Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01825-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01825-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01825-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
22 de mayo de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01825-00
Demandante: Jonnathan Alexander Carrillo Prieto
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01825-00
Demandante: JONNATHAN ALEXANDER CARRILLO PRIETO
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Temas: Derecho a la libertad de expresión.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada, en nombre propio, por el señor
Jonnathan Alexander Carrillo Prieto contra el Presidente de la República, el
Ministerio de Cultura, el municipio de Cúcuta – Secretarías de Gobierno, de Cultura
y Turismo, de Seguridad y Convivencia y de Tránsito y Transporte, la Policía
Nacional – Policía Metropolitana de Cúcuta, el Concejo Municipal de Cúcuta, la
Unidad de Víctimas, el Centro de Memoria Histórica, la Personería Municipal de
Cúcuta, el Procurador Provincial de Norte de Santander y la Defensoría del Pueblo,
de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 27 de marzo de 2025, el señor Jonnathan Alexander Carrillo Prieto interpuso
acción de tutela contra las citadas autoridades, por estimar vulnerados los derechos
fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad, al libre desarrollo de la
personalidad, la libertad de conciencia, la libre expresión, el debido proceso
administrativo y la reunión y manifestación social, en conexidad con el derecho a la
protección e integridad del patrimonio cultural y el espacio público. En
consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«2.1. RESOLUTORIAS
2.1.1. VINCULAR a este proceso, bajo el precepto de amicus curiae, al MINISTERIO DE CULTURA,
UNIDAD DE VICTIMAS Y CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA, únicos órganos facultados para
definir cualitativa y cuantitativamente, si realmente la obra mural, realizada el día 26 de enero del
2025, bajo el lema: “PAZ CATATUMBO” representa una expresión artística, patrimonio cultural y
memoria colectiva de las víctimas; y si represente un deterioro patrimonial respecto a la anterior
obra.
2.1.2. VINCULAR a este proceso, a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA REGIONAL
DE NORTE DE SANTANDER Y PERSONERÍA MUNICIPAL DE CÚCUTA, con el fin de que hagan
una valoración de la violación de Derechos Humanos y Derechos Constitucionales Fundamentales,
vulnerados por las entidades demandadas; conforme las razones que aquí se vienen exponiendo.
2.1.3. VINCULAR a este proceso, bajo el precepto de amicus curiae, a la ORGANIZACIÓN DE
NACIONES UNIDAS (ONU) - OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LOS DERECHOS
HUMANOS, con el fin de que hagan una valoración de la violación de Derechos Humanos y
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Derechos Constitucionales Fundamentales, vulnerados por las entidades demandadas entre los días
22 y 31 de enero del 2025; conforme las razones que aquí se vienen exponiendo.
2.1.4. VINCULAR a este proceso, bajo el precepto de amicus curiae, a la asociación artística
compuesta por varios colectivos de arte, MESA DE GRAFFITI Y ARTE URBANO DE CÚCUTA, con
el fin de que hagan una valoración de la violación de Derechos Humanos y Derechos
Constitucionales Fundamentales, vulnerados por las entidades demandadas entre los días 22 y 31
de enero del 2025; conforme las razones que aquí se vienen exponiendo.
2.1.5. AMPARAR el Principio Constitucional a un Estado Social de Derecho (Art. 1, 2, 4, 5, 6 y 8
CP/91) y de los Derechos Constitucionales Fundamentales a la Igualdad (Art. 13 CP/91), Libre
Desarrollo de la Personalidad (Art. 16 CP/91), Libertad de Conciencia (Art. 18 CP/91) en conexidad
con el derecho a la Protección e Integridad del Espacio Público (art. 82 CP/91) flagrantemente
vulneradas por las partes demandadas.
2.1.6. AMPARAR el Derecho Fundamental a la IGUALDAD y de LIBERTAD DE EXPRESIÓN y
CONCIENCIA, ORDENANDO a las autoridades administrativas a respetar el derecho de los artistas
urbanos a manifestar su creación artística en espacios que hacen parte del mobiliario e
infraestructuras de la ciudad.
2.1.7. AMPARAR los Derechos de las Víctimas del Conflicto, permitiendo que se plasmen en los
espacios públicos pertenecientes al mobiliario e infraestructuras de la ciudad, la memoria histórica
del país y el departamento.
2.1.8. ORDENAR a la POLICIA NACIONAL, ABSTENERSE de usar la violencia o tomar medidas
sancionatorias contra los artistas que reconstruyan el mural del puente Carlos Ramírez Paris, con
posterioridad al Fallo de Tutela.
2.1.9. ORDENAR a la SECRETARIA DE GOBIERNO DE CÚCUTA retirar el cartel con anuncio de
prohibición y sanción por ejercer la expresión artística colocada en el puente Carlos Ramírez Paris,
por violar derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política de 1991 y el Bloque de
Constitucionalidad a los jóvenes artistas urbanos de esta ciudad.
2.1.10. ORDENAR a la SECRETARIA DE GOBIERNO DE CÚCUTA en coordinación con la
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CÚCUTA, crear una Mesa Técnica de carácter
incluyente con los artistas urbanos y colectivos populares de arte, donde se generen rutas que
definan los espacios urbanos permitidos y las líneas temáticas, bajo las cuales se debe realizar la
expresión muralista en la ciudad de Cúcuta.
2.1.11. ORDENAR a la SECRETARIA DE GOBIERNO DE CÚCUTA, allegar a este despacho en la
contestación de la tutela, los permisos otorgados a los activistas que pintaron la bandera de
Colombia entre los días 27 y 31 de enero del 2025.
2.1.12. ORDENAR a la SECRETARIA DE GOBIERNO DE CÚCUTA, allegar a este despacho en la
contestación de la tutela, de existir, el reglamento municipal para realizar intervenciones artísticas
en el mobiliario y/o la infraestructura urbana de la ciudad de Cúcuta.
2.1.13. ORDENAR a la SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CÚCUTA la planeación y
ejecución de un Plan Municipal para la desestigmatización de los muralistas y grafiteros y el fomento
de esta forma de expresión artística.
2.1.14. ORDENAR al CONCEJO MUNICIPAL DE CÚCUTA, conforme el Núm. 9 Art. 313 de la
CP/91, referente a dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del
patrimonio cultural del municipio; REUNIRSE y SESIONAR en la mayor prontitud posible, con el fin
de CREAR y PROMULGAR REGLAMENTO sobre la expresión muralista en los espacios
correspondientes al mobiliario y la infraestructura urbana.
2.2. ACLARATORIAS
2.2.1. Se ORDENE a la POLICIA NACIONAL y la SECRETARIA DE GOBIERNO, aclarar: ¿Por qué
no actuó para impedir que un grupo de ciudadanos censurara y destruyera el mural realizado el
domingo 26 de enero del año en curso, referente a la crisis del Catatumbo? Con el fin de identificar
la existencia de daños a derechos fundamentales.
2.2.2. Se ORDENE a la POLICIA NACIONAL y la SECRETARIA DE GOBIERNO, aclarar: ¿Por qué
no actuó para impedir que un grupo de ciudadanos pintara una bandera de Colombia entre los días
27 y 31 de enero y 9 de marzo? Con el fin de identificar la existencia de daños a derechos
fundamentales.
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2.2.3. Se ORDENE a la POLICIA NACIONAL y la SECRETARIA DE GOBIERNO, aclarar: ¿Quién
dio la orden para lanzar gases lacrimógenos contra los artistas que se encontraban en el puente de
San Mateo el día miércoles 29 de enero del presente año? Con el fin de identificar la existencia de
daños a derechos fundamentales.»
2. Hechos
De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:
El Señor Jonnathan Alexander Carrillo Prieto indicó que hace parte de la
Cooperativa Redartistas, que actualmente se encuentra en proceso de inscripción
de la matricula mercantil ante la Cámara de Comercio de Cúcuta.
Relató que, es un proyecto colectivo que congrega decenas de artistas de todo el
departamento, en diferentes estilos (pintura, música, danzas, etc.); con la finalidad
de visibilizar el talento de los artistas locales, promover el desarrollo artístico y
cultural en la región y sensibilizar a la ciudadanía respecto a los saberes
ancestrales, la memoria histórica y el advenimiento del posconflicto.
Antecedentes sobre muralismo en la ciudad de Cúcuta
El señor Carrillo Prieto relató que, el puente Carlos Ramírez París, conocido como
«San Mateo», ubicado en la ciudad de Cúcuta, es un ícono de la memoria histórica
de las protestas de 2021, donde ocurrieron graves violaciones a derechos
humanos. Que, desde entonces, ha sido escenario de más de 6 intervenciones
artísticas censuradas, incluidas agresiones por parte de militantes de derecha
(amenazas con armas de fuego, según Infobae).
Que desde 2021, múltiples murales en la ciudad de Cúcuta han sido borrados por
motivos políticos, dentro de los que destacó: (i) las Cascadas del Malecón
(repintado 3 veces de color gris); (ii) obras en la Avenida Demetrio Mendoza
(denunciando corrupción en instituciones deportivas) y, (iii) murales con la frase
"Polombia" en el Intercambiador de Atalaya.
