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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01818-01

Fecha
16 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01818-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 23 de mayo de 2025, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela presentada por Eulises Cardona Sepúlveda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra esta deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para ello21. TERCERO: Por Secretaría General, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-01818-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

16 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 16 de septiembre de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01818-01
Demandante: Eulises Cardona Sepúlveda
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de
Decisión
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional -
confirma

Síntesis del caso: La parte actora enjuició las providencias que rechazaron su demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho por haberse demandado un acto administrativo de
ejecución.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 23 de
mayo de 2025, por medio de la cual la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo solicitado por falta
de relevancia constitucional2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 27 de marzo de 2025, Eulises Cardona Sepúlveda, por medio de
apoderado judicial, presentó una acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de Decisión, por la presunta
vulneración de su derecho fundamental al acceso a la administración de
justicia, con ocasión de la providencia judicial de 31 de enero de 2025,
proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No.
05837-33-33-001-2024-00126-01.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

“1. Que se proteja al ciudadano EULISES CARDONA SEPULVEDA, su fundamental
derecho al acceso a la administración de justicia, violado por el TRIBUNAL

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2
“PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela invocada por Eulises Cardona Sepúlveda contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia-Sala Sexta de Decisión.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01818-01
Demandante: Eulises Cardona Sepúlveda
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA SEXTA DE DECISIÓN con la expedición del
Auto de fecha treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025) mediante
el cual confirmara el auto que rechaza demanda dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho-laboral, Radicado 058 373 33 30 012 02
400 12 6 01 del cual conoce el Juzgado Sexto (6°) Administrativo del Circuito de
Turbo, Antioquia, y en el que funge como demandante el aquí accionante, y
como demandado el municipio de Carepa, Antioquia.

2. Que se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA SEXTA DE
DECISIÓN, se sirva dejar sin efecto, el Auto de fecha treinta y uno (31) de enero
de dos mil veinticinco (2025) mediante el cual confirmara el auto que rechaza
demanda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho-
laboral, Radicado 058 373 33 30 012 02 400 12 6 01 del cual conoce el Juzgado
Sexto (6°) Administrativo del Circuito de Turbo, Antioquia, y en el que funge
como demandante el aquí accionante, y como demandado el municipio de
Carepa, Antioquia.

3. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA SEXTA DE DECISIÓN, se sirva expedir un
nuevo auto resolviendo el recurso de apelación interpuesto contra el auto
interlocutorio 174 del 24 de septiembre de 2024, que rechaza demanda
proferido por el Juzgado Sexto (6°) Administrativo del Circuito de Turbo,
Antioquia, sin desconocer el precedente jurisprudencial que en asuntos similares
ha emitido ese órgano de cierre en materia contencioso administrativa, en aras
de permitirle el acceso a la administración de justicia del ciudadano EULISES
CARDONA SEPULVEDA.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:

4. 1) Mediante el Decreto 44 de 27 de mayo de 2019, el alcalde del
municipio de Carepa - Antioquia delimitó y estructuró la planta de personal
de la Alcaldía.

5. 2) Eulises Cardona Sepúlveda fue nombrado, en provisionalidad, en el
cargo de Celador, código 477, grado 1, mediante el Decreto 112 de 25 de
junio de 2019. Dicho cargo fue creado por el Decreto 44 de 2019.

6. 3) Fernando Ruiz Murillo presentó demanda, en ejercicio del medio de
control de nulidad simple, contra el Decreto 44 de 27 de mayo de 2019, con
el objetivo de que se declarara nulo, pues, a su juicio, carecía de un capítulo
que desarrollara las funciones de cada cargo. Aunado a lo anterior, expuso
que dicho decreto se encontraba viciado por falsa motivación, toda vez
que el estudio técnico realizado para estudiar la reestructuración de la
planta administrativa de la Alcaldía del municipio de Carepa no cumplía a
cabalidad con los requisitos previstos en el Decreto 1083 de 2015.

