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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01819-00

Fecha
6 de mayo de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01819-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Negar la solicitud de desvinculación del Consejo Nacional Electoral y la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Declarar improcedencia la solicitud de tutela presentada por Duverney Ardila Germán de Ribón contra la Presidencia de la República, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01819-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

6 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., seis (6) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01819-001
Demandante: Duverney Ardila Germán de Ribon
Demandado: Gustavo Francisco Petro Urrego, presidente de la República

Temas: Tutela para cuestionar la convocatoria a diferentes marchas por
parte del primer mandatario
Decisión: Declarar improcedente la solicitud de amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la solicitud formulada por Duverney Ardila Germán de Ribon, en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
y desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

1. Duverney Ardila De Ribon promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales a la «seguridad personal, bienestar mental,
libertad de opinión, paz, democracia y participación política» (sic) los cuales consideró
vulnerados por parte del primer mandatario, Gustavo Francisco Petro Urrego con
ocasión de sus «discursos que fomentan la polarización y la movilización permanente de
sus seguidores, intensificando un clima de confrontación política y social en el país,
afectando la seguridad, estabilidad institucional y tranquilidad de los ciudadanos» (sic),.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente2:

2.1. Desde que el primera mandatario asumió el cargo, promueve discursos que
fomentan la polarización y la movilización permanente de sus seguidores, lo que
intensifica un clima de confrontación política y social en el país, además de afectar
la seguridad, estabilidad institucional y tranquilidad de los ciudadanos.

1 Todas las actuaciones judiciales adelantas e informes y pruebas allegados podrán ser consultados

en el respetivo expediente electrónico en el aplicativo Samai.
2 Archivo obrante en el índice 2 del SAMAI.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01819-00
Demandante: Duverney Ardila Germán De Ribón

2.2. El 4 de mayo de 2024, en un discurso público, el presidente de la República
incitó a la movilización y a la revolución si no se aprueban sus reformas. En su más
reciente intervención pública, hizo un llamado a la “movilización permanente” y a la
“rebelión”, lo que puede interpretarse como una invitación a la desestabilización del
orden democrático y constitucional. Exactamente, el 11 de marzo de 2025, convocó
a la ciudadanía a una consulta popular sobre la reforma laboral y a la salud.

2.3. El 18 de marzo de 2025, día de la movilización referida, se presentó quema de
llantas y barricadas en la autopista suroriental con calle 26, a las afueras del Centro
de Operaciones de Emcali, donde hicieron presencia personas encapuchadas.

2.4. Las declaraciones del primer mandatario son una incitación a la
desestabilización del orden constitucional, lo que contraviene la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, ya que la consulta popular anunciada busca definir la dirección
de reformas que son de competencia exclusiva del Congreso de la República,
pretendiéndose reabrir un debate legislativo ya cerrado, lo que constituye un abuso
del derecho y una clara violación de la separación de poderes.

2.5. El presidente de la República incumple su juramento constitucional establecido
en el artículo 192, pues, en vez de respetar la Constitución Política, promueve
discursos que dividen al pueblo colombiano y atentan contra la unidad nacional (art.
188 C.P.).

2.6. Sus declaraciones podrían encuadrarse en conductas tipificadas en el Código
Penal Colombiano, como la rebelión y la sedición (art. 467 y 468 del C.P.). De tal
manera, la polarización política impulsada desde el poder ejecutivo afecta la
participación democrática en igualdad de condiciones, pues, quienes ejercemos la
oposición sufrimos estigmatización y amenazas; en un ambiente de hostilidad y
deslegitimación.

2.7. El hecho que el primer mandatario insinúe la posibilidad de decretar estados de
excepción, a pesar de que la Corte Constitucional ha determinado que la
inseguridad y la violencia no son razones suficientes para justificar tal medida,
amenaza la democracia, la libertad de expresión, el derecho a la paz y la seguridad
de los ciudadanos, evidenciándose un ambiente de inestabilidad institucional.

2.8.Las manifestaciones de Petro Francisco Petro Urrego, presidente de la
República vulneran sus derechos fundamentales, pues, al convocar a
movilizaciones polarizan al pueblo y crean un ambiente de incertidumbre ante la
constante confrontación promovida por el gobierno nacional.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01819-00
Demandante: Duverney Ardila Germán De Ribón

«[…] 2. Que se advierta al Presidente de la República sobre su obligación constitucional
de respetar la separación de poderes y el marco legal establecido.

3. Que se advierta al Presidente de la República sobre su obligación constitucional de
respetar las normas que rigen el estado de excepción, en consonancia con la
jurisprudencia de la corte constitucional.

