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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01832-00

Fecha
22 de mayo de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01832-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01832-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

22 de mayo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01832-00
Demandante: Carmen Areiza Lozano

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01832-00
Demandante: CARMEN AREIZA LOZANO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

Temas: Contra auto que rechazó parcialmente demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, porque se encontró probada la
excepción de ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales.
Declara improcedencia por falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Carmen Areiza Lozano contra el
Tribunal Administrativo de Bolívar.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 27 de marzo de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado,
la señora Carmen Areiza Lozano pidió la protección de sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión del auto del 2 de agosto
de 2024 dictado por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que confirmó decisión de
primera instancia de declarar probada la excepción de ineptitud de la demanda por falta
de requisitos formales, por lo que rechazó parcialmente la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado nº 13001-33-33-011-2022-00384-00.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERA: CONCEDERLE TUTELA A LA SRA. CARMEN AREIZA LOZANO, COMO MECANISMO
DEFINITIVO, PARA LA PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD,
DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EN RAZÓN A LA VIOLACIÓN
DE DICHOS DERECHOS, DE PARTE EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR, CON EL AUTO
INTERLOCUTORIO FECHADO EL 02 DE AGOSTO DEL 2024, NOTIFICADO EN ESTADO EL 30 DE
ENERO DEL 2025.
SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTO LA DECISION JUDICIAL DICTADA POR EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, que confirmó el interlocutorio del 24 de octubre del 2023, proferido
por el Juzgado Décimo Primero Administrativo Oral de Cartagena, mediante el cual declaró probada la
excepción de INEPTITUD DE LA DEMANDA, POR FALTA DE REQUISITOS FORMALES y rechazó la
demanda.
TERCERA: COMO CONSECUENCIA DE LA DECLARACIÓN ANTERIOR, EL CONSEJO DE ESTADO,
ORDENARÁ AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR, QUE EL JUZGADO DECIMO PRIMERO
ADMINISTRATIVO ORAL DE CARTAGENA, ADMITIR LA DEMANDA PRESENTADA POR LA
ACCIONANTE, INAPLICANDO EL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD CONTENIDO EN EL NUMERAL
2°DEL ARTICULO 161 DEL CACA.
CUARTA: El Consejo de Estado, ordenará al Tribunal Administrativo de Bolívar, como resultado de la
revocatoria, que el juzgado de origen admita la demanda y le dé trámite legal. (sic a toda la cita)

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01832-00
Demandante: Carmen Areiza Lozano

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

La señora Carmen Areiza Lozano promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la UGPP, para que se declarara la nulidad de los siguientes actos
administrativos:

Acto Fecha Entidad Decisión
Administrativo que lo
profirió
Resolución 09946 14 de abril de 2002 CAJANAL Denegó reconocimiento y pago de
pensión gracia
Resolución 24805 2 de septiembre de CAJANAL Resolvió reposición. Confirmó la
2002 Resolución 09946 del 14 de abril
de 2002
Resolución 9055 20 de octubre de 2004 CAJANAL Resolvió apelación. Confirmó la
Resolución 09946 del 14 de abril
de 2002
Resolución PAP 18 de mayo de 2010 UGPP Denegó reconocimiento y pago de
004617 pensión gracia - solicitud radicada
el 3 de diciembre de 2009 -
Resolución RDP 10 de enero de 2019 UGPP Denegó reconocimiento y pago de
000427 pensión gracia – solicitud radicada
el 7 de septiembre de 2018
Resolución RDP 1 de diciembre de 2020 UGPP Denegó solicitud de extensión de
027610 jurisprudencia de la sentencia del
21 de junio de 2018 dictada por el
Consejo de Estado, en el proceso
25000-23-42-000-2013-04683-01
Resolución RDP 11 de febrero de 2022 UGPP Denegó reconocimiento y pago de
003517 pensión gracia– petición del 20 de
septiembre de 2021 -

A título de restablecimiento del derecho, pidió que se le reconociera una pensión gracia,
equivalente al 75% del promedio de todos los factores salariales devengados en el año
anterior a la consolidación del estatus pensional. Además, que se le pagara el retroactivo
de las mesadas pensionales.

