Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01796-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01796-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01796-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
17 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01796-01
Referencia: Acción de tutela
ACTORES: EDWIN ARNOLD MORENO CASTIBLANCO Y CORPORACIÓN
JURÍDICA GUARDIANES DE LA DEMOCRACIA
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR FALTA
DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA. LA CORPORACIÓN
JURÍDICA GUARDIANES DE LA DEMOCRACIA NO TIENE INTERÉS
DIRECTO AL INTERIOR DEL PROCESO DE CONSTITUCIONALIDAD
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN D-15989.
SE CONFIRMA LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE EL AMPARO POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO
GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD. EL ACTOR CONTABA CON OTROS MEDIOS
DE DEFENSA JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO DE CONSTITUCIONALIDAD
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN D-15989
PARA LOGRAR LA PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS
FUNDAMENTALES. SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO
POR HECHO SUPERADO. EN EL CURSO DE LA PRESENTE ACCIÓN
DE TUTELA
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO
A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por los actores contra la
sentencia de 5 de mayo de 2025, mediante la cual la SECCIÓN
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TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1,
declaró improcedente la solicitud de amparo respecto a las
pretensiones formuladas por la Corporación Jurídica Guardianes de
la Democracia y negó las pretensiones respecto al señor EDWIN
ARNOLD MORENO CASTIBLANCO.
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
La CORPORACIÓN JURÍDICA GUARDIANES DE LA
DEMOCRACIA, actuando a través de su representante legal y el
señor EDWIN ARNOLD MORENO CASTIBLANCO, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, los cuales, a su juicio, le fueron
vulnerados por la CORTE CONSTITUCIONAL2 como consecuencia
de diferentes actuaciones e irregularidades procesales
1
En adelante la SECCIÓN TERCERA.
2
En adelante la CORTE.
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presuntamente presentadas dentro del proceso de
constitucionalidad identificado con el número único de radicación D-
15989.
I.2.- Hechos
El señor MORENO CASTIBLANCO formuló recusación contra el
magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, dentro del proceso de
constitucionalidad identificado con el número único de radicación D-
15989.
Indicaron que la Corte Constitucional a través de auto 282 del 6 de
marzo de 2025, resolvió rechazar la recusación por impertinente,
debido a la falta de legitimación en la causa por activa del señor
MORENO CASTIBLANCO.
El señor MORENO CASTIBLANCO con posterioridad reiteró la
recusación, aportando pruebas adicionales, en el que además,
solicitó que se declarara la nulidad de todas las actuaciones
procesales a partir del 16 de septiembre de 2024, debido a la
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omisión en el trámite del impedimento de la magistrada Diana
Fajardo Rivera, sin embargo, a la fecha de la presentación de la
acción de tutela, la Corte Constitucional no ha emitido
pronunciamiento alguno.
Expresaron que “[…] Frente a la negativa de la Corte de reconocer
la legitimación activa del accionante Edwin Arnold Moreno
Castiblanco, se suma la coadyuvancia de la Corporación Jurídica
Guardianes de la Democracia, organización de reconocida
trayectoria en la defensa de los derechos políticos y electorales
[…]”.
I.3. Fundamentos de derecho
Indicaron que en los términos de la sentencia C-037 de 1996, el
principio de imparcialidad es un pilar del debido proceso por lo que
“[…] todo juez debe abstenerse de participar en decisiones en las
que su imparcialidad pueda verse razonablemente comprometida
[…]”.
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Expresaron que según la sentencia C-323 de 2006, ha definido que
pueden intervenir en estos procesos de constitucionalidad los
ciudadanos que hayan actuado como impugnadores o defensores
de la norma, en ese orden de ideas, la Corporación Jurídica
Guardianes de la Democracia cumple con este requisito al
representar un colectivo que ha intervenido históricamente en la
defensa de los derechos constitucionales del “[…] electorado
progresista […]”.
Manifestaron que la Corte Constitucional en la sentencia SU-556 de
2019, señaló que la omisión en la valoración de argumentos y
pruebas aportadas en el trámite constitucional vulnera el principio
de contradicción y la garantía de un proceso justo.
I.4.- Pretensiones
Los actores solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“… 1. Se amparen los derechos fundamentales al debido
proceso, la participación ciudadana y el acceso a la administración
de justicia del accionante y de la Corporación Jurídica Guardianes
de la Democracia.
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2. Se declare la nulidad de todas las actuaciones procesales
adelantadas en el expediente D-15989 a partir del 16 de
septiembre de 2024, por haberse vulnerado las garantías
procesales relacionadas con la tramitación de los impedimentos y
recusaciones, así como por la omisión de valoración del memorial
radicado el 19 de marzo de 2025.
