Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01852-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-01852-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01852-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-01852-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
10 de julio de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01852-01
Demandante: Sandra Vásquez Mejía y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS (E)
Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01852-01
Demandante: SANDRA VÁSQUEZ MEJÍA Y OTROS
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Acto administrativo que
negó pago de sentencia. Falta de cumplimiento del requisito
general de subsidiariedad.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
providencia del 7 de mayo de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, que resolvió:
«PRIMERO: ACCEDER a la solicitud de desvinculación formulada por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y NEGAR la petición formulada en igual sentido por el Consejo
Superior de la Judicatura.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por Sandra
Vásquez Mejía, Laura Vásquez Mejía, Beatriz Elena Mejía, Diana Rosana Vásquez Mejía,
Rodrigo León Vásquez Mejía, Sebastián Vásquez Martínez, Javier Felipe Vásquez Mejía
y Raúl Vásquez Mejía contra el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Tribunal
Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia. […]»
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 28 de marzo de 2025, los señores Sandra Vásquez Mejía, Laura Vásquez Mejía,
Beatriz Elena Mejía, Diana Rosana Vásquez Mejía, Rodrigo León Vásquez Mejía,
Sebastián Vásquez Martínez, Javier Felipe Vásquez Mejía y Raúl Vásquez Mejía, en
nombre propio, presentaron acción de tutela contra la Nación – Rama Judicial,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial por estimar vulnerados los derechos
fundamentales al trabajo, a la igualdad, a la seguridad social, al debido proceso y el
principio de primacía de la realidad. En consecuencia, formularon las siguientes
pretensiones:
«1. Dar respuesta a la petición de pago de la sentencia del diecinueve (19) de diciembre
de 2017, proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, Subsección C, C.P. Guillermo Sánchez Luque, dentro del
expediente con radicado 05001- 23-31-000-2009-00545-01 (44551), observando al
efecto el cómputo correcto de los términos en que se suspendió la caducidad y
descontando a ese propósito todo el tiempo en que como beneficiarios de la sentencia
estuvimos privados de la posibilidad de adelantar gestiones de cobro.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01852-01
Demandante: Sandra Vásquez Mejía y otros
2. Dar respuesta a la petición de pago de la sentencia del diecinueve (19) de diciembre
de 2017, proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, Subsección C, C.P. Guillermo Sánchez Luque, dentro del
expediente con radicado 05001- 23-31-000-2009-00545-01 (44551), privilegiando en el
trámite el enfoque de género que ampara las madres cabeza de familia, además de
considerar que los peticionarios somos sujetos de especial protección constitucional por
nuestra condición de desplazados por el conflicto armado y por ser mujeres y adultos
mayores.
3. En consecuencia con lo anterior, ordenar el pago de la condena ordenada en la
sentencia del diecinueve (19) de diciembre de 2017, proferida por la Sección Tercera de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Subsección C, C.P.
Guillermo Sánchez Luque, dentro del expediente con radicado 05001-23-31-000- 2009-
00545-01 (44551).»
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
Del proceso de reparación directa y solicitud de constancia de ejecutoria
Los hermanos Rodrigo León y Raúl Arturo Vásquez Mejía fueron detenidos el 5 de
octubre de 2007 por los cargos de hurto calificado y secuestro simple y permanecieron
privados de la libertad durante 114 días hasta su absolución en enero de 2008.
Por lo anterior, en noviembre del año 2008, los aquí accionantes promovieron una
demanda de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial por la privación
injusta de la libertad de los señores Vásquez Mejía.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia del 13 de febrero de 2012 negó
las pretensiones de la demanda y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C1, mediante providencia del 19 de diciembre de 2017, revocó la decisión y declaró
patrimonialmente responsable a la Nación – Rama Judicial por los perjuicios
padecidos por la privación de la libertad de los hermanos Vásquez Mejía.
Esta providencia se notificó mediante edicto fijado el 10 de mayo y desfijado el 14 de
mayo, de 2018, por lo que quedó ejecutoriada el 18 del mismo mes y año.
El proceso volvió al Tribunal Administrativo de Antioquia el 31 de agosto de 2018.