Los hechos que se relatan respecto de la intervención del puente Carlos
Ramírez París
Afirmó que, el 22 de enero de 2025, junto a otras personas se congregaron en el
puente Carlos Ramírez París, con el fin de restaurar un muro desgastado y dejar
un mensaje a la comunidad, sobre la crisis social que se está viviendo por la
violencia en el Catatumbo.
Dijo que fueron hostigados por grupos conservadores «antipetristas», quienes los
acusaron de pertenecer a grupos armados y que miembros de la Policía Nacional
hicieron presencia en el lugar, pero, no garantizaron su derecho a la expresión, sino
que, por el contrario obstruyeron la actividad.
El 26 de enero siguiente, lograron culminar el mural llamado «no a la militarización
paz Catatumbo». Sin embargo, fue vandalizado al día siguiente, por los mismos
grupos «derechistas» quienes pintaron una bandera de Colombia de forma
rudimentaria, sin que las autoridades intervinieran.
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Que, al día siguiente, la Secretaría de Gobierno del municipio fijó un pendón en el
puente que indica:
«En este bien de uso público
¡PROHIBIDO!
Fijar o realizar dibujos, escritos o grafitis sin la debida autorización. El incurrir en esta
conducta le acarreara prisión, multa y sanción según lo contemplado en el artículo 266 del
Código Penal y Artículo 140 de la Ley 1801 de 2016.
¡Cuidemos juntos nuestro entorno!
Alcaldía de Cúcuta.»
El 29 de enero de 2025, nuevamente el actor y un grupo de artistas, pertenecientes
a varios colectivos de arte de la ciudad, se congregaron en el puente para repintar
el mural «paz Catatumbo». Sin embargo, narró que la actividad terminó convertida
en un escenario de confrontación, que asegura, se dio por parte de personas
vestidas de civil y la fuerza pública (Policía y ESMAD) en su contra, porque fueron
reprimidos con gases lacrimógenos.
Que, el 31 de enero de 2025, el mismo grupo volvió a pintar la bandera de Colombia
sobre el mural, sin que hubiese presencia de la Policía Nacional o de la Secretaría
de Gobierno para impedirlo, lo cual, a su juicio, evidencia un trato desigual por parte
de las autoridades.
Según el actor, estas acciones son una estrategia preelectoral de personas de
derecha «como Carlos Jaimes y Sergio Olaya», que buscan manipular la opinión
pública, ocultar la crisis humanitaria del Catatumbo y normalizar la represión como
herramienta de control ideológico, en claro desconocimiento de derechos
fundamentales.
Relató que, el 8 de marzo de 2025, dentro de las actividades de conmemoración
del día de la mujer, los colectivos feministas pintaron las paredes con grafitis
alusivos a la exigencia de libertades y contra la discriminación en general; pero
también escribieron frases que señalaban directa e irónicamente, el reclamo por
igualdad de expresión en la ciudad mediante la anecdótica frase: «Que nos cuiden
como a las paredes».
3. Argumentos de la acción de tutela
A juicio del tutelante, la aplicación de la Constitución, la ley y las normas
sancionatorias por parte de las autoridades locales evidencia un ejercicio del poder
sectario y desigual, basado en convicciones ideológicas, más que en la búsqueda
de justicia y el cumplimiento del orden jurídico.
Aseguró que, la censura y la represión están siendo utilizadas con fines proselitistas
en un año preelectoral. Que, figuras políticas tradicionales de derecha aprovechan
estos mecanismos para posicionarse mediáticamente, promoviendo discursos
antidemocráticos mientras vulneran derechos de artistas urbanos y desvían la
atención de la crisis humanitaria en el Catatumbo, con el fin de manipular la opinión
pública, normalizar el abuso de autoridad y evitar el debate sobre la responsabilidad
histórica de la clase política en la región.
Señaló que, la prohibición de pintar un mural con contenido crítico por parte de
jóvenes muralistas no solo vulnera derechos fundamentales como la libertad de
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expresión, igualdad, reunión y protesta, sino que evidencia un uso abusivo del
poder por parte de las autoridades, al justificar su decisión en una supuesta falta de
autorización.
Considera que esta medida resulta discriminatoria, ya que no se exigieron los
mismos requisitos a ciudadanos identificados con ideologías de derecha que
previamente intervinieron el mismo espacio público. Por ello consideró que se trata
de una acción represiva y política, más que una decisión administrativa imparcial.
Aseveró que, actualmente, Colombia no cuenta con una ley que regule el muralismo
en el espacio público, aunque algunas ciudades como Bogotá han adoptado
normas locales, como el Decreto 75 de 2013, mientras que en Cúcuta no existe
regulación específica sobre esta práctica.
En este contexto, adujo que resulta preocupante que se prohíba la expresión
artística en el puente Carlos Ramírez Paris con «argumentos jurídicos
inapropiados», basados en el artículo 266 del Código Penal y el artículo 140 de la
Ley 1801 de 2016, los cuales no encuadran en la situación que narra.
Refirió que, la Mesa de Graffiti y Arte Urbano propuso a las autoridades locales
medidas para regular el arte urbano en Cúcuta, con financiamiento, espacios
autorizados, participación comunitaria y representación en el Consejo de Cultura.
Aseguró que, la guerra entre el ELN y las FARC en el Catatumbo ha generado una
grave crisis humanitaria, con más de 90.000 desplazados, situación que ha
colapsado la capacidad local de atención y ha incrementado la presión sobre el
gasto público, en una ciudad ya afectada por altos niveles de pobreza, desempleo
e informalidad.
Agregó que, la suspensión de fondos humanitarios ha obligado a más de 38
organizaciones a cesar sus labores, dejó sin atención a unas 120.000 personas.
Que, frente a esta realidad, la censura de un mural no puede ocultar la magnitud
del problema, por lo que, hace un llamado urgente a la justicia para proteger la
libertad de expresión y los derechos fundamentales, en defensa del Estado Social
de Derecho.
Que, la decisión administrativa que prohíbe el mural «paz Catatumbo» no debe
seguir produciendo efectos, porque está fundado en varias ilegalidades, entre las
que destaca que:
(i) el mural cumple con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 959 de
2000, al ser una expresión artística sin contenido publicitario;
(ii) la medida es inconstitucional por vulnerar derechos fundamentales y
principios constitucionales, lo que la hace nula;
(iii) el secretario de Gobierno se extralimitó en sus funciones, pues según
el artículo 313 de la Constitución y el Decreto 0724 de 2018, la
competencia para regular la intervención muralista corresponde al
Concejo Municipal y a la Secretaría de Cultura, no a la Secretaría de
Gobierno y,
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(iv) la publicación de un cartel prohibitivo en el puente también es ilegal,
ya que constituye publicidad exterior no autorizada, en contravía de la Ley
140 de 1994 y del POT vigente. En ese orden, consideró que existe una
actuación arbitraria, improvisada y contraria al orden jurídico.
4. Trámite previo
El 31 de marzo de 20251, el despacho ponente admitió la acción de tutela y ordenó
notificar dicha acción al demandante y al Presidente de la República, al Ministerio
de Cultura, al municipio de Cúcuta – Secretarías de Gobierno, de Cultura y Turismo,
de Seguridad y Convivencia y de Tránsito y Transporte, a la Policía Nacional –
Policía Metropolitana de Cúcuta, al concejo municipal de Cúcuta, a la Unidad de
Víctimas, al Centro de Memoria Histórica, a la personería municipal de Cúcuta, al
Procurador Provincial de Norte de Santander y a la Defensoría del Pueblo, como
accionados y al colectivo “REDARTISTAS”, a la asociación artística compuesta por
los colectivos de arte, Mesa de Graffiti y Arte Urbano de Cúcuta, en calidad de
terceros con interés, además se negó la medida cautelar solicitada.
5. Oposiciones
5.1 La Presidencia de la República pidió que se le desvinculara del presente
trámite, por carecer de legitimación en la causa por pasiva, pues las reclamaciones
que formula el accionante no le son imputables ni por acción ni por omisión, ni se
advierte la vulneración de derechos fundamentales.
Indicó que, acorde con lo previsto en los artículos 7 de la Ley 140 de 1994 y 140
numeral 1 de la Ley 1801 de 2016, las alcaldías tienen facultades para intervenir
en la eliminación de grafitis en espacios públicos y privados, siempre que estos
afecten el espacio público o se realicen sin la debida autorización. Que, tales
facultades están respaldadas por la legislación nacional y decisiones
administrativas que regulan el mantenimiento del espacio público y privado.
Que, en esa medida, es el ente territorial quien se encuentra legitimado dentro de
la presente acción de tutela y quien debe responder por las pretensiones elevadas
por el actor.
Por otra parte, señaló que, al verificar con el área de correspondencia de la entidad,
a la fecha, no ha recibido petición alguna por parte del accionante.
5.2 El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes solicitó que se declare
la falta de legitimación en la causa por pasiva, porque no ha incurrido en alguna
conducta que vulnere los derechos fundamentales del actor y que las funciones que
legalmente le competen no tienen coincidencia con las pretensiones del actor.
