Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01836-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01836-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01836-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
11 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01836-01
Accionante: HELDA GRACIELA ESCORCIA ROMO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO – SALA
DE CONJUECES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR MORA JUDICIAL – el hecho de sobrepasar los términos
legales, per se, no configura mora judicial, ya que se deben analizar las circunstancias
particulares de cada caso.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la parte accionante
contra la sentencia del 8 de mayo de 2025, proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, de conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la
Constitución Política, los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 19911.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 26 de marzo de 20252, la señora Helda Graciela Escorcia Romo, a través de
apoderada3, presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del
Atlántico – Sala de Conjueces con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
Hechos relevantes
2. Desde el 1° de junio de 2009, la señora Helda Graciela Escorcia Romo ha estado
vinculada a la Rama Judicial en los distritos judiciales de Santa Marta y Barranquilla.
3. Dentro de los cargos ocupados, la actora ocupó el empleo de juez de la
República. A dicho cargo, se le debía reconocer la prima especial de servicios en
un porcentaje que oscila entre el 30% y el 60% de la remuneración mensual de
acuerdo con el artículo 14 de la Ley 4 de 1992. No obstante, el Gobierno Nacional
en los decretos anuales de fijación de salarios de la Rama Judicial no reconoció la
1
Que ingresó para fallo el 22 de julio de 2025.
2
Se advierte que inicialmente fue repartida en Barranquilla, sin embargo, el 28 de marzo de 2025,
la oficina de reparto de esa ciudad remitió el expediente a la Secretaría General del Consejo del
Consejo de Estado para lo de su competencia.
3
La abogada es la señora Rosalba Escorcia Romo.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01836-01
Accionante: Helda Graciela Escorcia Romo
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de conjueces
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
prima especial de servicio como un salario. Por el contrario, despojó del carácter de
esta al 30% de la remuneración mensual. Esto ocurrió durante los años 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y lo que había transcurrido del 2016. En
consecuencia, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Santa Marta y
de Barranquilla liquidó las prestaciones sociales y cesantías de la actora sin ese
monto. Eso ocurrió, a pesar de lo anunciado por la jurisprudencia del Consejo de
Estado, por lo que las prestaciones sociales han sido liquidadas y canceladas solo
con base del 70% de su remuneración mensual.
4. El 24 de julio de 2014, la señora Helda Graciela Escorcia Romo presentó derecho
de petición ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Santa Marta.
Allí solicitó que se expidiera un acto administrativo por medio del cual se ordenara
la reliquidación y pago de todas sus prestaciones sociales que le fueron canceladas
durante los años anteriormente mencionados.
5. A través de oficio DESAJ14-01763 del 5 de agosto de 2014, la Dirección
Seccional de Santa Marta respondió la petición. Indicó que el 26 de mayo de 2014
se había elevado una consulta al Departamento Administrativo de la Función
Pública en relación con la declaratoria de nulidad de algunos apartes de los decretos
salariales de los años 1993 a 2007, con el propósito de resolver de fondo la solicitud.
6. También presentó derecho de petición ante la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Barranquilla – Atlántico en el que solicitó lo mismo. A
través de oficio DES-000190 del 25 de enero de 2016, la administración respondió
que se anularon algunos artículos de los decretos de salarios de los años 1993 a
2007, por lo que no puede aplicarse administrativamente a los posibles reclamantes
ante cada Dirección Seccional.
7. Contra esa decisión, la accionante interpuso recurso de apelación. En este
solicitó a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que revocara la decisión
de negar la reliquidación y pago de la prima especial de servicio equivalente al 30%
de la remuneración básica mensual. Pero nunca le fue notificada decisión alguna
que resolviera ese recurso.
8. Con base en lo ocurrido, presentó solicitud de conciliación. El 29 de julio de 2016
fue celebrada la audiencia respectiva ante la Procuraduría 117 Judicial para Asuntos
Administrativos. Se declaró fallida por no tener ánimo conciliatorio.
9. Posteriormente, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
con el fin de que:
“1.1.- Que se inapliquen por inconstitucional los efectos que se dedujeron de los
decretos de salarios de los años 1993 a 2007, los cuales fueron anulados por
el Consejo de Estado, mediante sentencia calendada abril 29 de 2014.
1.2.- Que se inapliquen por inconstitucional los decretos que se expidieron con
posterioridad al año 2007 que fijaron el régimen salarial y prestacional de los
2
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01836-01
Accionante: Helda Graciela Escorcia Romo
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de conjueces
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
funcionarios de la Rama Judicial en los que se contempló como prima sin
carácter salarial, el 30% del salario básico mensual que devengan los
funcionarios de la Rama Judicial, en especial el artículo 6 del Decreto 658 de
2008, artículo 8 del Decreto 723 de 2009, artículo 8 del Decreto 1388 de 2010,
artículo 8 del Decreto 1039 de 2011, artículo 8 del Decreto 874 de 2012, artículo
8 del Decreto 1024 de 2013, artículo 8 del Decreto 194 de 2014. (…)
1.5.- Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos
administrativos demandados, se condene a la NACION-RAMA JUDICIAL-
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL a reconocer y
pagar a la doctora HELDA GRACIELA ESCORCIA ROMO, las prestaciones
sociales (primas de toda especie, bonificaciones, vacaciones, etc.), incluidas las
cesantías e intereses de cesantías así como las bonificaciones por actividad
judicial, con base en la asignación básica mensual más el 30% por concepto de
prima especial mensual desde el año 2009 hasta la fecha de la sentencia y
hacia futuro.