Afirmaron que el 11 de septiembre de 2018, los demandantes, por conducto de
apoderado judicial, solicitaron expedir la constancia de ejecutoria la cual solo fue
proporcionada el 9 de noviembre de 2018, 175 días luego de cobrar ejecutoria la
sentencia de segunda instancia, lo que, según la parte actora, redujo el tiempo para
ejercer la acción ejecutiva.
Solicitud de cumplimiento de la sentencia
El 21 de enero de 2025, los tutelantes en calidad de beneficiarios de la sentencia del
19 de diciembre de 2017, solicitaron el cumplimiento del fallo ante el Consejo Superior
de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
La petición que fue negada en Oficio DEAJALO25-2990 del 26 de marzo de 2025, por
considerar que se configuró la caducidad.
1 Radicado núm. 05001-23-31-000-2009-00545-01 [44551].
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01852-01
Demandante: Sandra Vásquez Mejía y otros
3. Argumentos de la acción de tutela
La parte actora sostuvo que la Administración negó el pago de la condena por
caducidad, sin embargo, cuando culminó el proceso de reparación directa con la
sentencia del Consejo de Estado existieron demoras significativas para obtener la
documentación necesaria para ejecutar el cobro, lo que redujo el tiempo efectivo para
reclamar el pago.
Al efecto, explicó que el proceso regresó al Tribunal Administrativo de Antioquia el 31
de agosto de 2018, es decir, 8 meses y 12 días después de proferida la sentencia y
105 días después de la ejecutoria de la decisión.
Insistió en que a pesar de que el 11 de septiembre de 2018 solicitó la expedición de
la constancia de ejecutoria de la sentencia, la autoridad judicial la expidió el 9 de
noviembre de 2018, 175 días después de la ejecutoria, tiempo al que se deben sumar
107 días de la suspensión de los términos de caducidad y prescripción que dispuso el
Consejo Superior de la Judicatura, entre el 16 de marzo y el 1 de julio de 2020, por la
emergencia derivada del Covid-19.
Mencionó que el inciso segundo del artículo 192 del CPACA establece que las
condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de
una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez meses, contados a
partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia, pero, como hasta el 9 de noviembre
de 2018 obtuvo la primera copia auténtica, antes de esta fecha estaba imposibilitada
para realizar cualquier gestión.
Indicó que, vencido el término de 10 meses de que habla el artículo del 192 del
CPACA, inicia el cómputo del término de caducidad para la acción ejecutiva, que de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 164 ejusdem es de 5 años. A su juicio, del
término de caducidad debe descontarse el tiempo que no podían efectuar gestiones
de cobro, es decir 175 días y tiempo en que estuvieron suspendidos todos los términos
por la contingencia del Covid 19, es decir 107 días.
Con fundamento en lo anterior afirmó que, del término de caducidad de cinco años,
no contó con un total de 282 días para ejercer el derecho de acción.
A lo anterior agregó el término de siete días en que fueron suspendidos los términos
judiciales en todo el país, entre el 14 y el 20 de septiembre de 2023, por ataque de
ciberseguridad externo, todo ello conforme al acuerdo PSSJA 23-12089 del 13 de
septiembre de 2023 del Consejo Superior de la Judicatura. Es decir, en total con 289
días en lo que, considera, se impidió el acceso a la administración de justicia.
A juicio de la parte actora, como la certificación del título ejecutivo fue expedida el día
9 de noviembre de 2018, los 10 meses con que contaba la entidad pública para pagar
la condena vencían el 9 de septiembre de 2019, fecha a partir de la cual iniciaba el
cómputo del término de caducidad de 5 años que señala el artículo 164 del CPACA.
Los tutelantes indicaron, que son personas de especial protección constitucional por
su calidad de víctimas de desplazamiento forzado, madres cabeza de familia y adultos
mayores, por lo que la decisión de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso, la reparación integral y el
acceso a la administración de justicia.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01852-01
Demandante: Sandra Vásquez Mejía y otros
4. Trámite previo
Mediante auto del 1° de abril de 2025, la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado admitió la acción de tutela, ordenó notificar al tutelante y a las entidades
demandadas.
