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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01804-00

Fecha
12 de junio de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01804-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la sociedad Alianza Fiduciaria S.A., quien actúa mediante apoderada judicial. En consecuencia, Segundo.- Dejar sin efectos el auto de 25 de septiembre de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera, en el marco del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo adelantado por Alianza Fiduciaria S.A. contra el municipio de Envigado (exp. No. 05001-33-33-029-2020- 00177-01). Tercero.-. Ordenar a la Sala Primera del Tribunal Administrativo de Antioquia que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una decisión de reemplazo en el proceso de reparación de perjuicios causados a un grupo con el radicado No. 05001-33-33-029-2020-00177-01, de conformidad con las consideraciones expuestas. Cuarto.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Quinto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 25 Corte Constitucional, sentencia T-025 de 2018 M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado. 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-01804-00 Demandante: Alianza Fiduciaria S.A. Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01804-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

12 de junio de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01804-00
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C, doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01804-00
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
PRIMERA Y JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo. Indebida notificación de la sentencia
de primera instancia. Defectos procedimental absoluto, fáctico,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la
Constitución

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la sociedad Alianza Fiduciaria S.A., quien actúa mediante apoderada
judicial, contra la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Antioquia y el
Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito de Medellín.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 26 de marzo de 2025, la parte actora pidió al juez constitucional la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y de acceso a la
administración de justicia, supuestamente vulnerados por las autoridades judiciales
accionadas.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERO: Que se ampare el derecho fundamental al debido proceso, a la garantía
universal de la defensa, y al acceso a la administración de justicia, y demás derechos
fundamentales que el despacho considere, por haber sido vulnerados por el JUZGADO
VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE ANTIOQUIA Y EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA con la expedición de los autos interlocutorios Nro 838
del 01 de agosto de 2024 y 256 del 26 de septiembre de 2024 mediante los cuales se ordenó
negar la solicitud de nulidad presentada.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ORDENE la nulidad de lo actuado y, en
consecuencia, rehacer el proceso judicial a partir de la expedición de la sentencia,
garantizando la notificación en debida forma a través del correo electrónico dispuesto por la
parte demandante, conforme a lo establecido en el artículo 3° de la Ley 2213 de 2022”.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 - 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01804-00
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A.

2. Hechos

La accionante relató que en ejercicio del medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo, presentó demanda1 contra el municipio de
Envigado, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable por los
perjuicios causados a un grupo de propietarios de inmuebles integrantes del
Conjunto Residencial Lemont 1 y Lemont 22, por el cobro retroactivo del impuesto
predial que les hizo la entidad territorial demandada.

Resaltó que en el escrito de la demanda señaló que la dirección de correo
electrónica para notificar a la demandante era notificaciones@duplalegal.com y el
Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito de Medellín en el auto admisorio
de 15 de septiembre de 2020, lo tuvo como canal digital elegido para el proceso de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 806 de 2020.

Indicó que, una vez se agotaron las diferentes etapas del proceso, el Juzgado
Veintinueve Administrativo del Circuito de Medellín profirió sentencia el 16 de
diciembre de 20223, sin embargo, esta “no fue notificada de manera personal al
correo electrónico relacionado en el escrito de la demanda como medio para
informar a la parte de las actuaciones del proceso, autorizado en el auto admisorio
de la demanda y a través del cual se habían surtido todas las actuaciones”.

Sostuvo que, de manera sorpresiva, el Juzgado Veintinueve Administrativo del
Circuito de Medellín en auto de 9 de febrero de 2023, notificado el mismo día,
aprobó la liquidación de la condena en costas y agencias en derecho por un valor
de $2.320.000 en su contra, a pesar de que esperaba de manera previa que se le
notificara el fallo.

Señaló que contra la anterior decisión interpuso recurso de reposición y en subsidio
de apelación. Igualmente, radicó solicitud la nulidad de todas las actuaciones
realizadas con posterioridad a la expedición del fallo por la indebida notificación del
fallo.