1.6.- Que como consecuencia de lo anterior, se ordene reliquidar, reajustar y
pagar a la doctora HELDA ESCORCIA ROMO, las sumas que resulten como
diferencia existente entre lo pagado hasta ahora con el 70% de su remuneración
mensual básica y la reliquidación de todas sus prestaciones y emolumentos que
resulten teniendo como base de liquidación el 100% de la remuneración básica
mensual legal, incluyendo el 30% que hasta ahora se ha tenido como prima
especial, desde el año 2009 hasta la fecha de la sentencia.
1.7.- Que se ordene a la NACION – RAMA JUDICIAL - DIRECCION
EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, que desde la fecha de la
sentencia y hacia el futuro, al momento de liquidar las prestaciones sociales de
la doctora HELDA GRACIELA ESCORCIA ROMO, se tenga en cuenta la
totalidad de la remuneración mensual, tal como lo ha decantado el Consejo de
Estado, esto es, que no se siga descontando de la base de liquidación el 30%
de la remuneración mensual bajo el argumento de que "dicho porcentaje
corresponde a la primа especial de servicios sin factor salarial", sino que se
liquide como un factor adicional al salario básico, para lo cual en caso de que
sigan expidiendo los decretos salariales con el mismo defecto advertido por la
jurisprudencia, la Dirección Seccional de Administración Judicial proceda a
inaplicarlos con fundamento en el artículo 4 de la Constitución, tal como lo ha
venido haciendo la Sección Segunda del Consejo de Estado.
(…)”4
Pretensiones
10. La actora solicitó lo siguiente:
“1. Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a
la administración de justicia.
2. Como consecuencia de lo anterior, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO SALA DE CONJUECES y al Conjuez
Ponente, Dr. CARLOS ERNESTO QUIÑONES GÓMEZ, que en un término
perentorio de máximo 10 días, profiera la sentencia dentro del proceso que se
relaciona a continuación:
4
Obra en certificado AE2A9ABD979C35B8 14DEA6B78E091B44 FD6DA72CCE8AE28A
16B69DEC57CF23C4, índice 7 de Samai págs. 1 a 16, en el expediente 08001-23-33-000-2016-
01023-00.
3
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01836-01
Accionante: Helda Graciela Escorcia Romo
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de conjueces
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: HELDA GRACIELA ESCORCIA ROMO
DEMANDADO: NACION - RAMA JUDICIAL – DIRECCION EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION JUDICIAL
RADICACION: 08-001-23-33-000-2016-01023-00”5.
Fundamentos de la demanda de tutela
11. La parte accionante indicó que desde la fecha de la radicación de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho han transcurrido 8 años y 7 meses, sin
que se haya proferido sentencia de primera instancia. Además, se vulneraron los
principios de eficiencia, celeridad y acceso a la administración de justicia.
12. En este sentido, explicó que el derecho de acceso a la administración de justicia
es una garantía fundamental que permite a los individuos acudir ante un juez con el
fin de obtener una resolución justa y conforme a derecho. Además, mencionó que
la mora judicial constituye una vulneración relevante en torno al derecho de acceso
a la administración de justicia. También dijo que se configura cuando la demora en
la resolución de un proceso no obedece a (i) la complejidad del asunto; (ii)
problemas estructurales de la administración de justicia o (ii) circunstancias que
impiden su resolución Para esto mencionó sentencias de la Corte Constitucional
como la T-086 de 2017, la T-993 del 2001, a SU-179 del 2021 y la T-099 de 2021.
Asimismo, puso de presente que la Sección Segunda de esta Corporación se ha
pronunciado sobre el tema de la mora judicial6.
13. Por último, argumentó que el tema de la prima especial del 30% ha sido objeto
de un amplio desarrollo jurisprudencial, por ello las altas Cortes han precisado que
este constituye un derecho adquirido para los servidores judiciales que cumplen con
los requisitos. Fundamento de todo esto, transcribió algunos apartes de las
siguientes sentencias: (a) SUJ-016-CESE-2019 del 2 de septiembre de 2019 del
Consejo de Estado; (b) SU-450 de 2019 de la Corte Constitucional; (c) SU-076 del
2022 de la Corte Constitucional; (d) SU-333 del 2020; entre otras.
