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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01872-00

Fecha
5 de mayo de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01872-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por la señora Aura María Obando Caicedo contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el departamento del Valle del Cauca, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación. 32 Ver las siguientes sentencias: (i) sentencia del 25 de julio de 2024, exp. 11001-03-15-000-2024-03346-00; y (ii) sentencia del 24 de julio de 2024, exp. 11001-03-15-000-2024-03343-00. 33 Integrada por los magistrados Jorge Edison Portocarrero Banguera y Juan Enrique Bedoya Escobar. 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-01872-00 Accionante: Aura María Obando Caicedo Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-01872-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

5 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01872-00
Accionante: Aura María Obando Caicedo
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: nulidad y restablecimiento del
derecho. Sanción por mora – Ley 1071 de 2006 y Ley 1955 de 2019. Subtema 2:
defecto sustantivo – costas procesales.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
solicitud de amparo interpuesta por Aura María Obando Caicedo contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Aura María Obando Caicedo presentó una acción de tutela el 28 de marzo
de 2025, con el propósito de proteger sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la gratuidad y al acceso a la administración de justicia, los cuales consideró
vulnerados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca con ocasión de la
sentencia proferida el 4 de diciembre de 2024, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado bajo el número 76111-33-33-002-2023-00270-
00/01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

A partir del escrito de tutela1 y demás elementos aportados por las partes al trámite
constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

1. La señora Aura María Obando Caicedo radicó demanda el 15 de diciembre de
2023, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (FOMAG) y el departamento del Valle del Cauca, en la que solicitó que
se anulara el acto ficto configurado el 14 de noviembre de 2023, que le negó el

1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-01872-00, índice 2, BF3E08EA1511D19A D2247E7349E04EFF
EB24D3C0D36775D5 BCB38E03C6206E5E.

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Accionante: Aura María Obando Caicedo
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006,
relativa al pago de cesantías parciales y definitivas de los servidores públicos y en la
Ley 1955 de 2019. Adicionalmente, que se declarara que tiene derecho al pago de esta
prestación como docente y que se le cancelara lo pertinente.

2. Sin embargo, como la entidad dio respuesta a través de la Resolución núm.
1.210-54 03297 del 29 de noviembre de 2023, esto es, antes de la presentación de la
demanda, no se configuró el silencio administrativo negativo2. De tal forma que este
último fue el acto administrativo que se tuvo como demandado3.

3. El Juzgado Tercero Administrativo de Guadalajara de Buga profirió sentencia de
primera instancia el 20 de septiembre de 2024, en la que negó las pretensiones de la
demanda, ante la falta de configuración de una mora en el pago de las cesantías.
Determinó que la demandante radicó solicitud administrativa para que se cancelaran
sus cesantías parciales el 8 de julio de 2021, que fue atendida por fuera del término,
según se desprende de la Resolución núm. 1.210-54 2565 del 30 de agosto de 2021.
Esta última se notificó el 5 de septiembre de 2021 y, el 16 de octubre siguiente, se le
puso disposición el dinero.

4. Así pues, mientras que la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías
fue resuelta por fuera de los términos dispuestos en la Ley 1071 de 2006, el plazo de
pago vencía el 19 de octubre de 2021 y este se realizó el 16 de ese mes y año, de ahí
que no existió retardo en el pago de la prestación. Esto, entre otras razones, porque la
mora en cuanto al reconocimiento no implicaba automáticamente la procedencia de la
sanción moratoria que ocurría vencidos 70 días hábiles posteriores a la radicación,
cuando el acto de reconocimiento se hubiera expedido extemporáneamente.

5. Adicionalmente, condenó en costas a la señora Aura María Obando Caicedo y
fijó agencias en derecho por la suma equivalente al 10% de las pretensiones. En
concreto, expresó:

El artículo 188 del CPACA dispone que “salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.”.