7. 4) El medio de control referido le correspondió, por reparto, al Juzgado
2 Administrativo de Turbo, bajo el radicado No. 05837-33-33-002-2018-00683-
00, el cual, mediante Auto 257 de 24 de septiembre de 2020 decretó la
medida cautelar de suspensión provisional de los efectos jurídicos del
Decreto 44 de 27 de mayo de 2019 y, en Sentencia de 12 de mayo de 2021,

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01818-01
Demandante: Eulises Cardona Sepúlveda
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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declaró la nulidad de dicho decreto y dejó en firme la medida cautelar3.
Luego de realizar un análisis del estudio técnico y el decreto demandado,
indicó que fue posible corroborar que dicho estudio no cumplió con los
requisitos exigidos en el Decreto 1083 de 2015 y, en esa medida, no era dable
utilizarlo como soporte para el proceso de reestructuración administrativa.

8. 5) El delegado del Ministerio Público apeló la anterior decisión. En el
escrito solicitó que se declarara la nulidad de todo lo actuado hasta el auto
admisorio de la demanda porque, a su juicio, se debía notificar de manera
personal a todas las personas nombradas con ocasión del Decreto 44 de
2019, a efectos de garantizarles su derecho a la defensa.

9. 6) El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante Sentencia de 29
de noviembre de 2023, decidió negar la solicitud de nulidad, declarar fallido
el recurso de apelación y estarse a lo resuelto en la sentencia de primera
instancia4. Sobre la solicitud de nulidad, expuso que fue resuelta por el juez
de primera instancia, mediante providencia de 15 de octubre de 2020,
decisión contra la cual no se presentó recurso y, por ende, quedó
debidamente ejecutoriada, por lo tanto, concluyó que tal reparo no
constituía un argumento en contra de la sentencia apelada.

10. 7) El municipio de Carepa profirió el Decreto 252 de 13 de diciembre
de 2023, a través del cual dio cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia
de 12 de mayo de 2021 y, en consecuencia, dejó sin efectos jurídicos el
Decreto 44 de 2019 y, con ello, se refirió a “la inexistencia de los cargos
creados por este acto administrativo suspendidos desde el decreto de la
medida cautelar”.

11. 8) Eulises Cardona Sepúlveda presentó demanda, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho5, con el
objetivo de que se declarara la nulidad del Decreto 252 de 13 de diciembre
de 2023 porque el municipio de Carepa se extralimitó al proferirlo.
Argumentó que, al momento de ejecutar la orden dada en el marco del
proceso No. 05837-33-33-002-2018-00683-00/01, se revocó su nombramiento,
pese a que en la sentencia que se pretendía ejecutar, mediante el decreto
enjuiciado, nunca se mencionó que el Decreto 112 de 2019 también
perdería efectos jurídicos. Aunado a lo anterior, adujo que (se trascribe)
“comporta un derecho particular consolidado, investido de presunción

3 “PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD DEL DECRETO No 044 del 27 de mayo de 2019, "Por medio del cual el Alcalde

Municipal de Carepa -Antioquia estableció la nueva planta de personal de la Alcaldía del Municipio de Carepa,
Antioquia y se dictan otras disposiciones".
SEGUNDO: SE DEJA EN FIRME la decisión tomada dentro de la solicitud de la medida cautelar, mediante la cual se
decretó la suspensión provisional de la mencionada norma.”
4 “PRIMERO: NEGAR la solicitud de nulidad presentada por el Ministerio Público.

SEGUNDO: DECLARAR fallido el recurso de apelación presentado y en consecuencia, ESTARSE a lo resuelto en la
sentencia del doce (12) de mayo de dos mil veintiuno (2021), proferida por el Juzgado Segundo Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Medellín, en el proceso promovido por FERNANDO RUÕZ MURILLO en contra del
MUNICIPIO DE CAREPA, por medio de la cual se concedieron las pretensiones de la demanda.”
5 Rad. 05837-33-33-001-2024-00126-00/01

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01818-01
Demandante: Eulises Cardona Sepúlveda
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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legal, actual, hasta tanto no sea declarado nulo por autoridad judicial
competente.”