3. Se ordene a la Corte Constitucional emitir un pronunciamiento
expreso y de fondo sobre la solicitud radicada con número ECC-
2025-002639, respetando el derecho fundamental de
contradicción y participación ciudadana.
4. Se ordene el apartamiento inmediato del Magistrado Jorge
Enrique Ibáñez Najar del conocimiento del expediente D-15989,
garantizando el principio de imparcialidad en el trámite de la
demanda de inconstitucionalidad […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- La CORTE señaló que “[…] la presente acción de tutela no
está llamada a prosperar en lo que refiere a la vulneración de los
derechos fundamentales que reclama el ciudadano Edwin Arnold
Moreno Castiblanco pues, como se explicó previamente, su escrito
del 19 de marzo del 2025 está siendo atendido en el marco de un
trámite judicial que se encuentra en curso, hecho que, de ninguna
manera, puede suponer un actuar poco diligente o inoportuno de
esta Corte y, mucho menos omisivo, máxime cuando su nuevo
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requerimiento fue radicado ante esta Corporación hace menos de
un mes y su resolución depende del trámite que se le imparta al
interior del proceso judicial correspondiente […]”.
Expresó que, mediante el mencionado auto 282 de 2025, la Sala
Plena encontró que el señor MORENO CASTIBLANCO no se
encontraba legitimado en la causa para promover una recusación
contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar en el marco del
expediente de constitucionalidad D-15989, toda vez que aquel no
intervino como impugnador o defensor de la norma sometida a
control constitucional.
Por último, adujo que “[…] en lo que respecta a la Corporación
Jurídica “Guardianes de la Democracia” se solicita, declarar la
improcedencia de la acción por falta de legitimación en la causa por
activa […]”.
I.6.- Interviniente
I.6.1.- La AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL
ESTADO pese a ser notificado en debida forma, guardó silencio.
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II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN TERCERA, mediante sentencia de 5 de mayo de 2025
resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela frente
a la Corporación Jurídica Guardianes de la Democracia, y en
relación con las pretensiones de nulidad y «apartamiento» del
magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, respecto del trámite de
control de constitucionalidad D-15989, por lo razonado en las
consideraciones.
SEGUNDO. Negar el amparo deprecado respecto de la solicitud de
recusación y de nulidad presentada el 19 de marzo de 2025,
conforme a lo señalado en la parte motiva […]”.
Consideró que la solicitud de recusación y de nulidad
presuntamente desatendida fue presentada por el señor EDWIN
ARNOLD MORENO CASTIBLANCO y no por la Corporación
Jurídica Guardianes de la Democracia, por lo que los únicos
derechos fundamentales cuya vulneración se discute son los del del
mencionado ciudadano, en ese orden de ideas, tal Corporación
carece de legitimación en la causa por activa.
Adujo que “[…] aunque dicha corporación se identificó como
coadyuvante, no expuso ninguna circunstancia de la cual se infiera
su interés legítimo en el asunto, lo cual, en virtud de lo establecido
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en el artículo 13 del Decreto 2591 de 19916, constituye una
exigencia para admitir la coadyuvancia en el trámite de tutela. Así,
ni siquiera puede aceptarse su intervención en la calidad aludida
[…]”.
Ahora bien, frente al fondo del asunto, específicamente que se
declare la nulidad de lo actuado en el trámite de control abstracto
de constitucionalidad D-15989, adujo que no se cumplía con el
requisito general de subsidiariedad, teniendo en cuenta que el
señor MORENO CASTIBLANCO en los términos del artículo 49 del
Decreto Ley 2067 de 4 de septiembre de 19913, contaba con la
posibilidad de presentar nulidades ante la Corte Constitucional.
De igual manera, frente a la pretensión de que se ordenara el
«apartamiento» inmediato del magistrado Jorge Enrique Ibáñez
Najar del referido trámite, consideró que el actor contaba con otros
medios idóneos, como lo es la respectiva recusación al interior del
mencionado proceso de constitucionalidad.
Por último, respecto a la falta de respuesta a las solicitudes de
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“Por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la
corte constitucional”.
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recusación y de nulidad presentadas el 19 de marzo de 2025, la
Corte Constitucional dio trámite al día siguiente de sus
presentaciones.