Aseguró que el Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito de Medellín en
proveído de 1 de agosto de 2024, i) negó la nulidad, ii) no repuso el auto que aprobó
la condena en costas y iii) concedió el recurso de apelación. Con respecto a la
nulidad, consideró que el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la
Ley 2080 de 2021, que establece que las personas jurídicas privadas deberán ser
notificadas al correo electrónico con fines de notificaciones judiciales inscritos en el
registro mercantil o “demás registros públicos obligatorios creados legalmente para
recibir notificaciones judiciales, en el canal indicado en este”, razón por la cual la
comunicación de la sentencia se remitió a la dirección
notificacionesjudiciales@alianza.com.co.
1
Radicada el 21 de agosto de 2020.
2
Manifestó en la demanda de grupo que los “propietarios del condominio de Casas Campestres Lemont, representado en
este caso por la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A., COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTONOMO LE MONT identificado con NIT 811030910-8, en calidad de demandante y propietario en calidad de sujeto
pasivo y contribuyente del impuesto predial unificado liquidado sobre los inmuebles de su propiedad en el Conjunto
Residencial Le Mont P.H., sobre los cuales el municipio de Envigado efectuó cobro retroactivo del impuesto predial unificado”.
Por consiguiente, señaló que l grupo uniforme estaba conformado por 75 propietarios correspondientes a 37 de la Etapa 1
del conjunto y 38 de la Etapa 2.
3
En la decisión se declaró el desistimiento parcial de las pretensiones, se negaron las restantes y se condenó en costas a la
parte demandante en un equivalente a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
2

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01804-00
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A.

Finalmente, manifestó que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera,
en auto de 25 de septiembre de 2024, confirmó íntegramente la decisión del a quo,
al considerar que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley 1437 de
2011, el trámite de la notificación a los particulares se debe hacer a la dirección de
correo electrónico inscrito en el registro mercantil, que fue lo que se hizo en el curso
de la primera instancia cuando se notificó la sentencia de 16 de diciembre de 2022.

3. Fundamentos de la acción

La actora mencionó que no está de acuerdo con los autos de 25 de septiembre de
2024 y de 1 de agosto de 2024, proferidos por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Primera y el Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito de
Medellín, en su orden, que negaron la nulidad a pesar de la indebida notificación
de la sentencia de 16 de diciembre de 2022.

Resaltó que la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedencia, pues el asunto goza de relevancia constitucional, toda vez que está
de por medio los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y de
acceso a la administración de justicia, al negar la nulidad por indebida notificación
de la sentencia. Igualmente, señaló que se agotaron los medios ordinarios de
defensa, que la acción de tutela se presentó en un término razonable, que la
indebida notificación constituye una irregularidad procesal, en tanto no pudo ejercer
el recurso de apelación, que se identificaron adecuadamente los hechos
generadores de la vulneración alegada y que no se reprocha una decisión proferida
en el curso de otra acción de tutela.

La demandante afirmó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
defecto procedimental absoluto, toda vez que desconocieron las normas
procesales destinadas a garantizar a las partes el ejercicio de sus derechos, como
el debido proceso.

Agregó que desde el auto admisorio se estableció como correo electrónico de la
parte demandante para relacionado con la notificación de las providencias la
dirección notificaciones@duplalegal.com de acuerdo con lo establecido en el
artículo 3 del Decreto 806 de 2020, sin que en el curso del proceso se hubiese
modificado el buzón judicial.

Indicó que se configuró el defecto fáctico, porque de ninguna prueba se puede
establecer con claridad el motivo por el cual decidió no notificar al apoderado de la
parte demandante.

Sostuvo que en las providencias objetadas se configuró el defecto por
desconocimiento del precedente judicial, toda vez que la Sección Segunda,
Subsección “B” del Consejo de Estado en fallo de tutela de 25 de noviembre de
20144, se decantó, en un caso similar, por privilegiar los derechos de los
demandantes.

