de Estado-Sección Quinta quien, por sentencia del 9 de
mayo de 2024, accedió a las pretensiones.
3. Fundamentos de la solicitud
El accionante considera que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales a elegir y ser elegido, al debido proceso y a la igualdad, al proferir las
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-01786-00
Accionante: Sair Antonio Urbanes Aparicio
Acción de tutela – Primera instancia
providencias reprochadas. Manifiesta que es simpatizante de los partidos políticos
perjudicados y que, por lo tanto:
«Esta decisión afecta directamente mi derecho fundamental a la participación
política, consagrado en el artículo 40 de la Constitución, ya que como ciudadano
colombiano y simpatizante de dichos partidos, se me limita la posibilidad de elegir y
ser elegido.
(...) impide la presentación de candidatos bajo la plataforma política de estos
movimientos, restringiendo el pluralismo político y la libre expresión democrática.
La anulación de la personería jurídica impide la presentación de candidatos bajo la
plataforma política de estos movimientos, restringiendo el pluralismo político y la libre
expresión democrática.
Al eliminar estas organizaciones del escenario político sin garantizar una adecuada
protección a los derechos fundamentales de sus afiliados y simpatizantes, se vulnera
el principio de participación democrática.
(…) restringiendo la representatividad y debilitando la democracia participativa.»
Sostiene que como colombiano se ve afectado de forma directa al no contar:
«con plataformas políticas que reflejen mis intereses y valores, lo que restringe mi
derecho a participar en la construcción de políticas públicas y decisiones de gobierno.
Además, se coarta la posibilidad de postularme a cargos de elección popular a través
de estos partidos, afectando gravemente mi derecho a ser elegido.»
4. Trámite procesal
El 7 de abril de 2025 se admitió la acción de tutela, se ordenó su notificación a la
autoridad judicial accionada, así como al Consejo Nacional Electoral-CNE y a
Ximena Echavarría Cardona, en calidad de terceros con interés. También se
comunicó la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo
de su cargo.
En el escrito de contestación, el Consejo de Estado-Sección Quinta solicitó que se
declare improcedente la acción. Adujo que no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional por cuanto no fundamentó lo planteado con la suficiente
carga argumentativa. Sostiene que se trata de un simple descontento con las
decisiones que reprocha. Planteó también que el accionante no cumplió con el
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-01786-00
Accionante: Sair Antonio Urbanes Aparicio
Acción de tutela – Primera instancia
requisito general de inmediatez respecto de la decisión del 9 de mayo de 2024, pues
esta quedó debidamente ejecutoriada el 27 de mayo de 2024. También remitió copia
digital del expediente ordinario.
El Consejo Nacional Electoral-CNE solicitó que se declare su falta de legitimación en
la causa por pasiva. Adujo que no es la autoridad llamada a responder por los
reproches expuestos en el escrito de amparo y afirmó que no incurrió en la
vulneración de los derechos que plantea el accionante.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra las
providencias del 20 de marzo de 2025 y 9 de mayo de 2024, en el marco de los
procesos de nulidad electoral que accedieron a declarar nulas las resoluciones que
otorgaron personería jurídica a unos partidos políticos respecto de los cuales el
accionante manifiesta ser simpatizante.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la solicitud con arreglo a lo dispuesto por
el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019
de la Sala Plena de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental2. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
2 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-01786-00
Accionante: Sair Antonio Urbanes Aparicio
Acción de tutela – Primera instancia
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela3.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.
Relevancia constitucional
La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional4: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
3 Ibidem.
4 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-01786-00
Accionante: Sair Antonio Urbanes Aparicio
Acción de tutela – Primera instancia
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:
«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de
la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal».
Inmediatez
La acción de tutela es un mecanismo residual para la protección inmediata de
derechos fundamentales y un remedio de aplicación urgente. Si el amparo se dirige
contra una providencia judicial, en cumplimiento del requisito de inmediatez, la
jurisprudencia constitucional ha considerado que se debe interponer dentro de los
seis meses siguientes a la notificación de la providencia que se impugna en tutela5.
Caso concreto
El accionante considera que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales a elegir y ser elegido, al debido proceso y a la igualdad, al proferir las
providencias cuestionadas. Manifiesta que, como simpatizante de los partidos
políticos afectados, se limitaron de forma directa los derechos que aduce, así como
el principio a la libre expresión democrática. También afirma que se ve coartada la
posibilidad de postularse a cargos de elección popular a través de estos partidos
políticos.
La Sala advierte que el accionante se limitó a la enunciación de los derechos
fundamentales que considera transgredidos, sin plantear razones suficientes que
permitan una revisión del núcleo esencial de los derechos en contienda o el alcance
de disposiciones constitucionales relativas a esos derechos, con ocasión a la
vulneración que el solicitante manifiesta. De ahí que la discusión planteada en el
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Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-422 del 16 de octubre de 2018 [fundamento jurídico 49].