La demanda se adelantó bajo el radicado 13001-33-33-011-2022-00384-00 y
correspondió al Juzgado 11 Administrativo de Cartagena que, por auto del 1° de
diciembre de 2022, la admitió y, entre otras, ordenó notificar a la UGPP.

El 24 de febrero de 2023, la UGPP contestó la demanda y, entre otras cosas, propuso la
excepción de <<ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales – falta de
interposición de los recursos de ley obligatorios>>.

Señaló que la demandante no interpuso los recursos de reposición y en subsidio de
apelación contra la Resolución nº RDP 003517 del 11 de febrero de 2022, que resultaban
de obligatorio agotamiento antes de acudir a la jurisdicción a pedir su nulidad, de acuerdo
con el numeral 2º del artículo 161 del CPACA y la sentencia del 29 de junio de 2017,
dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en el proceso con
radicado 25000-23-42-000-2012-00887-01(3432-13).

Por auto del 24 de octubre de 2023, el Juzgado 11 Administrativo de Cartagena declaró
probada la excepción de ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales
propuesta por la UGPP y, en consecuencia, rechazó parcialmente la demanda, en lo que
respecta a la Resolución RDP 003517 del 11 de febrero de 2022.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01832-00
Demandante: Carmen Areiza Lozano

Explicó que, de acuerdo con los artículos 161 y 76 del CPACA, era necesario que
respecto a los actos demandados se agotaran los recursos obligatorios, siempre y
cuando fueran procedentes y se hubiere dado la oportunidad de interponerlos.

Que contra la Resolución nº RDP 003517 del11 de febrero de 2022 era procedente el
recuro de apelación, que en la mencionada resolución y en la constancia de notificación
se informó a la demandante la procedencia de ese recurso. Que, sin embargo, la señora
Carmen Areiza Lozano no acreditó la interposición.

Inconforme, la demandante presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación,
en el que argumentó que se debían inaplicar los artículos 161 y 76 del CPACA, con
fundamento en el artículo 4º del C.P.C., puesto que es una persona de la tercera edad,
que debe ser considerada en situación de debilidad manifiesta y a la que se le debe
garantizar su derecho fundamental a la seguridad social.

Que el Consejo de Estado1, había inaplicado el artículo 161 del CPACA por
inconstitucional y, en ese orden, debía inaplicar para su caso concreto empleando un test
de igualdad.

El 1° de febrero de 2024, el Juzgado 11 Administrativo de Cartagena decidió no reponer
el auto del 24 de octubre de 2023 y concedió el recurso de apelación en efecto
suspensivo.

Señaló que la jurisprudencia citada por la parte actora no podía ser aplicada al caso
concreto porque estudiaron casos con supuestos fácticos distintos, además, que el
control de constitucionalidad por vía de excepción es de naturaleza concreta, por lo que
la decisión de inaplicar una norma no podría proponerse como una regla general.

Que la pensión gracia es un beneficio complementario que no excluye el disfrute de la
pensión de jubilación. Que la parte actora no aportó elementos de juicio adicionales a su
edad, que permitieran considerar que su pensión de jubilación no alcanza para satisfacer
sus condiciones dignas.

Que en el proceso se demandaban otros actos administrativos y la exclusión de la
Resolución nº RDP 003517 no impedía que se discutiera el derecho a la pensión gracia
pretendido.

El 2 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo de Bolívar confirmó el auto del 24 de
octubre de 2023, básicamente, por las mismas consideraciones del a quo2.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto alegó que el auto acusado incurrió en los
siguientes vicios de fondo:

Violación directa de la Constitución y en defecto sustantivo porque la autoridad
judicial demandada desconoció el artículo 4 de la Constitución Política, debido a que no
inaplicó por inconstitucional el presupuesto procesal relacionado con interponer los
recursos que eran procedentes contra la Resolución nº RDP 003517 del 11 de febrero de
2022.

Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto porque el auto del 2 de agosto de
2024 constituye un obstáculo que le impide acceder a la administración de justicia.

1 Citó las sentencias del 2 de octubre de 2008 y del 17 de agosto de 2011, dictadas en los procesos con radicado

25000-23-25-000-2005-04715-01 (2599-07) y 76001-23-31-000-2008-00342-01 (2203-10), respectivamente.
2 Providencia notificada el 3 de febrero de 2025.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01832-00
Demandante: Carmen Areiza Lozano

Que es una persona mayor de 74 años, con graves quebrantos de salud, por lo que,
según dijo, lo procedente era que la autoridad judicial demanda inaplicara el numeral 2º
del artículo 161 del CPACA, porque esa disposición le impone una carga
desproporcionada y un rigorismo procesal excesivo que vulnera su derecho fundamental
de acceso a la administración de justicia.

Desconocimiento del precedente fijado en las siguientes providencias judiciales, que
dice, tienen sustentos fácticos y jurídicos idénticos a los estudiados en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado nº 13001-33-33-011-2022-00384-00
y en las que se inaplicó el presupuesto procesal que impone que se agoten los recursos
procedentes contra actos administrativos previo a acudir a la jurisdicción:

Radicado Fecha Autoridad judicial Medio de control
25000-23-25-000- 2/10/2008 Consejo de Estado, Nulidad y
2005-04705-01 Sección Segunda, restablecimiento del
Subsección A derecho
76001-23-31-000- 17/08/2011 Consejo de Estado, Nulidad y
2008-00342-01 Sección Segunda, restablecimiento del
Subsección A derecho
11001-03-15-000- 25/04/2018 Consejo de Estado, Acción de tutela
2017-03032-01 Sección Cuarta
66001-23-33-000- 20/01/2022 Consejo de Estado, Nulidad y
2019-00173-01 Sección Segunda, restablecimiento del
Subsección B derecho
17001-23-33-000- 23/03/2023 Consejo de Estado, Nulidad y
2019-00456-01 Sección Segunda, restablecimiento del
Subsección B derecho

5. Trámite procesal

Por auto del 4 de abril de 2025, el Despacho sustanciador admitió la demanda y, entre
otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Bolívar, y, vinculó, en calidad de terceros con interés, al juez 11
administrativo de Cartagena y al director de la UGPP.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 9 de abril de
2025.

6. Intervenciones

El magistrado del Tribunal Administrativo de Bolívar, ponente del auto cuestionado,
pidió que se rechazara la acción de tutela por improcedente, al estimar que no cumple
con los requisitos generales y específicos de procedibilidad señalados en la
jurisprudencia constitucional.

Realizó un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso con radicado nº 13001-33-
33-011-2022-00384-00 y reiteró los fundamentos del auto del 2 de agosto de 2024.

La UGPP solicitó que se declarara improcedente la solitud de amparo, porque, a su juicio,
la autoridad judicial demandada no incurrió en los defectos alegados por la parte actora,
se utiliza la acción de tutela como una instancia adicional del proceso ordinario, no hubo
vulneración de los derechos fundamentales reclamados y no se cumple con los requisitos
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.

El Juzgado 11 Administrativo de Cartagena se limitó a compartir copia del expediente
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado nº 13001-33-33-011-
2022-00384-0, sin embargo, nada dijo sobre el fondo del asunto.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01832-00
Demandante: Carmen Areiza Lozano

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la señora
Carmen Areiza Lozano para dejar sin efectos el auto del 2 de agosto de 2024 dictado por
el Tribunal Administrativo de Bolívar, que confirmó decisión de primera instancia de
declarar probada la excepción de ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales,
por lo que se rechazó parcialmente la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado nº 13001-33-33-011-2022-00384-00.