A su vez, el Código General del Proceso, antes Código de Procedimiento Civil, señala
en su artículo 365, numerales 1° y 8°, que se condenará en costas a la parte vencida
en el proceso, y que sólo habrá lugar a ellas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación.

Por ende, atendiendo que la parte demandante resultó vencida en el presente proceso
y dada la necesidad que tuvieron los demandados de acudir por esta vía en su defensa
mediante apoderado judicial, se encuentran así causadas las costas en lo concerniente
a las agencias en derecho, debiéndose entonces emitir condena por este concepto a
su favor, en los términos del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior
de la Judicatura, artículos 4º y 5º, en la suma equivalente al 10% de lo pedido, suma
que dividirá de forma igual para cada parte.

2 En estos términos se pronunció el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia del 4 de diciembre

de 2024.
3 Al efecto, revisar la sentencia que profirió el Juzgado Tercero Administrativo de Guadalajara de Buga el 20 de

septiembre de 2024.

2

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6. Inconforme con esta decisión, la demandante interpuso recurso de apelación en
el que indicó que la condena por este concepto no procedía automáticamente, porque
debía quedar sometida a la valoración de la conducta procesal de la parte vencida, lo
que implicaba una revisión de la temeridad y del abuso del derecho. De ahí que resultó
condenada por el simple hecho de que se le negaron las pretensiones de la demanda,
pese a que esta la sustentó en fundamentos de hecho y de derecho que le permitían
reclamar en sede judicial.

7. Así las cosas, pidió la revocación del numeral segundo de la sentencia proferida
el 20 de septiembre de 2024, relativo a las costas procesales, al considerar que estas
eran improcedentes.

8. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dictó sentencia el 4 de diciembre
de 2024, en la que confirmó la decisión del Juzgado Tercero Administrativo de
Guadalajara de Buga, dado que la demandante radicó solicitud administrativa el 8 de
julio de 2021. A través de la Resolución núm. 2565 del 30 de agosto siguiente, se le
reconoció y ordenó el pago de las cesantías. Este acto fue notificado el 5 de septiembre
del mismo año, y el 16 de octubre se realizó la cancelación respectiva.

9. Así pues, aplicados los criterios dispuestos en las providencias de unificación,
la parte demandada tenía como plazo máximo para efectuar el pago el 19 de octubre
de 2021 al vencer los 70 días hábiles desde la interposición de la solicitud, comoquiera
que el acto de reconocimiento se expidió, y notificó, por fuera del término previsto en
la normativa. No obstante, canceló el valor el 16 de octubre de 2021, de manera que
no existió la mora alegada.

10. En punto a las costas procesales, se refirió al criterio objetivo-valorativo que fue
desarrollado por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en
sentencia del 7 de abril de 20164 según el cual se exige una revisión del expediente
que permita determinar si están o no causadas y probadas. De forma tal que debe
revisarse, tanto el pago de los gastos ordinarios del proceso, como la actividad
desplegada por el abogado, sin que se incluya un análisis de la mala fe o la temeridad.

11. Consideró que este criterio fue el que aplicó el juzgado en el fallo de primera
instancia al no condicionar la condena a la conducta procesal de la parte vencida, sino
a que se demostrara que se realizaron gestiones y a que se incurrió en gastos, lo que
sí ocurrió en el caso en particular.

12. Por tanto, encontró razonable que se hubiera impuesto condena en la sentencia
apelada aplicado el criterio objetivo-valorativo previsto en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y en el Código General del
Proceso (CGP). En este contexto, determinó que el porcentaje de las agencias en
derecho estaba dentro del rango establecido en el artículo 5 del Acuerdo PSAA16-
10554 de 2016 para los procesos declarativos: a saber, entre el 4% y el 1% de las
pretensiones de la demanda, por ser asuntos en primera instancia de menor cuantía.

13. Adicionalmente, dio aplicación a lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y
365, numeral 1° del CGP, en lo relativo a la condena en costas en sede de segunda

4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-
0002013-00022-01.