4. Se ordene al Presidente de la República abstenerse de realizar declaraciones que
inciten a la polarización, la confrontación política radical o la desestabilización
institucional.

5. Que se ordene al Presidente de la República emitir un comunicado público aclarando
que la democracia debe garantizarse sin llamados a la movilización permanente que
puedan generar inestabilidad o violencia.

6. Que se remita copia de esta acción de tutela y de las pruebas al congreso de la
república, para que, en ejercicio de sus funciones de control político, evalúe la conducta
del Presidente y determine si hay lugar a un juicio político que pueda conducir a su
inhabilitación.

7. Que se tomen medidas para garantizar la protección de quienes ejercemos oposición
política, asegurando un ambiente de participación democrática sin riesgos de
persecución o exclusión.

8. Que se exhorte a las autoridades competentes, como la Procuraduría General de la
Nación y el Consejo Nacional Electoral, la comisión legal de investigación y acusaciones
y el Consejo de Estado, a evaluar el posible incumplimiento de la ley 996 de 2005 (ley
de garantías electorales) por parte del presidente y tomar las medidas que consideren
pertinentes. […]». (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Consejo Nacional Electoral3 solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, en la medida en que no vulneró derecho
fundamental alguno, ni tiene relación con los hechos que sustentaron la petición de
amparo.

5. La Procuraduría General de la Nación4 solicitó que se declarara que no vulneró
derecho fundamental alguno, ni incurrió en acción u omisión que pudiera
amenazarlos.

6. La Presidencia de la República5 pidió declarar la improcedencia del amparo
invocado, en tanto no existe una acción u omisión imputable al primer mandatario
que pudiera generar alguna vulneración a los derechos fundamentales invocados
por el demandante, y por la falta del requisito de subsidiariedad frente a las
diferentes pretensiones expuestas.

3 Archivo obrante en el índice 9 del Samai.
4 Archivo obrante en el índice 10 del Samai.
5 Archivo obrante en el índice 12 del Samai.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01819-00
Demandante: Duverney Ardila Germán De Ribón

6.1. Asimismo, solicitó negar las pretensiones respecto del presidente de la
República, en razón a que sus declaraciones fueron realizadas de forma genérica y
no particular, lo que imposibilita cualquier afectación directa de los derechos del
demandante; respecto de los cuales, tampoco se acreditó una afectación directa,
concreta e individualizable; sin contar, con que no se acudió previamente a una de
petición (Ley 1755 de 2015, art. 13).

6.3. Adicionalmente, la solicitud de tutela no puede sustituir los canales
institucionales establecidos para la vigilancia del poder ejecutivo ni convertirse en
un mecanismo de control político.

7. La Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de
Representantes6 solicitó su desvinculación del asunto, y afirmó que no tiene
actuaciones en donde figure el aquí demandante como quejoso en contra de los
aforados constitucionales que investiga, por lo que, le es improcedente abordar las
cuestiones planteadas por la parte actora.

2. Consideraciones

8. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) legitimación en la causa por pasiva;
iii) determinación del problema jurídico; iv) procedencia de la tutela - subsidiariedad;
v) marco normativo y jurisprudencial aplicable; y vi) análisis de la Sala..

2.1. Competencia.

9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y 37
del Decreto 2591 de 1991, en concordancia, con el numeral 5 del artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 2021, esta Sala es competente para conocer de la
solicitud de amparo contra el presidente de la República.

2.2. Legitimación en la causa por pasiva

10. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho
a reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién actúe en su nombre, la
protección de sus derechos constitucionales fundamentales cuandoquiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, tal como lo señala el artículo 13 del Decreto
2591 de 1991:

Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,

6 Archivo obrante en el índice 16 del Samai.

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Demandante: Duverney Ardila Germán De Ribón

la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo.
De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra
el superior»

11. La Corte Constitucional, respecto de la legitimación en la causa por pasiva en los
trámites de solicitudes de tutela, ha considerado7:

«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental8. En la medida que refleja la
calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso”9, la misma, en principio, no se predica del funcionario que
comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será
la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya
lugar a ello.

Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta
Fundamental.”10 Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales
(oficiosidad) y a interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección
del derecho fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es
demandado. […]».

12. El Consejo Nacional Electoral y la Comisión Legal de Investigación y
Acusaciones de la Cámara de Representantes solicitaron que se declarara la falta
de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que, no vulneraron derecho
fundamental alguno de la parte demandante y tampoco hay una relación directa
entre lo pretendido y las acciones que esas entidades puedan desplegar para su
cumplimiento.