Expresó que “[…] ese alto tribunal tiene pendiente la resolución de
ocho solicitudes adicionales a la del accionante, dentro de un
trámite que posee una complejidad especial, no sólo por su objeto -
el control abstracto de constitucionalidad-, sino porque demanda la
intervención de la totalidad de los magistrados de la corporación e
involucra un asunto de gran trascendencia social: la reforma
pensional introducida a través de la Ley 2381 de 2024 […]”, por lo
que es razonable que las solicitudes de 19 de marzo de 2025, no
hubieran sido resueltas de forma inmediata.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El señor EDWIN ARNOLD MORENO CASTIBLANCO impugnó la
sentencia proferida por la SECCIÓN TERCERA, en los siguientes
términos:
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Indicó que “[…] Contra la errónea apreciación de la Subsección
sobre la improcedencia de la tutela por supuesta “falta de
legitimación en la causa” de la Corporación Jurídica Guardianes de
la Democracia, solicito dejar constancia de que la acción fue
presentada también en mi propio nombre. No se cuestiona mi
legitimidad individual. Por el contrario, como titular de los derechos
invocados –relacionados con el debido proceso, la participación
ciudadana y el acceso a la justicia–, tengo interés directo y actual
en su protección […]”.
Expresó que “[…] El quejoso soy exclusivamente yo; la acción se
formuló a mi nombre –y así se lo hice saber al Consejo de Estado–,
por lo que su anulación sustantiva por “falta de legitimidad” no
procede […]”.
Señaló que en el caso sub examine, si se acreditó el cumplimiento
del requisito general de subsidiariedad.
Expresó que presentó oportunamente un incidente de recusación,
debidamente fundamentado y con pruebas contra el magistrado
Jorge Enrique Ibáñez Najar en el trámite de la demanda de
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inconstitucionalidad de la Ley 2381 de 2024, sin embargo, la Corte
omitió emitir pronunciamiento alguno.
Manifestó que “[…] Solicitar tutela ante tal omisión fue el único
medio para evitar un perjuicio grave e irreparable a mis derechos
fundamentales […]”.
Señaló que “[…] Aunque el fallo reconoce formalmente que se
radicó un memorial el 19 de marzo de 2025 en el cual reiteró y
reforzó la recusación contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez
Najar (véase párr. 7 de la sentencia), la providencia se limita a
concluir, sin análisis material alguno, que la Corte Constitucional
“dio trámite” al escrito porque lo circuló internamente a sus
magistrados el 20 de marzo […]”.
Afirmó que la sentencia proferida en primera instancia adolece de
falta de motivación toda vez que las afirmaciones de que, i) la
solicitud fue informada internamente a los magistrados el 20 de
marzo y de que la; ii) Corte tenía ocho solicitudes más pendientes,
“[…] por sí solas, no refutan ni desvirtúan el núcleo de la acción de
tutela, que no era la falta de conocimiento del escrito, sino la
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ausencia de pronunciamiento jurídico frente a la recusación fundada
en elementos objetivos y relevantes, como usted expuso en su
memorial del 19 de marzo […]”.
Adujo que “[…] El escrito de recusación constituye una prueba
válida, legítima, pertinente y bien fundamentada que acredita
objetivamente que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez fue elegido
con el respaldo mayoritario de los partidos políticos que han sido
históricamente opositores al gobierno actual. Dado su rol como
ponente en la acción pública contra una ley de iniciativa
presidencial, este contexto es suficiente para plantear una duda
razonable sobre su imparcialidad, cuya omisión en el trámite por
parte de la Corte justifica plenamente el amparo constitucional por
tutela […]”.
La Corporación Jurídica Guardianes de la Democracia impugnó
la sentencia proferida por la SECCIÓN TERCERA, en los siguientes
términos:
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Indicó que “[…] El Consejo de Estado declaró erróneamente
improcedente la acción de tutela interpuesta por nuestra
Corporación por supuesta falta de legitimación activa […]”.
Afirmó que está acreditado un interés legítimo en este proceso,
teniendo en cuenta que es una organización que defiende los
derechos fundamentales relacionados con la “[…] participación
democrática y la protección efectiva de derechos colectivos y
sociales, especialmente en el contexto del control constitucional
[…]”.
Adujo que la legitimación en la causa por activa en el caso sub
examine, se encuentra respaldada en las sentencias T-229 de 1995
y C-379 de 2016, que reconocen el papel fundamental que
desempeñan las organizaciones sociales en la vigilancia del ejercicio
del poder público y la protección del Estado social de derecho.