12. 9) Del referido medio de control conoció el Juzgado 6 Administrativo
de Turbo, el cual, mediante Auto No. 174 de 24 de septiembre de 20246,
decidió rechazar la demanda, de conformidad con lo previsto en el numeral
3 del artículo 169 del CPACA7. Como argumento de su decisión, expuso que,
de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado8, no era posible
realizar un estudio de fondo respecto de la legalidad del decreto enjuiciado,
toda vez que se trataba de un acto administrativo de ejecución y estos
gozaban de un control judicial excepcional, solo en los siguientes escenarios:
a) si el acto extralimitaba la orden que pretendía ejecutar, b) creaba
situaciones jurídicas nuevas o c) dirigía la ejecución a un rumbo contrario a
la sentencia que pretendía ejecutar.

13. En esa medida, expuso que no era posible estudiar de fondo la
legalidad del decreto demandado porque, (se trascribe) “en él no se hace
nada distinto a ejecutar la decisión de la autoridad judicial que removió del
mundo jurídico el contenido del Decreto 44 de 2019. Por tanto, resulta
abiertamente improcedente estudiar su legalidad, sin que exista una
justificación o motivación suficientemente razonada de que hubo un exceso
en la expedición de dicho acto y que, por esa circunstancia, hubiese
creado, extinguido o modificado situaciones jurídicas no cobijadas en el
acto administrativo anulado”

14. 10) El 30 de septiembre de 2024, el accionante presentó recurso de
reposición y, en subsidio, apelación en contra de la anterior decisión. En
dicho escrito realizó un estudio de diversas providencias del Consejo de
Estado9, referentes al control jurisdiccional sobre los actos de ejecución y,
posteriormente, explicó que el asunto resultaba susceptible de control
judicial, en la medida en que, (se trascribe) “la administración accionada
mediante el Decreto 252 de 2023, sin que en la sentencia así se dijera, optó
por extinguir la situación jurídica que en favor de mi representado creara
mediante el Decreto 112 del 25 de junio de 2019.” En esa medida, indicó

6 “Primero. Asumir el conocimiento del proceso de la referencia remitido por el Juzgado Primero Administrativo de

Turbo.
Segundo. Rechazar por falta de control judicial del acto enjuiciado, la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho formulada por el señor Eulises Cardona Sepúlveda en contra del Municipio de Carepa.”
7 “ARTÍCULO 169. RECHAZO DE LA DEMANDA. Se rechazará la demanda y se ordenará la devolución de los anexos

en los siguientes casos:
(…)
3. Cuando el asunto no sea susceptible de control judicial.”
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 13 de agosto de 2020. Rad. 1997-16 y

Sentencia de 6 de agosto de 2015. Rad. 41001 23-33-000-2012-00137-01 (4594-13).
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 31 de marzo de 2011. Rad. 08001-23-31-000-2010 01230-01 (AC).
Auto de 14 de noviembre de 2019. Rad. 13001-23-33-000-2019-00264-02.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 4 de junio de 2024. Rad. 11001-03-15-000 2024-
01973-00 (AC).
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Auto de 15 de abril de 2010. Rad. 52001-23-31-000- 2008-

00014-01(1051-08) y, Sentencia de 14 de noviembre de 2013. Rad. 05001-23-31-000-2003-00490-01(2277-12); Sección
Cuarta, Sentencia de 26 de septiembre de 2013. Rad. 68001-23-33-000- 2013-00296-01(20212).

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01818-01
Demandante: Eulises Cardona Sepúlveda
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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que el Decreto 252 de 2023 se extralimitó al dejar sin efectos los actos
administrativos de nombramiento que se derivaron del Decreto 44 de 2019
y, con ello, extinguir una situación jurídica consolidada. Agregó que el
Decreto 112 de 2019 tenía presunción de legalidad al no haber sido anulado
por ninguna decisión judicial.

15. 11) Mediante Auto No. 406 de 22 de noviembre de 2024, el Juzgado 6
Administrativo de Turbo decidió no reponer el Auto de 24 de septiembre de
2024 y conceder el recurso de apelación. Además de los argumentos
expuestos en el auto objeto de recurso, agregó que, si bien en la sentencia
que decidió la nulidad del Decreto 44 de 2019 no se mencionó al Decreto
112 de 2019, lo cierto era que eso no implicaba que el Decreto 252 de 2023
fuera susceptible de control judicial, puesto que no contenía orden directa
de desvinculación del señor Cardona Sepúlveda.