Destacó que en Colombia se respetan el derecho a la libertad de expresión, la
verdad y los derechos de autor, en cuanto a la manifestación del grafiti como un
medio idóneo para divulgar la verdad histórica y judicial, así como su importancia
en el entorno cultural de los habitantes. Sin embargo, precisó que, estos derechos
1 En esa oportunidad se precisó que, teniendo en cuenta que, mediante auto del 27 de marzo de 2025, el Juzgado Quinto
Laboral del Circuito de Cúcuta, declaró su falta de competencia y ordenó remitirlo a esta Corporación, en aras de garantizar
los principios de celeridad e informalidad de la acción de tutela, era necesario admitir el mecanismo constitucional a
prevención.
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fundamentales, han sido limitados por normas nacionales como el código de policía
y las normativas municipales o departamentales que reglamentan la fijación de
obras artísticas en el espacio público.
5.3. El municipio de San José de Cúcuta pidió que se desestimen las
pretensiones de la acción de tutela de la referencia, porque no ha vulnerado
derechos fundamentales del tutelante ni se demostró una actuación arbitraria,
desproporcionada o ilegítima, señaló que, por el contrario, sus acciones se
ajustaron al marco constitucional, legal y reglamentario vigente, orientadas a la
defensa del interés general, la protección del espacio público y la garantía de la
convivencia ciudadana.
Manifestó que dentro del ente territorial la práctica del grafiti y las expresiones
artísticas en el espacio público son reconocidas y se encuentran canalizadas en el
Acuerdo 022 de 2019, que adopta el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
Afirmó que, por conducto de la Secretaría de Cultura y Turismo del municipio ha
fomentado la participación del sector artístico, en el entendido que estableció el
Sistema Municipal de Cultura y el Consejo Municipal de Cultura, que permite la
presentación de propuestas de artistas y gestores culturales para el desarrollo del
arte urbano. Además, indicó que ha promovido campañas para difundir y proteger
la práctica del muralismo y el grafiti dentro de la legalidad.
Que, a pesar de esos esfuerzos, sectores culturales han ignorado esas iniciativas
y han presentado reclamos, de los cuales, en el último año se gestionaron varias
solicitudes de murales, siendo solo una aprobada. Explicó que esto demuestra que
existen canales institucionales efectivos para el diálogo entre artistas y
administración, por lo que no es cierta la narrativa de exclusión o represión
planteada por el accionante.
Que los argumentos del actor para promover la presente acción de tutela, aunque
son relevantes dentro del contexto político, no tienen conexión directa ni jurídica
con los hechos por los que solicita el amparo.
Indicó que el puente Carlos Ramírez Paris es un inmueble de uso público, que
previo a los hechos narrados por el tutelante, albergaba una obra artística de gran
significado cultural y ambiental, obra que se ejecutó con recursos públicos y contó
con el respaldo de diversos colectivos ambientales y sociales, con el propósito de
resaltar la importancia de la conservación del entorno natural y la riqueza ecológica
del territorio.
Precisó que, su alteración por parte del grupo de ciudadanos que pintó un mensaje
sin autorización fue una vulneración al orden legal vigente, lo que justificó la
intervención institucional en defensa del patrimonio colectivo, conforme con lo
dispuesto en la Ley 397 de 1997 y la Ley 1801 de 2016.
Que, con posterioridad a la intervención irregular narrada por el actor, distintos
sectores ciudadanos han incurrido en acciones semejantes, como pintar una
bandera sin previa solicitud y, precisamente, por tales hechos presentó denuncia
con número de noticia criminal 540016001131202511553, contra persona
indeterminada, sin distinción ideológica ni favoritismo alguno.
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Aseguró que, en este caso, la parte actora ignoró el deber de concertación y se
reemplazó una obra institucional sin autorización, que, ahora pretende justificar la
ilegalidad mediante argumentos poéticos o emocionales.
Puso de presente que por medio de la Secretaría de Gobierno y otras
dependencias, ha realizado esfuerzos para facilitar el diálogo con los movimientos
culturales involucrados en los hechos en cuestión, con el apoyo de entidades como
la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía, la Procuraduría, la
personería municipal, la Defensoría del Pueblo y el ICBF. Sin embargo, a pesar de
la disposición de las autoridades, no se logró un consenso definitivo, ya que los
colectivos culturales no cumplieron de manera reiterada con los compromisos y
recomendaciones acordadas.
Aseveró que, no ha impuesto restricciones ideológicas ni estéticas, ni ha
desconocido los derechos fundamentales de los artistas o de las víctimas. Lo que
ha exigido es el cumplimiento de normas que rigen para todos los ciudadanos sin
distinción, precisamente, para preservar el sentido común del espacio público y
proteger el interés general.
5.4 La Secretaría de Gobierno de Cúcuta indicó que la presente acción de tutela
es improcedente porque no se han vulnerado los derechos fundamentales del actor,
los supuestos fácticos que narra carecen de veracidad y su argumentación se
centra en hechos inexistentes y opiniones políticas personales.
Aclaró que el mural al que alude el actor en el puente Carlos Ramírez París, no se
hizo sobre un muro desgastado, sino sobre una obra artística, cuyo valor
aproximado fue de $109´000.000, costeado por la anterior administración.
Que el mensaje trascendental que el tutelante aduce plasmaron en el mural,
realmente era “no a la militarización paz Catatumbo”, utilizando los colores alusivos
al ELN negro y rojo, situación está que enardeció a la ciudadanía cucuteña y
nacieron las confrontaciones entre unos y otros (grafiteros y ciudadanía del común).
Respecto a los hechos ocurridos el 26 de enero de 2025, señaló que:
«La Secretaria de Gobierno, lidero (sic) la convocatoria en varias oportunidades a mesas
de concertación, activación de Puestos de Mando Unificado de diálogos con los actores
y con las autoridades pertinentes como la Policía Nacional a fin de construir ciudad,
llamando a la sensatez, evitar daños a los bienes del estado; sin obtener respuestas
positivas por parte de los jóvenes grafiteros PLATAFORMA MOVILIZACION POPULAR
DE CUCUTA, ENTRE OTROS VOCEROS quienes desean plasmar (sic) mural alusivo a
“NO A LA MILITARIZACION PAZ CATATUMBO” al punto de enfrentarse por vías de
hecho entre los habitantes de la comunidad del sector del Barrio San Mateo, ciudadela
de la Libertad y demás personas que se oponen a tal situación, por lo que fue necesaria
la intervención del Estado en cabeza de la Policía Metropolitana de Cúcuta, por alteración
al orden público quienes efectuaron dos comparendos en cumplimiento a la Ley 1801 de
2016».
Señaló que, en el puente se instaló el pendón con la prohibición de intervención sin
previa autorización, en observancia al artículo 266 del Código Penal y al artículo
140 de la Ley 1806 de 2016, Ley de seguridad y convivencia ciudadana.
Precisó que, «sin importar la orientación política, el contenido o la motivación del mensaje.
No se censura una idea: se protege un bien inmueble y un patrimonio público conforme a
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la Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura), el Código Nacional de Policía y Convivencia
(Ley 1801 de 2016, art. 140 y ss.), y las competencias constitucionales y legales del ente
territorial».
Que, en la mesa de diálogo que se llevó a cabo el 29 de enero de 2025, puso de
presente que el puente Carlos Ramírez París es un bien de uso público y para hacer
cualquier intervención en él debe haber previa autorización del Departamento
Administrativo de Planeación Municipal y la Secretaría de Gobierno, pues, el
Subsecretario de Concertación Ciudadana dio a conocer a los asistentes e
interesados en crear murales los requisitos para la referida autorización.
Indicó que la administración municipal debe hacer cumplir la Ley, en pro de
mantener una convivencia pacífica entre todos los habitantes de la ciudad, ya que
a raíz de este tema de «murales- grafiteros» se han presentado alteraciones de
orden público entre unos y otros grupos de ciudadanos.
5.5. La Secretaría de Despacho – Secretaría de Cultura y Turismo de Cúcuta
señaló que la presente acción de tutela es improcedente, pues no ha incurrido en
alguna acción u omisión vulneradora de los derechos del actor.
Informó que, los muralistas y grafiteros cuentan con un espacio de participación
dentro del Consejo Municipal de Cultura, concretamente, en el área de artes
plásticas, espacio que aseguró está abierto a los artistas, a escuchar sus
propuestas y solicitudes, así como promover la colaboración con el municipio.
En atención a la pretensión 2.1.13 del escrito de tutela, señaló que realizaría una
campaña de medios de difusión con los que cuenta esa secretaría, que permita
resaltar la importancia de los muralistas y grafiteros en la ciudad.
Que la línea de acción para llevar a cabo ese plan es: (i) una campaña inicial de
percepción pública; (ii) acciones de sensibilización en los medios de comunicación;
y, (iii) promocionar y visibilizar las obras realizadas en la ciudad por parte de los
artistas de murales y grafitis.
5.6. El Concejo municipal de San José de Cúcuta pidió que se declare
improcedente la acción de tutela, porque no han transgredido los derechos
fundamentales deprecados por el actor.
En cuanto a la pretensión 2.1.14 del escrito de tutela indicó que no es de su
competencia, pero que, «estar[rán] atentos al llamado a las respectivas secretarías, para
que dentro del control político que realizamos nos entreguen los pormenores del caso y así
poder generar el debate y reglamentar dicha actividad».
