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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01819-01

Fecha
1 de septiembre de 2025
Consejero ponente
María Adriana Marín

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01819-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Confirmar la sentencia del 6 de mayo de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01819-01

Consejero ponente: María Adriana Marín

1 de septiembre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01819-01
Demandante: Duverney Ardila Germán de Ribón

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., primero (1º) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01819-01
Demandante: DUVERNEY ARDILA GERMÁN DE RIBÓN
Demandado: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA – El demandante busca la protección
de derechos colectivos, sin demostrar su perturbación conexa a una vulneración o amenza
iusfundamental, por lo que la solicitud de amparo es improcedente – El accionante pretende
un enjuiciamiento penal y disciplinario de las actuaciones del presidente de la República,
para lo cual no procede la acción de tutela – No se advierte lesión o amenaza concreta de
derechos fundamentales, lo que impide considerar la acción de tutela como el único
mecanismo judicial eficaz e idóneo para su protección, o como instrumento para evitar un
perjuicio irremediable.

La Sala1 resuelve la impugnación presentada por el demandante contra la sentencia del
6 de mayo de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 25 de marzo de 2025 2 , el señor Duverney Ardila Germán de Ribón instauró
demanda de tutela contra el presidente de la República, a fin de obtener el amparo de
sus derechos fundamentales a la seguridad personal, a la salud3, a la libertad de opinión,
a la paz y a la participación en la conformación, el ejercicio y el control del poder político,
así como la protección de la democracia y de la unidad nacional. En consecuencia,
solicitó lo siguiente:

(…) 2. Que se advierta al [p]residente de la República sobre su obligación constitucional
de respetar la separación de poderes y el marco legal establecido.

3. Que se advierta al [p]residente de la República sobre su obligación constitucional de
respetar las normas que rigen el estado de excepción, en consonancia con la
jurisprudencia de la [C]orte [C]onstitucional.

1
Se advierte que el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente el 30 de julio de 2025, para
elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 Samai, expediente de primera instancia, índice 2.
3 Concretamente, solicitó la protección de su «bienestar mental».

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Demandante: Duverney Ardila Germán de Ribón

4. Se ordene al [p]residente de la República abstenerse de realizar declaraciones que
inciten a la polarización, la confrontación política radical o la desestabilización
institucional.

5. Que se ordene al [p]residente de la República emitir un comunicado público[,]
aclarando que la democracia debe garantizarse sin llamados a la movilización
permanente que puedan generar inestabilidad o violencia.

6. Que se remita copia de esta acción de tutela y de las pruebas al [C]ongreso de la
[R]epública, para que, en ejercicio de sus funciones de control político, evalúe la conducta
del [p]residente y determine si hay lugar a un juicio político que pueda conducir a su
inhabilitación.

7. Que se tomen medidas para garantizar la protección de quienes ejercemos oposición
política, asegurando un ambiente de participación democrática sin riesgos de persecución
o exclusión.

8. Que se exhorte a las autoridades competentes, como la Procuraduría General de la
Nación y el Consejo Nacional Electoral, la [C]omisión [L]egal de [I]nvestigación y
[A]cusaciones y el Consejo de Estado, a evaluar el posible incumplimiento de la [L]ey 996
de 2005 (ley de garantías electorales) por parte del presidente y tomar las medidas que
consideren pertinentes.

2. Para sustentar sus pretensiones, el señor Ardila Germán de Ribón sostuvo que, desde
su posesión como presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego ha
promovido la movilización, la rebelión y la polarización con sus discursos.

3. Agregó que, entre dichos discursos, se encuentran los realizados el 4 de mayo de
2023 y el 11 de marzo de 2025, en los cuales, respectivamente, se amenazó con la
movilización y la revolución, y se anunció la convocación de una consulta popular para
lograr la aprobación de reformas de la legislación laboral y de la salud.