Por último, manifestó que se incurrió en violación directa de la Constitución,
porque la notificación de las actuaciones procesales es un elemento imprescindible
4
Radicado No. 68001-23-33-000-2014-00782-01, C.P.: Gerardo Arenas Monsalve.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01804-00
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A.

del debido proceso y del principio de publicidad, lo que a su vez tiene como finalidad
permitirles a los interesados el conocimiento de las decisiones. En consecuencia,
consideró que en el presente asunto “conlleva intrínsecamente una vía de hecho
plausible a lo largo del presente escrito”.

4. Trámite procesal

Por auto de 9 de abril de 2025, el magistrado sustanciador requirió a la apoderada
para que allegara el poder especial que la acreditara para interponer la acción de
tutela en nombre de Alianza Fiduciaria S.A.

Una vez se cumplió con el requerimiento, en auto de 30 de abril de 2025 se admitió
la demanda y ordenó notificar a la accionante y a las autoridades judiciales
accionadas. Asimismo, al municipio de Envigado, como tercero interesado en el
resultado del proceso. De igual modo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 55594 a 55598 de
5 de mayo de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.

5. Oposición

5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera

La magistrada ponente de la providencia objetada informó que la decisión adoptada
se encuentra conforme a derecho, razón por la cual, no se han vulnerado los
derechos fundamentales invocados por la accionante ni se acreditaron los
requisitos exigidos para la procedencia de la acción constitucional, entre los cuales
se encuentran la subsidiariedad y relevancia constitucional

5.2. Respuesta del municipio de Envigado

La apoderada pidió que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, bajo
el argumento de que la sociedad accionante pretende utilizar la solicitud de amparo
como una tercera instancia.

Agregó que las actuaciones adelantadas por las autoridades judiciales se surtieron
con garantía del debido proceso y a la defensa, además que del escrito de tutela
no se observan argumentos que demuestren una vulneración de los derechos
fundamentales de la demandante.

5.3. El Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito de Medellín, a pesar
de que se le notificó en debida forma del auto admisorio, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
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Demandante: Alianza Fiduciaria S.A.

Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera y el
Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito de Medellín vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y de acceso a la
administración de justicia de la sociedad demandante.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos5 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles
y Políticos6, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del
bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20127, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de 5 de agosto de 2014 8, precisó el
ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que
llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus
máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden
eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma
decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20059.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado
a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera
5
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
6
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
7
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
8
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
5

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razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico10; (ii) Defecto procedimental absoluto11; (iii) Defecto
fáctico12; (iv) Defecto material o sustantivo13; (v) Error inducido14; (vi) Decisión sin
motivación15; (vii) Desconocimiento del precedente16 y (viii) Violación directa de la
17
Constitución .

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo18 y de la Corte Constitucional19.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada
y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural,
atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de
estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia

La Sala encuentra que, en el presente caso, i) la acción de tutela es de evidente
relevancia constitucional porque debe definirse si con los autos de 25 de septiembre
de 2024 y de 1 de agosto de 2024, proferidos por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Primera y el Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito de

10
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia
para ello.
11
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
12
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
13
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
14
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales.
15
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
16
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
17
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU-114 de 2023 y SU-061
de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.
18
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de
diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C.
P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto
Augusto Serrato Valdés, entre otras.
19
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado,
SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.
P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
6

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Medellín, respectivamente, se limitó el contenido, alcance y goce de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y de acceso a la administración de
justicia de la demandante al negar la nulidad solicitada por indebida notificación de
la sentencia de primera instancia dictada en el curso del medio de control de
reparación de perjuicios causados a un grupo que presentó contra el municipio de
Envigado.

En el caso se observa que con los reparos expuestos no se propone una discusión
económica o legal, ni se reabre el debate litigioso, pues los argumentos que
sustentan la solicitud se encaminan a demostrar un supuesto defecto procedimental
absoluto, fáctico, desconocimiento del precedente judicial y violación directa e la
Constitución por parte de las autoridades judiciales accionadas.