5. Oposiciones
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial sostuvo que existe una
incongruencia entre los hechos alegados y las pretensiones de la tutela, esto es, que
aunque la parte actora invoca derechos fundamentales como la reparación integral y
el debido proceso, en realidad solicitan una respuesta de fondo a una petición, lo que,
según la entidad, no guarda coherencia con el objeto de la acción de tutela.
Además, argumentó que ya dio respuesta a la petición mediante el Oficio
DEAJALO25-2990 del 26 de marzo de 2025.
Al efecto, indicó que 7 de abril de 2025 el Grupo de Sentencias de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial informó las gestiones previas que realizó para el
cumplimiento de la sentencia:
i) El 23 de abril de 2019, solicitó al Consejo de Estado la dirección de notificación del
apoderado de la parte actora para requerir la documentación necesaria;
ii) El Tribunal Administrativo de Antioquia remitió la información más reciente, en la que
indicó que el poder había sido sustituido en 2014 al abogado Juan Manuel Bedoya;
iii) El 2 de diciembre de 2019, solicitó formalmente al abogado Bedoya aportar la
documentación requerida para incluir la obligación en el listado de turnos de pago,
conforme con el Decreto 2469 de 2015 y la Circular DEAJC19-64 de 2019;
iv) Las solicitudes de enero y febrero de 2025 (Oficios EXTDEAJ25-1506 y
EXTDEAJ25-10676) fueron respondidas mediante el Oficio DEAJALO25-2990 del
26 de marzo de 2025, en la cual se informó que no se evidenció solicitud de cobro
dentro del término legal, y que la obligación había caducado, por lo que no era
posible asignar turno de pago.
Afirmó que, si los accionantes están inconformes con el contenido de esa respuesta,
deben acudir al medio judicial adecuado que es el de nulidad y restablecimiento del
derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo que hace
improcedente la tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad. También
señaló que no se probó un perjuicio irremediable.
Reiteró que la entidad sí respondió de manera clara y congruente la petición, por lo
que no se vulneró el derecho fundamental de petición. En consecuencia, solicitó que
la tutela sea rechazada o, en su defecto, negada. Finalmente, informó que uno de los
signatarios promovió otra acción de tutela con el mismo objeto ante el Consejo de
Estado (radicado 11001-03-15-000-2025-01217-00), lo que podría configurar
temeridad por duplicidad de acciones con identidad de causa, objeto y partes.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, consideró que no tiene legitimación en
la causa por pasiva, dado que la tutela debe dirigirse contra la autoridad que
presuntamente vulneró los derechos fundamentales y el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público no es responsable de la omisión alegada ya que esta corresponde a
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01852-01
Demandante: Sandra Vásquez Mejía y otros
Afirmó que la tutela solo procede si hay una acción u omisión concreta que amenace
o vulnere derechos fundamentales dado que su función es asignar recursos globales
a las entidades del presupuesto nacional, por lo que no se le puede atribuir la
responsabilidad por la falta de pago, ya que no tiene competencia para ordenar ni
ejecutar ese gasto. Por lo anterior, solicitó se le desvincule del presente asunto.
El Consejo Superior de la Judicatura indicó que no es la entidad competente para
responder ni para ejecutar las órdenes emitidas con el propósito de proteger los
derechos constitucionales de los demandantes, ya que dicha responsabilidad recae
en la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, específicamente, por medio del
Grupo de Sentencias de la Unidad de Asistencia Legal, que cuenta con la facultad
legal para atender este tipo de asuntos.
Además, resaltó que los accionantes no presentaron pruebas que acrediten haber
radicado su solicitud por los canales oficiales de esa corporación. Por ello, solicitó ser
desvinculado del proceso.
6. Sentencia de primera instancia
El 21 de marzo de 2025, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado profirió sentencia de primera instancia en la que declaró improcedente la
acción de tutela.
Como cuestión previa estudió la temeridad propuesta por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, porque al parecer existía otra tutela en curso, bajo el radicado
11001-03-15-000-2025-01217-00. Sin embargo, verificó que en esa acción solo se
discutía la falta de respuesta de la solicitud de pago, mientras que en la presente tutela
reclamó el pago de una condena judicial. Por tanto, concluyó que no se configuró
temeridad.