Trámite en primera instancia
14. A través de auto del 1°. de abril de 2025, el despacho sustanciador admitió la
tutela de la referencia; ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala
de Conjueces como accionado; a la Nación – Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
la Administración Judicial, Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración
Judicial de Santa Marta y Barranquilla como terceros interesados en las resultas del
proceso. Requirió al accionado para que allegara copia digital del expediente de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 08001-23-33-
000-2016-01023-00. Reconoció personería a la señora Rosalba Escorcia Romo y
tuvo como pruebas los documentos aportados junto con la solicitud de amparo.
5
Obra en certificado 4490F13AF656C0BC F567B4536156DBCD 6FAED1B30B0951F3
E5EE7B7F2AC20C88, pág. 2, índice 2 de samai.
6
No precisó a qué sentencia se refería.
4
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01836-01
Accionante: Helda Graciela Escorcia Romo
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de conjueces
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
Intervenciones
15. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó la desvinculación
por falta de legitimación en la causa por pasiva. A su juicio, esa entidad no es la
llamada a responder por la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados por la parte actora7. Debido al principio de desconcentración
administrativa, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del
Atlántico tiene la posibilidad de ejercer un control administrativo, en el ámbito de su
jurisdicción en la respectiva circunscripción territorial. Incluso se prevé en el artículo
103 de la Ley 270 de 19968. Por ello, no tiene injerencia en las decisiones judiciales
adoptadas por los jueces y magistrados.
16. El Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Conjueces informó que el
proceso ingresó al despacho el 17 de febrero de 2025 y tiene varios expedientes
anteriores en turno para fallo9. Señaló que no cuenta con personal de apoyo y que
solo priorizará el caso si el juez constitucional así lo ordena.
17. Indicó que la supuesta mora no es atribuible al conjuez actual, quien integra la
sala desde 2023 y solo recibió el expediente en febrero. Agregó que no puede emitir
una sentencia sin un análisis riguroso, pues ello requiere revisar el expediente,
evaluar las pruebas, los hechos y los argumentos jurídicos con coherencia y
profundidad.
18. Expuso que no es posible realizar un análisis complejo para expedir una
sentencia en un término tan corto. Con base en que: (i) existen otros procesos y (ii)
el proyectar un fallo implica no solo la lectura del expediente sino realizar la
construcción lógica y jurídica coherente mediante un análisis complejo de
contrastación de situaciones fácticas, pruebas relacionadas y argumentos de las
partes.
19. Por último, precisó que no se acredita una circunstancia, amenaza o perjuicio
inminente o con carácter irremediable que amerite saltar el turno judicial. Además,
remitió el enlace del expediente solicitado10.
7
Auto de 5 de marzo de 2021 en el radicado 11001-03-24-000-2016-00482-00 y providencia del 26
de abril de 2018 en el radicado 85001-23-33-000-2017-00156-01.
8
Auto de 5 de marzo de 2021 en el radicado 11001-03-24-000-2016-00482-00 y providencia del 26
de abril de 2018 en el radicado 85001-23-33-000-2017-00156-01.
9
Mencionó los siguientes procesos:
• 08001333300820210013602 ingresó al despacho el 14 de febrero de 2025.
• 08001333300120190009302 ingresó al despacho el 12 de febrero de 2025
• 08001333300520200002502 ingresó al despacho el 28 de enero de 2025
• 08001333300520200003301 ingresó al despacho el 7 de noviembre de 2024
10
El link es el siguiente:
https://etbcsj-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des00taobquilla_cendoj_ramajudicial_gov_co1/EqTJzZN0zhRAqc
r2NhjXCdwB5dhokj3YGOOHWQf3HvTozw?e=RDjTcH
5
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01836-01
Accionante: Helda Graciela Escorcia Romo
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de conjueces
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
20. La Rama Judicial11, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Santa Marta12 y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Barranquilla13 no intervinieron pese a estar notificadas.
Sentencia de primera instancia
21. Mediante sentencia del 8 de mayo de 2025, la Sección Quinta del Consejo de
Estado negó la desvinculación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
y descartó el amparo constitucional solicitado. Recordó que el derecho al debido
proceso, consagrado en el artículo 229 de la Constitución, exige una respuesta
efectiva por parte de la jurisdicción contenciosa y una actuación diligente de los
jueces, conforme a los principios de celeridad y eficiencia establecidos en la Ley
270 de 1996.
22. La Sala señaló que la mora judicial puede vulnerar el acceso a la justicia cuando
resulta de la negligencia de los funcionarios y no de causas estructurales o de la
complejidad del caso. Sin embargo, en el proceso analizado se evidenciaron
cambios de ponente y actuaciones procesales adecuadas, por lo que el expediente
se encuentra en estado para fallo desde el 17 de febrero de 2025. En consecuencia,
concluyó que no existió una dilación injustificada que configurara una mora judicial
violatoria de derechos fundamentales.
Impugnación
23. La parte accionante impugnó la decisión al considerar que la mora judicial
injustificada vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia. Por este motivo, puso de presente la sentencia SU-453
del 2020, T-086 de 2017 y T-230 de 2013.