Afirmó que el juez constitucional de primera instancia se equivocó a
al considerar que existía un mecanismo idóneo alternativo para
atender la recusación y nulidad formuladas, sin embargo, la Corte
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Constitucional no ha resuelto de fondo estas solicitudes
oportunamente, evento que genera un perjuicio irremediable al
comprometer la imparcialidad judicial y afectar directamente la
legitimidad y validez del proceso constitucional.
Manifestó que “[…] La sentencia impugnada presenta graves
deficiencias en su motivación, pues no realizó un análisis sustancial
del contenido y las pruebas aportadas en la recusación y solicitud
de nulidad radicadas el 19 de marzo de 2025, incumpliendo el
estándar de motivación exigido por la Corte Constitucional en su
Sentencia SU-556 de 2019, según la cual toda decisión judicial
debe analizar y valorar adecuadamente las pruebas y argumentos
presentados por las partes […]”.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591
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de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de
tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de
2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de
2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de negocios entre las secciones.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los
derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo
42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991 4. Dicha
acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo
procede cuando el afectado no dispone de otros medios de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras
a evitar un perjuicio irremediable.
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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política».
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Caso concreto
Los actores instauraron la acción de tutela con el fin de obtener el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, los cuales, a su juicio, le
fueron vulnerados por la CORTE como consecuencia de diferentes
actuaciones e irregularidades procesales presentadas
presuntamente dentro del proceso de constitucionalidad identificado
con el número único de radicación D-15989.
Indicaron que en los términos de la sentencia C-037 de 1996, el
principio de imparcialidad es un pilar del debido proceso por lo que
“[…] todo juez debe abstenerse de participar en decisiones en las
que su imparcialidad pueda verse razonablemente comprometida
[…]”.
Expresaron que con según con lo establecido en la sentencia C-323
de 2006, pueden intervenir en estos procesos de constitucionalidad
los ciudadanos que hayan actuado como impugnadores o
defensores de la norma, en ese orden de ideas, la Corporación
Jurídica Guardianes de la Democracia cumple con este requisito al
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representar un colectivo que ha intervenido históricamente en la
defensa de los derechos constitucionales del “[…] electorado
progresista […]”.
Manifestaron que la CORTE en la sentencia SU-556 de 2019, señaló
que la omisión en la valoración de argumentos y pruebas aportadas
en el trámite constitucional vulnera el principio de contradicción y la
garantía de un proceso justo.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 5 de mayo de
2025, declaró improcedente la solicitud de amparo respecto a las
pretensiones formuladas por la Corporación Jurídica Guardianes de
la Democracia y negó las pretensiones respecto del señor EDWIN
ARNOLD MORENO CASTIBLANCO.
Inconforme con lo anterior, los actores impugnaron la decisión
proferida en primera instancia, manifestando su desacuerdo con su
motivación.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
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resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará, si se cumplen con los presupuestos generales de
procedibilidad de la acción de tutela; y, de ser así, se establecerá si
la CORTE vulneró los derechos fundamentales deprecados.
De igual manera, la Sala deberá determinar si la CORPORACIÓN
JURÍDICA GUARDIANES DE LA DEMOCRACIA está legitimado
en la causa por activa para promover la acción de tutela de la
referencia y si frente a la pretensión de que se “[…] ordene a la
Corte Constitucional emitir un pronunciamiento expreso y de fondo
sobre la solicitud radicada con número ECC-2025-002639,
respetando el derecho fundamental de contradicción y participación
ciudadana […]”, se configuró o no la carencia actual de objeto por
hecho superado.
En ese orden de ideas, la Sala abordará el análisis del cumplimiento
del requisito de legitimación en la causa por activa, la configuración
en el caso sub examine de la carencia actual de objeto por hecho
superado; y examinará el cumplimiento de los requisitos generales
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de procedencia de la acción de tutela, en especial, el requisito de
subsidiariedad.
La legitimación en la causa por activa en las acciones de
tutela
El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona
podrá ejercer la acción de tutela en nombre propio o mediante
apoderado para obtener la protección inmediata de sus derechos
fundamentales.
En relación con la legitimación en la causa por activa, el artículo
10° del Decreto 2591 de 19915 preceptúa:
“[…] Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela
podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular
de los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse
en la solicitud.
5
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
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También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los
personeros municipales […]”.
De la norma transcrita, se desprende que quien promueve acción
de tutela puede hacerlo i) en nombre propio, actuando por sí mismo
o mediante apoderado, o ii) a través de la figura de la agencia
oficiosa, caso en el cual se debe manifestar expresamente tal
circunstancia, además de demostrar las razones por las cuales el
agenciado no está en capacidad de ejercer su propia defensa.