4. También expuso que, el 18 de marzo de 2025, cuando el presidente convocó a una
movilización, hubo una incineración de llantas en una vía de Cali.

5. En línea con lo anterior, el señor Ardila Germán de Ribón adujo que los discursos del
presidente han afectado la seguridad, la democracia, la estabilidad del orden
constitucional y la unidad nacional, y han generado un ambiente hostil para los opositores
del gobierno, exponiéndolos a ser estigmatizados y amenazados.

6. Además, sostuvo que los mencionados discursos han afectado su derecho a la paz,
al promover la división y el enfrentamiento. También afirmó que han lesionado sus
derechos a la seguridad «personal y colectiva» y a la salud, desde una perspectiva
mental, al generar incertidumbre, zozobra, miedo y ansiedad.

7. Igualmente, señaló que esos discursos han vulnerado su derecho a la libertad de
opinión, al limitar la posibilidad de expresar su pensamiento sin temor a represalias. De
igual forma, aseguró que han limitado su derecho a la participación en la conformación,
el ejercicio y el control del poder político, al generar una estigmatización de los opositores
del gobierno, como él.

8. Por último, afirmó que los discursos aludidos podrían implicar la configuración de los
delitos de rebelión y sedición.

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B. Trámite impartido e intervenciones

9. Mediante auto del 1° de abril de 20254, el despacho sustanciador en primera instancia
admitió la demanda de tutela contra el presidente de la República y vinculó, como
terceros con interés, a la Procuraduría General de la Nación, al Consejo Nacional
Electoral y a la Comisión Legal Investigación y Acusaciones de la Cámara de
Representantes. Además, les concedió un término de dos días para que se pronunciaran
sobre la solicitud de amparo.

10. El Consejo Nacional Electoral5 sostuvo que no vulneró ningún derecho fundamental
del accionante y, en consecuencia, alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva.

11. La Procuraduría General de la Nación6 señaló que no vulneró ningún derecho
fundamental del accionante.

12. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República7 calificó la
solicitud de amparo constitucional como improcedente.

13. En primer lugar, argumentó que no se satisfizo la exigencia de subsidiariedad, en
tanto el demandante podía solicitar el comunicado presidencial incluido en sus
pretensiones por vía administrativa.

14. En segundo lugar, adujo que no se cumplió el requisito de legitimación en la causa
por activa, puesto que el accionante no ha sufrido un daño directo y concreto sobre sus
derechos fundamentales a causa de los discursos del presidente, pues estos han sido
genéricos.

15. La Comisión Legal Investigación y Acusaciones de la Cámara de
Representantes 8 solicitó su desvinculación, con fundamento en que el demandante no
le había presentado queja alguna.

16. Mediante escrito del 23 de abril de 20259, el demandante expuso que, el 21 de abril
del mismo año, el presidente de la República «anunció la “desenvainada” de la espada
de Simón Bolívar, como acto de proclamación revolucionaria». Añadió que esto agravó
la afectación de los preceptos constitucionales invocados en el escrito introductorio, en
tanto intensificó la polarización y la desestabilización del orden constitucional.

17. En escrito del 7 de mayo de 202510, el demandante citó un discurso realizado el 1°
de mayo del mismo año por el presidente de la República, y expuso un trino de este,
publicado el 6 de mayo siguiente en X. Añadió que, en ambas ocasiones, dicho servidor
público afectó la democracia, la estabilidad institucional y la cohesión social.

4 Samai, expediente de primera instancia, índice 4.
5 Samai, expediente de primera instancia, índice 9.
6 Samai, expediente de primera instancia, índice 10.
7 Samai, expediente de primera instancia, índice 12, archivo «29RECIBEMEMORIAL(…)».
8 Samai, expediente de primera instancia, índice 16.
9 Samai, expediente de primera instancia, índice 15.
10 Samai, expediente de primera instancia, índice 19.