Ahora bien, la Sala no desconoce que exista cierto grado de similitud en los
argumentos expuestos en la acción de tutela con los desarrollados en el incidente
de nulidad, sin embargo, puede inferirse razonablemente que la irregularidad en la
notificación alegada se prolongó hasta las providencias dictadas en el trámite
incidental, al no declararse la presunta nulidad procesal, lo que, eventualmente
podría conllevar la vulneración de los derechos fundamentales invocados y, en ese
orden, el asunto propuesto reviste una genuina la relevancia constitucional que
habilita el estudio de fondo del asunto.

Finalmente, ii) en el proceso ordinario se agotó el incidente de nulidad, así como los
recursos procedente en el trámite incidental, por lo que la demandante no cuenta
con otro mecanismo de defensa judicial, iii) la solicitud de amparo se presentó
dentro de los seis (6) meses20 establecidos como plazo razonable precisado por esta
Corporación y la Corte Constitucional21; (iv) los hechos y las pretensiones fueron
desarrollados de manera clara y (v) la acción no es contra un fallo de la misma
naturaleza.

4.2. La autoridad judicial accionada incurrió en el defecto procedimental
absoluto alegado

La empresa Alianza Fiduciaria S.A. considera que el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Primera y el Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito de
Medellín vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y de
acceso a la administración de justicia, con los autos de 25 de septiembre de 2024
y de 1 de agosto de 2024, en su orden, por medio de las cuales se negó la solicitud
de nulidad por indebida notificación de la sentencia de primera instancia de 16 de
diciembre de 2022 dictada en el medio de control de reparación de perjuicios a un
grupo que adelantó contra el municipio de Envigado.

La Sala anticipa que amparará los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia. Con el fin de respaldar esa determinación,
se realizará un breve recuento de las principales actuaciones adelantadas en el
medio de control, así:

20
La providencia de segunda instancia objetada se notificó el 25 de septiembre de 2025 y la acción de tutela se instauró el
26 de marzo de 2025, es decir, dentro del plazo razonable de los seis (6) meses.
21
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo
de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T-619 de 2019, Corte Constitucional, M.P.:
Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01804-00
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A.

Alianza Fiduciaria S.A. presentó demanda de reparación de perjuicios causados a
un grupo contra el municipio de Envigado, con el fin de que se le declarara
administrativamente responsable por los perjuicios causados a un grupo de
propietarios de inmuebles integrantes del Conjunto Residencial Lemont 1 y Lemont
2, por el cobro retroactivo del impuesto predial.

En el escrito de la demanda, específicamente en el acápite de “NOTIFICACIONES”,
la parte actora indicó lo siguiente:

“La parte ACCIONANTE, recibirá notificaciones a través de su apoderada (…) Carrera 43B
No. 16-95 Oficina 212, Edificio Cámara Colombiana de la Infraestructura -CCI- Teléfono.
(…), correo electrónico: notificaciones@duplalegal.com”. (Subrayas y negrillas
por fuera del texto original)

El Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito de Medellín en auto de 15 de
septiembre de 2020, admitió la demanda y, entre otras decisiones, reconoció a la
apoderada de Alianza Fiducia S.A. y dispuso “tener el correo electrónico:
notificaciones@duplalegal.com, como canal digital elegido para efecto de este
proceso (artículo 3 del Decreto 806 de 2020)”.

Luego, el referido despacho judicial profirió la sentencia de 16 de diciembre de
2022, en la que i) aceptó el desistimiento parcial de las pretensiones realizada por
la demandante frente a diez inmuebles, ii) negó las pretensiones de la demanda y
iii) condenó en costas a la parte actora y en favor de la demandada, por lo que se
fijaron agencias en derecho equivalentes a 2 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

Con el fin de notificar la anterior decisión, se expidió el oficio No. 5188 de 19 de
diciembre de 2022, en el que se indicó que el fallo antes mencionado sería enviado
a las siguientes direcciones de correo electrónico: litigiotributario@pgplegal.com y
notificacionesjudiciales@alianza.com.co. Sin embargo, en la constancia del envío
del mensaje de datos, el correo electrónico solo fue remitido a la dirección
notificacionesjudiciales@alianza.com.co.