La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la
causa por activa constituye un presupuesto de la sentencia de
fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las
partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso
de tutela, de modo que el derecho cuya protección se persigue debe
ser propio del demandante y no de otra persona6.
De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del
requisito de subsidiariedad
6
Sentencia T-086 de 2010; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Caljub.
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El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por
el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo
86 de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia
que «existan otros recursos o medios de defensa judiciales,
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios
será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y
negrillas fuera del texto).
Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues sólo es procedente
cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo
tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en
aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus
derechos.
Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de
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los derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural
idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las
competencias establecidas por el legislador.
No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia
de un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría
intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se
dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer del
fondo del asunto.»7 (Subrayas y negrillas fuera del texto).
Con todo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 8 en reiteradas
oportunidades ha reconocido que cuando se controviertan actos
administrativos referentes al traslado de servidores judiciales, el
juez constitucional de manera excepcional podrá analizar el asunto
de fondo, siempre que tal pronunciamiento resulta ostensiblemente
7 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor Jorge
Iván Palacio Palacio.
8
Sentencias T-060 de 13 de febrero de 2015, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-302 de 10 de
julio de 2019, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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arbitrario, que fuera adoptado de forma intempestiva o que se vean
afectados directamente los derechos fundamentales invocados. En
efecto, el Alto Tribunal Constitucional ha discurrido sobre el
particular de la siguiente manera:
«[…] La Corte Constitucional ha sostenido que, en principio,
la acción procedente para controvertir actos relacionados
con el traslado, es la acción ordinaria respectiva, no
obstante, de manera excepcional ha señalado que podrá
hacerlo el juez de tutela cuando el traslado: «[…] (i) sea
ostensiblemente arbitrario, es decir, carezca de fundamento
alguno en su expedición, (ii) fuere adoptado en forma
intempestiva y, (iii) afecte en forma clara, grave y directa
los derechos fundamentales del actor o de su núcleo familiar
[…] »9.
Esto último sucede cuando la decisión de la administración
amenace de manera grave la situación del trabajador o de
su núcleo familiar, porque «[…] (i) el traslado tenga como
consecuencia necesaria la afectación de la salud del servidor
público o de alguno de los miembros de su núcleo familiar,
especialmente porque en la localidad de destino no existan
condiciones adecuadas para brindarle el cuidado médico
requerido; (ii) cuando la decisión de trasladar al trabajador
es intempestiva y arbitraria y tiene como consecuencia
necesaria la ruptura del núcleo familiar, siempre que no
suponga simplemente una separación transitoria u originada
en factores distintos al traslado o a circunstancias
superables; (iii) cuando quede demostrado que el traslado
pone en serio peligro la vida o la integridad personal del
servidor púbico o de su familia. En los anteriores eventos, la
Corte ha enfatizado que no toda implicación de orden
familiar y económico del trabajador causada por el traslado,
tiene relevancia constitucional y amerita la procedencia del
amparo transitorio. Las circunstancias completas deben
9
Corte Constitucional, sentencia T-109 de 2007.
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revestir particular gravedad, de manera tal que sea
necesario el concurso del juez constitucional para conjurar
un perjuicio irremediable […]»10
La carencia actual de objeto por hecho superado dentro del
marco de la acción de tutela
La figura de la carencia actual de objeto por hecho superado se
encuentra establecida en el artículo 26 del Decreto 2591, al
disponer lo siguiente:
“[…] Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución,
administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la
actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud
únicamente para efectos de indemnización y de costas, si
fueren procedentes […]”.
Ahora bien, la Corte Constitucional en relación con la carencia
actual de objeto por hecho superado, mediante sentencia T-817 de
200511, consideró lo siguiente:
"[…] Ha sostenido esta Corporación en reiterada jurisprudencia,
que cuando hechos sobrevivientes a la instauración de la
acción de tutela, alteran de manera significativa el
supuesto de fáctico sobre el que se estructuró el reclamo
10
Corte Constitucional, sentencia T-264 de 2005.
11
Corte Constitucional, Sentencia T- 817 de 9 de agosto de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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constitucional, al punto que desaparece todo su
fundamento, decae la necesidad de protección actual e
inmediata que subyace a la esencia de la acción. En
consecuencia, el juez constitucional queda inhibido para
proferir una orden orientada al restablecimiento del orden
constitucional quebrantado […]”. (Se resalta).