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18. También señaló que, el mismo 6 de mayo, el presidente manipuló a estudiantes del
Sena para que se desplazaran a la Casa de Nariño y escucharan su discurso «de odio».
Añadió que, de esa manera, se evidenció la utilización de actos oficiales para la
promoción de intereses políticos, así como para la consecución de fines proselitistas.

19. Aparte, insistió en que el presidente ha generado polarización con sus discursos, y
lo acusó de escudarse en el derecho a la libertad de opinión y de expresión,
desconociendo sus límites.

20. Además, señaló que dichos discursos han incluido amenazas contra congresistas, lo
cual ha implicado un desconocimiento de la satisfacción del interés general como fin de
la función administrativa, así como una transgresión de la dignidad humana, de la
soberanía popular, de la democracia y de la separación de poderes.

21. Por otro lado, expuso una serie de inconformidades sobre las decisiones de la Corte
Constitucional en el proceso T-10.871.254, originado en una demanda de tutela
presentada por el presidente contra la Sala de Servicio y Consulta Civil del Consejo de
Estado, en la cual se cuestionó la decisión de dicha sala frente un conflicto de
competencia entre la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de
Representantes y el Consejo Nacional Electoral.

22. Finalmente, solicitó lo siguiente:

(…) 3. [E]l amparo [del] derecho a la dignidad de una persona en Colombia.

4. Ordenar al [p]residente de la República abstenerse convocar REVOLUCIONES,
REBELIONES [y] MOVILIZACIONES políticas en actos oficiales del Estado,
considerando que esto vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos.

5. Ordenar al [p]residente de la República abstenerse de realizar actos con fines
proselitistas en eventos oficiales.

6. Exigir al [p]residente que emita un comunicado público reconociendo el impacto
negativo de sus acciones con los jóvenes estudiantes del SENA.

7. Exigir [al] director general actual del SENA[,] Jorge Eduardo Londoño Ulloa[,] que
proteja la integridad física y emocional de nuestros hijos.

8. Garantizar el principio de no repetición, para evitar que actos similares vuelvan a ocurrir
en el futuro.

9. Exhortar a la Presidencia de la República a respetar la neutralidad e imparcialidad que
le impone la Constitución, evitando la instrumentalización del Estado con fines políticos.

10. Que se disponga por parte de las autoridades competentes el seguimiento y vigilancia
del cumplimiento de estas órdenes para proteger la estabilidad democrática.

23. En escrito del 10 de junio de 202511, el demandante reiteró lo expuesto en su escrito
del pasado 7 de mayo y añadió que los discursos de odio aludidos causaron el atentado
contra la vida del exsenador Miguel Uribe Turbay. Además, acusó al presidente de la
República de pretender «incendiar el país» para declarar un estado de conmoción interior
y «aferrarse al poder».

11 Samai, expediente de primera instancia, índice 20.

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C. Fallo impugnado

24. Mediante sentencia del 6 de mayo de 202512, notificada el 2 de julio siguiente, la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró improcedente la
acción de tutela.

25. Antes de exponer la razón de su decisión, esa subsección advirtió que el presidente
de la República, como cualquier persona, tiene libertad para expresar y difundir su
pensamiento y opiniones, lo cual abarca la posibilidad de convocar manifestaciones
públicas.

26. Dicho lo anterior, la Subsección B de la Sección Segunda argumentó que, si el
demandante consideraba que el mencionado servidor público había incurrido en alguna
falta, podía presentar la denuncia o la queja respectiva ante las autoridades penales o
disciplinarias competentes.

27. Finalmente, aclaró que la competencia para sancionar disciplinariamente al
presidente de la República recae en la Cámara de Representantes.

D. Impugnación

28. El demandante solicitó que se revocara la anterior decisión13, con fundamento en lo
siguiente:

29. En primer lugar, sostuvo que la Subsección B de la Sección Segunda interpretó
restrictivamente el alcance del derecho a la seguridad, el cual, en su criterio, no se limita
a la ausencia de «amenazas físicas directas o atentados contra la vida», sino que se
extiende a «la capacidad de vivir sin un temor constante a la violencia, la delincuencia o
la desestabilización social», y a «la confianza en que el Estado garantizará el orden y
protegerá a sus ciudadanos».