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-01786-00
Accionante: Sair Antonio Urbanes Aparicio
Acción de tutela – Primera instancia
escrito de tutela, se reitera, está motivada en el simple desacuerdo con el contenido
de las providencias dictadas por el juez natural. La vulneración debe estar justificada
con la carga argumentativa mínima suficiente que permita al juez de tutela valorar la
procedencia de la solicitud. Esto, además, en procura del respeto de los principios
de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la garantía de independencia y autonomía
de los jueces, como elementos fundamentales para el cimiento de la actividad judicial
del Estado.
No basta con expresar el descontento con la providencia judicial que se cuestiona,
pues para proceder a revisar la procedibilidad de la acción de tutela, en estos casos,
el accionante debe cumplir con expresar lo acusado con fundamento en una carga
argumentativa mínima de lo que reprocha. Esto, en atención a la necesidad de fijar
el marco de revisión del Juez Constitucional6, so pena de la declaración de
improcedencia de la acción de tutela, por incumplimiento de dicho requisito, como
ocurre en el caso en cuestión.
Adicional a lo anterior, resulta menester plantear que la acción no cumple con el
requisito de inmediatez, en relación con los reproches expuestos contra la sentencia
del 9 de mayo de 2024. Esto, pues la decisión fue notificada al día siguiente de la
fecha de la providencia y quedó debidamente ejecutoriada el 20 de mayo posterior
(índice 108, SAMAI). La demanda de tutela fue formulada el 26 de marzo de 2025,
superando el término de 6 meses establecido en la jurisprudencia unificada, pacífica
y reiterada por esta Corporación, para la presentación de acciones de tutela dirigidas
contra providencia judicial.
El accionante, además, no expuso razones que permitan flexibilizar el requisito de
inmediatez en este asunto, por lo que el amparo no cumple el requisito de inmediatez
y la tutela es improcedente. La Sala también estima que no es posible flexibilizar el
requisito de inmediatez pues, en casos como este, cuando la tutela se dirige contra
una providencia judicial, existe una mayor protección y rigidez al requisito de
inmediatez, el cual garantiza el cumplimiento del principio de seguridad jurídica y
cosa juzgada. Al respecto, la Corte ha señalado que:
6 Corte Constitucional, Sentencia de Unificación SU-316 del 15 de agosto de 2023, M. P. Alejandro Linares
Cantillo.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-01786-00
Accionante: Sair Antonio Urbanes Aparicio
Acción de tutela – Primera instancia
«El artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de tutela podrá
interponerse “en todo momento y lugar”. La Corte Constitucional ha entendido
que por esa razón no es posible establecer un término de caducidad de la
acción de tutela, pues ello sería contrario al artículo citado. Con todo, ha
aclarado que lo anterior no debe entenderse como una facultad para presentar
la acción de tutela en cualquier momento, ya que ello sería contrario a la
seguridad jurídica y desnaturalizaría la acción, concebida como un remedio de
aplicación urgente que demanda una protección efectiva y actual de los
derechos invocados.
Por lo anterior, se ha entendido que la tutela debe presentarse en un término
razonable, pues de lo contrario podrá declararse improcedente. No existen
reglas estrictas e inflexibles para la determinación de la razonabilidad del plazo,
sino que es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, lo que constituye
un término razonable.
La jurisprudencia ha identificado criterios que orientan al juez de tutela a
evaluar, en cada caso, si se ha cumplido con el requisito de la inmediatez. Tales
criterios se relacionan con: (i) La situación personal del peticionario, (ii) el
momento en el que se produce la vulneración, (iii) la naturaleza de la
vulneración, (iv) los efectos de la tutela y (v) la actuación contra la que se dirige
la tutela.
Sobre esta última, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis
de la inmediatez puede variar dependiendo de la actuación que se identifica
como vulneradora de los derechos invocados en la tutela. Específicamente, ha
señalado que este análisis debe ser más estricto tratándose de acciones de
tutela contra providencias judiciales. Al respecto, ha sostenido que “el requisito
de inmediatez tiene una relevancia particular en los casos de tutela contra
providencias judiciales, de manera que la verificación de su cumplimiento debe
ser aún más estricta que en otros casos, por cuanto la firmeza de las decisiones
judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente (…)7»
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de Sair Antonio Urbanes Aparicio
contra el Consejo de Estado-Sección Quinta.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
7 Corte Constitucional, Sentencia SU-391de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-01786-00
Accionante: Sair Antonio Urbanes Aparicio
Acción de tutela – Primera instancia
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
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