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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01852-00

Fecha
7 de mayo de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01852-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: ACCEDER a la solicitud de desvinculación formulada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y NEGAR la petición formulada en igual sentido por el Consejo Superior de la Judicatura. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por Sandra Vásquez Mejía, Laura Vásquez Mejía, Beatriz Elena Mejía, Diana Rosana Vásquez Mejía, Rodrigo León Vásquez Mejía, Sebastián Vásquez Martínez, Javier Felipe Vásquez Mejía y Raúl Vásquez Mejía contra el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-01852-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

7 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01852-00
Accionantes: Sandra Vásquez Mejía y otros
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y otros

Temas: Tutela contra autoridad pública, por la negativa del pago de la
condena impuesta en una sentencia judicial. Subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

1. La Sala1 decide la acción de tutela formulada por Sandra Vásquez Mejía, Laura
Vásquez Mejía, Beatriz Elena Mejía, Diana Rosana Vásquez Mejía, Rodrigo León
Vásquez Mejía, Sebastián Vásquez Martínez, Javier Felipe Vásquez Mejía y Raúl
Vásquez Mejía contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Tribunal
Administrativo de Antioquia.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

2. El 1 de abril de 2025, Sandra Vásquez Mejía, Laura Vásquez Mejía, Beatriz
Elena Mejía, Diana Rosana Vásquez Mejía, Rodrigo León Vásquez Mejía, Sebastián
Vásquez Martínez, Javier Felipe Vásquez Mejía y Raúl Vásquez Mejía solicitaron la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad; así
como los principios de favorabilidad, «pro damato y pro homine». En consecuencia,
requirieron lo siguiente:

«1. Dar respuesta a la petición de pago de la sentencia del diecinueve (19) de diciembre
de 2017, proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, Subsección C, C.P. Guillermo Sánchez Luque, dentro del
expediente con radicado 05001-23-31-000-2009-00545-01 (44551), observando al
efecto el cómputo correcto de los términos en que se suspendió la caducidad y
descontando a ese propósito todo el tiempo en que como beneficiarios de la sentencia
estuvimos privados de la posibilidad de adelantar gestiones de cobro.

2. Dar respuesta a la petición de pago de la sentencia del diecinueve (19) de diciembre
de 2017, proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo

1
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del
Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para
conocer del proceso de la referencia.

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Accionantes: Sandra Vásquez Mejía y otros

del Consejo de Estado, Subsección C, C.P. Guillermo Sánchez Luque, dentro del
expediente con radicado 05001-23-31-000-2009-00545-01 (44551), privilegiando en el
trámite el enfoque de género que ampara las madres cabeza de familia, además de
considerar que los peticionarios somos sujetos de especial protección constitucional
por nuestra condición de desplazados por el conflicto armado y por ser mujeres y
adultos mayores.

3. [O]rdenar el pago de la condena ordenada en la sentencia del diecinueve (19) de
diciembre de 2017, proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, Subsección C, C.P. Guillermo Sánchez Luque,
dentro del expediente con radicado 05001-23-31-000-2009-00545-01 (44551)»

3. La parte accionante narró como hechos relevantes los siguientes:

4. Rodrigo León Vásquez Mejía, Raúl Arturo Vásquez Mejía, Raúl Javier Vásquez
Escobar, Beatriz Elena Mejía, Javier Felipe Vásquez Mejía, Sandra Milena Vásquez
Mejía, Diana Rosana Vásquez Mejía, Laura Patricia Vásquez Mejía, Fabio Andrés
Vásquez Mejía (hoy fallecido) y Sebastián Vásquez Martínez instauraron demanda
de reparación directa en contra de la Nación – Rama Judicial para que se declarara
a esta patrimonialmente responsable por los perjuicios sufridos, con ocasión de la
privación injusta de la libertad de los 2 primeros, entre el 5 de octubre de 2007 y el
25 de enero de 2008.

5. El 13 de febrero de 2012, el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las
pretensiones, por lo cual la parte demandante interpuso recurso de apelación en
contra de la anterior decisión.

