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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01865-01

Fecha
28 de julio de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01865-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 8 de mayo de 2025, por medio de la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela presentada por María del Pilar Bonilla Salgado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 6 de 7 Radicación: 11001-03-15-000-2025-01865-01 Accionante: María del Pilar Bonilla Salgado Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y otro Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia Decisión: Confirma ______________________________________________________________________________________________________________ SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin8. TERCERO: Por secretaria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-01865-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

28 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 28 de julio de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01865-01
Accionante: María del Pilar Bonilla Salgado
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Subsidiariedad – confirma

Síntesis del caso: La parte actora enjuició las sentencias mediante las cuales se negó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por consignación tardía de las cesantías, y
se le condenó en costas dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a decidir la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 8 de
mayo de 2025, por medio de la cual la Sección Quinta del Consejo de
Estado declaró improcedente la solicitud de amparo2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 31 de marzo de 2025, María del Pilar Bonilla Salgado, mediante
apoderado judicial, presentó una acción de tutela contra el Juzgado 3
Administrativo de Guadalajara de Buga y el Tribunal Administrativo de Valle
del Cauca, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia, con ocasión de las
Sentencias de 4 de junio de 2024 y 30 de agosto de 2024 proferidas por las
autoridades judiciales, respectivamente, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 76111-33-33-002-2022-00477-00/01.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):

“1. Se declare que el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
GUADALAJARA DE BUGA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

1 Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015 y 1983 de 2017 y el

Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “SEGUNDO: Declárase improcedente por no cumplir con el requisito adjetivo de la subsidiariedad frente a la

omisión por parte del Tribunal accionado de pronunciarse respecto a la condena en costas proferida en primera
instancia y por falta de relevancia constitucional respecto a la interpretación legal efectuada para aplicar dicha
sanción.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01865-01
Accionante: María del Pilar Bonilla Salgado
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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a través de las decisiones adoptadas dentro de medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho bajo radicado No. 76111-33-33-002-2022-00477-
00/01, transgredieron los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
GRATUIDAD y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA de la señora MARÍA
DEL PILAR BONILLA SALGADO, habida cuenta que las razones de la decisión no
se ajustan a los postulados de la ley y al precedente judicial del órgano de
cierre en la jurisdicción contencioso administrativo.

2. Como consecuencia de la declaración anterior, se solicita la realización de
un nuevo examen sobre la procedencia de la condena en costas impuesta en
el proceso ordinario, de acuerdo con la normatividad vigente y el precedente
jurisprudencial vertical, con el fin de garantizar las garantías iusfundamentales
de la accionante.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:

4. 1) El 20 de noviembre de 2021, María del Pilar Bonilla Salgado, en su
calidad de docente, solicitó el reconocimiento y pago de sus cesantías
parciales ante la Secretaría de Educación de Valle del Cauca y el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

5. 2) Mediante la Resolución No. 1210-5404079 de 10 de diciembre de
2021, la Secretaría de Educación de Valle del Cauca reconoció y ordenó el
pago de cesantías parciales para estudio a favor de la señora Bonilla
Salgado, por valor de $6.591.0463.

6. 3) Las cesantías parciales reconocidas mediante la resolución
mencionada fueron consignadas el 15 de febrero de 2022.

7. 4) El 9 de marzo de 2022, la parte actora solicitó ante la Secretaría de
Educación de Valle del Cauca el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria, prevista en la Ley 1071 de 2006, por la no consignación oportuna
de las cesantías. Petición que no fue resuelta.

8. 5) El 9 de septiembre de 2022, la señora Bonilla Salgado presentó
demanda contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG y
el departamento de Valle del Cauca, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, orientada a obtener la nulidad del
acto administrativo presunto, derivado del silencio administrativo frente a la
solicitud que presentó el 9 de marzo de 2022.