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instancia, a partir de la línea fijada en torno a la materia que permitía condenar a quien
se le hubiere resuelto desfavorablemente el recurso de apelación, siempre que se
compruebe la intervención de la contraparte.

14. Determinó que el ente territorial se pronunció en cuanto al recurso de apelación
interpuesto, por lo que procedía condena en costas en contra de la parte demandante.
Asimismo, fijó como agencias en derecho la suma de 1 Salario Mínimo Legal Mensual
Vigente (SMLMV) de conformidad con el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de
2016.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

15. La señora Aura María Obando Caicedo solicitó que se declare que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, al proferir la sentencia del 4 de diciembre de 2024,
violó los derechos al debido proceso, gratuidad y al acceso a la administración de
justicia. En consecuencia, pidió que se le ordene a esta autoridad que deje sin efectos
el fallo y realice un examen de la procedencia de la condena en costas de acuerdo con
la ley y el precedente judicial.

16. Para sustentar lo anterior, indicó que la decisión contrarió la ley y la
jurisprudencia tanto constitucional como del Consejo de Estado, esta última que ha
considerado que la condena en costas exige una valoración objetiva-valorativa y no
meramente objetiva. Lo anterior, por cuanto al decidir sobre la apelación de las costas
en primera instancia, no se verificó si se generaron gastos en el proceso ordinario y
cuál fue su proporción, análisis que se replicó para resolver sobre las costas en
segunda instancia, porque simplemente se refirió a la intervención de la demandada
sin validar la erogación generada. Por tanto, el Tribunal realmente se amparó en el
criterio objetivo y no en el objetivo-valorativo.

17. En este contexto, planteó que el Tribunal incurrió en un defecto sustantivo en
las modalidades de indebida interpretación normativa y de desconocimiento del
precedente judicial vertical, al incumplir la carga mínima requerida de sustentar la
procedencia de las costas a partir del criterio objetivo-valorativo que obliga a efectuar
un cotejo con las pruebas del expediente. En sustento, enlistó el contenido de varias
sentencias proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado5 y otras
secciones6 que han sentado las reglas aplicables para dicha postura, destacando la
necesidad de verificar su comprobación, sin tener en cuenta la temeridad o la mala fe
de las partes.

18. Adicionalmente, puso de presente que el Tribunal inobservó que el artículo 188
del CPACA fue modificado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, según el cual la
condena en costas solo procede cuando se determina que la demanda se presentó
con manifiesta carencia de fundamento legal. Así pues, esta situación no se configura
en su caso porque se expusieron con suficiencia los hechos y los argumentos que
sustentaban las pretensiones, los cuales eran razonables, partían de la interpretación

5 (i) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-

2013-00022-01; (ii) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de febrero de 2021, exp.
63001-23-33-000-2017-00308-01; (iii) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de
febrero de 2023, exp. 27001-23-33-000-2016-00025-01.
6 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 30 de agosto de 2024, exp. 05001-23-33-000-2018-00626-01.

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Accionante: Aura María Obando Caicedo
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del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 y estaban orientados a la defensa legítima de
sus derechos.

19. Al efecto, se refirió al contenido de las sentencias proferidas por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado7 en las cuales se dejó en evidencia
la variación de la tesis que acogía el criterio objetivo previsto en el CPACA para, en su
lugar, analizar la conducta de las partes con el fin de determinar si se presentó una
carencia de fundamentos jurídicos según lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 188
del CPACA.

20. Bajo este entendido, consideró que el Tribunal interpretó de manera indebida el
artículo 365 del CGP al inaplicar el criterio objetivo-valorativo, por un lado, por no haber
verificado si las costas estaban causadas en los términos de la citada normativa; y, por
otro lado, dejar de emplear el alcance del artículo 188 del CPACA modificado por la Ley
2080 de 2021. De suerte que en materia de costas procesales se exige, no solo una
ponderación de los gastos del proceso, sino de la conducta de la parte.