16. Aclaró que en la parte motiva del Decreto 252 de 2023 se realizó un
análisis del artículo 122 de la Constitución Política, ya que, para la
continuidad en el servicio público, el cargo debía estar previsto en la planta
de personal. En consecuencia, explicó que, ello era (se trascribe) “una
consideración general y no un retiro del demandante, es decir, son
apreciaciones sobre los posibles efectos de la sentencia frente a la
ejecutividad de los actos particulares, pero, no implicó que el Decreto 252
de 2023 adoptara una decisión sobre el asunto.”

17. 12) En Auto de 31 de enero de 2025, el Tribunal Administrativo de
Antioquia confirmó el rechazo de la demanda. Manifestó que, de
conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado10, los reparos
puestos de presentes en el recurso no tenían vocación de prosperar, toda
vez que, luego de realizar un análisis del decreto enjuiciado, logró corroborar
que este no rebasó la orden de la Sentencia de 12 de mayo de 2021, que
declaró la nulidad del Decreto 44 de 27 de mayo de 2019, pues, (se
trascribe) “en el artículo primero decreta “Dar cumplimiento de las
sentencias…”y el artículo segundo “Dejar sin efectos jurídicos el Decreto 044
de 2019…”, mientras los artículos tercero, cuarto y quinto ordenan
comunicar, remitir copias y publicar el acto, finalmente el artículo sexto
señala la vigencia a partir de su publicación y la procedencia de recursos.
Así las cosas, el Decreto 252 de 2023 no excede lo dispuesto en la
sentencia.”.

18. Aunado a lo anterior, indicó que, si bien la nulidad del Decreto 44 de
2019 trajo como consecuencia la perdida de “fundamento de derecho” de
los actos administrativos que se derivaron de la creación de este, como lo

10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 14 de noviembre de 2013. Rad. 05001-23-31-

000-2003-00490-01(2277-12); Sección Cuarta, Sentencia de 13 de agosto de 2015. Rad. 08001-23-31-000-2009-00638-
01 (19854), Sentencia de 3 de agosto de 2016. Rad. 25000-23-27-000-2011-00194-01 (19952) y Sentencia de 26 de
septiembre de 2013. Rad. 68001-23-33-000- 2013-00296-01(20212).

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01818-01
Demandante: Eulises Cardona Sepúlveda
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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fue el Decreto 112 de 2019, mediante el cual se nombró al accionante en
provisionalidad en el cargo de celador grado 1, lo cierto era que tal
consecuencia jurídica no habilitaba al juez administrativo para realizar un
estudio de fondo respecto de la legalidad del Decreto 252 de 2023. En
consecuencia, confirmó la decisión de rechazar la demanda, debido a que
el asunto planteado no era susceptible de control judicial.

19. Como fundamento de la vulneración, la parte actora mencionó que
la providencia enjuiciada incurrió en un desconocimiento del precedente
del Consejo de Estado11, toda vez que, a su juicio, el municipio de Carepa,
en el Decreto 252 de 2023, se extralimitó al momento de ejecutar la orden
dada en la Sentencia de 12 de mayo de 2021, habida cuenta de que en
dicha providencia no se realizó ninguna mención expresa respecto de la
nulidad del Decreto 112 de 2019. Agregó que la autoridad judicial
accionada optó por extinguir los efectos jurídicos de una situación jurídica
consolidada, pese a que el Decreto 112 de 2019 aún revestía de presunción
de legalidad al no haber sido anulado por autoridad judicial y, por tanto,
cualquier afectación a dicho nombramiento debería haber sido objeto de
control judicial.

1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación12

20. Mediante Sentencia del 23 de mayo de 2025, la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo
solicitado por no haber superado el requisito de relevancia constitucional.
Consideró que el accionante buscó, mediante la acción de tutela, revivir un
debate que ya fue objeto de pronunciamiento por el juez del proceso
ordinario, el cual realizó un análisis de cara al contenido del acto
demandado y concluyó que este no era susceptible de control judicial, por
ser un acto administrativo de ejecución, que se limitó a cumplir lo ordenado
en la Sentencia de 12 de mayo de 2021.