Posteriormente, el Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito de Medellín en
auto de 9 de febrero de 2023, aprobó la liquidación de costas y agencias en derecho
por una suma de $2.320.000, decisión notificada mediante estado de 10 de febrero
de 2023.

La parte demandante, el 15 de febrero de 2023 interpuso recurso de reposición y
en subsidio de apelación, al considerar que la sentencia de 26 de diciembre de
2022 no se le había notificado.

Igualmente, Alianza Fiduciaria S.A., el 16 de febrero de 2023 radicó una solicitud
de nulidad bajo la causal 622 del artículo 133 del Código General del Proceso, con
sustento en que se omitió la notificación del fallo de 16 de diciembre de 2022, lo
que le impidió interponer el recurso de apelación, más aún, cuando “le correspondía
al Despacho enviar el contenido íntegro de la sentencia al buzón electrónico para
notificaciones judiciales informando con la demanda, es decir,
22
6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.
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notificaciones@duplalegal.com, dirección electrónica que concuerda con el
registrado en el Sistema de información SIRNA”

El Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito de Medellín, en proveído de 1
de agosto de 2024, i) negó la nulidad propuesta, ii) no repuso el auto de 9 de febrero
de 2023 y iii) concedió el recurso de apelación. Respecto a la solicitud de nulidad,
el juzgado afirmó que en los términos del artículo 203 de la Ley 1437 de 2011, la
sentencia no exige los requisitos propios de la notificación personal, además que
para los fallos solo se exige la comunicación a la parte demandante, frente a los
demás (demandada, terceros y Ministerio Público) se hace mediante envío del texto
de la decisión al buzón electrónico para notificaciones judiciales. Igualmente,
resaltó que el artículo 199 de la mencionada ley dispuso que las personas jurídicas
privadas, como son las sociedades vigiladas por la superintendencia, deberán ser
“el registro como correo electrónico con fines de notificación judicial, por lo que los
que estén inscritos en el registro mercantil o demás registros públicos obligatorios
creados legalmente para recibir notificaciones judiciales, en el canal indicado en
este”.

Aunado a lo anterior, el juzgado señaló que al realizar el control de legalidad de las
actuaciones procesales no se advirtió vicio alguno que comprometa el trámite del
proceso, pues en el expediente se evidencia que recibió el mensaje de datos que
contenía la notificación de la sentencia de primera instancia y que pese a ello no se
pronunció.

Luego, una vez concedido el recurso de apelación, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Primera, en auto de 25 de septiembre de 2024 confirmó la decisión
de primera instancia, al considerar que en lo relacionado con la solicitud de nulidad,
consideró que “la notificación de la sentencia se realiza a través del buzón
electrónico para notificaciones judiciales de las partes, la disposición normativa
antes transcrita la equipara a una notificación personal, la cual está regulada en el
artículo 199 ibídem y dispone el trámite de notificación de particulares en los
siguientes términos: “(...) Los que estén inscritos en el registro mercantil o demás
registros públicos obligatorios creados legalmente para recibir notificaciones
judiciales, en el canal indicado en este”. Adicionalmente, resaltó que “de acuerdo
con el certificado expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia,
la sociedad demandante Alianza Fiduciaria S.A., registró como dirección de correo
electrónico notificacionesjudiciales@alianza.com.co, a la cual el Juzgado de
primera instancia notificó la sentencia de primera instancia, por lo que no se advierte
irregularidad alguna en el trámite adelantado”.