30. Explicó que esas manifestaciones del derecho a la seguridad, precisamente, se ven
afectadas por los discursos del presidente de la República, que «incitan al odio y [a] la
violencia», y generan «un ambiente de zozobra y ansiedad colectiva». Esto, a su juicio,
fue ignorado por el a quo.

31. Adicionalmente, insistió en que dichos discursos promueven la rebelión y en que ello
afecta «directamente la seguridad de las personas». Este aspecto, en su criterio, también
fue ignorado por la Subsección B de la Sección Segunda.

32. También sostuvo que dicha subsección desconoció «el fundamento principal» del
escrito introductorio, en el cual se expuso que la democracia, la paz, la seguridad y la
unidad nacional han sido vulneradas por el presidente de la República, al favorecer la
estigmatización y las amenazas contra sus opositores por medio de sus discursos.

12 Samai, expediente de primera instancia, índice 21.
13 Samai, expediente de primera instancia, índice 27.

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33. Añadió que tal estigmatización lo afectó directamente, cuando se postuló como
candidato del Senado para el período 2022-2026.

34. Aparte, señaló que los mencionados discursos han socavado la confianza en las
instituciones y han polarizado la sociedad, lo cual podría causar una desestabilización e
impedir el ejercicio de derechos políticos y, por ende, una lesión de la democracia.
También indicó que han dañado la cohesión social y han destruido la confianza y la
solidaridad colectivas, afectando así la unidad nacional y la paz.

35. Por otro lado, indicó que nunca afirmó haber acudido al Consejo Nacional Electoral,
a la Procuraduría General de la Nación, a la Presidencia de la República y a la Comisión
Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, motivo por el
cual sostuvo que, al haberle exigido informes a esas autoridades, la Subsección B de la
Sección Segunda tergiversó la demanda de tutela.

36. Además, sostuvo que dicha subsección evadió la discusión de fondo sobre la
conducta del presidente y desconoció el deber de proteger los derechos fundamentales
al declarar improcedente la solicitud de amparo constitucional.

37. También adujo que, al calificar las acciones penal y disciplinaria como mecanismos
idóneos de defensa judicial, el a quo tergiversó el carácter subsidiario de la acción de
tutela e ignoró que esta es procedente para evitar un perjuicio irremediable, derivado de
la gravedad de los hechos.

38. Sobre el particular, explicó que su propósito es evitar que los discursos del presidente
sigan aumentando la inseguridad, se materialicen en actos de violencia más graves,
causen una desestabilización o generen un daño mayor a la democracia, la paz y la
unidad nacional. Añadió que, por todo ello, se justifica la intervención del juez
constitucional.

39. Igualmente aseguró que, si bien la paz, la seguridad y la unidad nacional no son
susceptibles de protección por vía de tutela autónomamente, su afectación a causa de
los discursos del presidente implica una amenaza directa de derechos fundamentales
como «la seguridad personal y comunitaria», la libertad de locomoción, la libertad de
empresa, la honra y el buen nombre, y el libre desarrollo de la personalidad. Por esto,
también afirmó que la intervención del juez constitucional se encuentra justificada.

40. Adicionalmente, indicó que el hecho de que la Cámara de Representantes sea la
competente para ejercer la acción disciplinaria contra el presidente dificulta la agilidad
del trámite respectivo, por lo que la acción de tutela es el único mecanismo expedito para
salvaguardar sus derechos y, por ende, resulta procedente.

41. De igual forma, sostuvo que no existe un mecanismo de defensa judicial distinto a la
acción de tutela porque, si fuera así, al Consejo de Estado no se le repartirían las
acciones de ese tipo contra el presidente.