Además, aceptó la desvinculación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
porque no tuvo participación en los hechos ni se presentaron argumentos en su contra
y no aceptó la desvinculación del Consejo Superior de la Judicatura, porque, aunque
no es quien realiza el pago de las sentencias sí tiene la función de hacer seguimiento
de las decisiones de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, según la Ley
270 de 1996 y sus reformas.
Determinó que la acción de tutela resulta improcedente porque no se cumplió con el
requisito de subsidiariedad, es decir, no se agotaron previamente los mecanismos
judiciales ordinarios disponibles, en el entendido que la parte actora buscaba el
cumplimiento de la sentencia del 19 de diciembre de 2017, que ordenó el pago de una
indemnización por privación injusta de la libertad.
Pero, la vía idónea para exigir ese pago era la acción ejecutiva, que no fue utilizada
dentro del plazo de 5 años desde la ejecutoria de la sentencia (18 de mayo de 2018).
Adujo que los tutelantes no justificaron su inactividad ni aportaron pruebas de que
alguna circunstancia les impidiera ejercer oportunamente la acción ejecutiva y dada la
naturaleza subsidiaria de la tutela no puede usarse para revivir términos vencidos ni
sustituir los mecanismos ordinarios de defensa judicial.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01852-01
Demandante: Sandra Vásquez Mejía y otros
Finalmente, consideró que aunque los accionantes alegaron ser sujetos de especial
protección constitucional, no demostraron cómo esa condición les impidió actuar
dentro del término legal para solicitar el pago de la sentencia judicial.
7. Impugnación
La parte actora impugnó la decisión de tutela de primera instancia, para lo cual afirmó:
«por no compartir la decisión de negar el amparo constitucional, siendo evidente en
este caso la violación de los derechos fundamentales de los actores».
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional2, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales3 y específicas4 de procedencia de la
acción de tutela.
Problema jurídico y solución
2
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (expediente ac-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. de ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (se destaca)
3
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
4
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la constitución.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01852-01
Demandante: Sandra Vásquez Mejía y otros
En atención al escrito de impugnación, corresponde determinar si procede confirmar,
modificar o revocar la decisión de primera instancia, que declaró improcedente la
acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general de subsidiariedad o si,
por el contrario, procede el estudio de fondo de la presunta vulneración de los
derechos fundamentales invocados por el tutelante por parte de la dirección ejecutiva
de administración judicial.
La Sala anticipa que confirmará la providencia de primera instancia, porque la acción
de tutela no supera el requisito general de subsidiariedad.
Para llegar a esa conclusión, se referirá a los siguientes asuntos: (i) al derecho
fundamental de petición y su análisis en el caso concreto (ii) al requisito general de
subsidiariedad y su análisis del caso concreto.
(i) Derecho fundamental de petición
De conformidad con lo anterior, se tiene que en el marco del artículo 23 de la
Constitución Política, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas
a las autoridades y también ante organizaciones privadas, por motivos de interés
general o particular y a obtener una pronta resolución. Se trata de un derecho de
aplicación inmediata según el artículo 85 de la Carta.
La Corte Constitucional ha señalado que el derecho de petición tiene la connotación
de derecho fundamental y permite garantizar otros derechos tales como la
información, la participación política, la libertad de expresión, la seguridad social, el
acceso a documentos públicos, entre otros.
El derecho de petición presenta un núcleo esencial complejo, ampliamente
desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia constitucional. De acuerdo con esta
última, son tres los elementos del núcleo esencial de este derecho: i) que resolución
sea pronta; ii) que la autoridad dé una respuesta de fondo, es decir que sea clara,
precisa, congruente y consecuente con lo solicitado; y iii) que la decisión adoptada se
le notifique al peticionario5.
Como derecho fundamental, la vulneración de su núcleo esencial es objeto de
protección por la acción de tutela. De este, sin embargo, no hace parte el sentido de
la respuesta, pues es de competencia exclusiva del sujeto pasivo del derecho de
petición.