La Sala anticipa que declarará improcedente la solicitud de amparo, porque no satisface
el requisito de relevancia constitucional, por cuanto la parte actora insiste en que no se
debió declarar probada la excepción de ineptitud de la demanda por falta de requisitos
formales.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, (iii) el análisis del
caso concreto.

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales3 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos4 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-005, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.

Frente al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una instancia
adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

3 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
4 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
5 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01832-00
Demandante: Carmen Areiza Lozano

Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.

4. Análisis del caso concreto

De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte
que coinciden con los propuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. Básicamente, en el proceso ordinario y en la acción de tutela, la parte actora
señala que no se debió rechazar parcialmente su demanda ni declarar probada la
excepción de ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales, porque, a su juicio,
lo propio era que se inaplicara el numeral 2º del artículo 161 del CPACA, debido a que
es una persona de avanzada edad.

En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el auto del 24
de octubre de 2023, proferido por el Juzgado 11 Administrativo de Cartagena, se lee lo
siguiente:

la corte constitucional ha señalado que, cuando en el artículo 230 superior se dice que los jueces solo
se encuentran "sometidos al imperio de la ley" no pueden reducirse a la observancia minuciosa y literal
de un texto legal específico, sino que debe interpretarse la palabra ley en sentido amplio. como el
conjunto de normas que conforman el ordenamiento jurídico, incluidos los precedentes
jurisprudenciales."6
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo. sección segunda, sentencia del 02 de octubre
del 2008. radic. no. 25000-23-25-000-2005-04715-01 (2599-07). actora: teresa del socorro franco
jaimes. demandado: instituto seguro social. m. p. dr. gustavo Eduardo Gómez Aranguren. archivo:
sentencia excepción inconstitucionalidad.
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo. sección segunda, sentencia del 17 de agosto
del 2011. radic. no. 76001-23-31-000-2008-00342-01 (2203-10). m. p. dr. gustavo Eduardo Gómez
Aranguren. archivo: sentencia excepción inconstitucionalidad.
(…)
El anterior panorama, fuerza a concluir, que la exigencia contenida como requisito de acceso a la vía
judicial en el artículo 135 del C.C.A. en armonía con el contenido de los artículos 50, 51, 62 y 63 ibídem,
limita la eficacia material del derecho a la seguridad social de las personas de la tercera edad, para el
caso concreto, la eficacia del derecho prestacional de la actora, en tanto impide su definición judicial y
retarda su efectividad en contravía del prevalente amparo que al respecto consagran las normas
constitucionales citadas, exigible y vinculante tanto para las autoridades administrativas como para las
judiciales, razón por la que en el sub lite, el conjunto normativo que instituye el sistema de vía
gubernativa como presupuesto procesal debe ser inaplicado atendiendo a la cláusula de excepción
contenida en el artículo 4° Superior que impone la aplicación en rigor del ordenamiento constitucional
de manera preferente en caso de incompatibilidad con las disposiciones de menor jerarquía."
(…)
SEÑOR JUEZ: Con todo respeto, me permito manifestarle que, en la primera página de la ACCIÓN DE
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, aparece como PRIMERA PRETENSIÓN DE
LINAJE CONSTITUCIONAL, la que seguidamente transcribo:
"PRIMERA: DE NATURALEZA CONSTITUCIONAL. INAPLIQUESE para el caso concreto, el sistema
normativo contenido en los artículos 50, 51, 62, 63 y 135 del anterior C.C.A. (artículos 63, 74, 76, 87 y
161-2° del CPACA), referente al presupuesto procesal de agotamiento de la vía gubernativa, según lo
dispuesto en el artículo 4° de la constitución nacional, en razón a que la accionante, Sra. OFELIA
PALACIOS CAICEDO, para la fecha de presentación de esta solicitud (junio del 2023), cuenta con más
de sesenta y siete (67) años de edad, pues, nació el 31 de enero de 1956.9 En el pie de página, aparece,
el enunciado de la sentencia del Consejo de Estado.
Conforme a lo anterior, se tiene probado en el expediente, lo siguiente:
1°) LA SEÑORA CARMEN AREIZA LOZANO NACIÓ EL 15 DE ABRIL DE 1950.
2°) CUMPLIÓ SESENTA (60) AÑOS DE EDAD, EL 15 DE ABRIL DEL 2010.
3°) POR ENDE, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 4°, 13, 46 48 Y 53 DE LA CONSTITUCIÓN
NACIONAL, LE ES APLICABLE LA SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, QUE DECRETA LA
EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONAL, DE LOS ARTÍCULOS 63, 74, 76, 87 Y 161-2° DEL CPACA.,
EN RAZÓN A QUE MI MANDANTE EXCEDE LA EDAD YA REFERIDA, ES DECIR, ES PERSONA DE
LA TERCERA EDAD.
4°)SEÑORA JUEZ: LA APLICACIÓN DE ESTA SENTENCIA QUE ES OBLIGATORIA Y VINCULANTE,
PARA TODAS LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES, ES DE VIEJA DATA; POR
ENDE, DEBE APLICARSE EN EL PRESENTE CASO DE MI MANDANTE Y MÁS, EN ESTE MOMENTO
LA SRA. AREIZA LOZANO, CUANDO EXCEDE LOS SETENTA (70) ANOS DE EDAD.

