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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01865-00

Fecha
8 de mayo de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01865-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Deniéganse las solicitudes de desvinculación presentadas por el Ministerio de Educación Nacional y la Gobernación del Valle del Cauca por las razones expuestas. SEGUNDO: Declárase improcedente por no cumplir con el requisito adjetivo de la subsidiariedad frente a la omisión por parte del Tribunal accionado de pronunciarse respecto a la condena en costas proferida en primera instancia y por falta de relevancia constitucional respecto a la interpretación legal efectuada para aplicar dicha sanción. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01865-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

8 de mayo de 2025

Demandante: María del Pilar Bonilla Salgado
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01865-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01865-00
Demandante: MARÍA DEL PILAR BONILLA SALGADO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial. Subsidiariedad y
relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la acción de tutela de la referencia consagrada en la
Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991,
en consonancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

La señora María del Pilar Bonilla Salgado, por intermedio de apoderada
judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Guadalajara de Buga, con el fin de que le sean protegidos sus derechos
fundamentales al debido proceso, gratuidad y acceso a la administración de
justicia.

Consideró vulneradas dichas garantías con la sentencia de 30 de agosto de
2024, que confirmó el fallo del 4 de junio de 2024, a través del cual se
denegaron las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con radicado 76111-33-33-002-2022-00477-00/01,
instaurada por la actora contra la Nación- Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG y el
departamento del Valle del Cauca.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María del Pilar Bonilla Salgado
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01865-00

«1. Se declare que el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE GUADALAJARA DE BUGA y el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA a través de las decisiones
adoptadas dentro de medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho bajo radicado No. 76111-33-33-002-2022-00477-00/01,
transgredieron los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
GRATUIDAD y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA de la
señora MARÍA DEL PILAR BONILLA SALGADO, habida cuenta que las
razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y al
precedente judicial del órgano de cierre en la jurisdicción contencioso
administrativo.

2. Como consecuencia de la declaración anterior, se solicita la realización de
un nuevo examen sobre la procedencia de la condena en costas impuesta en
el proceso ordinario, de acuerdo con la normatividad vigente y el precedente
jurisprudencial vertical, con el fin de garantizar las garantías
iusfundamentales de la accionante»1.

1.3. Hechos

La solicitud se sustenta en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son
relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

La señora María del Pilar Bonilla Salgado presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG
y el departamento del Valle del Cauca, identificada con radicado 76111-33-33-
002-2022-00477-00/01, a fin de que se declarara la nulidad del acto ficto
generado con la petición presentada el 9 de marzo de 2022, en la que no se
accedió al reconocimiento y pago de la sanción prevista en las leyes 1071 de
2006 y 1955 de 2019.

En primera instancia, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Guadalajara de Buga profirió sentencia el 4 de junio de 2024, en la
cual denegó las pretensiones de la accionante al considerar que no hubo
pago tardío de las cesantías, pues los recursos le fueron desembolsados
dentro del término establecido en la ley y a su vez, la condenó en costas.

La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que solicitó que se
revocara en su integridad la sentencia de primera instancia. El Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia de 30 de agosto de
2024, confirmó el fallo de primera instancia, manifestando que, el
departamento del Valle del Cauca expidió la Resolución 04079, con la que
accedió al reconocimiento y pago de las cesantías parciales de la
demandante, el 10 de diciembre de 2021, es decir, en la oportunidad
pertinente, pues el ente territorial tenía hasta el 13 de diciembre de la misma
anualidad, para proferir tal decisión.

1 Transcripción original

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: María del Pilar Bonilla Salgado
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01865-00

Aclaró que, aunque, dicho acto le fue notificado a la parte actora el 28 de
diciembre de 2021, esto es, luego de que los 10 días de ejecutoria habían
expirado el pago de las cesantías se efectuó el 15 de febrero de 2022.

En tal sentido, como el término para realizar la consignación, vencía el 16 de
marzo de la misma anualidad, no existió mora en el pago de las cesantías
parciales solicitadas por la demandante., a pesar de que la notificación del
acto administrativo que reconoció la misma fue tardío.