42. También afirmó que, en todo caso, su solicitud de amparo no corresponde a una
denuncia penal ni a una queja disciplinaria, y que la paz y la seguridad son derechos
fundamentales, que pueden ser protegidos por vía de tutela.

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43. Por otra parte, alegó que la Subsección B de la Sección Segunda incurrió en un error
al calificar los discursos del presidente de la República como manifestaciones de su
libertad de opinión, pues pasó por alto que, al incluir expresiones como «libertad o
muerte» y «borrar a esos congresistas», incitan a la violencia, al odio, a la hostilidad
contra opositores del gobierno y a la confrontación, todo lo cual ha tenido consecuencias,
como el atentado contra la vida del exsenador Miguel Uribe Turbay.

44. Agregó que el presidente tiene el deber de ejercer su derecho a la libertad de
expresión con la máxima prudencia y responsabilidad, absteniéndose de utilizar los
mencionados discursos. Además, sostuvo que es necesario tomar en cuenta el contexto
político y social en el cual son emitidos, así como el riesgo de que conduzcan a la censura
y a la represión.

45. Aparte, calificó como preocupante la falta de adopción de medidas preventivas por
parte del Consejo de Estado frente a discursos «institucionales que claramente afectan
el orden constitucional».

46. Finalmente, sostuvo que el a quo vulneró su derecho fundamental al debido proceso,
al notificar la sentencia casi dos meses después de haberla expedido.

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

47. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en
el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del
Consejo de Estado).

F. Cuestión previa

48. En los escritos del 7 de mayo y del 10 de junio de 2025, el demandante formuló
pretensiones y argumentos adicionales a los planteados en la demanda.

49. Ahora, esos escritos se presentaron luego de que el demandado se pronunciara
frente a la solicitud de amparo, motivo por el cual la Sala se abstendrá de abordarlos,
pues lo contrario implicaría adoptar una decisión sin que el mencionado sujeto procesal
hubiera podido controvertir nuevos alegatos en su contra, en menoscabo de su derecho
al debido proceso.

G. Problema jurídico

50. La Sala determinará si confirma, modifica o revoca la sentencia del 6 de mayo de
2025, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

51. Para ello, establecerá si la solicitud de amparo del señor Ardila Germán de Ribón es
procedente. Solo en caso afirmativo, también definirá si sus derechos fundamentales
resultaron vulnerados con los discursos del presidente de la República.

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H. Análisis de la Sala

52. El argumento central de la demanda de tutela y de la impugnación consiste en que
el presidente de la República ha lesionado la seguridad, la paz, la unidad nacional y la
democracia con sus discursos, los cuales —según el demandante e impugnante—
incitan al odio, a la violencia y a la rebelión, y promueven la polarización y la
estigmatización de los opositores del gobierno.

53. Ese argumento, junto con la alusión a categorías como la desestabilización social y
la zozobra colectiva, lejos de dar cuenta de la eventual vulneración de algún derecho
fundamental del señor Ardila Germán de Ribón, evidencia que el propósito de este es
obtener la protección de derechos e intereses colectivos.

54. Al respecto, se advierte que la Corte Constitucional14 y esta Corporación15 han
sostenido que la acción de tutela es excepcionalmente procedente en casos que
involucren la vulneración de derechos colectivos, pues, en principio, el amparo de estos
debe reclamarse a través de la acción popular, prevista en la Ley 472 de 1998.

55. Concretamente, la Corte16 ha explicado que, para determinar si la acción de tutela
resulta procedente en un caso como los mencionados, es necesario verificar: (i) que
exista conexidad entre la afectación de derechos colectivos y la de derechos
fundamentales; (ii) que el accionante sea el titular de los derechos fundamentales
lesionados; (iii) que la vulneración o amenaza a los derechos fundamentales esté
demostrada y (iv) que las pretensiones del actor tengan por objeto el amparo de sus
derechos fundamentales, no de los derechos colectivos involucrados —sin perjuicio de
que estos puedan resultar protegidos con la eventual orden de tutela—.