Sobre el mismo punto, la Sala de esta Sección ha considerado
que12:
“[…] Al respecto, valga reiterar que es clara la posición
adoptada por parte del Consejo de Estado y la Corte
Constitucional, en cuanto a que la decisión del juez de tutela
pierde o carece de objeto cuando, al momento de proferir
sentencia, se advierte que la situación fáctica expuesta por el
actor en su demanda ya ha sido saneada. Dicha situación
tiene como consecuencia automática que desaparece toda
posibilidad de amenaza efectiva o daño a un derecho
fundamental.
Tal como ocurre en el presente caso, la carencia de objeto por
hecho superado se genera cuando se advierte que lo
pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar y,
previo al pronunciamiento del juez, sobrevienen hechos que
demuestran que la entidad accionada acató la solicitud y que
su correspondiente conducta resulta suficiente para impedir
que continúe la vulneración del derecho fundamental, motivo
por el cual la tutela pierde eficacia y razón de ser. En este
orden, al extinguirse su objeto resulta inocua cualquier
decisión judicial que se dicte, toda vez que “la posible orden
que impartiera el juez caería en el vacío […]”.
Así las cosas, la Sala considera que la figura de la carencia actual
de objeto por hecho superado en la acción de tutela se predica, de
12 Consejode Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de
agosto de 2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001 03 15 000 2018
01907 00
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aquellos eventos en los cuales, durante el trámite de las instancias
o en sede de revisión de la acción, se produce la satisfacción de lo
perseguido a través de esta, haciéndola ineficaz al restablecerse la
garantía invocada y no resultar factible emitir una orden de
protección13.
En ese orden de ideas, cuando se alega por parte de la autoridad
accionada, o el actor afirma que se ha logrado el propósito
perseguido con la interposición de la acción de amparo, el juez de
tutela deberá decretar la ocurrencia de la carencia actual de objeto,
puesto que no tiene la posibilidad de emitir orden alguna al haberse
superado la circunstancia que motivó promover el mecanismo
constitucional.
Análisis de la legitimación en la causa por activa
La Sala debe establecer si la CORPORACIÓN JURÍDICA
GUARDIANES DE LA DEMOCRACIA tiene legitimación en la causa
por activa para solicitar la protección de sus derechos
fundamentales.
13 Corte Constitucional. Sentencia T-287 de 20 de mayo de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
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Sobre el particular, es preciso indicar que dentro del marco del
proceso de constitucionalidad identificado con el número único de
radicación D-15989, la solicitud de recusación presuntamente
desatendida por la Corte Constitucional fue presentada
exclusivamente por el señor EDWIN ARNOLD MORENO
CASTIBLANCO y no por la Corporación Jurídica Guardianes de la
Democracia, razón por la que aquel es quien está legitimado en la
causa por activa para interponer la presente acción de tutela.
En ese orden de ideas, la Sala comparte plenamente lo dicho por la
Corte Constitucional en su informe rendido en el presente trámite
de tutela, al señalar que “[…] Lo anterior adquiere particular
relevancia en tanto permite concluir que la Corporación Jurídica
“Guardianes de la Democracia” no se encuentra legitimada en la
causa por activa para promover la presente acción constitucional.
Obsérvese, que el reproche del proceso de tutela de la referencia se
concreta, principalmente, en el hecho de que la Corte
Constitucional, aparentemente, omitió valorar y atender
“sustancialmente” el memorial al que se hizo expresa alusión en el
numeral anterior y que, como bien quedó, probado fue presentado
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únicamente por el señor Moreno Castiblanco. En consecuencia, no
se evidencia que la aludida Corporación Jurídica sea titular de las
garantías fundamentales cuya protección se pretende, toda vez que
no hizo parte de parte, a título de solicitante, del escrito radicado el
19 de marzo del año en curso, respecto del cual se alega una
presunta desatención por parte de este Tribunal […]”.
Análisis de la carencia actual de objeto por hecho superado
El señor EDWIN ARNOLD MORENO CASTIBLANCO, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, los cuales, a su juicio, le fueron
vulnerados por la CORTE como consecuencia de diferentes
actuaciones e irregularidades procesales presuntamente
presentadas dentro del proceso de constitucionalidad identificado
con el número único de radicación D-15989.
El señor MORENO CASTIBLANCO entre sus pretensiones solicitó
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entre otras, la siguiente:
“[…] Se ordene a la Corte Constitucional emitir un pronunciamiento
expreso y de fondo sobre la solicitud radicada con número ECC-
2025-002639, respetando el derecho fundamental de contradicción
y participación ciudadana […]”.