5.7. La personería de San José de Cúcuta solicitó que se declare la falta de
legitimación en la causa por pasiva porque en el presente caso se cuestionan
medidas policivas adoptadas para garantizar el goce efectivo del espacio público,
por lo que son las autoridades que las expidieron quienes deben responder en el
presente recurso de amparo.
Señaló que, el municipio es quien tiene el deber de velar por el goce efectivo del
espacio público para todos los ciudadanos, pues se trata de un derecho
imprescriptible e inalienable que debe garantizarse. Que aun cuando se reconoce
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el derecho que tienen todas las personas de expresarse libremente, el actuar de
los particulares se encuentra limitado por las normas que regulan el espacio
público, para ello citó el numeral 9 del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016, los
cuales señaló resultan aplicables a quienes se consideran artistas urbanos o de
otros pensamiento e ideologías.
5.8. La Policía Metropolitana de Cúcuta solicitó que se negaran las pretensiones
de la acción de tutela. Precisó que, no ha adelantado acción alguna que restringa
el ejercicio de la manifestación pública y pacífica en los eventos descritos por el
accionante.
Frente a los hechos narrados, informó que una vez tuvo conocimiento de las
movilizaciones públicas que se llevarían a cabo en el Puente Carlos Ramírez París
los días 26 y el 29 de enero de 2025, procedió a informar a la alcaldía de Cúcuta,
solicitó desarrollo de mesas de coordinación y la eventual instalación del Puesto de
Mando Unificado (PMU). Que aunado a ello, también informó de la situación a la
personera de Cúcuta y le solicitó su acompañamiento.
Que, el 26 de enero de 2025, un grupo de manifestantes de la PMPC y la Fundación
Progresar realizó una protesta pacífica en el puente Carlos Ramírez París, donde
pintaron un mural sobre el Catatumbo sin contar con permiso. Las autoridades
dialogaron con ellos y los manifestantes argumentaron que la actividad estaba
amparada por el derecho a la protesta.
Señaló que, el 29 de enero de 2025, hizo presencia en el lugar manifestantes de la
PMPC y la Fundación Progresar y opositores a dicha movilización, entre ellas
lideres comunales, quienes con arengas no permitían que se llevara a cabo la
realización de grafitis en la base del puente, que junto a otras autoridades
municipales presentes en el lugar se intentó concertar con las partes en aras de
buscar una solución pacífica, para lo cual consensuaron crear una mesa de diálogo
en las instalaciones del auditorio de la Policía Metropolitana.
Indicó que mientras se desarrollaba la mesa de diálogo empezaron pintar sobre el
mural, lo que ocasionó confrontaciones violentas entre ellos y quienes se oponían;
situación que conllevó a la intervención de mediación y desescalamiento por parte
del personal policial que se encontraba de servicio en el puente.
Que, la jefe del servicio solicitó la presencia inmediata del Dispositivo Mínimo de
Atención (DMA), quienes posteriormente hicieron uso legítimo de la fuerza sin que
se registrara alguna persona lesionada ni uniformados, de acuerdo con lo informado
mediante comunicado oficial núm. GS-2025-009448-MECUC.
5.9. La Procuraduría General de la Nación pidió que se le desvincule del presente
trámite constitucional, porque carece de legitimación en la causa por pasiva, no ha
vulnerado derecho fundamental alguno y aunado a ello tampoco es la entidad
llamada a dar respuesta a la petición que sirve de fundamento a esta acción.
Aseguró que no ha tenido conocimiento de los hechos narrados por el actor y en la
base de datos de la entidad no se registra alguna solicitud a su nombre. Que, la
inconformidad del ciudadano se refiere a la presunta vulneración de los derechos
fundamentales por parte de la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta, de la cual
carece de conocimiento.
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5.10. La Unidad para las Víctimas solicitó que se declare su falta de legitimación
en la causa por pasiva, porque no tiene en sus funciones emitir pronunciamiento
frente a las pretensiones de la acción de tutela.
Indicó que a pesar de que el tutelante afirmó que acude a la interposición de la
presente acción de tutela en nombre de las víctimas del conflicto armado, la entidad
dentro de las gestiones y validaciones en los aplicativos no registra acreditación
alguna relacionada con víctimas.
Que la regla general es que, la persona directamente afectada en sus derechos
fundamentales es quien está legitimada para presentar la acción de tutela, al ser la
titular del derecho presuntamente vulnerado, por lo tanto, la solicitud de amparo
debe provenir del ejercicio de su derecho a la autonomía, libre albedrío y
autodeterminación, a fin de evitar el indebido aprovechamiento de terceros frente a
los beneficios que el Estado destina para avanzar en la reparación integral de las
víctimas del conflicto armado.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela de la referencia
para la protección de los derechos fundamentales invocados, con ocasión a las
actuaciones desplegadas entre el 22 y el 29 de enero de 2025, en las que ha
adelantado actividades para intervenir el puente Carlos Ramírez París con un
mural.
Lo anterior, con fundamento en que en ese intento: grupos políticos de derecha han
hostigado y vandalizado su obra; la Fuerza Pública ha actuado de manera sesgada
sin garantizar el derecho a la libre expresión y la Secretaría de Gobierno del
municipio de Cúcuta, de manera irregular, instaló un pendón con una prohibición,
que catalogó de censura frente a sus derechos.
La Sala anticipa que negará el amparo pretendido porque la alcaldía de San José
de Cúcuta – Secretaría de Gobierno y la Policía Nacional no vulneraron los
derechos fundamentales del actor, sino que desplegó acciones tendientes a la
preservación del orden público y a la protección de los bienes de uso público, en
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concreto, sobre las intervenciones que se han hecho en el puente Carlos Ramírez
París.
Para llegar a la conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la falta
de legitimación en la causa por pasiva de algunas entidades demandadas; (ii) el
derecho a la libertad de expresión; (iii) la actividad y uso de la fuerza por parte de
la Policía Nacional y, (v) análisis del caso en concreto.
(i) La falta de legitimación en la causa por pasiva
La falta de legitimación en la causa por pasiva se refiere a la capacidad de las
partes, de acuerdo con la ley, de formular o controvertir las pretensiones de una
demanda.
El señor Jonnathan Alexander Carrillo Prieto interpuso la presente acción de tutela
con el fin de que se garantice el derecho a la libertad de expresión y, en
consecuencia, ordene a la alcaldía de San José de Cúcuta y a la secretaría de
gobierno retirar un pendón instalado en el puente Carlos Ramírez París de la ciudad
de Cúcuta, que prohíbe las expresiones artísticas gráficas sin previa autorización,
so pena de ser acreedores de sanción pecuniaria y/o penal, además, para que en
adelante, se garantice por parte de las autoridades accionadas este tipo de
intervenciones artísticas.
La Presidencia de la República, el Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes, la
Procuraduría General de la Nación, la Unidad para las Víctimas y la personería de
San José de Cúcuta solicitaron que se declarara la falta de legitimación en la causa
por pasiva.
Al respecto, la Sala advierte que, en el presente caso, las referidas autoridades
fueron vinculadas al presente trámite constitucional en calidad de accionadas,
porque el actor las relacionó en tal calidad y dentro de las primeras cuatro
pretensiones del escrito de tutela solicitó la vinculación de algunas de ellas.
En ese orden, la Sala procederá a analizar si, en atención a las pretensiones y
hechos de la acción de tutela, así como en los argumentos esbozados en las
diferentes intervenciones, existe mérito para mantener su vinculación en el presente
trámite o, si, por el contrario, se debe declarar la falta de legitimación en la causa
por pasiva. Así:
a) Presidencia de la República
En el escrito de tutela se relacionó a la Presidencia de la República en el
encabezado como parte demandada, sin embargo, no expuso algún argumento en
su contra ni fue mencionada en los hechos, pretensiones o argumentos del recurso
de amparo, lo cual bastaría para considerar que no le asiste legitimación en la causa
por pasiva.
A lo anterior se suma, que dentro de las funciones que tiene asignadas tal autoridad,
no se encuentran las de regular la intervención del espacio público, o la de
establecer límites y procedimientos para ejercer el muralismo o pintar grafitis, pues,
acorde con lo previsto en el artículo 288 de la Constitución Política, la ley orgánica
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de ordenamiento territorial establecerá la distribución de competencias entre la
Nación y las entidades territoriales.
Justamente, la Ley 1454 de 20112, prevé como principios rectores del ordenamiento
territorial la autonomía y descentralización. De manera que, son los entes
territoriales quienes tienen la facultad de regular el espacio público y su forma de
intervención.
Aunado a lo anterior, al allegar la contestación a la presente acción de tutela, la
autoridad precisó que, «(…) al verificar con el Área de Correspondencia de la entidad y
por medio del certificado con número de radicado CERT25-001710 / GFPU 13081012 del
04 de abril de 2025 se pudo comprobar que hasta la fecha no ha sido recibido ningún
derecho de petición por parte de la accionante a ninguna de las dos entidades accionadas».
Por las razones expuestas, resulta procedente declarar la falta de legitimación en
la causa por pasiva de la Presidencia de la República.
b) El Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes y de la Unidad de Víctimas
El actor pidió que se vinculara a esta cartera ministerial y a la Unidad de Víctimas,
para que definieran cualitativa y cuantitativamente si obra mural, realizada el día 26
de enero del 2025, bajo el lema: «paz Catatumbo» representa una expresión
artística, patrimonio cultura y memoria colectiva de las víctimas o si representa un
deterioro frente a la obra anterior.