6 Cita del texto original: Corte Constitucional, Sentencia C-836 del 2001

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01832-00
Demandante: Carmen Areiza Lozano

En la sentencia del Consejo de Estado, resuelve de la siguiente forma:
(…)
"2. INAPLÍQUESE para el caso concreto, el sistema normativo contenido en los artículos 50, 51, 62, 63
y 135 del C.C.A. en cuanto al presupuesto procesal de la vía gubernativa, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 4° de la Constitución Política. En consecuencia:"
"CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 30 de agosto
de 2007, que accedió a las pretensiones de la demanda promovida por la señora Teresa del Socorro
Franco Jaimes contra el Instituto de Seguros Sociales."
6°) EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ SALA DE DECISIÓN MIXTA DE
DESCONGESTIÓN N. 10 EN EL AUTO INTERLOCUTORIO DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015. M. P.
DR. CESAR HUMBERTO SIERRA PEÑA. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO. RADICACION 15238-33-33-002-2013-00296-01. DEMANDADA LA UGPP.
DEMANDANTE: MARIA LETICIA MOLANO DE JIMENEZ. ASUNTO: APELACIÓN AUTO QUE
DECLARÓ INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA.
En esta providencia, transcribiendo la decisión judicial del Consejo de Estado, ya puesta a consideración
del juzgado y el Tribunal, la Corporación Judicial, concluye con lo siguiente: "EN EL PRESENTE
ASUNTO SE OBSERVA QUE LA SENORA MARÍA LETICIA MOLANO DE JIMÉNEZ NACIÓ EL 6 DE
DICIEMBRE DE 1948, TENIENDO A LA FECHA APROXIMADAMENTE LA EDAD DE 67 AÑOS,
SIENDO UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD, POR LO QUE TENIENDO EN CUENTA SU
ESPECIAL CONDICIÓN, LA SALA INAPLICARÁ POR INCONSTITUCIONAL EL REQUISITO DE
PETICIÓN PREVIA ANTE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LA RELIQUIDACIÓN DE SU DERECHO
PENSIONAL."
En esta providencia, el Tribunal decidió lo que seguidamente se transcribe:
"PRIMERO. INAPLICAR por inconstitucional el requisito de petición previa ante la Administración sobre
la reliquidación del derecho pensional reconocido a la señora María Leticia Molano de Jiménez."
"SEGUNDO: En consecuencia, REVOCAR la decisión adoptada en la audiencia inicial del 7 de abril de
2025, por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Duitama que declaró de oficio
la ineptitud sustantiva de la demanda y en su lugar se ordena continuar con el trámite procesal en la
etapa que corresponda."
Los lineamientos precedentes hacen fácil realizar un TEST DE IGUALDAD, con los sujetos procesales
idénticos al de mi mandante, evitando dilatar más este proceso, pues es DABLE CORREGIR LA
IRREGUILARTIDAD CON EL RECURSO DE REPOSICIÓN; no obstante, si no se accede a dicho
recurso, se concederá la alzada, para ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, revoque dicha
providencia y ordene seguir la acción mediante el trámite legal, por ser obligatoria la excepción de
inconstitucionalidad y el principio de favorabilidad, privilegiando el derecho a la seguridad social, de una
persona de la tercera edad. (sic para toda la cita)