El señor MORENO CASTIBLANCO formuló recusación contra el
magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, dentro del proceso de
constitucionalidad identificado con el número único de radicación D-
15989.
La Corte Constitucional a través del auto 282 del 6 de marzo de
2025, resolvió rechazar la recusación por impertinente, debido a la
falta de legitimación en la causa por activa del señor MORENO
CASTIBLANCO.
El señor MORENO CASTIBLANCO con posterioridad reiteró la
recusación, aportando pruebas adicionales, sin embargo, a su
juicio, a la fecha de la presentación de la acción de tutela, la Corte
Constitucional no ha emitido pronunciamiento alguno.
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Al respecto, la Sala advierte que revisado el expediente del proceso
de constitucionalidad identificado con el número único de radicación
D-15989, la Corte Constitucional profirió el auto núm. 599 de 2025,
en el que dispuso lo siguiente:
“[…] PRIMERO: RECHAZAR, por falta de pertinencia, las
recusaciones presentadas por el señor Edwin Arnold Moreno
Castiblanco y por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en
contra del Magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar en el
expediente D-15.989, por las razones expuestas en la parte
motiva […]”.
En consecuencia, la Sala considera que en el presente caso se
presentó la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez
que, durante el trámite de la presente acción de tutela 14, la CORTE
se pronunció respecto de la recusación presentada el 19 de marzo de
2025.
Ahora bien, la Corte Constitucional respecto a la configuración de la
carencia actual de objeto por hecho superado, ha considerado lo
siguiente15:
“[…] Este escenario se presenta cuando entre el momento
14 Al respecto, la Sala precisa que la acción de tutela se presentó el 16 de septiembre de 2024.
15
Corte Constitucional, sentencia T-038 de 1 de febrero de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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de interposición de la acción de tutela y el fallo, se evidencia
que como consecuencia del obrar de la accionada, se superó
o cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada
por el accionante16. Dicha superación se configura cuando se
realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por
tanto, terminó la afectación, resultando inocua cualquier
intervención del juez constitucional en aras de proteger
derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha
garantizado17 […]”. (Resaltado por la Sala).
En ese orden de ideas, para la Sala se configuró la carencia actual
de objeto por hecho superado, en la medida en que, durante el
trámite de la acción de tutela, la autoridad judicial demandada
resolvió sobre la respectiva solicitud que presentó el actor, y, con
ello, se garantizó por completo lo pretendido en el escrito del
amparo.
Consecuente con lo anterior, la Sala declarará la carencia actual de
objeto por hecho superado, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
16
Corte Constitucional, sentencias T-970 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-597 de 2015 (MP
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-669 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-021 de 2017 (MP
Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-382 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), entre otras.
17
Decreto 2591 de 1991, artículo 26: “[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución,
administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará
fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
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Análisis del cumplimiento del requisito general de
subsidiariedad
El señor MORENO CASTIBLANCO en su escrito de tutela solicitó
que se declarara la nulidad de lo actuado a partir del 16 de
septiembre de 2024, en el trámite del proceso de constitucionalidad
identificado con el número único de radicación D-15989.
De igual manera, se tiene probado que el actor el 19 de marzo de
2025 también solicitó a la CORTE que se declarara la nulidad de
todas las actuaciones procesales a partir del 16 de septiembre de
2024, debido a la omisión en el trámite del impedimento de la
magistrada DIANA FAJARDO RIVERA, al respecto, la Sala
considera que no se cumple con el requisito general de procedencia
de la subsidiariedad, toda vez que, se encuentra en trámite el
respectivo estudio de la solicitud de nulidad dentro del proceso de
constitucionalidad identificado con el número único de radicación D-
15989.
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En esa medida, como lo ha señalado esta Sección18:
“[…] Es necesario reiterar que, por regla general, cuando el
proceso se encuentra en curso la acción de tutela no es
procedente para cuestionar cualquier decisión adversa las
partes, aún luego de agotados los recursos que contra ellas
proceden dentro del proceso, si el desarrollo del medio de
control no ha finalizado y, por tanto, no se puede tener
certeza de la trascendencia de esa presunta irregularidad
procesal en la decisión que pone fin al proceso.
Lo anterior atiende, además, a la imposibilidad de acudir a la
acción de tutela como una tercera instancia ante decisiones que no
convienen a las partes en el trámite de los procesos, cuyos efectos
en la decisión definitiva son inciertos, y que, además, no generan
ningún perjuicio ius fundamental irremediable.