En lo relativo a la condena en costas la descartó en esta instancia, al
considerar que no se cumplían las condiciones del artículo 365 del Código
General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 188 del CPACA.

1.4. Sustento de la vulneración

La accionante manifestó que las autoridades judiciales vulneraron de manera
flagrante sus derechos fundamentales al debido proceso, a la gratuidad y al
acceso a la administración de justicia.

Al respecto, consideró que el juez de primera instancia transgredió sus
garantías al no atender un criterio objetivo-valorativo que le exigía efectuar un
análisis riguroso tendiente a verificar la causación de las costas y en qué
medida, con base en la probanza de los gastos ordinarios del proceso y la
actividad asumida por el abogado de la contraparte para la defensa de sus
intereses.

Señaló que dicha exigencia no fue acatada por la autoridad judicial al justificar
la condena en costas y solo argumentar que la accionante resultó vencida en
el proceso y que los demandados se vieron en la necesidad de asumir su
defensa mediante apoderado judicial, lo cual considera que es una mera
presunción sobre erogaciones derivadas de la vinculación al proceso y no
corresponde a una verificación probatoria con base a lo aportado en el
proceso.

Indicó que el juzgado accionado inobservó que el artículo 188 de la Ley 1437
de 2011 fue modificado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, el cual
establece que la condena en costas solo procede cuando se determine que la
demanda fue presentada con manifiesta carencia de fundamento legal,
situación que consideró no se configuraba, ya que en el escrito de demanda
se expusieron de manera clara y fundamentada los hechos y argumentos
jurídicos que sustentaban la pretensión de reconocimiento y pago de la
sanción moratoria con base en la interpretación que se efectuó del parágrafo
del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019.

Manifestó a su vez que, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la
sentencia del 30 de agosto de 2024, omitió pronunciarse en su integridad del
recurso de apelación con el cual se pretendía que se revocara lo decidido por
el a-quo, declaración que comprendía todos los aspectos que le fueron
adversos a la señora María Del Pilar Bonilla Salgado, incluyendo la condena
en costas.
3

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Demandante: María del Pilar Bonilla Salgado
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01865-00

1.5. Trámite

Mediante auto de 2 de abril de 2025 se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y al
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Guadalajara de Buga
en calidad de accionados; así mismo se dispuso comunicar a la Nación,
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio FOMAG y al departamento del Valle del Cauca, como terceros
con interés en las resultas del proceso

1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

La magistrada ponente de la providencia cuestionada manifestó que el
recurso de apelación presentado por la tutelante contra el fallo de primera
instancia se dirigió específicamente a su desacuerdo con la decisión del a quo
de negar la sanción moratoria, al considerar que, aunque el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio realizó el pago de las cesantías a
tiempo, la Secretaría de Educación del departamento del Valle del Cauca
excedió el plazo establecido en la notificación, generando una sanción
moratoria de 15 días. No obstante, en la apelación no hizo mención alguna a
su desacuerdo con la condena en costas impuesta en primera instancia.

Adujo que el tribunal, a través del fallo objeto de tutela, resolvió
exclusivamente el planteamiento efectuado en el recurso de apelación, en
atención al principio de congruencia contenido en el artículo 281 del Código
General del Proceso, así como el límite a la competencia en segunda
instancia de que trata el artículo 328 ibidem, el cual se circunscribe al
conocimiento de los argumentos expuestos por el apelante.

Señaló que dichos argumentos nunca estuvieron dirigidos a la inconformidad
con la condena en costa impuestas por el juez de primera instancia, y que el
escrito de tutela no supera el requisito de la subsidiariedad, ya que no agotó
todos los mecanismos judiciales disponibles dentro del proceso ordinario,
porque debió apelar el fallo emitido por el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito Judicial de Buga también en lo que respecta a la condena en costas.

Manifestó que, por consiguiente, el tribunal no ha amenazado o vulnerado los
derechos fundamentales de rango constitucional alegados por la actora, pues
se dictó sentencia acorde con la normatividad y jurisprudencia aplicable al
asunto.