56. El alto tribunal constitucional también ha indicado que, para determinar si hay
conexidad entre la afectación de derechos colectivos y la de derechos fundamentales,
deben constatarse las siguientes condiciones:

(i) [L]a perturbación de un derecho colectivo; (ii) la existencia prima facie, desde una
perspectiva exclusivamente jurídica, de una amenaza o vulneración a un derecho
fundamental —lo que no debe confundirse con el requisito de la prueba de la real
amenaza o violación del derecho fundamental—; y (iii) la existencia de un nexo entre las
dos afectaciones que evidencie (a) su simultaneidad y (b) su proximidad causal directa y
no mediada por otros factores externos.

57. Ahora, el demandante e impugnante se limitó a atribuir una afectación de la
seguridad, la paz, la unidad nacional y la democracia a los discursos del presidente, sin
probar siquiera sumariamente cómo se habría materializado esa afectación, y sin
acreditar su relación de causalidad con dichos discursos. Así, es imposible inferir, tanto

14 Al respecto, se puede consultar la sentencia de unificación 1116 de 2001, reiterada en la sentencia T-

250 de 2023.
15 Sobre el particular, ver la sentencia del 15 de octubre de 2024, proferida por esta Subsección en el

proceso 11-001-03-15-000-2024-03273-01.
16 Sentencia T-250 de 2023, que reiteró y sintetizó las reglas fijadas en la sentencia de unificación 1116

de 2001.

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una perturbación concreta de derechos colectivos, como una vulneración o amenaza
conexa de derechos fundamentales17.

58. En este punto, es importante señalar que el accionante aportó el enlace de acceso a
un video almacenado en la red social Instagram, supuestamente grabado el 18 de marzo
de 2025, en el cual se observa la incineración de llantas en una vía de Cali. Sin embargo,
ese video no demuestra quiénes fueron los responsables de la incineración, ni cuáles
fueron sus causas y sus consecuencias, por lo que tampoco permite inferir una
afectación concreta y actual de derechos colectivos, ni una vulneración o amenaza
conexa de derechos fundamentales.

59. Esa vulneración o amenaza conexa de derechos fundamentales ni siquiera puede
inferirse de la afirmación de que el demandante se vio afectado por la supuesta
estigmatización de opositores promovida por el presidente, cuando se postuló como
candidato al Senado para el período 2022-2026, pues aquella, además de carecer de
sustento probatorio, no da cuenta de ningún hecho vulnerador específico, ni de un
discurso presidencial concreto ni, lógicamente, de la relación de causalidad entre uno y
otro. En especial, no da cuenta de una lesión o puesta en riesgo del derecho fundamental
a la seguridad personal del señor Ardila German de Ribón, asociada a su presunta
candidatura —sobre la cual no se aportó ningún medio de prueba—.

60. Tampoco puede deducirse una vulneración o amenaza iusfundamental de la simple
mención, en la impugnación, de los derechos a la libertad de locomoción, a la libertad de
empresa, a la honra, al buen nombre y al libre desarrollo de la personalidad, pues aquella
no se acompañó de un solo argumento o de una descripción fáctica que permitiera
deducir si tales derechos han sido lesionados por el presidente de la República y de qué
manera.

61. En suma, el argumento central del señor Ardila Germán de Ribón evidencia que su
propósito es obtener la protección de derechos colectivos, para lo cual no procede la
acción de tutela, salvo que se demuestre una perturbación de tales derechos y su
conexidad con una vulneración o amenaza de derechos fundamentales, lo que no sucede
en el presente caso. En consecuencia, la solicitud de amparo en cuestión resulta
improcedente.