9. 6) Mediante Sentencia de 4 de junio de 2024, el Juzgado 3
Administrativo de Guadalajara de Buga negó las pretensiones de la
demanda. Como argumento de su decisión, expuso que, al haberse
presentado la solicitud de reconocimiento de las cesantías parciales el 20

3 Notificada el 28 de diciembre de 2021.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01865-01
Accionante: María del Pilar Bonilla Salgado
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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de noviembre de 2021, el plazo de 15 días para su reconocimiento se venció
el 13 de diciembre de 2021, y que, si bien, la Secretaría de Educación de
Valle del Cauca profirió el acto administrativo el 10 de diciembre de 2021,
es decir, en término, pero lo notificó a la accionante el 28 de diciembre de
2021s, ello no implicaba la procedencia de la sanción moratoria.

10. Por otro lado, indicó que el término para el pago de la prestación
reconocida venció el 16 de marzo de 2022 y como este se realizó el 15 de
febrero de 2022, fue en término. En consecuencia, condenó en costas a la
accionante y fijó las agencias en derecho, en los términos de los artículos 4
y 5 del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la
Judicatura, en el equivalente al 10% de lo pedido.

11. 7) La anterior decisión fue apelada por María del Pilar Bonilla Salgado.
Argumentó que, si bien el FOMAG consignó oportunamente las cesantías
parciales reconocidas, lo cierto era que la Secretaría de Educación de Valle
del Cauca superó el término previsto por la Ley 1955 de 2019 y el Decreto
942 de 1 de junio de 2022, para expedir la resolución que reconoció y ordenó
el pago de las cesantías parciales, por lo que trascurrieron 15 días de sanción
por mora.

12. 8) En Sentencia de 30 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo de
Valle del Cauca confirmó la decisión apelada y no condenó en costas en
esa instancia. Expuso, tal y como se indicó en la sentencia de primera
instancia, que el pago de las cesantías parciales reconocidas se realizó de
manera oportuna, pues, el término para dicho pago vencía el 16 de marzo
de 2022, y este se realizó el 15 de febrero de 2022. Igualmente, indicó que, a
pesar de que la notificación del acto administrativo que reconoció dicha
prestación se realizó por fuera de término, no existió mora en el pago de las
cesantías parciales solicitadas.

13. Como fundamento de la vulneración, la parte actora indicó que las
providencias judiciales enjuiciadas incurrieron en un defecto sustantivo y en
un desconocimiento del precedente del Consejo de Estado.

14. Frente al defecto sustantivo, expuso que se realizó una errada
interpretación del artículo 365 del CGP, aplicable por remisión expresa del
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, pues se omitió verificar si, efectivamente,
las costas se causaron como lo establece el precedente judicial, toda vez
que se basó, únicamente, en el hecho de haber sido vencido en el litigio y
en la presunción de que los accionados incurrieron en gastos por habérseles
vinculado a la litis.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01865-01
Accionante: María del Pilar Bonilla Salgado
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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15. De cara al desconocimiento del precedente del Consejo de Estado4,
indicó que el hecho de haberse negado las pretensiones de la demanda no
implicaba que operara de manera automática la imposición de la condena
en costas.

1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación

16. Mediante Sentencia de 8 de mayo de 2025, la Sección Quinta del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por no superar
los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad. Para ello, sostuvo
que el debate de la parte actora giraba en torno a un asunto de mera
legalidad, ya que lo que busca la accionante era controvertir la decisión del
juez ordinario de la causa para reabrir el debate en torno a la condena en
costas.

17. Frente a la subsidiariedad, expuso que el nuevo estudio que solicitó la
accionante respecto de la condena en costas impuesta en la sentencia de
primera instancia, por haber resultado vencida en el proceso, podía ser
ventilado mediante la solicitud de adición, conforme con el artículo 287 del
CGP, toda vez ese era el mecanismo judicial idóneo para resolver los puntos
sobre los cuales no hubo pronunciamiento en segunda instancia, en la
medida en que el tribunal no realizó pronunciamiento alguno sobre ese
reparo en la Sentencia de 30 de agosto de 2024.

18. Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte actora presentó
escrito de impugnación en el que indicó que el asunto revestía de
relevancia constitucional, en la medida en que no se trata de una diferencia
interpretativa, sino del desconocimiento de un deber jurídico para (se
trascribe) “corroborar la validez de toda decisión con efectos
sancionatorios”.