Al respecto, revisadas las competencias que tienen asignadas tanto la cartera
ministerial como la Unidad de Víctimas no se encuentran las de valoración de obras
de muralismo o grafitis y sin que dicho argumento demuestre razones que acrediten
acciones u omisiones por parte de la entidad, que habiliten mantener su vinculación
en condición de entidades demandadas.
En todo caso, de las pruebas aportadas al presente trámite no se advierte que el
actor, previamente haya acudido ante tales entidades a solicitar su intervención, en
los términos que pretende dentro de la presente acción de tutela.
Así las cosas, se accederá a las solicitudes de desvinculación formuladas por el
Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes y la Unidad de Víctimas.
c) Procuraduría General de la Nación y personería municipal de Cúcuta
En el escrito de tutela, el actor también refirió como autoridades accionadas a la
Procuraduría Regional de Norte de Santander y a la personería municipal de
Cúcuta, a fin de que «hagan una valoración» de la violación de derechos humanos
y derechos constitucionales fundamentales, vulnerados por las entidades
demandadas.
Sin embargo, en relación con las aludidas autoridades en el escrito de tutela no se
les atribuye la vulneración de los derechos fundamentales en discusión, la solicitud
que presenta frente a estas entidades no habilita su vinculación en condición de
demandadas, pues, dentro de sus competencias no se encuentra la de realizar
valoraciones y dentro del expediente tampoco se acreditó que el señor Carrillo
2 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones»
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Prieto hubiese acudido a las referidas autoridades a solicitar la intervención de esas
autoridades en condición de Ministerio Público para intervenir en algún sentido en
la discusión que propone como vulneradora de derechos fundamentales.
En este contexto, la Sala considera que no existe fundamento suficiente para
mantener vinculadas a las autoridades mencionadas en el trámite de tutela y, por
lo tanto, se procederá a declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de
la Procuraduría General de la Nación y la personería municipal de Cúcuta.
(ii) Derecho a la libertad de expresión
El derecho a la libertad de expresión se encuentra previsto en el artículo 20 de la
Constitución Política, como una garantía que tienen todas las personas para
manifestar y difundir libremente sus pensamientos y opiniones, así como a recibir
información imparcial y cierta.
Dicho postulado además ha sido garantizado en instrumentos internacionales como
la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (artículo 19), el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 19 y 20), la Convención
Americana de los Derechos Humanos (artículo 13), la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 (artículo IV).
La Corte Constitucional ha indicado que el derecho a la libertad de expresión es de
carácter fundamental y goza de especial protección por parte del Estado, sin
embargo, no es absoluto, pues se encuentra limitado cuando amenaza derechos
de terceros, así:
«El derecho a la libertad de expresión se torna en pilar fundamental de las sociedades
democráticas, razón por la cual goza de amplia protección. En efecto, esta Corte ha
reiterado que: (i) toda expresión está amparada prima facie por la libertad de realizarla; (ii)
en los eventos de colisión de la libertad de expresión con otros derechos fundamentales,
en principio, aquella prevalece sobre los demás; (iii) cualquier limitación de una autoridad
al derecho a la libertad de expresión se presume inconstitucional, y por tanto debe ser
sometida a un control constitucional estricto; (iv) cualquier acto de censura previa por parte
de las autoridades es una violación del derecho a la libertad de expresión.
Sin embargo, como lo ha reconocido el ordenamiento jurídico, este derecho no es
absoluto; implica responsabilidades y obligaciones para quien lo ejerce, las cuales van a
depender del medio utilizado para transmitir el mensaje, el ámbito en el que se
desenvuelve y el tipo de discurso. Bajo esa línea, la mencionada garantía no puede
desconocer el deber constitucional de respetar los derechos ajenos y no abusar de los
propios, en los términos del artículo 95 de la Constitución, y, por tanto, no permite vulnerar
derechos de terceros como, por ejemplo, el buen nombre y la honra.
En efecto, a nivel internacional la Corte IDH ha señalado que el hecho de que la libertad
de expresión goce de una presunción de prevalencia, no implica que se trate de una
garantía ilimitada. Por ende, quien ejerce tal derecho está sujeto a las consecuencias por
la afectación a terceros, y bajo la premisa de abstenerse de utilizar o “emplear frases
injuriosas, insultos o insinuaciones insidiosas y vejaciones” Adicionalmente, se ha
sostenido que, si bien los juicios de valor se encuentran protegidos por la Convención que
los rige, los insultos no son cobijados por este amparo.»3
Esta Corporación al referirse al derecho a la libertad de expresión ha precisado que,
3 Corte Constitucional. Sentencia T-281 de 2021.
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«En este orden, los discursos políticos, religiosos, filosóficos, académicos, investigativos
o científicos, estéticos, morales, emotivos o personales, artísticos o simbólicos, la
exposición de convicciones, la objeción de conciencia, las expresiones cívicas o de
participación ciudadana, el discurso de identidad que expresa y refuerza la propia
adscripción cultural y social, entre otros, están protegidos por la Constitución a través del
artículo 20 superior y de otros derechos fundamentales relacionados.
En efecto, según la sentencia del Tribunal Constitucional C-091 de 2017, en Colombia está
prohibida cualquier forma de censura, lo cual a su vez, implica que existe una fuerte
presunción a favor de la libertad de expresión, que se garantiza así: (i) toda expresión se
considera protegida por el artículo 20 Superior, salvo que, en cada caso se demuestre, de
forma convincente que existe una justificación, en los términos de la ponderación con otros
principios constitucionales; (ii) cuando se presenta colisión normativa, la posición de la
libertad de expresión es privilegiada y goza de una prevalencia inicial; y (iii) existe, a priori,
una sospecha de inconstitucionalidad de sus restricciones o limitaciones»4.
Entonces, la libertad de expresión está protegida por la Constitución de Colombia,
especialmente en el artículo 20 y abarca diversos tipos de discursos. Cualquier
restricción a este derecho debe ser justificada de manera consistente y, en caso de
conflicto con otros principios constitucionales, se prioriza su protección. Las
limitaciones a la libertad de expresión se presumen inconstitucionales.
(iii) La actividad y uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional
De acuerdo con lo previsto en los artículos 216 y 218 de la Constitución Política, la
Policía Nacional es cuerpo armado de naturaleza civil, adscrito a la Fuerza Pública,
que tiene como función principal mantener las condiciones necesarias para el
ejercicio de los derechos y libertades, así como garantizar la convivencia pacífica.
Su labor es eminentemente preventiva y no castrense, orientada al manejo del
orden público y la seguridad ciudadana.
Aunque comparte características con otras fuerzas públicas, su carácter civil
impone límites estrictos en cuanto al uso de la fuerza, el cual solo puede ser ejercido
por el personal uniformado de manera excepcional y bajo un principio de
proporcionalidad estricta.
Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-020 de 1996, indicó que, «(…)
el servicio público de Policía tiene entonces como fin primordial, la garantía de bienes
comunitarios esenciales, presupuesto de la convivencia, tales como la seguridad, la
tranquilidad y la salubridad que transfieren ese carácter esencial a la actividad encaminada
a preservarlos, en función de atribuciones ordinarias señaladas en el artículo 213 de la
Carta Política».
El Código Nacional de Policía y Convivencia – Ley 1801 de 2016-, reafirma el
carácter preventivo de la función policial y regula el poder, la función y la actividad
de policía, orientados a garantizar derechos sin abusos, fomentar el cumplimiento
de deberes, el respeto por las diferencias y la resolución pacífica de conflictos.
Respecto al uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, la norma en mención
establece que:
4Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 5 de agosto de 2021, exp. nro. 11001-03-15-000-2021-
02367-00–Acumulados: 2021-02383-00; 2021-02460-00; 2021-02461-00; 2021-02490-00; 2021-03090-00, 2021- 02491-00,
2021-02564-00, 2021-02408-00, 2021-02375-00, 2021-02448-00, 2021-02366- 00-2021-02396-00; C.P. Dr. César Palomino
Cortés.
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«Artículo 166. Uso de la fuerza. Es el medio material, necesario, proporcional y racional,
empleado por el personal uniformado de la Policía Nacional, como último recurso físico
para proteger la vida e integridad física de las personas incluida la de ellos mismos, sin
mandamiento previo y escrito, para prevenir, impedir o superar la amenaza o perturbación
de la convivencia y la seguridad pública, de conformidad con la ley.
(…)».
Entonces, el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional debe ser excepcional,
regulado y proporcional y solo puede emplearse como último recurso, en
situaciones específicas como la prevención de delitos, cumplimiento de medidas
correctivas, defensa propia o de terceros, o ante emergencias.
(iv) Del caso en concreto
Según los hechos narrados por el accionante, son dos las inconformidades que se
plantean al interior de la presente acción de tutela, de un lado, cuestiona que la
Policía Nacional no garantizó su derecho a la libertad de expresión y por el contrario
hizo uso indiscriminado de la fuerza en las manifestaciones que se presentaron en
el puente Carlos Ramírez París los días 22, 26 y 29 de enero de 2025, además,
adujo un trato desigual respecto de otras personas con ideologías políticas
diferentes, quienes, a su juicio, los hostigaron y vandalizaron su representación
artística.