6. El 19 de diciembre de 2017, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declaró
a la entidad demandada patrimonialmente responsable por la privación injusta de la
libertad de Rodrigo León Vásquez Mejía y Raúl Arturo Vásquez Mejía. En ese
sentido, ordenó lo siguiente:

«SEGUNDO. CONDÉNASE a la Nación-Rama Judicial a pagar por concepto de
perjuicios morales a Raúl Arturo Vásquez Mejía, Rodrigo León Vásquez Mejía, Raúl
Javier Vásquez Escobar, Beatriz Elena Mejía y Sebastián Vásquez Martínez la suma
de [50 smlmv], para cada uno, a Javier Felipe Vásquez Mejía, Sandra Milena Vásquez
Mejía, Diana Rosana Vásquez Mejía, Laura Patricia Vásquez Mejía y Fabio Andrés
Vásquez Mejía la suma de [25 smlmv], para cada uno.

TERCERO. CONDÉNASE a la Nación-Rama Judicial a pagar por concepto de
perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, a Raúl Arturo Vásquez Mejía y
Rodrigo León Vásquez Mejía la suma de […] $2.747.536, para cada uno».

7. La anterior providencia fue notificada por edicto fijado entre el 10 y 14 de mayo
de 2018, por lo que adquirió ejecutoria el 18 de igual mes y anualidad.

8. El 11 de septiembre de 2018, el apoderado de la parte demandante solicitó la
expedición de las copias correspondientes para adelantar el cobro de la sentencia
condenatoria. Sin embargo, hasta el 9 de noviembre de 2018 el Tribunal
Administrativo de Antioquia expidió la constancia secretarial, la cual daba cuenta de
lo resuelto en la sentencia, la fecha de ejecutoria de esta y certificaba los
documentos que constituían título ejecutivo.

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9. En vista de que la constancia sobre el título ejecutivo fue expedida hasta el 9
de noviembre de 2018, el término de los 10 meses que dispone el artículo 192 del
CPACA para que la entidad pague la condena impuesta venció el 9 de septiembre
de 2019, por lo que a partir de esa fecha inició el cómputo del término de caducidad
de 5 años para la interposición de la acción ejecutiva, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 164 del estatuto procesal mencionado.

10. Del anterior término, en criterio de los accionantes, deben descontarse los
períodos en que no «pudieron adelantar las gestiones de cobro» (175 días); el de
suspensión de términos por la emergencia del COVID-19 (107 días) y los 7 días de
suspensión de los términos judiciales en todo el territorio nacional por un ataque
cibernético, de acuerdo con lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura
en el Acuerdo PCSJA23-12089 del 13 de septiembre de 2023. De manera que el
plazo para presentar la demanda ejecutiva no vencería el 9 de septiembre de 2024,
sino que al adicionarse los 289 días en los que no pudieron ejercer su derecho, el
término de caducidad se extendería hasta el 27 de junio de 2025.

11. Ante el incumplimiento de lo ordenado en la Sentencia de 19 de diciembre de
2017, solicitaron el 21 de enero de 20252 a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial el pago de la condena impuesta en la referida providencia. Sin embargo, el
26 de marzo de 2025, el Grupo de Sentencias de la entidad precitada, mediante el
Oficio DEAJALO25-2990, negó el pago del crédito judicial por haber operado el
fenómeno jurídico de la caducidad3, desconociendo el Oficio DEAJRHO19-7704 de
2 de diciembre de 2019, mediante el cual dicha entidad solicitó la documentación
para el cumplimiento de la decisión proferida a favor de los demandantes; y los
«tiempos que se tomó la propia Rama Judicial para certificar el título ejecutivo para
adelantar el cobro de la condena».

12. Como fundamentos de derecho, la parte accionante indicó que la negativa a
pagar la condena reconocida en la Sentencia de 19 de diciembre de 2017, bajo el
argumento de haber operado la caducidad de la acción, vulnera los principios de
igualdad material, favorabilidad, «pro homine y pro damato», los cuales deberían
operar como excepciones a la configuración de dicho fenómeno procesal, con el fin
de equilibrar la aplicación normativa con la verdad procesal y material, para así
garantizar nuestro derecho a una reparación integral.

13. Señaló que la vulneración al debido proceso y el desconocimiento de la
obligación constitucional de adoptar decisiones con enfoque de género impiden que,
como mujeres adultas, cabezas de hogar y víctimas de violencia, encuentren la
protección que requieren del Estado. Además, sostuvo que la anterior omisión es
más grave dado que también fueron víctimas «de delitos de lesa humanidad» como
el desplazamiento forzado y la injusta privación de la libertad de varios miembros
de su familia.