2.3. Trámite procesal

21. La magistrada ponente admitió la acción de tutela en auto del 2 de abril de
20258; vinculó a este trámite, como terceros con interés, al Juzgado Segundo
Administrativo de Guadalajara de Buga, al Juzgado Tercero Administrativo de
Guadalajara de Buga, a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG9 y al
departamento del Valle del Cauca; requirió a las autoridades judiciales para que
remitieran copia del expediente ordinario; tuvo como pruebas los documentos
aportados con el escrito de tutela; y le reconoció personería a la abogada de la
accionante.

2.4. Intervenciones

22. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga10 realizó
un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso ordinario y remitió enlace de
acceso al expediente digital para su consulta.

23. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca11 indicó que no ha vulnerado
derecho fundamental alguno porque la decisión realizó un análisis de las pruebas y
estuvo acorde con la jurisprudencia del Consejo de Estado, lo que le permitió concluir
que la condena en costas no dependía de que estuviera probado un actuar temerario
o abusivo. Así, únicamente debía acreditarse la realización de gestiones como la
contestación de la demanda, la asistencia a audiencias, la interposición de los alegatos
y de las demás actuaciones.

7 La accionante se refirió al contenido de las siguientes providencias: (i) Consejo de Estado, Sección Segunda,

Subsección A, sentencia del 8 de febrero de 2024, exp. 520013333000201800041600; (ii) Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4 de abril de 2024, exp. 20001-23-33-000-2013-00352-01; (iii)
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de mayo de 2024, exp. 25000-23-42-000-
2015-0335-01.
8 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-01872-00, índice 5.
9 La notificación judicial se surtió a los correos electrónicos tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co y

notjudicial@fiduprevisora.com.co.
10 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-01872-00, índice 11, 7F02F1CEDD864808 9D2E1125E42480F3
661A56A997359EEB 8E4BA568C5E80241.
11 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-01872-00, índice 12, 18E561E456A144E0 87D53AB779168880
C23DE23BBAF0FC18 27114B7506010245.

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24. De ahí que en el trámite objeto de tutela procedía la condena en costas porque
se dio aplicación al criterio objetivo-valorativo previsto en el CPACA, de forma conexa
con el CGP.

25. La Nación, Ministerio de Educación Nacional12 expresó que no tenía
legitimación en la causa por pasiva, porque la controversia recaía en una sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. De suerte que no era la
entidad ante la cual se dirigía la acción u omisión que vulneró los derechos de la actora,
por lo cual la solicitud de amparo era improcedente, sumado a la falta de relevancia
constitucional.

26. El departamento del Valle del Cauca13 se opuso a todas las pretensiones y pidió
ser desvinculado de la acción constitucional, por cuanto se dirigió en contra del
Tribunal, lo que hacía predicable su falta de legitimación en la causa por pasiva.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

27. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente acción de tutela.

3.2. Legitimación en la causa

28. La legitimación en la causa por activa de la señora Aura María Obando Caicedo
está acreditada porque fue demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho que culminó con el fallo del 4 de diciembre de 2024, de modo que es la
titular de los derechos fundamentales que consideró le fueron desconocidos.
Igualmente, está demostrada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, ya que fue la autoridad que profirió la sentencia
objeto de tutela.

29. Al efecto, aunque la Nación, Ministerio de Educación Nacional no solicitó
expresamente su desvinculación de esta acción constitucional sí afirmó que carecía
de legitimación en la causa por pasiva para responder por la conducta vulneradora, ya
que esta se le atribuyó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. De manera que,
la Sala aclara que esta autoridad judicial fue vinculada al presente trámite, no como
accionada, sino como tercera con interés en las resultas del proceso, de suerte que no
le es predicable el presupuesto de la legitimación.

30. Ahora bien, el departamento del Valle del Cauca solicitó su desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva, petición que se negará dado que esta
autoridad intervino en calidad de tercera con interés.