24. La demandante consideró que vulneraba su derecho al debido proceso el hecho
de que después de más 6 años desde la audiencia inicial no haya decisión de fondo.
Este retardo no se puede justificar en los cambios de conjueces o una mayor carga
laboral, ya que no se han adoptado medidas para superar la carga o reasignar el
expediente. Más aún cuando no existe evidencia que demuestre la carga laboral
que acarrean los conjueces. Incluso si fuera así, se tendría que dar cumplimiento a
los principios de celeridad y eficiencia en la función jurisdiccional. Además de la Ley
270 de 1996 en su artículo 1 y 2.
11
Se notificó el 3 de abril de 2025 a los correos electrónicos info@cendoj.ramajudicial.gov.co y
deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co. Ver índice de samai.
12
Se notificó el 3 de abril de 2025 a los correos electrónicos
dsajbaqnotif@cendoj.ramajudicial.gov.co medesajbarranquilla@cendoj.ramajudicial.gov.co
direcsecatl@cendoj.ramajudicial.gov.co. Ver índice de samai.
13
Se notificó el 3 de abril de 2025 a los correos electrónicos
talhumsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co, juridsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co,
barizaj@cendoj.ramajudicial.gov.co y dsajsmrnotif@cendoj.ramajudicial.gov.co. Ver índice de
samai.
6
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01836-01
Accionante: Helda Graciela Escorcia Romo
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de conjueces
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
25. Por el contrario, manifestó que no se acreditaron estructuralmente los
problemas del Tribunal para justificar la demora en expedir el fallo. Pues solo se
mencionó la carga laboral del ponente como un hecho aislado. Sin embargo, no se
tuvo en cuenta que la omisión compromete gravemente la garantía de la tutela
judicial efectiva y hace imperiosa la intervención del juez constitucional para
establecer el derecho conculcado. Al respecto, señaló que el hecho de que el
expediente hubiera pasado al despacho para fallo el 17 de febrero de 2025 no
justifica la mora judicial. Lo anterior bajo el argumento que justifica dos años para
que pasara al despacho. Además, se presentó una inactividad absoluta y sin
justificación oportuna que resulta incompatible con los deberes constitucionales y
legales que rigen la función judicial.
Trámite en la impugnación
26. El 30 de mayo de 202514, el expediente ingresó al despacho sustanciador para
resolver la impugnación. No obstante, el 25 de junio del 202515, el consejero
sustanciador manifestó impedimento por la causal 1° del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal16. Esto debido a que había presentado una acción de nulidad
y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial con el propósito de obtener el reconocimiento
y pago de la prima especial de servicios prevista en el artículo 15 de la Ley 4°. de
1992.
27. Una vez ingresó al despacho del consejero José Roberto Sáchica Méndez para
resolver la manifestación, 15 de julio de 202517 a través de auto, no aceptó el
impedimento. Debido a que la demanda del proceso ordinario cuestiona la prima
especial de servicios en la liquidación de sus prestaciones sociales. Lo cierto era
que el problema jurídico de la solicitud de amparo se circunscribe a la presunta
omisión de la accionada en tramitar oportunamente dicho asunto. Por tanto, no se
puede predicar un interés del consejero. Pues lo que cuestiona la accionante no es
la postura jurídica de la autoridad judicial respecto a lo reclamado, sino a la supuesta
mora injustificada en atención del asunto.
28. El 22 de julio de 2025, el expediente ingresó nuevamente al despacho para lo
de su competencia.
14
Ver índice 2 de samai.
15
Ver índice 4 de samai.
16
“Art. 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento:
1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente
suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la
actuación procesal.”
17
Ver índice 10 de samai.
7
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01836-01
Accionante: Helda Graciela Escorcia Romo
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de conjueces
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
29. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019.
Problema jurídico
30. En primer lugar, la Sala debe determinar si la presente acción de tutela
satisface los requisitos formales de procedibilidad establecidos en la jurisprudencia
constitucional para su admisión. Superado dicho examen preliminar, será procedente
estudiar de fondo si el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Conjueces
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia a la señora Helda Graciela Escorcia Romo, con ocasión de
la presunta mora judicial injustificada, al no proferir sentencia dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el núm. radicado 08001-23-
33-000-2016-01023-00.
31. Con el objetivo de resolver el problema jurídico, la Subsección adoptará la
siguiente ruta de análisis: (i) reiteración de jurisprudencia constitucional respecto de
la mora judicial; (ii) análisis de los requisitos de procedencia formal para establecer
si existe mora judicial injustificada y; (iii) examen de fondo del caso en concreto.
Mora judicial
32. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha entendido la mora judicial
como un “fenómeno multicausal”, por lo general asociado a las deficiencias
estructurales del sistema judicial, los cuales limitan el goce efectivo del derecho al
acceso a la administración de justicia. Este fenómeno se materializa cuando la
acumulación de procesos excede la capacidad de los servidores judiciales
responsables de su resolución18.