Por su parte, en la acción de tutela, la parte actora argumenta, lo siguiente:

El mencionado Tribunal dejó de inaplicar disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de
derechos constitucionales en el caso concreto, es decir, procedente era aplicar el artículo 4°
Constitucional, a fin de inaplicar el artículo 161-2° del CPACA., que exige el agotamiento de la vía
gubernativa, lo cual constituye una carga imposible de cumplir por mi mandante, quien ya cuanta con
más de setenta y cuatro (74), con graves quebrantos de salud, cuya situación está debidamente
comprobada. Se repite, dicha exigencia es una carga desproporcionada para mi mandante, por cuanto
el agotamiento de un nuevo trámite administrativo para solicitar el reconocimiento de su pensión gracia
y, en caso de no lograr satisfacción alguna con la decisión, acudir nuevamente ante la jurisdicción
contenciosa administrativa, constituye un rigorismo procedimental excesivo, y, por esta vía la actuación
del Tribunal deviene en denegación de justicia.

No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo Bolívar, con el
auto del 2 de agosto de 2024, que consideró:

En el sub examine procede la Sala a resolver el recurso incoado, manifestando ab initio, que se
confirmará la providencia recurrida, por las razones que se exponen a continuación.
El argumento central de la actora contra la providencia recurrida consiste en que en el sub judice es
procedente la excepción de inconstitucionalidad de que trata el artículo 4° de la C.P.C., a fin de que se
inaplique el artículo 161 numeral 2° del CPACA, en la cual se sustentó la decisión del A quo al declarar
probada la excepción de ineptitud de la demanda por falta de agotamiento de los recursos
administrativos y que dio lugar al rechazo parcial de la demanda, en lo referido a la declaratoria de
nulidad y el restablecimiento del derecho respecto de la Resolución No. RDP 003517 del 11 de febrero
de 2022; por considerar que dicha decisión es violatoria del derecho a la seguridad social que le asiste
como persona de la tercera edad, de acuerdo a decisiones que ha tomado el Consejo de Estado al
estudiar el agotamiento de los recursos administrativos para reclamar la pensión de jubilación por
personas de la tercera edad y que ha inaplicado el presupuesto procesal de la vía gubernativa por
excepción de inconstitucionalidad; por lo que solicitó, se aplique un test de igualdad respecto de los
fallos puestos de manifiesto.
En efecto, observa la Sala que en el sub judice, se pretende la nulidad de varios actos administrativos
relacionados en el tercer acápite de este proveído, expedidos tanto por CAJANAL como por la UGPP,