1.6.2. Ministerio de Educación Nacional

Mediante comunicación remitida por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de
dicho ministerio, solicitó declarar improcedente la acción de tutela y
desvincular a dicha entidad por falta de legitimación en la causa por pasiva, al
considerar que no ha vulnerado derecho fundamental alguno de la
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accionante.

Manifestó que la intención de la actora es combatir una decisión
legítimamente adoptada dentro del ámbito procesal.

Adujo que el ministerio sostiene la tesis de que la providencia judicial atacada
no puede ser excluida del ordenamiento jurídico por la vía de la tutela, puesto
que pretender que se resuelva de fondo la cuestión por parte del juez
constitucional, desconocería la independencia y autonomía judicial del juez
ordinario, así como la presunción de acierto y legalidad que acompaña la
sentencia.

Indicó que no se demostró que la vulneración a las garantías procesales y
fundamentales invocadas comprometan gravemente la existencia o
supervivencia de la accionante, ni el acceso a la administración de justicia;
además, que tampoco se acreditó que exista una violación indirecta de los
derechos fundamentales de las personas naturales que tienen relación con la
tardanza en la respuesta a sus solicitudes, tal y como lo ha expuesto la
jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Expresó que, en este caso en particular, se presenta como debate procesal
una controversia de naturaleza estrictamente económica en un litigio que
involucra intereses privados, situación que excede la competencia del juez de
tutela por carecer de absoluta relevancia constitucional, razón por la cual
debería declararse improcedente la solicitud de amparo.

1.6.3. Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito judicial de
Guadalajara de Buga.

La secretaria del Juzgado expresó que dicho proceso fue tramitado por ese
despacho, al ser remitido por impedimento presentado por parte del Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Buga a través de auto de 8 de
abril de 2024.

Luego efectuó un recuento de la actuado, transcribió lo ordenado en el fallo, y
remitió el expediente digital con radicado 76111-33-33-002-2022-00477-00.

1.6.4. Departamento del Valle del Cauca.

Mediante apoderado judicial, manifestó oponerse a todas y cada una de las
pretensiones de la accionante elevadas en contra de la gobernación del Valle
del Cauca, ya que la tutela va dirigida contra el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Guadalajara de Buga.

Solicitó, por tanto, declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva y
proceder a su desvinculación, al no ser responsable de la presunta violación
de los derechos fundamentales incoados por la accionante y no estar llamada
a responder frente a sus peticiones.

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Afirmó que la presente acción de tutela no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, ya que la tutelante pretende por este medio reabrir
un litigio que fue decidido por la jurisdicción contenciosa administrativa.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991,
2.2.3.1.2.1 numeral 5° del Decreto 1069 de 2015, modificado por el numeral
1° del Decreto 333 de 2021 y 25 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestión previa

El Ministerio de Educación Nacional y la Gobernación del Valle del Cauca
solicitaron su desvinculación al considerar que no les es atribuible la
vulneración de los derechos invocados por el accionante y carecer de
legitimación en la causa por pasiva.

Al respecto, la Sala anuncia que denegará dichas peticiones por cuanto
fueron vinculadas en calidad de terceros, ya que acudieron como partes
demandadas dentro del proceso ordinario que dio lugar a la presente acción
de tutela.

Por lo tanto, sus vinculaciones resultaban necesarias en atención al interés
que les asiste en las resultas del trámite constitucional de la referencia.
2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala analizar si el Tribunal Administrativo del Valle vulneró
los derechos fundamentales de la accionante, al confirmar mediante fallo del
30 de agosto de 2024 la providencia de primera instancia emitida por el
Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Guadalajara de Buga,
que denegó las pretensiones de la demanda y la condenó en costas, dentro
del medio de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado
76111-33-33-002-2022-00477-00/01, instaurado por la actora contra la
Nación- Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio – FOMAG y la gobernación del Valle del Cauca.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de
procedibilidad – relevancia constitucional; y finalmente, de encontrarse
superado se analizará, iii) el caso concreto.