33. Como lo indica el artículo 29 Superior, toda persona que interpone una acción
o ejerce un recurso dentro de un proceso judicial tiene el derecho a obtener una
respuesta dentro de los plazos previstos por la ley. No obstante, no todo retraso en
el pronunciamiento de una decisión judicial constituye automáticamente una
vulneración constitucional, en la medida en que es necesario demostrar que la
demora fue injustificada, atribuible a la falta de diligencia del funcionamiento del
empleado judicial o que el tiempo de duración del proceso resulte irrazonable19.
18
Corte Constitucional, SU-179 de 2021. M.P Alejandro Linares Cantillo.
19
Corte Constitucional, SU-333 de 2020. M.P Alberto Rojas Ríos.
8
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01836-01
Accionante: Helda Graciela Escorcia Romo
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de conjueces
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
34. En ese sentido, corresponde al juez de tutela analizar, en cada caso en
concreto, si la conducta de los servidores o de la corporación judicial responde a
una actitud caprichosa o arbitraria o si, por el contrario, obedece a problemáticas
estructurales que dificultan el cumplimiento de los plazos procesales, como la
congestión judicial o la ausencia de condiciones mínimas de infraestructura en los
despachos. Este tipo de circunstancias, por su naturaleza, no pueden ser atribuidas
directamente a los servidores judiciales.
35. La Corte Constitucional ha establecido que la mora judicial puede estar
justificada cuando el incumplimiento de los términos procesales obedece a
situaciones estructurales, como la congestión judicial o la fuerza mayor. En estos
eventos, al tratarse de circunstancias ajenas al actuar de los encargados de
administrar justicia, no se configura una vulneración de los derechos fundamentales.
Por lo tanto, lo procedente es negar la existencia de la afectación alegada, y
disponer que el proceso continúe su curso conforme el turno asignado, siempre que
no se advierte la existencia de un perjuicio irremediable20.
36. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional21, para
establecer si existe mora judicial es necesario adelantar un análisis en dos etapas.
La primera corresponde al examen de procedibilidad formal, el cual se satisface
cuando se cumple entre otros los siguientes requisitos:
“(i)no se cuenta con un mecanismo judicial ordinario para impulsar el
proceso (como consecuencia de un estado de indefensión, entre otras
razones); (ii) el ciudadano se ha comportado activamente y ha
impulsado el avance del proceso, y (iii) la omisión judicial no se debe a
conductas dilatorias, o no es atribuible al incumplimiento de cargas
procesales”.
37. Una vez superado el análisis de procedibilidad formal, se pasa a la segunda
etapa del examen, correspondiente al análisis de fondo, en el que se debe
establecer si, en el caso concreto, se configura la mora judicial injustificada.
Conforme el precedente constitucional, ésta se presenta cuando se verifican los
siguientes elementos:
“(i) la demora obedece al incumplimiento de los términos previstos en la
ley para adelantar una actuación judicial; (ii) no existe una causa
razonable que justifique dicha dilación, como lo sería la congestión
judicial o la carga excesiva de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a
la omisión de la autoridad judicial en el cumplimiento de sus deberes
funcionales”.
20
Corte Constitucional, SU-179 de 2021. M.P Alejandro Linares Cantillo.
21
Corte Constitucional SU-333 de 2020. M.P Alberto Rojas Ríos.
9
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01836-01
Accionante: Helda Graciela Escorcia Romo
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de conjueces
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
Análisis del caso concreto
38. La actora promovió la presente acción de amparo constitucional por la presunta
mora judicial injustificada atribuible al Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de
Conjueces, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado
con número 08001-23-33-000-2016-01023-00. Afirmó que, desde la radicación de la
demanda, han transcurrido 8 años y 6 meses, sin que se haya proferido sentencia
de primera instancia.
39. La acción de tutela de la referencia superó los requisitos de procedibilidad
formal, en la medida que el accionante no cuenta con otro mecanismo judicial eficaz
para superar la inactividad procesal, dado que el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho aún se encuentra en curso. Interponer una nueva
acción judicial no solo sería ineficaz, sino que implicaría una carga adicional para el
sistema judicial.
40. Asimismo, se advierte que el actor ha obrado con diligencia, pues presentó
impulsos procesales al Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Conjueces,
con el fin de impulsar el desarrollo del proceso. Además, no se evidencia que haya
incurrido en prácticas dilatorias ni en el incumplimiento de cargas procesales que
hayan obstaculizado el avance del trámite.
41. Con todo, en el presente caso no es posible atribuir de manera exclusiva a la
autoridad judicial la supuesta mora judicial, toda vez que la prolongación en el trámite
procesal ha tenido origen en el cambio de conjueces tal como se explicará a
continuación:
a. El 9 de septiembre de 201622, la señora Helda Graciela Escorcia
Ramo presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Lo
anterior con el fin de que se declare la nulidad de los actos administrativos
DESAJ14-01763 del 5 de agosto de 2014 expedido por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Santa Marta junto con el acto administrativo ficto negativo que
debía resolver de fondo el anterior. También el acto administrativo DES-
000190 del 25 de enero de 2016 expedido por la Dirección Ejecutiva Seccional
de Barranquilla con el respectivo acto administrativo ficto negativo. Este último
se generó por no haberse resuelto el recurso de apelación interpuesto contra
la decisión preliminar.