62. Ahora, aunque el señor Ardila Germán de Ribón sostuvo que no busca formular una
queja disciplinaria ni una denuncia penal, no puede perderse de vista que, en la
demanda, afirmó que los discursos del presidente podrían implicar la configuración de

17 De acuerdo con lo establecido en la sentencia T-719 de 2003 de la Corte Constitucional, dos de las

dimensiones de la seguridad personal son las de derecho colectivo y derecho fundamental —la tercera
manifestación es la de valor y fin del Estado—. En tanto garantía colectiva, le «asiste en forma general a
todos los miembros de la sociedad, quienes se pueden ver afectados por circunstancias que pongan en
riesgo bienes jurídicos colectivos tan importantes para el conglomerado social, como el patrimonio público,
el espacio público, la seguridad y salubridad públicas, la moral administrativa, el medio ambiente o la libre
competencia económica (Art. 88, C.P.)». Y, como prerrogativa iusfundamental, «faculta a las personas
para recibir protección adecuada por parte de las autoridades, cuandoquiera que estén expuestas
a [amenazas] que no tienen el deber jurídico de tolerar, por rebasar éstos los niveles soportables de peligro
implícitos en la vida en sociedad; en esa medida el derecho a la seguridad constituye una manifestación
del principio de igualdad ante las cargas públicas, materializa las finalidades más básicas asignadas a las
autoridades del Constituyente, garantiza la protección de los derechos fundamentales de los más
vulnerables, discriminados y perseguidos, y manifiesta la primacía del principio de equidad». Criterio
reiterado, entre otras, en la sentencia T-123 de 2019 de la Corte Constitucional.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01819-01
Demandante: Duverney Ardila Germán de Ribón

los delitos de rebelión y sedición, por lo que solicitó exhortar a la Procuraduría General
de la Nación y a la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de
Representantes para que evaluaran un posible incumplimiento de la Ley 996 de 200518.
Todo ello permite inferir que, además de la protección de derechos colectivos, el
demandante pretende un enjuiciamiento penal y disciplinario de las actuaciones del jefe
de Estado, para lo cual no está dispuesta la acción de tutela. En consecuencia, no cabe
reproche alguno sobre el fundamento del a quo para declarar improcedente la solicitud
de amparo —relativo a la existencia de las acciones penal y disciplinaria—, ni puede
concluirse que tal fundamento haya conllevado una tergiversación del carácter
subsidiario de la acción constitucional en cuestión, como se afirmó en la impugnación.

63. Por otro lado, en la medida en que lo expuesto por el demandante e impugnante no
da cuenta de una vulneración o amenaza concreta de sus derechos fundamentales, por
los motivos ya explicados, no puede concluirse la posible concreción de un perjuicio
irremediable19 sobre dichos derechos, ni que la acción de tutela sea el único mecanismo
de defensa judicial eficaz e idóneo para salvaguardarlos. Así, se insiste, la solicitud de
amparo del señor Ardila Germán de Ribón es improcedente.

64. Al respecto, se advierte que las reglas de reparto de las acciones de tutela no
guardan ninguna relación con los requisitos de procedencia correspondientes,
incluyendo el de subsidiariedad. Por consiguiente, el hecho de que las solicitudes de
amparo dirigidas contra el presidente de la República fueran repartidas entre las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado, mientras estuvo vigente la
modificación del Decreto 1069 de 201520 introducida por el Decreto 333 de 202121 —
modificada, a su vez, por el Decreto 799 de 2025 22 —, de ninguna manera torna
procedente la demanda del señor Ardila Germán de Ribón.

65. En virtud de todo lo expuesto, se confirmará la sentencia de primera instancia,
mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo del señor Ardila Germán
de Ribón.