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2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio
de 2012, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y en ella
concluyó:

«…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración
de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal
criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.»2 (Negrilla fuera de texto)

Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado
su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se
presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión
de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará
ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta
el momento jurisprudencialmente…».

En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional
para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra
providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo
–procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

2 Ibídem.

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Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección
declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el
fondo del asunto. Por el contrario, cumplidos esos parámetros,
corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a
partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o
razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad

2.5.1 Requisito de procedibilidad adjetiva de subsidiariedad

En cuanto a la subsidiariedad, la Sala Plena de la Corte Constitucional
mediante sentencia SU-297 de 2015, advirtió lo siguiente:

«4.4.2. De igual manera, la Corte ha explicado que este presupuesto de
procedibilidad no sólo implica que el accionante identifique los yerros de la
autoridad judicial que dan origen a la vulneración, sino que también exige
que las mismas hayan sido puestas en conocimiento del juez en su debida
oportunidad de ser ello posible, puesto que, de conformidad con los artículos
86 de la Carta y 6º del Decreto 2591 de 1991, resulta necesario preservar el
principio de subsidiariedad que subyace a la acción de tutela.

En ese sentido, esta Corporación ha determinado que el recurso de amparo
es improcedente si quien ha tenido a su disposición instrumentos procesales
de defensa para hacer valer sus derechos, no los utiliza oportuna y
adecuadamente, acudiendo en su lugar a la acción constitucional, ya que las
herramientas instituidas por el legislador en los procesos ordinarios son
también verdaderos mecanismos de protección de las prerrogativas
fundamentales, por lo que deben usarse en su debido estadio procesal, para
que en caso de no prosperar y demostrarse que la autoridad judicial se negó
injustificadamente a enmendar su yerro, pueda prosperar el mecanismo
subsidiario que ofrece el artículo 86 superior.»

Por lo tanto, frente al tema de la condena en costas impuestas en primera
instancia, cabe advertir que, frente a dicha inconformidad el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, en segunda instancia no realizó
pronunciamiento alguno, motivo por el cual la Sala considera que, frente a
este punto no se cumple con el requisito de la subsidiariedad, por cuanto el
actor contaba con la solicitud de adición a la sentencia para cuestionar lo
debatido, conforme al artículo 287 del C.G.P, que a la letra establece:

«Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera

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de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad
con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio
de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de
parte presentada en la misma oportunidad…»

2.5.2 Requisito de procedibilidad adjetiva de procedibilidad - Relevancia
Constitucional

En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que la
Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 reiteró que este
presupuesto “protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales” y explicó en detalle los criterios que se deben tener en
cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

«(...) (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción
de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.» (Destacado por la Sala)

En concordancia con lo anterior, dicha Corte indicó en la sentencia SU-573 de
27 de noviembre de 2019 que “la controversia debe versar sobre un asunto
constitucional, pero no meramente legal y/o económico” y que según la
jurisprudencia constitucional, las discusiones de orden legal, es decir, las
relativas a un derecho de índole económico3 deben ser resueltas mediante los
mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite4, comoquiera que “le está
prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos de
carácter netamente legal o reglamentario5”, so pena de involucrarse en
cuestiones que le corresponden definir a otras jurisdicciones.

En tales condiciones, se advierte que la controversia planteada por la
accionante versa sobre una cuestión de interpretación de tipo legal y
económico, que no impacta la garantía de derechos fundamentales de la
parte actora, quien consideró que las autoridades judiciales cuestionadas
vulneraron sus derechos fundamentales dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurado contra la Nación- Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio – FOMAG y el departamento del Valle del Cauca, al considerar que
no atendió un criterio objetivo-valorativo tendiente a verificar la causación de
las costas.

3 No en todos los eventos en que se denuncie el desconocimiento de los derechos al acceso

a la administración de justicia y debido proceso se está ante un asunto relevante
constitucionalmente, pues si el reclamo se vincula de manera irrestricta a la satisfacción de
una pretensión de contenido económico, la discusión carecerá de tal relevancia”
4 Sentencia T-606 de 2000
5 Ibidem

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Específicamente, las inconformidades planteadas por la parte actora en el
escrito de tutela están encaminadas a cuestionar la interpretación dada por el
juez de primera instancia respecto a la normativa aplicada para condenarla al
pago de las costas.