Del otro lado, el actor alega que la alcaldía de San José de Cúcuta – Secretaría de
Gobierno vulneraron sus derechos fundamentales al instalar un pendón en el
puente Carlos Ramírez Paris con la prohibición y sanción por ejercer la expresión
artística.
Entonces, la Sala procederá a analizar los cargos formulados respecto de cada una
de las autoridades accionadas.
Cargos propuestos respecto de la Policía Nacional
El actor relató que los días 22, 26 y 29 de enero de 2025 se reunió junto con algunos
colectivos de arte para pintar un mural en el puente Carlos Ramírez París de la
ciudad de Cúcuta, con el fin de evidenciar la crisis social por la violencia que se
está presentando en el Catatumbo.
Según el actor, en el lugar existió presencia de la Policía Nacional, pero no
garantizaron su derecho a la libertad de expresión, porque otras personas que
denominó de «derecha y antipetristas» los hostigaron y posteriormente
vandalizaron el mural pintando una bandera de Colombia encima, sin que la referida
autoridad hiciera algo para evitarlo.
Por lo anterior, en las pretensiones de la acción de tutela solicitó que se ordene a
la Policía Nacional, lo siguiente:
2.1.8. ORDENAR a la POLICIA NACIONAL, ABSTENERSE de usar la violencia o tomar medidas
sancionatorias contra los artistas que reconstruyan el mural del puente Carlos Ramírez Paris, con
posterioridad al Fallo de Tutela.
(…)
2.2. ACLARATORIAS
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2.2.1. Se ORDENE a la POLICIA NACIONAL y la SECRETARIA DE GOBIERNO, aclarar: ¿Por qué
no actuó para impedir que un grupo de ciudadanos censurara y destruyera el mural realizado el
domingo 26 de enero del año en curso, referente a la crisis del Catatumbo? Con el fin de identificar
la existencia de daños a derechos fundamentales.
2.2.2. Se ORDENE a la POLICIA NACIONAL y la SECRETARIA DE GOBIERNO, aclarar: ¿Por qué
no actuó para impedir que un grupo de ciudadanos pintara una bandera de Colombia entre los días
27 y 31 de enero y 9 de marzo? Con el fin de identificar la existencia de daños a derechos
fundamentales.
2.2.3. Se ORDENE a la POLICIA NACIONAL y la SECRETARIA DE GOBIERNO, aclarar: ¿Quién
dio la orden para lanzar gases lacrimógenos contra los artistas que se encontraban en el puente de
San Mateo el día miércoles 29 de enero del presente año? Con el fin de identificar la existencia de
daños a derechos fundamentales.»
Al respecto, la Sala encontró que, con el escrito presentado por el comandante de
la Policía Metropolitana de Cúcuta se allegaron algunas comunicaciones e informes
presentados durante los días en que ocurrieron los hechos, dentro de los que se
destacan:
• Comunicado oficial nro. GS-2025-006921-MECUC del 23 de enero de 2025, con
radicado nro. 2025102000058182 de la ventanilla única virtual de la alcaldía de San José
de Cúcuta, en la que informó sobre la concentración que se llevaría a cabo el 26 de enero
del mismo año, en inmediaciones del puente Carlos Ramírez París, razón por la que
solicitó la designación de gestores de convivencia «para que promuevan el diálogo,
interlocución y mediación, a fin de generar la comunicación y la articulación con las autoridades en
el desarrollo de la manifestación para evitar situaciones de conflicto en el desarrollo de dicha
manifestación pública, conforme a lo dispuesto en los artículos 26 y 28 del Decreto 003 del
05/01/2021». Adicionalmente, solicitó la activación de Puestos de Mando Unificado y
mesas de coordinación.
• Mediante comunicado oficial nro. GS-2025-007299-MECUC del 24 de enero de 2025,
solicitó a la Personería Municipal de Cúcuta acompañamiento a las concentraciones que
se llevarían a cabo el 26 de enero de 2025.
• En comunicado GS-2025-009448-MECUC del 29 de enero de 2025, la Subcomandante
de la Estación de Policía Centro informó al comandante Operativo de Seguridad
Ciudadana sobre los hechos acaecidos ese día, en los siguientes términos:
«De manera atenta y respetuosa, me permito informar a mi coronel de la situación presentada
durante la prestación del servicio de policía hoy 29/01/2025, a la cual fui asignada como jefe
del mismo y como supervisor el señor teniente coronel DYXON LEONARDO CAPACHO, en
cumplimiento al anexo 004 de la Orden de la orden de Servicio No. 031 “PARÁMETROS DE
ACTUACIÓN POLICIAL PARA GARANTIZAR LA JORNADA DE MANIFESTACIÓN PUBLICA
Y CONTROL DE DISTURBIOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA”, consistente
en brindar acompañamiento a la actividad de protesta social en atención a la manifestación
artística y cultural llevada a cabo por la plataforma de movilización popular de Cúcuta -PMPC-
integrada por organizaciones de la sociedad civil de la región, en solidaridad con las víctimas
y con ocasión de la emergencia humanitaria derivada del conflicto armado presente la
subregión del Catatumbo.
Es así mi coronel, que la suscrita verifica el personal que fue asignado al servicio, constatando
que estos no portaran armamento de dotación, contaran con los elementos asignados al
servicio tales como bastón tonfa, chalecos balísticos, sin presentar novedad alguna.
Posteriormente, siendo las 08:00 horas despliego el servicio de policía en la base del puente
Carlos Ramírez París ubicado en las inmediaciones del almacén éxito del barrio San Mateo,
una vez organizado el servicio empiezan hacer presencia voceros, simpatizantes de la
movilización con un aproximado de 94 personas, como factor de importancia, en el mismo lugar
hizo presencia opositores a dicha movilización un aproximado de 55 personas, entre ellas
lideres comunales, quienes con arengas contrariaban a que se llevara (sic) acabo (sic) la
realización de grafitis en la base del puente. A este lugar llegaron funcionarios de la
administración municipal, en compañía de Defensoría del Pueblo y Personería Municipal de
Cúcuta y diferentes medios digitales.
Ahora bien, mi coronel como medida disuasiva por parte de funcionarios de la alcaldía de
Cúcuta dispusieron una reunión de coordinación con voceros de la plataforma de movilización
popular y los lideres comunales que se oponían, con el propósito de buscar una solución
pacífica, disponiendo de las instalaciones de la policía Metropolitana de Cúcuta para tal fin,
continuando el servicio de acompañamiento a la manifestación en el puente. A eso de las 09:50
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horas mientras se llevaba a cabo la reunión de coordinación, un grupo de jóvenes con sus
rostros tapados (pañoletas color negro y violeta) quienes también vestían chalecos color beige,
de manera violenta irrumpen contra las personas y los uniformados apostados en la base del
puente iniciando a pintar el grafiti encima del dibujo de la bandera de Colombia, es así que las
personas que se oponían responden de manera agresiva para intentar impedirlo, cruzando
entre ellos a viva voz, señalamientos, acusaciones y palabras soeces. Por ello, el personal bajo
mi mando intercede para intentar controlar la situación actuando bajo los principios de
necesidad, proporcionalidad, razonabilidad y legalidad, y aplicando métodos de resolución de
conflictos, mediación policial en compañía del personal responsable de la coordinación del
Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana MECUC, sin surtir efecto conciliatorio
entre las partes, contrario a ello, se generó mayor escalonamiento recibiendo resistencia física
y agresiones, desbordando así las capacidades operacionales del personal bajo mi mando, por
lo que informé a mi Teniente coronel DYXON LEONARDO CAPACHO, de la necesidad de
solicitar apoyo del personal DMA, para lo que me dio viabilidad, es por esto que siendo
aproximadamente las 10:00 horas a través del radio de comunicación solicité la presencia del
Dispositivo Mínimo de Atención (DMA) para fortalecer el servicio.
Una vez el personal que integra el DMA llega para apoyar la confrontación en masa que se
venía presentando, utilizando ordenes de policía, dialogo, protocolos, comandos de voz, entre
otros, lograron así disuadir y controlar la situación, seguidamente verifico novedades,
constatando que ningún policial resultó lesionado ni los manifestantes que se encontraban
agrediendo.
Finalmente, los manifestantes continuaron por varios minutos lanzándose agresiones verbales,
sin embargo, se logró desescalar la situación y seguidamente estas personas se retiraron del
sitio siendo aproximadamente 11:40 horas.»
De acuerdo con lo anterior, la Policía Nacional logró acreditar las gestiones que ha
desplegado en atención a las circunstancias suscitadas en el puente Carlos
Ramírez París de la ciudad de Cúcuta, sin que se evidencie que sus actuaciones
han sido desmedidas, desproporcionadas o en contravía de los postulados legales,
pues se advierte que, una vez tuvo conocimiento de la situación que se presentaría,
informó a las autoridades territoriales para que hicieran acompañamiento y
acudieran a las vías del diálogo y la comunicación con el fin de evitar
confrontaciones entre los grupos que harían presencia en el lugar.