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01832-00
Demandante: Carmen Areiza Lozano

en el que la accionante ha solicitado el reconocimiento de la pensión gracia; siendo la Resolución No.
RDP 003517 del 11 de febrero de 2022 notificado el 14 de febrero de 2022, el último acto administrativo
por medio del cual se negó nuevamente la solicitud de reconocimiento de la pensión gracia y se informó
acerca de la procedencia de los recursos de reposición y/o apelación indicando además el término que
tenía para realizarlos. Sin embargo, no obra prueba en el proceso que permita constatar que contra el
referido acto se haya interpuesto recurso alguno, requisito obligatorio para acudir a la jurisdicción, por
lo que resulta procedente la excepción propuesta por la entidad accionada.
Precisa la Sala que, siendo la pensión gracia una prestación de carácter periódico, de acuerdo al artículo
164 numeral 1° del CPACA, no opera respecto de ella el fenómeno de la caducidad y considerando que
la Resolución No. 09946 del 14 de abril de 2002, expedida por CAJANAL si agotaron los recursos
administrativos mediante la Resolución No. 24805 del 02 de septiembre de 2002, que resolvió el de
reposición y la Resolución No. 9055 del 20 de octubre de 2004 que resolvió el recurso de apelación;
concuerda esta Corporación con la decisión del A quo, en el sentido de continuar con el estudio de la
demanda respecto de los demás actos administrativos que negaron el reconocimiento pensional
deprecado por la actora, quedando incólume el objeto litigioso; el cual, se itera, no se afecta por la
exclusión de control judicial, de la Resolución No. RDP 003517 del 11 de febrero de 2022.
Analizado lo anterior, se avizora sin más elucubraciones que en el caso concreto no se acredita una
clara y evidente contradicción entre el artículo 161 numeral 2° del CPACA y la disposición constitucional,
en el sentido de verse afectado el derecho fundamental a la seguridad social de la accionante.
Aunado a ello, es dable aclarar que la pensión gracia es de carácter compensatorio a favor de los
docentes territoriales respecto de los de carácter nacional, mientras que la pensión ordinaria de
jubilación es una prestación instituida para suplir los ingresos de una persona que perdió su capacidad
laboral; ahora bien, al consultar la afiliación de la accionante al Sistema General de Seguridad Social
en la base de datos del Registro Único de Afiliados -RUAF del Sistema Integrado de Información de la
Protección Social SISPRO, se encuentra que dispone de una pensión ordinaria de jubilación reconocida
por la UGPP desde el 30 de diciembre de 2015, por lo que tampoco es dable inferir una afectación a su
vida y mínimo vital; que haga viable la aplicación de la excepción de constitucionalidad deprecada.
Así las cosas, se confirmará el auto recurrido y se ordenará la devolución del expediente al juzgado de
origen para que se continúe con el trámite procesal correspondiente.

Como se ve, la discusión que propone la parte actora ya fue resuelta por el tribunal
demandado, que explicó que sí se configuró la excepción de ineptitud de la demanda por
falta de requisitos formales, puesto que la parte actora no propuso los recursos
procedentes contra la Resolución No. RDP 003517 del 11 de febrero de 2022, proferida
por la UGPP. Máxime si se tiene en cuenta que esa decisión no puso fin al proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho y no le impide a la demandante obtener una
decisión de fondo sobre el reconocimiento de la pensión gracia pretendida.

En el escenario que proponen la demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por las autoridades judiciales demandadas en
el proceso ordinario, finalidad para la que no está previsto este mecanismo constitucional.

Justamente por lo anterior, la Sala, como juez de tutela, no puede volver a examinar si
era dable o no tener por acreditada la excepción de ineptitud de la demanda por falta de
requisitos formales, acudiendo a la aplicación de una excepción de constitucionalidad.

La acción de tutela es un valioso instrumento para proteger derechos fundamentales, que
no puede utilizarse como una instancia adicional para obtener una opinión jurídica diversa
o tratar de imponer una decisión distinta a la adoptada por las autoridades jurisdiccionales
de instancia.

Ahora bien, la Sala advierte que la parte actora no puso en conocimiento del tribunal
demandado que padece graves quebrantos de salud, de modo que mal haría la Sala en
reprocharle a la autoridad demandada no haber tenido en cuenta ese alegato, pues, como
se vio, lo desconocía.

En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela, porque no supera
el requisito de relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

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Demandante: Carmen Areiza Lozano

III. FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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