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Obra en certificado AE2A9ABD979C35B8 14DEA6B78E091B44 FD6DA72CCE8AE28A
16B69DEC57CF23C4, págs. 1 a 53, índice 7 de samai.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01836-01
Accionante: Helda Graciela Escorcia Romo
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de conjueces
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
b. A través de auto del 26 de septiembre de 201623, los magistrados del
Tribunal Administrativo del Atlántico24 manifestaron su impedimento para
resolver la demanda, al encontrarse en una situación fáctica similar dentro de
la Rama Judicial, por lo que remitieron el expediente a la Sección Segunda del
Consejo de Estado para que resolviera lo pertinente.
c. En auto del 9 de febrero de 201725, la citada Sección resolvió (i)
declarar fundado el impedimento manifestado, por lo que separó del
conocimiento del asunto a los magistrados del Tribunal; y (ii) devolver el
expediente a esa última Corporación para que efectuara el respectivo sorteo
de conjueces.
d. Luego de regresar el expediente, el 22 de mayo de 201726, se realizó
el sorteo para integrar la sala de decisión encargada de resolver el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la señora Helda Graciela
Escorcia Romo. En este sentido, el conocimiento del asunto correspondió a
los doctores (i) Augusto Herrera Olmos (ponente); (ii) Carlos Quiñones Gómez
y (iii) Roberto Alonso Patiño, quienes fueron notificados de la designación el
12 de junio de 201727.
e. A través de auto del 30 de junio de 201728, el conjuez ponente profirió
auto admisorio en el que además ordenó: (i) notificar personalmente a la Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial; (ii) notificar
personalmente al Procurador Judicial delegado; (iii) notificar a la Agencia
Nacional para la Defensa Jurídica del Estado; (iv) ordenar que el representante
legal de las entidades demandadas deberá allegar el expediente administrativo
que contenga los antecedentes del presente asunto; (v) fijar la suma de
$95.000 pesos, la cual debía depositarse en el Banco Agrario de Colombia a
órdenes del Tribunal Administrativo del Atlántico para gastos del proceso,
dentro de los 10 días siguientes a partir de la notificación de la admisión de la
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Obra en certificado AE2A9ABD979C35B8 14DEA6B78E091B44 FD6DA72CCE8AE28A
16B69DEC57CF23C4, índice 7 de Samai págs. 56 y 57, en el expediente 08001-23-33-000-2016-
01023-00.
24
Los magistrados que firmaron son (i) Luis Carlos Martelo Maldonado; (ii) Judith Romero Ibarra; (iii)
Cristobal Christiansen Marteno; (iv) Luis Eduardo Cerra Jiménez; (v) Ángel Hernandez Cano; (vi)
Oscar Wilches Donado; (vii) Jorge Andiño Gallo; (viii) Javier Bornacelly Campbell y (ix) Cesar Torres
Ormaza.
25
Obra en certificado AE2A9ABD979C35B8 14DEA6B78E091B44 FD6DA72CCE8AE28A
16B69DEC57CF23C4, índice 7 de Samai págs. 62 a 65, en el expediente 08001-23-33-000-2016-
01023-00.
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Obra en certificado AE2A9ABD979C35B8 14DEA6B78E091B44 FD6DA72CCE8AE28A
16B69DEC57CF23C4, índice 7 de Samai págs. 75 a 76, en el expediente 08001-23-33-000-2016-
01023-00.
27
Obra en certificado AE2A9ABD979C35B8 14DEA6B78E091B44 FD6DA72CCE8AE28A
16B69DEC57CF23C4, índice 7 de Samai págs. 77 a 79, en el expediente 08001-23-33-000-2016-
01023-00.
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Obra en certificado AE2A9ABD979C35B8 14DEA6B78E091B44 FD6DA72CCE8AE28A
16B69DEC57CF23C4, índice 7 de Samai págs 83 y 84, en el expediente 08001-23-33-000-2016-
01023-00.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01836-01
Accionante: Helda Graciela Escorcia Romo
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de conjueces
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
demanda; y (vi) reconocer la personería adjetiva al Dr. Joaquín Guillermo
Escorcia Silva como apoderado de la señora Helda Graciela Escorcia Romo.
f. Tras la renuncia de abogado Augusto Herrera Olmos como conjuez ponente
en el caso, el 6 de febrero de 201829, el Tribunal Administrativo del Atlántico
realizó un nuevo sorteo de conjuez en el cual se determinó que Claudia Patricia
Soto de la Espriella reemplazaría al primer funcionario transitorio como
ponente.