Aunado a ello, puso de presente que, debió acudir al uso de la fuerza para retomar
el control de la situación debido a las confrontaciones que se presentaron entre los
dos grupos de diferentes vertientes políticas, que se congregaron a manifestarse
en el lugar, tales medidas estuvieron precedidas de actos de mediación y
desescalamiento por parte del personal policial y nunca se presentaron excesos.
Lo anterior, teniendo en cuenta que hizo previo agotamiento del nivel de resistencia
previsto en la Resolución 02903 del 23 de julio de 2017, «Reglamento para el uso de
la fuerza y empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales por la
Policía Nacional» y de los principios de necesidad, constitucionalidad, legalidad,
proporcionalidad y diferenciación, así como al modelo para el uso diferenciado y
proporcional de la fuerza, establecido en el Decreto 1231 de 2024.
Por el contrario, el actor no acreditó un uso excesivo de la fuerza, pues, solo se
advierten aseveraciones al respecto y algunas noticias que se publicaron en
diferentes medios digitales, en donde se habla de la confrontación que se
presentaron ante el desacuerdo de los grupos políticos en la elaboración del mural
en el puente Carlos Ramírez París.
Entonces, en el presente caso no se encuentra acreditada una conducta
reprochable para la Policía Nacional, ni se advierte la necesidad de emitir la orden
que solicita el actor en la pretensión 2.1.8., pues no se evidenció un actuar
desproporcionado o con desconocimiento de los postulados constitucionales y
legales por parte de la Fuerza Pública.
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En ese orden, no se encuentra probada la vulneración de los derechos deprecados
por el actor, por lo tanto, se negarán las pretensiones elevadas respecto de la
Policía Nacional.
Cargos propuestos respecto del municipio de San José de Cúcuta –
Secretarías de Gobierno y de Cultura
El actor afirmó que el 22 de enero de 2025, junto a otras personas se congregaron
en el puente Carlos Ramírez París, con el fin de restaurar un muro desgastado y
dejar un mensaje a la comunidad, sobre la crisis social que se está viviendo por la
violencia en el Catatumbo, el cual fue culminado el 26 de enero siguiente, obra a la
que denominaron «no a la militarización paz Catatumbo».
El señor Jonnathan Alexander Carrillo Prieto indicó que la secretaría de Gobierno
del municipio de San José de Cúcuta vulneró sus derechos fundamentales porque
el 27 de enero de 2025 instaló un pendón en el puente Carlos Ramírez París, con
la prohibición de realizar intervención artística en el puente (murales o grafitis) sin
previa autorización, so pena de ser acreedores de sanción pecuniaria y/o penal.
El actor considera arbitraria e ilegal la actuación de la entidad territorial, porque el
mural es una expresión artística sin fines publicitarios, conforme con el Decreto 959
de 2000, «Por el cual se compilan los textos del Acuerdo 01 de 1998 y del Acuerdo 12 de
2000, los cuales reglamentan la publicidad Exterior Visual en el Distrito Capital de Bogotá».
Además, adujo que el secretario de Gobierno excedió sus funciones, ya que la
regulación de intervenciones muralistas corresponde al concejo municipal y a la
Secretaría de Cultura, por lo tanto, afirma que el cartel prohibitivo en el puente es
publicidad exterior no autorizada, en claro desconocimiento de la Ley 140 de 19945
y el POT vigente.
Con base en lo anterior, la Sala advierte que el actor cuestiona la legalidad de la
decisión de la administración municipal de instalar un pendón sobre el puente
Carlos Ramírez París, al tiempo que prohíbe su intervención sin previa autorización.
Por su parte, el ente territorial sostiene que se trata de una actuación amparada
legalmente, orientada a la protección de los bienes de uso público.
En ese contexto, y dado que en este caso no se está ante un acto administrativo
susceptible de control por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, resulta
procedente la acción de tutela para analizar el fondo del asunto. Además,
considerando que la controversia involucra dos derechos en tensión —la libertad
de expresión del accionante y la protección del espacio público—, la Sala
adelantará el correspondiente análisis para resolver el conflicto.
5 Artículo 3°.- Lugares de ubicación. «Podrá colocarse Publicidad Exterior Visual en todos los lugares del territorio nacional, salvo en
los siguientes:
• En las áreas que constituyen espacio público de conformidad con las normas municipales, distritales y de las entidades territoriales
indígenas que se expidan con fundamento en la Ley 9 de 1989 o de las normas que la modifiquen o sustituyan. Sin embargo, podrá
colocarse Publicidad Exterior Visual en los recintos destinados a la presentación de espectáculos públicos, en los paraderos de los
vehículos de transporte público y demás elementos de amoblamiento urbano, en las condiciones que determinen las autoridades que
ejerzan el control y la vigilancia de estas actividades.
• Dentro de los 200 metros de distancia de los bienes declarados monumentos nacionales.
• Donde lo prohiben los Concejos Municipales y Distritales conforme a los numerales 7 y 9 del artículo 313 de la Constitución Nacional.
• En la propiedad privada sin el consentimiento del propietario o poseedor.
• Sobre la infraestructura, tales como postes de apoyo a las redes eléctricas y telefónicas, puentes, torres eléctricas y cualquier otra
estructura de propiedad del Estado.»
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En los informes que allegaron, tanto la Alcaldía de San José de Cúcuta como la
Secretaría de Gobierno del ente territorial señalaron que el mural mencionado por
el actor fue creado sin los permisos necesarios ni la autorización del ente territorial,
tal como lo establece el artículo 1.10.36 sobre Mensajes con Expresiones Artísticas
y el artículo 1.27.47 del Acuerdo nro. 022 de 2019 del Plan de Ordenamiento
Territorial (POT).
Al respecto, debe indicarse que, la Ley 1454 del 28 de junio de 2011, «por la cual se
dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras
disposiciones.», refiere la importancia de la autonomía que ostenta lo entes del
ordenamiento territorial y su relevancia en el principio de descentralización del
estado.
Igualmente, la Corte Constitucional en sentencia C-296 de 2016 predica la
importancia de reconocer la autonomía de los entes territoriales, dentro de los
límites de un estado unitario, como lo es el estado colombiano, establecido en el
artículo 113 de la Constitución Política, según el cual:
«El principio de autonomía territorial tiene como núcleo esencial la garantía de que las
entidades territoriales puedan gestionar de forma autónoma sus intereses –artículo 288
de la Constitución-, para lo cual la Constitución garantiza que los entes territoriales i) se
gobiernen por autoridades propias; ii) ejerzan las competencias que les correspondan;
iii) administren sus recursos y establezcan tributos que permitan el cumplimiento de sus
funciones; y iv) participen en las rentas nacionales».
Así las cosas, las alcaldías como entes territoriales, en Colombia tienen la facultad
legal de intervenir en la eliminación de grafitis en espacios públicos y privados,
6 «1.10.3 Mensajes con expresiones artísticas
1.10.3.1 Definición y características: Considérese este elemento como el que contiene expresiones artísticas como fotografías,
gráficos, pinturas, con fines educativos y culturales.
1.10.3.2 Ubicación
En lugares que conforman el espacio público como separadores viales, parques, plazas, plazoletas, vías peatonales y en zonas de
ubicación de mobiliario urbano.
Observaciones:
• Se permitirá inclusión de logotipos de empresas o nombre del patrocinante de este tipo de mensaje en un área no superior al 10%
del elemento. Así mismo se permitirá la identificación de la obra, nombre del autor y fecha de ejecución, la obra de arte podrá contener
la firma del autor.
• Se podrán instalar sobre el piso en zonas duras apoyados con una estructura metálica móvil anclada a piso mediante tornillos. El
propietario del elemento deberá encargarse de la restitución del espacio público una vez sea desmontado el mensaje a fin de evitar
su deterioro.
• Se permitirá su instalación temporal para realizar la exposición de muestras de expresiones de arte, como pintura, escultura y
fotografía,
• El Elemento deberá brindar seguridad a la muestra de arte expuesta, ya que la responsabilidad de deterioro de la obra o hurto solo
recaerá sobre la persona titular del permiso de instalación de mobiliario urbano.
• El propietario deberá responsabilizarse del buen estado del elemento a fin evitar el deterioro del mismo por el desgaste debido al
tiempo de instalación que genere una mala apariencia estética o deterioro en la estructura del elemento, en caso de observarse
deterioro no le será concedido permiso y se solicitará el mantenimiento o remoción del elemento.
• En ningún caso se podrá permitir la ocupación, uso temporal o reducción de la franja de circulación peatonal para localizar este tipo
de elementos,
• La liquidación de los mensajes se realizará tomando en cuenta la factura de elemento que sirve como soporte para la instalaci ón
de la pintura, fotografía o escultura y cuando esta no se allegue se tomarán como referencia de valor los precios del mercado , su
permiso será expedido por un tiempo mayor a un mes renovándose al vencimiento.»
7 «1.27.4 Murales artísticos o institucionales
• Se entiende por murales artísticos o institucional los que con carácter decorativo y con motivos artísticos, o los que con mensajes
de carácter institucional de entidades del estado se pintan directamente sobre los muros de las culatas de las edificaciones y muros
de cerramiento o en diferentes elementos del espacio público. A diferencia de los demás murales, estos no podrán incluir ningún
tipo de publicidad, ni evocar marcas, productos o servicio privado alguno, el área del muro a intervenir.