21. El accionante impugnó la decisión de primera instancia. Reiteró lo
expuesto en el escrito de tutela sobre el desconocimiento del precedente
del Consejo de Estado y puso de presente que no se realizó
pronunciamiento alguno acerca de la “situación jurídica consolidada en
favor del accionante”.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Auto de 15 de abril de 2010. Rad. 52001-23-31-000- 2008-

00014-01(1051-08) y, Sentencia de 14 de noviembre de 2013. Rad. 05001-23-31-000-2003-00490-01(2277-12); Sección
Cuarta, Sentencia de 26 de septiembre de 2013. Rad. 68001-23-33-000- 2013-00296-01(20212).
12 Mediante Auto de 7 de abril de 2025 la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado decidió 1)

admitir la acción de tutela No. 2025-01818-00, 2) tener como accionado al Tribunal Administrativo de Antioquia y,
3) vincular al municipio de Cerpa y a Fernando Ruiz Murillo como terceros con interés en el asunto.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01818-01
Demandante: Eulises Cardona Sepúlveda
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.2.
Conclusión.

2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

22. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró
improcedente la presente acción de tutela por no satisfacer el requisito de
relevancia constitucional, por las razones que pasan a exponerse:

23. Para la Corte Constitucional, el requisito de relevancia constitucional
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional13.

24. En sentido similar, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez
de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto14; (2) que la
solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una instancia
adicional al proceso ordinario15 y (3) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad16.

25. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 202317,
estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de 3 criterios:
(1) no tratarse de asuntos legales o meramente económicos, (2) perseguir la
protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates concluidos.

13 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
14 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer

elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
15 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal

adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
16 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos

fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
17 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01818-01
Demandante: Eulises Cardona Sepúlveda
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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26. Con base en lo anterior, se precisa que, si bien la parte actora hizo
referencia a que existía una vulneración de sus garantías constitucionales, lo
cierto es que ello no resulta suficiente para explicar por qué esta controversia
tiene una marcada trascendencia constitucional que amerite la
intervención del juez de tutela, máxime cuando lo expuesto se presentó
como simples diferencias o discrepancias interpretativas respecto de lo
definido por el juez natural de la causa.

27. Lo que se evidenció es que la parte actora pretendió que se analizara,
por vía de tutela, argumentos que ya expuso en el recurso de reposición y,
en subsidio, apelación que presentó contra el Auto No. 174 de 24 de
septiembre de 2024, mediante el cual el Juzgado 6 Administrativo de Turbo
rechazó la demanda por tratarse de un asunto que no era susceptible de
control judicial, al haberse demandado un acto administrativo de
ejecución, del cual no era posible predicar que se hubiera extralimitado la
orden que pretendía cumplir (se trascribe):

“El recuento fáctico planteado en la demanda, permite advertir de manera
reiterada, que la sentencia 105 del 12/05/2021, expedida por el Juzgado
Segundo Administrativo Oral de Turbo dentro del proceso radicado 05-837-33-
33-002-2018-00683-00, confirmada en segunda instancia, en ninguno de sus
apartes hace mención a que los efectos de lo allí decidido, esto es, la
declaratoria de nulidad simple del Decreto No.044 del 27 de mayo de 2019,
afectara o abarcara el Decreto 112 de fecha 25 de junio de 2019, a través del
cual la administración accionada nombrara al demandante EULISES
CARDONA SEPULVEDA, en provisionalidad en el Cargo de Celador, Código
477, Grado 1

(…) contrario a lo indicado en el auto recurrido, la accionada extinguió, de
hecho, el nombramiento que en provisionalidad en el cargo de Celador,
Código 477, Grado 1 recaía en el accionante EULISES CARDONA SEPULVEDA
mediante el Decreto 112 de fecha 25 de junio de 2019, sin que así lo ordenara,
ni expresa, ni implícitamente la sentencia 105 del 12/05/2021, expedida por el
Juzgado Segundo Administrativo Oral de Turbo dentro del proceso radicado
05-837-33-33-002-2018-00683-00, confirmada en segunda instancia.
(…)
Al respecto concurren diferentes pronunciamientos del órgano de cierre en
materia contencioso administrativa, con relación a la procedencia del
control jurisdiccional sobre los actos de ejecución, si con los mismos se
modifica o extingue una situación jurídica diferente (…)