12 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-01872-00, índice 13, 59F74AA77C539D6D 7325992DE9ADEBE4
0D526E5FE958655C DE75928C0570A7E6.
13 Samai. exp. 11001-03-15-000-2025-01872-00, índice 15,
75841A67E7360F40 5894C1A7138D0EB3 F4F8564F352CD9C4 390997E9FD0C5291, CONTESTACIÓN 2025-
0001872-00.pdf.

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3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

31. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado14 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional, bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de
evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo
constitucional15. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte
accionante debe acreditar los siguientes:

(i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial;
(iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
(iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un
derecho fundamental;
(v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los derechos
afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración; y,
(vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

32. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso
de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales16 y, por tanto,
constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras palabras,
estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad
de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.

Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

33. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional 17
ha sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que
ha impartido el órgano de cierre sobre la materia. Así pues, la alta corte constitucional18
ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el
requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son:

(i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico»19 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental»20;

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente

n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
15 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
19 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
20 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

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(ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente un
carácter legal, lo que ocurre; por ejemplo, cuando se discute la forma de
interpretar o aplicar una norma, o en los eventos en que la controversia versa
sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares
más no para el interés general, y
(iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa, mínima, que
permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en
una afectación grave de derechos fundamentales.

34. En el caso puntual, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la señora Ana María Obando Caicedo le atribuyó al fallo
un defecto sustantivo al considerar que se interpretó indebidamente la normativa y la
jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción contencioso-administrativa en
materia de costas procesales. De manera que de encontrarse configurado este vicio
en la decisión judicial, prosperaría la pretensión de amparo encaminada a que se deje
sin efectos el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 4 de
diciembre de 2024 y se profiera una decisión de reemplazo.

35. Respecto de los cargos atinentes al defecto sustantivo, la actora no cuenta con
otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la protección de sus derechos
fundamentales, pues agotó el recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia que la condenó en costas procesales y acudió en sede de amparo para que
se deje sin efectos el fallo desfavorable de segundo grado, contra el cual no proceden
recursos. Esto, por cuanto los recursos extraordinarios no son idóneos para invocar
los cargos objeto de esta tutela, en tanto no se trata de la inobservancia de una
providencia de unificación del Consejo de Estado ni de una de las hipótesis que avalan
acudir por la vía de la revisión.

36. Seguidamente, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, porque el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió la sentencia el 4 de diciembre de
2024 y la actora acudió en sede de la acción de tutela el 28 de marzo de 2025, esto
es, dentro del plazo de seis (6) meses establecidos por la jurisprudencia
constitucional21 y del Consejo de Estado22 como período razonable.

37. En relación con el requisito de identificación razonable de los hechos y de los
argumentos, es preciso indicar que el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991 establece
que la acción de tutela tiene un carácter informal; no obstante, la Corte Constitucional
ha establecido que «es necesario que quien reclama la protección constitucional
mencione los derechos afectados, identifique con cierto nivel de detalle en qué
consiste la violación alegada, y demuestre de qué forma aquella se aparta del ámbito
del derecho o incurre en una actuación abusiva contraria al orden jurídico, debiendo
haber planteado el punto de manera previa en el proceso respectivo, siempre que este
fuere posible»23.

38. Este requisito está satisfecho en el presente asunto, en la medida en que la
actora mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada,
tan así que el asunto superó la relevancia constitucional, y aunque radicó recurso de

21 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente

Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
23 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.

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apelación en sede ordinaria en el que reparó en las inconsistencias que encontró en
materia de las costas procesales, su cuestionamiento en sede de amparo está dirigido
contra la decisión que le puso fin al proceso.

39. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con el defecto sustantivo, y en ese orden,
continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.

3.4. Problema jurídico

40. La Sala debe establecer si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió
en un defecto sustantivo al proferir la sentencia del 4 de diciembre de 2024, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que inició la aquí accionante contra
la Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG y el departamento del Valle del
Cauca. Para el efecto, estudiará: (i) las generalidades del defecto sustantivo, y (ii) el
caso concreto.