Por esto, se ha aclarado que la respuesta negativa en ningún caso significa
vulneración del derecho fundamental de petición, ya que “existe una diferencia entre
el derecho de petición y el derecho a obtener lo pedido”6. Aun así, la Corte
Constitucional ha aclarado que “una respuesta es suficiente cuando resuelve
materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante”7.
Para que la respuesta sea efectiva debe ser expedida oportunamente, resolver de
fondo la petición de manera clara y congruente con lo solicitado y debe ser notificada
al peticionario. El incumplimiento de estos requisitos implica la vulneración del derecho
fundamental de petición.
Derecho fundamental de petición en el caso concreto
5 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017.
6 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017.
7 Corte Constitucional. Sentencias T-561 de 2007 y T-556 de 2013.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01852-01
Demandante: Sandra Vásquez Mejía y otros
Dentro de las pretensiones de la acción de tutela la parte actora solicitó que se
ordenara dar respuesta a la petición de pago de la sentencia del 19 de diciembre de
2017, proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, Subsección C.
Al respecto, se precisa que, en el fallo de tutela de primera instancia, la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado concluyó que no existió temeridad en
relación con la acción de tutela que se ejerció en el radicado núm. 11001-03-15-000-
2025-01217-00, en la que también se invocó como pretensión que se ordenara dar
respuesta a la solicitud de pago de la misma sentencia. Aspecto que no fue
impugnado.
Al efecto, se tiene que el 21 de enero y 21 de febrero de 2025, los signatarios
solicitaron a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial el cumplimiento de la
sentencia proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
el 19 de diciembre de 2017.
Sin embargo, tal como lo señaló la parte actora en el escrito de tutela, el Consejo
Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, mediante
Oficio DEAJALO25-2990 del 26 de marzo de 2025 negó la petición de pago de la
sentencia, al determinar que habían transcurrido más de 6 años y nueve meses sin
que los interesados presentaran la solicitud de pago de la sentencia judicial no era
posible dar un turno de pago por haber operado el fenómeno de la caducidad.
De manera que, no es posible acceder a las pretensiones de la acción de tutela
dirigidas a ordenar al Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial dar respuesta a la petición, porque como se vio, ya se le dio
respuesta incluso antes de ejercer la presente acción, por lo que no es posible atribuir
vulneración del derecho fundamental de petición.
Al respecto se precisa que el derecho de petición no necesariamente implica el
derecho a acceder a lo solicitado y, en ese sentido, corresponde modificar el fallo de
primera instancia, en el sentido de negar las pretensiones uno y dos de la acción de
tutela.
(ii) Del requisito general de subsidiariedad
La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución
y la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos
para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados.
De manera que la acción de tutela solo puede utilizarse cuando se han agotado los
mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la
protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte
Constitucional manifestó8:
8
Sentencia C-543 de 1992. Magistrado ponente: José Gregorio Hernández Galindo.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01852-01
Demandante: Sandra Vásquez Mejía y otros
«La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a
situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o
amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene
previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la
protección del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por
cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del
interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la
concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción
dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni
menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede
afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la
Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con el fin de llenar los vacíos que
pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus
derechos esenciales (…)».
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo
involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se
cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.
El requisito de subsidiariedad en el caso concreto
En el escrito de impugnación la parte actora manifestó su desacuerdo con la decisión
de primera instancia, sin realizar reparo concreto frente a las consideraciones allí
expuestas.
Por lo tanto, la Sala estudiará la procedencia de la presente acción constitucional en
relación con los argumentos expuestos en el escrito de tutela, esto es, si procede
ordenar el cumplimiento de la sentencia del 19 de diciembre de 2017, proferida por la
Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, mediante la cual se ordenó a
la Nación – Rama Judicial pagar una indemnización a los aquí demandantes por los
perjuicios causados con ocasión a la privación injusta de la libertad de Rodrigo León
y Raúl Arturo Vásquez Mejía.
A juicio de los tutelantes, la decisión de la administración desconoció sus derechos
fundamentales, porque en el presente caso, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial por medio del Oficio DEAJALO25-2990 del 26 de marzo de 2025 negó la
solicitud de cobro de una sentencia judicial sin considerar los días en que el Tribunal
Administrativo de Antioquia no expidió la constancia de ejecutoria y aquellos donde se
suspendieron los términos de caducidad y prescripción por el Covid-19 y ciberataques
a la página de la Rama Judicial.