Efectuado el relato de las principales actuaciones, así como de los argumentos en
los que se sustentaron las decisiones objeto de tutela y que interesan al proceso, ,
así:

La Corte Constitucional23 ha precisado que el defecto procedimental tiene lugar
siempre que, en desarrollo de la actividad judicial, el funcionario se aparte de
manera evidente y grotesca de las normas procesales aplicables. Al desconocer
completamente el procedimiento determinado por la ley, el juez termina produciendo

23
Sentencia T-181 de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, reiterada en la sentencia T-401 de 2019, M.P.: Cristina
Pardo Schlesinger.
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un fallo arbitrario que vulnera derechos fundamentales. También se ha admitido
que, en forma excepcional, éste puede configurarse debido a un exceso ritual
manifiesto, a consecuencia del cual el juez resta o anula la efectividad de los
derechos fundamentales por motivos excesivamente formales.

El defecto procedimental puede ser absoluto, que se configura cuando el
funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido
para el trámite de un asunto concreto, bien sea porque: i) sigue un trámite totalmente
ajeno al pertinente y en esa medida equivoca la orientación del asunto ii) omite
etapas sustanciales del procedimiento establecido, afectando el derecho de defensa
y contradicción de una de las partes del proceso. También por exceso ritual
manifiesto, que tiene lugar cuando el funcionario arguye razones formales a
manera de un impedimento, que sobrevienen en una denegación de justicia.

Descendiendo al asunto bajo examen, la Sala observa que la parte actora en el
escrito de tutela alega que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un
defecto procedimental absoluto al realizar la notificación de la sentencia a partir de
lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, que establece que a las
personas jurídicas de naturaleza privada se pueden notificar al correo electrónico
inscrito en el registro mercantil y con sustento en dicha norma se negara la solicitud
de nulidad.

Al respecto, se advierte que la interpretación del marco procesal aplicable que
realizaron las autoridades judiciales accionadas respecto a la notificación de la
sentencia de 16 de diciembre de 2022 al correo electrónico de Alianza Fiduciaria
S.A., resulta restrictiva de los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia.

Para la notificación de la sentencia, el artículo 203 de la Ley 1437 de 2011, dispone:

“ARTÍCULO 203. NOTIFICACIÓN DE LAS SENTENCIAS. Las sentencias se notificarán,
dentro de los tres (3) días siguientes a su fecha, mediante envío de su texto a través de
mensaje al buzón electrónico para notificaciones judiciales. En este caso, al expediente se
anexará la constancia de recibo generada por el sistema de información, y se entenderá
surtida la notificación en tal fecha.

A quienes no se les deba o pueda notificar por vía electrónica, se les notificará por medio
de edicto en la forma prevista en el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil.

Una vez en firme la sentencia, se comunicará al obligado, haciéndole entrega de copia
íntegra de la misma, para su ejecución y cumplimiento”.

De lo anterior, se observa que dicha norma no establece que se deba notificar a la
dirección que aparezca inscrita en el registro mercantil, simplemente se refiere al
buzón electrónico para notificaciones judiciales24.

Ahora bien, al verificar el expediente de la acción de grupo, se constató que la
sentencia de 16 de diciembre de 2022 se notificó al municipio de Envigado, a la

24
Igualmente, el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022, al regular lo relacionado con la notificación personal, establece que “las
notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como
mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad
del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán por el
mismo medio”.
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Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, al buzón
electrónico para notificaciones judiciales suministrado por estos el 19 de diciembre
de 2022. Es decir, dentro de los tres días siguientes a la fecha de expedición de la
decisión de acuerdo con el artículo 203 del CPACA.

Sin embargo, en lo relacionado con la parte demandante (Alianza Fiduciaria S.A.),
esta notificación no se hizo al correo electrónico dispuesto por su apoderado d en
la demanda (notificaciones@duplalegal.com) y que fue aceptado en el auto
admisorio de 15 de septiembre de 2020 por el Juzgado Veintinueve Administrativo
del Circuito de Medellín.