3.4.1. Defecto sustantivo

41. Conforme con la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una
norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque
su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada inexequible,
fue derogada o subrogada o, porque su contenido no guarda relación de conexidad
material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado.

42. De este modo, para que se predique tal defecto es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable interpretación
de una norma legal o reglamentaria, ya que los jueces son autónomos para escoger
entre diversas interpretaciones de una disposición legal, la que consideren más acorde
con el ordenamiento jurídico en atención a lo dispuesto en el artículo 230 de la
Constitución Política.

43. La Corte Constitucional, en sentencia T-284 de 2006 se pronunció sobre la
limitación del principio de la autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las
normas, en los siguientes términos:

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios
judiciales en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e
interpretación de las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio
de autonomía e independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra
sujeta a los valores, principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello,
“pese a la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes
al caso concreto, para determinar su forma de aplicación y para establecer la
manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es
dable apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia
se administra con sujeción a los contenidos, postulados y principios
constitucionales que son de forzosa aplicación […]24.

44. En este sentido, la Corte ha precisado que la interpretación que hace el juez de

24 Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006.

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las normas que aplica a un caso concreto, encuentra límite en el carácter normativo
de la Constitución (artículo 4º de la CP), en la obligación de dar eficacia a los derechos
fundamentales (artículo 2º superior), en la primacía de los derechos humanos (artículo
5º de la Constitución), el principio de legalidad contenido en el derecho fundamental
al debido proceso (artículo 29 de la CP), y en la garantía al acceso a la administración
de justicia (artículo 228 Superior)25.

3.4.2. El desconocimiento del precedente judicial

45. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la
efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas. Al respecto, la
Corte Constitucional26 ha considerado que el precedente se define como «la sentencia
o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado que, por su pertinencia y
semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse
por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo».

46. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases, a saber: «(i) el precedente horizontal, el cual hace referencia
a las decisiones proferidas por autoridades del mismo nivel jerárquico o, incluso, por
el mismo funcionario; y (ii) el precedente vertical, que se refiere a las decisiones
adoptadas por el superior jerárquico o la autoridad encargada de unificar la
jurisprudencia»27.

47. Así, el precedente horizontal supone que, en principio, un juez individual o
colegiado no puede separarse del precedente fijado en sus propias sentencias. Su
carácter vinculante se deriva del respeto por la línea argumentativa y decisoria que ha
establecido previamente en sus providencias, en atención a los principios de buena fe,
seguridad jurídica, confianza legítima e igualdad28, lo cual no impide que los jueces,
según el asunto sometido a su conocimiento, puedan exponer de forma clara,
suficiente y razonable los argumentos que justifican separarse del sentido de sus
decisiones previamente proferidas.

48. Por su parte, el precedente vertical, al provenir de la autoridad encargada de
unificar la jurisprudencia dentro de cada una de las jurisdicciones, limita la autonomía
judicial del juez, comoquiera que debe respetar la postura del superior, ya sea de las
altas cortes o de los tribunales.

49. En este orden, toda decisión adoptada por los órganos de cierre de las
diferentes jurisdicciones que se dirija a resolver una controversia originada en similares
circunstancias fácticas y jurídicas al asunto sometido a consideración del juez debe
ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad,
especialmente el contenido de la ratio decidendi, «ya que además de ser el
fundamento normativo de la decisión judicial, define, frente a una situación fáctica

25 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
26 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015.
27 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
28 Corte Constitucional, sentencia T-489 de 2013.

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determinada, la correcta interpretación y, por ende, la correcta aplicación de una
norma»29, salvo si existan razones jurídicas particulares que impongan modificarlo.