De igual manera, frente al hecho de que el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca confirmara la anterior decisión sin pronunciarse respecto a todos
los aspectos del recurso de apelación, incluyendo la condena en costas.

Por lo tanto, es evidente que el debate planteado por la accionante solo tiene
por objeto manifestar una discrepancia con la postura asumida por la
autoridad judicial demandada, en relación con la condena en costas en
primera instancia y el no pronunciamiento frente a este hecho en segunda.

Así pues, se observa que la discusión orbita en torno a un asunto de mera
legalidad, ya que lo que busca la accionante es controvertir la decisión del
juez ordinario de la causa para reabrir el debate en torno al asunto
mencionado, en procura de convertir este mecanismo de amparo en una
instancia adicional en la que se discuta la aplicabilidad o no de una norma de
orden público como lo es la relativa a la condena en costas. Por tanto, la
solicitud de amparo carece de relevancia constitucional.

En relación con este presupuesto, la Corte Constitucional ha considerado que
la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y
no una corrección del fallo cuestionado, por lo que no se puede utilizar este
instrumento como un escenario para discutir cuestiones probatorias o formas
de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

Así mismo, el alto tribunal ha precisado que la acreditación del requisito de la
relevancia constitucional “supone justificar razonablemente la existencia de
una restricción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que
no es lo mismo que una simple relación con aquel” y que la relevancia
constitucional tiene tres finalidades, a saber:

«(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional6 y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad7; (ii) restringir el
ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que
afecten los derechos fundamentales8 y, finalmente, (iii) impedir que la acción
de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir
las decisiones de los jueces9». (Destacado por la Sala)

Por tanto, este juez constitucional no puede atribuirse las facultades del
funcionario judicial de instancia, lo cual está prohibido, en tanto que implicaría
un menoscabo de los principios de autonomía judicial y de juez natural. En
efecto, esta Sala de decisión planteó que el estudio de la relevancia
constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos por la

6 Sentencia C-590 de 2005
7 Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008.
8 Sentencia C-590 de 2005.
9 Sentencia T-102 de 2006.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María del Pilar Bonilla Salgado
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01865-00

Corte Constitucional y acogidos por esta corporación, que en concreto se
refieren entre otros a que no se trate de asuntos de legalidad en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental.

Lo anterior, porque estas controversias corresponde definirlas a los jueces
ordinarios o naturales de la causa, pues la acción de tutela no puede
convertirse en una tercera instancia.

Por consiguiente, no es suficiente que la parte interesada refiera que con la
decisión judicial se transgredieron determinados derechos constitucionales,
sino que es necesario que la afectación o transgresión logre: i) cumplir con la
carga de argumentativa derivada de una providencia judicial en abierta
contradicción de los mandatos constitucionales y, ii) que implique la
intervención del juez constitucional.

En ese orden, para el caso concreto, no es evidente la tensión entre derechos
fundamentales en contraste con lo decidido por el tribunal demandado que
amerite la intervención en sede constitucional.

Por tal motivo, la Sala declarará improcedente la solicitud de tutela por no
cumplir con el requisito de la subsidiariedad en lo concerniente a la omisión
por parte del Tribunal accionado de pronunciarse respecto a la condena en
costas en primera instancia y por relevancia constitucional frente a la
interpretación efectuada por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Guadalajara de Buga de aplicar dicha sanción por cuanto el tema
se reduce a un debate estrictamente legal.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: Deniéganse las solicitudes de desvinculación presentadas por el
Ministerio de Educación Nacional y la Gobernación del Valle del Cauca por las
razones expuestas.

SEGUNDO: Declárase improcedente por no cumplir con el requisito adjetivo
de la subsidiariedad frente a la omisión por parte del Tribunal accionado de
pronunciarse respecto a la condena en costas proferida en primera instancia y
por falta de relevancia constitucional respecto a la interpretación legal
efectuada para aplicar dicha sanción.

TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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