g. El 23 de abril de 201830, la nueva conjuez Claudia Patricia Soto de la
Espriella admitió de nuevo la demanda presentada y ordenó: (ii) notificar al
procurador delegado en lo judicial; (iii) notificar a la Nación – Rama Judicial –
Dirección Nacional Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones
Seccionales Ejecutivas de Administración Judicial de Santa Marta y
Barranquilla; (iv) notificar al Director General de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado; (v) correr traslado a los demandados, al
Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica por el término
de 30 días, que correría al vencimiento del término común de 25 días después
de surtida la notificación; (vi) allegar copias del expediente administrativo que
contenga los antecedentes del presente asunto, lo que debía cumplir el
representante legal de la entidad demandada o a quien le corresponda; y (vii)
reconocer la personería al abogado Joaquín Guillermo Escorcia Silva.
h. El 7 de mayo de 201831, la Secretaría General del Tribunal
Administrativo del Atlántico hizo entrega del proceso ordinario a la conjuez
ponente e indicó que la parte demandada no se había contestado, por tanto,
estaba a la espera de fijar fecha de la audiencia inicial.
i. A través de auto del 18 de julio de 201832, la conjuez dispuso fijar fecha de
audiencia inicial el día 15 de agosto de 2018 a las 3:00 pm, la cual fue realizada
en dicho día, según obra en el acta correspondiente33. En esta diligencia, el
Tribunal concluyó que la demanda formulada por la señora Helda Graciela
Escorcia Romo en el año 2016, tiene relación con reconocimiento y pago de
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Obra en certificado AE2A9ABD979C35B8 14DEA6B78E091B44 FD6DA72CCE8AE28A
16B69DEC57CF23C4, índice 7 de Samai págs 95 y 96, en el expediente 08001-23-33-000-2016-
01023-00.
30
Obra en certificado AE2A9ABD979C35B8 14DEA6B78E091B44 FD6DA72CCE8AE28A
16B69DEC57CF23C4, índice 7 de Samai págs 103 y 104, en el expediente 08001-23-33-000-2016-
01023-00.
31
Obra en certificado AE2A9ABD979C35B8 14DEA6B78E091B44 FD6DA72CCE8AE28A
16B69DEC57CF23C4, índice 7 de Samai, pág 105, en el expediente 08001-23-33-000-2016-01023-
00.
32
Obra en certificado AE2A9ABD979C35B8 14DEA6B78E091B44 FD6DA72CCE8AE28A
16B69DEC57CF23C4, índice 7 de Samai, pág. 107, en el expediente 08001-23-33-000-2016-01023-
00.
33
Obra en certificado AE2A9ABD979C35B8 14DEA6B78E091B44 FD6DA72CCE8AE28A
16B69DEC57CF23C4, índice 7 de Samai, pág. 114 a 118, en el expediente 08001-23-33-000-2016-
01023-00.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01836-01
Accionante: Helda Graciela Escorcia Romo
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de conjueces
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
la prima especial de servicios que devengan los funcionarios de la Rama
Judicial.
j. El 17 de mayo de 202334, se realiza otro sorteo, mediante el cual se designó
al conjuez Carlos Quiñones Gómez como ponente en reemplazo de la conjuez
Claudia Patricia Soto de la Espriella. Asimismo, el Dr. Roberto Patiño Rivera
fue designado conjuez para integrar la Sala.
k. El 5 de febrero de 202535, la parte actora envió un correo electrónico
al Tribunal Administrativo de Barranquilla, denominado impulso procesal36.
l. El 17 de febrero del 2025, se reactiva el proceso 08001-23-33-000-2016-
01023-0037 y se reincorpora el expediente digitalizado38.
m. También el 17 de febrero de 202539, se realiza el cambio de ponente
con la siguiente anotación:
n. El 17 del mismo mes y año, ingresó el expediente al despacho del
conjuez Carlos Quiñones Gómez para dictar sentencia. A saber:
34
Obra en certificado 11F9981B45624C34 4EC633DFEE912D3B 2D103BEB1301F897
72AE637DCC396C29, índice 9 de Samai, enlace onedrive https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/des00taobquilla_cendoj_ramajudicial_gov_co1/_layouts/15/onedrive.a
spx?id=%2Fpersonal%2Fdes00taobquilla%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco1%2FDocume
nts%2FCONJUECES%2F02%2EEXPEDIENTES%20DIGITALES%20CONJUECES%2F05%2E%2
0CARLOS%20QUI%C3%91ONES%20GOMEZ%2F08001%2D23%2D33%2D000%2D2016%2D01
023%2D00%20HELDA%20ESCORCIA&ga=1, documento “02.Anexo.pdf”, en el expediente 08001-
23-33-000-2016-01023-00.
35
Obra en certificado AA562640D58ED3B3 786EC4287450143B B711B4CCD1A21D5C
A7B5EFA858B65E31, índice 7 de Samai.
36
Obra en certificado 7B94D4F4E0BBFC36 3889D1EEF9A5BE0C A9A1A45647745E09
E117D7B097CA722B, índice 7 de Samai.
37
Ver índice 6 de samai.