3.5. Caso concreto

50. Al descender al caso concreto, la señora Aura María Obando Caicedo considera
que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en un defecto sustantivo
porque pese a que se valió del criterio objetivo-valorativo para confirmar la imposición
de costas procesales en primera instancia y proferir condena en su contra por este
concepto, en segunda instancia, realmente aplicó una postura objetiva, al limitarse a
afirmar que se demostraron estas erogaciones sin validar concretamente la proporción
de estos gastos en el proceso. De ahí que el Tribunal incumplió la carga de sustentar
la procedencia de las costas a partir de un criterio objetivo-valorativo que implica
efectuar un cotejo con las pruebas que obran en el expediente.

51. Adicionalmente, indicó que el Tribunal inobservó que el artículo 188 del CPACA
fue adicionado por el artículo 47 de la 2080 de 2021, según el cual el fallo dispondrá
sobre esta condena cuando se determine que la demanda se radicó con manifiesta
carencia de fundamento legal. Esta situación, destacó, no ocurrió en su caso, porque
se demandó según la interpretación del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019. Así pues,
la accionante puso de presente que, aunque el Consejo de Estado acogió el criterio
objetivo del CPACA, varió esta postura para privilegiar el análisis de la conducta de las
partes en los términos del inciso 2° del artículo 188 de la citada ley.

52. En este contexto, revisado el proceso ordinario, el Juzgado Tercero
Administrativo de Guadalajara de Buga condenó en costas a la señora Aura María
Obando Caicedo al aplicar las reglas establecidas en el inciso 1 del artículo 188 del
CPACA, de forma conexa con los numerales 1 y 8 del CGP, con fundamento en que la
demandante resultó vencida en el proceso y los demandados acudieron a ejercer su
defensa a través de apoderado judicial.

53. Comoquiera que este punto de las costas fue objeto de apelación por la
accionante, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia el 4 de
diciembre de 2024 en la que encontró razonable que se hubiera impuesto condena en
primera instancia a partir de un criterio objetivo-valorativo, el cual implicaba acreditar
que se realizaron las gestiones y se incurrió en gastos, pero sin analizar la mala fe de
la parte o la temeridad.

54. En esta línea, condenó a la señora Aura María Obando Caicedo a pagar las
costas de primera y de segunda instancia, esto último en aplicación de los artículos
188 del CPACA y 365, numeral 1° del CGP, en la medida en que se le resolvió
desfavorablemente su recurso de apelación y quedó probado que la parte demandada
se pronunció en cuanto a la alzada.

55. De lo visto, la Sala encuentra que en el caso en particular el Juzgado de primera
instancia se amparó en un criterio objetivo que emana de la normativa que rige la
materia y aplicó armónicamente las disposiciones pertinentes, a saber, el inciso 1 del
artículo 188 del CPACA en sintonía con los numerales 1 y 8 del artículo 365 del CGP, al

29 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.

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considerar que negaría las pretensiones de la demanda. Y, una vez revisó que las
demandadas intervinieron en el curso procesal respectivo30.

56. Esta postura la avaló el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el fallo del
4 de diciembre de 2024, toda vez que acogió el criterio adoptado por el Juzgado dado
que en el expediente se demostraron las gestiones realizadas y los gastos en los que
se incurrió.

57. Es más, el Tribunal mantuvo esta misma línea para imponer condena en sede
de segunda instancia, precisamente, porque al remontarse al contenido de los artículos
188 del CPACA y 365, numeral 1 del CGP, esta procedía al resolverse desfavorablemente
el recurso de apelación de la actora y dado que la demandada se pronunció en cuanto
a la alzada31.

58. Al punto, aunque la señora Aura María Obando Caicedo consideró que el
Tribunal incurrió en un defecto sustantivo porque aplicó un criterio objetivo limitándose
a afirmar que se demostraron las erogaciones sin acreditar cuáles fueron, lo cierto es
que la normativa no exige realizar un cotejo con las pruebas que obran en el expediente
para tener por suplida la carga argumentativa que se exige en materia de costas
procesales.