Por consiguiente, se entiende que la notificación que se realizó a la accionante a la
dirección notificacionesjudiciales@alianza.com.co, no cumple con lo dispuesto en
el artículo 203 de la Ley 1437 de 2011, pues en esta no se dispuso que la sentencia
se debía poner en conocimiento mediante la dirección electrónica que estuviera
registrada en el registro mercantil, más aún cuando en la demanda se había
manifestado su interés en que se le notificara a un buzón y este había sido aceptado
en el auto admisorio.

De otro lado, se debe precisar que el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011,
modificado por la Ley 2080 de 2021, regula lo relacionado con la notificación
personal del auto admisorio y del mandamiento ejecutivo a entidades públicas,
al ministerio público, a personas privadas que ejerzan funciones públicas y a los
particulares, tal como se trascribe a continuación:

“ARTÍCULO 199. NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL AUTO ADMISORIO Y DEL
MANDAMIENTO EJECUTIVO A ENTIDADES PÚBLICAS, AL MINISTERIO PÚBLICO, A
PERSONAS PRIVADAS QUE EJERZAN FUNCIONES PÚBLICAS Y A LOS
PARTICULARES. <Artículo modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo
texto es el siguiente:> El auto admisorio de la demanda y el mandamiento ejecutivo contra
las entidades públicas y las personas privadas que ejerzan funciones públicas, se deben
notificar personalmente a sus representantes legales o a quienes estos hayan delegado la
facultad de recibir notificaciones, o directamente a las personas naturales, según el caso,
y al Ministerio Público; mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones
judiciales a que se refiere el artículo 197 de este código.

A los particulares se les notificará el auto admisorio de la demanda al canal digital
informado en la demanda. Los que estén inscritos en el registro mercantil o demás
registros públicos obligatorios creados legalmente para recibir notificaciones judiciales, en
el canal indicado en este.

El mensaje deberá identificar la notificación que se realiza y contener copia electrónica de
la providencia a notificar. Al Ministerio Público deberá anexársele copia de la demanda y
sus anexos. Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador
recepcione acuse de recibo o se pueda constatar por otro medio el acceso al mensaje
electrónico por parte del destinatario. El secretario hará constar este hecho en el
expediente.

El traslado o los términos que conceda el auto notificado solo se empezarán a contabilizar
a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo
empezará a correr a partir del día siguiente.

En los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción en donde estén involucrados
intereses litigiosos de la Nación, en los términos del artículo 2o del Decreto Ley 4085 de
2011 o la norma que lo sustituya, deberá remitirse copia electrónica del auto admisorio o
mandamiento ejecutivo, en conjunto con la demanda y sus anexos, al buzón de correo
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electrónico de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Esta comunicación no
genera su vinculación como sujeto procesal, sin perjuicio de la facultad de intervención
prevista en el artículo 610 de la Ley 1564 de 2012. En la misma forma se le remitirá copia
de la providencia que termina el proceso por cualquier causa y de las sentencias”.

De lo expuesto, se observa que esta disposición resulta aplicable para unas
determinadas providencias que se dictan en los procesos ordinarios y ejecutivos,
no respecto a las sentencias que se profieren, como lo entendieron las autoridades
judiciales accionadas, pues, a partir de un análisis teleológico de la norma, la
finalidad del artículo 199 de la Ley 1437 de 2011 es que la litis se trabe en debida
forma en cumplimiento del principio de publicidad y se garantice a las partes y
terceros sus derechos al debido proceso, a la defensa y contradicción.

Ahora bien, si en gracia de discusión se llegara a considerar que el artículo 199 de
la Ley 1437 de 2011 resulta aplicable en el presente asunto, se advierte que de
igual manera la interpretación de las autoridades judiciales accionadas resulta
restrictiva y nugatoria del debido proceso y el acceso a la administración de justicia,
pues en dicha norma se dispone que “a los particulares se les notificará el auto
admisorio de la demanda al canal digital informado en la demanda”. Situación que
ocurrió en el presente asunto, en tanto, se reitera, en la demanda de reparación de
perjuicios causados a un grupo la parte actora solicitó que se le notificara a la
dirección electrónica notificaciones@duplalegal.com, no a la registrada en el
registro mercantil de la sociedad.