18 «Por medio de la cual se reglamenta la elección de [p]residente de la República (…)».
19
En la sentencia T-1190 de 2004, reiterada en las sentencias T-828 de 2014 y T-545 de 2017, la Corte
Constitucional explicó que, para concluir que un perjuicio es irremediable, debe verificarse lo siguiente: «(i)
que sea inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) que sea
grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran
intensidad; (iii) que las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes;
y (iv) que la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer
el orden social justo en toda su integridad (énfasis añadido)».
20 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho».
21 A través de dicho decreto, se modificaron los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto

1069 de 2015, relativos a las reglas de reparto de las acciones de tutela. Como consecuencia, en el
numeral 12 de dicho artículo 2.2.3.1.2.1., quedó establecido lo siguiente: «[l]as acciones de tutela dirigidas
contra las actuaciones del Presidente de la República , incluyendo las relacionadas con seguridad nacional,
así como, las actuaciones administrativas, políticas, programas y/o estrategias del Gobierno nacional,
autoridades, organismos, consejos o entidades públicas relacionadas con la erradicación de cultivos
ilícitos, serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, al Consejo de Estado».
22 Por medio de ese decreto, se volvió a modificar el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,

derogando su numeral 12 y estableciendo lo siguiente en su numeral 2: «[l]as acciones de tutela que se
interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional, así como las
actuaciones del presidente de la República, incluyendo las relacionadas con seguridad nacional, y las
actuaciones administrativas, Políticas, programas y/o estrategias del Gobierno Nacional relacionadas con
la erradicación de cultivos ilícitos, serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los
Jueces del Circuito o con igual categoría (énfasis añadido)».

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66. Sobre el particular, es importante indicar que, al declarar improcedente una solicitud
de amparo, el juez constitucional evita la utilización de la acción de tutela para fines
distintos a aquel para el cual se ha instituido: la protección inmediata de derechos
fundamentales. En consecuencia, una decisión de ese tipo, por sí sola, no implica una
elusión de debates de fondo ni una omisión del deber de proteger los mencionados
derechos —como lo sugirió el impugnante—, máxime cuando no es posible inferir
amenaza o vulneración alguna, como en el presente caso.

67. Ahora, de la improcedencia de la solicitud de amparo del señor Ardila Germán de
Ribón, así como de la falta de demostración de una lesión de derechos a causa de los
discursos del presidente de la República, se derivan dos consecuencias: primero, la
inocuidad de evaluar si ese servidor público ha desbordado los límites del ejercicio del
derecho fundamental a la libertad de opinión y de expresión; y segundo, la inviabilidad
de que, en el caso concreto, esta corporación adopte medidas frente a dichos discursos.

68. Finalmente, la Sala debe indicar lo siguiente:

69. En primer lugar, debido a que la demanda de tutela se dirigió contra el presidente de
la República, y a que en ella se solicitó dirigir un exhorto al Consejo Nacional Electoral,
a la Procuraduría General de la Nación y a la Comisión Legal de Investigación y
Acusaciones de la Cámara de Representantes, es apenas lógico que el despacho
sustanciador en primera instancia otorgara la posibilidad de pronunciarse sobre el asunto
a esas autoridades, lo cual, de ningún modo, constituye una tergiversación de la solicitud
de amparo, como se afirmó en la impugnación.

70. En segundo lugar, el alegato relativo a la supuesta vulneración del derecho
fundamental al debido proceso por parte del juez constitucional de primera instancia,
planteado en la impugnación, implica una discusión iusfundamental distinta de aquella
formulada en la demanda de tutela y, por ello, excede el ámbito de decisión de esta
Subsección, como juez de segunda instancia23.

71. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 6 de mayo de 2025, proferida por la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.

23 En la sentencia T-353 de 2018, reiterada en la sentencia de unificación 387 de 2022, la Corte
Constitucional explicó que, en materia de tutela, la impugnación es una manifestación del derecho
fundamental al debido proceso, cuyo objeto consiste en que el superior jerárquico de la autoridad que
profirió el fallo de primera instancia «evalúe nuevamente los argumentos debatidos y adopte una decisión
definitiva», de lo cual se desprende claramente que la impugnación debe versar sobre la misma
vulneración de derechos fundamentales alegada ante el juez de primera instancia, lo cual, a su vez,
delimita el ámbito decisión del de segunda.

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TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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