2
De acuerdo con las pruebas que reposan en el expediente electrónico.
3
Para soportar su decisión, la entidad explicó que habían transcurrido más de 6 años y 9 meses desde el 18 de mayo de
2018, fecha en la que el crédito judicial quedó ejecutoriado, por lo que no es viable otorgar un turno de pago respecto de una
providencia judicial que perdió su exigibilidad.

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14. Indicó que, de acuerdo con el artículo 192 del CPACA, la exigibilidad del
crédito judicial inicia con la ejecutoria de la sentencia y a partir de ese momento la
entidad cuenta con 10 meses para realizar el pago. A pesar de que dicha norma
establece que los beneficiarios deben presentar la solicitud de pago, en criterio de
los accionantes, no queda claro si esa obligación es de carácter imperativo.

15. En todo caso, precisó que el Decreto 1068 de 20154, en sus artículos 2.8.6.1.1
al 2.8.6.6.2, dispone que el pago de la sentencia debe hacerse de oficio y,
adicionalmente, en el artículo 2.8.6.4.2 señala que en ningún caso la entidad deberá
esperar a que el acreedor presente la solicitud de pago para cumplir con este
trámite, lo que permite concluir, a su juicio, que las entidades no pueden excusarse
en la inacción de los beneficiarios de una condena para no realizar el pago de lo
que por derecho les corresponde.

Intervenciones5

16. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial afirmó que no existe
congruencia entre los argumentos que sustentan la acción de tutela y las
pretensiones, comoquiera que los accionantes alegaron la vulneración de los
derechos fundamentales a la reparación integral, debido proceso, acceso a la
justicia, no repetición, confianza legítima y vida digna; sin embargo, en sus
pretensiones, solicitan que se ordene a esa entidad emitir una respuesta de fondo,
de manera clara y congruente, por lo que los supuestos fácticos no coinciden con el
objeto de la tutela, razón suficiente para desestimarla.

17. Sin perjuicio de lo anterior, indicó que el director del Grupo de Sentencias de
la Unidad de Asistencia Legal, mediante el Oficio DEAJALO25-2990 de 26 de marzo
de 2025, resolvió la petición presentada por los accionantes. Así, adujo que, como
la inconformidad de los actores está relacionada con el sentido de la mencionada
respuesta, aquellos tienen a su alcance un mecanismo judicial idóneo y eficaz para
controvertir la presunción de legalidad de dicho acto, como lo era el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, de manera que la acción de amparo no
supera el requisito de subsidiariedad. Sostuvo que lo anterior cobra relevancia si se
tiene en cuenta que no se probó siquiera de manera sumaria la existencia de un
perjuicio irremediable.

18. En todo caso, precisó que si lo que pretenden los accionantes es una
respuesta de fondo, clara y congruente, la entidad, a través del Oficio de 26 de
marzo de 2025, contestó cada uno de los interrogantes formulados, de allí que no
exista una vulneración del derecho fundamental de petición. En consecuencia,
solicitó rechazar por improcedente la tutela de la referencia o, en su defecto, negar
las pretensiones.

4
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público.
5
El 1° de abril de 2025, el despacho del magistrado sustanciador de la presente decisión (i) admitió la acción de tutela en
contra del Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y el Tribunal Administrativo de Antioquia; (ii) vinculó a la Nación – Rama Judicial y a Raúl Javier Vásquez
Escobar; y (iii) negó la medida provisional solicitada por la parte actora.

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19. Por otro lado, informó que en el Consejo de Estados se encuentra en trámite
la acción de tutela con radicado No. 11001-03-15-000-2025-01217-00, promovida
por uno de los aquí demandantes en contra de esa Dirección, por lo que requirió
verificar si se configura una temeridad con respecto al presente proceso, al existir
identidad de causa, objeto y partes.

20. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifestó que carece de
legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que no era la competente para
supervisar, controlar o interferir de forma alguna en las gestiones que legalmente le
han sido atribuidas a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para el
reconocimiento y pago de las sentencias judiciales a favor de los accionantes. Por
lo anterior, solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional, al no haber
vulnerado los derechos fundamentales reclamados.