13. En este punto, se recuerda que sus vinculaciones fueron en calidad de terceros
con interés, al ser las entidades respecto de las cuales el demandante consideró les
asiste la competencia para adelantar las acciones a que hubiere lugar con ocasión
de las conductas cuestionadas respecto del presidente de la República, lo cual
coincide con las pretensiones de amparo elevadas, y en aras de garantizarles sus
derechos de defensa y contradicción, razón por la cual, se negará tal pedimento.

2.3. Problema Jurídico.

14. La Sala deberá establecer: ¿si la solicitud de tutela presentada por Duverney
Ardila Germán de Ribón es procedente para cuestionar las opiniones del presidente
de la República relacionadas con la convocatoria a manifestaciones públicas?

7 Sentencia T-1015/2006. MP. Álvaro Tafur Galvis.
8 Sentencia T-025 de 1995. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
9 Sentencia T-416 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
10 Sentencia T-379 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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2.4. De la subsidiariedad de la solicitud de tutela

15. El artículo 86 constitucional señala que «[e]sta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991 dispuso como causal de improcedencia de la solicitud de
amparo, entre otras:

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»

16. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha
definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia11, es decir, no es un
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios
ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco
constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de
un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los
derechos fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de una protección
efectiva e inmediata frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.5. Del marco normativo y jurisprudencial aplicable

2.5.1. Del derecho fundamental de reunión y protesta pacífica

17. El artículo 37 de la Constitución Política establece que «toda parte del pueblo puede
reunirse y manifestarse pública y pacíficamente», privilegio que se constituye en uno de
los preceptos que caracteriza un Estado como social y democrático de derecho,
pues a través de su ejercicio se salvaguardan algunos de sus elementos esenciales,
como la democracia participativa12, el pluralismo13 y las libertades de expresión14 y

11 Corte Constitucional. Ver, entre muchas otras, las sentencias T-1140 de 2004, T-1093 de 2004,
T-514 de 2003 y T-1121 de 2003.
12 Corte Constitucional, sentencia C-336 de 1994: M. P. Carlos Gaviria Díaz: «[…] el principio

constitucional de la democracia participativa tiene operancia no sólo en el campo de lo estrictamente
político (electoral), sino también en lo económico, administrativo, cultural, social, educativo, sindical
o gremial del país, y en algunos aspectos de la vida privada de las personas; y su objetivo primordial
es el de posibilitar y estimular la intervención de los ciudadanos en actividades relacionadas con la
gestión pública y en todos aquellos procesos decisorios incidentes en la vida y en la orientación del
Estado y de la sociedad civil».
13 Corte Constitucional, sentencia T-388 de 2009, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto: «Uno de los

rasgos distintivos del Estado es, por tanto, su apertura al pluralismo. Tal apertura se conecta al
menos con tres dimensiones: ser el reflejo de una sociedad que (i) admite y promueve de manera
expresa el hecho de la diversidad […]; (ii) aprecia de modo positivo las distintas aspiraciones y
valoraciones existentes hasta el punto de proteger de modo especial la libertad religiosa, de
conciencia y pensamiento así como la libertad de expresión y (iii) establece los cauces jurídicos,
políticos y sociales que servirán para dirimir los posibles conflictos que se presenten en virtud de la
diferencias vigentes en un momento determinado».
14 Artículo 20 de la Constitución Política: «Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y

difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de
fundar medios masivos de comunicación.

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de asociación15, entre otros, dado que posibilita que diferentes sectores de la
sociedad expresen sus inconformidades sobre situaciones que estimen contrarias
al marco constitucional16.

18. Ahora bien, en el ordenamiento jurídico internacional se consagran varias normas
orientadas a proteger la mencionada garantía superior, dentro de las que se
destacan los artículos 2017 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
2118 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos19 y 1520 de la
Convención Americana de Derechos Humanos21, preceptos que resultan de
obligatoria observancia, en atención al artículo 9322 de la Constitución Política.

19. La Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del derecho de reunión
y protesta pacífica ha precisado que «puede manifestarse en una unión esporádica o
congregación para perseguir los más diversos fines mientras éstos sean pacíficos»23.

20. Así las cosas, se tiene que la reunión y protesta pacífica es un derecho
constitucional fundamental protegido por la normativa interna e internacional,
involucra el ejercicio de otras garantías inherentes al ser humano (como la libertad
de expresión), comporta una prerrogativa propia de las democracias participativas
y en él se fundan las movilizaciones sociales, siempre que colmen los elementos
señalados en el párrafo anterior.