En este sentido, solo en el evento en que las presuntas
irregularidades en el curso del proceso impidan el acceso a la
administración de justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva
de la parte accionante, y ésta carezca de medios judiciales de
defensa al interior del proceso, resultaría procedente asumir su
estudio en sede de tutela, situación que no se presenta en el caso
sub judice por cuanto, el medio de control aún está en trámite.
[…]”.
Es de anotar, que al interior del proceso de constitucionalidad
identificado con el número único de radicación D-15989, la CORTE
profirió el auto 841 de 202519 por medio del cual ordenó devolver a
la presidencia de la Cámara de Representantes la Ley 2381 de
2024, “por medio de la cual se establece el sistema de protección
18 Consejode Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
diciembre de 2017, C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación
11001031500020170300600.
19
Ver comunicado de prensa de fecha 17 de junio de 2025 expedido por la Corte Constitucional.
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social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, y
se dictan otras disposiciones”, para que se subsane el vicio de
procedimiento identificado.
En el comunicado de prensa20 expedido por la Corte Constitucional
se anunció la tesis del auto 841 de 2025, en los siguientes
términos:
“[…] La insuficiencia en el segundo debate en el que incurrió la
Plenaria de la Cámara de Representantes al discutir y votar el
Proyecto de Ley No. 293-23 Senado, y 433-24 Cámara, configuró
un vicio de procedimiento en la formación de la Ley 2381 de 2024,
objeto de control, que afectó la deliberación y con ella el principio
democrático y los derechos de las minorías. En aplicación de lo
dispuesto en el parágrafo del artículo 241 de la Constitución, con el
alcance definido por la jurisprudencia, la Corte señaló que este vicio
de procedimiento en la formación de la citada ley es subsanable,
por lo cual ordenó devolverla a la Cámara de Representantes, con
el propósito de subsanar el vicio de procedimiento identificado […]”.
La CORTE de igual manera señaló que cumplido nuevamente el
trámite en dicha Cámara, el asunto deberá ser devuelto con el fin
de que proceda a decidir sobre la constitucionalidad de la Ley 2381
de 2024, y a partir del día hábil siguiente a la fecha en la cual la
Sala Plena resuelva de manera definitiva sobre la constitucionalidad
de dicha ley dentro del expediente 15.989, se reanudarán los
20
Expedido el 17 de junio de 2025.
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términos para sustanciar y resolver las demás demandas
presentadas o que se presenten contra la Ley 2381 de 2024.
En ese orden de ideas, la Sala considera que los argumentos
jurídicos que aquí expone el actor deben ser analizados al interior
del proceso de constitucionalidad, solicitud que como quedó visto,
se encuentra en trámite, sin que se evidencia una mora judicial
injustificada en su resolución, por lo que en el presente caso no se
logró acreditar el cumplimiento del requisito de subsidiariedad
dentro del marco de la acción de tutela.
Análisis del perjuicio irremediable
Finalmente, la Sala deberá analizar si en el presente caso se
configura la existencia de un perjuicio irremediable que haga
procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio.
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Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del
marco de la acción de tutela, la Corte Constitucional21 ha
considerado que:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha
precisado que éste debe reunir las siguientes características: “debe
ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable
grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo
demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el
perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento
sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o
material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. (…)
deben requerirse medidas urgentes para superar el daño,
entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta
adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que
armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas
de protección deben ser impostergables, esto es, que
respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la
consumación de un daño antijurídico irreparable.”22[…]”.
En el presente caso no se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela como
mecanismo transitorio. En efecto, del análisis del acervo probatorio
no es posible establecer que el señor MORENO CASTIBLANCO se
encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique
adoptar medidas urgentes, impostergables e inmediatas para la
protección de sus derechos fundamentales.
21 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
22 Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
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ACTORES: EDWIN ARNOLD MORENO CASTIBLANCO Y CORPORACIÓN JURÍDICA
GUARDIANES DE LA DEMOCRACIA
La Sala considera que la acción de tutela no es un mecanismo
alternativo para lograr la protección de los derechos alegados, en
atención a que se trata de un mecanismo residual y subsidiario, es
decir que solo procede cuando no existan otros recursos o medios
de defensa judicial que permitan proteger los intereses de los
afectados, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable que en el presente caso no se
configuró.
Consecuente con lo anterior, la Sala confirmará parcialmente la
decisión del a quo, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal segundo de la parte resolutiva
de la sentencia de 5 de mayo de 2025, proferida por la Sección
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Tercera -Subsección “A”- del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará
así:
“[…] SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho
superado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia […]”.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de julio de
2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN (E2) OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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