21. El Consejo Superior de la Judicatura señaló que no era la autoridad llamada
a responder o cumplir las órdenes que se expidan con el fin de proteger las garantías
constitucionales de los accionantes, comoquiera que ello corresponde a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, a través del Grupo de Sentencias de la Unidad
de Asistencia Legal, la cual tiene la aptitud legal para dar respuesta al presente
asunto; máxime cuando los actores no aportan prueba que demuestre que la
petición se radicó en los canales de comunicación de esa corporación. Por tanto,
requirió su desvinculación.

II. CONSIDERACIONES

Cuestión previa

22. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial afirmó que se configuró la
temeridad de la acción, comoquiera que ante la Sección Quinta de esta corporación
se encuentra en trámite la solicitud de amparo con radicado No. 11001-03-15-000-
2025-01217-00, la cual, en su criterio, tiene identidad de partes, objeto y causa con
la que aquí se analiza.

23. No obstante, al consultar dicho número en el aplicativo SAMAI, la Sala observa
que en la acción primigenia lo que se discutió fue la vulneración del derecho
fundamental de petición por la falta de respuesta por parte de esa entidad al
requerimiento de pago que elevaron los accionantes el 21 de enero de 2025.
Asimismo, se denota que, el 10 de abril de 2025, la Sección referida declaró la
carencia actual de objeto por hecho superado, en la medida en que la Dirección
mencionada, durante el trámite tutelar, contestó dicho pedimento a través del Oficio
DEAJALO25-2990 de 26 de marzo de 2025.

24. Por tanto, no concurren los elementos para que se configure la temeridad de
la acción, comoquiera que en la tutela de la referencia lo que se pretende es el pago
de una condena reconocida en una sentencia judicial, tras la negativa de la entidad
de acceder a este por razones de caducidad, situación disímil a lo discutido en la
tutela inicial, que consistía concretamente en la falta de respuesta a la solicitud de

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pago, de manera que el reparo formulado por la Dirección accionada no está
llamado a prosperar.

25. De otra parte, la Sala accederá a la solicitud de desvinculación formulada por
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pues, a pesar de que los accionantes
la mencionaron como accionada, no plantearon ningún argumento de disenso en su
contra ni se evidencia que esta hubiese intervenido en los hechos que aquí se
analizan.

26. En contraste, la Sala no accederá a la solicitud de desvinculación formulada
por el Consejo Superior de la Judicatura, comoquiera que si bien es cierto que la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a través del Grupo de Sentencias,
es la responsable de realizar el pago derivado del fallo judicial, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 98 y 99 de la Ley 270 de 1996, modificados por la Ley
2430 de 2024 y el Acuerdo PCSJA20-11603 de 27 de julio de 2020, también lo es
que es al Consejo Superior de la Judicatura a la que le corresponde ejercer el
seguimiento de las decisiones que adopte dicha Dirección, en virtud de lo previsto
en el artículo 85 de la Ley 270 de 1996, modificado por la Ley 2430 de 2024.

Problema jurídico

27. Corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela cumple con los
requisitos generales de procedencia, en particular, el de subsidiariedad. En caso
de una respuesta afirmativa, debe resolverse si la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial vulneró los derechos fundamentales de la parte actora.

Análisis de la procedencia de la acción de tutela

28. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela, al no haberse
acreditado la exigencia general de subsidiariedad, por las razones que pasan a
explicarse:

29. En el marco de la presente acción de tutela, las pretensiones están
orientadas a obtener el cumplimiento efectivo de la Sentencia proferida el 19 de
diciembre de 2017 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
en el proceso de reparación directa con radicado No. 05001-23-31-000-2009-
00545-01, en la que se ordenó a la Nación – Rama Judicial a pagar a los aquí
demandantes, entre otros, una suma de dinero, por los perjuicios causados con
ocasión a la privación injusta de la libertad de Rodrigo León y Raúl Arturo Vásquez
Mejía.