La Sección Segunda, Subsección "A", Consejero Ponente Luis Rafael Vergara
Quintero, en auto de fecha 15 de abril de 2010, Radicación número: 52001-
23-31-000- 2008-00014-01(1051-08)
(…)
La misma Corporación en sentencia de fecha 14 de noviembre de 2013,
Expediente 05001-23-31-000-2003-00490-01(2277-12)
(…)
Así las cosas, se tiene que la sentencia 105 del 12/05/2021, mediante la cual
el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Turbo declarara la nulidad simple
del Decreto N° 044 del 27 de mayo de 2019, en ninguno de sus apartes alude
a que, consecuente con dicha declaratoria, se declaraba también la nulidad
del Decreto 112 de fecha 25 de junio de 2019, mediante el cual la accionada
nombrara al demandante EULISES CARDONA SEPULVEDA, en provisionalidad
en el cargo de Celador, Código 477, Grado 1.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01818-01
Demandante: Eulises Cardona Sepúlveda
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

Tampoco se dijo en la mencionada sentencia, ni expresa ni implícitamente,
que como consecuencia de la declaratoria de nulidad del Decreto Nº 044
del 27 de mayo de 2019, "Por medio del cual el alcalde Municipal de Carepa
-Antioquia estableció la nueva planta de personal de la Alcaldía del
Municipio de Carepa, Antioquia”, los nombramientos realizados en vigencia
de dicho decreto, se tornaban, per se, inexistentes.

Dicho lo anterior, sin esfuerzo se aprecia la extralimitación planteada en el
CONSIDERANDO 23 y 24 del plurimencionado Decreto 252 del 13 de
diciembre de 2023”18.

28. Dichos planteamientos fueron objeto de estudio y pronunciamiento
por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia en la providencia de 31
de enero de 2025, decisión aquí enjuiciada, en los siguientes términos (se
trascribe):

“12. En este sentido, el Consejo de Estado ha establecido que los actos de
ejecución no configuran una expresión autónoma de la voluntad
administrativa, sino que están subordinados al acto principal que les da origen.
Por ende, cualquier controversia respecto a ellos debe enfocarse en el acto
base o antecedente. Solo este ˙último podría ser objeto de control judicial en la
medida en que contenga una decisión administrativa que afecte derechos
subjetivos o intereses legítimos de los administrados.

No obstante, el Consejo de Estado ha precisado que, en casos excepcionales,
los actos de ejecución pueden ser cuestionados mediante acciones
contenciosas. Esto ocurre cuando, bajo la apariencia de ejecución, la
administración adopta una decisión nueva que excede el alcance del acto
principal. En tales situaciones, el acto ejecutorio se convierte en un acto
administrativo autónomo y, por ende, puede ser objeto de control judicial.
(…)
16. Los argumentos del recurrente no son de recibo, pues los principios de
legalidad y control judicial rigen la administración pública. En primer lugar, el
recurrente sostiene que el Decreto 112 de 2019 tiene presunción de legalidad al
no haber sido anulado por decisión judicial, sin embargo, el Decreto 252 de 2023
no se refiere al Decreto 112 de 2019 y la perdida de ejecutoriedad de un acto
administrativo solo puede ser impugnado por vía jurisdiccional para oponerse a
su ejecución (art. 92 CPACA).

17. En cuanto a que el Decreto 252 de 2023 excede los efectos de la sentencia
que anuló el Decreto 044 al declarar inexistentes los cargos, precisamente las
decisiones judiciales declararon la nulidad del acto de creación de unos
cargos, con lo cual, efectivamente, tales cargos dejaron de existir por decisión
judicial y el decreto 252 de 2023 cumple la decisión, pues en el artículo primero
decreta “Dar cumplimiento de las sentencias…”y el artículo segundo “Dejar sin
efectos jurídicos el Decreto 044 de 2019…”, mientras los artículos tercero, cuarto
y quinto ordenan comunicar, remitir copias y publicar el acto, finalmente el
artículo sexto señala la vigencia a partir de su publicación y la procedencia de
recursos. Así las cosas, el Decreto 252 de 2023 no excede lo dispuesto en la
sentencia.