Al respecto, la Sala advierte que los cuestionamientos que los demandantes realizan
son propios de la solicitud de ejecución de una sentencia judicial y, en esa medida, se
evidencia que la acción de tutela no cumple del requisito general de subsidiariedad
porque los tutelantes cuentan con otro medio de defensa para solicitar el cobro de la
sentencia proferida por la Sección Tercera de esta Corporación.
Al respecto, es pertinente señalar que, el artículo 192 del CPACA prevé lo relativo al
cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de entidades públicas.
Por su parte, el numeral 1 del artículo 297 del CPACA las sentencias debidamente
ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en las
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01852-01
Demandante: Sandra Vásquez Mejía y otros
que se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias constituyen un
título ejecutivo.
El artículo 298 del CPACA establece el procedimiento para exigir el cumplimiento de
una condena impuesta por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
De manera que, los demandantes pueden acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, en específico, ante el Tribunal Administrativo de Antioquia en ejercicio
del proceso ejecutivo.
Para la Sala no cabe duda que el proceso ejecutivo es el mecanismo de defensa
judicial idóneo para ejecutar el título ejecutivo contentivo de la sentencia proferida por
esta Corporación el 19 de diciembre de 2017.
Justamente, porque es ante el juez del proceso ejecutivo donde correspondería
exponer los argumentos que invoca en la presente acción de tutela, dirigidos a señalar
que por el amplio término que trascurrió para que se expidiera la constancia de
ejecutoria, sumado a las suspensiones de términos judiciales por otras causas, son
los que debería evaluar y ponderar el juez de la ejecución.
La naturaleza subsidiaria y residual de la acción de tutela tiene por propósito evitar
que se convierta en un mecanismo judicial alternativo que pueda ser utilizado para
soslayar los términos procesales de los medios ordinarios de defensa o para suplir
falencias en las estrategias de jurídicas de los apoderados, ya que no es dable al juez
de tutela decidir asuntos que deben ser debatidos en su escenario natural.
Ahora bien, la parte actora alega la existencia de un perjuicio irremediable por ser
personas de especial protección constitucional por ser víctimas de desplazamiento
forzado, madres cabeza de familia y adultos mayores.
La Corte Constitucional ha previsto algunos criterios para determinar la existencia de
un perjuicio irremediable, así: «(…) es aquel (i) que se produce de manera cierta y evidente
sobre un derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría
forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección para que
el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad de los
hechos es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como
mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales
fundamentales»9.
Sin embargo, la Sala destaca que no encuentra acreditado el perjuicio irremediable
que haga procedente la tutela como mecanismo transitorio de protección de los
derechos fundamentales, porque las pruebas aportadas al expediente no dan cuenta
de una situación de especial consideración que permita la intervención del juez de
tutela.
En suma, en el presente caso la acción de tutela no es procedente por falta de
cumplimiento del requisito general de subsidiariedad y, en todo caso, no se advierte
un perjuicio irremediable e inminente que haga procedente el amparo solicitado de
manera excepcional.
En esa medida, se modificará únicamente el numeral primero la sentencia de primera
instancia del 21 de marzo de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, objeto de impugnación, en el sentido de negar las
9
Corte Constitucional. Sentencias T-225 de 1993 y SU-086 de 1999.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01852-01
Demandante: Sandra Vásquez Mejía y otros
pretensiones uno y dos de la acción de tutela, relacionadas con obtener la
contestación de la solicitud de pago de la sentencia, y declarar improcedente la acción
de tutela en relación con la pretensión tres, dirigida a que se ordene el pago de la
condena.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Modificar el numeral primero de la sentencia de primera instancia del 21 de marzo
de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, objeto
de impugnación, el cual quedará así:
«PRIMERO: negar las pretensiones uno y dos de la acción de tutela, relacionadas con
obtener contestación de la solicitud de pago de la sentencia y declarar improcedente
la acción de tutela en relación con la pretensión tres, dirigida a que se ordene el pago de
la condena».
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.