19. Agregó que, la inconformidad no era la imposición de la carga
económica en sí misma, sino que dicha sanción se adoptó (se trascribe) “a
partir de una motivación incompleta, en la medida que excluyó de análisis
la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021, que exige verificar si la
demanda fue presentada con manifiesta carencia de fundamento legal
para imponer las costas en los procesos contenciosos administrativos.”

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Conclusión.

4 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia de 30 de agosto de 2024, Rad. No. 05001-23-33-000-2018-00626-01

(26375); Sección Segunda, Subsección A, Sentencias de 11 de febrero de 2021, Rad. No. 63001-23-33-000-2017-
00308-01(2967-18), Sentencia de 2 de febrero de 2023, Rad. No. 27001-23-33-000-2016-00025-01(1131-2019),
Sentencia de 7 de abril de 2016, Rad. No. 13001-23-33-000-2013-00022-01.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01865-01
Accionante: María del Pilar Bonilla Salgado
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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2.1. Fijación de la controversia

20. Establecer si la solicitud de amparo de la referencia cumplió, o no,
con los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad. En el evento
en el que la respuesta a este interrogante sea afirmativa, se determinará,
una vez verificados los demás requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencia judicial, si el Tribunal Administrativo de
Valle del Cauca, como juez de segunda instancia de la nulidad y el
restablecimiento del derecho, incurrió en un defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente en torno a la condena en costas. En ese
orden, se revocará, modificará o confirmará la decisión de tutela de primera
instancia, según sea el caso.

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

21. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de tutela, pero solo por el incumplimiento del
requisito de subsidiariedad, por las siguientes razones:

22. El numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 19915, que desarrolló el
artículo 866 constitucional, señaló que la tutela resulta improcedente
cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

23. La Corte Constitucional7 ha sostenido que es un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales que el sistema jurídico le otorga
para la defensa de sus derechos, pues de no ser así, se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales.

24. En ese orden de ideas, en el presente caso, no se cumplió con el
requisito de subsidiariedad porque la parte actora 1) no alegó los reparos,
que ahora expone en la presente acción de tutela, en el recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia del proceso de nulidad

5 “Artículo 6. causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros

recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”
6 “Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,

mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden
para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de
inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte
Constitucional para su eventual revisión. Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable (…)”
7 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01865-01
Accionante: María del Pilar Bonilla Salgado
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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y restablecimiento del derecho, siendo aquel el mecanismo judicial idóneo
para ello, y 2) no acreditó un perjuicio irremediable.

25. Revisado el escrito de apelación que la parte demandante presentó
contra la Sentencia de 4 de junio de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca, logró advertirse que los reparos de
inconformidad contra esa providencia se centraron en la aplicación de las
normas y la jurisprudencia al caso concreto, en relación con el
reconocimiento de la sanción moratoria de que tratan las Leyes 1071 de
2006 y 1955 de 2019 a docentes vinculados al FOMAG, pero omitió cualquier
consideración respecto de la condena en costas impuesta por aquella
autoridad judicial.

26. Asimismo, la Sala observa que la parte actora no argumentó de forma
clara y concreta, y mucho menos probó, un perjuicio irremediable que diera
lugar a la protección excepcional de sus derechos fundamentales a través
de la acción de tutela.

27. En esa medida, el incumplimiento de la subsidiariedad se debe a la
falta de cuestionamiento en el recurso de apelación de la imposición de
costas en primera instancia, no por la falta de solicitud de adición de
sentencia que puso de presente el juez de tutela de primera instancia, pues
debe precisarse que no es posible predicar una omisión sobre un aspecto
que no fue expuesto por la accionante dentro de la referida oportunidad
procesal y, en consecuencia, no sería susceptible de ser adicionado, pues
se reitera, no hubo omisión alguna por parte del tribunal accionado.

2.3. Conclusión

28. Por las consideraciones expuestas, la Sala confirmará la decisión de
primera instancia que declaró la improcedencia de la acción de tutela,
pero solo por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 8 de mayo de 2025, por medio de
la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente la
acción de tutela presentada por María del Pilar Bonilla Salgado, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01865-01
Accionante: María del Pilar Bonilla Salgado
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
______________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin8.

TERCERO: Por secretaria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA

8 secgeneral@consejodeestado.gov.co

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