18. Respecto a la posibilidad de control judicial del Decreto 252 de 2023, por
extinguir una situación jurídica consolidada, como se ha expuesto, los artículos
del Decreto 252 se limitan a dar cumplimiento a la sentencia de nulidad del
Decreto 044 de 2019, es decir, dan cuenta de que desapareció del mundo
jurídico el Decreto 044 que había creado unos cargos, con lo cual, no hay
situación jurídica consolidada alguna a que se refiera el Decreto 252, pues el

18 Índice 8 de SAMAI en el expediente ordinario No. 05837-33-33-001-2024-00126-00.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01818-01
Demandante: Eulises Cardona Sepúlveda
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

Decreto 044 de 2019 no incluye el nombramiento de Eulises Cardona
Sepúlveda.

19. Asunto distinto es que el Decreto 044 de 2019 haya sido suspendido y luego
anulado, con las consecuencias de pérdida de fundamentos de derecho de
cualquier acto administrativo derivado del Decreto 044 de 2019 (art. 91-2
CPACA), pero tales situaciones y consecuencias jurídicas no permiten la revisión
judicial del Decreto 252 de 2023.
(…)
21. Analizados los argumentos expuestos por el demandante y la decisión
adoptada por el Juzgado Sexto Administrativo de Turbo, la Sala encuentra
ajustada a derecho la determinación de rechazar la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Decreto 252 de 13/12/2023, como
quiera que, este decreto se limita a dar cumplimiento a la sentencia que
declaró la nulidad del Decreto 44 de 2019 y, como lo ha reiterado la
jurisprudencia del Consejo de Estado, los actos de ejecución no son susceptibles
de control judicial salvo que excedan el alcance del fallo que ejecutan, creen
situaciones jurídicas nuevas o introduzcan modificaciones sustanciales.

22. Por tanto, la Sala debe confirmar la decisión del Juzgado 6 Administrativo de
Turbo de rechazar la demanda, pues el asunto así planteado no es susceptible
de control judicial (art. 169-3 CPACA).”19.

29. En esa medida, la reiteración en el proceso de tutela evidencia que
el accionante pretende utilizar este mecanismo como una instancia
adicional, lo cual contraviene su naturaleza subsidiaria y excepcional, pues,
la autoridad judicial accionada se pronunció expresamente sobre los
reparos que formuló el accionante e indicó que el asunto no era objeto de
control judicial debido a que se demandó un acto administrativo de
ejecución, del cual no era dable predicar alguna extralimitación que hiciere
procedente el control.

30. Debe aclararse que las diferencias interpretativas que puedan existir
entre la parte demandante y los jueces naturales que conocieron del
proceso ordinario no constituyen, por sí solas, una justificación válida para
que el juez de tutela revise sus decisiones. Con mayor razón, si se tiene en
cuenta que este es un mecanismo de protección excepcional orientado a
remediar violaciones evidentes, directas y graves de derechos
fundamentales, y no a reabrir discusiones ya resueltas conforme a criterios
jurídicos razonables en sede ordinaria20.

2.2. Conclusión

31. Para la Sala existen razones suficientes para tener por no cumplido el
requisito de relevancia constitucional, en consecuencia, se abstendrá de
estudiar los demás requisitos de procedencia de la acción de tutela y
confirmará la sentencia impugnada.

19 Índice 2 de SAMAI del expediente de la referencia en primera instancia. Decisión que obra en los anexos de la

tutela, así como en el índice 5 del proceso ordinario No. 76001-33-33-003-2023-00288-01.
20 Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01818-01
Demandante: Eulises Cardona Sepúlveda
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 23 de mayo de 2025, proferida por
la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la
cual se declaró improcedente la acción de tutela presentada por Eulises
Cardona Sepúlveda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra esta deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para ello21.

TERCERO: Por Secretaría General, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

21 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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