2.5.2. Derecho fundamental a la libertad de expresión

21. El artículo 20 de Constitución Política dispone: «Se garantiza a toda persona la
libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en
condiciones de equidad. No habrá censura».
15 Artículo 38 ibidem: «Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas

actividades que las personas realizan en sociedad».
16 Corte Constitucional, sentencia C-9 de 2018, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado: «[...] la reunión y

la manifestación pacífica en espacios públicos y específicamente la protesta en el régimen
constitucional, constituyen un mecanismo útil para la democracia y para lograr el cumplimiento cabal
del pacto social, pues es a través de estos medios de participación que muchas veces se expresan
las inconformidades ciudadanas de grupos sociales que no han sido escuchados
institucionalmente».
17 «Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas».
18 «Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a

las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés
de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la
moral públicas o los derechos y libertades de los demás».
19 Ratificado en Colombia a través de la Ley 74 de 1968.
20 «Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede

estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad
democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para
proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás».
21 Ratificado en el país por conducto de la Ley 16 de 1972.
22 «Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos

humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.
Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia […]».
23 Caso «Escher y Otros vs. Brasil», sentencia de 6 de julio de 2009.

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información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación», de tal
manera, el presidente de la república goza de tal garantía, frente a lo cual el Consejo
de Estado ha determinado el alcance de la libertad de expresión del presidente de
la República en dos escenarios; el primero, cuando pretende transmitir información
objetiva al público en general, y, el segundo, cuando las declaraciones se
circunscriben a su gobierno o expresan su opinión personal sobre algún asunto.

22. Para que las manifestaciones sociales sean una expresión de la garantía de
reunión y protesta pacífica, la jurisprudencia constitucional24 ha dicho que deben
satisfacer ciertos elementos, a saber: (i) subjetivo, que hace referencia a una
agrupación de personas; (ii) temporal, que impone que sean transitorias; (iii)
finalístico, es decir, lícitas; y (iv) real, esto es, que exista un lugar en el que se
adelanten.

23. Una vez precisado el contenido y alcance de derechos como el de reunión y
protesta pacífica y libertad de expresión, es pertinente mencionar que la
Procuraduría General de la Nación tiene la competencia preferente para ejercer el
poder disciplinario, sin embargo, existe un fuero disciplinario que es la prerrogativa
que la Constitución o la ley confiere a ciertos servidores públicos en virtud de la cual
el juzgamiento de su conducta por hechos u omisiones que cometan en ejercicio de
su cargo o por razón de él debe llevarse a cabo por autoridades distintas a las
ordinarias.

24. De tal manera, la autoridad encargada de investigar, amonestar y/o sancionar a
personas que se encuentren ejerciendo el cargo de presidente de la República,
conforme al artículo 235 de la Constitución Política es:

ARTICULO 235. Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:
[…]
3. Juzgar al Presidente de la República, o a quien haga sus veces y a los altos
funcionarios de que trata el artículo 174, previo el procedimiento establecido en los
[numerales 2 y 3 del] artículo 175 de la Constitución Política, por cualquier conducta
punible que se les impute. Para estos juicios la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia estará conformada además por Salas Especiales que garanticen el derecho de
impugnación y la doble instancia.

25. Por su parte, el artículo 174 de la Constitución Política, establece:

ARTICULO 174. Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la
Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces;
contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la
Corte Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal
General de la Nación, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este
caso, conocerá por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos.

26. Así, el alcance de la citada norma fue reafirmado por la Corte Constitucional, a
través de la sentencia C-558 de 1994, en la que sostuvo:

24 Corte Constitucional, sentencia C-9 de 2018, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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«[…] Ciertamente el Fiscal General de la Nación, como los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, los miembros
del Consejo Superior de la Judicatura y el Presidente de la República, gozan de fuero
constitucional para efectos del adelantamiento de investigaciones disciplinarias
originadas en hechos u omisiones cometidos por tales funcionarios en el ejercicio de sus
funciones (art. 174 C.N.), y por tanto, solamente pueden ser investigados por el Senado
de la República, previa acusación de la Cámara de Representantes.

Si la acusación se refiere a delitos cometidos en ejercicio de sus funciones, o a indignidad
por mala conducta, el Senado no podrá imponer otra pena que la de destitución del
empleo, o la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos públicos; pero al reo
se le seguirá juicio criminal ante la Corte Suprema de Justicia, si los hechos lo
constituyen responsable de infracción que merezca otra pena (art. 175-2 C.N.).