38
Ver índice 7 de samai.
39
Ver índice 8 de samai.
13
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01836-01
Accionante: Helda Graciela Escorcia Romo
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de conjueces
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
42. Así las cosas, tras revisar lo anterior, la Sala observa que al conjuez titular se
le realizó el paso a despacho hasta el 17 de febrero de 2025. Luego entonces, la
carga de procesos que tiene a su cargo, ha impedido la resolución de la sentencia
del proceso objeto de debate. Pues tal como lo indicó en su respectivo informe de
tutela, tiene a cargo varios expedientes40 que ha venido atendiendo de acuerdo con
la naturaleza de los asuntos y con el respectivo orden de ingreso al despacho. Todo
esto sugiere que se ha requerido de una gestión cuidadosa y una atención particular
a diversos aspectos procesales y sustanciales.
43. En este contexto, la Sala considera que las posibles demoras son consecuencia
de la carga laboral que se encontraba en el despacho con anterioridad a su posesión
y que ha venido adelantando los diferentes asuntos de conformidad con la naturaleza
de los expedientes que tiene a cargo y el orden de ingreso al despacho, lo que exige
una celosa atención por parte del funcionario judicial y su equipo de trabajo al tiempo
que dificulta la resolución de la litis dentro de lapsos cortos.
44. Por tanto, la Subsección concluye que no se configura una mora judicial
injustificada por parte de la autoridad judicial accionada, pues es posible colegir que
los tiempos han sido razonables y se ajustan a la realidad de la congestión judicial.
40
En su escrito de tutela mencionó los siguientes:
• 08001333300820210013602 ingresó al despacho el 14 de febrero de 2025.
• 08001333300120190009302 ingresó al despacho el 12 de febrero de 2025
• 08001333300520200002502 ingresó al despacho el 28 de enero de 2025
• 08001333300520200003301 ingresó al despacho el 7 de noviembre de 2024
14
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01836-01
Accionante: Helda Graciela Escorcia Romo
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de conjueces
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
45. Es importante señalar que la presentación de impulsos procesales y/o
memoriales no constituye una causa válida para modificar la asignación de turnos
para fallo, ya que esta posibilidad está reglada. La ley prevé ciertos eventos en los
que se puede solicitar prioridad en la resolución de demandas, sin necesidad de
ajustarse al orden cronológico asignado, como lo establece el artículo 63A de la Ley
270 de 199841.
46. En ese contexto, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que negó
el amparo solicitado mediante acción de tutela presentada por la señora Helda
Graciela Escorcia Romo, en contra del Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala
de Conjueces.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
41
“ARTÍCULO 63A. Adicionado por el Artículo 16 de la Ley 1285 de 2009. así: Del orden y
prelación de turnos. Cuando existan razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación
grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de
crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social, las Salas
Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas, Secciones o Subsecciones del Consejo
de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional,
señalarán la clase de procesos que deberán ser tramitados y fallados preferentemente. Dicha
actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación.
Igualmente, las Salas o Secciones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del
Consejo Superior de la Judicatura podrán determinar motivadamente los asuntos que por carecer de
antecedentes jurisprudenciales, su solución sea de interés público o pueda tener repercusión
colectiva, para que los respectivos procesos sean tramitados de manera preferente.
Los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo
Superior de la Judicatura, cuya resolución íntegra entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia,
podrán ser decididos anticipadamente sin sujeción al orden cronológico de turnos.
Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas o las Secciones del Consejo
de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las Salas de los Tribunales
Superiores y de los Tribunales Contencioso-Administrativos de Distrito podrán determinar un orden
de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia; para el
efecto, mediante acuerdo, fijarán periódicamente los temas bajo los cuales se agruparán los
procesos y señalarán, mediante aviso, las fechas de las sesiones de la Sala en las que se asumirá
el respectivo estudio.
PARÁGRAFO 1°. Lo dispuesto en el presente artículo en relación con la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo se entenderá sin perjuicio de lo previsto por el artículo 18 de la Ley 446
de 1998.
PARÁGRAFO 2°. El reglamento interno de cada corporación judicial señalará los días y horas de
cada semana en que ella, sus Salas y sus Secciones, celebrarán reuniones para la deliberación de
los asuntos jurisdiccionales de su competencia, sin perjuicio que cada Sala decida sesionar con
mayor frecuencia para imprimir celeridad y eficiencia a sus actuaciones.
PARÁGRAFO 3°. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará los
turnos, jornadas y horarios para garantizar el ejercicio permanente de la función de control de
garantías. En este sentido no podrá alterar el régimen salarial y prestacional vigente en la Rama
Judicial”.
15
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01836-01
Accionante: Helda Graciela Escorcia Romo
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de conjueces
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 8 de mayo de 2025, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, que negó el amparo solicitado por la señora
Helda Graciela Escorcia Romo, contra el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala
de Conjueces.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: este documento fue suscrito en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular
el código QR que aparece a la derecha.
VF
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