59. De ahí que, basta con que la autoridad encuentre que efectivamente se
acreditaron a partir de las intervenciones de las partes en el proceso, como ocurrió en
el caso en concreto, porque una cosa es la imposición de la condena y otra etapa,
distinta, la liquidación de las costas, que determinará el valor concreto a partir de las
reglas fijadas en el artículo 366 del CGP.

60. Bajo este entendido, aunque la parte accionante haya traído a colación varios
fallos en los que la Subsección A de la Sección Segunda varió la tesis de aplicar un
criterio objetivo previsto en el CPACA para, en su orden, reemplazarlo por uno que valore
la conducta de las partes, no implica que se haya incurrido en defecto sustantivo alguno.
Precisamente, porque la interpretación de la normativa no unificada resulta válida hasta
que se emita un fallo que siente una sola postura, convirtiéndose en precedente.

61. Por tanto, la Sala considera que el Tribunal no incurrió en una indebida aplicación
de los artículos 365 del CGP y 188 del CPACA porque justificó su decisión en una lectura
exegética de la normativa y, aunque la Sección Segunda del Consejo de Estado en la
actualidad, valore la conducta procesal de las partes, esta postura no se le puede
imponer a otros jueces en procura del respeto de la autonomía y la independencia
judicial.

30 Tanto la Nación, Ministerio de Educación, FOMAG, como el departamento del Valle del Cauca contestaron la

demanda.
31 Al efecto, se consultó el archivo 051_MemorialWeb_Otro-PronApeSen_ANAMARIA.pdf que obra en el expediente

ordinario trasladado a este trámite, según el cual la Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG se pronunció
en cuanto al recurso de apelación interpuesto por la demandante. Aunque la providencia hizo mención a que quien
intervino fue el ente territorial, esto se trató de un lapsus que no incide en la constitucionalidad de la decisión, ya
que en efecto se constató que existió intervención de una de las entidades demandadas y este aspecto puntual no
fue objeto de reparo por la tutelante, quien se limitó a indicar que se aplicó indebidamente el criterio en materia de
costas procesales.

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62. Con todo, la Sala no pasa por alto que la señora Aura María Obando Caicedo
aportó a este trámite constitucional unas sentencias proferidas por esta Subsección de
la Sección Segunda de la corporación32, en Sala Dual33, que ampararon los derechos
de dos docentes y dejaron sin efectos los fallos que los condenaron en costas en el
marco de procesos de nulidad y restablecimiento del derecho iniciados para el pago de
la sanción moratoria.

63. No obstante, estos casos son distintos a este, ya que en esos procesos
ordinarios la parte accionante reclamó el pago de la sanción moratoria prevista en el
numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, mientras que, en este, la demandante
pidió el reconocimiento de la prestación en virtud de las disposiciones contenidas en la
Ley 1071 de 2006 y en la Ley 1955 de 2019.

64. De suerte que, para este caso no resulta aplicable el fundamento según el cual
durante el curso del proceso ordinario se notificó la sentencia de unificación del 11 de
octubre de 2023, que modificó el criterio en cuanto a la sanción moratoria de la Ley 50
de 1990, lo que justificaba la inexistencia de un fundamento legítimo para imponer
condena en costas.

IV. CONCLUSIÓN

65. En consecuencia, en la medida en que el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca no incurrió en un defecto sustantivo, no vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte tutelante. Por tanto, la Sala negará la solicitud de amparo.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por la señora
Aura María Obando Caicedo contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el departamento
del Valle del Cauca, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa
de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

32 Ver las siguientes sentencias: (i) sentencia del 25 de julio de 2024, exp. 11001-03-15-000-2024-03346-00; y (ii)

sentencia del 24 de julio de 2024, exp. 11001-03-15-000-2024-03343-00.
33 Integrada por los magistrados Jorge Edison Portocarrero Banguera y Juan Enrique Bedoya Escobar.

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La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

VMP/SEJV

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