30. Pues bien, como lo pretendido por la parte actora fue el pago del crédito
judicial derivado de la providencia mencionada, la Sala advierte que, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 164, literal K, y 192 de la Ley 1437 de 2011
(CPACA)6, las sentencias ejecutoriadas que imponen condenas a cargo del Estado

6
Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda «La demanda deberá ser presentada: […]

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y que constituyan título ejecutivo7 y pueden ser cobradas mediante la acción
ejecutiva una vez transcurridos los 10 (para CPACA) o 18 meses (para CCA), según
sea el caso, a partir de su ejecutoria y antes de los 5 años siguientes a esa fecha.

31. Así, al consultar en el sistema de gestión judicial SAMAI el citado expediente,
la Sala observa que la Sentencia de 19 de diciembre de 2017 fue notificada por
edicto fijado el 10 de mayo de 2018, por lo que adquirió ejecutoria el 18 de igual
mes y año.

32. En ese orden de ideas, es evidente que los accionantes dejaron vencer el
término legal sin adelantar alguna actuación formal orientada a obtener el pago de
la condena contenida en la sentencia de reparación directa. Por tanto, la Sala
considera que la presente acción no cumplió con el requisito de subsidiariedad,
comoquiera que la parte accionante no realizó un manejo adecuado y oportuno del
instrumento judicial idóneo y eficaz con el que contaba, esto es, la acción ejecutiva,
para exponer los desacuerdos que hoy plantea y materializar lo pretendido en esta
sede constitucional, por lo que la acción de tutela no puede utilizarse para revivir
instancias precluidas y de las cuales no se hizo uso pertinentemente, ya sea por
negligencia o descuido de quienes solicitan el amparo constitucional.

33. Así las cosas, se impone como una obligación dirimir los conflictos jurídicos
relacionados con los derechos fundamentales, en un principio, a través de las vías
ordinarias dispuestas para el efecto, por lo que al juez de tutela le está vedado emitir
un pronunciamiento al respecto, pues, de lo contrario, no solo estaría
desconociendo las competencias que el legislador atribuyó a otra autoridad judicial,
sino también la naturaleza subsidiaria y residual que caracteriza a este tipo de
trámites.

34. Adicional a lo expuesto, se repara en que si bien es cierto que los accionantes
manifestaron que son sujetos de especial protección constitucional, la Sala no
puede pasar por alto que aquellos no formularon ningún argumento para justificar
su prolongada inactividad para agotar el medio de defensa judicial que tenían a su
disposición. Además, tampoco allegaron prueba siquiera sumaria de alguna
circunstancia que hubiese obstaculizado el ejercicio oportuno de la herramienta
judicial con la que contaban para ventilar los motivos en que ahora se apoya la
solicitud constitucional.

35. Por tanto, la acción de tutela se torna improcedente, al no haberse superado
el examen del requisito de subsidiariedad y tampoco demostrarse una circunstancia

K) Cuando se pretenda la ejecución con títulos derivados del contrato, de decisiones judiciales proferidas por la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo en cualquier materia y de laudos arbitrales contractuales estatales, el término para solicitar
su ejecución será de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida».
Artículo 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas «Cuando la sentencia
imponga una condena que no implique el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien
corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, adoptará las medidas
necesarias para su cumplimiento.
Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas
en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el
beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada».
7
Artículo 297 ibidem «Título ejecutivo. Para los efectos de este código, constituyen título ejecutivo: […]
1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las
cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias».

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que le hubiese impedido a los accionantes emplear en el mecanismo que tenían a
su alcance.

36. Así las cosas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela formulada por
Sandra Vásquez Mejía, Laura Vásquez Mejía, Beatriz Elena Mejía, Diana Rosana
Vásquez Mejía, Rodrigo León Vásquez Mejía, Sebastián Vásquez Martínez, Javier
Felipe Vásquez Mejía y Raúl Vásquez Mejía contra el Consejo Superior de la
Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y el Tribunal Administrativo de Antioquia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: ACCEDER a la solicitud de desvinculación formulada por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público y NEGAR la petición formulada en igual sentido por
el Consejo Superior de la Judicatura.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por
Sandra Vásquez Mejía, Laura Vásquez Mejía, Beatriz Elena Mejía, Diana Rosana
Vásquez Mejía, Rodrigo León Vásquez Mejía, Sebastián Vásquez Martínez, Javier
Felipe Vásquez Mejía y Raúl Vásquez Mejía contra el Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y el Tribunal Administrativo de Antioquia, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
A. R. F.

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