Si la acusación se refiere a delitos comunes, el Senado se limitará a declarar si hay o no
lugar a seguimiento de causa y, en caso afirmativo, pondrá́ al acusado a disposición de
la Corte Suprema.

El Artículo 178-4 de la Carta, asigna a la Cámara de Representantes la función de
"Acusar ante el Senado, cuando hubiere causas constitucionales, al presidente de la
República, o a quien haga sus veces, a los magistrados de la Corte Constitucional, a los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los miembros del Consejo Superior de
la Judicatura, a los magistrados del Consejo de Estado y al Fiscal General de la Nación
[…]».

2.6. Análisis de la Sala

27. Vista la normatividad y la jurisprudencia aplicables al presente asunto para
determinar la procedencia de la solicitud de tutela, es pertinente destacar que la
parte demandante alegó que el presidente de la República vulneró su derecho
fundamental a la paz al convocar a sus simpatizantes a marchas y manifestaciones
en su favor, por lo cual pretende que se le ordene abstenerse de hacerlo.

28. Al respecto, de acuerdo a lo expuesto en el acápite pertinente de esta
providencia, debe resaltarse que la Constitución Política, la ley y la jurisprudencia
aplicables han establecido que el presidente de la República, como todas las
personas del territorio nacional, tiene libertad de expresar y difundir su pensamiento
y opiniones, razón por la cual se entiende que aquel hace uso de aquella en dos
escenarios, de los cuales las mencionadas convocatorias a manifestaciones están
relacionadas propiamente con su opinión personal.

29. Sin embargo, si la parte demandante pudiera pensar que con esto el primer
mandatario pudo incurrir en una prohibición constitucional preceptuada como un tipo
disciplinario en las leyes 734 de 200225, 1952 de 201926 o 2094 de 202127, está en
la posibilidad de iniciar las actuaciones disciplinarias correspondientes.

25 Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.
26 Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y

algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.
27 Por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones.

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30. Ante lo cual debe aclararse que la competencia preferente para investigar
conductas relacionadas con faltas disciplinarias se encuentra en cabeza de la
Procuraduría General de la Nación, máxime si se trata de quienes desempeñan
funciones públicas, inclusive los de elección popular y adelantar las investigaciones
disciplinarias e imponer las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad y las
demás establecidas en la ley, salvo en tratándose del primer mandatario respecto
de quien la competencia recae en la Cámara de Representantes en razón al fuero
constitucional que le asiste.

31. Lo anterior, sin perjuicio de aquellos que ostentan un fuero disciplinario especial,
eventualidad en la cual debe seguirse el procedimiento fijado en la normatividad
aplicable, como puede observarse en el acápite pertinente de esta providencia, de
tal forma los supuestos fácticos y jurídicos en los que el tutelante sustenta el reclamo
constitucional formulado deben ser discutidos y planteados en uso del mecanismo
idóneo de protección que, en este caso, corresponde a la jurisdicción disciplinaria,
pues es la llamada a garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en
la Constitución Política, la ley y los tratados internacionales, que se deben observar
en el ejercicio de la función pública.

32. Así pues, no debe desconocerse que la incursión en cualquiera de las conductas
previstas en la ley disciplinaria que conlleven incumplimiento de deberes,
extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del
régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de
intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de
responsabilidad, da lugar a la imposición de la sanción disciplinaria correspondiente.

33. Corolario de lo expuesto, esta Sala de decisión concluye que es improcedente el
amparo, por no encontrar cumplido el requisito de subsidiariedad; pues, el
demandante tiene la posibilidad de ejercer los mecanismos de defensa procedentes,
como, se reitera, poner en funcionamiento la acción disciplinaria a través de la
respectiva queja o incluso, de considerar que aquellas se encuadran en un tipo
penal, como sugiere en el escrito de tutela, puede hacer uso de la acción penal.

3. Conclusión

34. En este orden de ideas, se observa que la solicitud de tutela presentada por
Duverney Ardila Germán de Ribón se torna improcedente, por no superar el
requisito de la subsidiariedad; pues, tiene la posibilidad de ejercer los mecanismos
de defensa procedentes, como acudir a la acción disciplinaria o penal, según lo
considere.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01819-00
Demandante: Duverney Ardila Germán De Ribón

F A L L A:

Primero. Negar la solicitud de desvinculación del Consejo Nacional Electoral y la
Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Declarar improcedencia la solicitud de tutela presentada por Duverney
Ardila Germán de Ribón contra la Presidencia de la República, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETHBECERRACORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

JAV/LXRR

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

11

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