• Los motivos de los murales artísticos no se pueden repetir en el mismo mural ni en murales diferentes, sin la aprobación del autor
de la obra.
• Deberán contar con la aprobación de los propietarios de los predios en los que interviene la culata para la elaboración del mural
• El diseño de los murales debe responder a objetivos e carácter institucional, cultural y/o recreativo
• El contenido del diseño no debe atentar contra la integridad de la moral ciudadana
No pueden contener ningún tipo de publicidad, solo el nombre del autor y la fecha de elaboración.
El responsable de la instalación se debe hacerse cargo de su mantenimiento y/o remoción.
Tiempo de Instalación: no tendrán limitación de tiempo de instalación.»
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siempre que estos afecten el espacio público o se realicen sin la debida
autorización.
Lo anterior, teniendo en cuenta que, el artículo 78 de la Ley 140 de 19949 establece
que los alcaldes deben realizar revisiones periódicas para asegurar que la
Publicidad Exterior Visual, que puede incluir grafitis, se mantenga en buen estado,
sin suciedad, inseguridad o deterioro.
Además, el artículo 14010 de la Ley 1801 de 2016 otorga a las alcaldías la capacidad
de exigir el mantenimiento de las fachadas, jardines y espacios públicos, e impone
la obligación de preservar y mejorar estas áreas, tanto en espacios públicos como
privados.
De manera que, la instalación del pendón con la advertencia sobre la prohibición
de intervenir sin previa autorización está plenamente alineada con lo dispuesto en
el artículo 266 del Código Penal y el artículo 140 de la Ley 1806 de 2016 (Ley de
Seguridad y Convivencia Ciudadana).
Las anteriores disposiciones otorgan a las autoridades locales la facultad y
autonomía para salvaguardar el espacio público, garantizan que este se mantenga
en condiciones adecuadas y con respeto de las normas establecidas para su
conservación.
Por lo tanto, en el presente caso resulta evidente que la medida no constituye una
restricción a la libertad de expresión, sino una regulación necesaria para asegurar
que cualquier manifestación artística que se desee realizar en el espacio público
sea previamente autorizada.
De acuerdo con la ley, quienes deseen llevar a cabo intervenciones artísticas deben
dirigirse al ente territorial correspondiente para obtener la autorización necesaria.
Así, se garantiza que la expresión artística se realice en un marco de respeto hacia
el orden público y la normativa vigente.
En este sentido, aunque existe una tensión entre el derecho a la libertad de
expresión del actor y la necesidad de proteger el espacio público, la Sala considera
que la medida adoptada por la alcaldía está orientada a la protección del interés
colectivo.
La intervención sobre el espacio público no solo debe garantizar la preservación del
entorno urbano, sino también la convivencia pacífica de los ciudadanos, lo que
justifica la regulación de las intervenciones artísticas. En consecuencia, la actuación
de la alcaldía, lejos de ser un obstáculo para la libertad de expresión, busca
equilibrar este derecho con la necesidad de preservar el orden y el bienestar común.
8 «Artículo 7°.-Mantenimiento. A toda Publicidad Exterior Visual deberá dársele adecuado mantenimiento, de tal forma que no
presente condiciones de suciedad, inseguridad o deterioro. Los Alcaldes deberán efectuar revisiones periódicas para que toda
Publicidad que se encuentre colocada en el territorio de su jurisdicción dé estricto cumplimiento de esta obligación.»
9 «Por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el Territorio Nacional»
10 «Artículo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Los siguientes comportamientos son
contrarios al cuidado e integridad del espacio público y por lo tanto no deben efectuarse.
(…)
9. Escribir o fijar en lugar público o abierto al público, postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales,
tales como piedras y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, leyendas, dibujos, grafitis, sin el debido permiso, cuando
éste se requiera o incumpliendo la normatividad vigente.
(…)
12. Fijar en espacio público propaganda, avisos o pasacalles, pancartas, pendones, vallas o banderolas, sin el debido permiso o
incumpliendo las condiciones establecidas en la normatividad vigente.»
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Por las mismas razones, tampoco es posible acceder a las pretensiones del actor
respecto del municipio de San José de Cúcuta – Secretarías de Gobierno y de
Cultura enlistadas en las pretensiones 2.1.10 a 2.1.13, porque no se acreditó
vulneración alguna por parte del ente territorial.
Sin embargo, no se puede pasar por alto que, según lo señalado en los informes
presentados en virtud del Acuerdo 017 de 2010, mediante el cual se estableció el
Sistema Municipal de Cultura y se creó el Consejo Municipal de Cultura11, órgano
que fue concebido como un espacio participativo, abierto a recibir propuestas,
solicitudes y proyectos por parte de artistas y gestores culturales interesados en
promover y desarrollar expresiones de arte urbano en la ciudad.
Por lo que, el actor puede acudir a dicho órgano a exponer sus inquietudes, con el
fin de facilitar la construcción colectiva de políticas culturales que reconozcan y
potencien el arte urbano como una manifestación legítima y valiosa del patrimonio
cultural local. Le corresponderá entonces al actor agotar los trámites administrativos
previstos en el Plan de Ordenamiento Territorial, Acuerdo 022 de 2019, el cual
puede ser consultado en la página oficial del municipio12, para autorización de
elaboración de expresiones artísticas, es el referido por el municipio y, en todo caso,
se pone de presente que de negarse la solicitud el actor puede cuestionarla en
ejercicio de los medios de control pertinentes.
En ese sentido, se invita al actor a acercarse a dicha dependencia y solicitar su
vinculación activa en este proceso, con el fin de que pueda participar de manera
efectiva en las iniciativas relacionadas, expresar sus ideas y contribuir a los temas
que considere relevantes. Esta participación busca garantizar la inclusión de los
artistas urbanos en la formulación y ejecución de acciones culturales que los
impactan directamente, fortaleciendo así el ejercicio de sus derechos culturales y
su reconocimiento dentro de la comunidad.
En lo relacionado con la pretensión 2.1.14 dirigida a que el Concejo Municipal del
municipio de San José de Cúcuta dicte normas necesarias para el control, la
preservación y defensa del patrimonio cultural del municipio, no resulta procedente
porque, dentro de las funciones y competencias no se encuentra la de expedir
normas y la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para ordenar el trámite
de iniciativas legislativas.
Finalmente, respecto de las pretensiones que el actor denominó «ACLARATORIAS»,
consistentes en que se ordene a la alcaldía rendir informe sobre las actuaciones
adelantadas por la Secretaría de Gobierno de San José de Cúcuta, los días 22, 26
y 29 de enero de 2025, por las confrontaciones que se suscitaron en el puente
Carlos Ramírez París, la Sala precisa que, la acción de tutela no es procedente
para elevar consultas, preguntas a entidades, en ese caso, le corresponderá a los
interesados radicar la petición ante la autoridad que considere, en ejercicio del
derecho fundamental de petición.
11 Artículo 10. El Consejo Municipal de Cultura. «El Consejo Municipal de Cultura es el organismo de participación
ciudadana para la concertación entre las autoriades del municipio y las comunidades, de políticas, planes, programas y
proyectos culturales y sus respectivos presupuestos, para el estimulo, el fomento y el desarrollo cultural del ente territorial».
12 https://cucuta.gov.co/acuerdo-022-del-19-de-diciembre-de-2019-plan-de-ordenamiento-sql/
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En suma, en el presente caso, no se encontró acreditada la vulneración de
derechos por parte de la Policía Nacional, pues actuó dentro de los márgenes
legales establecidos en los hechos acaecidos los días 22, 26 y 29 de enero de 2025,
en el puente Carlos Ramírez París de la ciudad de Cúcuta y el municipio de San
José de Cúcuta – Secretarías de Gobierno y Cultura tampoco han transgredido los
derechos fundamentales deprecados por la parte actora, pues la prohibición de
intervención del puente Carlos Ramírez París sin autorización del ente territorial, se
encuentra respaldado en las normas que rigen el uso del espacio público.
En consecuencia, (i) se desvinculará del trámite de la presente acción de tutela a
la Presidencia de la República, el Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes, la
Unidad de Víctimas, la Procuraduría General de la Nación y la personería municipal
de Cúcuta, por no tener legitimación en la causa por pasiva; (ii) se declarará
improcedente la acción de tutela respecto de las pretensiones 2.1.14, 2.2.1, 2.2.2 y
2.2.3, frente al Concejo Municipal y el Secretario de Gobierno de San José de
Cúcuta; y, (iii) se negarán las demás pretensiones formuladas por el señor
Jonnathan Alexander Carrillo Prieto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Acceder a la solicitud de desvinculación invocada por la Presidencia de la
República, el Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes, la Unidad de Víctimas,
la Procuraduría General de la Nación y la Personería Municipal de Cúcuta, de
conformidad a lo expuesto.
2. Declarar improcedente la acción de tutela respecto de las pretensiones 2.1.14,
2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3, frente al Concejo Municipal y el Secretario de Gobierno de San
José de Cúcuta, acorde con lo expuesto en la parte considerativa.
3. Negar las demás pretensiones formuladas por el señor Jonnathan Alexander
Carrillo Prieto, conforme con los argumentos expuestos.
4. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
5. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRIGUEZ MONTAÑO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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