Por consiguiente, de llegarse aceptar la interpretación propuesta en las
providencias objetadas, además de que se estaría aceptando que la notificación de
la sentencia se hiciera de acuerdo con una norma que no regula dicha actuación y
frente a la cual se cuenta con norma especial, se le estaría cercenando la
posibilidad de interponer el recurso de apelación a la sociedad accionante lo que la
despojaría de la posibilidad de tener una segunda instancia, lo que, por contera,
vulneraria los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.

Sobre la indebida notificación de las providencias como defecto procedimental, la
jurisprudencia constitucional ha indicado:

“Adicionalmente, en esa oportunidad, la Corte Constitucional enfatizó en que la indebida
notificación es considerada por los diferentes códigos de procedimiento de nuestro
ordenamiento jurídico como un defecto sustancial grave y desproporcionado que lleva a la
nulidad de las actuaciones procesales surtidas posteriores al vicio previamente referido.

Con fundamento en lo anterior, la Corte concluyó que la notificación constituye un elemento
esencial de las actuaciones procesales, en la medida en que su finalidad es poner en
conocimiento a una persona que sus derechos se encuentran en controversia, y en
consecuencia tiene derecho a ser oído en dicho proceso. Lo anterior, cobra mayor
relevancia cuando se trata de la notificación de la primera providencia judicial, por ejemplo
el auto admisorio de la demanda o el mandamiento de pago.

27. En esta oportunidad, esta Corporación reitera las reglas jurisprudenciales en las que
se establece que: (i) todo procedimiento en el que se haya pretermitido una etapa procesal
consagrada en la ley, se encuentra viciado por vulnerar el derecho fundamental al debido
proceso de las partes y constituye un defecto procedimental absoluto; (ii) el error en el
proceso debe ser de tal trascendencia que afecte de manera grave el derecho al debido
proceso, debe tener una influencia directa en la decisión de fondo adoptada y no puede
ser atribuible al actor; (iii) la notificación personal constituye uno de los actos de
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comunicación procesal de mayor efectividad, toda vez que garantiza el conocimiento real
de las decisiones judiciales con el fin de aplicar de forma concreta el derecho al debido
proceso; (iv) la indebida notificación judicial constituye un defecto procedimental que lleva
a la nulidad del proceso.”25

Entonces, la Sala encuentra configurado un defecto procedimental absoluto por
indebida notificación, por lo que se relevará de abordar lo relativo a los defectos
fáctico, por desconocimiento del precedente judicial y la violación directa de la
Constitución.

Así las cosas, se ampararán los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia de la sociedad demandante y, en
consecuencia, dejará sin efectos el auto de 25 de septiembre de 2024, emanado
del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera, a quien se le ordenará que
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, emita
una decisión de reemplazo en la que tenga en cuenta las consideraciones aquí
expuestas.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

Primero.- Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia de la sociedad Alianza Fiduciaria S.A., quien actúa
mediante apoderada judicial. En consecuencia,

Segundo.- Dejar sin efectos el auto de 25 de septiembre de 2024, proferido por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera, en el marco del medio de
control de reparación de perjuicios causados a un grupo adelantado por Alianza
Fiduciaria S.A. contra el municipio de Envigado (exp. No. 05001-33-33-029-2020-
00177-01).

Tercero.-. Ordenar a la Sala Primera del Tribunal Administrativo de Antioquia que,
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera
una decisión de reemplazo en el proceso de reparación de perjuicios causados a
un grupo con el radicado No. 05001-33-33-029-2020-00177-01, de conformidad con
las consideraciones expuestas.

Cuarto.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Quinto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

25
Corte Constitucional, sentencia T-025 de 2018 M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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